Sentencia 2004-00449 de mayo 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Exp.:410012331000200400449 01 (41.716)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: O.V. y otros

Demandada: Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

Tema: Privación injusta de la libertad - reiteración jurisprudencial/sindicados no cometieron las conductas punibles endilgadas.

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 15 de abril de 2011, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(16).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(17), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(18).

En el asunto sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de los señores O.V., J.R. y C.G., presuntamente ocurrida entre el 10 de septiembre de 2000 y el 22 de abril de 2002, fecha en la que obtuvo la libertad ante la decisión proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Neiva, la cual fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.

Ahora bien, se advierte que en el caudal probatorio no obra la correspondiente constancia de ejecutoria de la providencia que absolvió a los ahora demandantes, por lo tanto, sin perjuicio de la pauta jurisprudencial antes anotada, el término de caducidad se contabilizará a partir de la fecha en que se adoptó la referida decisión.

En este orden de ideas, se encuentra que la demanda de la referencia se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la sentencia que confirmó la absolución de los referidos ciudadanos se dictó el 22 de abril de 2002 y la demanda se formuló el 21 de abril de 2004.

3. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

• Que a través de la Resolución 176 dictada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC—, el 28 de enero de 2003, se resolvió dejar sin efectos unos actos administrativos que “retiraron por inconveniencia” de los cargos de dragoneantes a los señores O.V., J.R. y C.G. De la referida decisión se destaca la siguiente información relacionada con el proceso penal(19) adelantado en contra de los referidos ciudadanos:

“Que los señores O.V., J.R. y C.G., (…), fueron nombrados mediante resoluciones 281 del 1º de enero del 2000, 1720 del 18 de abril de 1997 y 8952 del 23 de noviembre de 1994, en los cargos de dragoneantes, código 5260 grado 11, de la planta global del Inpec y adscritos para la fecha de su retiro a la Penitenciaría Central La Picota de Bogotá.

Que mediante Resolución 554 del 29 de agosto de 2000, el director de la Penitenciaría Central La Picota, ordena el traslado del interno A.R., a la capital del departamento del Caquetá, según lo ordenado por el señor Juez Penal del Circuito Especializado de Florencia quien adelantaba contra el sindicado proceso por rebelión en concurso con homicidio agravado, comisionando a los funcionarios aquí citados para su custodia sin hacer énfasis en medidas especiales de seguridad por el grado de peligrosidad del detenido.

Que el día 8 de septiembre de 2000, durante el traslado del interno, fue secuestrada y desviada a la zona de distensión, la aeronave en el cual se desplazaban, por el reo custodiado, en hechos de amplia difusión pública por medios de comunicación.

Que por los hechos acaecidos se abrió investigación penal y mediante providencia del 14 de septiembre del año 2000, la Fiscalía Primera Delegada ante los jueces penales del Circuito Especializado de Neiva, Huila, resuelve la situación jurídica de los tres funcionarios del Inpec, profiriendo medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación contra J.R., O.V. y C.G., sindicados de los delitos de complicidad en secuestro de aeronave en concurso con favorecimiento de la fuga del interno A.R. (…)”(20).

• Que mediante sentencia de 15 de febrero de 2002, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Huila, se absolvió a los señores C.G., O.V. y J.R. de los delitos de “apoderamiento y desvío de aeronave, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y favorecimiento de la fuga”(21).

En dicha sentencia el juzgador realizó una valoración de los medios de prueba obrantes en el expediente penal frente a la responsabilidad penal de los sindicados, para concluir lo siguiente (se transcribe de forma literal):

“(…). Hechos.

“Como preámbulo de los que originaron la presente investigación, sabemos que A.R. se encontraba recluido en la penitenciaría La Picota, acusado por los delitos de homicidio agravado y rebelión, a orden y disposición de nuestro homólogo de la ciudad de Florencia. Para la celebración de la audiencia pública de juzgamiento que se iniciaría a las 09 horas del quince (15) de septiembre de dos mil (2000), se solicitó su remisión; y con Resolución 554 del veintinueve (29) de agosto de dicho año, el director de ese establecimiento así lo dispuso y luego el comandante de vigilancia asignó para ese servicio, a los dragoneantes C.G., O.V. y J.R.

La tarde del ocho (8) de septiembre de dos mil (2000), luego de un fallido (sic) intento el día anterior, los citados servidores del Inpec y el aludido recluso, abordaron el avión de la empresa Aires HK-3951X que cubriría la ruta Bogotá - Neiva - Florencia. En la ciudad de Neiva, hasta donde el vuelo se cumplió normalmente, descendieron los pasajeros mientras se reabasteció de combustible la aeronave; minutos después del decolaje con destino a la capital caqueteña, el detenido A.R. acudió al baño, de donde salió esgrimiendo un arma de fuego y anunciando que él era un guerrillero detenido y que se dirigían a San Vicente del Caguán. El aeropirata luego de intimidar al dragoneante C.G., quien pretendió disuadirlo para que desistiera de ese hecho criminal, ingresó a la cabina y con el arma que portaba logró que el comandante del avión cambiara de rumbo y aterrizara en la población cabecera de la mal llamada zona de distensión.

Una vez en San Vicente del Caguán A.R. abandonó la aeronave, fue recibido por los compinches guerrilleros allí radicados y el avión regresó a la ciudad de Neiva, a donde los diversos organismos de seguridad iniciaron las pesquisas pertinentes, funcionarios fiscales recibieron declaración a la tripulación y pasajeros, habiendo sido retenidos los guardianes C.G., O.V. y J.R., e incautadas las armas oficiales a ellos asignadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

(…).

Para resolver se considera:

Dilucidado como se encuentra, entonces, que los hechos investigados ocurrieron, que los mismos se enmarcan perfectamente en los delitos de apoderamiento y desvío de aeronave, rebelión, fuga de presos y porte ilegal de armas de defensa personal; y que, además, A.R. es el autor de la comisión de tales conductas punibles; resta agregar, que los comportamientos anunciados devienen igualmente antijurídicos y culpables ya que, en primer lugar, se lesionó y puso efectivamente en peligro, sin causa que los justifique, los bienes jurídicamente tutelados de la libertad individual, régimen constitucional, eficaz y recta impartición de justicia y seguridad pública; en segundo término, el incriminado actuó a sabiendas que sus acciones eran contrarias a la ley y sin embargo las quiso y realizó, esto es, su actuar estuvo revestido de dolo, sin la concurrencia de ninguna de las enervantes consagradas en el artículo 32 del Código Penal. Entonces, claro es afirmar que están dadas las exigencias de orden sustancial y procesal para dictar fallo de condena.

(…).

Situación de los exservidores públicos C.G., O.V. y J.R.

Bien poco es lo que tiene el juzgado para agregar a las claras y cimentadas argumentaciones esbozadas en la vista pública por los señores funcionarios fiscal y del Ministerio Público e igualmente por el defensor contractual de dicho[s] acriminados, cuando solicitaron adopción de fallo absolutorio por los delitos motivo del juzgamiento.

Sabemos que en el pliego acusatorio se imputó a C.G., O.V. y J.R., complicidad frente al delito de apoderamiento y desvío de aeronave y autoría respecto a las conductas punibles de favorecimiento de la fuga y en el porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Ahora bien, no obra en el plenario ningún medio de prueba del que puede inferirse siquiera tangencialmente, que hubiesen sido los guardianes acusados los que suministraron a A.R. el arma de fuego (pistola Pietro Beretta, calibre 9 mm, según lo confesó A.R. ante la televisión), menos aún que ellos la introdujeron y la dejaron en el baño del avión. Entonces, si tampoco aflora prueba indirecta, llámese indicio, para deducir que los sindicados realizaron esa conducta típica o que ubicaron su comportamiento dentro de alguno de los núcleos rectores alternativos indicados en el canon 365 del Código Penal (L. 599/2000), de manera alguna es posible endilgarles autoría en el mencionado porte de armas.

De otro lado, no se evidencia por parte alguna que C.G., O.V. o J.R., hubiesen procurado o facilitado de manera consciente y voluntaria, la fuga de A.R. Ello no es posible afirmarlo porque, como se dijo en el acápite precedente, ninguna participación se les puede atribuir en el suministro del arma de fuego a A.R., elemento bélico que sin asomo de duda fue determinante en la fuga; además, solamente lo conocieron pasado el mediodía del siete (7) de septiembre, un día antes de la evasión, cuando con otros guardianes del Inpec lo trasladaron al Aeropuerto El Dorado para conducirlo a Florencia, no habiendo podido abordar el avión de Aires ya que, según ellos, les impidieron el abordaje porque llevaban al detenido esposado; lo que confirmó el Gerente ejecutivo de esa empresa, haciendo saber que “al momento de abordar el transporte a la aeronave, la encargada de turno de la sala de espera regional detectó que uno de los pasajeros utilizaba esposas por lo que en cumplimiento del procedimiento aprobado por la Aeronáutica Civil para el transporte de pasajeros en condiciones (sic) jurídica especiales suspendió el abordaje, […]”.

Decir que los guardianes sindicados el día de los hechos (sept. 8/2000), omitieron informar a la empresa Aires que viajarían con un detenido con destino a Florencia, es cuestión que cae de su peso. [¿]Por qué? Ya lo dijo el gerente ejecutivo, que el día anterior (sept. 7/2000) la empleada de turno en la sala de espera regional, no había permitido el abordaje porque uno de los pasajeros utilizaba esposas; entonces, si de eso se percató en forma personal y directa esa dependiente de la aerolínea, obvio, natural y lógico deviene concluir que esa persona esposada no era otra que un detenido; máxime si, como lo aseveró C.G., fue esa empleada quien le colaboró en la reserva de cupo para el siguiente día. Si eso fuera poco, nótese que C.G. el citado día siete (7), a las 15:20 horas, aforó o entregó en el armerillo los tres revólveres oficiales, los que le fueron devueltos minutos después; al siguiente día, a las 15:05 horas, repitió la misma gestión. Ineludible es, que esos empleados de la empresa aérea se noticiaron que eran miembros del Inpec, porque sin la exhibición del salvoconducto de las armas, no las habían recibido.

Debe destacarse también, que la funcionaria de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, (…), manifestó que luego de ocurridos los hechos delictuales, sus subalternos le informaron “[…] que todo se había cumplido y que se había hecho un recorrido al procedimiento efectuado en cuanto a los controles de seguridad efectuados a todos los pasajeros que abordaron ese día el avión de Aires indicando específicamente que a los tres guardianes de seguridad del Inpec y al detenido que ellos custodiaban, se les había requisado minuciosamente y que a los tres guardianes que portaban armas, se las retuvieron como indica el procedimiento especial y se guardaron en el armerillo […]”. Agréguese que el coronel Norberto Mauricio Agudelo García, comandante de policía en el Aeropuerto El Dorado, sostuvo que “ese día fueron tres guardianes custodiando un detenido, aforaron el arma en el armerillo de la Policía, abordaron el avión y después me enteré que había sido desviado de su curso y se había evadido el detenido en San Vicente del Caguán”.

No es posible aseverar, entonces, que los guardianes sindicados ocultaron dolosamente la misión del traslado del detenido; tampoco que funcionarios de la empresa Aires y policiales del Aeropuerto El Dorado, desconocían absolutamente que viajaría un recluso. En esas condiciones, no es viable atribuirle a los procesados C.G., O.V. y J.R. autoría en el favorecimiento de la fuga que perpetró A.R.

El tercer punible endilgado en la resolución de acusación a los jóvenes exservidores del Inpec, fue el apoderamiento y desvío de aeronave, a título de complicidad. Si esta forma de participación consiste en contribuir a la realización de la conducta antijurídica o prestar una ayuda posterior, “por concierto previo o concomitante a la misma”, como la define el inciso 3º del artículo 30 de la Ley 599 de 2000; lejos se encuentra de poder endosarles ese delito. Insístese, que los mencionados acusados, o por lo menos no hay prueba en que pueda anclarse posición contraria, no suministraron a A.R. el arma de fuego; no contribuyeron ni facilitaron la fuga de A.R., menos aún que entre los guardianes y el detenido que iba en remisión, se presentó acuerdo previo o concomitante para el apoderamiento y desvío hacia San Vicente del Caguán del avión de Aires. Descártase así, la complicidad que se les asignó en la comisión de esa conducta punible.

