Sentencia 2004-00255 de agosto 8 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 11001-31-03-033-2004-00255-01

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

(Aprobado y discutido en Sala de 25 de junio de 2013)

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. El legislador instituyó la causal quinta de casación para aquellos eventos en los cuales, en el proceso dentro del que se profirió el fallo opugnado se ha incurrido en alguno de los motivos de anulación previstos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, a condición de que no se hubieren saneado.

En relación con el citado vicio de invalidación, esto es, el contemplado en el numeral 6º de la norma antes referida, la Sala en sentencia de 6 de junio de 2006, Expediente 1998-17323-01 recordó que “[s]u consagración como tal deviene de la lesión que infiere al principio de contradicción, pues sin tales oportunidades la parte afectada no cuenta con las etapas propicias para ejercer en debida forma la defensa de sus derechos. Para que la omisión del término de pruebas engendre nulidad, ha dicho la Corte, ‘debe implicar un evidente cercenamiento del derecho esencial que asiste a las partes para pedir pruebas y para que le sean decretadas y practicadas, con notorio desconocimiento del derecho de defensa’ (G.J. CLXV pág. 70). Lo que se fulmina, dijo la Corte en otra ocasión, ‘con nulidad es el estado de indefensión que produce la imposibilidad de pedir o practicar las pruebas con que la parte pretende acreditar los hechos de la demanda, o los hechos que estructuran las defensas del demandado. Pero si la irregularidad se refiere a que el juez se abstuvo de ordenar la práctica de algunas pruebas, entonces el vicio no ataca en forma directa el derecho general y abstracto de la parte a pedir y practicar pruebas, sino que lo hace en forma indirecta, atacando en primer lugar la concreción de ese derecho respecto de pruebas determinadas (...) En tanto que el desconocimiento del derecho a pedir y practicar pruebas genera nulidad, el marginamiento de algunas de ellas de la relación que hace el juez en el auto que las decreta, genera una irregularidad de menor entidad, cuyo remedio se encuentra en los recursos que consagra la ley en favor de la parte agraviada (CPC, arts. 348 y 351, num. 3º) (Sentencia de casación de 31 de mayo de 1996)’”.

“(...)’ la nulidad procesal que se deriva de haberse omitido los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas, solo tiene cabida en los casos de haberse cercenado los estadios procesales legalmente previstos para tales efectos, pero nunca para controvertir las razones que en un momento dado fueron aducidas por el sentenciador al resolver sobre la práctica de las pruebas solicitadas, decretándolas o negándolas (...), como tampoco para reclamar contra lo que pudo rodear la materialización o no de un medio, porque el control de esos tópicos la ley lo reserva a los recursos o procedimientos ordinarios que sean procedentes en cada caso específico (sent., sep. 21/2004, Exp. 3030)’”.

Así mismo, en fallo de 11 de diciembre de 2012, Expediente 2007-00046-01 reiteró que “si las partes no solo han gozado de la facultad que tienen de pedir pruebas, sino que han hecho uso de esa potestad y, además, dentro del término concedido para tal efecto, se ha realizado la práctica de las pedidas, aunque no completamente, no puede ser causa de nulidad el hecho de que uno de los medios de convicción, cuya práctica aplazó el juez, no se haya practicado. No es la nulidad el remedio legal idóneo para corregir tal situación; la parte interesada debió haber reclamado, en su oportunidad, para que el juez decidiera”, agregando que el apoyo de tal postura se encontraba “en el principio de eventualidad o preclusión, desarrollo del cual es el principio de la convalidación o saneamiento, que gobierna, junto a otros —recíprocamente complementarios— el instituto de la nulidad procesal, principios aún hoy previstos en el Estatuto Procesal Civil, como el de especificidad o taxatividad de las causales que las generan; aquellos de los cuales se desprenden la legitimación o interés para proponerlas y la oportunidad para hacerlo; el de trascendencia; el de protección; y el ya mencionado de la convalidación o saneamiento, que apunta a que el motivo de nulidad se entiende que desaparece por la conducta pasiva de la parte afectada, porque, en efecto, ‘se puede sentar como regla general la de que está legitimado para alegar una nulidad procesal quien a causa del vicio haya sufrido lesión o menoscabo de sus derechos. Con todo carecen de legitimación: ‘a) Quienes hayan dado lugar al hecho que la origina; b) Quienes tuvieron oportunidad de proponerla como excepción previa; c) la nulidad por indebida representación o emplazamiento en forma legal, solo puede alegarla la persona afectada; d) las nulidades a que se refieren los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil —actualmente artículo 140 ibídem—, no pueden invocarlas quienes hayan actuado en el proceso sin alegarlas...’” (G. J. CLXXX, pág. 193)”.

2. En el presente asunto, se esgrime la incursión en el aludido vicio procesal, porque a pesar de que el accionante, en su libelo introductor solicitó cinco testimonios, el juzgador de primer grado, los limitó a tres, dejando de decretar y realizar los demás.

3. El embate propuesto no ha de prosperar porque de acuerdo con lo transcrito, la circunstancia de no practicarse una prueba que fue pedida por alguna de las partes, carece de entidad suficiente para estructurar la nulidad invocada, si se tiene en cuenta que la situación prevista por el referido canon como causal invalidante de la actuación, es la de que se haya pretermitido, omitido o ignorado en su integridad la oportunidad procesal con la que aquellas cuentan para solicitar medios de persuasión y para que se practiquen los decretados.

En el caso sub lite, nada de lo acabado de exponer sucedió, puesto que esa posibilidad fue concedida por el sentenciador y aprovechada por los intervinientes, dentro de ellos, el demandante y, si bien es verdad que en el escrito propulsor del juicio requirió las cinco declaraciones referidas en el cargo, decretándose mediante auto de 19 de febrero de 2010(1), “el testimonio de Sergio Pinzón Álvarez, Miguel Antonio López Ramírez y Antonio Enciso López”, con la manifestación de que “[p]or ahora este despacho judicial limita los testimonios a estos, de conformidad con el inciso 2º del artículo 219 del Código de Procedimiento Civil”, también lo es que el accionante mostró su conformidad con tal determinación, dado que la impugnación formulada al respecto, estuvo dirigida a que dicho proveído se adicionara en el sentido de ordenarse el interrogatorio de parte de la convocada y la declaración de Ciro Erasmo Porras Caro, cónyuge de aquella. Allí mismo señaló “[q]ue de acuerdo a su decreto de pruebas lo limita a 3 (sic) (...) solicito se cite el esposo de la demandada (...) para que ratifique su testimonio ante la Fiscalía 72 (...) y los otros pueden ser los decretados ya Sergio Pinzón Álvarez, Antonio Enciso López”, pedimento que fue acogido por auto del siguiente 6 de mayo (fls. 243 a 250).

4. En tales condiciones, si la mencionada limitación testimonial expuesta por el juzgador de instancia, no fue cuestionada oportunamente por el actor, pudiendo hacerlo, inclusive con los argumentos ahora esgrimidos en el recurso extraordinario, la invalidación planteada en el cargo que se estudia, se torna inadmisible.

De otra parte, cabe anotar que si bien el demandante solicitó en segunda instancia que se “decretar[a] inspección judicial al inmueble o complementación del dictamen del perito” y se recaudara el “testimonio del señor José h. Bayona”, el Tribunal, mediante proveído de 18 de enero de 2012 le denegó tales probanzas, aquellas por improcedentes en razón de que ya se habían practicado ante el juez de primer grado sin que él hubiera pedido complementación y, en cuanto a la atestación, porque no controvirtió en su momento la decisión del a quo de no decretarla.

