Sentencia 2004-00449/36293 de febrero 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 660012331000200400449-01 (36.293)

Actor: Juliana Vega Gómez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte, Área Metropolitana Centro Occidente y municipio de Pereira

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., febrero 1º de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y el Ministerio Público contra la sentencia del 26 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

1. Competencia. 

Esta corporación es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $297’473.533, solicitada en favor de la señora Juliana Vega Gómez, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (L. 446/98)(3), para que el proceso se considere de doble instancia.

2. El ejercicio oportuno de la acción de reparación directa. 

Es menester precisar que, de conformidad con el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, el daño cuya indemnización se reclama ocurrió el 31 de julio de 2002(4), de manera que el cómputo de la caducidad de la acción debe iniciarse a partir del día siguiente a esa fecha; así, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 12 de marzo de 2004, puede concluirse que ésta se interpuso dentro del término previsto por la ley.

3. Sobre el interés del Ministerio Público para apelar la decisión de primera instancia en el caso concreto. 

La actividad de Ministerio Público constituye una de las expresiones de la función constitucional de control. Mediante ella se procura la protección del ordenamiento jurídico, así como de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tal función es ejercida por el Procurador General de la Nación y sus delegados, al igual que por el Defensor del Pueblo.

En materia judicial, corresponde al Procurador General de la Nación, por sí mismo o por intermedio de sus delegados y agentes, intervenir en los procesos cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales (C.P. art. 277, num. 7). En esa perspectiva, el Ministerio Público no puede ser asimilado a un coadyuvante o tercero en el proceso, por cuanto es la propia ley la que le asigna la condición de parte en el proceso contencioso administrativo, de tal manera que, bajo esa calidad, ostenta todas las capacidades de intervención y participación que son propias de los restantes sujetos procesales, sin que esta asimilación o equivalencia suponga una vulneración o afectación del principio de igualdad (audiatur et altera pars).

De allí que la posibilidad de interponer recursos —capacidad que le asiste a cualquiera de las partes materiales o formales en el proceso— es una herramienta procesal a través de la cual se garantiza la materialidad de los objetivos fijados por el Constituyente. No quiere ello significar que el Ministerio Público pueda desplazar a las partes, sino que, es posible que con miras a la protección del patrimonio público, del ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales haga uso de los instrumentos que le brinda el ordenamiento jurídico para el cometido de sus fines.

En relación con la facultad del Ministerio Público de intervenir en el proceso contencioso administrativo y, específicamente, sobre la posibilidad de impugnar decisiones dentro del mismo, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación jurisprudencial del 27 de septiembre de 2012, precisó que dicha facultad no podía ser entendida como la posibilidad de suplir la omisión de los deberes o de las cargas procesales que le corresponden de forma exclusiva a las partes. Sobre el particular, la Sala señaló:

“Así las cosas, la intervención del Ministerio Público en el proceso contencioso administrativo es principal y relevante, sin que sea posible limitar sus facultades por parte del Juez de lo Contencioso Administrativo, en razón a que este último lo que deberá verificar es que exista el interés en la respectiva actuación desplegada por el agente o el procurador respectivo, esto es, que el derecho o instrumento procesal que se esté ejerciendo —sin importar su naturaleza— sea procedente según la ley adjetiva y, de otro lado, que le asista interés en el mismo, lo cual se verificará a partir del análisis del contenido del acto procesal, pues tendrá que estar encaminado materialmente a la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, independiente de la forma que lo rodee.

“Ahora bien, no obstante las anteriores consideraciones y precisiones, resulta pertinente señalar que no empero a las amplias facultades del Ministerio Público, sí le está vedado desplazar a las partes o demás sujetos procesales, así como relevarlas de cualquier carga o deber procesal. Por manera que, se torna necesario que el juez verifique —al momento de definir la admisión o decidir de fondo los recursos interpuestos por los agentes o delegados del Procurador— si el fundamento de la impugnación está relacionado materialmente con alguno de los objetivos o fines constitucionales de intervención, esto es, la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos fundamentales.

“Es decir, existe una carga argumentativa en cabeza del Ministerio Público que consiste en señalar de manera expresa cuáles son las circunstancias, razones o motivos en virtud de las cuales ejerce los medios de oposición a las providencias, así como identificar el apoyo constitucional de su postura. En otros términos, es preciso que el Procurador General de la Nación o sus delegados determinen el escenario constitucional que sirve de fundamento para la impugnación (v.gr. la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o las garantías fundamentales) y las razones expresas por las cuales el respectivo recurso se orienta a la protección de alguno de esos fines, varios de ellos o todos.

