Sentencia 2004-00327 de diciembre 16 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Ref.: Radicación 11001032400020040032701

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad.

Actor: Luis Carlos Sáchica Aponte

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Según el demandante, las normas acusadas violan desconoce (sic) los artículos 29 de la Carta Política, 1º de la Ley 14 de 1979, 61 de la Ley 99 de 1993 al igual que los artículos 2º y 3º del Decreto 206 de 2003, por cuanto la terminología técnica que emplean exige de expertos para su interpretación con lo cual se impide a los propietarios de predios conocer el alcance de la norma respecto de sus propiedades y no les permite ejercer los recursos pertinentes.

La Sala revisará en primer lugar la excepción de ineptitud de la demanda, que planteó la entidad demandada, por haber sido derogada la norma acusada.

Al respecto considera la Sala que no es de recibo el planteamiento citado, pues tal como lo ha señalado el Consejo de Estado:

“(...) conforme a la doctrina reiterada de esta corporación, la derogación del acto acusado no impide el pronunciamiento sobre su legalidad, dada la necesidad de mantener el imperio del orden jurídico y restablecer la legalidad, así como de considerar los efectos que el acto haya producido durante su vigencia. En efecto, es claro que un acto administrativo derogado sigue amparado por la presunción de legalidad, que sólo se desvirtúa con el pronunciamiento del juez, de lo cual resulta que el orden vulnerado no se restablece con la derogatoria del acto —que sólo surte efectos hacia el futuro—, sino con la declaración que el juez profiera sobre su legalidad, que tiene efectos ex tunc. (...)” (C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, mar. 22/2001, Radicación 11001-03-26-000-1994-9840-01(9840))”.

Pasa entonces la Sala a estudiar la legalidad de las normas atacadas.

El artículo 2º de la resolución acusada, prevé:

“Las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción de arcillas en la Sabana de Bogotá, se encuentran dentro de las siguientes coordenadas, Bogotá:

Polígono 1:

X= 1038702.8185 Y=10575579.1098 X=1019801.6003 Y=1057424.136...” (negrilla fuera del texto).

Por su parte, el artículo 1º de la Ley 14 de 1979, que se invoca como quebrantado, establece:

“Los documentos de actuación oficial y todo nombre, enseña, aviso de negocio, profesión o industria, y de artes, moda, al alcance común, se darán y escribirán en lengua española, salvo aquellos que por constituir nombres propios o nombres industriales foráneos ni son traducibles ni convenientemente variables...”.

Considera la Sala que el hecho de que la norma demandada utilice un lenguaje técnico para referenciar las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción y de arcillas en la Sabana de Bogotá, no vulnera las normas mencionadas por el demandante, por cuanto es la ley misma la que permite el uso de dicho lenguaje al prescribir en el artículo 29 del Código Civil que:

“ART. 29.—Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso”.

Adicionalmente, el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, como estaba vigente para la época en que se expidió la resolución atacada señalaba:

ART. 34.—“Zonas excluibles de la minería. No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras.

Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales. Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales con la colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero” (negrilla fuera del texto).

(...).

De las normas anteriores se deriva claramente, no solo la posibilidad de utilizar un lenguaje técnico en las normas legales, el cual deberá tomarse, en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, esto es los expertos cuya intervención resiente el demandante, sino que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial está obligado a delimitar geográficamente las zonas excluibles de la minería.

La Sala acoge aquí lo señalado en la providencia que admitió la demanda y denegó la suspensión provisional, cuando manifestó:

“Para la Sala, las expresiones coordenadas y polígono no constituyen el empleo de idioma extranjero, sino de terminología técnica. En efecto, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición 2001, la coordenada es la que se aplica a las líneas que sirven para determinar la posición de un punto y de los ejes y planos a que se refieren aquellas, en tanto que la coordenada polar es la longitud del radio vector comprendido entre el punto y el polo y el ángulo formado por dicho radio con la línea recta llamada eje polar.

Por su parte, la expresión “polígono”, de acuerdo con el mismo diccionario, entre otras acepciones, corresponde a la porción de plano limitado por líneas rectas; unidad de terreno delimitada para distintos fines, como, entre otros, la planificación industrial.

De tal manera que si nos atenemos al sentido conceptual de las referidas expresiones, aplicado a la materia objeto de estudio, bien pueden entenderse que el acto acusado está señalando las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción de arcillas en la Sabana de Bogotá, dentro de un plano delimitado por polígonos y coordenadas que, obviamente, requiere la intervención de expertos; empero, se repite, ello per se no implica la violación de la norma superior transcrita”.

Así pues, para la Sala no es del caso acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de diciembre de 2010».