Así las cosas, como además el censor guardó silencio frente a la última determinación mencionada, esa inactividad y conformidad descarta la pretermisión de “términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas” enarbolada y de contera, desvirtúa la nulidad planteada, aunque de todas formas, si se admitiera la estructuración del vicio, igualmente se tendría que aceptar su convalidación o saneamiento, como secuela del abandono, omisión y silencio del actor respecto de las correspondientes providencias judiciales.

De lo anterior deviene la improsperidad de la acusación planteada.

Cargo primero

1. Amparado en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el casacionista acusa la sentencia del Tribunal de violar indirectamente “por falta de aplicación” los preceptos 764, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 2512, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2532 del Código Civil, 13, 46, 51, 58 y 60 de la Carta Política y 762 de la citada codificación sustantiva, por “aplicación indebida”, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes en que incurrió en la apreciación de las pruebas.

2. Los argumentos expuestos por la parte recurrente en procura de acreditar dicho desacierto, pueden compendiarse de la siguiente manera:

a. Comienza señalando que acepta el planteamiento del ad quem relativo a que en este asunto no se configura la “prescripción adquisitiva ordinaria” y la interpretación efectuada para inferir que la alegada fue la extraordinaria.

b. A continuación hace referencia a las consideraciones del sentenciador atinentes a que el accionante no acreditó los actos posesorios por el tiempo legalmente previsto, ni la intervensión del título, señalando que el tribunal apreció erradamente los elementos de juicio demostrativos de tales aspectos, fundamentalmente que desde 1968 ostenta el bien con “intención de señor y dueño”.

En cuanto a “la interversión del título de tenedor a la de poseedor y la fecha en que ella ocurrió”, indica que se demuestra con la propia declaración de la convocada Andrea Gil de Porras rendida ante la Fiscalía Seccional 72 de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social, trasladada como prueba a este juicio, en donde expuso que “... como Pedro Vicente estaba mal económicamente, mi esposo me dijo vamos a dejarle... una alcoba a Pedro Vicente y le contesté que sí señor’, que ‘Hace bastante que eso sucedió. Unos 25 años aproximadamente’, que ‘Les dejamos a ambos la habitación donde convivieron, pero al poco tiempo le pedí a él la casa porque necesitaba mi casa... Pero nunca me la ha entregado”.

Estima que la anterior manifestación es indicativa de que hubo rebeldía, lo que sin “asomo de duda constituye ‘la mutación de la calidad en que le fue dejado... el bien’, permitiendo así ‘la consolidación...de la interversión del título (...)’”, y que al no haber ponderado dicha prueba, el yerro del tribunal es evidente, pues eso lo condujo a predicar que no la había demostrado y a desconocerle al actor su calidad de poseedor.

Así mismo sostiene que los actos posesorios ejercidos por el accionante se hallan acreditados con la “confesión ficta” establecida en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, generada por la incomparecencia de la convocada a rendir interrogatorio de parte, la cual no fue tenida en cuenta por el ad quem y cuyos efectos consisten en dar por ciertos los hechos de la demanda, en la que se afirma que aquel, desde enero de 1968, hace más de 36 años, ha mantenido la “posesión” del inmueble deprecado en el libelo genitor con ánimo de señor y dueño de manera real, material, tranquila y sin clandestinidad alguna, le ha efectuado reparaciones locativas necesarias, describiendo los varios pedidos de materiales a diversos proveedores, la instalación de los servicios de energía y acueducto, y que es el único poseedor conocido del mismo. En respaldo del valor que debe otorgarse a dicho medio persuasivo, cita una decisión de esta Sala, y agrega que dejar sin el efecto adverso legalmente consagrado a la inasistencia de la parte convocada al interrogatorio, equivaldría a premiar su contumacia.

Cuestiona la valoración que el tribunal hizo de las manifestaciones de Ciro Erasmo Porras Caro, esposo de la convocada y hermano del actor, argumentando que él jamás sostuvo haberle entregado el bien raíz a su consanguíneo en préstamo temporal, como se consignó en el fallo, pues lo referido en la Fiscalía fue que el actor le “pidió el favor de que lo dejara vivir ahí mientras le entregaban a él una casa nueva que supuestamente se la iban a entregar en muy poco tiempo”; y en este proceso civil anotó que por ser el mismo, un “hermano inseparable” suyo, en alguna ocasión le cedió una habitación de una casalote para que viviera él con su familia, precisando que lo hizo “en calidad de dormitorio porque él estaba en una situación muy precaria, no me acuerdo el año en que le cedí la habitación”.

Señala que como el aludido deponente, al responder la pregunta de cuándo había sido la última vez que llevó gente al inmueble disputado dijo que su “mente le falla totalmente”, no era admisible otorgarle la credibilidad dispensada por el ad quem, como tampoco privilegiar su versión y desatender las restantes, demostrativas de la posesión del accionante.

Adicionalmente expone que con tal testimonio se acredita el cercenamiento y alteración de la demanda, puesto que aquel no ratificó nada de lo consignado en esta respecto de que la entrega del bien había sido en “préstamo temporal” como lo sostiene el sentenciador, pues lo allí solicitado fue declarar que “Pedro Vicente Porras Caro ha mantenido la posesión con ánimo de señor y dueño, de manera real, material y tranquila que lo dejó su hermano y cuñada”, por lo que esa interpretación equivocada del libelo le impidió al ad quem ver el fondo de las otras pruebas, como la misma declaración que la convocada y su esposo rindieron ante el ente investigador, en donde aquella manifestó no saber porqué no volvió a pagar impuestos y este confirma no haberlo hecho desde cuando entregaron el bien raíz y tampoco indicó los actos de propietario que ha realizado, pues de manera intemporal dijo que allí tenía repuestos y llantas, no obstante carecer de llaves.

Expone el recurrente que el tribunal también alteró el contenido del testimonio vertido por Miguel Antonio López Ramírez, dado que lo aseverado por este alude a que conoció al actor desde 1966 como dueño del fundo objeto de este proceso, quien “fungía como propietario, puesto que él siempre decía mi casa aunque era un casalote”, dando cuenta de que le ha realizado mejoras, pues le ayudó en la pavimentación del patio y lo acompañó a comprar los materiales que él pago, no siendo verdad que el declarante haya dicho que no sabe de servicios, como lo plantea el tribunal, pues lo que aquel expresó fue que no tenía conocimiento a nombre de qué persona estaban registrados, ni quien los paga.

Igualmente acusa al ad quem de haber cambiado el contenido de la atestación rendida por Antonio Ancízar López Gallego, de 65 años de edad, pues él no manifestó que “no conoce si el bien es del [actor], ni si paga arriendo,... no está al tanto de nada de eso”, como lo afirma el sentenciador, sino que al preguntársele si “sabe en virtud de qué negocio o acto jurídico Pedro Vicente entró en posesión del inmueble objeto de este proceso”, replicó: “no sé si es de él, no sé si paga arriendo, no sé nada de eso”.

Transcribe el censor apartes de lo que el citado deponente adujo, como que conoce al demandante desde hace unos 35 ó 37 años; que “por ahí para el 76 ó 77 más o menos” lo vio por primera vez en el inmueble objeto de este proceso, predio al que “le hizo una puerta en lámina muy bonita y el patio lo organizó”, cree que la casa tiene unas 4 piezas, la ha mejorado, aunque no sabe de dónde sacó la plata para ello, señalando que “lo ha hecho porque él ha querido”, que el accionante ha vivido ahí y no conoce a Andrea Gil de Porras.