“Por último, en el caso concreto se admitirá el recurso de apelación interpuesto por la demandada, Fiscalía General de la Nación, pero será inadmitido el presentado por el Ministerio Público, toda vez que no se cumplió con la carga mínima de argumentación en relación con el vínculo que deben tener las razones de la impugnación con los objetivos y derroteros fijados por el Constituyente en el numeral 7 del artículo 277 de la Carta Política.

“En efecto, se reitera, el Ministerio Público está llamado a participar de forma activa —como sujeto procesal especial— en los procesos contencioso administrativos, pero siempre circunscrita su actuación a la materialización de los objetivos indicados en el texto constitucional, esto es: i) la defensa del orden jurídico, ii) la protección del patrimonio público o iii) la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los asociados.

“De esta manera, se garantiza que exista ecuanimidad respecto de las partes y/o sujetos procesales, sin que conlleve a la búsqueda de un rompimiento del principio de igualdad material en el proceso. Bajo esta óptica se respeta con particular énfasis la función constitucional del Ministerio Público, y se evita o se previene que este último desplace injustificadamente a las partes en relación con sus cargas, deberes y obligaciones dentro de la actuación procesal.

“Como corolario de lo anterior, siempre será susceptible que los agentes del Ministerio Público —como representantes de la sociedad— actúen en el proceso contencioso administrativo, inclusive a través de la interposición de recursos legales, pero deben razonar y justificar de manera expresa la relación que existe entre el mecanismo de impugnación específico y cualquiera —o todos— de los objetivos de intervención delimitados en la Constitución Política de 1991.

“Por consiguiente, en el asunto sub examine una vez estudiado de fondo el documento que contiene el recurso de apelación no se advierte cuál es el objetivo superior y concreto del Ministerio Público —la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y/o de los derechos fundamentales— por lo cual se torna imperativo inadmitirlo ante la falencia absoluta de justificación argumentativa constitucional de la impugnación”(5).

Ahora bien, aplicando la anterior directriz jurisprudencial al asunto sub examine, la Sala concluye que no le asiste interés al Ministerio Público para recurrir la sentencia proferida en primera instancia, pues, en primer lugar, su inconformidad con ella se centra en cuestionar la decisión que declaró probada la falta de legitimación de las demandadas y negó las pretensiones de la demanda, cuestión reservada exclusivamente a las partes (demandante y demandada), pues, tal como se precisó anteriormente, el Ministerio Público no puede suplir a las partes o relevarlas de cualquier carga o deber procesal y, en segundo término, no se observa que con la apelación se procure la defensa del ordenamiento jurídico, del patrimonio público y/o derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, resulta claro que en el asunto de la referencia no le asiste interés legítimo al Ministerio Público para recurrir la decisión del a quo, motivo por el cual la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el recurso de apelación por él interpuesto.

4. Pruebas.

Obran en el plenario, entre otras, las siguientes:

a. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Jaime Arsecio Muñoz Echeverri, en el que consta que éste falleció el 31 de julio de 2002, en el municipio de Pereira (fl. 1 cdno. 6).

b. Copia auténtica del protocolo de necropsia del cadáver del señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri, en el que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló (se transcribe tal como obra en el expediente, inclusive los errores):

“1. Información útil al iniciar necropsia:

“Según acta de inspección e historia clínica No. 128759 de la Clínica Risaralda el hoy occiso ingresó a dicha institución el día 18-07-02 a las 23:45 horas luego de recibir heridas en accidente de tránsito cuando conducía su vehículo automotor al perder el control por un charco de agua en la vía sin pérdida del conocimiento y ‘había ingerido licor previamente’. En urgencias ingresó por sus propios medios, en estado de ebriedad. Con sangre en cara y ropa, herida en región frontal y arco supercialiar, compromiso de párpado superior derecha profundo, edema en conjuntiva, refiere visión borrosa, edema en región malar y nasal, cardiopulmonar normal, abdomen blando, depresible, peristaltismo positivo, dolor a la palpación superficial. Posteriormente se queja de dolor toráxico abdominal y presenta marcado el tallón del cinturón en pecho y abdomen.

“… el da 23-07-02 se practica laparatomía, encontrándose hematoma meso íleon de sigmoide y hemoperitoneo, realizándose drenaje del mismo, hemicolectomía derecha e izquierda, colostomía en asa, igualmente toracostomía izquierda drenado 200 cc. El día 27-07-02 luego de diagnóstico de sepsis abdominal y de herida quirúrgica se realiza drenaje de peritonitis y de absceso de pared. Al persistir la peritonitis el 28-07-02 se realiza drenaje de la peritonitis y manejo de abdomen abierto con malla y cremallera, lavado de cavidad. El día 30-07-02 nuevamente se practica drenaje de peritonitis generalizada, lavado peritoneal terapéutico. El paciente continúa en malas condiciones clínicas con síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA) choque séptico y fiebre alta por infección hepática, finalmente fallece el día 31-07-02 a las 16:45 horas…

“(…).

