Sentencia 2004-00573 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente núm. 2004-00573-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 15 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Actora: Clínica La Asunción

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

Cabe señalar que la Sala solo hará pronunciamiento de fondo frente a la legalidad de las resoluciones acusadas números 2309 de 16 de octubre de 2003 y 0139 de 28 de enero de 2004, que son los actos definitivos que resolvieron el decomiso de la mercancía ingresada al país bajo el régimen de importación temporal a largo plazo, no así en relación con el Requerimiento Especial Aduanero núm. 1666 de 3 de julio de 2003, por ser un acto de trámite, que no crea, modifica ni extingue situación jurídica alguna respecto de la parte actora, sino que recomienda o propone el decomiso de la mercancía, por lo que no es demandable, conforme se precisó en la providencia de 1o. de febrero de 2007 (Expediente núm. 2006-00286, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), reiterado en sentencia de 26 de julio de 2012 (Expediente núm. 2003-01221, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno ).

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala trae a colación, lo siguiente:

Los actos acusados declararon el incumplimiento por parte de la actora, de la obligación adquirida de finalizar la importación temporal de largo plazo dentro del término señalado en las Declaraciones núms. 0117302052294-2 y 1420199082980-5 de 12 de febrero de 1998, y resolvieron el decomiso de la mercancía que ingresó al país bajo ese régimen.

Previamente a la expedición de los actos acusados, que ordenaron el decomiso de la mercancía, como quiera que la actora incumplió la obligación de pagar oportunamente los tributos aduaneros respecto de unas cuotas, como lo reconoce expresamente en la demanda, mediante la Resolución número 1656 de 21 de agosto de 2001 (folio 87 del cuaderno principal), se declaró el incumplimiento de una obligación aduanera y se ordenó hacer efectiva la garantía que constituyó mediante la póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones legales número 718678, de la Compañía Aseguradora Seguros del Estado. Posteriormente, el jefe de la división jurídica de la DIAN Local Barranquilla, mediante la Resolución número 104 de 17 de enero de 2002, revocó el anterior acto, en aplicación del artículo 1081 del Código de Comercio, por haber ocurrido el fenómeno de la prescripción extintiva de la obligación.

A folio 144 del cuaderno principal, reposa la Resolución número 180 de 30 de enero de 2003, que revocó la Resolución de decomiso número 3776 de 15 de octubre de 2002, pues no había lugar a la aprehensión y decomiso de la mercancía que se había fundamentado en el numeral 1.14 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 21 del Decreto 1198 de 2000, porque al actor le quedaba un término para legalizar la mercancía; en este acto se le advierte a la actora que debe legalizar la mercancía con el pago de los tributos aduaneros e intereses moratorios a que haya lugar “dentro del término mencionado anteriormente”, esto es, el 13 de febrero de 2003, fecha en que finalizaba el régimen de importación temporal a largo plazo.

La controversia gira en torno a establecer si por el hecho de haberse declarado la prescripción de la obligación de pago de unos tributos aduaneros, por estar prescrita la acción derivada del contrato de seguro, la entidad demandada no podía decomisar la mercancía al haberse vencido, el 13 de febrero de 2003, el plazo para terminar el régimen de importación temporal a largo plazo, y, por lo tanto, le era obligatorio declarar legalizada la mercancía sin pago de rescate.

Para dilucidar la controversia, la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

El objeto de la póliza de cumplimiento de disposiciones legales núm. 718678, emanada de la Compañía Seguros del Estado, según la actora lo afirma en la demanda, y así lo expresan los actos acusados, fue garantizar el pago de los tributos aduaneros, el cumplimiento del régimen y las demás disposiciones legales.

Del objeto de la póliza se extrae que ésta no se limita a garantizar el pago oportuno de los tributos aduaneros, sino que también garantiza la finalización del régimen, que, precisamente, constituye el fundamento de los actos administrativos acusados.

Como quiera que esta corporación en sentencia de 2 de julio de 2009, (Expediente núm. 2003-00612-01, Actora: Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios S.A. Serviport S.A., Consejero Ponente: Rafael Ostau de Lafont Pianeta), tuvo oportunidad de pronunciarse frente a un asunto similar al aquí debatido, la Sala se remite a lo allí expresado, para reiterarlo.

Al efecto, sostuvo la Sala en la precitada sentencia:

“… Examen del recurso

… Respecto del primer cargo que se le hace a la sentencia, es menester tener en cuenta el objeto o la obligación amparada por la póliza.

En este caso, textualmente se dice en el respectivo documento (folio 60), que “El objeto de la póliza” fue el de “Garantizar la finalización de la importación temporal a largo plazo y el pago oportuno de los tributos aduaneros de la mercancía remocaldor marítimo manzanillo (exsaba) según lo dispuesto en el Decreto 1909/92 art. 40 al 42 res. 1794/93 art. 18 declaración de importación 1205501098406-1 de fecha septiembre 8 de 1997.”

De modo que el objeto de dicha póliza no se limita a garantizar el pago oportuno de los tributos aduaneros de la mercancía de que se trate, sino que también garantiza la finalización del régimen, objeto de éste que según atrás se reseñó fue el que dio lugar al acto administrativo acusado, y así lo puso de presente el a quo.

Al punto se tiene que el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, modificado para entonces por el Decreto 1232 de 2001 y aplicable al momento en que debía finalizar el régimen motivo del sub lite, en lugar del artículo 46 del Decreto 1909 de 1992, bajo cuya vigencia se inició dicho régimen, establecía así los eventos o condiciones constitutivos de la finalización del régimen:

“ART. 156.—La importación temporal se termina con:

a) La reexportación de la mercancía;

b) La importación ordinaria o con franquicia, si a esta última hubiere lugar;

c) La aprehensión y decomiso de la mercancía, cuando vencido el término señalado en la declaración de importación ésta no se haya reexportado, o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones inherentes a la importación temporal o cuando no se cancelen los tributos aduaneros en la oportunidad establecida en el artículo 146 del presente decreto, salvo cuando en este último caso, se haya hecho efectiva la garantía.

d) La legalización de la mercancía, cuando se presente uno cualquiera de los eventos previstos en el literal anterior;

e) El abandono voluntario de la mercancía o

f) La destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrados ante la autoridad aduanera.

PAR.—Si en desarrollo de lo previsto en el literal c) de este artículo, no se cancelan los tributos aduaneros en la oportunidad establecida en el artículo 146797 del presente decreto, el importador o declarante podrá optar, en reemplazo de la aprehensión, por la efectividad de la garantía, en cuyo caso, deberá presentar declaración de legalización que ampare la mercancía de que se trate, sin el pago de sanción alguna por este concepto.”

Se observa en esa disposición que el régimen debe finalizar dentro del término concedido en la declaración de importación temporal, pues la reexportación debe darse antes del vencimiento del mismo.

Que el pago oportuno de los tributos aduaneros no está entre los eventos que causan la finalización del régimen en comento, de suerte que una situación es la finalización del régimen y otra, distinta, el pago de los tributos aduaneros dentro de los términos correspondientes, que valga resaltarlo, no implica la aludida finalización…” (resalta la Sala fuera de texto).

“… En este caso, no hay prueba alguna, incluso ni siquiera lo aduce la actora, de que ésta hubiera dado cumplimiento a la finalización del régimen en las formas que son de su cargo… el cumplimiento de dos obligaciones aduaneras claras: la finalización por cuenta suya del régimen que le fue otorgado y el pago oportuno de los tributos, de suerte que el riesgo amparado y, por ende, el siniestro que da lugar a su efectividad, es sencillamente el incumplimiento de cualquiera de esas obligaciones…”(se resalta fuera de texto).

El anterior criterio fue acogido por la Sección, mediante sentencia de 10 de febrero de 2011 (Expediente núm. 2003-00073-01, Actora: Oxígenos de Colombia S.A., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), que la Sala reitera, en la cual se expresó:

“En el caso sub examine, siguiendo la Sala las precisiones que han quedado transcritas, debe concluirse que no operó el fenómeno de la prescripción y que, por ende, la DIAN no incurrió en el vicio de falta de competencia temporal que le endilga la demandante, pues, conforme al texto de las disposiciones traídas a colación en los apartes reseñados de la sentencia que se prohíja, no requería acudir a la causal de no pago oportuno de los tributos aduaneros, sino que bien podía declarar la efectividad de la garantía por no haberse acreditado la finalización del régimen de importación temporal dentro del término previsto en la Declaración de Importación, que fue objeto de la póliza que se constituyó para el efecto, incumplimiento que por demás se declaró dentro del término de dos años siguientes a la ocurrencia del siniestro”. (resalta la sala)

Como bien lo expresó la entidad demandada, al no legalizarse la permanencia de la mercancía en el territorio nacional vencido el término, se incumplió el régimen de importación temporal, lo cual da lugar a la aprehensión y decomiso, al no ser procedente la permanencia de la mercancía, sin declaración de legalización, en este caso, con el pago de rescate correspondiente.

En efecto, el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, dispone: “Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país bajo la modalidad de importación ordinaria, deberá modificarse en este aspecto la Declaración de Importación, antes del vencimiento del plazo, pagando la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a las cuotas insolutas”.

Y, el artículo 231 ídem, citado en los actos acusados para explicar la procedencia de la legalización en estos casos, en su inciso 5°, consagra: “Expedida la resolución que ordene el decomiso y siempre que no se encuentre ejecutoriada, podrá rescatarse la mercancía, presentando la Declaración de Legalización, en la cual se cancele, además de los tributos aduaneros, el setenta y cinco por ciento (75%) del valor en aduana de la misma, por concepto de rescate”. Como bien lo explicó la administración, en el concepto jurídico núm. 124 de 12 de noviembre de 2002, que trajo a colación en la contestación de la demanda, la legislación aduanera permite la legalización sin rescate de una mercancía importada temporalmente a largo plazo cuando se ha incumplido sucesivamente con el pago de las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros, siempre y cuando dicho incumplimiento no confluya con el de no terminación de la modalidad, en cuyo caso procede la legalización pero con el pago del rescate correspondiente.

