Sentencia 2004-00486 de marzo 30 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”

Rad. 270012331000200400486 01

Nº Interno 0889-2008

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Autoridades departamentales

Actor: Ángela Patricia Cuesta Caicedo

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El recurso extraordinario de revisión se encuentra previsto en los artículos 185 a 193 del Código Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

De conformidad con el artículo 185 ibídem, el recurso extraordinario de revisión en materia contencioso administrativa, procede contra las sentencias ejecutoriadas.

La Corte Constitucional en Sentencia C-520 de 2009(1) declaró INEXEQUIBLE la expresión “dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos, en única o segunda instancia”, contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

Y, de manera puntual sobre el recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa, señaló:

“(…).

5.1. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el título XXIII, capítulo III, Sección Primera del Código Contencioso Administrativo. De conformidad con lo que establece el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998(2).

Estas causales son similares a las estatuidas para los recursos extraordinarios de revisión en materia civil, penal y laboral. Cuando se presentan, autorizan al afectado a cuestionar la firmeza de la sentencia ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una sentencia contraria a derecho. En estos eventos se considera que existen razones de justicia material que justifican desconocer la cosa juzgada, porque la sentencia cuestionada está basada en hechos falsos, o erróneos, cuya falsedad o incorrección no pudo ser conocida en el momento en que se profirió la sentencia recurrida.

Según lo establece el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión debe interponerse, dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia(3), mediante demanda que cumpla con los requisitos del artículo 137 del mismo estatuto(4), con la indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los soportes documentales necesarios(5), y del pago de una caución para garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fueron parte del proceso cuestionado(6), cuando a ella hubiere lugar(7).

A diferencia de lo que establecía el Decreto-Ley 01 de 1984(8), la Ley 446 de 1998 restringió tal posibilidad de interponer este recurso a cierto tipo de procesos. En efecto, el artículo 185 cuestionado en el presente proceso establece que este recurso extraordinario de revisión solo procede “contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos, en única o segunda instancia”.

En esta medida, de acuerdo con esta regla, quedarían excluidas del recurso extraordinario de revisión, las sentencias proferidas en procesos de única instancia de competencia de los jueces administrativos, las sentencias no apeladas proferidas en los procesos conocidos por los jueces administrativos en primera instancia; las sentencias proferidas en segunda instancia por los jueces administrativos; y las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

5.2. Como puede observarse, las causales consagradas en los numerales 1º, 2º (parcial), 5º, y 7º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo se fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos: la detección de documentos falsos o adulterados o de peritazgos fraudulentos, que fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca dejar sin efectos, la aparición de documentos que no pudieron ser conocidos porque la contraparte los ocultó, o el señalamiento penal de que la sentencia fue producto de cohecho o violencia.

Por su parte, las causales consagradas en los numerales 2º (parcial), 3º, y 4º, permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir la sentencia cuestionada, que de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta: la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las circunstancias que justificaban que se hubiera decretado una prestación periódica.

La causal del numeral 6º, busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso que no era susceptible del recurso de apelación. Finalmente, la causal del numeral 8º, protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión.

En todos los eventos previstos en el artículo 188 Código Contencioso Administrativo, se garantiza al perjudicado con una sentencia que desconoce la justicia material, la posibilidad de acceder a la justicia y obtener la protección de sus derechos. Tal como lo ha señalado esta corporación en distintas oportunidades, el recurso extraordinario de revisión constituye un desarrollo armónico del derecho a acceder a la administración de justicia. Así, ha sido puesto de presente por la Corte al señalar que “[e]l artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes(9).

En estos eventos ha señalado la Corte que si bien el legislador goza de un amplio margen de configuración al regular el derecho de acceso a la justicia, la garantía efectiva de tal derecho impone “la necesidad de que el ordenamiento jurídico consagre las acciones y los recursos necesarios para garantizar a las personas la posibilidad de resolver ante los jueces las situaciones que las afecten, a la luz del ordenamiento jurídico. Este componente del derecho de acceso se refiere no solo a la necesidad de que se establezcan los mecanismos judiciales adecuados para la solución de las distintas controversias, sino que comprende la garantía de que tales mecanismos habrán de estar al alcance de todos aquellos que en un momento dado requieran acudir a los mismos, sin que se presenten exclusiones injustificadas”(10).

La disposición cuestionada niega la posibilidad a quien se ha visto perjudicado con una sentencia fundada en pruebas o hechos fraudulentos o erróneos, de obtener la tutela judicial efectiva. Las causales que dan lugar al recurso extraordinario de revisión en lo contencioso administrativo, pueden configurarse en cualquier clase de proceso cuya naturaleza permita su ocurrencia. No obstante, la norma cuestionada excluye del recurso de revisión ciertas sentencias, sin que tal exclusión tenga justificación constitucional.

Igualmente, tampoco resulta compatible con el derecho a la igualdad y al acceso a la justicia, que se exija la interposición de un recurso de apelación como condición procesal para acceder al recurso extraordinario de revisión. Dada la naturaleza de las causales del recurso extraordinario, la mayoría referidas a hechos no conocidos al momento en que se dicta la sentencia, no resulta jurídicamente viable sujetar el ejercicio de recursos extraordinarios al uso de los de naturaleza ordinaria. Una exigencia de este tipo forzaría a que siempre fuera necesario apelar la sentencia, con el fin de dejar abierta la puerta para la eventual ocurrencia de alguna de las causales que da lugar al recurso extraordinario de revisión. Tal exigencia procesal, crea un requisito no establecido en el ordenamiento, que no solo aumenta la carga de trabajo de la jurisdicción contenciosa, encarece de manera innecesaria el acceso a la justicia, sino que desconoce la finalidad por la cual fueron establecidos los recursos extraordinarios, que no es otra que la búsqueda de la verdad material.

Por tanto, no encuentra la Corte que exista un principio de razón suficiente, que justifique que una norma como la acusada, excluya a determinadas sentencias de ser revisadas mediante este recurso extraordinario, a pesar de haberse configurado una de las causales analizadas, y en esa medida resulta contraria al derecho a acceder a la justicia, al derecho a la igualdad y al debido proceso.

Por lo anterior, la expresión “dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos, en única o segunda instancia”, contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, sería inconstitucional por haber incurrido en una omisión legislativa relativa al no permitir que las sentencias ejecutoriadas de primera o segunda instancia de los juzgados administrativos y las de primera instancia de los tribunales administrativos, fueran posibles del recurso extraordinario de revisión”.

En este orden de ideas, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la corporación, la revisión es un medio de impugnación extraordinario que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades, conforme a lo previsto en la ley (CCA, art. 188). La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia(11).

El recurso de revisión no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones consagradas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión se consagró como un medio extraordinario de impugnación.

En el mismo orden de ideas, la procedencia de este recurso se encuentra sujeta al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador(12).

De otra parte, las causales de revisión tienen por objeto garantizar la justicia de la sentencia, el principio de la cosa juzgada y el derecho de defensa, siempre y cuando hubieren sido transgredidos por motivos trascendentes o externos al proceso. La estructura interna del fallo, esto es, la normatividad sustancial en la cual se fundamentó, no es atacable por la vía de la revisión, dado que los errores en que haya podido incurrir el juez al decidir son aspectos ajenos al recurso(13).

En relación con las formalidades del recurso, el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo establece que debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 ibídem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda. Habida cuenta que el recurrente debe demostrar los supuestos de hecho y de derecho que conforman las circunstancias determinadas por el legislador como causales para recurrir en revisión, deberá adjuntar las pruebas que tenga en su poder.

Precisado lo anterior, la Sala procede al análisis concreto de las razones por las cuales se solicita la revisión de la sentencia aquí recurrida, esto es, la causal prevista en el artículo 188 [2] del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

La causal invocada es del siguiente tenor:

“ART. 188.—Modificado. Decreto 2304 de 1989, artículo 41. Modificado. Ley 446 de 1998, artículo 57. Son causales de revisión:

(…)

2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

De acuerdo con la norma en mención, constituye presupuesto esencial para que se configure la causal aquí invocada, además de que el documento se halle después de que se dicte la sentencia y que este sea decisivo, que la prueba documental que se pretende hacer valer y que no pudo ser tenida en cuenta por el juzgador, no haya sido aportada al proceso por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

De acuerdo con lo anterior, el fundamento de la causal segunda de revisión es el hecho de que se hayan recuperado documentos nuevos y trascendentales para el proceso, esto es, documentos que hubieren tenido la virtualidad suficiente, en caso de haberse aportado, para que el juez tomara una decisión diferente.

De otra, parte, como lo ha precisado la jurisprudencia, es necesario que los documentos aportados con la demanda de revisión existieran antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero que solo se pudieron recobrar, recuperar o rescatar después de la sentencia, es decir, que antes de esta existieron circunstancias que imposibilitaron al recurrente aportarlos (fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, lo que descarta que no haya existido culpa, negligencia o error de conducta alguno de su parte), aspecto que debe ser probado por quien pretende le sea estimada su pretensión.

La imposibilidad de la parte no puede derivar en culpa o error de la misma, pues de ser así, aun cuando el documento que no se allegó pueda tener influencia suficiente para cambiar el sentido del fallo, no tiene la naturaleza de “recobrado” y, por ende, no es idóneo para estimar la pretensión revisoria.

Para que los documentos recuperados encuadren dentro de la causal segunda del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, es indispensable que al recurrente le haya resultado imposible allegarlos oportunamente al proceso, solo por dos causas, a saber:

1. Por fuerza mayor o caso fortuito y,

2. Por obra de la parte contraria.

En cuanto a la primera circunstancia, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, debe señalarse que conforme al artículo 1º de la Ley 95 de 1890, se trata de expresiones sinónimas.

La segunda causa —obra de la parte contraria— ha de entenderse como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el documento que le daría la razón a su contraparte no se pudiera aportar al expediente.

Pues bien, una vez consignados los presupuestos que se requieren para que se configure la causal de revisión invocada por el recurrente, se desciende al caso sub júdice, en el cual se aduce que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho al que se hizo alusión al inicio de esta providencia se demostró que el funcionario que expidió el acto no tenía competencia para ello, en razón a que no existió acto de delegación que lo autorizara.

Del contenido de los argumentos en los que se sustenta la causal en estudio, para la Sala es evidente que la pretensión revisoria no está llamada a prosperar con fundamento en aquella, habida cuenta que no se configuran los supuestos previstos en el artículo 188 [2] del Código Contencioso Administrativo para su procedencia.

En efecto, sea lo primero observar que en la demanda de revisión se planteó de manera expresa la causal de falta de competencia, como causal de nulidad del acto administrativo demandado, esto es la Resolución 029 de enero 19 de 2004, por medio de la cual el director general del Departamento Administrativo de Salud y de Seguridad Social del Chocó, declaró insubsistente el nombramiento de la señora Ángela Patricia Cuesta Caicedo, del cargo que venía desempeñando como bacterióloga en el Laboratorio de Dasalud, Chocó.

El argumento principal sobre el que se edifica la demanda de revisión en el presente asunto, recae sobre la falta de competencia del funcionario al momento de expedir el acto acusado, y para el efecto se allegan pruebas documentales expedidas con posterioridad a la sentencia recurrida del 18 de agosto de 2006. De la misma manera, se alega que para la época de expedición del acto se evidenció en la entidad un despido masivo de servidores públicos, razón por la cual la Superintendencia Nacional de Salud dispuso la intervención técnica y administrativa del Departamento Administrativo de Salud y de Seguridad Social del Chocó, Dasalud.

Ciertamente la falta de competencia es el vicio más grave que afecta la legalidad de los actos administrativos y hace parte del derecho fundamental al debido proceso en toda actuación administrativa. Esta causal de nulidad, como todas aquellas que se invoquen contra el acto enjuiciado corresponde acreditarla en el proceso a la parte que demanda la nulidad del acto administrativo conforme lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

El recurrente señala que los documentos que se aportan como pruebas con la demanda de revisión fueron solicitados en el escrito de adición de la demanda, y no fueron aportados por Dasalud, pues los allegados dan cuenta de hechos ocurridos con posterioridad a la expedición del acto demandado, lo cual hace, a su juicio, que carezcan de relevancia para el proceso.

En el escrito de adición a la demanda la parte actora en el acápite de pruebas solicitó expresamente: “Que el gobernador del Chocó, Aporte el Acto Administrativo, por el Cual (sic) Delego (sic) Funciones al Director del Departamento Administrativo de Salud, para declarar insubsistentes a los funcionarios adscritos a su despacho”.

Por medio de oficio de 5 de mayo de 2005 el secretario de gestión administrativa y talento humano de la secretaría de gestión del departamento del Chocó, remitió con destino al proceso copia del Decreto 0089 del 25 de febrero de 2002 por medio del cual se delegan al director de Dasalud, las funciones de nominador, la ordenación del gasto y la contratación de la entidad (fls. 71 y 72 cdno. 2).

Las pruebas aportadas por el recurrente están constituidas por documentos expedidos con posterioridad a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en su orden:

1. Copia de un oficio expedido por el jefe de la oficina asesora jurídica de Dasalud, de 6 de noviembre de 2007, que responde una petición formulada por un abogado litigante sobre la fecha de ingreso y egreso de los últimos cinco directores del Departamento Administrativo de Salud y de Seguridad Social del Chocó.

Con el oficio se anexa copia del Decreto 089 de 25 de febrero de 2002 (prueba que fue allegada en la respectiva instancia procesal).

2. Copia de una certificación expedida por la jefe de la oficina jurídica del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó, Dasalud, según la cual revisados los archivos de la entidad “no se encontró acto administrativo de delegación de funciones como nominador y ordenador del gasto, para el director del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó diferentes al Decreto 0089 del 25 de febrero de 2002”. La certificación fue expedida el 18 de julio de 2007.

3. Copia del Decreto 0103 de 23 de febrero de 2005 (acto expedido con posterioridad a la declaratoria de insubsistencia de la actora, y por lo tanto, que no hace parte de los antecedentes que le dieron origen) por medio del cual se delegan algunas funciones en el director del Departamento Administrativo de Salud y de Seguridad Social del Chocó.

4. Copia de la Resolución 649 de 2 de mayo de 2007 por medio de la cual se modifica la Resolución 292 de 2007, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Mediante la Resolución 292 de 29 de marzo de 2007 se ordenó la intervención técnica y administrativa del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó, Dasalud.

5. Copia de dos oficios suscritos por el jefe de la división de talento humano de Dasalud, que contienen una relación de los servidores que fueron declarados insubsistentes por la entidad, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero al 15 de junio de 2004 y el año 2005.

Lo anterior muestra que el recurrente se limitó a aportar algunas pruebas cuya práctica solicitó en la oportunidad procesal pertinente, y con las cuales pretendía desvirtuar la legalidad del acto acusado y demostrar los vicios endilgados por desviación de poder y falta de competencia.

De otra parte, debe decir la Sala que los documentos aportados carecen de la condición de prueba recobrada.

Ha entendido la jurisprudencia, que prueba recobrada es aquella que, existiendo, no pudo ser aportada oportunamente al proceso, se trata de un elemento probatorio nuevo, por ser recuperado luego de proferida la sentencia, que pudo ser decisivo en el sentido de la decisión y que no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarlo oportunamente dentro del proceso, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria.

Ello implica, como ya se ha precisado, que el elemento probatorio que se invoca como prueba recobrada, existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero, que sólo llegó a poder del impugnante con posterioridad a ello, pues están excluidas de esta causal, pruebas que hubieran debido y podido aportarse oportunamente, ya que no se trata con este recurso extraordinario, de remediar una inactividad o negligencia en el diligenciamiento de una prueba, sino de corregir la causa insuperable en que estuvo el recurrente de hacer valer la prueba dentro del proceso.