2. Hipótesis de la autoridad sobre manera y causa de muerte:

Evento de tránsito.

Discusión, sugerencias y conclusión:

“Se trata del cadáver de hombre de 39 años de edad con identificación fehaciente, quien recibe múltiples lesiones traumáticas en cara, tórax y abdomen, cuando al parecer conducía vehículo automotor particular en la vía Cerritos —Pereira, el pasado 18-07-02 luego de su deterioro físico por heridas sufridas, fue sometido a varias cirugías en cara, abdomen y torax evolucionando mal. No hay claridad sobre las circunstancias que rodearon el accidente de tránsito se desconoce si hubo o no más heridas en el mismo hecho.

En conclusión fallece debido a choque séptico secundario a peritonitis aguda y síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Como consecuencia de múltiples traumas en cara, abdomen y torax en accidente de tránsito” (fls. 89 a 94 cdno. 6) (resalta la Sala).

c. Copia auténtica de la historia clínica del señor Jaime Muñoz Echeverri, en la que se observa que el 18 de julio de 2002 ingresó al servicio de urgencias de la Clínica Risaralda y en la que se consignó:

“Paciente quien sufrió accidente de tránsito presentando trauma facial severo con múltiples heridas faciales. No pérdida de la conciencia.

Ingesta previa de licor.

“Se queja de dolor torácico y abdominal presenta marcado el tallón del cinturón de seguridad en pecho y abdomen.

“enfermedad actual: Paciente que se desplazaba en automotor. Pierde el control por un charco sufre múltiple herida en cara no pérdida de conocimiento, habia ingerido licor previamente

“AP: negativo

“AP: Paciente en estado de ebriedad ingresa por sus propios medios

“EXAMEN FÍSICO: (…) Paciente en estado de ebriedad ingresa por sus propios medios sangre en cara y ropa herida en región frontal y ardor superciliar (ilegible) de parpado superior derecho profunda, edema en conjuntiva aparentemente no herida en cornea pupila poco reactiva refiere visión borrosa edema en región malar y nasal, movilidad de boca conservada, dolor a nivel cervical laceración cinturón movilidad conservada cardiopulmonar normal. Abdomen blando depresible peristaltismo positivo dolor a la palpacion superficial.

impresión diagnostica: Herida carea multiple

“(…)

“26-07-2002: 1) Retiro de puntos en cara

2) De alta por cirugía plástica hasta que las condiciones generales del paciente permita reconstrucción facial. Indispensable cierre previo de colostomía.

3) ROM X servicio tratante y UCI

“(…)

“INFORME QUIRURGICO 27-07-02

“(…)

“B. DIAGNOSTICOS

SEPSIS ABDOMINAL

SEPSIS HERIDA QUE PARED ADD

“C. INTERVENCION PRACTICADA Y TIPO DE ANESTESIA

“1) DRENAJE M07142 PERITONITIS G/ZADA., LAVADO CAVIDAD ABDOMINAL

“2) DRENAJE ABCESO PARED 5400000

“VII/29/02 23:50 UCI NOCHE

PROBLEMAS: FIEBRE

HIPERDINAMIA

SEPSIS — SDRA

SEVERO TRASNTORNO DE OXIGENACION CONTINUA SOPORTE INOTROPICO VENTILATORIO

“(…)

“29-07-2002

“# Politrauma severo

“trauma continuo: Torax abdomen

“#SDRA

“Fiebre permanente

“Choque

“Pte continua en regulares condiciones generales con fiebre alta persistente, taquicardico con ritmo inusual …

“(…)

“31-07-2002 Pte que presenta bradicardia hasta de 35, lo valora el Dr A. Giraldo, quien le hace masaje cardiaco, se le da ambú, ordenan colocar 2 dosis de Adrenalina EV 2 ap de atropina sin ninguna respuesta. Se observan pupilas midiatricas no reaccionan a la luz, luego hace asistolia y pte fallece, se le informa a los familiares y médicos ttes” (fls. 1 a 69 cdno. 4) (resalta la Sala).

d. Copia del oficio 279 de 12 de agosto de 2002, mediante el cual el Secretario de Infraestructura de Pereira le informó al Tribunal Administrativo de Risaralda lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente):

“De acuerdo con la Resolución 4191 de julio 31 de 1998 del Invías, por medio de la cual se establece la cobertura y jurisdicción de las regionales del Invías, en lo relacionado con la administración de la red vial nacional, construida o en construcción, a su cargo, a la regional Risaralda le corresponde el mantenimiento y administración de la vía Pereira Cerritos a partir del PR K3+900.

