Sentencia 2004-00334 de abril 8 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2004-00334-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Contraloría Municipal de Bucaramanga

Demandado: Contraloría General de la República

Referencia: acción de nulidad

Bogotá, D.C., ocho de abril del dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los actos acusados.

— Auto 265 del 15 de junio del 2004, mediante el cual la contralora delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la Contraloría General de la Repúblicaadmite y autoriza la realización de un control excepcional solicitado al Contralor General por la Veeduría Ciudadana Bucaramanga La Nuestra, al sector central de la administración municipal de Bucaramanga, vigencias 2001, 2002 y 2003, para lo cual comisiona a la gerencia departamental de Santander a través de su grupo de vigilancia fiscal, previa comunicación al Contralor municipal de Bucaramanga con el fin de que el organismo de control a su cargo se abstenga en forma inmediata de conocer o seguir conociendo los mismos hechos materia del control y suspenda los actos o procesos de carácter fiscal en curso y remita lo actuado en el estado en que se encuentra a la referida gerencia para que adelante las diligencias fiscales pertinentes.

— Memorandos 82113-2004 EE17288 O de 10 de junio y 82113 de 15 de junio, ambos del 2004 y expedidos por la contralora delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la entidad demandada, en virtud de los cuales, en su orden, se solicita al gerente departamental de Santander de la contraloría general programar la realización del control excepcional y se le comunica nuevamente ese aspecto para que solicite al Contralor municipal de Bucaramanga abstenerse de conocer o seguir conociendo las actuaciones relacionadas con el tema objeto del control excepcional, así como remitir lo actuado en el estado en que se encuentre a esa gerencia.

— Oficios 82113-CEBGA-001 de 16 de junio y 80681-00766 del 28 de junio, ambos del 2004 y a través de los cuales el gerente departamental de Santander de la Contraloría General comunica al contralor municipal la comisión a su cargo y le solicita el envío de documentos para el efecto, así como abstenerse de conocer o seguir conociendo sobre los mismos hechos relacionados con el control excepcional y remitir lo actuado a ese despacho, el primero, y responde una solicitud de copias del Contralor municipal de Bucaramanga, el segundo.

— Oficios 82113-2004EE21320 O 1 del 18 de julio, 82113-2004EEE24536 O 1 del 29 de julio y 82113-2004EE26252 O 1 del 10 de agosto, todos del 2004 y mediante los cuales la contralora delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la entidad demandada, en su orden,comunica al Contralor municipal de Bucaramanga las normas legales en que se funda el auto que ordena el control y le remite unas copias por él solicitadas; le reitera que debe abstenerse de conocer o seguir conociendo sobre los mismos hechos relacionados con el control excepcional y remitir lo actuado a la gerencia departamental para que continúe con las diligencias fiscales pertinentes y, finalmente, le reitera el cumplimiento del Oficio 24536 del 29 de julio y del auto que autorizó el control excepcional.

— Oficio 80681-1078 del 20 de agosto del 2004, a través del cual el gerente departamental de Santander reitera al Contralor municipal de Bucaramanga que en cumplimiento del artículo 15 de la Resolución Orgánica 05500 del 4 de julio del 2003 debía abstenerse de conocer o seguir conociendo los mismos hechos (vigencias 2001, 2002 y 2003), suspender la aplicación de los sistemas de control y además remitir lo actuado a su despacho, para lo cual le reiteró todos los oficios que le fueron enviados y le confirió un término de cinco (5) días para que le remitiera lo actuado en el estado en que se encontrara.

2.- La excepción propuesta - Carácter jurídico de los actos demandados.

Prima facie se observa que le asiste razón a la entidad demandada, sobre el carácter de actos de trámite o impulso que tienen los atrás relacionados, y que como tales no contienen decisión alguna sobre el fondo del asunto objeto de ellos, de allí que no constituyen separada ni de manera conjunta un acto administrativo, luego no son susceptibles de control por esta jurisdicción mediante la acción que se ha incoado.

