Sentencia 2004-00530 de abril 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 730012331000200400530 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades distritales

Actores: Isabel Pineda de González, Luis Alfredo Gutiérrez González y Winston Andrés Castro Leiva.

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Corresponde a la Sala determinar si de conformidad con los argumentos expuestos por el demandante en su recurso de apelación, hay lugar a declarar la nulidad del auto de 26 de diciembre de 2006 y de las resoluciones 379 de 2003, 441 de 2003 y 461 de 2003, mediante los cuales la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Ibagué inició actuación administrativa dirigida a corregir los folios de matrícula inmobiliaria 350-0079136 y 350-0168843.

Los demandantes consideran que el registro de instrumentos públicos cumple dos funciones primordiales, los cuales son servir de medio de tradición del dominio de bienes inmuebles y dar publicidad a los actos o contratos que comportan la constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio sobre bienes raíces.

En consecuencia, si existió un error en el registro público de los actos o contratos celebrados respecto del lote de terreno adquirido por los señores Aristides Pineda Cárdenas y Adelina Pineda Cárdenas y, posteriormente, enajenado a terceras personas dentro de las que se cuentan los demandantes, sus efectos no pueden hacérseles extensivos, pues actuaron de buena fe y basados en la confianza derivada de la publicidad del registro en el folio de matrícula inmobiliaria 350-079136 a ese bien inmueble.

De otro lado, los demandantes resaltan que si respecto del lote de terreno citado los señores Adelina Pineda Cárdenas y Antonio Sandoval Camargo celebraron contrato de compraventa, la misma fue registrada en el folio de matrícula 350-0168843 que no correspondía a ese inmueble y, por consiguiente, tal contrato no quedó perfeccionado y no tiene vocación para romper la cadena de títulos publicitada en el folio de matrícula 350-079136.

Finalmente, alegan que según reconoció el a quo, el bien inmueble vendido por la señora Pineda Cárdenas al señor Sandoval Camargo, es distinto al adquirido por la señora Isabel Pineda de González, a través de la sucesión intestada de Adelina Pineda Cárdenas.

Sobre este último punto, la Sala considera prudente advertir a que el lote adquirido por Antonio Sandoval Camargo mediante Escritura Pública Nº 655 de 1952, no es distinto de aquel adjudicado a la señora Isabel Pineda de González mediante proceso de sucesión intestada de la señora Adelina Pineda Cárdenas, pues dicho juicio parte de la confusión de los demandantes, quienes en su recurso de apelación, entendieron que la Escritura Pública Nº 827 de 1944 (a través de la cual Adelina Pineda Cárdenas compró el lote al señor Emigdio Pineda Cárdenas), correspondía a aquella mediante la cual la señora Pineda Cárdenas había vendido el lote al señor Antonio Sandoval Camargo, lo cual no se ajusta a la realidad.

En efecto, lo cuestionado por el a quo en el fallo de primera instancia, fue la identidad entre el bien inmueble que la señora Adelina Pineda Cárdenas compró al señor Emigdio Pineda Cárdenas y el inmueble que, posteriormente, le fue adjudicado a la señora Isabel Pineda de González en el proceso de sucesión de la señora Adelina Pineda Cárdenas, cuestión que, de cualquier forma, resulta ajena al proceso de la referencia, puesto que tal aspecto no sirvió de fundamento a los actos administrativos acusados ni fue cuestionado por las partes.

Dicho lo anterior, en el asunto objeto de estudio la controversia se centra en determinar si la Registradora de Instrumentos Públicos de Ibagué estaba facultada para corregir los folios de matrícula inmobiliaria 350-0168843 y 350-079136, en el entendido de que estos fueron abiertos respecto de un mismo lote de terreno, o si, por el contrario, tal actuación no podía adelantarse, por cuanto afectaba los derechos de los demandantes quienes obraron amparados en la confianza derivada del registro.

Sea lo primero advertir que de conformidad con el artículo 1º del Decreto-Ley 1250 de 1970, el registro de instrumentos públicos es un servicio del Estado prestado por funcionarios públicos, en la forma establecida en dicho cuerpo normativo y para los fines y efectos consagrados en la leyes, siendo su finalidad (i) otorgar publicidad a los actos que las personas naturales o jurídicas celebran respecto de bienes raíces, con el fin de que los mismos resulten oponibles frente a terceros y, de conformidad con el artículo 756 del Código Civil(4), (ii) servir de instrumento para el perfeccionamiento de su tradición.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 82 del Decreto-Ley 1250 de 1970 o estatuto de registro de instrumentos públicos, el modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ordenación, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien. Tal disposición, constituye el principal fundamento para la corrección de aquellos errores en los que se haya incurrido al momento de inscribir un título en el registro, bien sea imputable a los particulares o a las oficinas de registro, puesto que, en cualquier caso y por expresa disposición legal, el folio de matrícula inmobiliaria debe publicitar el estado jurídico real del bien en cuestión.