“Por lo anterior el municipio de Pereira es el responsable del mantenimiento y administración de la vía de Pereira a Cerritos hasta el PR K3, el sector del Oasis K1 + 630 esta incluido en el tramo mencionado a cargo del municipio” (fl. 230 cdno. 5 (resalta la Sala)

e. Oficio RRSR 120 de 21 de enero de 2003, mediante el cual la Dirección Regional de Risaralda del Instituto Nacional de Vías, en respuesta a una petición señaló (se transcribe tal como obra en el expediente):

Sobre el punto Nº 1: La carretea (Doble Calzada) Pereira — Cerritos, es vía nacional pero desde el PR3+900 Sitio ubicado en el puente el Tigre hasta Cerritos. La vía Pereira -Cerritos en un comienzo fue construida y pavimentada por el antiguo Ministerio de Obras Públicas, y posteriormente a través de convenio de este Ministerio con el Area Metropolitana Centro Occidente se construyó y pavimentó la segunda calzada desde los puentes de la Villa Hasta el sector de Suzuki.

“Recientemente el INVIAS continuó con la construcción y pavimentación de la segunda calzada desde Suzuki hasta de Cedritos.

Sobre el punto Nº 2: Teniendo en cuenta la anterior respuesta sobre el punto No. 1, se informa que el mantenimiento y conservación de la vía, específicamente en el sector entrada al Tigre —Pereira, paraje el Oasis, corresponde para la fecha de agosto 18/02 al Municipio de Pereira.

Sobre el punto Nº 3: En respuesta a este punto se adjunta la Resolución No. 5942 del 28 de diciembre/99 y el Decreto No. 1735 de agosto 28/01, en donde se relacionan las vías nacionales a cargo del INVIAS con su respectiva nomenclatura. Con estos documentos se demuestra que el sector referido en su Derecho de Petición en el punto 2, no hace parte de la infraestructura vial nacional y por lo tanto no le corresponde al INVIAS el mantenimiento y conservación de esa vía” (fls. 15 y 16 cdno. 6).

f. Oficio DT RIS 625 de 8 de noviembre de 2005, en el que la Dirección Territorial Risaralda del Instituto Nacional de Vías le informó al Tribunal Administrativo de Risaralda lo siguiente:

“… al Instituto Nacional de Vías le corresponde solamente el mantenimiento y conservación del tramo de vía comprendido entre el PR. 3 +900, sitio ubicado en el puente El Tigre hasta Cerritos, por tratarse de una vía nacional. Por lo tanto el tramo que corresponde a la entrada del puente El Tigre, hasta Pereira (incluye pasaje el OASIS k1+630) no hace parte de la infraestructura vial nacional a cargo del INVÍAS” (fl. 155 cdno. 6) (resalta la Sala).

g. Oficio C-090 -11-130 —SME/2005, mediante el cual el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, certificó que, en horas de la noche del 18 de julio de 2002, el área de influencia de la estación Aeropuerto Matecaña, estaba bajo los efectos de lluvias y tormentas eléctricas que sobrepasaban los 50 kilómetros (fls. 153 y 154 cdno. 6).

h. Además de las pruebas aportadas al plenario con el escrito de la demanda, los actores solicitaron el traslado del proceso penal que se adelantó con ocasión de la muerte del señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri, petición que fue coadyuvada por las demandadas (fls. 22, 65 y 107 cdno. 2).

La mencionada prueba trasladada fue decretada por el Tribunal Administrativo de Risaralda en auto de 27 de junio de 2005(6) y la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito allegó al plenario copia auténtica de la investigación preliminar 82280 que se adelantó por la muerte del señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri (fl. 103 cdno. 6).

En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado, en otras ocasiones, que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán valorarse en el proceso contencioso administrativo(7). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque formalidades legales para su inadmisión(8).

En el presente asunto, como el traslado de las pruebas de la mencionada investigación penal fue coadyuvado por las entidades demandadas y las mismas obran en copia auténtica, no hay inconveniente alguno para que puedan ser valoradas.

Así, pues, las pruebas que se trasladan de la investigación penal son las siguientes:

— Informe de la inspección del cadáver del señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri (fls. 109 y 110 cdno. 6).

— Declaración del señor Carlos Alberto Aguirre Salas, quien, respecto de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrió el accidente de tránsito que causó la muerte del señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri, señaló (se transcribe literal, inclusive los errores):

“Nosotros de pronto frecuentábamos los jueves unos socios del club campestre jugar tenis, pues un grupo de socios, y nos después de jugar nos quedamos en un asadito, nos tomamos de pronto cualquier traguito para charlar o departir cualquier tema, ese día eran las diez de la noche que nos vinimos para Pereira del club campestre, algunos de pronto de reúnen en algún otro sitio pero es que quería ir, yo en especial iba para la casa pero en el camino veníamos todos en caravana y digamos tipo de la noche cayó un aguacero muy tremendo, ya a la diez de la noche en el momento en que nosotros íbamos por la carretera pues el pavimento estaba seco, entonces veníamos todos en caravana y de un momento a otro Jaime iba delante de nosotros, él iba comandando la caravana yo era el que lo seguía en ese momento y me tocó presenciar el accidente y de pronto vi que Jaime se había metido en un charco de agua que siempre se presenta cuando llueve muy duro, digamos mas bien, es una falla de la vía, por precaución opte por colocar las luces de parqueo o las luces de peligro en todo el charco para que mis compañeros vieran el charco y no les pasara tampoco nada, me bajé del carro, me dirigí hacia el carro de Jaime, el carro de Jaime quedó totalmente destruido y como yo estaba solo porque los demás carros de la caravana no habían llegado, yo ingresé al carro de Jaime para poderlo rescatar pues a ver si todavía estaba con vida, a lo cual vi que estaba vivo, tuve mucho temor para retirarlo del cerro … en medio de mi reacción llegó otro compañero que no me acuerdo el nombre , porque era la primera vez que iba a jugar con nosotros, el señor me dijo que tenia conocimientos médicos y este señor si lo subió de una, lo cargamos entre los dos y vimos que él estaba consciente, porque él caminaba y lo ingresamos al carro mio para llevarlo a la clínica … Preguntado: Diga al despacho como sucedió realmente el accidente. Contesto: En el momento en que yo vi a Jaime ya había pasado el charco, normalmente cuando un carro ingresa a un charco pierde el control del carro, después de que pasó el charco en ese momento si lo vi yo, el carro estaba loco. Dio un trompo osea varias varias parado, inmediatamente se fue contra un barranco y ahí quedó el carro…. Preguntado: diga al despacho como era el estado anímico de Jaime Arcesio al momento de los hechos. Contesto: EL estaba bien, estaba contento, casualmente ese día los vimos más alegre, ese día en el club nos tomamos una botella como entre doce personas, no me acuerdo haber ingerido mas licor yo llegué al club a las cinco de la tarde y Jaime ya se encontraba allá jugando futbol, la botella de aguardiente nos la tomamos después de jugar y en medio de un asado. Preguntado: Como era la velocidad, se corrige, como era la velocidad que traía Jaime Arcesio al momento de los hechos. Contesto: No se a que velocidad iba él, personalmente nosotros íbamos a 90 kilómetros por hora, no se como era la velocidad normal de él, porque no eramos amigos de vernos todos los fines de semana … Preguntado: Diga al despacho como era la visibilidad y lugar de la vía en el lugar de los hechos. Contesto: la visibilidad era pésima en el lugar del accidente no habían lámparas, por ese sector no habían casas cerca, la vía estaba seca pero en el lugar del accidente había un charco inmenso porque hora antes había llovido muy fuerte y no había drenado el aguacero, esa parte es una recta pero tiene una bajada profunda que era donde estaba el charco y donde fue el accidente. Preguntado: Qué otras personas fueron testigos de los hechos. Contesto: Solamente yo vi el accidente, cuando los otros compañeros llegaron al lugar de los hechos yo ya estaba auxiliando a Jaime” (fls. 119 a 122 cdno. 6) (resalta la Sala).

— Al respecto, la señora Juliana Vega Gómez, ante la Fiscalía 34 Seccional de Pereira, señaló:

“Preguntado: Como era el estado anímico de su esposo al momento de los hechos. Contesto: Normal, él si había tomado licor pero no estaba borracho, me dijeron que entre los veinte se habían tomado como tres botellas de aguardiente, también me dijeron que mi esposo fue el que comenzó a salirse del carro por la ventanilla del copiloto, el pie izquierdo lo tenía totalmente trancado con la puerta … Preguntado: Como era la velocidad que llevaba su esposo al momento de los hechos. Contesto: No se, no me comentaron como venía porque él venía de primero. pero él manejaba siempre rápido” (fl. 117 cdno. 6) (se resalta).

— Informe de la misión de trabajo 97 de 20 de agosto de 2002, en el que el Coordinador de la Unidad de Vida de la Fiscalía le informó al Fiscal 34 lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente):

“La presente misión pretende adelantar las pesquisas necesarias para esclarecer los hechos y los autores del mismo.

“Para dar cumplimiento a lo solicitado, se entrevistó al señor Carlos Alberto Aguirre Salas … referente al hecho motivo de investigación, explicó que el día en el que Jaime Arcesio se accidentó, estuvieron departiendo en el club campestre, en horas de la tarde, jugaron tennis y entre aprox. 12 personas se tomaron una botella de aguardiente, luego salieron del club y el hoy occiso, se movilizaba en su automóvil particular a gran velocidad, pese a que había caído un torrencial aguacero, razón por la cual Jaime se perdió de su vista,, y luego al llegar a la hondonada ubicada en la vía y donde se esposa el agua, encontró el vehículo de aquel accidentado y procedió a ayudarlo.

“El señor German Gomez Iza … explicó … que salió del club primero que Jaime Arcesio y se desplazaba a una velocidad de aprox. 90 km. Por hora cuando fue superado por Jaime, quien se desplazaba a una velocidad aprox. de 120 km. Por hora, razón por la cual lo perdió de vista y al llegar a la hondonada, observó el vehículo del hoy occiso adelantado. Agregó el señor Gomez, que en el club ingirieron una botella de aguardiente entre 12 personas y que la causa del siniestro para él fue el exceso de velocidad.

“Posteriormente, me desplacé al sitio donde ocurrió el accidente y se constató que se trata de una vía pavimentada, en buen estado, con suficiente iluminación y en donde no se logró ubicar testigos, pues cerca del sitio de los hechos no existen viviendas o sitios de reunión de personas” (fls. 123 y 124 cdno. 6) (resalta la Sala) (sic)

— Copia auténtica de la resolución de 24 de octubre de 2002, mediante la cual la Fiscalía 34 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira se inhibió de abrir instrucción por la muerte del señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverrri. En dicha providencia puntualizó:

“Conforme a lo precedente aparece claro que la muerte ocurrió por la conducción imprudente del occiso quien luego de ingerir bebidas embriagantes, omitió cautela suficiente porque a bastante velocidad se desplazaba por una vía mojada e inundada lo que llevó a que perdiera el control del vehículo.

“Dentro de ese contexto la conclusión no puede ser otra que la negativa de abrir instrucción, como quiera que aparece probado que la muerte del Sr. Jaime Arcesio Muñoz E., no fue consecuencia directa de la acción de otra persona, sino que devino de su comportamiento imprudente.

“En atención a la norma anunciada, prevalece la decisión inhibitoria en este momento, porque logró establecerse que el fallecimiento del Sr. Jaime Arcesio Muñoz E., no fue producto de una acción de terceros y, por consiguiente, no se reúnen los requisitos del tipo penal de homicidio consagrado en el Art. 103 del código penal, que sanciona la acción de matar a otra persona” (fls. 141 a 143 cdno. 6) (resalta la Sala).

5. Valoración probatoria y conclusiones 

De las pruebas que obran en el proceso se colige que: i) el 18 de julio de 2002, el señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri realizó actividades deportivas en el Club Campestre de Pereira y, posteriormente, ingirió bebidas alcohólicas en compañía de varios socios del club, ii) esa noche cayó un aguacero torrencial sobre el municipio de Pereira, iii) el señor Jaime Arcesio Muñoz salió del mencionado club en su vehículo y, en instantes que transitaba por el sector El Oasis, de la vía que de Cerritos conduce a Pereira, cayó en un charco que hizo que perdiera el control de su vehículo y colisionara de manera aparatosa contra un barranco, iv) después del accidente, el señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri fue auxiliado por sus amigos y fue trasladado inmediatamente a la sala de urgencias de la Clínica Risaralda, en donde le prestaron los primeros auxilios y consignaron en su historia clínica que ingresó por sus propios medios, en estado de ebriedad y con múltiples heridas en cara, tórax y abdomen, v) después de permanecer varios días en la Clínica Risaralda, el 31 de julio de 2002 falleció, debido a un choque séptico secundario a peritonitis aguda y síndrome de dificultad respiratoria del adulto, como consecuencia de los múltiples traumas que sufrió en el referido suceso, vi) el accidente de tránsito ocurrió en el tramo El Oasis, de la vía Cerritos — Pereira, cuyo mantenimiento y conservación estaba a cargo del municipio de Pereira y vii) la Fiscalía 34 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira se inhibió de abrir instrucción por la muerte del señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri, por cuanto consideró que su deceso no fue causado por acción u omisión de terceros, sino por el comportamiento imprudente y negligente del occiso.

Así las cosas, si bien en el proceso se acreditó que el señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri falleció, en la fecha y en las circunstancias anotadas, la Sala considera que el hecho dañoso no es imputable a las demandadas, pues no existe prueba alguna que acredite que la vía en la que ocurrió el accidente tuviera problemas de construcción o de diseño y tampoco se acreditó el taponamiento o la falta de mantenimiento del desagüe de ésta y que, como consecuencia de esto, se formó el charco con el que colisionó el señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri; en cambio, se probó que la noche del accidente hubo una alta pluviosidad que, al parecer, produjo que se sobrepasara la capacidad de los colectores de aguas lluvias de la carretera y, con la prueba testimonial referida, se demostró también que, antes de conducir su vehículo, el señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri ingirió bebidas alcohólicas con varios de sus amigos del club y, según lo relató uno de los conductores que transitaban sobre la vía en el momento de los hechos, el señor Muñoz Echeverri se movilizaba a una velocidad considerable, pues lo rebasó a pesar de aquel otro conductor circulaba a una velocidad de 90 kilómetros por hora.

Así las cosas, es evidente que el charco que ocasionó el accidente fue producido por la alta pluviosidad que se produjo en el municipio de Pereira la noche de 18 de julio de 2002, lo que constituye un hecho de la naturaleza, irresistible e imprevisible para los demandados, pues es muy probable que la gran cantidad de agua que cayó sobre la vía sobrepasó los niveles normales del desagüe, máxime si se tiene en cuenta que no se demostró que su sistema de drenaje de aguas lluvias fuera defectuoso o que estuviera tapado.

En este orden de ideas, el acervo probatorio obrante en el expediente no deja a la Sala duda alguna en torno a que en el accidente de tránsito que ocasionó la muerte del señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri concurrieron dos causas: i) un hecho de la naturaleza (aguacero torrencial que produjo el empozamiento anormal de agua sobre la vía) y ii) la imprudencia y el incumplimiento de las normas de tránsito por parte de la víctima directa del daño, quien, según los testigos, había ingerido bebidas embriagantes antes de salir del club y conducía su automotor a una alta velocidad.

Al respecto, es importante señalar que, si bien en el proceso no obra el examen de alcoholimetría o cualquier otra prueba técnica que permita establecer que el señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri estaba en estado de embriaguez en el momento del accidente, varios testigos señalaron que antes de abordar su vehículo había ingerido bebidas alcohólicas, hecho que corrobora su historia clínica, pues en ella se consignó que cuando él ingresó al servicio de urgencias de la Clínica Risaralda estaba en “estado de ebriedad” y que “había ingerido licor previamente”.

Bajo esta perspectiva, es posible afirmar que la víctima incrementó el riesgo propio de la actividad peligrosa, al conducir en estado de embriaguez, con lo cual contribuyó a un déficit de sus funciones sicológicas y motoras, de tal suerte que, cualquiera hubiese sido el factor determinante para la producción del daño (en este caso la existencia del charco sobre la vía), no estaba en condiciones físicas y mentales que le permitieran sortear o responder en forma idónea ante cualquier imprevisto que se le presentara en el desarrollo de esa actividad.

Al respecto, es menester señalar que, el Decreto 1344 de 1970 (norma vigente en la época de los hechos) preveía como infracción de tránsito el conducir en estado de embriaguez, al tiempo que contemplaba más sanciones para ella(9), fundadas sin duda en la gravedad de la infracción y en el riesgo para el conductor y para los transeúntes.

Ahora, si bien en el expediente no obra el croquis o el informe de tránsito del accidente que sirva para determinar la velocidad a la que se desplazaba el señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri, uno de los testigos presenciales de los hechos señaló que, aunque se movilizaba a una velocidad de 90 kilómetros por hora, fue rebasado por el señor Muñoz Echeverri, quien —según dijo el testigo— iba a una velocidad aproximada de 120 kilómetros por hora.

Bajo esta perspectiva, según la jurisprudencia de esta Corporación(10) son, en general, causales eximentes de responsabilidad la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima, los cuales son un conjunto de eventos que tienen como consecuencia la imposibilidad jurídica de atribuir responsabilidad por los daños que se pretenden en cabeza de la entidad estatal demandada. Así, para que sea procedente admitir su configuración se han señalado tres elementos a saber: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado; al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados.

“Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

‘La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias:basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida’(11).

“En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual ‘no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia’(12),toda vez que ‘[P]rever (sic), en el lenguaje usual, significa ver con anticipación’(13), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

“Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de ‘imprevisto’ de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(14) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual ‘[I]mprevisible (sic) será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia’(15). La recién referida acepción del vocablo ‘imprevisible’ evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

“No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si éste se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

“Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo ‘inimaginable’ de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

“(...)

“Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración al menos con efecto liberatorio pleno de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada(16) (énfasis original).

Además, la Corporación ha dicho que, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario establecer, en cada caso concreto, si el proceder por acción o por omisión de aquélla tuvo o no injerencia y en qué medida en la producción del daño. Así, para ello es necesario que la conducta u omisión de la víctima y/o del tercero sea la causa efectiva o determinante del daño(17).

Al respecto, es necesario recordar que quien ejerce la actividad peligrosa o es propietario de la cosa con la que ésta se desarrolla, se presume guardián de la misma y participa en la creación del riesgo que la misma actividad implica y, por lo tanto, tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas, necesarias y pertinentes para evitar, mitigar o eliminar la fuente de riesgo que puede producir daños.

Bajo esta perspectiva, para la Sala es claro que en este caso la víctima directa no podía asumir frente a sus cargas sociales un comportamiento negligente e imprudente y después pretender trasladar su propia culpa a las entidades demandadas, máxime si se tiene en cuenta que, si hubiera acatado las normas de tránsito y hubiera observado prudencia en la conducción de su vehículo, seguramente hubiera evitado o al menos minimizado el perjuicio que hoy los demandantes intentan atribuir a las entidades demandadas.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 16 de diciembre de 2010, manifestó:

“En el campo de la responsabilidad civil -contractual y extracontractual- la doctrina contemporánea destaca la importancia, cada vez mayor, que adquiere el que la víctima con su conducta procure mitigar o reducir el daño que enfrenta o que se encuentra padeciendo (…) En tal orden de ideas, resulta palmario que ante la ocurrencia de un daño, quien lo padece, (…) debe procurar, de serle posible, esto es, sin colocarse en una situación que implique para sí nuevos riesgos o afectaciones, o sacrificios desproporcionados, desplegar las conductas que, siendo razonables, tiendan a que la intensidad del daño no se incremente o, incluso, a minimizar sus efectos perjudiciales, pues sólo de esta manera su comportamiento (…) le daría legitimación para reclamar la totalidad de la reparación del daño que haya padecido”(18).

Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la demanda, toda vez que se demostró que un hecho de la naturaleza (alta pluviosidad en la vía donde ocurrió el accidente) y la conducta imprudente y negligente del señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri fueron la causas determinantes de la producción del daño, de allí que no sea posible imputar responsabilidad alguna a las demandadas por los perjuicios que se reclaman en este proceso, ya que se configuraron, de acuerdo con lo anterior, dos causales eximentes de responsabilidad: la fuerza mayor y la culpa exclusiva de la víctima, eventos que permite liberar de responsabilidad a las demandadas por los hechos y acciones que se les imputan.

6. Condena en costas. 

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 26 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, pero por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Folio 322 cdno. ppal.

3 La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en 2004, tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado era de $179’000.000.

4 Fecha en la que falleció el señor Jaime Arcesio Muñoz Echeverri, según se observa la copia auténtica del registro civil de defunción que obra en el folio 1 del cuaderno 6.

5 Al respecto, ver, entre otras, Sentencia del 27 de febrero de 2013 (exp. 29.189) y sentencia de 1º de agosto de 2016 (exp. 36.288).

6 Folios 175 a 179 cdno. 2.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

9 ART. 224.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986, así: "Quien conduzca es estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes y sin perjuicio de que se aplique el artículo 207 del Código de Policía, será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos y suspensión de la licencia de conducción de seis (6) meses a un (1) año.
“(…).
“ART. 230.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986, así: "Los vehículos podrán inmovilizarse: (…) 3. Cuando el conductor se encuentre conduciendo en estado de embriaguez o drogadicción”.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010 (expediente 18.800).

11 Nota original en la sentencia citada: ROBERT, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, p. 1039, citado por Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., p. 19.

12 Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, LEGIS, p. 8.

13 Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581.

14 Nota original en la sentencia citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.

15 Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, p. 21.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008 (exp. 16.530), citada en la sentencia del 26 de mayo de 2010 (ex. 18.800).

17 En la anotada dirección, la Sala ha sostenido: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, sólo lleva ‘consigo la absolución completa’ cuando el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333”, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007 (expediente 24.972).

18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de diciembre 16 de 2010, rad. 1989-00042-01.