Sentencia 2004-00522 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 08001-23-31-000-2004-00522-01 (19925)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño De Valencia

Actor: Confecciones Lord S.A.

Demandado: Municipio de Soledad

Sanción por no declarar ICA – año gravable 2000

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil catorce

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar la legalidad de la actuación por medio de la cual el municipio de Soledad impuso a la demandante sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, por el año gravable 2000.

Notificación del emplazamiento previo para declarar a la demandante

La actora alega que no existió emplazamiento para declarar el impuesto de industria y comercio a nombre de Confecciones Lord S.A., toda vez que el ente demandado emplazó a una sociedad diferente, es decir, que no existió para la demandante el acto previo y obligatorio a la sanción por no declarar, previsto en el artículo 398 del Acuerdo 41 de 1998 expedido por el Concejo Municipal de Soledad.

De los documentos allegados al proceso se advierte lo siguiente:

• Que el 24 de noviembre de 1994 se levantó el “Acta de exoneración de impuestos de industria y comercio” en la que se dejó constancia de que en las oficinas de “La Gran Bodega #2” se reunieron el secretario de impuestos de Soledad y el representante de la mencionada ‘empresa’ y que se verificó que se reunían los requisitos exigidos en el Acuerdo 47 de diciembre de 1993 para exonerarla del impuesto de industria y comercio conforme solicitud presentada el 11 de noviembre. El acta fue suscrita por los intervinientes y como representante de “La Gran Bodega Nº 2” firmó el señor Germán Vargas y un sello que señala “Confecciones Lord LTDA. Firma autorizada”(9).

• Resolución 26 del 24 de noviembre de 1994 expedida por el secretario de impuestos municipales de Soledad en la que, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 47 de 1993(10), se resolvió lo siguiente:

“ART. 1º—Conceder exoneración de impuestos de industria y comercio al establecimiento denominado La Gran Bodega Nº 2, ubicado en la carrera 19 autopista Aeropuerto de Soledad.

Actividad comercial: La sociedad tiene por objeto la confección de ropa para damas, caballeros y niños, venta al detal de prendas para damas y mercancías en general. Representante legal: Abdala Seieh Jassir

ART. 2º—La exoneración concedida se extiende únicamente para desarrollar las actividades de la presente resolución”(11).

• Que el 18 de julio de 2007, la Secretaria de Impuestos de Soledad expidió el emplazamiento para declarar 00001-2002 así: “Contribuyente: La Gran Bodega S.A. NIT: 802.001.358”(12).

• Que mediante escrito del 2 de agosto de 2001, firmado por el señor German Vargas, quien en las antefirmas indicó “Administrador General Confecciones Lord S.A. Almacenes La Gran Bodega”, se dio respuesta al emplazamiento para declarar 00001-2001 en el sentido de indicar que mediante Resolución 0026 del 24 de noviembre de 1994 “nos fue concedida por ese despacho la exoneración del impuesto de industria y comercio por un término de 10 años”, respuesta que, observa la Sala, fue impresa en papelería con el membrete de “Confecciones Lord S.A. NIT 890.101.890-1 / Cra. 65 Nº 71-74 (...)- Barranquilla Colombia”(13).

De las pruebas reseñadas, la Sala precisa que si bien en la Resolución 26 del 24 de noviembre de 1994, el Municipio demandado, al otorgar la exoneración del impuesto de industria y comercio, hizo referencia a la ‘sociedad’ “La Gran Bodega No. 2, ubicado en la carrera 19 Autopista Aeropuerto de Soledad”, es un hecho probado y no desvirtuado por las partes, que La Gran Bodega Nº 2 es un establecimiento de comercio de propiedad de la sociedad Confecciones Lord S.A.(14), por tanto, la exención del gravamen no podía recaer en un establecimiento de comercio(15) sino en su propietaria, por ser esta el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

Precisado lo anterior, se advierte que, como en efecto lo alega la demandante, el emplazamiento previo para declarar se dirigió a nombre de la demandante; sin embargo, tal circunstancia —por sí sola— no hace procedente anular la actuación, como lo solicita la actora en los cargos de la demanda, porque, como lo ha indicado la Sala, la falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos, no es causal de nulidad de los mismos, sino un requisito de eficacia y oponibilidad(16).

Debe precisarse que la notificación busca que el interesado tenga conocimiento de los actos emanados de las autoridades, con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad al que deben someterse todas las actuaciones judiciales o administrativas y permitirle a quienes resulten afectados con la decisión que la controviertan a través de los recursos establecidos por la ley(17).

Pues bien, la Sala advierte que, en este caso concreto, el hecho de que la administración haya dirigido el emplazamiento previo para declarar a “La Gran Bodega Nº 2”, no desvirtúa que la demandante tuvo conocimiento del emplazamiento, si se tiene en cuenta que, como se precisó, desde que se concedió la exención, la demandante se identificó ante la administración municipal como “La Gran Bodega Nº 2”, y así se señala en los considerandos de la Resolución 26 del 24 de noviembre de 1994, en la que se consignó: “Que la empresa La Gran Bodega Nº 2, presentó solicitud de exoneración de impuestos de industria y comercio con fecha 11 de noviembre de 1994 basado en el Acuerdo 47 de 1993”(18).

Adicionalmente, el establecimiento de comercio no podía ser el destinatario de la exención del ICA, pues La Gran Bodega Nº 2 es simplemente el conjunto de bienes organizados a través de los cuales Confecciones Lord S.A. desarrolla su actividad, por tanto, es la demandante la beneficiaria de la exención, por ser esta el sujeto pasivo de la obligación tributaria y quien realiza el hecho generador del gravamen respecto del cual se concedió el beneficio por parte de la demandada, aspecto que no discute la actora y que, por el contrario, reafirma en el sentido de sustentar sus alegatos tanto en sede administrativa como ante esta jurisdicción, al indicar que mediante la Resolución 26 del 2004 le fue conferida la exoneración del tributo.

Ahora bien, la actora, para desvirtuar la notificación por conducta concluyente que encontró configurada la Administración respecto del emplazamiento para declarar, afirmó en el recurso de apelación que “la respuesta se dio por Confecciones Lord S.A. y la emplazada era la sociedad La Gran Bodega S.A. CON NIT 802.001.358, totalmente distinta de Confecciones Lord S.A. NIT 890.101.890-1”(19).

Al respecto la Sala advierte que la demandante cambió la argumentación en el recurso de apelación respecto de este hecho, pues en la demanda sostuvo que el señor Germán Vargas “no es representante legal de la sociedad Confecciones Lord S.A. con facultades para comprometerla y por tanto cualquier respuesta que haya dado no puede tener la virtualidad de comprometer a la sociedad actora”(20), es decir, que el argumento estaba dirigido a restarle validez a la respuesta por la condición de la persona que la suscribió y, en ese contexto, fue analizada por el tribunal.

El argumento de la demandante en el recurso de apelación es incoherente porque aunque insiste en que está probado en el proceso que el señor Vargas no ha sido representante de la demandante, de manera contraria a lo señalado en la demanda, afirma que la respuesta que obra en el proceso y suscrita por el señor Vargas “se dio por Confecciones Lord S.A. y la emplazada era la sociedad La Gran Bodega S.A.” y, en el mismo recurso de apelación, afirma que “Esa discusión de si es una sucursal y el señor Germán Vargas podía o no comprometer a Confecciones Lord S.A. NIT (...), carece de sentido en cuanto la emplazada fue otra sociedad completamente distinta (...)”(21).

Como se observa, tales argumentos son distintos a los inicialmente planteados y, por el contrario, lo que hacen es respaldar la actuación del señor Germán Vargas al reconocer que la respuesta presentada al emplazamiento la presentó Confecciones Lord S.A., esto sumado a que, como está probado, el beneficio tributario conferido a “La Gran Bodega Nº 2” debe entenderse a favor de la actora y las demás pruebas que demuestran: (i) la propiedad de la actora respecto del establecimiento de comercio y (ii) que el señor Vargas suscribió tanto el acta de verificación de los requisitos para la exención como la respuesta al emplazamiento, actos en los que puso de presente, con un sello o indicando en la antefirma el nombre de la actora, así como el hecho de haber utilizado en la respuesta al emplazamiento papelería con el membrete que identifica a la demandante, aspectos que no fueron desvirtuados por la actora.

En consecuencia, esta Sala confirma lo decidido por el a quo en este punto, en cuanto no dio por probado el cargo referido a la inexistencia del emplazamiento previo por no declarar, por las razones antes expuestas.

Fundamento normativo de la sanción por no declarar

La recurrente alega que a pesar de que la administración, al resolver el recurso de reconsideración, reconoció haber aplicado normas que no estaban vigentes para la época en que se incurrió en la conducta sancionada, debió haber revocado el acto recurrido, esto es, la resolución que impuso la sanción por no declarar.

Al respecto, la Sala comparte lo decidido por el tribunal y lo señalado por el Ministerio Público, en el sentido de indicar que este argumento carece de sustento legal, en la medida en que los recursos contra los actos administrativos, como el recurso de reconsideración, tienen por objeto precisamente «permitir a la administración la corrección de sus propios actos mediante su modificación, aclaración o revocatoria”(22).

En consecuencia, la actuación de la demandada en el sub examine, en cuanto a la modificación de la tasación de la sanción, se ajustó a la finalidad del recurso en la medida en que encontró que, aunque se mantenía la conducta sancionable, la normativa aplicable para liquidar la sanción por no declarar implicaba un resultado distinto al inicialmente determinado en la resolución sancionatoria.

En esas condiciones, la Sala observa que la administración actuó debidamente pues, al advertir el yerro que fue puesto de presente por la demandante en el recurso de reconsideración, lo procedente era la modificación de la liquidación de la sanción y no la revocatoria del acto sancionatorio recurrido, toda vez que no fue desvirtuada la conducta que dio lugar a la sanción por no declarar.

Ilegalidad de la actuación porque impidió a la actora acogerse a la sanción reducida

En primer término, la Sala advierte que para sustentar este cargo en la demanda, la actora afirmó que “se violó este derecho de defensa en la medida en que al aplicar una sanción inicial de $ 1.635.982.500 con base en una disposición abiertamente impertinente como lo reconoció el mismo municipio al rebajar el monto a la suma de $ 327.197.000, se privó a mi poderdante de haber presentado la declaración para acogerse a la disminución de la sanción (...)”(23). Mientras que en el recurso de apelación, la demandante sostiene que se le privó de la posibilidad de acudir a la sanción reducida porque si la administración “hubiera hecho correctamente al emplazar para corregir a la sociedad Confecciones Lord S.A. (...), esta hubiera tenido la oportunidad de presentar su declaración liquidando la sanción por extemporaneidad e incluso obteniendo de esta manera acceso a la sanción reducida por presentar la declaración de ICA para la cual la habían emplazado”(24).

Como se advierte, el sustento fáctico de la alegación de la actora fue modificado en el recurso de apelación, aspecto que no puede ser estudiado en virtud del derecho de defensa y contradicción de la parte demandada, pues frente al cargo así sustentado, la demandada no tuvo la posibilidad de controvertirlo, y porque con base en los supuestos fácticos expuestos en la demanda se pronunció el tribunal.

En todo caso, se advierte que si la intención de la demandante hubiera sido la de acogerse a la sanción reducida y, teniendo en cuenta su inconformidad con la aplicación que hizo el ente demandado de normas que no eran las pertinentes, había podido realizar el pago liquidando la sanción con base en la normativa que consideraba aplicable. No obstante, como se advierte de la discusión en sede administrativa y ante esta jurisdicción, el criterio de la demandante ha sido el de sostener que no estaba obligada a presentar declaración del impuesto de industria y comercio.

Además de lo anterior, como se analizó, quedó desvirtuado el argumento de que no existió emplazamiento previo por no declarar y, según lo dispuesto en el artículo 346 del Acuerdo 41 de 1998, la posibilidad de acceder a la sanción reducida del 10% se da si el contribuyente presenta la declaración del tributo con el recurso de reconsideración contra la resolución sancionatoria, es decir, que no depende del emplazamiento previo para declarar.

Obligación de presentar declaración del impuesto de industria y comercio respecto del cual se concedió exención a la demandante.

La demandante sostiene que no estaba obligada a presentar la declaración del impuesto de industria y comercio por el año gravable 2000, con fundamento en lo siguiente:

— La demandada le concedió una exención por 10 años del impuesto de industria y comercio, razón por la cual fue relevada del pago del tributo y, en consecuencia, no estaba obligada a presentar declaración del impuesto.

— El Acuerdo 41 de 1998 establece dicha obligación para los responsables del impuesto, condición que no reunía la actora pues tampoco existía impuesto a pagar.

— La obligación de presentar declaración del tributo para las personas exentas surgió expresamente en el Acuerdo 30 de 2001, esto es, con posterioridad al periodo gravable objeto de sanción.

