Sentencia 2004-00496 de septiembre 22 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Ref.: Expediente 080012331000200400496 01

Número Interno: 1001-2011

Actor: Edgar Ibarra Ortiz

Autoridades departamentales

Bogotá, D.C., veintidós de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico

Consiste en decidir si el señor Edgar Ibarra Ortiz tiene derecho al reconocimiento de algunos derechos salariales y prestacionales por parte de la Universidad del Atlántico; o si por el contrario en virtud del acuerdo de reestructuración de pasivos, dichos reconocimientos y pagos se efectuaron con ocasión a la culminación de dicho proceso.

Para el efecto, la Sala precisa los siguientes aspectos de orden fáctico y jurídico:

De la vinculación del accionante(1) 

• Mediante Resolución 215 de 19 de septiembre de 1975, el consejo directivo del ente demandado, nombró al señor Edgar Ibarra Ortiz, en el cargo de docente catedrático estipulándole 4 horas semanales. Luego por medio de la Resolución 123 de 19 de mayo de 1976, se aumentó la carga laboral a 7 horas semanales.

• A partir del 28 de octubre de 1978, fue clasificado en categoría de auxiliar II.

• Por medio del Contrato 239 de 7 de noviembre de 1979, se aumentó la carga laboral a 8 horas semanales.

• El 1º de abril de 1980, se ascendió a asistente I.

• Desde el 1º de enero de 1981 hasta 9 de febrero de 1998, se mantuvo su vinculación de 8 horas semanales, pues a partir de esa fecha, se disminuyó a 6 horas semanales.

• En virtud de la Resolución 00358 de 19 de marzo de 1999, se aumento la carga laboral a 15 horas semanales.

• Por medio de la Resolución de Rectoría 000718 de 21 de mayo de 1999, se nombró en el cargo de docente vinculación especial hora cátedra, estipulándosele 12 horas semanales.

• A través del certificado sin número del 24 de abril de 2000, el decano de la facultad de ciencias jurídicas y el director del programa de derecho, dejaron constancia de la labor que realizó dentro del consultorio jurídico, con intensidad de 4 horas semanales, por un período comprendido entre el 16 de junio y el 17 de diciembre de 1999.

• Mediante Resolución de Decanatura 011 de 14 de febrero de 2000, se nombró en el cargo de docente vinculación especial, estipulándosele 11 horas semanales, en la categoría de titular pregrado, a partir del 21 de febrero de 2000 hasta el 21 de diciembre del mismo año.

• En virtud de la Resolución de Decanatura 003 de mayo de 2001, se le fijaron 12 horas semanales, a partir del 3 de mayo de 2001 hasta el 22 de diciembre del mismo año.

• Según Resolución de Rectoría 000431 de 11 de junio de 2002, se nombró en el cargo de director de la unidad de salud, dependencia adscrita a la rectoría del ente demandado. Dicha comisión se dio por terminada el 1º de septiembre de 2003 por medio de la Resolución 572.

• A través de la Resolución 583 de 2 de septiembre de 2003, fue nombrado como coordinador del Fondo de Pensiones de la Universidad del Atlántico, cargo en el que se desempeñó en comisión y de tiempo completo entre el 2 de septiembre y 5 de septiembre de 2003.

• Mediante Resolución de Rectoría 000750 de 16 de octubre de 2003, fue nombrado en comisión como asesor del despacho de la vicerrectoría administrativa, cargo que ocupó hasta el 9 de septiembre de 2004 y se reintegra a su condición de docente de tiempo parcial con 15 horas semanales.

Del acto demandado

Acto ficto o presunto, derivado del silencio administrativo de la Universidad del Atlántico, a la petición del 15 de agosto de 2005, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de algunos derechos salariales y prestacionales (fls. 17 y 18).

Específicamente en mencionada reclamación se requirió:

a. “Salarios y prestaciones sociales del año 2003 como profesor horas-cátedra de la facultad de ciencias jurídicas.

b. Cesantías e intereses de los años 1999, 2000 y 2001 como docente horas cátedra de la facultad de Derecho y las prestaciones sociales.

c. La indemnización moratoria por la falta de cancelación oportuna de los salarios y prestaciones sociales debido (sic) correspondientes a los años 1999, 2000, 2001 y 2003.

d. El valor liquidado por concepto de intereses conforme lo establecido en la Ley 52 de 1975, correspondiente a los años 2000, 2001,2002, 2003 y 2004, sobre las cesantías acumuladas como profesor de tiempo parcial y acogió al régimen especial de cesantías, creado por la Ley 50 de 1990, adoptado por la Universidad del Atlántico.

e. Por incumplimiento en la consignación del valor liquidado de mis cesantías acumuladas, la Universidad del Atlántico debe pagarme un día de salario por cada día de retardo, hasta cuando se efectúe la respectiva consignación”.

Establecido lo anterior pasa la Sala a resolver el sub júdice en el siguiente orden: i) De los acuerdos de reestructuración de pasivos; y, ii) del acuerdo de reestructuración de pasivos en el caso concreto.

i. De los acuerdos de reestructuración de pasivos.

La ley de reestructuración de pasivos o Ley 550 de 1999, conocida como la ley de reactivación empresarial o reestructuración de los entes territoriales se concibió en lo público como un régimen para la reestructuración de los entes territoriales que facilitara el desarrollo armónico de las regiones, la prestación de sus servicios y para restablecer su viabilidad mediante la organización del pago de sus deudas.

En la exposición de motivos de la citada Ley del 99, en tratándose de los pasivos laborales se dijo:

“En cuanto a las acreencias pensionales y laborales, se exige que en aquellos eventos en los cuales el deudor tenga pensionados a su cargo, debe incluir en el acuerdo cláusulas relativas a la normalización de sus pasivos pensionales. Por otra parte, se admite la celebración de convenios que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa laboral de naturaleza económica que exceda el mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo el Trabajo, los cuales deber ser concertados directamente entre el deudor y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, y entre el deudor y los trabajadores no sindicalizados que individualmente consienten en ello”.

El inciso tercero del artículo 1º ibídem, establece que el campo de aplicación incluye a las entidades territoriales, con el siguiente tenor literal:

“Esta ley se aplicará igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo con lo dispuesto en el título V de la misma, y a las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia”.

Por su parte, el parágrafo 2º del citado artículo 1º de la Ley 550 de 1999, establece:

“PAR. 2º—Para los efectos de esta ley, se consideran personas jurídicas públicas o de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y demás formas de asociación con personalidad que tengan por objeto el desarrollo de actividades empresariales, en cuyo capital el aporte estatal a través de la Nación, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del total del capital suscrito y pagado. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación a cualquier entidad del orden territorial de las reglas especiales previstas en el título V de esta ley”.

La norma anterior, permite que lo previsto en el título V de la Ley 550 de 1999, pueda ser aplicable a los empleados que como el actor laboraron para la Universidad del Atlántico.

Por su parte, el artículo 58 (tít. V) de la Ley 550 de 1999, estableció lo siguiente:

“Acuerdos de restructuración aplicables a las entidades territoriales. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades ...

(...)” (subrayas).

El numeral 3º del mencionado artículo 58 de la Ley 550 de 1999, prevé:

“3. En el acuerdo de reestructuración se establecerán las reglas que debe aplicar la entidad territorial para su manejo financiero o para la realización de las demás actividades administrativas que tengan implicaciones financieras”.

Por su parte, el artículo 19 ídem, estableció que:

“Partes en los acuerdos de restructuración. Los acuerdos de reestructuración se negociarán y celebrarán entre los acreedores externos e internos de la empresa.

Son acreedores externos los titulares de créditos ciertos que pertenezcan a una cualquiera de las cinco clases de créditos previstas en el título XL del libro cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen y adicionen.

Son acreedores internos los accionistas, socios, asociados o cooperados del empresario que tenga forma jurídica asociativa; el titular de las cuotas de la empresa unipersonal; el controlante de la fundación; y, en general, los socios, controlantes o beneficiarios reales que haya aportado bienes al desarrollo de la empresa en forma demostrable y cuantificable.

Cualquier crédito que se origine en fecha posterior a la de la iniciación de la negociación y con anterioridad a la celebración del acuerdo, no dará derecho a voto; pero su pago se atenderá en forma preferente, de conformidad con el tratamiento propio de los gastos administrativos.

En el evento de sustitución de acreedores por causas legales o convencionales, el causahabiente deberá acreditar, en forma siquiera sumaria, su calidad de tal ante el promotor” (negrillas de la Sala).

A su vez, la Sentencia C-1143 de 2001, M.P. Vladimiro Naranjo, en el análisis de constitucionalidad del artículo 17 señaló:

“Si una de las finalidades de la intervención del Estado en la economía es la promoción de su reactivación y siendo uno de los objetivos de la Ley 550 de 1999 el restablecer la capacidad de pago de las empresas, de manera que puedan recuperarse dentro del plazo y condiciones que se prevean en el acuerdo correspondiente, es claro que las empresas sometidas a este mecanismo deben continuar desarrollando normalmente sus actividades, lo cual implica que no pueden dejar de atender sus obligaciones de carácter laboral. El pago preferente de las acreencias laborales como gastos administrativos se consagró expresamente en el artículo 121 de la Ley 222 de 1995, para los efectos del régimen de los procesos concúrsales, e igualmente esta previsto en el artículo 2495 del Código Civil subrogado en lo correspondiente por las leyes 165 de 1941, art. 1º y 50 de 1994, art. 36, preferencia que tiene pleno soporte en la protección de carácter constitucional que tienen dichas acreencias al tenor de lo establecido en los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta Política.

Considera la Corte que no existe diferencia alguna entre las obligaciones de carácter laboral que se generan a partir de la iniciación de la negociación y aquellas existentes a su inicio, que gozan también de la misma protección constitucional por ser acreencias de la misma naturaleza. Entonces, siendo este el genuino sentido de la norma acusada no se presenta infracción al principio superior de la igualdad por parte del precepto bajo análisis, pues pese a que allí solamente se hace alusión a la preferencia para el pago de los gastos administrativos que se causen durante el inicio de la negociación, tal norma resulta ajustada a los dictados de la Carta si se entiende que allí también están incluidas las obligaciones laborales causadas con anterioridad al inicio de la negociación.

Es de anotar que en casos semejantes al estudiado en la presente oportunidad, la Corte ha aplicado el principio de hermenéutica constitucional de la conservación del derecho, en virtud del cual el juez de la Carta preserva al máximo la ley en defensa del principio democrático, cuando quiera que una disposición sometida a su control admite varias interpretaciones, una de las cuales se aviene al ordenamiento constitucional. En tal evento, se deja la norma en el ordenamiento jurídico, pero condicionando su exequibilidad a la lectura conforme a los dictados fundamentales”.

De conformidad con lo expuesto se deduce, la protección de los derechos laborales ha sido una prioridad, no solo de las acreencias anteriores al inicio de la negociación, sino de las que se causaren dentro del mismo.

Ahora bien, esta protección no ha sido solo de carácter interno, pues la Organización Internacional del Trabajo —OIT— a través del Convenio C-173 de 1972, también la ha contemplado y ha sido muy específica en el caso de insolvencia del empleador.

En la parte II el artículo 5º, señaló que los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deberán quedar protegidos por un privilegio de prelación.

A su vez el artículo 6º, consagró que el privilegio deberá cubrir al menos los créditos laborales correspondientes a:

“(...).

d) A las indemnizaciones por fin de servicios adeudadas al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo”.

También la misma conferencia expidió una Recomendación que la denominó “La recomendación sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992”.

En este instrumento de la OIT tuvo un mayor alcance, pues dispuso que la protección conferida por un privilegio debiera cubrir, entre otros, las indemnizaciones por fin de servicios, por despido injustificado y otras sumas adeudadas a los trabajadores con motivo de la terminación de su relación de trabajo.

Recomienda también que los créditos laborales correspondientes al trabajo efectuado a partir de la fecha en que se decidió esa continuación, o sea, a partir de la negociación, debieran quedar excluidos del procedimiento y saldarse a sus vencimientos respectivos con los fondos disponibles(2).

Ahora bien, los procesos concúrsales, responden al interés del Estado de lograr, con la participación de los acreedores, la viabilidad económica de una empresa o entidad pública que se encuentra en imposibilidad de atender oportunamente las obligaciones contraídas. Para alcanzar este objetivo, la legislación ha previsto la celebración del acuerdo de reestructuración, en el que, una vez evaluado el estado financiero de la empresa, se establecen las acreencias y el término y la forma para el cumplimiento de las mismas(3).

El acuerdo de reestructuración fue definido por el artículo 5º de la ley así:

“Acuerdo de restructuración. Se denomina acuerdo de reestructuración la convención que, en los términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo.

El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en esta ley.

Para la solicitud, promoción, negociación y celebración de un acuerdo de reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar directamente o por medio de cualquier clase de apoderados, sin que se requiera la intervención a través de abogados. Un solo apoderado podrá serlo simultáneamente de varios acreedores”.

El numeral 3º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, regula los efectos del acuerdo de reestructuración, y en concreto, dispone la obligatoriedad para las partes del mismo y para aquellos que no participaron en la negociación, o que habiéndolo hecho no consintieron en él.

Uno de esos efectos, es la suspensión durante la vigencia del acuerdo, de la exigibilidad de gravámenes y garantías reales y fiduciarias

En este contexto, debe tenerse en cuenta que si bien en un proceso de reestructuración se persigue la igualdad de los acreedores, no puede desconocerse la figura de la prelación de créditos, como: “(...) el conjunto de reglas que determinan el orden y la forma en que debe pagarse cada uno de ellos. Se trata entonces de una institución que rompe el principio de igualdad jurídica de los acreedores, de modo que debe ser interpretada restrictivamente, ya que no hay lugar a decretar preferencias por analogía; solo existen aquellas expresamente contempladas en la ley”(4). La ley es la que determina en qué orden se han de satisfacer las acreencias “o sea que los particulares no pueden modificar la pars conditio o el orden de prelación por pacto entre ellos”(5).

Esta prelación se reguló específicamente para los entes territoriales en el artículo 58 numeral 7º de la citada ley y dispuso:

“7. Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad territorial y con el fin de disponer reglas que aseguren la financiación de su funcionamiento, en el acuerdo de reestructuración y en el convenio de desempeño que suscriba la entidad territorial, se establecerá el siguiente orden de prioridad para los gastos corrientes de la entidad territorial, conforme con los montos que para el efecto se prevean en el mismo acuerdo:

a) Mesadas pensiónales;

b) Servicios personales;

c) Transferencias de nómina;

d) Gastos generales;

e) Otras transferencias;

f) Intereses de deuda;

g) Amortizaciones de deuda;

h) Financiación del déficit de vigencias anteriores;

i) Inversión”.

Ahora bien, sobre el tema de la aplicación de la Ley 550 de 1999, en lo que tiene que ver con la reestructuración de pasivos y pago de las obligaciones laborales de los empleados públicos, especialmente para el pago de las cesantías y sanción moratoria la Sección Segunda ha desarrollado el tema de la siguiente manera:

Esta subsección, con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, (Exp. 1268-08) mediante providencia de 22 de octubre de 2009, abordó el tema indicando que el cumplimiento de los acuerdos de reestructuración de pasivos son obligatorios siempre y cuando se hayan acordado y aún para quienes no hayan participado en el trámite, negando el pago de la indemnización moratoria habida consideración que no se pactó en el respectivo acuerdo:

“... se concluye que el municipio de Buenaventura incumplió la obligación de cancelar al actor intereses del 2% nominal mensual sobre el valor adeudado por auxilio de cesantías por el período comprendido entre el 5 de junio de 2001 y el 8 de agosto de 2004, fecha en la que se efectuó el pago de dicha prestación, dado que el acuerdo de reestructuración (Cláusula 17, par. 2º), resulta obligatorio para todos los acreedores, incluso para aquellos que no participaron en el trámite del mismo, por expresa disposición del artículo 34 de la Ley 550 de 1999, que reza:

ART. 34.—Efectos del acuerdo de restructuración. Como consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él.

(...).

Por tanto, no habrá lugar a ordenar la indemnización moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 equivalente a un día de salario por cada día de retraso, ya que, como se reitera, el acuerdo de reestructuración —obligatorio para todos los acreedores por expresa disposición legal— estableció una sanción diferente frente al incumplimiento del municipio deudor de sus obligaciones de carácter laboral”.

En sentencia posterior de 25 de marzo de 2010, con ponencia del Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, indicó que los acuerdos de reestructuración no pueden cercenar los derechos de los trabajadores que no consintieron en su aprobación y porque dichos pactos no pueden estar orientados a evadir el pago de las correspondientes obligaciones:

“... el Estado no puede dejar que el acuerdo quede bajo la autonomía absoluta de la voluntad de los particulares, por eso lo somete a pautas contenidas en disposiciones legales, con el fin de evitar que los acreedores queden sometidos a la voluntad unilateral e indiscriminada del empresario deudor.

(...).

Es cierto que los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la Ley 550, son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en ella. (L. 550/99, art. 34).

También lo es que en el expediente no existe prueba que determine si el demandante en calidad de acreedor del municipio, hubiera participado en el acuerdo o habiéndolo hecho hubiera consentido en la condonación del pago de la indemnización por mora en el pago de sus cesantías.

Con todo, la Sala considera que la administración no debió desconocer la obligación preexistente que tenía con el actor en cuanto a la sanción por mora en el pago de las cesantías, por la potísima razón de que en los acuerdos de reestructuración “Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor ...” (L. 550/99, art. 34, num. 8º).

Así pues, las obligaciones preexistentes a la celebración del acuerdo no se desconocen, sino que se atienden y se sujetan a rebajas, a disminución de intereses, a plazos o a prórrogas, pero en ningún momento se permite que el deudor insolvente las desatienda, las desconozca o peor aún, se auto absuelva de ellas.

(...)”(6) (negrillas del texto).

Así mismo, por medio de la providencia de 10 de noviembre de 2010(7), se mantuvo la tesis según la cual las obligaciones de los trabajadores no pueden ser desconocidas por los acuerdos de restructuración, sin embargo, si puede suspender la contabilización de la sanción moratoria con la ejecutoria de la decisión que estableció el pago de tal acreencia, así:

“La iliquidez temporal o los problemas presupuestales podrían eventualmente explicar algunos atrasos en la cancelación de los salarios, las pensiones o las prestaciones, pero que en ningún caso pueden constituir “justificación para que sean los trabajadores quienes asuman sus costos bajo la forma de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda”(8). En consecuencia, la entrada de un ente territorial a un acuerdo de reestructuración de pasivos, dada su situación económica, por “... sus desórdenes administrativos y financieros, no viabiliza el desconocimiento de sus acreencias, ni le permite castigar al trabajador que prestó sus servicios y que pretende protegido por las normas constitucionales y legales, el pago oportuno de sus cesantías, cuyo derecho nace justamente cuando su labor ha finalizado y se encuentra desprotegido de las prebendas laborales y necesita con más urgencia esos recursos hasta su reactivación laboral o económica.

Lo más osado en materia laboral de la Ley 550 de 1999, es permitir la suspensión de algunas prerrogativas laborales, mas no su desconocimiento como ya se señaló, por el contrario, está en el deber de reconocer las obligaciones pre- existentes y las que se causen a partir del Acuerdo; no obstante, debe advertirse que estos pasivos pueden ser objeto de una negociación individual o colectiva, conforme a la situación personal del trabajador, vale decir, si es o no sindicalizado.

Finalmente, en el tema puntual es importante recalcar que en los procedimientos de reestructuración de pasivos, todos los acreedores deben hacerse presentes para hacer valer sus derechos, concretar la cuantía de sus acreencias, para en caso de inconformidad objetarlas, porque de lo contrario, estas adquieren firmeza. Y debe ser así, porque no se puede mantener indefinidamente abierto un acuerdo de reestructuración ya que no tendría fin, ni se lograría el objetivo principal, que es el devolver la viabilidad financiera a la entidad.

(...)”.

ii. Del acuerdo de reestructuración de pasivos en el caso concreto

Previo a definir la situación jurídica del actor, es pertinente indicar, que si bien la Ley 550 de 1999, prevé la posibilidad de que las entidades territoriales celebren convenios de reestructuración de pasivos con la finalidad de hacerlas viables en su sostenimiento económico y financiero, es claro que tales acuerdos se suscriben con el titular de la persona jurídica y los acreedores internos y/o externos, sin que ello implique obligatoriamente la presencia de los trabajadores o servidores públicos en la negociación del pago de sus acreencias y prestaciones laborales.

Establecido el anterior marco normativo y jurisprudencial, la Sala procede a definir los emolumentos que pretende el demandante, así:

— Cesantías acumuladas desde el año de 1975 hasta el año 2005, más los intereses que estas ocasionen.

— Cesantías e intereses de las mismas, de los años 1999, 2000 y 2001.

— Salarios, cesantías, intereses, prima de servicio y vacaciones del año 2003.

— Pagar la indemnización moratoria por falta de cancelación oportuna de los salarios y prestaciones sociales correspondientes a los años 1999, 2000, 2001 y 2003.

— Un salario diario desde el momento en que se dejó de cancelar oportunamente “la suma liquidada por concepto de cesantías e intereses de las mismas”, hasta cuando se efectúe el pago, con la correspondiente indemnización moratoria.

Sin embargo, se evidencia que la Universidad del Atlántico canceló las citadas acreencias laborales al señor Ibarra Ortiz, como consecuencia de la inclusión de la que fue objeto dentro del acuerdo de restructuración de pasivos, la cual se llevó a cabo por parte del ente demandado y sus acreedores, los días 22 al 24 de agosto de 2006.

Prueba de ello es la certificación que allegó el vicerrector administrativo y financiero de la Universidad del Atlántico en la que consta lo siguiente:

“las acreencias del señor Edgar Ibarra Ortiz identificado con cédula de ciudadanía 17.051.973, correspondiente a acreencias incorporadas en la Ley 550 de 1999 y clasificadas dentro del grupo número uno (1) como acreencia laboral, fueron canceladas en su totalidad como se indica en el cuadro siguiente:

Apellidos y nombresCédulaConcepto de la obligaciónPagos realizadosFecha de pagoCarta de instrucciónGrupo
Ibarra Ortiz Edgar17051973Retroactivo año 2000 docentes vinculación especial97.27031/05/2007200705-09781
Ibarra Ortiz Edgar17051973Prima de diciembre año 2000296.61501/06/2007200705-09791
Ibarra Ortiz Edgar17051973Cesantías año 2000752.24802/06/2007200705-09801
Ibarra Ortiz Edgar17051973Intereses de cesantías año 2000884.27703/06/2007200705-09811
Ibarra Ortiz Edgar17051973Horas docentes vinculación especial año 2000990.48104/06/2007200705-09821
Ibarra Ortiz Edgar17051973Salario y retroactivo docentes catedráticos mes de enero 2005 - Nómina 501.660.74730/04/2007200704-05681
Ibarra Ortiz Edgar17051974Cesantías docente no acogido 1279 con solicitud Ley 50/90 el 6-06-200061.900.68901/05/2007200704-05691
Total66.582.327 

 

Por su parte, obra a folio 114, el certificado de pagos realizado entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2003, en la que se observa la cancelación de $ 38.941.754 por concepto de salario básico, bonificación, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación, prima de antigüedad, bonificación por compensación, prima de servicio, entre otros.

Por consiguiente se puede concluir, que el demandante fue cobijado por los términos del acuerdo de restructuración de pasivos de la Universidad del Atlántico, lo que indica, que deberá atenerse a lo establecido en dicho instrumento.

En otras palabras, si bien es cierto para el momento en que actor instauró la presente acción en contra de la Universidad del Atlántico, efectivamente se le estaban debiendo algunos emolumentos, también lo es, que mediante el acuerdo de restructuración se proyectó el pago, dentro de la prelación de créditos, para los trabajadores y pensionados, a más tardar para el año 2012.

De suerte, que el acuerdo es obligatorio y mientras se surten sus efectos, no se puede, solicitar el reconocimiento de intereses corrientes, ni moratorios, ni sanciones, pues ello implicaría desconocer el compromiso adquirido conjuntamente entre la Administración y sus acreedores en cuanto a la reestructuración de las deudas.

Por lo expuesto, hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia, que denegó las súplicas de la demanda.

Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 15 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las súplicas de la demanda instaurada por el señor Edgar Ibarra Ortiz en contra de la Universidad del Atlántico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Información extraída de la certificación realizada por el jefe de división de recursos humanos de la Universidad del Atlántico, visible a folio 13 a 16.

(2) Las disposiciones de carácter internacional relacionadas se utiliza como fuente auxiliar e interpretativa del derecho sometido a examen, dado que el convenio no ha sido ratificado por Colombia y no tiene un carácter vinculante para los países miembros de la OIT.

(3) T-757 de 27 de octubre de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(4) T- 757 de 2009.

(5) ídem.

(6) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 25 de marzo de 2010, Exp. Rad. 44001-23-31-000-2004-00257-01 (0928-07), actor: Manuel Salvador de la Hoz.

(7) Sentencia de 10 de noviembre de 2010, consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (Exp. 0508-2009).

(8) Sentencia T-418/96. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.