En efecto, el Auto 265 del 15 de junio del 2004 no es más que la decisión de dar inicio a la actuación administrativa oficiosa relacionada con un asunto de la competencia, aunque excepcional, de la Contraloría General de la Repúblicaa través de la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, consistente en admitir y autorizar la realización de un control excepcional, atendiendo solicitud un sujeto legalmente facultado para ello, como es la Veeduría Ciudadana Bucaramanga La Nuestra.

El objeto de dicha actuación es el sector central de la Administración Municipal de Bucaramanga, vigencias 2001, 2002 y 2003.

En la misma providencia se toma otra decisión de impulso del trámite, como es la de comisionar a la gerencia departamental de Santander a través de su grupo de vigilancia fiscal, y comunicar previamente el inicio de la misma al Contralor municipal de Bucaramanga con el fin de evitar duplicidad de actuaciones de control fiscal sobre los mismos hechos materia del control.

En esas circunstancias, la suspensión de los actos o procesos de carácter fiscal que este último tuviere en curso y la remisión de lo actuado en el estado en que se encuentra a la gerencia en mención, es apenas una consecuencia de que se adelanten diligencias administrativas de la misma naturaleza sobre unos mismos hechos, más cuando la competencia de una de las autoridades prevalece sobre la otra, como es el caso del ejercicio del control fiscal, en virtud del artículo 267, inciso tercero, de la Constitución Política, a cuyo tenor “En los casos excepcionales , previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial”.

Como toda competencia, se encuentra reglada, de suerte que si la misma se asume por fuera de la correspondiente regulación, la cuestión pasa a ser un punto de discusión al interior del respectivo procedimiento administrativo por parte de los vinculados a este, y externamente podría ser objeto de conflicto de competencia, cuya solución le correspondería a la sala de consulta y servicio civil de esta corporación o al tribunal administrativo de la jurisdicción, según el caso. Sólo cuando se ha expedido el acto administrativo con que finalice dicho procedimiento, la cuestión relativa a esa competencia puede ser traída a esta jurisdicción por vía de acción, a título de causa de nulidad por incompetencia de la autoridad que lo profiera.

Ello significa que la Sala no puede hacer ahora y mediante la presente acción, ningún pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del auto reseñado, pues apenas le está dando inicio a un diligenciamiento que va culminar con un acto administrativo, este sí susceptible de control por esta Jurisdicción.

Los demás proveídos son de forma más notoria actos de trámite mediante los cuales se le dio impulso a la actuación administrativa ordenada en el primero ya comentado, comoquiera que con ellos se buscó recabar pruebas e información sobre los asuntos objeto del control fiscal.

El último de ellos no es sino la reiteración del primero en lo concerniente a las implicaciones del ejercicio del control fiscal excepcional a cargo de la Contraloría General de la República, sobre la competencia para ejercer ese control en el caso concreto que ha sido objeto del mismo, que de suyo desplaza al organismo de control fiscal territorial respectivo.

Así las cosas, la Sala coincide con la entidad demandada y la apreciación del Ministerio Público, en el sentido de que los actos demandados no contienen una manifestación de voluntad de la administración que tenga la aptitud de producir efectos jurídicos definitivos o de fondo sobre el asunto de que tratan, en la medida en que solo corresponden a diligencias de trámite para el desarrollo de una actuación administrativa de control fiscal, por lo cual encuentra probada la excepción de inepta demanda por improcedencia de la acción, dada la inexistencia de objeto susceptible de su control mediante la acción incoada, y se habrá de inhibir de proferir decisión de fondo sobre la demanda, como en efecto lo hará en la parte .

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda presentada por la Contraloría municipal de Bucaramanga contra actos de trámite de la Contraloría General de la República, por improcedencia de la acción en virtud de inexistencia de objeto de la misma, en consecuencia, INHÍBESE de decidir el fondo de dicha demanda en el proceso de la referencia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 8 de abril de 2010».