Al respecto, la Sala precisa que la “exención” se refiere a “la rebaja total o parcial del gravamen que en principio se causaría en cabeza de un sujeto pero que el legislador puede exonerarle por diferentes razones de índole política o económica”(25). En relación con las exenciones en el impuesto de industria y comercio, la sección se ha pronunciado así:

“El artículo 39 de la Ley 14 de 1983, señaló de manera taxativa las prohibiciones a los concejos municipales en relación con el impuesto de industria y comercio, entre ellas las relativas a gravar la producción primaria agrícola. Las prohibiciones son exclusiones efectuadas por el legislador de actividades y sujetos pasivos respecto del impuesto, en virtud de las cuales no se causa el gravamen; a diferencia de las exenciones tributarias que constituyen un beneficio que se concede a quienes son sujetos pasivos del impuesto, donde este se rebaja total o parcialmente. El establecimiento de exenciones, que pueden otorgarse hasta por 10 años y deben obedecer a planes de desarrollo municipal, es de competencia exclusiva del respectivo concejo municipal, en los términos del artículo 38 de la Ley 14 de 1983, en concordancia con los artículos 294 y 313 - 4 de la Constitución. A diferencia de las exenciones, las prohibiciones no están limitadas en el tiempo y no requieren ser adoptadas mediante acuerdo, pues debe ser aplicado lo dispuesto en la ley, y que deben ser observadas mientras se halle vigente la norma que las estableció”(26). (Negrillas y subrayas fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la exención del impuesto de industria y comercio otorgada a la demandante, en virtud del Acuerdo 47 de 1993 del Concejo Municipal de Soledad y la Resolución 26 del 24 de noviembre de 1994, significa que si bien tiene la condición de sujeto pasivo del tributo, toda vez que realiza el hecho generador del gravamen, en este caso, confección y venta de ropa, por cumplir los requisitos previstos en el mencionado acuerdo, la administración municipal, dentro de sus facultades constitucionales y legales, determinó que el impuesto a cargo es de cero.

En esas condiciones, la Sala advierte que la demandante al ser sujeto pasivo del impuesto debía cumplir con el deber formal de presentar la respectiva declaración, obligación que no debía estar expresamente consagrada en el Acuerdo 47 de 1993, pues tal deber se deriva de su condición de sujeto pasivo, de la cual no se sustrae por ser destinatario de la exención, pues precisamente este beneficio se deriva del ejercicio de una actividad gravada pero que se grava con una tarifa de 0, lo cual debe ser reflejado en la respectiva declaración.

Por lo anterior, la Sala concluye, al igual que lo hizo el a quo, que la demandante estaba en la obligación de presentar la declaración del impuesto de industria y comercio por el año gravable 2000, razón por la cual procedía la sanción por no declarar.

Ilegalidad e inconstitucionalidad de la sanción por no declarar prevista en el artículo 345 del Acuerdo 41 de 1998.

Para la demandante, el artículo 345 del Acuerdo 41 de 1998 es inconstitucional e ilegal, para lo cual, indicó que esta Sala retiró del ordenamiento jurídico una norma similar, contenida en el Decreto 807 de 1993, que regula el procedimiento de los impuestos en el Distrito Capital. El a quo negó esta excepción con fundamento en que la actora no había precisado la sentencia de esta Sección aludida ni invocado las normas constitucionales y legales supuestamente infringidas.

Al respecto, se advierte que asiste razón al demandante en cuanto a que el argumento con el cual el tribunal no estudió este cargo no puede ser aceptado si se tiene en cuenta que hoy por hoy, el avance de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) ha permitido que el operador jurídico tenga acceso a información a través de otros medios diferentes a la prueba aportada con la demanda, máxime cuando el artículo 95 de la Ley 270 de 1996 faculta a los funcionarios judiciales a “utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones”. Además, contrario a lo señalado por el a quo, el demandante invocó los artículos 95-9 y 363 de la Constitución como normas constitucionales infringidas.

Pues bien, la Sala advierte que la norma aplicada por el municipio demandado y la que fue objeto de análisis en la sentencia del 10 de noviembre de 2000, Exp. 10870 de esta Sección invocada por la actora, disponían lo siguiente:

Acuerdo 41 de 1998 expedido por el Concejo Municipal de SoledadDecreto 807 de 1993 del Distrito Capital
ART. 345.—Sanción por no declarar. La sanción por no declarar será equivalente: 1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del Impuesto de Industria y Comercio, al 2% del valor de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada.
2. (...).
ART. 60.—(Modificado por el Art. 33 Decreto Distrital 362 de 2002). Decía así: sanción por no declarar. La sanción por no declarar dentro del mes siguiente al emplazamiento o a la notificación del auto que ordena inspección tributaria, será equivalente a:
1. (...)
2. En el caso de que la omisión de la declaración se refiera al impuesto de industria, comercio y avisos y tableros, al diez por ciento (10%) de las consignaciones o ingresos brutos del período al cual corresponda la declaración no presentada, o al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior.