(…).

En esas condiciones, comoquiera que no obra en el plenario la prueba que para condenar demanda el inciso 2º del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, acogiendo los planteamientos del funcionario fiscal y el abogado defensor contractual, y en buena parte los del señor Procurador, se proferirá sentencia absolutoria en favor de los acriminados C.G., O.V. y J.R.

Libertad provisional. Con fundamento en el numeral 3º del artículo 365 del CPP, se otorgará la libertad provisional a los implicados C.G., O.V. y J.R., de la que disfrutarán previa suscripción de diligencia en la que se comprometan a cumplir las siguientes obligaciones: a) observar buena conducta social, individual y familiar; b) informar dirección de residencia y oportunamente todo cambio de la misma; c) presentarse al despacho judicial que esté conociendo de este asunto, cuando sean requeridos; y, d) no salir del país sin previa autorización judicial, (…)”(22) (negrillas adicionales fuera del texto original).

• Que mediante sentencia de 22 de abril de 2002, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, se confirmó la absolución de los ahora demandantes(23).

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que los señores O.V., C.G. y J.R. fueron procesados penalmente por la supuesta comisión de los delitos de “apoderamiento y desvío de aeronave, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y favorecimiento de la fuga” y, como consecuencia de ello, privados físicamente de su libertad por disposición de la Fiscalía General de la Nación entre el 14 de septiembre de 2000(24) y el 15 de febrero de 2002, momento en el cual obtuvieron el beneficio de la libertad provisional y, a partir de la referida fecha se encontraban privados jurídicamente de su libertad hasta el 22 de abril de 2002, fecha en la que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva confirmó el fallo absolutorio dictado por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Neiva, por cuanto tales ciudadanos no cometieron las conductas punibles que se les habían endilgado.

Así, pues, es evidente que la privación de la libertad de los demandantes configuró para ellos un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaban en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación(25), mucho menos cuando dicha detención se dio en el marco de una investigación adelantada por unos delitos que nunca cometieron.

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la Fiscalía General de la Nación no tiene vocación de prosperidad, por lo que se pasarán a estudiar los cuestionamientos frente al reconocimiento de las indemnizaciones, formulados por las partes demandante y demandada.

4. Indemnización de perjuicios.

4.1. Perjuicios morales.

Respecto de dicha indemnización, por un lado, la parte demandada consideró que fue excesiva, mientras que por el otro, la parte actora adujo que tal reconocimiento no se compadecía “con la gravedad e intensidad de afectación psicológica padecida” por los ahora demandantes, razón por la cual, la Sala procederá a analizar este aspecto.

Pues bien, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(26) y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

En punto de lo anterior, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia respecto de la indemnización de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y, en consecuencia, estableció los siguientes parámetros para calcular la referida indemnización:

Reparación del daño moral en caso de privación injusta de la libertad
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad.Víctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el primer grado de consanguinidadParientes en el segundo grado de consanguinidadParientes en el tercer grado de consanguinidadParientes en el cuarto grado de consanguinidad y afines hasta el segundo gradoTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del monto de la víctima directa35% del monto de la víctima directa25% del monto de la víctima directa15% del monto de la víctima directa
smlmv
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 meses e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 meses e inferior a 128040282012
Superior a 6 meses e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 meses e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 mes e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1 mes157,55,253,752,25

Así las cosas, teniendo en cuenta que los señores C.G., O.V. y J.R. fueron privados injustamente de la libertad —tanto física como jurídicamente, como se explicó líneas atrás— durante diecinueve (19) meses y ocho (8) días y que el padecimiento moral que dicha medida le produjo a ellos y a sus familiares debe ser resarcido, se le debe reconocer a las víctimas directas y a sus familiares los siguientes montos:

DemandanteValor
O.V. (víctima directa)100 smlmv
L.V. (padre del señor O.V.)(27)100 smlmv
B.V (madre del señor O.V.)(28)100 smlmv
J.V. (hermano del señor O.V.)(29)50 smlmv
W.V. (hermano del señor O.V.)(30)50 smlmv
Y.V. (hermana del señor O.V.)(31)50 smlmv
J.V. (hermano del señor O.V.)(32)50 smlmv
J.R. (víctima directa)100 smlmv
M.L. (compañera permanente del señor J.R.)(33)100 smlmv
A.R. (hija del señor J.R.)(34)100 smlmv
F.C. (madre del señor J.R.)(35)100 smlmv
A.R. (hermana del señor J.R.)(36)50 smlmv
C.R. (hermano del señor J.R.)(37)50 smlmv
C.R. (hermana del señor J.R.)(38)50 smlmv
M.R. (hermana del señor J.R.)(39)50 smlmv
D.R. (hermana del señor J.R.)(40)50 smlmv
C.G. (víctima directa)100 smlmv
A.G. (hijo del señor C.G.)(41)100 smlmv
J.G. (padre del señor C.G.)(42)100 smlmv
F.A. (madre del señor C.G.)(43)100 smlmv
J.G. (hermano del señor C.G.)(44)50 smlmv
O.G. (hermana del señor C.G.)(45)50 smlmv
A.G. (hermano del señor C.G.)(46)50 smlmv

Por último, se debe advertir que la Sala denegará el reconocimiento indemnizatorio por concepto de perjuicios morales reclamado por la señora A.S., por cuanto, si bien en la sentencia de primera instancia se indicó que se encontraba acreditada su calidad como compañera permanente del señor C.G., lo cierto es que una vez examinado el expediente en su integridad no se encontró elemento probatorio alguno que acredite dicha circunstancia, ni mucho menos se demostró su condición de tercera damnificada.

4.2. Daño a bienes constitucionalmente protegidos, denominado por el actor como “daño a la vida de relación”(47).

En reciente pronunciamiento el Consejo de Estado precisó que la afectación o vulneración de derechos o bienes protegidos convencional o constitucionalmente, como lo son los derechos a tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, cuando se trata de alteraciones que perjudican la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, son susceptibles de ser protegidos por vía judicial. De modo que quienes los sufren tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa(48).

Dichos perjuicios, como los demás, pueden acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso pueden darse por demostrados en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucionalmente protegido.

Así las cosas, debe entenderse entonces que la pretensión a que se refiere este acápite encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, los cuales evidentemente resultaron afectados con la medida impuesta a los ahora demandantes, razón por la cual, en el presente caso, se encuentra que dicha vulneración se concretó en punto al artículo 21 de la Constitución Política, que hace referencia al derecho a la honra y al buen nombre.

En efecto, el declarante O.N., respecto del reproche social de que fueron objeto los ahora demandantes, manifestó lo siguiente (se transcribe de manera textual):

“Debo manifestar al despacho que se vieron afectados tanto los sindicados para la época como todos sus familiares, debo decir que los primeros toda vez que el despliegue publicitario de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional conllevaron a un escarnio público donde ni los mismos colegas de la ciudad de Neiva querían asumir o quisieron asumir la defensa de los mismos, toda vez que debemos recordar que para la época se contaba con la inseguridad nacional y como fue reconocido Neiva tenía una marcada alteración del orden público donde fluían los grupos al margen de la ley, pero en especial la guerrilla. Debo recordar que en más de una ocasión tuve que solicitar al Inpec seguridad especial para los mismos, que el Instituto Nacional Penitenciario le faltó al derecho fundamental a la vida pues siendo funcionarios públicos debían haber sido recluidos en un sitio especial para los mismos que para la época existía sin embargo así no se hizo sino que fueron atropellados por parte del Estado en sus derechos fundamentales (…)”(49) (negrillas adicionales).

A su turno, el señor L.P. sostuvo que:

“Pues a raíz del problema y después de quedar en libertad, los amigos del pueblo murmuraban que él (señor J.R.) era auxiliador de la guerrilla, y que tenía culpa y (sic) que tenía culpa en la fuga del interno, y le decían esto lo afectó moralmente, no hablaban cosas buenas, de pronto los que estuvimos cerca y fuimos compañeros sabíamos bien cómo habían sido las cosas pero la demás gente no; por esta razón se ha sentido rechazado por la misma comunidad (…). Pregunta: [¿]Le consta del daño sufrido al honor y al buen nombre del señor J.R. y la afectación que por esta causa asumieron sus familiares[?] Dijo: Sí, claro, porque desde un momento en que ocurrieron los hechos en todos los medios de comunicación tanto escritos, como por televisión y radio se le acusaba a J.R. que era uno de los cómplices para que hubiera ocurrido esa fuga, por lo tanto siempre se murmuraba y la gente decía que s[í] él era guerrillero o colaborador con ellos porque, porque habían colaborado con ellos, para esa época no solo fue noticia nacional sino internacional porque fue cuando lo de la zona de despeje(50) (se destaca).

Así las cosas, al encontrar e identificar el bien constitucionalmente protegido que resultó afectado con la medida impuesta a los hoy actores, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, razón por la cual cabe concluir que resulta procedente disponer una medida no pecuniaria para efecto de su reparación, pues, como se dijo anteriormente, la reparación de esta tipología de perjuicio se efectúa, principalmente, a través de medidas de carácter no pecuniarios y, de manera excepcional, a través de la reparación económica cuando aquellas no resulten suficientes para reparar integralmente a la víctima.

En este sentido, al observar que los derechos a la honra y al buen nombre de los investigados se vieron afectados con el despliegue mediático que rodeó su vinculación al proceso penal, la Sala considera que para el presente caso resulta pertinente privilegiar la medida no pecuniaria, en punto a ordenar a la Fiscalía General de la Nación que disponga la publicación de la presente providencia en un link destacado en su página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis meses, además de divulgar a los medios de comunicación sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad de los investigados.

4.3. Perjuicios materiales.

4.3.1. Daño emergente.

En lo atinente al reconocimiento de dicha indemnización, el tribunal administrativo a quo sostuvo lo siguiente:

“(…) El abogado Óscar Barrera Hurtado, el que fuera el defensor de los accionantes durante el proceso penal adelantado en su contra, expuso que asumió la totalidad del proceso y recuerda haberles pedido a las 3 familias ciento veinte millones de pesos ($120.000.000), pero luego lo dejó en noventa millones ($90.000.000), treinta millones ($30.000.000) por cada familia, asumiendo todos los gastos.

Por tanto es dable aceptar que el pago de honorarios de abogado, lo realizaron las familias de O.V., C.G. y J.R., pero fueron sus familiares y no ellos y comoquiera que en las pretensiones de la demanda (pretensión tercera) se pide para ellos y no para sus familiares, verdaderos perjudicados, no se puede reconocer esta pretensión porque no fueron los referidos demandantes los que realizaron el gasto pedido; por tanto no puede haber reconocimiento extrapetita(51).

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora, en su impugnación, adujo que:

“El suscrito respeta pero no comparte el anterior razonamiento, porque frente a situaciones como la planteada en el caso sub judice, esto es, la reclusión de una persona dentro de un establecimiento carcelario, es evidente que por esa condición no puede asumir directamente el costo económico de su defensa ante la imposibilidad de disponer de su libre derecho a la locomoción y conseguir los recursos necesarios para pagarle al abogado defensor. Es allí donde la familia cumple un rol vital en la vida del detenido, no solo mediante un apoyo moral o psicológico, sino también, procurando los medios económicos necesarios para sufragar los gastos de una defensa técnica que (sic) se exitosa como ocurrió en el caso concreto con el abogado Óscar Barrera Hurtado.

Es aquí donde se materializa el principio de solidaridad entre los miembros de una familia como núcleo esencial de nuestra sociedad y por ende, el menoscabo patrimonial que se predica a su interior. Fue el Estado con su conducta quien los hizo incurrir en gastos onerosos que no tenían el deber jurídico de soportar. La prueba testimonial es bien diciente respecto de las penurias que tuvieron que pasar los demandantes y el esfuerzo económico realizado para cumplir con el compromiso adquirido con el apoderado que los defendió durante el trámite de todo el proceso penal. Mal haría el suscrito en traer al proceso unos recibos de pago firmados por los detenidos, cuando era imposible que desde la cárcel tuvieran los recursos necesarios para asumir el costo de su defensa (…)”.

Ahora bien, esta Subsección denegará el reconocimiento de la indemnización aludida, por cuanto no se encuentra acreditado el pago, de conformidad con lo que a continuación se explicará:

En primer lugar, dentro del encuadernamiento obra la declaración del señor L.R. quien señaló que:

El papá de O.V. tenía un ganado y le tocó venderlo para el pago de los abogados. Lo supe por el trato que tengo y tenía con él, lo que me comentaba el hijo del sufrimiento del papá y la mamá, de la venta del ganado y hasta endeudándose (…). El primer abogado que ellos tuvieron, no recuerdo el nombre, les cobró 20 millones de pesos y no hizo nada prácticamente, ya el segundo no sé cuánto pero me dijeron que se le fueron con los otros unos 80 o 90 millones, no sé si entre los tres o individual”(52) (se destaca).

A su turno, el señor H.P. manifestó:

“Esta diligencia está relacionada con la situación de O.V. que primero que todo me sorprendió mucho cuando supe la noticia, eso fue por los años 2000 y 2002, considero que fue muy dura la noticia para mí pues conozco la familia, con un hijo en la magnitud de la noticia de que se había volado un guerrillero que ellos traían preso, duro sobre todo para la parte anímica, para él que sabe cómo es la familia, en lo económico a L.V. lo afectó muchísimo buscando recursos para resolver la situación de la familia. Uno de los primeros que entró a comprarle un ganado que él tenía fui yo, me contó la situación que como era uno de sus amigos se lo (sic) compré por 16 millones para pagar abogado para sacarlo de ese problema. Entonces era como lo que tenía a primera mano para vender, luego una finquita y después una casa en Florencia (…)”(53) (se destaca).

Por su parte, los declarantes S.F. y R.B. señalaron que la familia del señor J.R. se vio obligada a vender un bien inmueble para poder sufragar los honorarios profesionales del abogado que ejercía la defensa dentro del proceso penal adelantado en contra de dicho ciudadano(54).

Por último, dentro del caudal probatorio obra el testimonio del abogado que adelantó la defensa técnica de los ahora demandantes dentro del proceso penal, quien señaló:

“De mis honorarios, recuerdo que asumiendo la totalidad del proceso y la segunda instancia con todos mis desplazamientos recuerdo haber pedido por la defensa ciento veinte millones total por la defensa de todos, logrando un acuerdo después de que uno de ellos y me refiero a O.V., pareciéndole mucho me retira el poder, el cual vuelvo a asumir días siguientes, si no estoy mal en la ampliación de la indagatoria dejamos en noventa millones de pesos, es decir treinta millones pagarían cada una de las familias pues mi colega quien actuó por unos escasos días le había solicitado a la familia V. unos honorarios superiores a los míos y viendo la situación, el desplazamiento que tenía que hacer, los abogados que contacté para que me asistieran permanentemente allí, asumiendo yo todos los gastos”(55).

Desde esta panorámica, esta Subsección observa que si bien los testimonios dan cuenta de que los grupos familiares de los señores O.V. y J.R. vendieron un ganado y un bien inmueble, respectivamente, para cancelar los honorarios del abogado defensor, lo cierto es que dentro del expediente no se encuentra acreditado que los recursos obtenidos con dichas negociaciones hubieren sido destinados a sufragar tales honorarios.