Así mismo le enrostra al tribunal haber cercenado la declaración de Sergio Pinzón Álvarez, de 66 años y amigo del actor, pues no tuvo en cuenta el grueso de ella, en la que refirió que su padre compró un casa-lote en la carrera 39 con calle 75 donde funcionaba un campo de tejo, y que como en el año 69 llegó Pedro Porras, un hermano y unos sobrinos, se hicieron amigos y como el actor “tenía una casalote en la carrera 39 con calle 75”, y aquel un cilindro, este le pidió que se lo prestara e igualmente lo invitó a que le ayudara a arreglar el piso, lo que así se hizo aplanándolo y regando recebo. Que tal deponente precisa que era una “casa lote” con una ramada a media caña, dos piezas y los portones, uno de ellos en madera y que Pedro “[l]e comentaba que era la casa de él pero de casa no tenía nada porque era una casa lote que él tenía (...) cuando estuvimos allá arreglando el piso me comentó (...) que eso no tenía agua ni tenía luz que si yo le prestaba plata para pagar... o comprar los servicios...toda la vida lo he conocido ahí y no solamente yo sino los vecinos, yo no he conocido ningún otra persona viviendo ahí o que haya sido dueño”.

Sostiene que el tribunal no apreció que en dicha atestación se determinaron las mejoras puestas por el actor sobre el predio y la época desde la cual tuvo conocimiento de que él era el dueño del mismo.

Finalmente censura que se haya mutilado el testimonio de Juan Pablo Porras Florián, hijo del demandante, quien dijo que su padre ha sido el único propietario de la heredad objeto de este proceso, la ha optimizado con varias reformas, como la instalación de los servicios públicos, cancelación de los impuestos, pavimentación del patio, realización de arreglos locativos a los cuartos y al baño, cambio del portón, arreglo de la fachada y pintura cada año y medio, agregando que no conoce a otro “dueño” distinto de su progenitor, aunque al preguntársele si sabía en virtud de qué negocio este había entrado en posesión del bien, contestó “no tengo idea qué negocio realizó”, pero que desde su nacimiento ha vivido en el predio que tiene su papá desde hace más de 48 ó 50 años, sin precisarlo, porque solo tiene 36.

El impugnante señala que con esta y las demás pruebas, unas ignoradas y otras cercenadas por el tribunal, se demuestra la interversión del título, la posesión del actor, por lo menos durante 30 años antes de presentarse la demanda y que el mismo se ha mostrado como dueño del inmueble, ante propios y extraños, con lo que acredita el cumplimiento de los requisitos para obtenerlo por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.

Igualmente reitera su crítica al sentenciador por no haberle reconocido efectos a la confesión ficta ya aludida, ni crédito a lo observado por el a quo en la inspección judicial en la que evidenció las mejoras efectuadas e identificó a la persona que ostentaba la “posesión” del predio, omitiendo también, armonizar lo expuesto por los deponentes respecto de la instalación de los servicios públicos y la realización de mejoras en el bien, elementos de juicio que “’reflejan inequívocamente’, en forma nítida, incontestable e incontrovertible, que el actor no solo tuvo ‘la intención de comportarse como dueño’, sino que efectivamente se comportó como [tal], y que desconoció, por ende, de manera ‘irrefragable...la condición de propietario de quien lo autorizó’”.

Agrega que adicionalmente de que la propietaria no es conocida con derecho alguno sobre ese predio, la ley solo exige que se pruebe el animus y el corpus, lo que aquí se cumplió, sin que se requiera que un testificante sepa la forma como el actor llegó a poseer la cosa.

Por último, sostiene que de no haber incurrido en los notorios dislates el juzgador de segundo grado habría tenido que acceder a los pedimentos del accionante y como no procedió de esa manera, se debe casar la sentencia impugnada, dictarse la de reemplazo revocando la del a quo y conceder las pretensiones.

Cargo segundo

1. Amparado en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el demandante acusa el fallo del ad quem de violar indirectamente, “por falta de aplicación”, los artículos 764, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 2512, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2532 del Código Civil, 13, 46, 51, 58 y 60 de la Carta Política y 305 de la aludida codificación procesal, por “falta de aplicación”, y 762 del Código Civil, por “aplicación indebida”, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes en los que tal juzgador incurrió en la apreciación de las pruebas.

2. En dirección a demostrar la censura, el recurrente expone los argumentos que seguidamente se compendian:

Le endilga al tribunal haber incurrido en desacierto al dar por sentado que lo entregado por la opositora al actor fue la totalidad del inmueble pretendido en usucapión, pues de las pruebas incorporadas al plenario, dentro de ellas, las atestaciones de aquella y su cónyuge Ciro Erasmo Porras Caro, se establece que tan solo fue una habitación, por lo que en esas condiciones, el ad quem debió revocar la decisión de primer grado y conceder la aspiración prescriptiva del actor, deduciendo la aludida porción del bien, de acuerdo con el principio de congruencia previsto en el artículo 306, inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, según el cual, “si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”.

Le atribuye al ad quem la incursión en yerro fáctico al estimar que el accionante no acreditó el ejercicio de actos posesorios por el tiempo legalmente previsto, equivocación originada en la omisión de valorar algunos medios de persuasión, lo mismo que por la alteración y cercenamiento del contenido objetivo de otros.

Tendiente a su demostración, recalca lo plasmado en el primer reproche, en cuanto a que el sentenciador no le dedujo efectos a la confesión ficta por la incomparecencia de la accionada a rendir interrogatorio de parte, y destaca las manifestaciones de los deponentes de las cuales extrae la acreditación de los “actos posesorios materiales” ejecutados por el demandante por lo menos durante 30 años, haciendo notar que le ha realizado reparaciones al predio y lo pinta cada año y medio, circunstancias ratificadas por los documentos de compra de materiales, instalación de servicios públicos y pago de impuestos.

Finaliza indicando que de no incurrir en los notorios dislates, la corporación habría concluido que “apenas fue una habitación la entregada por la opositora al actor y no el inmueble pretendido en usucapión; que por lo anterior (...) [este] no se hallaba necesariamente obligado a probar la interversión del título, pues el tribunal estaba precisado a concederle la pretensión demandada, con deducción de la porción objeto de aquella entrega; y que durante cuando menos 30 años antes de la fecha en que se presentó la demanda de este proceso (...) el actor mostró y tuvo la convicción de señor y dueño del inmueble (...) a usucapir”.

En consecuencia solicita casar la sentencia atacada, dictar la de reemplazo que revoque la de primera instancia y se concedan los pedimentos del actor.

Consideraciones de la Corte

1. Los fundamentos torales del fallo del tribunal, en lo que respecta a las pretensiones incoadas en el libelo, se reducen a dos, a cuyo examen se limitará la actuación de la Corte.

El primero, estriba en que los elementos de persuasión incorporados al expediente no demuestran los actos posesorios realizados, ni la calidad invocada por el demandante durante el tiempo legalmente previsto para adquirir la propiedad de las cosas por prescripción adquisitiva de dominio, y el segundo, que tampoco acreditó la interversión del título, es decir, la mutación de la tenencia que le confirieron su hermano y cuñada, propietaria del inmueble y esposa de aquel.

2. Frente a las cardinales conclusiones precedentes, el recurrente Pedro Vicente Porras Caro sostiene que sí demostró su condición de poseedor, por lo menos durante 30 años antes de presentarse la demanda, como se desprende de la confesión ficta de la convocada, de lo declarado, tanto por ella y su esposo en la Fiscalía, como por Miguel Antonio López Ramírez, Antonio Ancízar López Gallego, Sergio Pinzón Álvarez y Juan Pablo Porras Florián en este proceso, quienes dieron cuenta de los actos materiales de posesión realizados por aquel, lo mismo que la calidad de señor y dueño del fundo.

Que igualmente quedó demostrada la interversión del título, puesto que la convocada dijo en la Fiscalía que al poco tiempo de haberle entregado “una habitación” al accionante para que viviera con su familia, en razón de la precaria condición económica en que se hallaba, le solicitó la casa, sin que se la haya devuelto, aunque igualmente señala el censor que con excepción de la aludida habitación, el actor no tenía obligación de acreditar la mutación en cuanto al resto del predio, respecto del que debió concedérsele sus pretensiones, nada de lo cual acaeció porque el tribunal omitió valorar unas pruebas, cercenó y alteró el contenido de otras, como lo describe en los dos primeros cargos propuestos, a cuyo compendio se remite la Corte por economía procesal.

3. En el presente asunto, el actor Pedro Vicente Porras Caro pretende que “se declare que (...) ha mantenido la posesión con ánimo de señor y dueño y de manera real, material y tranquila que lo dejó su hermano y cuñada, desde el mes de enero del año 1968, y por ello ha adquirido por la vía de prescripción ordinaria de dominio el bien inmueble [ya referido] junto con las mejoras y construcciones en él existentes”, y a ese examen se aplicará la Sala.

4. De conformidad con el artículo 2518 del Código Civil, a través de la “prescripción adquisitiva”, llamada también “usucapión”, puede ganarse el dominio de los bienes corporales, muebles o inmuebles, así como los demás derechos reales, si las cosas sobre las cuales recaen los mismos, han sido detentadas en la forma y por el tiempo que el legislador ha previsto.

La prescripción de la especie antes señalada, que fue la que hizo valer el pretenso usucapiente, tiene como fundamento esencial la tenencia del bien con ánimo de señor y dueño, sin que sea necesario respaldarse en “título” alguno, circunstancia esta en la que se presume la buena fe del “poseedor”. Por ello, a este le resulta suficiente comprobar que lo ha poseído de manera pública, pacífica e ininterrumpida, por el tiempo legalmente exigido, el que si bien actualmente es de diez años, según lo previsto en el canon 1º de la Ley 791 de 2002, como el actor no eligió tal normatividad, ni la misma le resultaba aplicable para el momento de formular la demanda, el plazo a contabilizar corresponde al indicado en la legislación anterior, por lo que en consecuencia, debe probar que la ha ejercitado durante veinte anualidades continuas.

El artículo 762 del Código Civil ha definido la posesión como “... la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño...”, es decir que para su existencia se requiere del animus y del corpus, esto es, del elemento interno, psicológico o intención del dominus, que por escapar a la percepción directa de los sentidos es preciso presumir a partir de la comprobación plena e inequívoca de los actos materiales y externos ejecutados continuamente y por todo el lapso que dure aquella.

Así entonces, los citados elementos, por constituir manifestación visible del señorío, llevan a inferir la intención o voluntad de hacerse dueño, mientras no aparezcan otras circunstancias que demuestren lo contrario y por tanto, el prescribiente debe acreditarlos plenamente para que esa posesión como presupuesto de la acción, le permitan al juzgador declarar en su favor, la pertenencia deprecada.

Por otra parte, tanto las leyes, como la jurisprudencia y la doctrina, en forma unánime han reiterado que en relación con los bienes, las personas pueden encontrarse en una de las siguientes tres situaciones, cada una con diferentes consecuencias jurídicas y distintas prerrogativas para su titular: a) Como mero tenedor, caso en el cual, simplemente detenta materialmente el bien, frente al que reconoce dominio ajeno (C.C., art. 775); b) como poseedor, cuando, además de ostentar “materialmente la cosa”, tiene el ánimo de señor y dueño y quien, de conformidad con el precepto 762 ibídem, es reputado como tal mientras otro no justifique serlo; c) como propietario, si efectivamente es titular de un derecho real sobre ella, con exclusión de todas las demás personas, condición que lo autoriza para usar, gozar y disfrutar de la misma, conforme a la ley y función social que a este derecho corresponde (C.C., art. 669).

De lo expresado anteriormente se establece que el elemento que particularmente distingue la “tenencia” de la “posesión”, es el animus, dado que en aquella no se detenta el objeto con ese espíritu y se “reconoce dominio ajeno”, mientras que en la segunda, según lo expuesto, se requiere de los dos presupuestos, es decir, tanto de la aprehensión física del bien, como de la voluntad de ostentarlo como verdadero dueño.

A pesar de la diferencia existente entre “tenencia” y “posesión”, y la clara disposición del artículo 777 del Código Civil, según el cual “el simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia en posesión”, puede ocurrir que el tenedor cambie su designio, transmutando dicha calidad en la de poseedor, mediante la interversión del título, caso en el cual, se ubica en la posibilidad jurídica de adquirir la cosa por el modo de la prescripción. Si ello ocurre, esa mutación debe manifestarse de manera pública, con verdaderos actos posesorios a nombre propio, con absoluto rechazo del titular y acreditarse plenamente por quien se dice “poseedor”, tanto el momento en que operó esa transformación, como los actos categóricos e inequívocos que contradigan el derecho del propietario, puesto que para efectos de la prescripción adquisitiva de dominio, no puede computarse el tiempo en que se detentó el objeto a título precario, dado que este nunca conduce a la usucapión; solo a partir de la posesión puede llegarse a ella, por supuesto, si durante el período establecido en la ley se reúnen los dos componentes a que se ha hecho referencia.

Acerca de los citados aspectos, en sentencia del 13 de abril de 2009, Expediente 2003-00200-01 se rememoró:

“(...), esta corporación en sentencia de 15 de septiembre de 1983 dijo: ‘Y así como según el artículo 777 del Código Civil, el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, quien ha reconocido dominio ajeno no puede frente al titular del señorío, trocarse en poseedor, sino desde cuando de manera pública, abierta, franca, le niegue el derecho que antes le reconocía y simultáneamente ejecute actos posesorios a nombre propio, con absoluto rechazo de aquel. Los actos clandestinos no pueden tener eficacia para una interversión del título del mero tenedor. Con razón el artículo 2531 del Código Civil exige, a quien alegue la prescripción extraordinaria, la prueba de haber poseído sin clandestinidad’.

“(...) En pronunciamiento posterior sostuvo así mismo la Corte: ‘La interversión del título de tenedor en poseedor, bien puede originarse en un título o acto proveniente de un tercero o del propio contendor, o también, del frontal desconocimiento del derecho del dueño, mediante la realización de actos de explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha transformado su título precario en poseedor, han de ser, como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera abierta, franca e inequívoca, el derecho de dominio que sobre la cosa tenga o pueda tener el contendiente opositor, máxime que no se puede subestimar, que de conformidad con los artículos 777 y 780 del Código Civil, la existencia inicial de un título de mera tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma precaria con que se inició en ella’ (sentencia de casación, abr. 18/89, reiterada en la de jun. 24/2005, Exp. 0927)”.

De conformidad con lo anterior, cuando para obtener la declaratoria judicial de pertenencia, se invoca la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, que fue la que en este caso el tribunal interpretó como pedida, sin que ese entendimiento haya merecido reparo, el demandante debe acreditar, además de que la solicitud recae sobre un bien que no está excluido de ser ganado por ese modo de usucapir, que igualmente ha detentado la posesión pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo previsto por la ley; empero, si originalmente se arrogó la cosa como mero tenedor, debe aportar la prueba fehaciente de la interversión de ese título, esto es, la existencia de hechos que la demuestren inequívocamente, incluyendo el momento a partir del cual se rebeló contra el titular y empezó a ejecutar actos de señor y dueño desconociendo el dominio de aquel, para contabilizar a partir de dicha fecha el tiempo exigido de “posesión autónoma y continua” del prescribiente.