De manera que, la debida justificación de las razones o motivos por los cuales las pruebas no pudieron ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, es un presupuesto para la prosperidad de la causal invocada, requisito que no cumple la prueba aportada dentro del presente recurso. No se puede a través del recurso extraordinario de revisión alegar como pruebas “recuperadas” las que de ninguna manera tienen esta característica.

La Sala reitera que el recurso extraordinario de revisión no constituye una nueva oportunidad para mejorar las pruebas allegadas al expediente, o para suplir la negligencia o errores en que se haya incurrido en la actividad probatoria desarrollada dentro del trámite de las instancias ordinarias. Aportar documentos que no demuestran hechos distintos a los probados en el proceso, y respecto de los cuales se suscitó el debate, concretamente aquellos relacionados con el cargo por falta de competencia para la expedición del acto, y documentos con los que pretende suplir la falencia de no probar oportunamente a través de medios de prueba suficientes, idóneos y eficaces (al actor le asistía la carga no solo de solicitar la prueba sino de insistir en el recaudo de la misma, así como de acreditar a través de los distintos medios el supuesto de hecho sobre el que edificaba sus pretensiones) el cargo por desviación de poder frente al supuesto de una declaratoria de insubsistencia masiva, no habilitan al recurrente para justificar el desconocimiento del principio de cosa juzgada representado en el fallo recurrido.

Así las cosas, debe desestimarse la causal de revisión invocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGASE el recurso extraordinario de revisión de la sentencia de 18 de agosto de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso promovido por Ángela Patricia Cuesta Caicedo contra el Departamento Administrativo de Salud y de Seguridad Social del Chocó, Dasalud.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Discutido y aprobado en la Sala en sesión de la fecha».

(1) M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

(2) El recurso extraordinario de revisión procede cuando se presenta una de las siguientes causales:

ART. 188.—Causales de revisión. 1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

(3) Código Contencioso Administrativo, artículo 187. Término para interposición del recurso. El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

(4) Código Contencioso Administrativo, artículo 189. Requisitos del recurso. (Mod. por el art. 57 de la L. 446/98) El recurso debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios. ║ El recurrente deberá presentar con la demanda las pruebas documentales que tenga en su poder y pretenda hacer valer.

(5) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 4 de agosto de 1999, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Expediente Q-063.

(6) Código Contencioso Administrativo, artículo 190. Necesidad de caución. (Mod. por el art. 57 de la L. 446/98) El ponente, antes de resolver sobre la admisibilidad de la demanda, determinará la naturaleza y cuantía de la caución que debe constituir el recurrente, en el término que al efecto le señale para garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fueron parte en el proceso. Si la caución no se presta oportunamente, se declarará desierto el recurso.

(7) Código Contencioso Administrativo, artículo 191. Trámite. (Mod. por el art. 57 de la L. 446/98) Prestada la caución, cuando a ella hubiere lugar, el ponente admitirá la demanda, si reúne los requisitos legales, y ordenará que el auto admisorio se notifique personalmente al demandado o demandados, para que la contesten, si a bien tienen, y pidan pruebas, dentro del término de diez (10) días. ║ El auto admisorio de la demanda también debe notificarse personalmente, al Ministerio Público. ║ Si la demanda no se admite, en el mismo auto se debe ordenar la devolución de la caución, previa ejecutoria.

(8) Decreto 1 de 1984: Artículo 185. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procederá contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por el Consejo de Estado y por los tribunales administrativos.

(9) Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(10) Sentencia C-207 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(11) Cf. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y José Gregorio Hernández Galindo, respectivamente, y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 31 de enero de 1977, actor: Hotel Americano Ltda., M.P. Humberto Murcia Ballén.

(12) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de abril de 2004, Rev. 194, C.P. doctora María Inés Ortiz Barbosa.

(13) Cf. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 31 de enero de 1997, M.P. doctor Humberto Murcia Ballén y Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Bogotá, Editorial ABC, 1991, págs. 685 y 686.