Cabe resaltar que la Sala en sentencia de 26 de julio de 2012 (Expediente núm. 2003-01221, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), en un caso similar, en que la misma demandante de este proceso impugnó otros actos administrativos relacionados con el incumplimiento en el pago de cuotas dentro de una importación temporal a largo plazo, hizo las siguientes precisiones, que ahora se reiteran:

“… Pues bien, sobre tal punto, cuestiona el recurrente que la administración no debía disponer la legalización de la mercancía con el pago de los tributos aduaneros e intereses a que hubiere lugar por cuanto la facultad de perseguir dicho cobro había prescrito, habida cuenta de que se ordenó hacer efectiva la garantía por fuera del término previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio.

… Esto por cuanto como la ha señalado esta Sección(1), en el régimen de importación temporal para reexportación en el mismo estado, el período con que cuenta la DIAN para efectuar la respectiva declaratoria de incumplimiento y ordenar hacer efectiva la póliza, se halla determinado fundamentalmente por la vigencia del seguro, en consideración a que las obligaciones contraídas en virtud de dicho régimen pueden configurar un incumplimiento, y por tanto, la ocurrencia del siniestro, en cualquiera de los momentos estipulados, bien para el pago de las cuotas de los tributos aduaneros, o al final, cuando sea menester terminar el régimen de importación según el plazo concedido por la administración; advirtiendo que la materialización del siniestro durante dicho lapso corre por cuenta del asegurador, en concordancia con la vigencia de la garantía. De ahí que no sea de recibo la tesis según la cual, los dos (2) años de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio, debían contabilizarse desde el primer incumplimiento so pena de la prescripción, por cuanto, el objeto de la cobertura de la misma es precisamente la debida finalización del régimen y el pago oportuno de cada una de las cuotas de los tributos aduaneros(2).

… Ahora bien, es claro que el importador no había cumplido con su obligación de pagar los tributos aduaneros, frente a lo cual, el artículo 146 del Decreto 2685 de 1999, vigente para la fecha, señalaba en el aparte aplicable al caso:

“… El pago oportuno de las cuotas permite al interesado la utilización de la mercancía en cualquier obra de su interés. Si el pago no se realiza oportunamente, el interesado podrá cancelar la cuota atrasada dentro de los tres (3) meses siguientes a su vencimiento, liquidándose los intereses moratorios de que trata el artículo 543 de este decreto. Vencido este término sin que se hubiese producido el pago, la autoridad aduanera declarará el incumplimiento de la obligación y dispondrá la efectividad de la garantía o la aprehensión de la mercancía.” (Subrayado fuera de texto).

Igualmente, como ocurre en este caso, en el proceso que dio lugar a la sentencia antes mencionada, la demandante en el recurso formuló cargos nuevos, respecto a los cuales la Sala sostuvo lo siguiente:

“… la Sala considera que este planteamiento no es susceptible de ser estimado en esta instancia por cuanto el mismo no fue formulado en el texto de la demanda. Así, en jurisprudencia de esta Sección, se ha determinado que no es procedente someter a consideración en la segunda instancia, un argumento nuevo que no ha sido presentado en la primera, en la medida que tal oportunidad no está prevista legalmente para aducir los fundamentos de hecho y de derecho en que se basan las pretensiones, pues las mismas están circunscritas a la demanda y a su adición o corrección, de conformidad con los artículos 137 y 208 del Código Contencioso Administrativo(3)”.

Lo anteriormente expresado, pone de manifiesto que los argumentos del recurso no tienen asidero jurídico, razón por la cual habrá de confirmarse la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 15 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda, en lo que respecta a las Resoluciones núms. 2309 de 16 de octubre de 2003 y 0139 de 28 de enero de 2004.

REVÓCASE la referida sentencia, en cuanto no se inhibió de proferir pronunciamiento de mérito respecto del requerimiento especial aduanero y, en su lugar, se dispone: INHÍBESE la Sala de pronunciarse en relación con el citado requerimiento, por ser un acto de trámite.

TIÉNESE a la doctora María Cristina Arias Hernández, como apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes a folios 14 a 20 del cuaderno del recurso.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de mayo de 2013».

(1) Sentencia de 21 de septiembre del 2000 (Expediente núm. 2000-N5796, Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero)

Asimismo, en sentencia de 28 de agosto de 2003 (Expediente núm. 8031, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

(2) Léase también la Sentencia de 2 de julio de 2009 (Expediente núm. 2003-00612-01, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta).

(3) Sentencia de 27 de junio de 2003 (Expediente núm. 2000-00844-01(8415), Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero).