Sentencia 2004-00516 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 250002326000200400516 01 (37143)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Hernán Augusto Ramírez Rojas y otros.

Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá y otro.

Proceso: Acción contractual

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá, D. C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Para resolver lo pertinente, la Sala en primer lugar precisará el objeto del recurso de apelación interpuesto; en segundo lugar se ocupara de deslindar la acción de nulidad y la acción de rescisión por lesión enorme, como quiera que en la demanda se plantearon como si se tratara de una sola pretensión; en tercer lugar la Sala precisará el concepto de fuerza como elemento que vicia la voluntad, puesto que en el recurso se insiste en que la vendedora decidió enajenar el inmueble condicionada por la “amenaza” de una expropiación del mismo; posteriormente se reseñarán las pruebas obrantes en el expediente; y, finalmente, se ocupara del análisis del caso concreto, para lo cual examinará cada uno de los tres tópicos que se derivan del recurso por que aparece.

2. (sic) Objeto del recurso.

Es preciso advertir que en el presente caso la Sala se encuentra ante un recurso de apelación único, lo que le impone los límites previstos por el artículo 328 del Código General del Proceso, que indica que en casos como este la competencia del superior se limita a los argumentos presentados por el apelante, sin perjuicio de los aspectos que pueda decretar de oficio.

Del recurso interpuesto por el apoderado de la parte actora se derivan tres cuestiones que deben ser resueltas por la Sala.

i) Que conforme al dictamen rendido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi existe una diferencia entre el valor pagado por el predio y su valor real de 469 millones de pesos.

ii) Que existió un abuso del poder dominante por parte de la entidad demandada.

iii) Que el avalúo que se tuvo como base para la venta del bien, no estaba vigente, lo mismo que la oferte y su correspondiente aceptación.

3. La acción de nulidad y la acción de lesión enorme.

Estas dos acciones son claramente diferenciables, toda vez que tienen presupuestos diversos. La acción de nulidad se basa, entre otras causales, en los vicios del consentimiento; mientras que la acción de rescisión por lesión enorme tiene su razón de ser en un desequilibrio económico objetivo del contrato. En las pretensiones de la demanda que dio lugar a este proceso se pide la nulidad, como consecuencia del desequilibrio objetivo, juntando así de manera inadecuada dos instituciones que son independientes.

Sobre la naturaleza de la acción de nulidad y la acción de rescisión por lesión enorme, esta Corporación ha proferido jurisprudencia que la Sala estima oportuno reiterar. En sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15707, la Sección Tercera del Consejo de Estado se dispuso.

“2.2.1. La lesión enorme, concepto y naturaleza.

La doctrina nacional(1) ha admitido que la lesión enorme no es otra cosa que un vicio objetivo, por el rompimiento del equilibrio en las relaciones contractuales y opera de manera autónoma e independiente de las calidades de las partes contratantes o de los actos de ellas; algunos doctrinantes(2) sostenían que la lesión enorme constituía un vicio del consentimiento, pero en la actualidad, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial se ha impuesto el criterio de que la lesión enorme tiene fundamento en el equilibrio o equivalencia de las prestaciones mutuas que debe imperar en los contratos conmutativos, de tal suerte que la rescisión del contrato procede por haberse comprobado que se produjo un desequilibrio en las prestaciones y no por la existencia de un vicio en el consentimiento, hecho este último, que daría lugar a la nulidad del contrato.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia(3) ha hecho las siguientes precisiones:

‘Así, no es exacto que en nuestro régimen civil la lesión sea vicio del consentimiento. El que acepta enajenar una cosa por precio inferior a la mitad o adquirirla por precio superior al doble del que se considera justo, no hace proceso volitivo vicioso, o si lo hace no lo invoca como causa cuando pide que el acto o contrato se rescinda por lesión. Su aceptación en estas circunstancias no implica de por si una falsa noción del valor real de la cosa, ni una fuerza física o moral que lo constriña, ni un engaño del otro contratante, que fueran suficientes para inclinar su voluntad. La lesión está estructurada en Colombia sobre un factor puramente objetivo (el justo precio), con toda independencia del móvil subjetivo y de la manera como éste haya influido en el consentimiento’.

También la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha fijado su criterio en cuanto a la naturaleza de la lesión enorme, la cual considera como un vicio objetivo del contrato, a continuación se transcriben los apartes de la sentencia de 24 de septiembre de 2000(4):

La Sala es del criterio que en la ley colombiana la lesión enorme, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, es un vicio objetivo del contrato, porque el mismo texto del artículo, en su comprensión jurídica, conduce al terreno de lo exógeno en relación con la voluntad de las partes y no al fuero endógeno o interno de estas (el consentimiento); la ley expresa que la lesión enorme se produce o porque el precio que recibe el vendedor es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende o porque el justo precio de la cosa que compra el comprador, al tiempo del contrato, es inferior a la mitad del precio que pagó por ella.

De esos supuestos se infiere que la lesión enorme es vicio objetivo del contrato (resaltados son del texto).

Bajo estas directrices, se impone concluir que cuando la parte afectada pretenda alegar la rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme, deberá probar la existencia del desequilibrio, más no, que la voluntad se encontraba afectada por uno de los vicios del consentimiento previstos por la ley.

Por su parte, en artículo 1947 del Código Civil ha definido la lesión enorme en el siguiente contexto:

‘El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.

El justo precio se refiere al tiempo del contrato’.

De conformidad con los mandatos de la ley civil, es claro que el fundamento de la figura de la lesión enorme(5) está contenido en la doctrina del justo precio, según la cual, el precio debe ser justo para alcanzar el equilibrio entre las prestaciones de los contratantes, por lo tanto se prohíbe pactar un precio lesivo para alguna de las partes que intervienen en la compraventa, vendedor o comprador, lo cual tiene su razón de ser en los principios de equidad y equilibrio que orientan las relaciones jurídicas contractuales; de tal suerte que el precio resulta lesivo para el vendedor cuando recibe menos de la mitad del valor justo del bien y para el comprador cuando paga más del doble del valor real.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(6) se ocupó de fijar los lineamientos que determinan la noción del justo precio, al respecto precisó:

‘La noción de justo precio como categoría jurídica es el punto de equilibrio a que aspira la contratación conmutativa. Pero no son pocos los factores que de hecho inciden en la formación de los precios, por lo que se encuentra allí una de las materias más investigadas y discutidas en economía política, seguramente a consecuencia del plano de relatividad en que se mueve, y por el peligro previsible de que la actividad de las transacciones languidezca por causa de inadecuada tutela de la ley, en menoscabo del espíritu de empresa como propulsor del crecimiento de la riqueza pública’”.

La diferencia entre estas dos acciones es compartida por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:

“Es ya materia conocida que en el Código Civil colombiano la lesión enorme obedece a un criterio meramente objetivo, según el cual basta con que el precio convenido entre los contratantes sea lesivo en la medida determinada por la ley, para que opere esa figura. Alejándose así de la teoría de la lesión como un vicio más del consentimiento, la lesión existirá independientemente de que el contratante haya tenido conocimiento de lo inequitativo del precio, o de que haya actuado bajo constreñimiento o engaño, o de que circunstancias apremiantes lo hayan impelido a contratar. Es suficiente, se repite, la discrepancia entre el precio justo y el precio convenido, siempre y cuando, por supuesto, la desigualdad traspase los límites establecidos en el artículo 1947 del Código Civil”(7).

Uno de los principales argumentos sobre las que se encuentra fundada la diferenciación tajante entre la acción de nulidad y la acción de rescisión por lesión enorme, es la divergencia que hay en sus efectos; mientras la acción de nulidad permite la acción reivindicatoria contra terceros, estipulada en el artículo 1478 del Código Civil; la acción de rescisión por lesión enorme no procede si el comprador ha enajenado la cosa, de acuerdo con lo previsto por el artículo 1951 de la misma codificación.

Precisadas las diferencias entre la acción de nulidad y la de rescisión por lesión enorme, lo primero que constata la Sala es que acertó el tribunal al negar la pretendida nulidad por haberse basado el precio de la compraventa del bien, en un avalúo realizado por una entidad distinta al Agustín Codazzi; toda vez que el Decreto 1420 de 1998, vigente para la época de los hechos, permitía que otras entidades cumplieran esta función. Comoquiera que sobre este aspecto el recurso guarda silencio, la Sala se limita a hacer esta precisión.

4. Los requisitos de la fuerza para constituirse como vicio de la voluntad.

El artículo 1513 del código civil establece:

“La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave.

El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento”.

La doctrina ha identificado 3 elementos esenciales para que la fuerza tenga la aptitud para viciar el consentimiento: que la fuerza sea intensa, injusta y cierta.

4.1 Su intensidad.

A este requisito se le conoce con la expresión latina vis atrox, con la cual los juristas romanos querían significar que para que la fuerza pudiera afectar la voluntad de los contratantes era necesario que fuera capaz de intimidar, es decir, con una capacidad de intimidación que denominaron atroz, criterio que fue morigerado en el Código Civil, por el de aquella que pueda causar “una impresión fuerte en una persona de sano juicio”.

4.2 Su carácter injusto.

La fuerza debe ser injusta, ilegítima y contraria a derecho, pues cuando la fuerza proviene de una autoridad no tiene la aptitud para viciar el consentimiento de los contratantes. Esta característica la conocieron los romanos como la necesidad que la fuerza fuera “contra bona mores”. La doctrina colombiana la califica como la condición cualitativa de la fuerza, y se pone de presente que cuando no tenga esta característica de injusticia, esta no viciará el consentimiento de los contratantes; se cita como ejemplo de ello aquella fuerza que “está autorizada por el ordenamiento jurídico como la que consiste en ejercer las acciones judiciales reconocidas por la ley para la eficacia de los derechos”(8).

4.3 Certidumbre.

La fuerza debe ser cierta y actual, aunque sus efectos se hagan sentir en el futuro. Al respecto dice Ripert: “lo que debe ser presente es el temor inspirado […] pero el mal temido es necesariamente futuro”(9), comoquiera que la amenaza tiene un carácter teleológico, esta se concretará si el sujeto no celebra el contrato.

Examinadas las diferencias entre la acción de nulidad y la rescisión enorme y los requisitos para que la fuerza vicie el consentimiento, la Sala se ocupa ahora de reseñar los medios probatorios.

5. Los medios probatorios obrantes en el expediente.

a. Fue aportado con la aclaración de la demanda el avalúo Nº 24-71-614 realizado por el ingeniero Germán Caro González —fls. 112-138 del cdno. 1.

b. Obra Escritura Pública Nº 0467 del 28 de febrero del 2002 —fls. 2-8 del cdno. 2— en la cual consta el contrato de compraventa celebrado entre la señora Ana Betulia Rojas de Ramírez y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, cuyo objeto era el lote denominado B, luego de realizarse el desenglobe del lote de mayor extensión denominado “El Dormilón”, por un valor de $294.953.040.

c. Obra el “Acta de certificación de cabida y linderos y(sic) avalúo del predio El Dormilón de propiedad de Ana Vetulia Rojas de Ramírez” —fl. 14 del cdno. 2.

d. Informe técnico Nº MTV-562, realizado por el Consorcio Sociedad Colombiana de Avaluadores Organización Noguera Camacho Ltda. —fls. 14 anverso-15 del cdno 2— realizado el 28 de julio de 2000.

e. Se encuentra en el expediente la Escritura Pública Nº 7.381 del 31 de diciembre del 2003 —fls. 22-27 del cdno 2— mediante la cual se protocolizó el trabajo de partición de la herencia de la señora Ana Betulia Rojas de Ramírez, y se determinaron, como herederos, a los señores Graciela Ramírez Rojas, Carlos Ricardo Ramírez Rojas, Luís Ernesto Ramírez Rojas, Guillermo Enrique Ramírez Rojas, Julio César Ramírez Rojas, Edgar German Ramírez Rojas, Jairo Camilo Ramírez Rojas, Nancy Betulia Ramírez Rojas y Hernán Augusto Ramírez Rojas.

f. Milita en el plenario el Informe Técnico Nº 567-1038 de la Sociedad Colombiana de Avaluadores, del 19 de septiembre del 2002 —fls. 28-30 del cdno. 2.

g. Oferta de compra, sin fecha, del predio 8 de la manzana 32 ubicado en la calle 58 bis sur Nº 122-46, con matrícula inmobiliaria Nº 50S-40092457 —fl. 32 del cdno. 2— dirigida al señor Julio César Ramírez Rojas, en la cual se lee:

“[…] se ha dispuesto la adquisición de los predios que se encuentren en la citada zona, mediante enajenación voluntaria directa […]

Dentro de los predios requeridos, se encuentra el de su propiedad ubicado en Calle 58 Bis sur Nº 122-46, identificado según el título de adquisición contenido en la escritura pública Nº 4137de fecha 31 de agosto de 1995, de la Notaría trece (13) del Círculo Notarial de Bogotá D. C., con matrícula inmobiliaria Nº 50S-40092457 cédula catastral Nº 058 BI S 127 08 y con una extensión de setenta y dos metros cuadrados (72.00 m2) […]

Considerando lo anterior, la Empresa de Acueducto y Alcantarilladp (sic) de Bogotá – ESP, presenta a usted (es) oferta de compra del inmueble descrito, por la suma de cinco millones setecientos setenta mil pesos ($5´760.000) moneda corriente, por concepto de terreno a razón de ochenta mil pesos ($80.000) moneda corriente el metro cuadrado, según avalúo comercial 567-1038 del 19 de septiembre de 2002 fijado por la Sociedad Colombiana de Avaluadores. […]”.

h. Se encuentra en el expediente la “Oferta de compra parcial del predio denominado “El Dormilón”, dirigida a la señora Ana Betulia Rojas de Ramírez, el 11 de diciembre del 2000 —fls. 33-35 del cdno. 2— en la cual se lee:

“[…] de acuerdo con la Resolución 418 del 11 de mayo de 2000 de la gerencia técnica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, se acotó y declaró de utilidad pública la zona afectada por las obras del canal Cundinamarca, por lo cual esta entidad, en desarrollo del Convenio Interadministrativo Nº GG-021-99 del 23 de julio de 1999 celebrado con Metrovivienda, Empresa Industrial y Comercial del Estado, ha dispuesto la adquisición de los predios que se encuentran en la citada zona, mediante enajenación voluntaria directa […]

Dentro de los predios requeridos, se encuentra el de su propiedad, denominado predio El Dormilón, ubicado en la zona de Bosa de Bogotá D. C. […] del cual la empresa necesita adquirir un área con una extensión superficiaria de veinticuatro mil quinientos setenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados […] presenta a usted oferta de compra por el inmueble anteriormente descrito, por la suma de doscientos noventa y cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil cuarenta pesos moneda corriente ($294.953.040,oo), valor comercial fijado por el Consorcio Sociedad Colombiana de Avaluadores – Organización Noguera Camacho Ltda., según informe técnico Nº MTV-562 de fecha 28 de Julio(sic) de 2.000, a razón de $12.000,oo el metro cuadrado de terreno. […]”.

i. Respuesta a la comunicación radicada en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por la señora Ana Betulia Rojas de Ramírez relacionada con la “Oferta de compra parcial del predio denominado El Dormilón” —fls. 36-38 del cdno. 2.

j. Obra en el plenario el Oficio 3821 del 14 de septiembre de 2001, suscrito por el director jurídico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dirigido a la señora Ana Betulia Rojas de Ramírez, en el cual se lee:

“[…] Le solicito acercarse a la dirección jurídica de esta entidad (oficina 502), con el fin de notificarse de la Resolución 830 de septiembre 13 de 2001, por medio de la cual se ordena una expropiación.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la presente comunicación no se ha hecho presente, la notificación se hará por edicto”.

k. Fue aportada al proceso copia de la petición presentada por la señora Ana Betulia Rojas de Ramírez, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con fecha ilegible —fls. 66-68 del cdno 2— en la cual se lee, entre otros:

“[…] 4. Posteriormente por escrito radicado en el Acueducto con el Nº 116391 del 15 de enero de 2001, me vi en la imperiosa necesidad de aceptar la oferta de compra […]

Debo comunicarle a la señora gerente, que no me opongo a la venta directa y estaré siempre atenta a la negociación con el mejor animo (sic), siempre y cuando se revise el avalúo fijándole su valor comercial […]”.

l. Se encuentra en el expediente la aceptación de la oferta realizada por la señora Ana Betulia Rojas de Ramírez, radicada en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 15 de enero de 2001 —fl. 74 del cdno. 2.

m. Obra el contrato de promesa de compraventa suscrito el 6 de febrero de 2002, por la señora Ana Betulia Rojas de Ramírez y la Directora Administrativa de Bienes Raíces de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá —fls. 75-80 del cdno. 2— por valor de $294.953.040,oo.

n. Avalúo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi —fls. 90-130 del cdno. 2— enviado mediante oficio del 18 de febrero del 2008, suscrito por el Jefe de la División de Avalúos de esta entidad, dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca —fl. 89 del cdno. 2; en el avalúo, respecto del procedimiento a seguir y el valor del bien, se lee:

“[…] el valor estimado para el avalúo comercial a fecha 28 de febrero de 2002, se determina la diferencia de valor con lo pagado al propietario y el valor arrojado por este avalúo. Tal como lo solicito (sic) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se realiza la diferencia para determinar el daño emergente actualizándolo hasta la fecha de corte para la presentación de este informe que corresponde al 31 de diciembre de 2007. Para determinar el lucro cesante se actualizan mes a mes los valores del daño emergente […]

Valor estimado para el 28 de febrero de 2002: […]

Avalúo comercial: $472.837.240 […]”.

o. Fueron aportadas al proceso las escrituras públicas por medio de las cuales se protocolizaron unos contratos de compraventa suscritos entre particulares y la entidad demandada, cuyo objeto son predios colindantes con el predio objeto de este litigio —3-9 del cdno. 3 y 175-182 del cdno. 2; respecto de los cuales la Sala destaca que no se tendrán en cuenta, pues los mismos resultan impertinentes.

6. Análisis del caso concreto.

Procede ahora la Sala a resolver cada una de las inconformidades expuestas en el recurso de apelación.

5.1 La pretendida diferencia entre el valor pagado por el predio y el precio determinado por el dictamen rendido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como causal de lesión enorme.

En el desarrollo del proceso, el Instituto Colombiano Agustín Codazzi elaboró un dictamen pericial, pedido en la demanda y decretado por el tribunal de primera instancia, en el que se determinó que el valor del bien objeto de este proceso, para la época en que se realizó la venta, esto es, febrero de 2002; era la suma de cuatrocientos setenta y dos millones ochocientos treinta y siete mil doscientos cuarenta pesos moneda corriente ($472.837.240). El bien, como quedó establecido, fue vendido en la suma de doscientos noventa y cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil cuarenta pesos ($294. 243.040).

So pretexto de que en la referida experticia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi elaboró una tabla de lo que podría ser los perjuicios en los rubros de un hipotético daño emergente y de un supuesto lucro cesante, a partir de la diferencia entre el precio de su avalúo y el precio realmente pagado; la apoderada recurrente pretende que como dicho dictamen no fue objetado por ninguna de la partes, el tribunal ha debido condenar al pago de la cifra allí establecida como perjuicios en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, esto es la suma de $469.795480.

De entrada la Sala desestima este cargo contra la sentencia de primera instancia pues este parte de dos supuestos equívocos a saber:

El primer error en que incurre el recurrente es pretender que en una acción de lesión enorme se condene al pago de perjuicios por lucro cesante y daño emergente, pues, como se advirtió en precedencia, la naturaleza del acción de rescisión por lesión enorme no tiene vocación indemnizatoria; su función es de restablecimiento del equilibrio contractual y residualmente la rescisión de contrato; no otra cosa se deriva de la literalidad del artículo 1948 del Código Civil, que establece las alternativas que tienen las partes frente a la lesión enorme, en los siguientes términos:

El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá, a su arbitrio, consentir en ella, o completar el justo precio con deducción de una décima parte; y el vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la rescisión, o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte” (resaltado fuera de texto).

La literalidad de la norma transcrita pone en evidencia que en ningún momento la consecuencia de la lesión enorme trae como efecto la indemnización de perjuicios; en consecuencia, el hecho de que la experticia del Instituto Geográfico haya elaborado una tabla de cálculo de un supuesto daño emergente y un hipotético lucro cesante, no ata al juez, so pretexto de que la experticia no fue objetada; pues ello significaría que la labor de juzgador se le traslada al perito.

Esta es justamente la segunda imprecisión del recurrente, pues en la argumentación de su recurso alega que el monto establecido por el Instituto Agustín Codazzi como lucro cesante y daño emergente, ha debido ser utilizada por el tribunal de primera instancia, comoquiera que la experticia no fue objetada.

Sobre el particular basta recordar que el hecho que en ocasiones el juez requiera de apoyo de personas que tengan conocimientos técnicos de los cuales el carece, como ocurrió en el sub lite, pues el juez no tenía precisos conocimientos sobre mercado inmobiliario; esta circunstancia en ningún momento puede significar que en casos como estos el juez traslada la función de juzgador en el técnico en el que se apoya para obtener unos datos que le permitan elaborar sus raciocinios jurídicos.

Sobre la valoración de la prueba pericial es oportuno tener presente lo expresado por el profesor Michele Taruffo, quien al respecto sostiene:

“A propósito de la prueba científica surge de nuevo- con mayor énfasis aún que en el caso de las pruebas periciales técnicas ordinarias- la tradicional paradoja del juzgador como peritus peritorum. Por un lado, se presupone que el juez recurre al científico precisamente porque no tiene tiene (sic) los conocimientos científicos necesarios para decidir sobre los hechos del caso; pero, por otro lado, se exige que el mismo juez sea capaz de valorar la fiabilidad de los resultados de la prueba científica y de atribuirles el peso probatorio que, sobre la base en su convicción discrecional, considere adecuado. Se excluye, en efecto, y por buenas razones, que los resultados de la prueba pericial sean vinculantes para el juez y se admite, en cambio, que es éste quien debe resolver si acepta tales resultados o discrepa de ellos”(10).

En el sub judice, pese a que no se trataba de prueba científica, sino técnica, el raciocinio de la doctrina transcrita es plenamente aplicable, por lo tanto el tribunal de primera instancia no erró al apartarse de las conclusiones del dictamen, en lo que lo este lo consideró equivocado.

Ahora bien, la Sala resalta que de la parte de la experticia que se ocupó del justo precio del inmueble al momento de la venta, el Tribunal hizo una adecuada valoración, pues como bien lo denota el fallo de primera instancia, el a quo se ocupó de realizar el cotejo entre el avalúo del bien y el precio efectivamente pagado por él. Del contraste entre estas dos cifras es evidente que en el contrato de compraventa objeto de este proceso no se incurrió en la desequilibrio económico que la ley califica como lesión enorme, toda vez que el vendedor no recibió como precio una suma inferior a la mitad del valor que determinó el dictamen del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En efecto, con base en el justo precio determinado en tal dictamen, la lesión enorme se hubiese presentado si la venta se hubiese hecho por un valor inferior a $236.418. 620, que constituye el 50% del valor en que fue avaluado el bien; como el inmueble se vendió en una cifra superior a esta, es evidente que el desequilibrio que causa la lesión enorme no se presentó. Por lo tanto fue acertada la decisión del Tribunal a quo, de negar la pretensión de rescisión del contrato por lesión enorme.

5.2 El pretendido abuso del poder dominante..

Este cargo lo desecha in limine la Sala, puesto que el mismo constituye una variación a la causa petendi, toda vez que en los hechos alegados en la demanda no se hace alusión a dicho abuso, el que por demás sería absolutamente ajeno a la acción de rescisión por lesión enorme.

Ahora bien, en relación el otro argumento que aparece al interior del denominado abuso de poder dominante, en el que la apoderada insiste en que la vendedora decidió vender el inmueble bajo un vicio del consentimiento que se hace consistir en que si no vendía su propiedad le sería expropiada; sobre este particular la Sala reitera que es una pretensión ajena a la acción de lesión enorme que se ejerció en el petitum de la demanda que dio origen a este proceso.

No obstante lo anterior, si en gracia de discusión se interpretara que lo pretendido en este aparte del libelo no fue la acción de rescisión por lesión enorme, sino la de nulidad por fuerza; tampoco en este evento prosperaría el cargo, pues aceptar el argumento del recurrente implicaría que cada vez que un particular vende a la administración pública un inmueble, dentro de la primera etapa de negociación directa, previa a una expropiación, se estaría viciando su consentimiento. Nada más alejado de la realidad, lo que ocurre es que el ordenamiento por razones de interés general le ha otorgado a las entidades públicas la facultad de expropiar, y previamente a ello, la misma legislación a dispuesto que el particular en ejercicio de su autonomía privada, negocie con la administración el precio de su bien; si ello no es posible se inicia el proceso de expropiación, en el que existen amplias facultades procesales para que el particular objete el avalúo del bien y obtenga el que considere su justo precio. Para decirlo en los término de la doctrina transcrita en el acápite en que se estudiaron los elementos de la fuerza como vicio del consentimiento, en este caso se trata de una fuerza justa, pues la administración obra bajo la precisa autorización del ordenamiento jurídico, y bien decantado se tiene que este tipo de fuerza no logra afectar el consentimiento. Así las cosas, no puede ser de recibo el argumento, sobre el que estuvo fundado este cargo, por lo tanto este último también se denegará.

5.3 A propósito de la vigencia del avalúo que se tuvo como base para determinar el precio de la venta.

Sostiene el recurrente que las pretensiones han debido prosperar, so pretexto que el dictamen pericial, con base en el cual se hizo la negociación directa del bien, había expirado. Lo primero que la Sala advierte es que, aún en el evento en que dicho argumento resultara cierto, el mismo no tiene la virtud de hacer prosperar una pretensión de rescisión por lesión enorme, que como se ha insistido en esta providencia, supone de manera exclusiva un desequilibrio objetivo en las prestaciones del contrato.

Pese a que lo anterior sería suficiente para desechar el cargo, la Sala, en gracia de discusión, entra a examinar si es cierto que el avalúo había perdido vigencia; para el efecto es preciso tener en cuenta que la norma que establece el término de vigencia de la experticia está en listado en el Decreto 1420 de 1998, que regula el avalúo, entre otros, dentro del trámite de adquisición de bienes por enajenación voluntaria, como lo prescribe el numeral 2º del artículo 1º de esa normatividad.

Lo anterior significa que cuando el artículo 19 del mencionado decreto prescribe que el avalúo tendrá una vigencia de un año, a partir de su expedición o de la fecha en que se resolvió su revisión o impugnación; el natural entendimiento es que la otra fecha necesaria para contabilizar tal término de un año, es el momento en que las partes acuerdan el precio, y esto en el contexto de adquisición por enajenación voluntaria, ocurre cuando el particular acepta la oferta hecha por la entidad que pretende adquirir el bien.

Ahora bien, en este orden de ideas, en el sub judice, se tiene que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, presentó oferta escrita de adquisición del bien, mediante escrito del 6300-2000- 294- fl. 30-35 del c.2- , en los siguientes términos:

“La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- ESP, en desarrollo del Convenio Interadministrativo Nº GG021-99 del 23 de julio de 1999 celebrado con Metrovivienda, Empresa Industrial y Comercial del Estado, presenta a usted oferta de compra por el inmueble anteriormente descrito, por la suma de doscientos noventa y cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil cuarenta pesos moneda corriente ($294.953.040), valor comercial fijado por el Consorcio Sociedad Colombiana de Avaluadores- Organización Noguera Camacho Ltda, según informe técnico Nº MTV- 562 de fecha 28 de julio de 2000, a razón de 12.000.oo el metro cuadrado de terreno”.

Frente a esta oferta la señora Ana Betulia Rojas de Ramírez, la aceptó mediante escrito del 15 de enero de 2001 en los siguientes términos:

“Con toda atención me permito manifestarles que acepto la oferta de compra parcial del predio de mi propiedad denominado El Dormilón, ubicado en la zona Rosa de Bogotá, D.C., en una extensión superficiaria de veinticuatro mil quinientos setenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados (24.579,42 M2), por un valor de doscientos noventa y cuatro millones novecinetos (sic) cincuenta y tres mil cuarenta pesos moneda corriente ($294.953.040.oo), de acuerdo al oficio de la referencia.

Solicito que la forma de pago sea del 70% del valor total al momento de la firma del contrato de compraventa y el 30% restante una vez s (sic) encuentre perfeccionada la escritura materia de esta transacción, haciéndoles entrega del predio inmediatamente” —fl. 74 del cdno. 2—.

Los dos documentos anteriormente transcritos dan cuenta de la forma como se cruzaron las voluntades de las partes, en torno a la enajenación voluntaria del predio; muestran que por parte de la Administración se presentó una oferta en los términos previstos por el artículo 845 del Código de Comercio que prescribe:

“La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario […]”.

El texto de la oferta parcialmente transcrito, identificaba el inmueble objeto de la oferta por sus linderos especiales y, como se evidencia en la transcripción, el precio también estaba perfectamente determinado; con lo cual, los elementos esenciales del negocio se encontraban en el escrito de oferta.

Ahora bien, la propietaria del inmueble aceptó expresamente la oferta, momento a partir del cual se perfeccionó un acuerdo de voluntades entre las partes. Las vicisitudes que de allí en adelante hayan podido tener para la suscripción del contrato de promesa de venta, o para la firma de la escritura que perfeccionaba el contrato de compraventa; son actividades ajenas a la esfera precontractual, a la que se refiere el artículo 19 de Decreto 1420 de 1998, cuando establece una vigencia de un año para el correspondiente avalúo. En consecuencia este cargo propuesto en la apelación también será denegado.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1: CONFIRMAR la sentencia del 25 de marzo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2: SIN CONDENA en costas.

3: DEVÚELVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, Ediciones Librería El Profesional, Décimasexta edición, 2004, pág. 84.

(2) Entre ellos el doctor Arturo Valencia Zea.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 14 de octubre de 1976.

(4) Sentencia del 24 de septiembre de 2000, Exp. 12850, M.P. Maria Helena Giraldo Gómez.

(5) La figura de la lesión enorme aparece en Roma, con Diocleciano y Maximiano quienes consideraron que se configuraba la lesión enorme cuando ocurría una desproporción en el precio; bajo estos lineamientos Justiniano determinó la procedencia de la lesión enorme en la compraventa de inmuebles pero tan solo en favor del vendedor. El Código de Napoleón recogió la figura de la lesión enorme con fundamento en un vicio del consentimiento.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 10 de octubre de 1963.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de diciembre de 1999, expediente 5368.

(8) Guillermo Ospina Fernández, Teoría General del Contrato y de los demás actos o negocios jurídicos, Bogotá, 1994, pág. 216.

(9) Ripert y Boulanger. Tratado de derecho civil, t. IV, Buenos Aires, La Ley, 1965, pág. 135.

(10) Michele Taruffo, La prueba, Madrid, 2008, pág. 293.