Esta Sala, en la sentencia mencionada, anuló el aparte subrayado del numeral 2º del artículo 60 del Decreto 807 de 1993, con fundamento, entre otros aspectos, en lo siguiente:

“Respecto a la violación de los artículos 95-9 y 363 de la Carta, que imponen la obligación a los asociados de contribuir con las cargas públicas, dentro de los conceptos de justicia y equidad, cabe señalar, que efectivamente el principio constitucional de equidad se concreta en la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones por infracciones tributarias, cuya observancia no solamente rige en lo atinente a la obligación principal o sustancial, sino en la consagración de las respectivas sanciones, las que deben ser razonables y proporcionadas al hecho que se reprime.

La proporcionalidad equivale a que la acción represiva guarde equivalencia con la conducta infractora, en otras palabras, que reflejen proporcionalidad los parámetros de graduación y los de corrección. La norma contenida en el artículo 60, como lo acusa el actor, eligió una alternativa de sanción, que ya no se tasa en relación con el impuesto, sino por el valor de los ingresos, la que en el contexto de la relación entre la omisión y el monto de la sanción resulta claramente desproporcionada frente al posible impuesto. Proporción que no se logra cuando aquel se expresa en miles porcentuales y la sanción en cientos”.

La Sala advierte, como lo hace el demandante, que los anteriores argumentos son aplicables al caso concreto, pues según el artículo 38 del Acuerdo 41 de 1998 el impuesto de industria y comercio está tasado en miles y la sanción por no declarar en porcentaje (2%).

En esas condiciones, probada la excepción de inconstitucionalidad de la norma local aplicada frente al principio de proporcionalidad, consagrado en los artículos 95-9 y 363 de la Carta, y las facultades conferidas al juez contencioso en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, la Sección considera que procede la reliquidación de la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio en el 2%o de los ingresos que tuvo en cuenta el municipio de Soledad, toda vez que no fueron cuestionados(27).

Así, la liquidación de la sanción por no declarar discutida, a cargo de la demandante, quedaría así:

Año gravableBase gravableLiquidación Res. 11 del 18 de mayo de 2003 (2%)Consejo de Estado (2%o)
2000$ 16.359.825.000$ 327.197.000$ 32.719.650

 

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, anulará parcialmente los actos demandados, para fijar a cargo de la demandante la sanción por no declarar ICA del año gravable 2000, en la suma de $ 32.719.650.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 19 de julio de 2012 del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En su lugar, ANÚLANSE parcialmente la resolución sanción por no declarar 005 del 18 de enero de 2003 y la Resolución 11 del 28 de mayo de 2003, expedidas por la secretaria de impuestos del municipio de Soledad Atlántico.

3. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio al Municipio de Soledad en el año gravable 2000, a cargo de la sociedad Confecciones Lord S.A., es de treinta y dos millones setecientos diecinueve mil seiscientos cincuenta pesos m/cte. ($ 32.719.650), de acuerdo con la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Jorge Octavio Ramírez Ramírez—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Presidente de la Sección, ausente con permiso— Martha Teresa Briceño de Valencia—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(9) Fl. 124 c.p.

(10) En los considerandos de la resolución se indica que el artículo 1º del Acuerdo 47 de 1993 faculta al Secretario de Impuestos para exonerar por 10 años a las empresas nuevas que se establezcan en el municipio de Soledad con una base de empleados y obreros mayor de treinta (30) y según el acta de exoneración de impuestos de la demandante, también se establece que los trabajadores debían ser oriundos del municipio de Soledad.

(11) Fl. 123 c.p.

(12) Fls. 121 a 122 c.p.

(13) Fl. 120 c.p.

(14) Según certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, en el que consta que Confecciones Lord S.A. tiene registrados, entre otros, establecimientos de comercio, “La Gran Bodega No. 2” (fl. 30 vto.)

(15) Código de Comercio. Art. 515. Definición de establecimiento de comercio. Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.

(16) Sentencias de 6 de marzo de 2008, Exp. 15586 y de 26 de noviembre de 2009, Exp. 17295. C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz; y del 12 de mayo de 2010, Exp. 16534, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(17) Corte Constitucional. Sentencia C-929 de septiembre 6 de 2005.; Consejo de Estado, Sentencia de 26 de octubre de 2006, Exp. 15182.

(18) Fl. 123

(19) Fl. 365 c.p.

(20) Fl. 3 c.p.

(21) Fl. 365 c.p.

(22) Corte Constitucional. Sentencia C-339 de 1996.

(23) Fl. 5 c.p.

(24) Fl. 367 c.p.

(25) Sentencia del 11 de octubre de 1991, Exp. 3319, M.P. Dr. Jaime Abella Zárate.

(26) Sentencia del 27 de octubre de 1995, Exp. 7286, M.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo.

(27) En similar sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 28 de noviembre de 2013, Exp. 18443, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.