Aunado a ello, el testimonio del abogado que defendió a los hoy actores dentro del proceso penal dio cuenta del valor de los servicios profesionales prestados, no obstante, en ningún momento afirmó que efectivamente se le hubiera cancelado la correspondiente suma de dinero.

En este orden de ideas, la Sala denegará el reconocimiento de tal indemnización, por cuanto no se acreditó el supuesto pago de los honorarios profesionales.

5. Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 15 de abril de 2011, los cuales quedarán así:

“3. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a reconocer a los demandantes por concepto de perjuicios morales los siguientes montos de dinero:

DemandanteValor
O.V. (víctima directa)100 smlmv
L.V. (padre del señor O.V.)100 smlmv
B.V. (madre del señor O.V.)100 smlmv
J.V. (hermano del señor O.V.)50 smlmv
W.V. (hermano del señor O.V.)50 smlmv
Y.V. (hermana del señor O.V.)50 smlmv
J.V. (hermano del señor O.V.)50 smlmv
J.R. (víctima directa)100 smlmv
M.L. (compañera permanente del señor J.R.)100 smlmv
A.R. (hija del señor J.R.)100 smlmv
F.C. (madre del señor J.R.)100 smlmv
A.R. (hermana del señor J.R.)50 smlmv
C.R. (hermano del señor J.R.)50 smlmv
C.R. (hermana del señor J.R.)50 smlmv
M.R. (hermana del señor J.R.)50 smlmv
D.R. (hermana del señor J.R.)50 smlmv
C.G. (víctima directa)100 smlmv
A.G. (hijo del señor C.G.)100 smlmv
J.G. (padre del señor C.G.)100 smlmv
F.A (madre del señor C.G.)100 smlmv
J.G. (hermano del señor C.G.)50 smlmv
O.G. (hermana del señor C.G.)50 smlmv
A.G. (hermano del señor C.G.)50 smlmv

4. ORDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación que, a fin de reparar el daño causado a los bienes constitucionalmente protegidos, disponga la publicación de la presente providencia en un link destacado en su página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis meses, además de divulgar a los medios de comunicación sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad de los investigados”.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

16 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

17 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

18 Al respecto consultar, por ejemplo, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

19 Se advierte que si bien dentro de la decisión apelada se indicó que en el expediente obra copia de la decisión que resolvió la situación jurídica de los ahora demandantes, lo cierto es que una vez examinado el expediente en su integridad se echa de menos la referida decisión judicial.

20 Folios 105-108, cuaderno 1.

21 Folios 28-46, cuaderno 1.

22 Folios 28-46 cuaderno 1.

23 Fls. 47-67 cuaderno 1.

24 Fecha en la cual se resolvió la situación jurídica de los ahora demandantes.

25 En este sentido debe recordarse que la Fiscalía General de la Nación solicitó al DAS Cundinamarca, mantener detenidos a los actores, mientras se llevaba a cabo su indagatoria y se les resolvía su situación jurídica.

26 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

27 Folio 73 cuaderno 1.

28 Folio 73 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

29 Folio 69 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

30 Folio 70 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

31 Folio 71 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

32 Folio 72 cuaderno 1, Registro civil de nacimiento.

33 Testimonio de los señores L.R. y R.B. (fls. 386-691, cdno. 2) dan cuenta de que la señora M.L. es la compañera permanente del señor J.R.

34 Folio 80 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

35 Folio 74 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

36 Folio 75 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

37 Folio 76 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

38Folio 77 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

39 Folio 78 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

40 Folio 79 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

41 Folio 85 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

42 Folio 84 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

43 Folio 84 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

44 Folio 81 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

45 Folio 82 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

46 Folio 83 cuaderno 1, registro civil de nacimiento.

47 Consultar sentencia de 10 de septiembre de 2014, expediente 36798.

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

49 Folios 310-313 cuaderno 2.

50 Folio 385-386 cuaderno 2.

51 Folio 471 cuaderno principal.

52 Folio 190 cuaderno 1.

53 Folio 192 cuaderno 1.

54 Folio 385, 389 cuaderno 2.

55 Folio 313 cuaderno 2.