Así lo reconoció esta Sala en sentencia de 23 de octubre de 2003 [M.P. Olga Inés Navarrete Barrero, Exp. 1997-05610-01(5611)], en la que indicó que “en el caso de la función registral el artículo 82 del Decreto 1250 de 1970 señala que los folios de matrícula inmobiliaria deberán exhibir en todo momento el estado jurídico del respectivo bien, es decir, que habilita al registrador para que efectúe en cualquier momento las correcciones del caso”.

Asimismo y de acuerdo con el artículo 35 del citado decreto(5), los registradores de instrumentos públicos están expresamente facultados para corregir los errores en los que se haya incurrido al realizar la inscripción, “(…) subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deban agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciéndolo entre comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándolo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que se haga”.

Al respecto, la Sala considera prudente distinguir entra la corrección de la inscripción y la cancelación de la inscripción, siendo esta última el acto mediante el cual se deja sin efectos el registro. En efecto, la corrección procede en todos aquellos casos en los que exista un error en la inscripción, mientras que la cancelación, solo puede llevarse a cabo cuando se presente ante el registrador, la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido (D. 1250/70, art. 40).

En sentencia de 20 de junio de 1997, la Sala reconoció que la corrección y la cancelación del registro o inscripción, son dos mecanismos diferentes que otorgan al registrador la facultad de solventar problemas o dificultades que, eventualmente, puedan presentarse durante el registro. En aquella ocasión se expuso:

“Pero el Decreto 1250 de 1970 prevé, como se dejó indicado en el número 2 de estas consideraciones, que ante eventuales problemas que puedan surgir en el registro de una propiedad inmueble, la administración cuenta con los instrumentos de corrección de la inscripción o de cancelación de la misma, “cuando se presente la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido”. Estos dos mecanismos le otorgan al registrador unas facultades regladas, las cuales no pueden ser desconocidas por la administración y utilizadas únicamente para los fines previstos en las normas.

No puede el registrador de instrumentos públicos para corregir presuntos errores utilizar procedimientos distintos a la corrección, en la forma señalada en el artículo 35 ibídem, y no, como tuvo ocurrencia en el caso analizado, el de las resoluciones acusadas, mediante las cuales dicho funcionario ordenó la exclusión del folio de matrícula inmobiliaria de unas anotaciones, lo cual implica materialmente una cancelación, por fuera de las causales previstas por la ley”(6).

A partir de lo anterior, es viable colegir que la cancelación de una inscripción en el registro de instrumentos públicos no puede realizarse oficiosamente por el registrador, comoquiera que, para tal efecto, es requisito sine qua non que el interesado aporte prueba de la cancelación del título o que medie orden judicial en ese sentido. No ocurre lo mismo con la corrección a la que hace referencia el artículo 35 del estatuto, pues para tal supuesto, no está previsto ningún tipo de condicionamiento, bastando simplemente con que se advierta la existencia de un error que no conlleve dejar sin efectos el registro.

Ahora bien, en el asunto de la referencia, la Sala observa que la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Ibagué, mediante auto de 26 de diciembre de 2006, inició actuación administrativa tendiente a corregir los folios de matrícula inmobiliaria 350-079136 y 350-0168843, toda vez que erróneamente inscribió en este último la Escritura Pública Nº 655 de 14 de mayo de 1952 que protocolizó la compraventa celebrada entre Adelina Pineda Cárdenas y Antonio Sandoval Camargo, respecto del lote de terreno que la primera había adquirido del señor Emigdio Pineda Cárdenas, bien inmueble que tenía asignado el folio de matrícula inmobiliaria 350-079136.

Como consecuencia de ese error y durante un lapso de 54 años, la compraventa celebrada entre Adelina Pineda Cárdenas y Antonio Sandoval Camargo no apareció inscrita en el folio de matrícula 350-079136 y, aparentemente, los herederos de la señora Pineda Cárdenas no tenían noticia de la misma, de manera que tras su fallecimiento, su sobrina Isabel Pineda de González inició proceso de sucesión intestada que culminó con la adjudicación del lote de terreno objeto de litis, la cual fue inscrita en el folio 350-079136 al igual que los actos de transferencia de dominio celebrados con posterioridad, a favor de los señores Luis Alfredo Gutiérrez González y Winston Andrés Castro Leiva, también demandantes dentro del proceso de la referencia.

Pese a lo anterior, es innegable la existencia de la Escritura Pública Nº 655 de 14 de mayo de 1952, la cual obra a folios 69 a 72 del cuaderno principal y en la que se lee lo siguiente:

(…) a catorce (14) de mayo de mil novecientos cincuenta y dos (1952) ante mi Hernando Flores Barreto, notario segundo principal de este circuito y ante los testigos instrumentales señores [ininteligible] Duque y Marcelino Rodríguez, varones, mayores de edad vecinos del circuito, de buen crédito y en quienes no conocen ninguna causal de impedimento, compareció la señora Adelina Pineda Cárdenas, mujer soltera, mayor de edad (…), a quien conozco personalmente de lo cual doy fe y dispuso: Primero Que transfiere a título de venta a favor del señor Antonio Sandoval Camargo, mayor de edad (…) e igualmente conocido del notario, el derecho de dominio pleno y la posesión efectiva que tiene y ejercita la compareciente sobre el lote de terreno denominado “La Unión” y que en adelante seguirá llamándose “El Placer”, denominado anteriormente “Las Margaritas”, ubicado en el pasaje Los Cristales, fracción de Calambeo jurisdicción de este municipio, con mejoras consistentes en una casa de habitación (…)”.

Tal escritura fue inscrita en el registro el 21 de mayo de 1952 en el folio de matrícula inmobiliaria 350-0168843, el cual no correspondía al número de matrícula asignado al bien inmueble objeto del contrato y en el que sólo fue realizada dicha anotación. En este punto, resulta pertinente anotar que, contrario a lo expuesto por los demandantes, la compraventa celebrada entre Adelina Pineda Cárdenas y Antonio Sandoval Camargo quedó perfeccionada en los términos del artículo 1857 del Código Civil(7), una vez que fue protocolizada a través de escritura pública, de manera que surte plenos efectos jurídicos en tanto confluyeron el título (compraventa elevada a escritura pública) y el modo - tradición (inscripción de la escritura en el registro).

No se remite a duda que el error cometido por la oficina de instrumentos públicos es solo imputable a dicha entidad, pero ello no implica que no pueda corregirse a efectos de mantener incólumes las anotaciones 16 a 19 del folio de matrícula inmobiliaria 350-079136, como pretenden los demandantes, habida cuenta de que esas inscripciones no corresponden a la situación jurídica real del lote de terreno denominado “La Unión” y, por ende, es deber del registrador ajustar dicha situación.

Ahora bien, la Sala destaca que las correcciones efectuadas por la Registradora de Instrumentos Públicos de Ibagué, no significaron la cancelación de las inscripciones relacionadas con (i) la adjudicación sucesoral del lote a la señora Isabel Pineda de González, (ii) los contratos de compraventa celebrados entre esta y los señores Luis Alfredo Gutiérrez González y Winston Andrés Castro Leyva y (iii) la hipoteca que éstos constituyeron a favor del señor Gilberto Valencia ni su traslado a otro folio de matrícula inmobiliaria, pues al observar las resoluciones acusadas se aprecia que lo dispuesto por la registradora fue adecuar tales registros a la realidad jurídica del bien inmueble, incluyéndolos en la casilla de especificación del acto “cosa ajena” (falsa tradición) y manteniéndolos en el folio de matrícula 350-079136, así:

“(...) ART. 2º—Corregir la anotación 16 del folio de matrícula inmobiliaria 350-0079136, correspondiente a la escritura 2166 del 19-12-2001 de la Notaría 5ª de Ibagué, incluyendo en la casilla especificación del acto “cosa ajena”, quedando el acto en consecuencia adjudicación en sucesión derecho proindiviso cosa ajena (falsa tradición), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente.

ART. 3º Corregir la anotación 17 del folio de matrícula inmobiliaria 350-0079136, correspondiente a la escritura 2167 del 19-12-2001 de la notaría 5ª de Ibagué, incluyendo en la casilla especificación del acto “cosa ajena”, quedando el acto en consecuencia transferencia derechos de cuota derecho proindiviso 15% cosa ajena (falsa tradición), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente.

ART. 4º—Corregir la anotación 18 del folio de matrícula inmobiliaria 350-0079136, correspondiente a la escritura 2168 de 19-12-2001 de la notaría 5ª de Ibagué, incluyendo en la casilla especificación del acto “cosa ajena”, quedando el acto en consecuencia “transferencia derechos de cuota derecho proindiviso 15% cosa ajena (falsa tradición), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente.

ART. 5º—Corregir la anotación 19 del folio de matrícula inmobiliaria Nº 350-0079136, correspondiente a la escritura 884 del 26-04-2003 de la notaría 5ª de Ibagué, incluyendo en la casilla especificación del acto “cosa ajena”, quedando el acto en consecuencia hipoteca de derechos proindiviso dos derechos equivalentes al 15% c/u cosa ajena (falsa tradición), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente. (...)”.

No ocurre lo mismo con la inscripción de la Escritura Pública Nº 655 de 14 de mayo de 1952, pues se anotó en el folio de matrícula inmobiliaria 350-0168843 que no correspondía al bien inmueble sobre el cual recaía la compraventa objeto de registro y, por ende, la Registradora de Instrumentos Públicos de Ibagué, mediante la Resolución 379 de 2003, ordenó su traslado al folio de matrícula inmobiliaria pertinente, esto es, al 350-0078136, en los siguientes términos:

“ART. 1º Trasladar del folio de matrícula inmobiliaria 350-0168843 al folio de matrícula 350-0079136, la única anotación correspondiente a la escritura 655 del 14-05-1952 de la Notaría 2ª de Ibagué, contentiva del acto de compraventa de derechos de cuota código 307 de Adelina Pineda Cárdenas a favor de Antonio Sandoval Camargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente”.

Al respecto, no está demás traer a colación lo dicho por la Sala en sentencia de 8 de marzo de 2001 (M.P. Olga Inés Navarrete Barrero), mediante la cual resolvió un asunto similar al de la referencia, en el que, erróneamente, la oficina de registro de instrumentos públicos había abierto dos folios de matrícula inmobiliaria respecto de un mismo bien raíz. En dicha ocasión, se concluyó:

“(…) Las razones expuestas conducen a la Sala a concluir que la actuación de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia se encuentra ajustada a la legalidad, pues ciertamente, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1250 de 1970 (arts 5º y 49), respecto a cada inmueble solo debe existir un folio de matrícula inmobiliaria que contenga la real situación jurídica del bien, pues es el documento que indica en cabeza de quien se encuentra el derecho de dominio y las limitaciones al mismo, y ante contravención a dicho principio corresponde a la administración la corrección del yerro, pues lo cierto es que el certificado que expiden las oficinas de registro de instrumentos públicos deben dar certeza de la real situación de un inmueble ya que, nada menos, constituyen documentos sobre el cual giran las transacciones comerciales, y las anotaciones allí contenidas son las que pueden ser oponibles a terceros de buena fe.

Finalmente, cabe precisar que los perjuicios que se alegan por el demandante dentro de este proceso, relativos a la falta de garantía para hacerse cancelar la acreencia, no surgen del proceder en la expedición de las resoluciones demandadas, sino del yerro en que incurrió la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia al abrir doble folio de matrícula inmobiliaria para un mismo predio, generando confusión tanto respecto a quien pretendió perseguir los bienes del demandado dentro de un proceso ejecutivo como en los jueces que ordenaron el embargo y secuestro de un bien que ya no era de propiedad del ejecutado, siendo la acción adecuada para perseguir tales perjuicios, si los hubo, la de reparación directa. (…)”(8).

En este caso, como en aquel, aparece probado que los folios de matrícula 350-0168843 y 350-0078136 fueron abiertos para un mismo bien inmueble, lo cual es a todas luces irregular, pues según el artículo 5º del estatuto de registro de instrumentos públicos “La matrícula es un folio destinado a un bien determinado”, de donde se sigue que la corrección efectuada por la registradora de instrumentos públicos era necesaria.

Asimismo, ha de advertirse a los demandantes que los perjuicios patrimoniales que hayan podido causárseles, no se derivan de la corrección llevada a cabo por la Registradora de Instrumentos Públicos de Ibagué, quien estaba en la obligación de adelantarla para dar pleno cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1250 de 1970, sino del error en el incurrió al abrir un nuevo folio de matrícula inmobiliaria para inscribir la Escritura Pública Nº 655 de 1952 correspondiente a la compraventa celebrada entre Adelina Pineda Cárdenas y Antonio Sandoval Camargo, sin tener en cuenta que el bien inmueble objeto del contrato, ya tenía asignado un número de matrícula.

Dicho lo anterior y habiéndose desestimado los argumentos expuestos por los demandantes, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE en su totalidad el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de siete (07) de abril de dos mil once (2011)».

(4) ART. 756.—Perfeccionamiento de la tradición de los derechos reales constituidos en bienes raíces. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos (…)”.

(5) ART. 35.—Los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, se corregirán subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deban agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciéndolo entre comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándolo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que se haga. Las salvedades serán firmadas por el registrador o su delegado. Sin dichos requisitos no valdrán las correcciones y se tendrán por verdaderas las expresiones originales.

(6) Consejo de Estado - Sección Primera. Sentencia de 20 de junio de 1997 M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Expediente 4080, actor: Instituto Oscar Scarpetta de Protección Infantil.

(7) ART. 1857.—Perfeccionamiento de la venta. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes: La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública (…).

(8) Expediente 18001-23-31-000-1997-1217-01(6510), actor: Nelson Augusto Triana Robles.