5. A continuación se registran los elementos de persuasión con trascendencia para la decisión que se está adoptando.

a. En la demanda introductoria del proceso el accionante expresó fundar sus pretensiones en que “ha mantenido la posesión con ánimo de señor y dueño y de manera real, material y tranquila que lo dejó su hermano y cuñada (...)”, del bien raíz ubicado en la carrera 38 Nº 74 A-45, antes, carrera 38 Nº 75-45 y 75-47 de esta ciudad (fls. 40 a 46, cdno.1).

b. En la réplica, la accionada niega el ejercicio de la posesión de aquel, afirmando que “a este se le permitió habitar tan solo un cuarto de la casa de habitación objeto de la litis, con sus hijos y esposa, debido a su precaria condición económica”, agregando que ella “en forma directa como a través de su esposo Ciro Porras quien a su vez es hermano del demandante, siempre ha ejercido los actos propios de dominio, por ejemplo, al almacenar en el inmueble repuestos de maquinaria pesada, e incluso permitir a los trabajadores a su servicio, pernoctar en dicho inmueble con el fin de velar por la seguridad de los mencionados repuestos” por lo que el actor “jamás tuvo el inmueble como poseedor, ni siquiera del cuarto que habitaba, toda vez que la figura jurídica que se presentó en este caso fue simplemente la de un comodato o préstamo de uso, del cuarto que habitaba, lo cual únicamente le permitió detentar de alguna manera, la mera tenencia parcial, del inmueble objeto de litis, pero nunca su posesión”.

c. Facturas de materiales cuyas fechas oscilan entre febrero de 1987 y marzo de 1993.

d. Formularios de impuesto predial unificado correspondientes a los años 1998 a 2003, en los que consta que las tres primeras anualidades se pagaron en diciembre de 2002, las dos siguientes en abril de 2003 y la última en mayo del período últimamente citado (fls. 30 a 35).

e. Copia de la petición de “suministro de energía” con “fecha de presentación 29 Mar 1990”, en donde figura como interesada Ana Inés Porras, quien igualmente se registra en la casilla de “nombre del propietario” y dirección del inmueble Carrera 38 Nº 75-45 (fl. 36).

f. “Copia” al carbón de la “solicitud de instalación” de acueducto y alcantarillado calendada el “VI-16/90”, para la aludida dirección, en donde se consignó como “nombre del propietario Ana I. Florián de Porras” (fl. 38).

g. Testimonios de Miguel Antonio López Ramírez, Antonio Ancízar López Gallego, Sergio Pinzón Álvarez, Juan Pablo Porras y Ciro Erasmo Porras.

h. Inspección judicial y dictamen pericial en los que en forma idéntica se describió el inmueble, con sus dependencias (fls. 317 a 324).

6. Si la demostración del error de hecho en la valoración probatoria requiere, entre otros elementos, que la conclusión censurada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, significa entonces que su configuración ha de ser manifiesta, esto es, que para establecerlo no resulte necesario acudir a elaboradas razones o a sutiles disquisiciones, porque de ser así el yerro no salta de bulto a la vista, ni emerge de su sola enunciación y, de contera, carecería del carácter de evidente exigido para estructurarlo.

Dada la particular naturaleza del recurso de casación, y concretamente que este no encarna una tercera instancia que le permita al recurrente asentar desinhibidamente su parecer en torno a las pruebas recaudadas, es esencial, para efectos de su prosperidad, que se configure el factor de la contraevidencia del juicio del sentenciador y, por ende, que el censor deba orientar su labor impugnativa a mostrar los palmarios desaciertos en la apreciación de los medios de convicción, precisando los que fueron objeto de la equivocación y cómo los afectó.

7. Las precedentes reflexiones permiten señalar que la inferencia probatoria combatida, según la cual el actor no demostró los actos posesorios desplegados por él sobre el predio cuya usucapión pretende y por el lapso legalmente previsto, no pugna de manera ostensible con el contenido objetivo de los elementos de persuasión recaudados, pues el ejercicio que condujo al ad quem a señalar que analizados todos ellos “uno a uno y en conjunto” le permitía tal inferencia, corresponde a un razonamiento admisible de lo que los mismos reflejan.

Por ello, no se advierte contraevidente o absurda la deducción según la cual, los testigos no refieren circunstancias suficientes que evidencien “los actos posesorios realizados desde 1968” por parte del actor, bajo el argumento de que algunos le atribuyen la condición de propietario por el mismo decir de este, y los documentos allegados, como facturas de compra de materiales y pago de impuestos, datan de menos de 20 años.

Véase que Miguel Antonio López Ramírez(2) afirma conocer al demandante desde 1966, puesto que era vecino de su casa, que “de este momento en que lo conocí le conocí como propietario del inmueble que aún vive” quien “fungía como propietario, puesto que él siempre decía mi casa aunque era un casa lote”, aseveraciones estas que habilitaban la aludida interpretación del ad quem y aunque el citado deponente señala al promotor del juicio como la persona que arregló el portón y cree que hizo una o dos habitaciones, al igual que pavimentó el patio, trabajo en el que le ayudó “dándo[s]e cuenta que el corrió con todos los gastos (...), puesto que a mí mismo me tocó acompañarlo cuando se compraron los materiales y los pago”, lo cierto es que como lo sostuvo el sentenciador, ni ese, ni los restantes declarantes “ubica[n] la época de ejecución” de tales obras; sin embargo, las facturas que se quieren hacer valer como demostrativas de la adquisición de materiales, igualmente soportan la consideración del juzgador, en cuanto a que para cuando se presentó la demanda (mayo 2004) “datan de no más de 17 años”, pues como arriba quedó consignado, las fechas de su expedición oscilan entre febrero de 1987 y marzo de 1993, y ello aunado a la manifestación del testigo referente a que no sabe a nombre de qué persona están registrados los servicios públicos, ni quien los paga, descarta el yerro protuberante derivado de la aludida deducción judicial.

Tampoco se revela absurdo e irrazonable el juicio valorativo que llevó al tribunal a concluir la falta de demostración de los actos posesorios sobre el bien raíz, al decir que los testigos, “a lo sumo informan sobre el hecho de habitarlo, la realización de reparaciones como el arreglo del portón o la pavimentación del patio sin ubicar la época de ejecución, o la pintada cada año”, porque esa ilación también cabe, como se desprende de lo plasmado por tales deponentes.

En efecto, Antonio Ancízar López Gallego(3) refirió que conoce al accionante hace unos 35-37 años “porque yo tenía una empresita de rellena ahí en mi casa, que queda, calle 73 Nº 37-32 (...) y porque ha ido (...) a comprarme rellena, yo sé que él vivía con la familia y con los hijos y con la mujer (...) no distingo a la señora ni a los hijos nunca me he tratado (...) lo he conocido toda la vida ahí en el barrio los treinta y pico de años que lo conozco”, y al interrogante de si sabía en virtud de que negoció o acto jurídico entró el actor en posesión del inmueble contesto: “yo lo conozco a él hace 35 ó 37 años, no sé si es de él, no sé si paga arriendo, no sé nada de eso”, agregando que “el señor le hizo una puerta en lámina muy bonita y el patio lo organizó creo que unas cuatro piezas tiene ahí en la casa que yo haya visto le cuadró la puerta (...) y le pavimento el patio (...) ha pintado las piecitas (...)”; a la pregunta de si esas mejoras las plantó por su propia cuenta y riesgo o si alguien lo autorizó, respondió: “no señor yo sé que le hizo mejoras al inmueble ahí no sé de dónde saco la plata si alguien se la dio, no sé si alguien le daría plata no sé si fue que le ayudaron, no supe de nadie que le diera orden para arreglar, el lo ha hecho porque él ha querido. No sé si ha arrendado o no, sé que él ha vivido ahí”.

Por su parte, Sergio Pinzón Álvarez(4) sostuvo que como su padre tenía un campo de tejo en la Carrera 39 con calle 75, el accionante iba a jugar allá, “eso fue en el 69”, añadiendo que se hicieron amigos y un día lo invitó a la casa, le pidió el favor de que le prestara un cilindro que “tenía para arreglar las canchas y que él tenía una casalote en la carrera 39 con calle 75 (...) me invitó a que fuera a ayudarle para que le arreglara el recebo porque eso está cubierto había un invierno en esa época allí estuvimos regando ese recebo aplanando el piso porque esa era una casalote y en la actualidad todavía la es, ahí tenía una ramada con dos piezas (...) y los portones (...) y el pues me comentaba que era la casa de él pero de casa no tenía nada porque era una casalote (...) me comentó alguna vez que eso no tenía agua ni tenía luz que si yo le prestaba plata para pagar los servicios o comprar los servicios (...) no sé más pues la amistad de nosotros siguió pero yo ya iba muy pocas veces a donde él vivía o donde él vive porque toda la vida lo he conocido ahí y no solamente yo sino los vecinos, yo no he conocido ninguna otra persona viviendo ahí o que haya sido dueño de eso, no he conocido a nadie”. Al preguntársele “con qué personas el señor Pedro Vicente Porras tomó posesión del inmueble objeto de este proceso. “Contesto: doctor él vivía ahí con la esposa (...) y cuando eso tenía tres hijos estaban pequeños, no recuerdo los nombres de ellos”. Así mismo, frente al interrogante de si el actor le había comentado en virtud de qué negocio o acto jurídico entró en posesión del bien, respondió: “él comentaba siempre que era la casa de él, pero no sé nada de cómo la obtuvo, nunca me dijo a quien se la compró ni yo le pregunté (...) cuando conocí eso tenía dos piezas ya estaban ahí (...) tenían teja o tienen teja de eternit por encima (...) es más hasta donde yo se la única pared propia que tiene esa casalote es donde está recibiendo la teja contra el lote del vecino de resto no tiene paredes propias ese casalote (...) tiene unas cuatro piezas el baño y la cocina (...) ahorita en el momento no se quien vive, lo único que he visto es a la señora y a él (...)”. Al preguntársele quien paga los impuestos y servicios públicos dijo: “hasta donde yo sé Pedro Porras solicitó los servicios públicos (...) él es el único que ha vivido ahí creo que él es el que paga los servicios, yo se que Pedro paga el impuesto predial de ese inmueble lo sé porque nosotros duramos más o menos unos 15 años con el campo de tejo y comentábamos cuando teníamos que pagar los servicios” y al cuestionamiento de cómo era el portón contestó: “allá había un portón grande de madera ahorita en la actualidad hay un portón de lámina de metal (...)”.

Juan Pablo Porras Florián, hijo del demandante, sostiene que desde que tiene uso de razón conoce que el demandante “ha sido el único dueño del inmueble (...) ha realizado las mejoras le ha colocado los servicios públicos necesarios y no conozco otro dueño (...)”. Al interrogante de si sabe en virtud de qué negocio o acto jurídico aquel entró en posesión del bien, respondió: “como lo dije anteriormente, no tengo idea de eso o sea no tengo idea qué negocio realizó mi padre porque igualmente desde que nací viví allá (...) el inmueble lo tiene mi papá hace más de 48 ó 50 años no se yo tengo 36 años se que es el único dueño y poseedor del inmueble (sic)”, y en cuanto a la solución de las cargas fiscales indicó que “Pedro Vicente Porras Caro es el que ha cancelado esto tengo entendido, si ha (sic) visto los recibos aunque no ando pendiente de los pagos he visto, también ha pagado los servicios públicos e inclusive le he colaborado con algunos (...)” (fls. 283 a 285, cdno.1).

Finalmente, Ciro Erasmo Porras Caro, hermano del accionante y cónyuge de la convocada en este proceso, a folios 348 a 351 cuaderno 1 expuso que en alguna ocasión y en razón de la precaria situación en que se hallaba el citado consanguíneo suyo, de consuno con su esposa, la demandada, a quien le dijo que le dieran “la oportunidad a Pedro de que viva ahí unos días mientras le entregan una casa que dice se la van a entregar, eso es, temporalmente”, le cedió una habitación del predio en cuestión, en calidad de dormitorio, para que viviera con su familia, sin que hubieran suscrito ninguna clase de contrato, por tratarse de un hermano que quiere y por tratarse de “un préstamo temporal”, agregando que en alguna ocasión le dijo que “si le daba permiso de hacer unas obras que quería que era ponerle llave y yo no sé qué cosa, es decir, era todo temporal, le ha arreglado la puerta, que sepa yo, eso, lo conozco sencillamente porque se ve a la luz del día lo que tiene nuevo o pintado”.

Así mismo sostiene que no inició ninguna acción en contra de aquel, porque “[e]n mi condición de hermano yo no podía ir a sacarlo a la calle ya que él me fingía estar en muy mala situación (...)” que también le dijo “que cuando lograra recibir la casa, él podía pagar algún arriendo, alguna cosa para que lo dejara estar otros días ahí”, e igualmente que el mismo lo ha buscado en varias ocasiones para “proponer[l]e que posiblemente arreglemos este impase” indicándole que “cuando vendiera la finca que él tiene un contrato para venderla que todos los herederos que mi difunta madre nos dejó, apenas saliera de ese título me lo cedía o arreglábamos en alguna forma. En varias ocasiones me hizo ese ofrecimiento, no recuerdo en qué época fue”.

8. De lo anterior se infiere que la conclusión del tribunal, respecto de que las pruebas evaluadas en conjunto no evidencian los actos posesorios del accionante por el tiempo legalmente establecido, ni la interversión del título, no refleja el yerro protuberante que por cercenamiento o tergiversación a él se le endilga, pues el hecho de que los testigos afirmen conocer al demandante desde hace más de 30 años, que le ha hecho algunos arreglos al bien, tales como pintarlo, pavimentar el patio y arreglar el portón, no permite tener como inconcebibles los argumentos del juzgador atinentes a que ninguno ubica la época de ejecución de dichas obras que permitan deducir los requisitos echados de menos por este, puesto que en realidad no lo refieren. Tampoco es contraevidente, la inferencia judicial, según la cual, aquellos son imprecisos, “a lo sumo informan sobre el hecho de habitarlo” y “son de oídas”, dado que del texto de sus declaraciones, también podría interpretarse de esa manera, por ejemplo, cuando Miguel Antonio López refiere que el actor “fungía como propietario, puesto que él siempre decía mi casa”, o la alusión de Sergio Pinzón en cuanto a que “el comentaba siempre que era la casa de él, pero no sé nada de cómo la obtuvo (...) él vivía ahí con la esposa (...), “en el momento no se quien vive, lo único que he visto es a la señora y a él” (...) él es el único que ha vivido ahí”, lo mismo que la respuesta de Antonio Ancízar López quien respecto del acto jurídico que llevó al demandante a tomar posesión del inmueble dijo: “no sé si es de él, no sé si paga arriendo, no sé nada de eso”, con el agregado de que “No sé si ha arrendado o no, sé que él ha vivido ahí”.

Si adicionalmente se tiene en cuenta que la deducción del ad quem respecto de que los documentos aportados tampoco acreditan los actos posesorios por el lapso que la ley tiene previsto, puesto que los relacionados con la instalación de los servicios públicos no fueron realizados por el demandante “actuar indicativo de ambigüedad en la posesión” y se diligenciaron 14 años antes de la presentación del escrito introductorio, en tanto que los “recibos”, datan de no más de 17 y el impuesto predial de 1998 a 2001, se pagó en 2002, se muestra coincidente con lo registrado en los literales c) a f) del punto 5º de las presentes consideraciones, ello desvirtúa el error fáctico enrostrado al tribunal, con las características de protuberante, notorio o de bulto.

Es más, la inspección judicial y el dictamen pericial insertos a la actuación, tampoco reflejan el conjunto de elementos exigibles para usucapir, pues dichos medios persuasivos, fuera de describir el inmueble, ninguna referencia hacen a los “actos posesorios” desplegados por el demandante, a la antigüedad de los mismos, ni siquiera la clase de mejoras por él realizadas y la época de su ejecución.

En efecto, tales medios de convicción, refieren de manera idéntica que el predio cuenta con un portón de dos puertas, igual cantidad de contadores empotrados en la pared, 4 habitaciones, una de ellas utilizada como bodega con materiales y herramientas varias, otra “destinada a la habitación en donde vive el demandante (...) con la Sra. Inés Florián (...), la tercera (...) es utilizada como bodega de muebles en madera (...), sigue una cocina en baldosa con mesón en granito pulido (...) el baño y lavadero en granito con baldosa, sigue un cuarto de habitación y (...) un área destinada a guardar objetos varios”(5), nada más, ni siquiera aluden a la existencia de varios pisos, menos de un tercero, que según el demandante, fue construido en su integridad por él, como lo afirma en el hecho 3º del libelo incoatorio(6), aspecto que tampoco refirieron los testigos.

9. Respecto de la queja según la cual se privilegió el testimonio del cónyuge de la demandante y hermano del actor y no los de los restantes deponentes, cabe decir que en este campo el juzgador goza de discreta autonomía en la valoración probatoria para tomar la decisión que corresponda, por lo que entonces, la tarea del impugnador necesariamente debe estar orientada a demostrar que el error atribuido a aquel es notorio y trascendente, esto es, de tal magnitud que al primer golpe de vista sobresalga la contraevidencia inserta en la sentencia combatida con la realidad que fluya del proceso y que por tanto la providencia recurrida no puede pervivir, de donde entonces, esta solo podrá abatirse “cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía” (...) (sent., nov. 24/2009, Exp. 2003-00500-01).

Es más, según lo expuesto en el citado fallo “en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o disímiles corresponde al juzgador, dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de la sana crítica establecer su mayor o menor credibilidad (...) (CCIV, pág. 20 y CCXLIX, pág. 1360)” (cas. civ., oct. 27/2000; Exp. 5395)”.

10. En cuanto al ataque consistente en que el sentenciador de segundo grado omitió hacer pronunciamiento respecto de la confesión ficta que debió deducirse de la incomparecencia de la demandada a rendir interrogatorio de parte, si bien es verdad que tal falencia se presentó, ella se muestra intrascendente, dado que a la misma conclusión del tribunal se llegaría, en virtud de que no es el único elemento de juicio a valorar, pues aquel fundó su decisión en otras probanzas que analizadas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, posibilitaban sus conclusiones relativas a que los testigos no refieren circunstancias suficientes que permitan inferir los actos posesorios desplegados por el accionante durante el lapso legalmente previsto, ni la interversión del título. De todas formas, como lo ha señalado la Sala, “la mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contenido de la misma no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado tal medio la conclusión del pronunciamiento hubiera tenido que ser evidentemente distinta de la adoptada por el sentenciador” (...) (sent., nov. 24/2009, Exp. 2003-00500-01).

En relación con el citado medio de prueba, la Sala en fallo de 14 de noviembre de 2008, Expediente 1999-00403-01, precisó:

“(...) Tratándose de la confesión judicial provocada, tanto dentro de un proceso como cuando se pide como prueba anticipada, la no comparecencia del litigante legalmente convocado a absolver el interrogatorio, o su renuencia a contestarlo, o sus respuestas evasivas, traen como consecuencia, según lo prescribe el artículo 210 del ordenamiento procesal, que se presumirán ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio. ‘La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos de la demanda y de las excepciones de mérito, o de sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca’.

La confesión ficta o presunta que en esas circunstancias se produce, presupone la actitud renuente de la parte contra quien se pide la prueba, que hace suponer la certidumbre de los hechos sobre los cuales versa el interrogatorio, o de los afirmados por su contradictor en los escritos aludidos en el mentado precepto; de suerte que ella equivale a que el litigante contumaz o rebelde admite la veracidad de los mismos, siempre y cuando sean de aquellos que pueden ser acreditados por conducto de ese medio de persuasión.

“(...).

“Por tanto, en las hipótesis en que se produce la ficta confessio ‘acorde con el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, no es la confesión en sí lo que se supone, sino la veracidad de los hechos sobre los que esta recae. Visto desde otro ángulo, el proceder del litigante remiso no da lugar a que se presuma que este manifestó que eran ciertos los hechos sobre los que debió haber declarado; lo que la ley presume, reunidas las demás exigencias del caso, claro está, es ni más, ni menos, que son ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión’ (sent., dic. 19/2005, Exp. 1996 5497 01).

“(...).

En todo caso, dicho elemento de persuasión tendrá el mismo poder de convicción que el de una confesión real y verdadera, en cuanto no exista en el plenario prueba eficaz que la destruya, aserto que no solo encuentra respaldo en el citado artículo 176, sino, también, en el artículo 201 de la misma codificación, según el cual ‘toda confesión admite prueba en contrario’.

“(...) Tampoco llama a dudas, en línea de principio, que la confesión ficta está sujeta a las exigencias del artículo 195 Ibídem, concretamente, a las concernientes con su validez, y, desde luego, a los requisitos generales establecidos por el ordenamiento procesal para la producción regular de cualquier medio probatorio, amén que es indispensable que de la no concurrencia del citado a la audiencia, de su actitud renuente o evasiva frente al interrogatorio, según sea el caso, quede atestación escrita en el acta de la audiencia. Y por mandato del artículo 22 de la Ley 794 de 2003, modificatorio del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, en ella se harán constar, igualmente, los hechos susceptibles de confesión (...)”.

En el caso sub examine, no se dejó constancia “en el acta cuáles son los hechos susceptibles de confesión contenidos (...) en la demanda (...) que se presumen ciertos”, como lo requiere el tercer inciso del precepto 210 del citado Estatuto Procesal Civil, pues allí solo se registró la asistencia del apoderado de la parte actora, la incomparecencia de la demandada y la inexistencia de sobre cerrado de preguntas (fl. 272, cdno. 1). Además se observa que en la causa petendi no se manifiesta cuándo se intervirtió el título de tenedor del inmueble reclamado, simplemente el demandante refiere que allí “lo dejó su hermano y cuñada”, aspecto que no otorga certeza acerca de la “interversión del título”, de donde se infiere la inexistencia del yerro enrostrado al tribunal en lo atinente a ese aspecto.

11. Ahora bien, como según el impugnante extraordinario la “rebeldía” que el accionante le mostró a la convocada referente a la devolución del predio quedó establecida con lo manifestado por esta en la Fiscalía, puesto que allí admitió que al poco tiempo de haberle dejado la habitación le solicitó la casa y no se la quiso entregar, debe señalarse que de lo expresado por aquella en dicha pieza procesal no se evidencia la conclusión del casacionista y tampoco puede valorarse, en razón de que no satisface los requisitos de aducción.

Véase, en cuanto a lo primero, que después de relatar las razones, fundamentalmente de solidaridad que la llevaron, junto con su cónyuge a permitirle al accionante y a su esposa vivir en una habitación del aludido bien raíz hace “unos 25 años aproximadamente”, lo que la convocada manifestó fue: “Les dejamos a ambos la habitación donde convivieron pero al poco tiempo le pedí a él la casa porque necesitaba mi casa, mis niños enfermos, uno enfermo. Pero nunca me la ha entregado”. Como las referidas expresiones permiten interpretar que a pesar del requerimiento para que el demandante le reintegrara la heredad a su dueña, aquel aún no “la ha entregado”, sigue sin evidenciarse el presupuesto de la “interversión del título” echado de menos por el tribunal.

Adicionalmente, como antes se mencionó, las copias del trámite penal que se hicieron llegar a la actuación civil(7), carecen de los requisitos previstos en los cánones 115 y 185 del Código de Procedimiento Civil, dado que no existe orden judicial de expedición, como tampoco constancia de su autenticidad, ni la firma del secretario, requisitos que también la jurisprudencia exige, razón por la cual aquellas no pueden tenerse con valor probatorio.

En efecto, en el oficio remisorio (fl. 271, cdno. 1), el “asistente judicial IV” de la Fiscalía se limitó a decir: “anexo a la presente los documentos solicitados: (...) Fotocopias de declaración de Andrea Gil de Porras (...), de Ciro Erasmo Porras Caro (...) [y] resolución de preclusión de fecha 10 de noviembre de 2009 (...) total trece (13) folios”.

Respecto de los aludidos requisitos, la Corte ha sido enfática en señalar que “La fuerza probativa de las copias documentales trasladadas de procesos judiciales, en particular de los penales, exige la orden del funcionario competente para compulsarlas y autenticarlas (CPC, arts. 115 y 185; L. 600/2000, art. 23), en cuyo defecto, carecen de valor probatorio (cas. civ., sent. mayo 19/2011, Exp. 05001-3103-010-2006-00273-01).

“En situación similar dijo la Sala que ‘las referidas copias de la actuación penal fueron remitidas por las oficinas judiciales donde reposaban los respectivos expedientes sin el cumplimiento de las formalidades establecidas en el precepto antes citado para reputarse auténticas, esto es, haber sido ordenada su expedición por el funcionario cognoscente del asunto y, en acatamiento de ello, el secretario autorizarlas con su firma, actos que no aparecen surtidos’ (...). Así mismo, esta corporación, con relación a la autenticación de las copias de las actuaciones surtidas en un trámite judicial precisó, en el fallo emitido el 22 de abril de 2002 (Exp. 6636), que de acuerdo con lo dispuesto en el precitado artículo 254, ‘se trata, entonces, de un acto mixto o, si se quiere, de naturaleza compleja, habida cuenta que la autenticación de la copia de un documento que obre en un expediente judicial, reclama la participación del juez, en orden a posibilitar —mediante providencia previa— que la copia sea expedida con tal carácter, así como del secretario del respectivo juzgado’, quien cumple la función de ‘extender la diligencia de autenticación directamente o utilizando un sello’, precisando ‘que el contenido del documento corresponde exactamente al que tuvo a la vista’, según lo establece el artículo 35 del Decreto 2348 de 1983, tras lo cual procederá a suscribirla con firma autógrafa, que es en lo que consiste la autorización propiamente dicha’; añadió, seguidamente, que ‘establecidas, pues, las condiciones bajo las cuales debe producirse este tipo de prueba, para que ella tenga mérito probatorio, se requiere que exista constancia de que los dos actos se verificaron, esto es, tanto el relativo a la orden del juez como el concerniente a la autorización del secretario, dada la estrecha y acerada vinculación que existe entre uno y otro (...)’” (cas. civ., sent., ago. 4/2010, Exp. 68755-3103-002-1998-00198-01).

“Las copias de documentos ostentan idéntico mérito probatorio al de estos, en las hipótesis del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, o sea, cuando son autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada, sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente o, compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa, y en cuanto a las compulsadas de otros procesos judiciales, es menester la orden del juez al secretario para autenticarlas (cas. civ., sents., abr. 10/2011, Exp. 54001-3103-004-2004-00206-01 y nov. 4/2009, Exp. 2001-00127-01)” (fallo nov. 3/2011, Exp. 2000-00001-01).

12. Dentro de este contexto, es evidente que así pudiera extraerse por medio de agudas elucubraciones una conclusión distinta de la que exteriorizó el sentenciador, las argumentaciones probatorias expuestas por este, no resultan inverosímiles, absurdas, ni pugnan con la razón, ya que evaluadas las pruebas en conjunto, permiten la interpretación y conclusión judicial cuestionada en cuanto a que el demandante no acreditó los “actos posesorios” ejercidos durante los veinte años que la ley exige, como tampoco la interversión del título.

Aquellas motivaciones impiden así mismo, acoger el segundo cargo en el que se le atribuye yerro fáctico al sentenciador, al dar por sentado que lo entregado al demandante por la opositora fue la totalidad del inmueble pretendido en usucapión, cuando solo fue una habitación, y que según el censor, el tribunal debió acceder a las pretensiones respecto del resto del bien, con exclusión de aquella, en acatamiento del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”, puesto que la falta de acreditación de los actos posesorios por el período legal, impide declarar la prescripción, así se admitiera la tesis del casacionista atinente a que respecto del predio de mayor extensión no requería demostrar la “interversión del título”.

13. En conclusión, ha quedado establecido que el ad quem no incurrió en el error protuberante y trascendente denunciado, puesto que su consideración relativa a que el accionante no demostró los “actos posesorios” respecto del bien cuya usucapión pretende por el lapso legalmente exigido, ni la “interversión del título”, no contraviene la lógica, la razón o el sentido común, ni se enfrenta al contenido objetivo del conjunto de medios de persuasión incorporados a la actuación, y si bien la hermenéutica presentada por el censor respecto de los mismos puede ser admisible, al no ser la única, debe privilegiarse la del sentenciador, al hallarse amparada de la presunción de legalidad y acierto.

Sobre el particular, la Sala ha señalado: “En efecto, ‘partiendo de la base de que la discreta autonomía de los juzgadores de instancia en la apreciación de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunción de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmación del fallo, justificación que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimación probatoria propuesta por el recurrente es la única posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producirá tal resultado la decisión del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciación que ofrezca la prueba o que no se impone frente a esta como afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando solo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo crítico sobre el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factible un nuevo análisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos lógicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompañado de la evidencia de equivocación por parte del sentenciador, error que, según lo precisa el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, debe aparecer de manifiesto en los autos lo que equivale a exigir que sea palmario; ‘... si el yerro no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendrá incidencia en el recurso extraordinario...’ (...)” (sent., mayo 17/2011, Exp. 2005-00345).

14. Lo así analizado conlleva a la improsperidad de la censura, la imposición de costas a su proponente, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y el señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem, para lo cual se tendrá en cuenta que la opositora no replicó la presente impugnación extraordinaria.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar la sentencia proferida el 27 de abril de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del proceso ordinario promovido por Pedro Vicente Porras Caro contra Andrea Gil de Porras y Personas Indeterminadas.

2. Condenar en costas al recurrente en casación e incluir en la correspondiente liquidación que efectuará la secretaría, la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000), por concepto de agencias en derecho.

3. Devolver la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese».

(1) Folio 238, cuaderno 1.

(2) Folios 274 a 276, cuaderno 1.

(3) Folios 277 a 279, cuaderno 1.

(4) Folios 300 a 303, cuaderno 1.

(5) Folios 317 a 324, cuaderno 1.

(6) Folios 42, cuaderno 1.

(7) Folios 258 a 270, cuaderno 1.