Sentencia 2004-00447 de septiembre 13 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-31-03-037-2004-00447-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil trece.

(Discutido y aprobado en Sala de 4 de julio de 2013).

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Cargo único

1. Con estribo en la causal primera de casación, se denunció la sentencia del Tribunal por vulnerar el artículo 1096 del Código de Comercio, como consecuencia de error de derecho, por infracción de los artículos 252 y 277 del Código de Procedimiento Civil.

2. En sustento de la acusación, el censor expuso los planteamientos que a continuación se compendian:

2.1. Si bien es verdad que el tribunal seleccionó apropiadamente el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil para la definición del asunto materia de su análisis, la aplicación que de él realizó en el caso concreto fue equivocada, por cuanto se afincó en su numeral primero, “cuando debió observar más bien lo dispuesto en su numeral segundo”, defecto que lo condujo a hacer actuar indebidamente el artículo 252 de la misma obra.

2.2. La incorrección observada devino del error en que incurrió al establecer “la naturaleza misma del documento obrante a folio 50 del expediente”, toda vez que, con sujeción al numeral 1º del artículo 277 del Código de Procedimiento, exigió su “autenticidad (...) conforme a lo reglado por el artículo 252 ibídem”, pues consideró que se trataba de un “recibo” y le atribuyó “el carácter de documento dispositivo”, con lo que desconoció su “naturaleza declarativa”, que lo habría llevado a “aplicar, sin ambages, lo previsto en el numeral 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al juez a estimar el documento, sin necesidad de ratificación alguna, a menos que la parte contra quien se opone solicite oportunamente su ratificación”.

2.3. El sentenciador de segunda instancia pasó por alto “que el recibo con el cual se prueba el pago de la aseguradora a su asegurado, es el que obra a folio 3[2] del expediente, que dicho sea de paso, nunca fue controvertido ni objetado por la parte demandada y que el documento obrante a folio 50, no es más que una certificación o testimonio de dicho recibo, certificación o testimonio que tampoco fue controvertido u objetado por la parte demandada”.

2.4. La certificación contenida en el segundo de tales documentos (fl. 50, cdno. 1), “no está haciendo referencia a la celebración de un negocio jurídico, ni a través de ella se está aceptando una obligación. No consta de numeración consecutiva, no está expresamente denominada como recibo de ingreso o egreso, ni indica si es o no retenedor sobre el impuesto a las ventas, requisitos estos, entre otr[o]s, que un recibo, dado su carácter similar al de una factura de venta, debe cumplir como soporte contable”.

2.5. Los documentos declarativos, “serán apreciados por el juez, sin necesidad de ratificación alguna, a menos que la parte contra quien se oponen (...) solicite su ratificación, tal y como es el tenor del numeral 2º del referido artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, que en este caso ha debido ser aplicado por el ad quem”, puesto que en el sub lite no se pidió la ratificación, planteamiento que sustentó con algunos segmentos de diversos fallos de la Corte, con una sentencia foránea y con los comentarios sobre esta de un autor extranjero.

Consideraciones

1. La violación indirecta de la ley sustancial, que como motivo de casación contempla el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se configura como consecuencia de la incursión, por parte del sentenciador de instancia, en un error de hecho o de derecho, yerros que, pese a estar relacionados con la apreciación probatoria, tienen naturaleza propia y, por ende, no pueden ser confundidos.

Ciertamente, el primero de tales desatinos —error de hecho— se relaciona con la existencia material de los medios de convicción en el proceso y con su contenido objetivo, de modo que su ocurrencia acaece cuando el juzgador ignora o desconoce uno obrante en el proceso —preterición—, o cuando inventa uno que en verdad no existe —suposición—, o cuando desfigura su genuino sentido —tergiversación—.

A su turno, el error de derecho es resultado de la equivocada aplicación de las normas de disciplina probatoria, que conduce al sentenciador a negarle a un elemento de juicio el mérito demostrativo que tiene, o a otorgarle uno del que está desprovisto.

La Sala, en forma insistente, ha explicado que “el error de hecho y el de derecho tienen una naturaleza bien distinta: el primero mira a la objetividad de la prueba, esto es, su presencia en el proceso, a la vez que su esencia o contenido material; el segundo, en cambio, apunta a la contemplación jurídica de la misma, es decir, se manifiesta cuando el sentenciador no se ha ceñido fielmente a las normas legales de disciplina probatoria que rigen, aparte de los puntos relativos a la petición, producción, aducción y contradicción, en la valoración de la prueba, en cuanto se le niegue a un medio el mérito que la ley le concede o se le otorgue uno del cual carece” (Cas. Civ., sent., mayo 25/2004, Exp. 7127).

Y en relación con el error de derecho, en esa misma providencia, se puntualizó que “irrumpe cuando el fallador ‘aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las avalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley... prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando... exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere’ (G.J. t. CXLVII, pág. 65, CCXVI, pág. 203, entre otras)” (Cas. Civ., ibídem).

2. En el fallo impugnado, el tribunal, respecto del documento obrante a folio 50 del cuaderno 1, estimó, en primer lugar, que con él la parte actora pretendió demostrar el pago que hizo a su asegurado; y, en segundo término, que no obstante corresponder “al grupo de los declarativos, es de naturaleza dispositiva, pues allí se hace constar haberse recibido el valor de una indemnización, por cuanto equivale a un recibo; esto es, quien allá emite tal declaración lo hace en señal de haber recibido una determinada cantidad de dinero” (negrillas y subrayas, fuera del texto).

Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 1º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, coligió que para que tal probanza pudiera ser apreciada debía ser auténtica, condición que no halló satisfecha, pues no encontró dada ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 252 de la misma obra, sin que fuera aplicable el supuesto general consagrado en el inciso 3º de su numeral 5º, pues se trataba de un documento proveniente de un tercero, análisis que lo condujo a concluir, en definitiva, “la juridicidad” del acogimiento que el a quo hizo de la excepción de “falta de legitimación en causa por activa”.

3. Significa lo expresado que el ad quem, en suma, con fundamento en la literalidad del referido documento, estableció su carácter “dispositivo” y, en tal virtud, optó por aplicar el ya citado numeral 1º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil que, en cuanto hace a “los documentos privados de terceros”, prevé que los “de naturaleza dispositiva o simplemente representativa”, “solo se estimarán por el juez” si “son auténticos de conformidad con el artículo 252”.

4. Ese entendimiento de la sentencia impugnada, deja al descubierto el desatino del único cargo propuesto en casación, en tanto que si el tribunal, teniendo como soporte el contenido objetivo del documento en cuestión y la circunstancia de que provenía de un tercero, cuestiones fácticas que en puridad no fueron controvertidas en casación, infirió su naturaleza dispositiva, propio era que aplicara, como lo hizo, el numeral 1º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, en la medida que en dicho precepto el legislador se ocupó de establecer los requisitos que deben cumplir los documentos aducidos como prueba provenientes de un tercero y contempló, para los de “naturaleza dispositiva”, que deben ser “auténticos de conformidad con el artículo 252”, lo que excluye, de plano, que dicha autoridad hubiese vulnerado las citadas normas de disciplina probatoria.

5. Palmario es que si ese juicio del ad quem fue errado, su equivocación solo pudo tener origen en la ponderación objetiva que efectuó del documento, habida cuenta de que, con base en su contenido, esa autoridad, como ya se explicó, dedujo el linaje dispositivo del mismo, inferencia que, por consiguiente, solo podía combatirse por la vía del error de hecho.

6. Desde otra perspectiva, si se entendiera, como pareciera sugerirlo el cargo, que en él se controvirtió la precedente conclusión del ad quem, esto es, que el documento en cuestión es de naturaleza dispositiva, la acusación luce contraria a la técnica del recurso de casación, porque entremezcló el error de derecho y el de hecho, en tanto que no obstante haberse denunciado la comisión del primero, la sustentación de la acusación estaría edificada en un desarreglo fáctico, hibridismo que no es admisible, pues deja incierta la genuina naturaleza de la censura e impone a la Corte el deber de definir su verdadero alcance, lo que no le es permitido, en razón de las restricciones que gobiernan el mencionado recurso extraordinario.

Incrementa la confusión en el planteamiento del casacionista la circunstancia de que él, en desarrollo del cargo, adujo que el tribunal ignoró que el documento con el que se probó el pago de la indemnización efectuado por la demandante a MPS Mayorista de Colombia S.A. corresponde al que milita a folio 32 del cuaderno principal, y no al que obra a folio 50 ib., pues ese reproche, por una parte, significaría que el ad quem pretirió el primero de tales elementos de juicio, omisión que sería constitutiva de un error de hecho; y, por otra, tornaría intrascendente toda la discusión planteada en relación con el segundo.

Al respecto, indispensable es memorar que “resulta desatinada la censura en la que no pueda inferirse con la debida precisión y claridad, la clase de error que el recurrente le atribuye al fallador, si de hecho o de derecho; o cuando hace tal señalamiento, calificándolo como de hecho, pero sustentándolo como si fuese de derecho, o viceversa; o cuando en el cargo le enrostra al fallador la comisión de las dos formas de error predicadas con respecto a una misma prueba; o, en fin, cuando se omite la demostración de uno y otro en la forma anotada, hipótesis todas estas en las que no le corresponde a la Corte dilucidar el proceder irresoluto de la censura, ni puede suplir las deficiencias que se adviertan en su formulación” (Cas. Civ., sent., dic. 4/2003, Exp. 6908).

7. Ahora bien, si el error de derecho “parte de la base de ‘que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada, pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia’ (Sent. 187, oct. 19/2000, Exp. 5442)” (Cas. Civ., auto, jun. 7/2011, Exp. 11001-31-03-013-2001-00021-01; se resalta), es ostensible que el cargo resulta contradictorio, toda vez que la sola circunstancia de haberse denunciado la comisión de un yerro de esa estirpe, implica que el censor estima acertada la ponderación objetiva que del respectivo medio de convicción, en este caso, el documento que milita a folio 50 del cuaderno principal, efectuó el sentenciador, de donde mal podía aquí el censor, al sustentar la acusación, desconocer la idoneidad de la conclusión consistente en que la indicada prueba es de naturaleza dispositiva, inferencia que, indefectiblemente, conducía a hacer actuar el numeral 1º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.

8. Colofón de lo expresado, es que el cargo no está llamado a acogerse.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, NO CASA la sentencia de 28 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, en el proceso que se dejó plenamente referenciado al inicio de este proveído.

Costas en casación a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 6.000.000, porque la demanda de casación fue oportunamente replicada. Por la secretaría de la Sala, procédase a su liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».