Sentencia 2004-00482 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 130012331000200400482 01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

Recurso de apelación contra la sentencia de 25 de enero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Actor: TV Cable Promisión S.A.

Bogotá D.C., cinco de febrero de dos mil quince

EXTRACTOS «V. Consideraciones de la Sala

1. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso(2), la Sala se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

2. Cuestión previa.

En consideración a que el recurrente advierte la ocurrencia de una situación generadora de nulidad, debe la Sala, por razones de economía procesal, abordar su estudio con ocasión de la alzada; pues en caso tal que la misma prospere, no habría lugar a continuar con la evaluación de los demás aspectos formulados por el apelante contra la sentencia del a quo.

La circunstancia irregular denunciada por el recurrente, consiste en que el expediente administrativo solicitado por el a quo como prueba y allegado por la DIAN, corresponde a otro asunto distinto del que es objeto de litis; de modo que respecto de tal asunto se habrá de verificar si se configuró una nulidad procesal originada en la sentencia del Tribunal, por haberse fundado esta en pruebas que no se relacionan con la materia allí decidida.

Pues bien, consta en el expediente judicial que el Despacho sustanciador de la primera instancia ofició a la Administración Especial de Aduanas Nacionales de Cartagena para que remitiera con destino al proceso, copia del Expediente AO020350265 a nombre de TV Cable Promisión S.A(3), el cual reposa en aquel como cuaderno de pruebas número 1(4). No obstante, la parte actora había solicitado, en el acápite de pruebas de la demanda, el envío de copia autenticada del Expediente AO020350425(5), por lo que es constatable, que, en efecto, el expediente administrativo allegado al proceso judicial no fue el solicitado por la demandante.

Es del caso, entonces, verificar si la circunstancia así advertida cuenta con la potencialidad de anular el proceso a partir de su etapa probatoria, y para ello es preciso acudir al artículo 140 del CPC, por haber sido éste el estatuto procesal bajo el cual se sustanció el proceso judicial y resultar aplicable al presente caso por remisión expresa del artículo 267 del anterior CCA.

Así, la causal de nulidad asociada al aspecto probatorio se halla contemplada en el numeral 6º del artículo 140 del CPC en los siguientes términos:

“ART. 140.—El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(…)

6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión...”

Nótese que la norma no se refiere al hecho de que verse en el expediente una prueba distinta de la solicitada sino a la omisión de los términos probatorios pertinentes al proceso; luego, en estricto sentido, y bajo un entendimiento exegético de la disposición legal no habría lugar a reconocer la nulidad, pues las etapas para solicitar y recaudar las pruebas en primera instancia se cumplieron sin alteración alguna. Además, en atención al principio de taxatividad que rige en materia de nulidades, es claro que la situación advertida no halla consagración legal expresa.

Sin embargo, y a fin de garantizar el derecho de defensa y al debido proceso frente a las pruebas que soportan la decisión judicial, es preciso acudir a lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-491 de 1995, que al decidir sobre la exequibilidad del artículo 140 del CPC, morigeró la aplicación taxativa de las causales de nulidad al indicar que también puede alegarse como tal la prevista en el artículo 29 constitucional referida a la nulidad de la prueba obtenida con violación del debido proceso(6).

En este orden, es menester examinar si la circunstancia anotada se erige en una prueba violatoria del debido proceso, pues en caso tal que así sea, la nulidad habría de prosperar.

Pues bien, la Sala observa que, en el presente caso, la decisión plasmada en la sentencia de primera instancia tuvo como fundamento probatorio los actos demandados, los cuales obran en el cuaderno principal del expediente(7). A su vez, el fallo apelado adopta su decisión judicial acudiendo al análisis sobre la procedencia de la causal de aprehensión y decomiso allí impuesta en confrontación con los planteamientos de hecho y de derecho formulados por las partes. De este modo, no se advierte que la decisión judicial se hubiere soportado en pruebas que no conciernan a la situación fáctica y jurídica controvertida en el proceso.

Es claro, entonces, que la ausencia del expediente administrativo solicitado por la actora, no implicó vulneración alguna del artículo 29 de la C.P., en la medida en que ello no trascendió a la afectación del derecho fundamental al debido proceso, pues, como se anotó, los elementos probatorios esenciales a la decisión obraron en el expediente judicial, y la misma se fundó tanto en estos como en los hechos que por haber sido aceptados por las partes, constituyeron el fundamento fáctico de la situación debatida, como lo fue, por ejemplo, el que la falta de la licencia de importación condujo al decomiso, y el análisis jurídico relativo a establecer si tal situación encuadra en la causal endilgada por la Administración.

Ahora, la Sala no desconoce que la irregularidad advertida permite entrever una lamentable negligencia procesal por parte del Tribunal, que desafortunadamente, no fue alegada por ninguna de las partes, lo cual, dicho sea de paso, hace que la misma se entienda saneada en los términos del parágrafo del artículo 140 del CPC,(8) en el sentido que por no hallarse dicha situación dentro de las causales de nulidad que expresamente consagra la misma norma, aquella debía ser alegada en el momento procesal oportuno, so pena de su saneamiento.

En este orden, es de acotar que la falta del expediente administrativo correspondiente al caso no amerita declarar la nulidad procesal por cuanto, por un lado, ello no configuró una violación al debido proceso en los términos anotados; y, por el otro, al haber constituido la situación advertida, una irregularidad no tipificada como nulidad en el artículo 140 del CPC, permite que la misma se considere saneada al no alegarse por las partes, en el momento procesal pertinente dentro del trámite de la primera instancia.

No sobra agregar, en todo caso, que el expediente perteneciente al procedimiento administrativo objeto de la presente Litis, fue requerido por el actor en esta instancia, y el mismo fue solicitado a la Administración y recaudado como prueba por el Despacho sustanciador, de modo que este reposa en el expediente del proceso judicial como “Anexo Copia Expediente A0020350425”.

3. Así las cosas, la Sala procederá a desarrollar el estudio de la alzada, sin que se advierta vicio alguno que lo impida. Para el efecto, es del caso precisar que el recurrente controvierte la decisión de primera instancia con fundamento, en esencia, en que éste admitió la ocurrencia de la causal de decomiso prevista en el numeral 1.6. del artículo 502 del E.A., por considerar que la declaración de importación relacionó la mercancía como nueva, cuando la misma era realmente usada. Alega reiteradamente que aquella no plasma la palabra “nueva” para efectos de su descripción y que la mercadería se halla debidamente descrita, por lo que la causal endilgada no es procedente, al referirse ésta a defectos en esa materia.

En concordancia con lo anotado, el recurrente aduce que la falta de la licencia de importación no constituye un defecto en la descripción ni da lugar a considerar la mercancía como no declarada, y por tanto, no debe dar lugar al decomiso.

De lo anteriormente sintetizado la Sala ha de identificar, como punto de partida, si la falta de la licencia de importación que condujo al decomiso resultaba procedente como causal para el efecto, en aplicación del numeral 1.6 del artículo 502 del Estatuto Aduanero. Esta norma disponía, en su versión vigente para la época de los hechos, lo siguiente:

“ART. 502.—Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

(…)

1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Planilla de Envío, Factura de Nacionalización o Declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4º y 7º del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión”. (Resaltado fuera de texto).

Pues bien, es claro que el importador no aportó la licencia de importación requerida para mercancía usada consistente en decodificadores eléctricos dentro del término otorgado por la Administración, como prerrequisito para el otorgamiento de levante de la mercancía, tal como en efecto, lo admite la parte actora. De ahí que la DIAN estime, según se lee en la Resolución de Decomiso, que “la mercancía no está amparada en documento alguno que acredite su legal introducción al país, configurándose la falta administrativa de mercancía no declarada establecida en el artículo 232-1 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el 1132 de junio 20 de 2001 en concordancia con el numeral 1.6. del artículo 502 ibídem”(9).

Ahora, a fin de vislumbrar si la falta de la licencia de importación ubica a la mercancía en la situación de no declarada, es preciso transcribir lo dispuesto por el artículo 232-1, por regular la materia así:

“Mercancía no declarada a la autoridad aduanera.

Se entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando:

a) No se encuentre amparada por una Declaración de Importación;

b) No corresponda con la descripción declarada;

c) En la Declaración de Importación se haya incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía, o

d) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la Declaración de Importación.

Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 4º y 7º del artículo 128 del presente decreto, siempre que se configure cualquiera de los eventos señalados en el presente artículo, procederá la aprehensión y decomiso de las mercancías. Cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración, la aprehensión procederá sólo respecto de las mercancías encontradas en exceso. Sin perjuicio de lo previsto en los literales b) y c) del presente artículo, cuando habiéndose incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía en la Declaración de Importación, la autoridad aduanera pueda establecer, con fundamento en el análisis integral de la información consignada en la Declaración de Importación y en los documentos soporte de la misma, que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada, y los errores u omisiones no conlleven que la Declaración de Importación pueda amparar mercancías diferentes, no habrá lugar a su aprehensión, pudiéndose subsanar los errores u omisiones a través de la presentación de una Declaración de Legalización sin el pago de rescate”. (Resaltado fuera de texto).

A su vez, el Estatuto Aduanero, en su artículo 1º, establece como mercancía declarada la definición que a continuación se transcribe:

“Mercancía declarada. Es la mercancía nacional o extranjera que se encuentra descrita en una Declaración de Exportación, de Tránsito Aduanero o de Importación”. (Resaltado fuera de texto).

Como se observa, para que una mercancía se estime como no declarada es menester, esencialmente, que la misma no se encuentre descrita en la respectiva declaración de importación, vale decir, que aquella no halle coincidencia con los productos que se relacionan o describen en dicho documento, bien porque este se refiere a otra mercadería no identificable con la que ha de ser materia de importación, o por omisión de la respectiva descripción(10).

De acuerdo con lo expuesto, es de colegir que la ausencia de la licencia de importación, como documento soporte de la declaración, no redunda en que la mercadería se estime como no declarada, pues la misma se encuentra plenamente allí descrita tal como lo acepta la Administración en el auto de archivo que profirió con ocasión del requerimiento aduanero formulado inicialmente(11). En efecto, este documento indica textualmente lo siguiente:

“4. La condición de nuevo o usado no identifica la mercancía ni es causal de aprehensión.

(…)

Si tomamos la declaración que nos ocupa, y analizamos la descripción de la mercancía vemos que con este documento sólo podemos amparar la mercancía ahí descrita y no otra, pues sólo existe físicamente un decodificar (SIC) marca Gi General Instrument, modelo CFT - 2024, serial (…), etc., indistintamente que esté usado o nuevo, pues es y será el único con estas características”.

Por su parte, el artículo 121 del E.A., contempla el registro o licencia de importación como un documento soporte de la declaración, de forma tal que este no constituye un elemento que conduzca a calificar la mercancía como declarada o no pues el mismo no interfiere en la descripción o identificación del respectivo producto. Al efecto, es preciso considerar que la obtención de la licencia previa(12), como su nombre lo indica, es un requisito que debe cumplir el importador para efectos de nacionalizar la mercancía; pero, en caso tal que aquella no se hubiere obtenido con anterioridad al levante frente a una mercadería sometida a ese requisito, el interesado debe proceder o bien a reembarcar la carga hacia el exterior, en los términos permitidos por el artículo 115 del E.A., o la Administración deberá concederle el lapso de treinta (30) días previsto en el numeral 6º del artículo 128 ibídem, con el fin de que el usuario aporte el documento tendiente a acreditar el cumplimiento de la restricción legal o administrativa. Tales disposiciones legales señalan, en lo pertinente, lo siguiente:

“ART. 115.—“Permanencia de la mercancía en el depósito.

Para efectos aduaneros, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, hasta por el término de dos (2) meses, contados desde la fecha de su llegada al territorio aduanero nacional. (…)

El término establecido en este artículo podrá ser prorrogado hasta por dos (2) meses adicionales en los casos autorizados por la autoridad aduanera y se suspenderá en los eventos señalados en el presente Decreto.

“PAR.Vencido el término previsto en este artículo sin que se hubiere obtenido el levante, o sin que se hubiere reembarcado la mercancía, operará el abandono legal. El interesado podrá rescatar la mercancía de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 231 del presente Decreto, dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca el abandono.

Transcurrido el término establecido para rescatar la mercancía, sin que se hubiere presentado la respectiva Declaración de Legalización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá disponer de la mercancía por ser ésta de propiedad de la Nación”. (Resaltado fuera de texto).

“ART. 128.—Autorización de levante.

La autorización de levante procede cuando ocurra uno de los siguientes eventos:

(…)

6. Cuando practicada inspección aduanera física o documental, se detecten errores en la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad, tratamientos preferenciales y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, presente Declaración de Corrección en la cual subsane los errores que impiden el levante y que constan en el acta de inspección elaborada por el funcionario competente, o constituye garantía en debida forma en los términos y condiciones señalados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En estos eventos no se causa sanción alguna. El término previsto en este numeral será de treinta (30) días, siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, si la corrección implica acreditar, mediante la presentación de los documentos correspondientes, el cumplimiento de restricciones legales o administrativas. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Obsérvese, entonces, que el proceder de la Administración fue errado al no otorgarle al importador el término de treinta (30) días previsto en la norma aplicable al caso, sino el de cinco (5) días relativo a las situaciones en que se presentan deficiencias en la información consignada en la declaración de importación o no se allegan los documentos soportes de acuerdo con el numeral 9º ibídem(13); lo cual, según se anotó, no corresponde a la situación acaecida en el sub lite, pues esta concierne específicamente al cumplimiento de restricciones legales o administrativas, cuya acreditación, se reitera, cuenta con el término antes anotado a favor del usuario aduanero.

Por otra parte, es de advertir que el no aportar los documentos que demuestran el cumplimiento de las restricciones legales o administrativas correspondientes a la mercancía, se erige en causal de aprehensión y decomiso de acuerdo con el literal 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, cuando se ha superado el término de treinta (30) días contemplado en el numeral 6º del artículo 128 del E.A., sin que aquellos se hubieren acreditado. La causal señala expresamente lo siguiente:

“ART. 502.—Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

(…)

1.25. Cuando dentro de los términos a que se refiere el numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6º y 9º del mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción legal o administrativa…” (Resaltado fuera de texto).

Lo anotado permite colegir, de un lado, que existió un desacertado manejo procedimental de la situación fáctica acontecida al no conceder la DIAN el término dispuesto en el artículo 128 numeral 6º, como presupuesto indispensable para establecer la eventual configuración de la causal de decomiso del numeral 1.25 del artículo 502 ibídem; la cual, se recalca, hubiere sido la procedente, en el hipotético caso en que el importador no aportare el respectivo documento al vencimiento del mismo; y, por el otro, que dicho yerro procedimental redunda en violatorio del debido proceso, pues de haberse obrado de conformidad con la normativa aplicable al caso, el importador habría contado con un lapso de tiempo suficientemente amplio para allegar el registro de importación.

En este punto, es del caso considerar que los treinta (30) días contemplados en el plurimencionado numeral 6º del artículo 128 del E.A, son hábiles(14) desde la fecha de la inspección aduanera; y, obra en el expediente la licencia o registro de importación otorgada por el Mincomex(15) el 30 de septiembre de 2002(16); por lo que es posible advertir que esta ya existía para la época de dicha diligencia y de la aprehensión de la mercancía(17), sin que le hubiere sido posible al importador allegarla en el escaso término concedido para el efecto.

En este orden de ideas, la Sala concluye que el desatino procesal anteriormente descrito, aunado a que la causal del numeral 1.6. del artículo 502 del E.A., endilgada por la Administración, no se configuró por no tratarse de mercancía no declarada o no soportada en una declaración de importación, según se explicó, proporciona motivos suficientes para admitir que los actos acusados no se ajustan a derecho, y por ende, deben ser declarados nulos.

4. Finalmente, y en lo que respecta al restablecimiento del derecho solicitado por el demandante, consistente en que la DIAN se abstenga de hacer efectiva la póliza emitida por Liberty Seguros para garantizar la devolución de la mercancía en caso de decomiso, es de anotar que tal declaratoria no resulta procedente en el sub lite, dado que el efecto directo de la misma se habría de materializar en la esfera jurídica de la compañía aseguradora y no en la de la parte demandante(18). Ello, considerando, además, que dicha Compañía no tuvo intervención alguna en el proceso.

Sobre la intervención de la compañía de seguros en procesos de decomiso de mercancías respaldadas por una póliza en reemplazo de aprehensión, sea esta la ocasión para rectificar la posición jurisprudencial que anteriormente sostenía esta Sección, en el sentido que cuando la aseguradora no había sido vinculada al proceso se declaraba la nulidad de lo actuado, por considerarse aquella como un tercero interesado en las resultas del mismo(19). En esta oportunidad, la Sala advierte que la no intervención de la aseguradora en este tipo de procesos no genera vicio alguno, en la medida en que su participación no halla una relación directa con el cuestionamiento de legalidad del acto de decomiso, sino que su interés versa concretamente sobre la efectividad de la póliza. En este orden, las pretensiones de la aseguradora a ese respecto, bien pueden ser planteadas ante esta Jurisdicción al demandar el acto por el cual se declara incumplida la obligación de devolver la mercancía y se ordena hacer efectiva la respectiva garantía. Nótese, entonces, que en el proceso por el cual se controvierte el acto de decomiso, el eventual llamamiento de la aseguradora no es siquiera necesario al no adoptar ésta la calidad de tercero interesado en el proceso, por las razones anotadas.

De otra parte, la Sala no desconoce que el procedimiento por el que la DIAN declara el incumplimiento del deber de entregar la mercancía y ordena hacer efectiva la póliza, depende jurídicamente de la existencia de un acto administrativo en firme de decomiso; de forma tal que al declararse nulo este último, resulta obvio que no ha de tener lugar aquel, al desaparecer la causa de la obligación por ilegalidad(20). En otras palabras, al declararse la nulidad de los actos administrativos de decomiso, es claro que no le asiste al demandante la obligación de devolver la mercadería, y por contera, tampoco habrá de hacerse efectiva la póliza de seguro tendiente a garantizar el cumplimiento de tal deber.

No obstante lo anterior, se reitera, no es factible acceder a la solicitud sugerida por el demandante, mediante el reconocimiento de la situación jurídica advertida a su favor, toda vez que la misma no comporta el resarcimiento de un derecho a aquel conculcado con ocasión de los actos declarados nulos.

Ahora, el eventual restablecimiento del derecho, entendido como el retrotraer las cosas al estado anterior a la emisión del acto ilegal, puede consistir en que la Administración devuelva al interesado lo que éste sufragó como prima por la póliza otorgada en reemplazo de la aprehensión, pues ello sí corresponde a un estipendio que afectó directamente su patrimonio, y que se generó en una actuación cuya nulidad prosperó. Sin embargo, en el presente caso, el actor no formuló solicitud alguna en tal sentido, por lo que la misma tampoco habrá de reconocerse.

En este orden de ideas, la Sala procederá a revocar la sentencia recurrida en apelación para declarar la nulidad de los actos acusados; y, denegar las demás pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta Providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Falla

1. Revócase la sentencia recurrida en apelación; y, en su lugar se dispone:

2. Declárese la nulidad de las resoluciones 1934 de septiembre 25 de 2003 y 2453 de noviembre 28 de 2003, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN - Administración Especial de Aduanas de Cartagena.

3. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

4. Reconócese personería jurídica a la doctora Ángela María Rodríguez Hernández, con tarjeta profesional Nº 125554-D1 del C.S. de la J., y Cédula de Ciudadanía Nº 52.704.490, como apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Equivalente al 357 del CPC.

(3) Folio 103 del cuaderno principal del expediente.

(4) Consta de 583 folios.

(5) Folio 14 ibídem.

(6) Léase también la sentencia C-713 de 2008.

(7) Folios 15 y siguientes.

(8) “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”.

(9) Resolución de Decomiso Nº 1834 de septiembre 25 de 2003, folios 15 a 36 del cuaderno principal del expediente. El aparte trascrito se lee a folio 35 ibídem.

(10) Sobre mercancía no declarada se ha pronunciado esta Sección en varias oportunidades de las que se destaca lo señalado Sentencias de 23 de agosto de 2007, Expediente 1997-01380-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 30 de octubre de 2008, Expediente 1998-01749-02, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón; 16 de septiembre de 2010, Expediente 2001-3463-01, M.P. María Claudia Rojas Lasso, entre otras.

(11) Folios 119 a 135 del cuaderno “Anexo copia Expediente A0020350425”.

(12) El Decreto 444 de 1967 señala lo siguiente sobre el régimen de licencia previa:

“ART. 7º—A través del requisito de licencia previa, el Gobierno regulará las importaciones en la medida en que lo juzgue necesario, para lograr los siguientes objetivos

a) Graduar la demanda futura de cambio exterior;

b) Restringir los consumos superfluos, y

c) Coordinar la política de importaciones con los planes de desarrollo económico y social.

Por su parte, el numeral 20 del artículo 2º del Decreto 210 de 2003 radica en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la facultad de regular lo concerniente a la licencia previa o de importación así:

“ART. 2º—Funciones Generales. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tendrá las siguientes funciones generales:

(…)

20. Establecer los trámites, requisitos y registros ordinarios aplicables a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios y tecnología, y aquellos que con carácter excepcional y temporal se adopten para superar coyunturas adversas al interés comercial del país. Todo requisito a la importación o exportación en tanto es una regulación de comercio exterior, deberá establecerse mediante decreto suscrito por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Ministro del ramo correspondiente”.

De otro lado, la Resolución 001 de 1995 de dicha Entidad, y vigente para la época, disponía:

“ART. 21.Además de los bienes incluidos en la lista de licencia previa se consideran dentro de este régimen: las solicitudes del régimen de libre que sean no reembolsables; aquellas en que se solicite exención de derechos de aduana; las que amparen mercancías imperfectas, usadas o saldos; las que utilicen el sistema de licencia anual” (Resaltado fuera de texto).

(13) El numeral 9º del artículo 128 establece:

“Cuando practicada inspección aduanera física o documental, se establezca la falta de alguno de los documentos soporte, o que estos no reúnen los requisitos legales, o que no se encuentren vigentes al momento de la presentación y aceptación de la declaración, y el declarante dentro de los cinco (5) días siguientes los acredita en debida forma…”

(14) Artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal.

(15) Actual Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(16) Folio 66 del cuaderno Anexo Copia Expediente A0020350425.

(17) En el expediente no obra el acta de la inspección aduanera practicada. Sin embargo, es claro que si la inspección ocurrió en un momento cercano y anterior al del acta de aprehensión de la mercancía, esto es, 17 de octubre de 2002, ya le había sido concedida al importador la licencia de importación para esa fecha, al ser esta de 30 de septiembre de 2002.

Sobre la proximidad entre las fechas de inspección aduanera y de aprehensión vale la pena tener en cuenta el artículo 85 de la Resolución 4240 del 2000, por la cual se reglamenta el Decreto 2685 del 2000 cuyo tenor señala:

“Acta de inspección. Una vez terminada la diligencia, el funcionario aduanero elaborará a través del sistema el acta de inspección, en donde dejará consignado los resultados totales o parciales de la diligencia, indicando si hubo autorización de levante, improcedencia del mismo y/o la aprehensión de las mercancías. En este último evento deberá diligenciar el acta de aprehensión”. (Resaltado fuera de texto).

(18) Al respecto, es pertinente tener en cuenta que el siniestro entendido como el incumplimiento de la obligación garantizada afecta la póliza de seguro expedida por parte de la respectiva compañía y es a ella a la que se realiza su cobro. Conviene traer a colación la Sentencia de 21 de septiembre del 2000, Expediente 2000-N5796, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero:

“Para la Sala, el actor parte de una premisa errada cuando asevera que se está extendiendo la responsabilidad de la aseguradora, pues es claro que ésta se concreta a la ocurrencia del siniestro, que en este caso se configura con el incumplimiento de la obligación garantizada…”

Asimismo, léase la sentencia de Sentencia de 6 de junio de 2013, Expediente 2009-00245-01, M.P. María Elizabeth García González.

(19) Se trae a colación, a manera de ejemplo, lo señalado en sentencia de 20 de enero de 2005, Expediente 1995-00459-01, M.P. Camilo Arciniegas Andrade en la que se indicó:

“Llegada la oportunidad procesal para decidir, el Consejero Ponente advirtió que el auto admisorio de la demanda no había sido notificado a Confianza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso puesto que expidió la Póliza de Cumplimiento 01-028-1068608 (…). Como quiera que la falta de notificación del auto admisorio de la demanda a la compañía aseguradora encuadra dentro de la causal de nulidad prevista en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse notificado todas las personas que pueden tener interés directo en las resultas del proceso, y teniendo en cuenta que conforme al artículo 144 ídem es saneable si la alega la persona interesada y afectada, mediante auto de 3 de abril de 2003 se ordenó ponerla en conocimiento del representante legal de confianza…” (Resaltado fuera de texto).

(20) Léanse las Sentencias de esta Sección de 3 de julio de 2014, Expediente 2001-00727, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, y de 26 de noviembre de 2008, Expediente 2001-00816, M.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta.