Sentencia 2004-00582/37206 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA “SUBSECCIÓN B”

Radicación: 630012331000200400582 02

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 37206

Actor: Jorge Hernán Castaño Sarmiento

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., 30 de marzo de 2017

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia 

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, sin que resulte necesario realizar consideración alguna en relación con la cuantía del proceso, en tanto se procede a resolver una problemática relacionada con el aducido defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y un error judicial(2).

7.1. De otra parte, en consideración a que para el momento de algunos de los hechos y de presentación de la demanda, la naturaleza jurídica de Granahorrar Banco Comercial S.A. era la de una sociedad de económica mixta, con un capital público superior al 50%, es evidente que la contienda que se inició en su contra debe ser definida en esta sede de conformidad con el artículo 82(3) del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, normativa que pretendió dirimir los conflictos de competencia y jurisdicción suscitados entre esta jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción civil, abandonando el criterio material, para adoptar exclusivamente un criterio orgánico de competencia. Se debe tener en cuenta que a pesar de no encontrarse vigente la disposición en comento al momento de presentación de la demanda, al consistir en una norma procesal, rige de manera inmediata y a futuro aún en los procesos que ya hubieran iniciado(4), máxime cuando actualmente no hay duda que el presente conflicto debe ventilarse ante esta jurisdicción y es susceptible de conocimiento de esta Corporación en virtud del recurso de apelación de la parte demandante.

II. Validez de los medios de prueba 

8. En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el presente asunto, cabe destacar lo siguiente:

8.1. Durante el iter de este proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203(5) del C.P.C., el actor libró interrogatorio de parte a solicitud de Granahorrar Banco Comercial -integrante de la parte pasiva del litigio- ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío.

8.1.1. En consideración a que la finalidad del medio probatorio aludido consiste en la obtención de una confesión de la contraparte, lo que justifica que el legislador hubiese establecido que dicha prueba sólo pueda ser pedida por el extremo de la litis contrario al que debe resolver el interrogatorio, se observa que la declaración rendida por el actor Castaño Sarmiento sólo podrá ser apreciada en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas o que favorezcan a la parte demandada, según lo establecido por los artículos 194(6) y 195(7) ibídem, punto en el que no se puede perder de vista que (i) las manifestaciones del demandante no pueden ser tenidas en cuenta como si reflejaran la apreciación imparcial que sobre la ocurrencia de los hechos se forma un tercero, declaración testimonial que difiere de la declaración de parte en dicho sentido(8), y (ii) los cuestionamientos que integran el interrogatorio y que se realizan por una parte a su contraparte, deben ser calificados por el juez para determinar si cumplen con los requisitos referidos en las normas aducidas con el fin de colegir si se generó o no el medio de prueba contemplado en las mismas, esto es, la confesión. Al respecto, la doctrina jurídica ha sostenido que:

El interrogatorio de las partes con fines de prueba persigue obtener su declaración sobre el conocimiento que tengan de los hechos que interesa al proceso, como fuente de confesiones, para formar el convencimiento del juez. (…) Confesión es un medio de prueba judicial, que consiste en una declaración de ciencia o conocimiento, expresa, terminante y seria, hecha conscientemente, sin coacciones que destruyan la voluntariedad del acto, por quien es parte en el proceso en que ocurre o es aducida, sobre hechos personales o sobre el reconocimiento de otros hechos, perjudiciales a quien la hace o a su representado, según el caso, o simplemente favorables a su contraparte en ese proceso. (…) La apreciación de la confesión tiene un triple aspecto: 1) determinar si existe confesión válida y si es judicial o extrajudicial; 2) determinar el contenido de la confesión, o sea cuáles son los hechos confesados; y 3) asignarle el mérito probatorio como instrumento de convicción respecto a la existencia o existencia de tales hechos(9).

8.1.2. De esta forma, se reitera que la declaración de parte rendida por el demandante se valorará de la forma descrita de acuerdo a lo que dispone la ley, es decir, en lo que genere efectos adversos para la confesante, o según lo que resulte beneficioso para las entidades demandadas en el presente asunto(10).

III. Los hechos probados 

9. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. El 15 de noviembre de 1996, los señores Patricio Gutiérrez Montoya, como vendedor, y Marta Lucía Cardona Arango y Alfonso González Mejía, como compradores, celebraron contrato de compraventa sobre dos inmuebles ubicados en el paraje de Murillo denominado La Escuadra, identificados con los folios de matrícula inmobiliaria n.° 280-10427 y 280-35711, el cual elevaron a la escritura pública n.° 2003. Por su parte, en el mismo acuerdo, los compradores y la representante del Banco Central Hipotecario, pactaron la constitución de una hipoteca abierta de cuantía indeterminada sobre los bienes aducidos, con el objeto de garantizar todas los créditos que aquéllos hubiesen adquirido o adquiriesen a favor de dicha entidad financiera durante el término de 20 años contados a partir de la celebración de ese negocio, lo que incluía los intereses que se causaran, especialmente el referente a un préstamo aprobado por $80 000 000, suma que solicitaron con el objeto de pagar el saldo adeudado con ocasión del contrato de compraventa de los predios reseñados y de levantar una hipoteca que pesaba sobre uno ellos. Asimismo, se estipuló que el banco podía ceder el contrato de hipoteca en cualquier momento, para lo que se entendía que los compradores, hipotecantes o constituyentes daban de antemano su autorización. Al respecto, se acordó (copia auténtica de la escritura pública 2003 del 15 de noviembre de 2016, elevada ante la Notaría Cuarta del Círculo de Armenia; f. 66-74, c. 1):

TERCERA.-PRECIO: El precio de esta compraventa es la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($144.000.000.oo), que el COMPRADOR pagará así: (…). 2. El saldo, o sea, la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000.oo), con el producto líquido del préstamo que por igual valor le tiene aprobado el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO (…). SECCIÓN SEGUNDA.- HIPOTECA ABIERTA A FAVOR DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO. (…) PRIMERA. – HIPOTECA: La PARTE HIPOTECANTE para garantizar al BANCO el pago de cualquier obligación que por cualquier motivo tuviere conjunta o separadamente, directa o indirectamente a favor del BANCO o de cualquier suma que llegare a deberle por razón de los préstamos que durante un plazo de VEINTE (20) años contados a partir de la fecha de la firma de la presente escritura le otorgue por cualquiera de las líneas de crédito que maneja y en efectivo, en cédulas hipotecarias o de inversión o convertidos a unidades de poder adquisitivo constante UPAC de las creadas por el Decreto 1229 de 1972, o en cualquiera otras especies y para respaldar las deudas contraídas con anterioridad, personalmente o con solidaridad de terceros, aunque su vencimiento sea anterior o posterior al del plazo antes indicado, así como para garantizar el cumplimiento de las demás obligaciones que a su cargo resulten por el otorgamiento de los respectivos préstamos, además de comprometer su propia responsabilidad y acogiéndose a los establecido en los artículos 2438 y 2455 del Código Civil CONSTITUYE HIPOTECA ABIERTA DE CUANTÍA INDETERMINADA a favor del BANCO, sobre los inmuebles que adquieren por esta escritura, determinados por su ubicación, extensión, medidas y demás especificaciones incluidas en la cláusula PRIMERA de la PRIMERA SECCIÓN de este instrumento público. (…) PARÁGRAFO SEGUNDO: Es entendido que la hipoteca que aquí se constituye garantizará al BANCO todas las sumas que la PARTE HIPOTECANTE llegare a deberle por cualquier concepto, y, en especial, por capital, incremente del mismo por corrección monetario o por capitalización de la porción de intereses causados que las cuotas periódicas pactadas en cada préstamo no alcancen a cubrir (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) según la línea de crédito y el sistema de amortización escogidos, intereses ordinarios y moratorios, penas o sanciones que las normas legales señalen para el caso de infracción de lo estipulado (…) y los demás gastos del cobro o generados por razón de este contrato o de los que quedan garantizados con la hipoteca, con sus intereses moratorios y los demás incrementos accesorios a que haya lugar, todo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes o las que con posterioridad modifiquen o adicionen.(…) NOVENA.- CESIÓN: (…) por su parte el BANCO podrá hacerse sustituir por un tercero en la totalidad o en parte de las relaciones emanadas de esta escritura y ceder los créditos y las garantías, todo lo cual acepta desde ahora la PARTE HIPOTECANTE.

9.2. El 9 de noviembre de 1998, los señores Marta Lucía Arango y Alfonso González Mejía vendieron los inmuebles aducidos al señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento, acuerdo que elevaron a la escritura pública n.° 2116, y en el que se pactó que el comprador debía pagar la hipoteca que pesaba sobre los mismos, la cual no había sido cancelada (copia auténtica de la escritura pública n.° 1295 del 11 de noviembre de 1999, declaración juramentada rendida por el señor Tulio Martínez Agudelo ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia, e interrogatorio de parte rendido por el señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, el 21 de noviembre de 2005; f. 4-6, 18, 19, 75-77, c. 2).

9.3. Posteriormente a la celebración del señalado contrato, el señor Castaño Sarmiento afirmó haber pagado “9 u 11 cuotas” de la obligación hipotecaria reseñada, la cual estaba identificada con el número 000100100887-5, identificación de la obligación que por ende conocía con exactitud desde esa época (interrogatorio de parte rendido por el señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, el 21 de noviembre de 2005; f. 4-6, c. 2).

9.4. Durante el año 1999, el Banco Central Hipotecario presentó una demanda en ejercicio de la acción ejecutiva en contra del señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento, debido a que como propietario de los bienes inmuebles hipotecados, se encontraba en “mora de pagar las cuotas de amortización e intereses a que se hizo referencia en el punto primero de esta demanda desde el día 21 de abril de 1999 y el 22 de junio de 1999”. Al respecto, recordó que sobre los inmuebles señalados existía el “pagaré número 00100887-5 hasta la suma de $80.000.000.00 pesos m.l., y [el] pagaré sin número por la suma de $6.238.648.51” (se resalta), libelo introductorio en el que precisó que por el primer pagaré se debía el valor de $47 366 103,62, más “los intereses moratorios sobre el saldo (…) a la tasa máxima autorizada en la Ley, tasa actual del 38.56% anual, a partir del día en que se inició la mora, esto es, desde el 21 de abril de 1999, hasta el día en que se verifique el pago completo de lo adeudado”, y que por el segundo pagaré se adeudaba la suma de $6 238 648. 51, más “lo que se liquide por razón de intereses de mora a la tasa del 38.56% anual, liquidados desde el 22 de junio de 1999, hasta la fecha en que sea totalmente descargado el principal con sus accesorios” (copias auténticas del poder otorgado por la representante del Banco Central Hipotecario y de la demanda presentada en ejercicio de la acción ejecutiva por la misma entidad; f. 31-40, c. 2).

9.5. Con ocasión de la anterior demanda, el 18 de agosto de 1999, en virtud del auto del 4 de agosto de la misma anualidad proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, se registró un embargo hipotecario sobre los bienes aducidos, el cual fue ulteriormente cancelado el 27 de noviembre de 1999, por orden de la misma autoridad (copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria n.° 280-10427, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia; f. 30, c. 2).

9.6. El 11 de noviembre de 1999, esto es, mientras se encontraba registrado el embargo hipotecario aludido, el aducido señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento, como vendedor, y los señores Tulio Martínez Agudelo y Luz Stella Arango Escobar, como compradores, celebraron un contrato de compraventa sobre los predios referenciados, venta que elevaron a la escritura pública n.° 1295, en la que el vendedor declaró haber recibido la suma de $240 000 000 a su entera satisfacción, y manifestó que los inmuebles que se enajenaban se encontraban libres de “toda clase de gravámenes y limitaciones al dominio tales como, embargos, pleitos pendientes, arrendamientos por Escritura Pública, patrimonio de familia inembargable, uso, usufructo, habitación, anticresis, etc”, no obstante lo cual, se estipuló que en todo caso la PARTE VENDEDORA se obliga a salir a su saneamiento en los casos contemplados en la Ley”.

9.6.1. Los compradores celebraron el contrato en mención sin haber verificado los certificados de libertad y tradición de los bienes que deseaban adquirir, debido a que por terremoto del 25 de enero de 1999(11), la oficina de registro de instrumentos públicos se tardaba alrededor de cuatro meses para expedirlos, por lo que decidieron acogerse a la “buena fe del vendedor” en cuanto a los antecedentes y características de los predios negociados y por lo tanto, para ese momento no fueron conscientes del gravamen hipotecario que recaía sobre los mismos (copia auténtica de la escritura pública n.° 1295 del 11 de noviembre de 1999 y declaración juramentada rendida por el señor Tulio Martínez Agudelo ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia; f. 18, 19, c. 2; 75-77, c.1).

9.7. En forma posterior a la celebración del negocio jurídico en comento, el señor Tulio Martínez Agudelo obtuvo el certificado de libertad y tradición de los bienes que le había comprado al señor Castaño Sarmiento, momento en el que advirtió que los mismos se encontraban gravados con una hipoteca a favor del Banco Central Hipotecario, razón por la que procedió a comunicarse con él para efectos de que le respondiera por dicha limitación a su propiedad.

9.7.1. Debido a lo anterior, luego de que los señores Castaño Sarmiento y Martínez Agudelo pidieron el saldo de lo adeudado para cancelar la obligación hipotecaria, momento en el que al parecer la aducida entidad financiera ya había sido absorbida por Granahorrar Banco Comercial S.A., de modo que esta entidad quedó como acreedora del contrato hipotecario, el 23 de marzo de 2001 el primero de los mencionados le entregó al segundo la suma de $2 119 200, con el objeto de que pusiera “al día” la deuda contraída.

9.7.2. Sin perjuicio de que para ese instante ambos debían saber que el crédito se individualizaba con el n.º 000100100887-5, especialmente el señor Castaño Sarmiento, toda vez que ya había cancelado varias cuotas de la obligación y en su contra se había presentado demanda ejecutiva con fundamento en sendos pagarés, uno de los cuales se le recordó que se identificaba con el n.º 00100100887-5 -ver párrafos 9.3 y 9.4-, el señor Martínez Agudelo depositó erróneamente la suma aludida al crédito hipotecario n.º 000100100742-9, respaldado por un apartamento en ubicado en Bogotá D.C., confusión que se originó debido a que al igual que aquella deuda, éste también se encontraba a cargo del señor Alfonso González Mejía -quien se recuerda que fue uno de los vendedores que constituyó la hipoteca sobre los inmuebles de matriciales inmobiliarias n.º 280-10427 y 280-35711- a favor de Granahorrar Banco Comercial S.A.

9.7.3. Posteriormente, durante la semana santa del año 2001 -del 8 al 15 de abril- y el 5 de junio de la misma anualidad, el señor Castaño Sarmiento se comprometió con el señor Martínez Agudelo y luego con su apoderado, respectivamente, a pagar el resto de lo que se adeudaba por dicha obligación hipotecaria en el término de cuatro meses a partir de la fecha de celebración de esos pactos -uno verbal y el otro por escrito-, compromisos en los que se erró una vez más en cuanto al número con el que se individualizaba la deuda, en tanto se le volvió a identificar con el n.º 000100100742-9, sin que el vendedor Castaño Sarmiento se hubiese percatado de ello.

9.7.4. Asimismo, en algún momento de la realización de tales acuerdos y con fundamento en la liquidación del saldo del dinero que se debía por dicha obligación que no correspondía a la sustentada con los bienes inmuebles aducidos, el señor Tulio Martínez Agudelo le indicó al señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento que debía entenderse con su abogado y cancelar el saldo de $33 853 071,88, para lo que le concedió el plazo de cuatro meses contados desde el momento que se pagara el “abono señalado” (interrogatorio de parte rendido por el señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, copias auténticas del compromiso escrito entre el señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento y el apoderado del señor del Tulio Martínez Agudelo, del oficio dirigido al señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento, suscrito por los señores Tulio Martínez Agudelo y Guillermo A. Montoya Monroy -su abogado-, y del oficio expedido por Granahorrar Banco Comercial S.A. y dirigido al señor Alfonso González Mejía, y declaración juramentada rendida por el señor Tulio Martínez Agudelo, ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia; f. 4-6, 13, 17-19, 43, c. 2).

9.8. Mediante escrito del 27 de junio de 2001, los señores Tulio Martínez Agudelo y Luz Stella Arango Escobar presentaron denuncia penal en contra del señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento, por la supuesta comisión del delito de estafa, comoquiera que le compraron los predios identificados con los números de matrícula inmobiliaria 280-0010427 y 280-0035711, sin saber que sobre los mismos pesaba una hipoteca abierta de primer grado a favor del Banco Central Hipotecario, información que aquél omitió al momento de celebración del contrato de compraventa en lesión de su patrimonio económico.

9.8.1. Con ocasión de la señalada denuncia, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales de Armenia inició una pesquisa penal a la que se citó al señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento para que rindiera su versión de los hechos, investigación en la que con base en la confusión que desde antes había existido sobre el número de cuenta en la que estaba contenida la obligación hipotecaria, puesto que la misma fue otorgada por los denunciantes y no fue enmendada por el obligado hipotecario, se expidió el oficio n.° 486 del 27 de agosto de 2001 con dirección a Granahorrar Banco Comercial S.A., en el que se señaló que “[C]on el fin de complementar nuestro oficio 461 del 01 de los corrientes cuya (…) me permito informarle que la obligación bancaria es la 00100100100742-9 y que con quien aparece como deudor de dicha obligación bancaria constituida con el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO a través de escritura pública 2003 del 15 de noviembre de 1996 de la Notaría 4 de Armenia, matriculado bajo el Nro. 280.35711 es el señor ALFONSO GONZÁLEZ MEJÍA, titular de la cédula de ciudadanía número 7.521.107 de Armenia, Quindío”.

9.8.2. En respuesta al oficio, la entidad bancaria indicada informó que la obligación identificada con el número de préstamo que se le citó, esto es, con el n.º 00100100100742-9, en cabeza del señor Alfonso González Mejía, tenía un saldo de $33 852 072, cifra que fue consignada el 8 de octubre de 2001 a su nombre (copias auténticas de la declaratoria juramentada rendida por el señor Tulio Martínez Agudelo ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia, del oficio n.° 486 del 27 de agosto de 2001, expedido por la autoridad aludida, del oficio del 17 de septiembre de 2001 suscrito por el departamento de Crédito y Cartea de Granahorrar Banco Comercial S.A., del comprobante de abono a largo plazo dirigido al número de préstamo 00100100100742-9, y de la denuncia presentada por los señores Tulio Martínez Agudelo y Luz Stella Arango Escobar, de fecha de 27 junio de 2001; f. 11, 15, 18,19, 22-24, c. 2).

9.9. Por medio de la decisión del 16 de octubre de 2001, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia decidió abstenerse de decretar apertura de la instrucción penal y en su lugar, resolvió declararse inhibida para proseguir con el trámite por atipicidad de la conducta investigada. Al respecto, señaló que el conflicto que se le puso de presente no era de carácter penal sino civil, en tanto se relacionaba con una mera transacción fruto del consenso de voluntades consistente en la compraventa de un predio, para lo que destacó que las contiendas que surgieran del mismo podían ser resultas a través de la petición de resolución del contrato o de su cumplimiento con la correspondiente indemnización de perjuicios, punto en el que resaltó que el derecho penal es fragmentario y la ultima ratio, de manera que no era viable acudir al mismo para solucionar tal problemática, máxime “que a la fecha el imputado ha cancelado el valor que el mismo banco le fijara como deuda por la obligación hipotecaria, lo que significa que los intereses quedaron plenamente saneados” (copia auténtica de la resolución del 16 de octubre de 2001, expedida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia; f. 25-29, c. 2).

9.10. El 19 de febrero de 2003, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales ordenó que se continuara la investigación penal iniciada contra el señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento, habida consideración de que los señores Tulio Martínez Agudelo y Luz Stella Arango Escobar informaron que la suma depositada por aquél, la cual sirvió de fundamento para que se profiriera el auto inhibitorio denotado, fue abonada a una obligación distinta a la que pesaba sobre los bienes inmuebles que le habían comprado, identificada con el n.º 000100100887-5, motivo por el que la misma seguía vigente y era objeto de proceso ejecutivo y en consecuencia, expidió el oficio n.º 105 del 20 de febrero de 2003, mediante el cual le solicitó que compareciera a la mayor brevedad posible con el objeto de solucionar el problema derivado del crédito hipotecario (copias auténticas del auto del 19 de febrero de 2003 y del oficio n.º 105 del 20 de febrero de la misma anualidad, expedidos por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia ; f. 41, 42, c. 2).

9.11. Por medio de auto del 17 de marzo de 2003, la autoridad reseñada revocó la resolución inhibitoria a favor del señor Castaño Sarmiento de acuerdo con lo señalado en el artículo 328(12) de la Ley 600 del 2000, y decretó la apertura de la instrucción penal en su contra, en la medida en que, de una parte, la decisión que se procedía a revocar “no hace tránsito a cosa juzgada y por tanto su ejecutoria es formal y no material” y, por otro lado, era necesario que se siguiera el trámite establecido en el artículo 331(13) ibídem, toda vez que el denunciado no había cumplido adecuadamente con el acuerdo extraprocesal pactado con los denunciantes. La anterior determinación fue apelada por la apoderada judicial del señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento, medio de impugnación del cual se abstuvo de conocer la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Armenia, comoquiera que estimó que la decisión apelada no era susceptible de ese recurso al no ser interlocutoria (copias auténticas de la decisión del 17 de marzo de 2003, proferida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia, del auto por medio del cual se concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el denunciado y del auto del 29 de abril de 2003, proferido por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Armenia; f. 55-57, 76, c. 2).

9.12. Con observancia de las anteriores determinaciones y durante el primer semestre de la anualidad referida, los apoderados judiciales de Jorge Hernán Castaño Sarmiento y de los señores Tulio Martínez Agudelo y Luz Stella Arango Escobar, allegaron un escrito mediante el cual reconocieron el error en el que se había incurrido al depositar las sumas consignadas al número de préstamo 00100100742-9, cuando las mismas debieron haber sido destinadas a la obligación n.° 00100100887-5, la que afirmaron que fue cedida al CISA para su cobro jurídico. Con observancia de lo anterior, solicitaron que con uso de las pruebas que reposaban en el expediente sobre los pagos realizados y de conformidad con el artículo 43(14) de la Ley 600 del 2000, se oficiara a Granahorrar Banco Comercial S.A. para que reversara tales operaciones con retroactividad, y las sumas indebidamente consignadas fueran abonadas al crédito hipotecario que correspondía. En este sentido, manifestaron (copia auténtica del memorial suscrito en forma conjunta por los apoderados judiciales de Jorge Hernán Castaño Sarmiento y de los señores Tulio Martínez Agudelo y Luz Stella Arango Escobar; f. 46-48, c. 1):

Siendo así, si usted tiene a la mano la prueba que acredita que los abonos los realizó JORGE HERNÁN CASTAÑO SARMIENTO, que los hizo para poner al día y cancelar la obligación hipotecaria que pesa sobre el bien inmueble enajenado a TULIO MARTÍNEZ AGUDELO y su cónyuge, y que se equivocó en sendas oportunidades debido a que ALFONSO GONZÁLEZ MEJÍA tenía otros créditos adquiridos con GRANAHORRAR, consideramos que con fundamento en esta disposición (…) se soluciona en gran parte el litigio planteado y se allana el camino para lograr una futura conciliación por el saldo insoluto, simplemente ordenando la reversión de dichas operaciones con retroactividad a la fecha de los pagos, para lo cual deberá oficiar al BANCO GRANAHORRAR para que debite de la obligación hipotecaria 450-001-00100100742-9 las sumas de $2.119.200 y 33.853.071,88 y proceda a acreditar dichas sumas a la obligación hipotecaria 450-001-00100100887-5 cedida a CISA para su cobro jurídico.

9.13. Con ocasión del anterior memorial, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia expidió el oficio n.º 327 del 3 de junio de 2003, dirigido a la entidad financiera señalada. En consideración a que para el 26 de agosto del año en comento, dicho banco no se había pronunciado al respecto, la autoridad judicial mencionada profirió auto por medio del cual vinculó al señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento a la actuación procesal mediante indagatoria, diligencia en la cual precisó que la imputación jurídica provisional consistía en el delito de estafa establecido en el artículo 246(15) de la Ley 599 del 2000 (copias auténticas del oficio n.º 327 del 3 de junio de 2003 y del auto del 26 de agosto del mismo año, expedidos por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia; f. 49, 50, c. 1).

9.14. Durante el desarrollo de la instrucción penal, la apoderada judicial del señor Castaño Sarmiento señaló que su defendido siempre había estado atento a pagar la obligación hipotecaria adquirida, la cual conocieron los compradores en forma previa a la celebración del contrato de compraventa, sin que se pudiera inferir de su actuación conducta punible alguna, de tal forma que destacó que la contienda que suscitaba el procedimiento iniciado en su contra era de naturaleza civil y no penal. Asimismo, pidió que se investigara a los señores denunciantes, habida consideración de que habían sido ellos quienes lo indujeron a dos pagos erróneos, para luego guardar silencio por alrededor de dos años sin intentar cancelar la hipoteca que se suponía que ya había pagado en su totalidad, de tal forma que le iba a tocar asumir “los sobregiros” causados en la obligación hipotecaria que sí le correspondía cancelar, lo que evidentemente afectaba su patrimonio económico (copias auténticas delas peticiones del 26 de marzo de 2003 y del mes de diciembre del mismo año, presentadas por el señor Castaño Sarmiento; f. 58-65, c. 2).

9.15. El 29 de diciembre de 2003, con ocasión de que el crédito se canceló “por acuerdo aprobado en el comité 45 de vicepresidencia de esta entidad, consistente en el pago de $98.000.000,oo el 30 de octubre de 2003”, y de que luego el señor Castaño Sarmiento procedió a cancelar la hipoteca, los señores Tulio Martínez Agudelo y Luz Stella Arango Escobar manifestaron que fueron resarcidos de forma integral y solicitaron que se diera aplicación a lo dispuesto en el artículo 42(16) de la Ley 600 del 2000, para lo que destacaron “el pago realizado por quien oficia como sindicado a CISA y la posterior inscripción de la cancelación hipoteca constituida a favor del Banco Central Hipotecaria hoy en liquidación” (copias auténticas de la decisión del memorial del 29 de diciembre de 2003 y original del certificado de las obligaciones que reportaba el sistema del CISA a nombre del señor Alfonso González Mejía; f. 66, 67, 83, 84, c. 2).

9.16. Mediante auto de la misma fecha, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia procedió a calificar el sumario, momento en el que estimó que el anterior escrito de los denunciantes fue presentado de forma extemporánea, no obstante lo cual, advirtió nuevamente que los hechos acreditados no daban lugar a configurarse en un delito con fundamento en consideraciones muy similares a las que refirió en el auto del 16 de octubre de 2001, momento en el que destacó (i) que los señores Martínez Agudelo y Arango Escobar habían sido quienes en un primer momento le indicaron al denunciado que la obligación a pagar era la identificada con el n.º 00100100742-9, y (ii) no se cumplía con el elemento subjetivo de engaño o artificio requerido para que se configurara el delito de estafa, puesto que los aducidos denunciantes debieron haber actuado precavidamente al momento de celebrar el contrato de compraventa, y el señor Castaño Sarmiento estuvo presto a solucionar el problema derivado de la hipoteca que dejó de pagar, a pesar de que en un principio lo hubiese hecho a una cuenta distinta a la que correspondía. De otra parte, con ocasión de las peticiones de investigación elevadas por el señor Castaño Sarmiento contra sus denunciantes, le indicó que la acción penal que decidiera intentar con ocasión de lo expuesto, debía hacerlo en forma separada a la pesquisa que se solventaba, puesto que la misma sólo se investigaba su conducta (copias auténticas de la decisión del 29 de diciembre de 2003, proferido por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia; f. 68-75, c. 2).

IV. Problema jurídico 

10. Con observancia de las diferentes intervenciones a lo largo la litis, del contenido de la sentencia impugnada y de los argumentos esbozados por la parte demandante para obtener su revocatoria, le corresponde a la Sala, en un primer momento y a la luz del libelo introductorio, dilucidar los daños cuya reparación efectivamente se alegó por el demandante, para luego, determinar si cumplen con las características de daños indemnizables -especialmente, en lo que tiene que ver con su antijuridicidad-, así como si pueden serle atribuidos a cualquiera de las dos entidades demandadas con las cuales se trabó la contienda a saber, la Nación-Fiscalía General de la Nación y Granahorrar Banco Comercial S.A.

10.1. Para el efecto, se estudiará integralmente la demanda en relación con el pago de las obligaciones hipotecarias que realizó el accionante, esto es, el pago del crédito que tenía a su cargo y el pago de la deuda que no le correspondía asumir y que canceló indebidamente, análisis en el que se tendrá en cuenta que (i) el actor debía conocer el número de la obligación hipotecaria que adquirió desde ese mismo momento, máxime cuando reconoció haber pagado varias cuotas antes de vender los bienes inmuebles a quienes lo denunciaron penalmente; (ii) la obligación hipotecaria que finalmente canceló por el valor $98 000 000, en relación con la cual manifestó expresamente sendas pretensiones indemnizatorias por los perjuicios materiales y morales que implicó realizar ese pago, se trataba de un crédito que asumió en el libre despliegue de su voluntad, y (iii) su comportamiento negligente para verificar el pago de la hipoteca que se había comprometido a sanear, y para evitar que el señor Alfonso González Mejía hubiese adquirido obligaciones diferentes a las que él reconoció y que en su demanda denominó como sobregiros.

V. Análisis de la Sala 

11. En lo que tiene que ver con la interpretación de la demanda, esta Corporación ha sido enfática en señalar que si bien el referido escrito debe formularse de manera clara, inteligible y precisa, no se puede desconocer que se trata de un acto humano susceptible de errores, por lo que ante la falta de técnica en su elaboración, es deber del juez desentrañar su verdadero sentido o finalidad al ser sometido a su buen y razonable juicio.

11.1. De esta manera, al operador judicial no le es dable acudir únicamente al sentido literal y estricto de las palabras que en el libelo introductorio se emplean, como tampoco entenderla de manera desconectada o parcial, sino que debe interpretarla como un todo armónico e integral, estimación en la que debe tener en cuenta que la finalidad “de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial” según lo establece el artículo 4 del C.P.C., en plena concordancia con las premisas constitucionales de primacía del derecho sustancial sobre el formal(17) y del efectivo acceso a la administración de justicia(18). De esta manera, se ha señalado:

Por lo tanto, considera la Sala que para definir la causa petendi, la demanda debe ser interpretada de manera integral, para entender que el daño que hoy sufre el menor fue imputado por la parte demandante al Hospital Ramón González Valencia por haber incurrido en fallas en la prestación del servicio, que se produjeron no solamente en el acto quirúrgico, sino que abarcaron sucesivas omisiones, retardos y errores durante toda su permanencia en la institución, los cuales constituyeron las causas del paro cardiorrespiratorio que sufrió en el pos operatorio y que le dejó como secuela el estado de postración en el que hoy se encuentra. 

A este respecto reitera la Sala la jurisprudencia que ha sostenido en decisiones anteriores, en las cuales se ha considerado que es deber del juez interpretar la demanda como un todo armónico(19), deber que no constituye una mera liberalidad sino el cumplimiento de los artículos 228 y 229 de la Constitución, que consagran como principios de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial y la garantía a su acceso. La falta de técnica en la demanda no es óbice para que el juzgador desentrañe su sentido(20); aunque, claro está, teniendo buen cuidado de no alterar el propósito expresado por el actor y siempre que no se contravenga el derecho de defensa de la otra parte(21). 

11.2. Teniendo en cuenta que es labor del operador judicial dilucidar la verdadera intención del accionante al momento de presentar su escrito inicial más allá de lo que esté expresamente escrito, y que en el despliegue de dicha tarea le corresponde abordar las demandas en su conjunto y no de manera separada e inconexa, es evidente que a pesar de que no se formule de manera específica una pretensión en el acápite destinado para ello, de dicha circunstancia no se sigue de manera irreflexiva que no se pueda encontrar o inferir la formulación de peticiones a lo largo de todo el texto objeto de estudio. Así lo ha entendido esta Corporación en los siguientes términos:

1. Se procede, en primer término, por la naturaleza del asunto, a estudiar el cuestionamiento que la parte demandada hace del libelo introductorio porque no se especificó con la suficiente claridad el capítulo correspondiente a las "Pretensiones", dentro del cual se encuentra "es una narración de hechos pero de ninguna manera una descripción concreta de los objetivos perseguidos, o mejor de las pretensiones, o como lo dice el mismo Código Contencioso Administrativo lo que se demanda". (Fol. 164). 

Al respecto considera la Sala que si bien las pretensiones ciertamente no fueron precisa y concretamente ordenadas en acápite especial de la demanda, ello en ningún momento significó que no se hubiesen expresado dentro del libelo inicial. Precisamente, porque allí se encontraban consignadas, pudo el a-quo establecerlas y concretarlas, como puede verse a folios 251 a 259 del expediente principal. 

La interpretación y concreción del petitum que se hizo en la sentencia recurrida obedeció a la facultad y, desde luego, al deber que tiene el juzgador para interpretar la demanda con miras a no entorpecer el accionar del reclamante, con mayor razón cuando el contexto mismo de dicho libelo resulta clara la vía procesal a seguir y la orientación que lleva a las distintas peticiones relacionadas, así lo hayan sido en forma desordenada e informal. Cabe recordar que corresponde al fallador, par mandato legal contenido en el artículo 4o. del C. de P. C., tener en cuenta "que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial...". Con acierto sostuvo la Corte que "una demanda debe interpretarse siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria sino también en los fundamentos de hecho y de derecho". (XLIV. Pag. 627). No se puede entonces desestimar la demanda, más hoy, cuando el artículo 228 de la Carta prescribe que en las actuaciones judiciales debe "prevalecer el derecho sustancial"(22). 

11.3. Con observancia de los anteriores lineamientos y sin que se pueda perder de vista que el planteamiento de la demanda resulta confuso en cuanto a los daños cuyo resarcimiento pretende el actor, la Sala estima que a diferencia de lo sostenido expresamente por el Tribunal a quo, aquél no sólo propendió por la reparación del daño relacionado con el pago de la obligación hipotecaria que no le correspondía cancelar y que realizó en el año 2001, menoscabo respecto del cual si bien no elevó una pretensión indemnizatoria expresa, es claro que buscó su reparación tal como lo comprendieron las entidades demandadas y el Tribunal de primera instancia(23), sino que adicionalmente, pidió la indemnización de los detrimentos que alegó que le fueron causados con ocasión del pago del crédito que sí había asumido, lo que tuvo lugar en el año 2003.

11.4. Al respecto, sin perjuicio de que quienes intervinieron a lo largo de la litis centraron su análisis en el daño alegado por el actor y referente al pago de lo no debido -Granahorrar Banco Comercial S.A., la Nación-Fiscalía General de la Nación, y el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío-, el accionante requirió la indemnización de la obligación hipotecaria que sí estaba en el deber de pagar tanto en la demanda como en su recurso de apelación, daño en relación con el cual sí manifestó en forma clara peticiones resarcitorias.

11.5. En efecto, no escapa a la Sala que el demandante no sólo relató en dichas oportunidades que pagó el crédito n.° 00100100887-5 que pesaba sobre los inmuebles que vendió, situación que identificó como un menoscabo proveniente de la presión indebida que ejerció la Fiscalía General de la Nación al vincularlo a la investigación penal, sino que adicionalmente, fue con ocasión del mismo que pidió como indemnización de sus perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente las sumas de $100 000 000 o $98 000 000, cifras indemnizatorias que claramente no solicitó por la consignación errónea que realizó al préstamo identificado con el n.° 000100100742-9, deuda por la cual únicamente pagó la suma de $35 852 072 -suma que entregó para cancelar un crédito hipotecario por el cual no estaba obligado a responder; ver párrafo 9.8.2-.

11.6. De esta manera, para la Sala es diáfano que el demandante accedió a la administración de justicia con el objeto de ser reparado tanto por el pago del crédito no debido, como por la cancelación de aquél que asumió al momento en que adquirió los predios que a la postre enajenó a los señores Martínez Agudelo y Arango Escobar, detrimentos a partir de los cuales se edificará el presente juicio, en la medida en que los mismos se desprenden de una lectura integral del libelo introductorio, interpretación que no vulnera el principio de congruencia que rige la actividad judicial -artículo 305(24) del C.P.C.- y no afecta su derecho de defensa, comoquiera que en sus intervenciones se opusieron a la indemnización de ambos daños al alegar que fue el hecho de la víctima lo que dio origen al pago erróneo y que no se configuró el error judicial que según el demandante, causó el pago de la deuda que sí le correspondía realizar.

12. Teniendo en cuenta lo señalado, se analizará en forma separada la producción de los daños indicados en la demanda, la formulación oportuna de las pretensiones pertinentes para obtener su reparación a través del medio de control de reparación directa, el que se les pueda entender como jurídicamente relevantes e indemnizables desde la perspectiva del derecho de daños, y en caso de que sea procedente, se estudiará la posibilidad de su imputación a las entidades demandadas.

13. Como se aclaró, el actor pidió en la demanda la reparación del pago que efectuó de un crédito que no debía o en otras palabras, del pago de lo no debido, menoscabo que se produjo, a su parecer, en tanto Granahorrar Banco Comercial S.A. y la Nación-Fiscalía General de la Nación, ésta última, en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, le hicieron incurrir en error al haber destinado ciertas sumas de dinero a la obligación hipotecaria n.° 00100100742-9, cuando la deuda que de verdad lo comprometía se identificaba con el n.° 00100100887-5.

13.1. Al respecto, se encuentra que la reparación de ese menoscabo no le es imputable a ninguna de las entidades demandadas, como pasa a analizarse.

13.2. Ciertamente, si bien se encuentra debidamente acreditado el pago del crédito no debido, el cual consiste en un daño que no debía ser asumido por la parte demandante, en la medida en que no tenía una relación con la obligación hipotecaria que sí le correspondía cancelar -ver párrafo 9.7.2-, del mismo no se puede derivar condena alguna en contra de las integrantes de la parte pasiva del litigio.

13.3. En relación con el menoscabo aludido, conviene precisar que el mismo puede dar lugar, por una parte, a que quien realizó el pago lo repita contra quien lo recibió, siempre y cuando se cumplan con las precisiones establecidas en el capítulo II del título XXXIII perteneciente al libro IV del Código Civil, momento en el que ese sujeto se puede hacer responsable de diferentes prestaciones relacionadas con lo que se le entregó, dependiendo de su buena fe o mala fe(25) y, de otro lado, si tal pago erróneo fue inducido por un tercero, y se considera que a raíz del mismo se originaron perjuicios que no se reparan con dicha repetición, el individuo que pagó equivocadamente se encuentra en la posibilidad de demandar la responsabilidad patrimonial de quien lo hubiese hecho caer en el desacierto.

13.4. De esta manera, se debe tener en cuenta que existe una diferencia entre la acción de repetición que surge en virtud del pago de lo no debido, la que en principio permite obtener la devolución de lo indebidamente entregado como pago por parte de quien lo recibió, siempre que se reúnan ciertas condiciones establecidas por la ley(26), y la responsabilidad patrimonial u obligación de reparar que puede originarse por los detrimentos adicionales que se desprendan de ese pago incorrecto, cuando el mismo fue causado por el comportamiento de una persona distinta a quien lo efectúa.

13.5. Teniendo en cuenta lo expuesto, si bien en principio se podría entender que a Granahorrar Banco Comercial le surgiría el deber de restituirle al demandante por repetición el pago de lo no debido, de manera que se reparare el daño por él invocado, habida cuenta de que (i) fue demandado por el señor Castaño Sarmiento en el presente asunto, y (ii) recibió de él un pago en virtud de un crédito que en realidad le debía el señor Alfonso González Mejía -por el monto de $33 852 072-, sin que al parecer hubiese reversado ese valor con destino al préstamo que aquél sí le adeudaba, lo cierto es que de conformidad con el artículo 2313 del Código Civil -ver nota n.º 42-, el ordenamiento jurídico prohíbe tal posibilidad de repetición cuando (i) el pago de una obligación que no se debía por quien la satisfizo se derivó de su error, y (ii) el acreedor cancela o extingue el título del crédito que tenía a su favor -lo que se infiere que ocurrió en el caso concreto-, toda vez que no se le puede enrostrar a aquél el pago equivocado que le efectúa un sujeto que no era su deudor, para lo que se debe tener en cuenta que en Colombia se acepta el pago que se realiza favor de un obligado incluso en oposición a su voluntad, pero se deja que quien pague pueda intentar las acciones que tenía el acreedor a quien benefició contra su deudor. A la luz de la norma en comento, la doctrina jurídica ha señalado:

El pago de lo no debido se realiza cuando una persona por error paga lo que no debe, en este caso se otorga a quien hizo el pago (empobrecido) el derecho de repetir lo pagado de quien lo recibió (enriquecido) (C.C., art. 2113). Este derecho de repetir corresponde a la condictio indebiti de los romanos. 

(…)

IV Casos en que se excluye la acción de repetición.- Aunque se haya pagado lo que no se debe, la acción de repetición se excluye en los siguientes casos: (…) 4) cuando se ha pagado una deuda ajena a consecuencia de un error, si por el pago el accipiens ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito; pero se podrán intentar contra el deudor las acciones del acreedor (art. 2313, 2º párr.)(27). 

13.6. Por su parte, en términos similares pero de forma más explicativa, la Corte Suprema de Justicia ha indicado:

1º) Según prescribe el artículo 1626 del C. Civil, “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, y constituye la satisfacción del interés del acreedor, tanto si lo efectúa directamente el deudor o quien obra en su nombre, como un tercero extraño a la obligación; de allí que el artículo 1630 ibidem, habida cuenta de que no hay razón justificativa del acreedor para rechazar el pago bajo el pretexto de no provenir exactamente del deudor, cuestión que en últimas ha de resultarle indiferente, disponga de modo tajante que “puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor”, salvo que se trate de obligación de hacer en la que influya la aptitud o talento del deudor, evento en el cual “no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor”. 

(…)

3º) Significa lo anterior que un pago adecuado, a la par que conforma o satisface al acreedor, extingue la obligación; ya liberándose al deudor del vínculo que contrajo, si fue el mismo u otro en su nombre quien hizo el pago; o ya, sin que opere tal liberación, como ocurre en aquellos casos en que el tercero que paga toma la posición del acreedor en relación con el del deudor, lo cual no obsta para reconocer el efecto extintivo definitivo respecto del original acreedor. 

(…)

Y si el tercero paga a espaldas del deudor o inclusive contra su voluntad, tiene acción para pedir al deudor el correspondiente reembolso, a condición, sólo en último caso, de que la gestión le hubiere sido efectivamente útil al deudor, “y existiere la utilidad al tiempo de la demanda, por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una deuda que, sin ella, hubiere debido pagar el interesado”, según se deduce de lo dispuesto en el artículo 2309 del C. Civil. 

(…)

9º) De otro lado, puede darse un pago indebido de carácter subjetivo, o sea cuando el error se produce en la persona, bien porque el pago se hace por el deudor o un tercero pero en favor de quien no es el acreedor; o bien porque lo hace quien no es el deudor, pagándose deuda ajena. En tales hipótesis no está en duda la existencia misma de la obligación, la disconformidad se halla en los sujetos que verdaderamente lo son de la obligación. Allí sí, cuando interviene el tercero para pagar una deuda ajena que existe, pero a sabiendas de que no es suya, la situación se regula por las normas previstas a partir del artículo 1630 del C. Civil, incluido, claro está, el pago con subrogación, cuando sea del caso; en efecto, simplemente un tercero puede pagar una deuda ajena, y cuando obra “consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor” se produce el fenómeno de la subrogación legal que importa la “trasmisión”, o mejor dicho la sustitución, de los derechos del acreedor al tercero que le paga, según lo dispuesto en los artículos 1666 y 1668, numeral 5o. ibidem. 

Y si lo hace porque se cree deudor sin serlo, o sea convencido de que debe y resulta pagando deuda ajena, puede ejercitar la acción de repetición de que trata el artículo 2313 ibidem, “salvo contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito”, hipótesis en que se le permite subrogarse en las acciones del acreedor; y si obra a sabiendas de que es ajena, pero equivocándose del deudor que ha querido favorecer, quiere decir que obra como tercero respecto de la obligación que extingue equivocadamente, en cuyo caso se aplican las normas que regulan el pago sin conocimiento del deudor, a que se refiere el artículo 1631 del C. Civil (resaltado del original)(28).

13.7. Con observancia de lo expuesto, toda vez que el señor Castaño Sarmiento debía conocer con exactitud la obligación dineraria que adquirió al comprar los predios que luego vendió a quienes lo denunciaron penalmente, por lo que debía conocer su individualización con el n.° 00100100887-5, conocimiento exigible a cualquier persona que asume ese tipo de créditos en tanto los mismos generan intereses(29) -tal como ocurrió en el sub judice-, máxime cuando está probado que pagó algunas de sus cuotas y que se presentó en su contra una demanda ejecutiva en la que se le indicó la identificación del préstamo de dinero -ver párrafos 9.3, 9.4 y 9.5-, es claro que el pago de lo no debido a la obligación hipotecaria identificada con el n.º 000100100742-9, se dio por su propia equivocación.

13.8. Asimismo, a la Sala le parece extraño que después de varios años de constituida la deuda que adquirió el actor, cuya identificación se reitera, debía conocer con claridad, no le llamó la atención que según la información que obtuvo a partir de las comunicaciones expedidas por las entidades demandadas, su saldo ascendiera a $33 852 072, cuando sabía que el valor de la obligación que pesaba sobre los predios era mucho mayor, en tanto estaba destinada a garantizar todas las obligaciones que el señor Alfonso González Mejía contrajo con el Banco Central Hipotecario, entre las que se destaca la suma de $80 000 000 que dicha entidad le prestó para la compra de aquéllos -sin tener en cuenta los intereses que la misma habría causado durante su vigencia-, más aún si ya había pagado ciertas cuotas de la misma y en ese orden de ideas, se encontraba obligado a saber con precisión su remanente, de tal forma que no se puede sino concluir que el error en el pago de lo no debido fue del todo suyo.

13.9. Igualmente, no se puede perder de vista que el demandante, negligentemente, no sólo no propendió por revisar que el saldo de la obligación que se le informó correspondiese a la que realmente adeudaba, momento en el que claramente le era factible darse cuenta que el pago que iba a realizar era erróneo, sino que luego de haberlo efectuado, tampoco buscó determinar si éste había extinguido adecuadamente su débito.

13.10. De esta manera, es evidente que el pago de la obligación hipotecaria no debida se derivó de un error atribuible al propio accionante, habida consideración de que (i) se encontraba obligado a conocer la identidad exacta de la obligación que adquirió, máxime cuando pagó algunas de sus cuotas y se le demandó indicándosele su número de identificación; (ii) pese a lo anterior y a que debía poder intuir el remanente del préstamo n.° 00100100887-5, no propendió por verificar que la cifra muy inferior adeudada por el crédito n.° 000100100742-9 no se trataba de la obligación que asumió al comprar los predios respectivos, y (iii) omitió verificar que con la suma de dinero que entregó en el año 2001, se cancelara la hipoteca cuyo levantamiento se encontraba a su cargo, con lo que habría podido percatarse de su desacierto.

13.11. Por su parte, con ocasión de que el pago indebido se efectuó el 8 de octubre de 2001, el cual se encontraba destinado a cancelar la deuda garantizada con una hipoteca constituida sobre un apartamento ubicado en Bogotá D.C., y que luego de alrededor de dos años, cuando los denunciantes se dieron cuenta que el gravamen sobre sus predios seguía vigente, no fue posible dirigir ese dinero a la obligación identificada con el n.° 00100100887-5, según se puede deducir del silencio de Granahorrar Banco Comercial S.A. frente a un oficio que le presentó la Fiscalía General de la Nación para dicho fin -ver párrafo 9.13-, y de lo mencionado por el actor, válidamente se puede colegir que para ese momento y seguramente, para el instante en que el actor presentó la demanda de reparación directa, los títulos con que se podía cobrar esa obligación ya estaban cancelados.

13.12. En consecuencia, teniendo en cuenta que el actor erróneamente llevó a cabo el pago de una deuda ajena, y que debido al considerable paso del tiempo se puede inferir que el acreedor de esa obligación, esto es, el banco, canceló los títulos con los que la misma se podía cobrar, es claro que el accionante no puede repetir el dinero que le entregó, sin perjuicio de lo cual contaba con la posibilidad de emplear las acciones que tenía el banco contra el sujeto particular deudor de esa obligación, es decir, contra Alfonso González Mejía, las que para este momento pudo ya haber ejercido.

13.13. De otro lado, la Sala considera que tampoco resulta viable aseverar que dicho desembolso erróneo le es imputable a las entidades demandadas, de manera que se les origine el deber de reparar los perjuicios adicionales a la suma entregada indebidamente que como se precisó, el accionante tenía que perseguir del patrimonio del deudor de la obligación que extinguió, detrimentos que se reducen a los perjuicios morales cuya indemnización se pidió en el libelo introductorio.

13.13.1. Al respecto, como lo adujo el Tribunal a quo y se ha evidenciado en esta providencia a partir del material probatorio obrante en el plenario, el error en el pago le es imputable única y exclusivamente al demandante, sin que hubiese acreditado que la conducta desplegada por las entidades demandadas lo originaron y, por el contrario, además de las señaladas actuaciones sumamente negligentes del actor, se probó que la equivocación provino desde mucho antes de que se le denunciara ante la Fiscalía General de la Nación.

13.13.2. Efectivamente, está acreditado que de manera previa a que los señores Martínez Agudelo y Escobar Arango presentaran denuncia penal en contra del señor Castaño Sarmiento, de manera conjunta buscaron que el banco les brindara información sobre el saldo de la obligación hipotecaria que recaía en los inmuebles que negociaron, la que en realidad se individualizaba con el n.° 00100100887-5, que luego, a través de varios acuerdos tanto escritos como verbales, identificaron erróneamente con el n.° 000100100742-9, sin que el señor Castaño Sarmiento se diera cuenta del error pese a que estaba en posición de hacerlo, yerro que por lo tanto fue reproducido por la Fiscalía General de la Nación y Granahorrar Banco Comercial S.A., entidades a las que no les era posible ser conscientes de la confusión que se presentó, puesto que los aducidos compradores presentaron su denuncia penal con ese número de identificación equívoco, por lo que órgano investigador se limitó a oficiar al banco para que le informara sobre su remanente, el que a su vez respondió a ese cuestionamiento adecuadamente.

13.13.3. De esta manera, no es posible que las entidades demandadas respondan por un pago indebido en el que no incidieron desde la perspectiva de la causalidad adecuada, más aún cuando incluso sin su intervención, el actor habría pagado erróneamente una obligación ajena debido a que no propendió por verificar su identidad correctamente, para lo que le bastaba acudir a los folios de matrícula de los predios que vendió, a los pagos de las cuotas que realizó, o a la demanda ejecutiva que se presentó en su contra.

14. En relación con el daño consistente en el pago debido de la obligación hipotecaria en cabeza del actor, en virtud del cual solicitó el resarcimiento del perjuicio material en la modalidad de daño emergente consistente en la suma de $100 000 000 que adujo haber pagado, y de los detrimentos morales que se desprendieron de haber efectuado dicho pago, menoscabo que el demandante vinculó con el aducido error judicial en el que habría incurrido la Nación-Fiscalía General de la Nación al haberlo vinculado por segunda vez a un procedimiento penal en el que se había proferido auto inhibitorio, en tanto la disputa que motivó la denuncia penal que se presentó en su contra era de carácter civil, la Sala observa que se denegarán todas las pretensiones elevadas para su indemnización, en la medida en que si bien ese pago representa una afectación patrimonial de la cual se podrían derivar los perjuicios deprecados, no se trata de un daño jurídicamente relevante o en otras palabras, no cumple con el carácter de antijuridicidad exigido para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado.

14.1. Sobre este punto, se debe recordar que el artículo 90 de la Constitución Política contempló que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y por ende, es claro que el constituyente decidió establecer un fundamento expreso, general y primario de la responsabilidad tanto contractual como extracontractual del Estado(30), para lo que determinó dos elementos estructurales para su producción, esto es, la antijuridicidad del daño y su imputabilidad.

14.2. El concepto de daño antijurídico se ha decantado a través de la jurisprudencia a partir de la norma constitucional referida, y se ha concluido que se trata de aquella lesión causada a un bien tutelado, que la víctima, como su titular, no tiene el deber jurídico de soportar. En este sentido, el Consejo de Estado ha dicho que “[l]a cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(31)(32).

14.3. Igualmente, con base en esta concepción, manifestó que “no importa si el actuar de la Administración fue legal o no, para efectos de determinar la responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien puede provenir de una actuación legítima de aquella”(33), en consideración a que lo que hace antijurídico el daño ya no se determina a partir de la calificación de la actuación u omisión de las autoridades públicas que lo producen, sino que se establece desde la perspectiva del daño en sí mismo, es decir, si éste tenía que ser soportado o no por quien lo sufre(34). De esta manera, el elemento en estudio ha sido abordado tanto por la Corte Constitucional como por esta Corporación(35) de manera casi unánime, destacándose por la primera que dicha concepción provino del ordenamiento jurídico español, el cual fue fuertemente influido por la doctrina de ese mismo país, en los términos aducidos y de la siguiente manera:

6- La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Esta concepción fue la base conceptual de la propuesta que llevó a la consagración del actual artículo 90. Así, la ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Asamblea Constituyente señaló lo siguiente sobre este tema:  

"En materia de responsabilidad patrimonial del Estado, se elevan a la categoría constitucional dos conceptos ya incorporados en nuestro orden jurídico: el uno, por la doctrina y la jurisprudencia, cual es el de la responsabilidad del Estado por los daños que le sean imputables: y el otro, por la ley, la responsabilidad de los funcionarios. 

La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo. 

La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la Administración causante material del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares. 

Esta figura tal como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo (subrayas no originales)(36)". 

7- Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como "la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar", por lo cual "se ha desplazado la antijuridicidad de la causa del daño al daño mismo". Por consiguiente, concluye esa Corporación, "el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva"(37) (38).

14.4. Con observancia de lo expuesto, teniendo en cuenta que pueden existir daños que no sean antijurídicos, en la medida en que hay derechos respecto de los cuales la ley impone limitaciones o restricciones que se configuran en cargas o daños que deben ser asumidos legítimamente por las personas destinatarias de la norma, es indudable que en el sub lite, el señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento estaba en el deber jurídico de pagar el crédito que asumió al momento de comprar los predios localizados en el paraje de Murillo denominado La Escuadra, el cual estaba garantizado con hipoteca -ver párrafos 9.1 y 9.2-, obligación cuyo cumplimiento continuó siendo de su responsabilidad para cuando los vendió a los señores Tulio Martínez Agudelo y Luz Stella Arango Escobar, por cuanto indebidamente se comprometió a que esos inmuebles no se encontraban gravados, y adicionalmente manifestó que saldría a su saneamiento en los eventos establecidos por la ley, entre los que se encuentra la evicción que pudo ocurrir en el supuesto de que el banco decidiera ejecutar a los propietarios en virtud de su derecho real sobre ellos(39) -ver párrafo 9.6-.

14.5. Asimismo, tampoco se puede perder de vista que con el objeto de evitar salir al saneamiento de los inmuebles, el señor Castaño Sarmiento celebró con los compradores varios acuerdos, en los que en el despliegue de su libertad y voluntariamente, asumió la obligación que sustentaba la hipoteca y se comprometió a su cancelación -ver párrafos 9.7.4-.

14.6. Por consiguiente, sin importar que el asunto que llevó a la denuncia penal fuese de carácter civil y no penal, y que la investigación de esa índole hubiese ejercido una presión indebida sobre el demandante para que pagase la deuda que adquirió -lo que cabe advertir que no parece probable, en tanto de entrada no se observa el error judicial deprecado en la demanda-, se encuentra adecuadamente probado que la cancelación del crédito en comento correspondía a una obligación que el actor asumió libremente, de tal forma que el menoscabo patrimonial que ello le representó se configuró en una carga que debía soportar a la luz del ordenamiento jurídico, en tanto las obligaciones civiles se contraen para cumplirse(40), de tal forma que las pretensiones que se elevaron para su reparación serán denegadas por la inexistencia de un daño antijurídico.

14.7. Finalmente, en cuanto al pago excesivo que se menciona en el libelo introductorio, la Sala debe aclarar que el mismo no tiene conexión alguna con las entidades demandadas, toda vez que como bien se ha mencionado, la demora en que se vislumbrara el error consistente en que no se pagó la obligación correcta y que habría generado intereses, le es exclusivamente endilgable a la víctima. En todo caso, el accionante señaló que dicho acrecimiento de la obligación se debía a “sobregiros(41), los que entendidos en el marco de las circunstancias del sub lite, darían lugar a entender que se causaron préstamos de sumas de dinero adicionales a los $80 000 000 que habrían sido cobijadas con la hipoteca, los que si bien no fueron acreditados, de haberse probado, necesariamente habrían sido originados por el señor Alfonso González Mejía, a favor de quien se constituyó la hipoteca abierta, sujeto que no fue demandado en el presente asunto y que por consiguiente, no conllevaría a la falta de legitimación en la causa por pasiva de las entidades demandadas como lo invocó el Ministerio Público, puesto que se observa su intervención en los hechos del proceso, sino a un hecho exclusivo de un tercero que las absolvería de responsabilidad patrimonial.

15. En la medida que no se configuró la responsabilidad del Estado con fundamento en las consideraciones vertidas, se confirmará la sentencia denegatoria proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío.

VI. Costas

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido, punto en el que cabe destacar que con fundamento en la misma razón no se considera plausible declarar la responsabilidad patrimonial de las partes y de sus apoderados por las actuaciones surtidas en el presente proceso.

17. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, el 14 de octubre de 2008, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE» 

2 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 “La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

4 “De acuerdo con lo expuesto, como la regla general indica que la ley procesal en el tiempo se aplica de manera inmediata y rige para el futuro, incluso sobre los procesos pendientes y, como quiera que el Legislador en la Ley 1107 de 2006 no dispuso mediante normas transitorias expresamente lo contrario, debe concluirse que bajo la nueva ley caen la reglas de jurisdicción y de competencia y, como consecuencia, los procesos en curso se ven afectados por la misma, lo cual deriva en que si al entrar en vigencia la norma existía alguna duda sobre la competencia de esta Jurisdicción para conocer de un asunto que se venía tramitando antes de la misma y que se refería a un conflicto surgido de la actividad de una autoridad pública, tal duda quedó totalmente despejada con las disposiciones de la citada Ley 1107 de 2006 porque el hecho de que al proceso esté vinculada una entidad de esta naturaleza, resulta suficiente para reconocer la competencia de esta jurisdicción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2010, exp. 63001-23-31-000-2007-00001-01(37594), actor: Osorio y Solano Ltda., C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

5 “Dentro de la oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia, cualquier de las partes podrá pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso”.

6 “Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.

7 “La confesión requiere:
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada”.

8 Bajo la misma hermenéutica, la Sala de esta Subsección ha sostenido en casos similares al referirse a la posibilidad de que la fuente de conocimiento de un hecho sea el dicho de una de las partes procesales, lo siguiente: “11.18 De otro lado, comoquiera que no se identificó el miembro o miembros de la familia del fallecido que les comunicó a los testigos en mención lo que aparentemente ocurrió, y de los que es posible inferir que en su mayoría obran como demandantes y además, que no estuvieron presentes al momento en que éste resultó lesionado -por lo que las deponencias correspondientes se basarían en simples conjeturas-, cabe destacar que si la fuente de conocimiento se llegara a tratar de alguno de los que integran la respectiva parte procesal, la Sala no podría estimar esos testimonios indirectos, por cuanto ello equivaldría a valorar la apreciación de uno o varios de los actores frente a circunstancias que los benefician, como si hubieran sido percibidas por un tercero imparcial, teniendo en cuenta que tal posibilidad es contraria a la naturaleza de las declaraciones de terceros -prueba histórica o de reconstrucción de hechos-, no tiene sustento normativo alguno, sería equivalente a afirmar que una parte procesal puede conformar un testimonio de oídas a voluntad por el simple hecho de trasladar su conocimiento a otra persona que no vaya a ser parte del conflicto y frente a lo cual cabe igualmente recordar que las manifestaciones de las partes de la litis sólo adquieren valor probatorio cuando se configuran en una confesión -ver párrafo 7.1.4-”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2013, exp. 250002326000200100466 01(27916), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

9 Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Quinta Edición, p. 187, 212, 213, 219.

10 La Sala de esta Subsección se ha pronunciado en términos similares al respecto. Consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 27001-23-31-000-2001-01384-01 (29408), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

11 Cabe precisar que el hecho del terremoto fue divulgado y conocido por la generalidad de la sociedad colombiana debido a su magnitud e impacto, motivo por el cual su ocurrencia se tiene como un hecho notorio que no requiere prueba de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del C.P.C., a cuyo tenor se estableció: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.//Los hechos notorios y las afirmaciones indefinidas no requieren prueba. Al respecto, consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 2009, exp. 63001-23-31-000-1999-00628-02 (25901), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, Subsección B, sentencia del 14 de junio de 2012, exp. 63001-23-31-000-1999-000901-01 (20148), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

12 “La resolución inhibitoria podrá ser revocada de oficio o a petición del denunciante o querellante, aunque se encuentre ejecutoriada, siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para proferirla.
El funcionario judicial determinará en la misma providencia si decide reanudar la investigación previa o profiere resolución de apertura de instrucción. Si continúa en investigación previa, esta tendrá una duración máxima de dos (2) meses, vencidos los cuales procederá a proferir resolución inhibitoria o resolución de apertura de instrucción”.

13 “Mediante providencia de sustanciación, el Fiscal General de la Nación o su delegado, dispondrá la apertura de instrucción indicando los fundamentos de la decisión, las personas por vincular y las pruebas a practicar.
La instrucción tendrá como fin determinar:
1. Si se ha infringido la ley penal.
2. Quién o quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible.
3. Los motivos determinantes y demás factores que influyeron en la violación de la ley penal.
4. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó la conducta.
5. Las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del procesado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policía y sus condiciones de vida.
6. Los daños y perjuicios de orden moral y material que causó la conducta punible.
En los procesos por delitos contra la administración pública se ordenará comunicar al representante legal de la entidad supuestamente perjudicada y a la Contraloría sobre la apertura de la investigación”.

14 “El funcionario judicial deberá resolver dentro del proceso penal las cuestiones extrapenales que surjan de la actuación y que no sean elementos constitutivos de la conducta punible, teniendo en cuenta la efectividad del principio del restablecimiento del derecho, aplicando las normas jurídicas materiales correspondientes y las procesales penales en lo referente a la prueba y a su valoración”.

15 “El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado.
La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

16 “En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado”.

17 Artículo 228 de la Constitución Política: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.

18 Artículo 229 de la Constitución Política: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

19 [1] En este sentido, providencias de la Sección de 20 de septiembre de 1990, exp: 6133; 1 de octubre de 1993, exp. 6474, entre muchos otros. De manera más reciente, la Sala señaló: “Como cualquier otro acto de hombre o de persona, la demanda es objeto de valoración; ésta implica no dejarse llevar por su mera apariencia formal. Por eso el Código de Procedimiento Civil enseña que “Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley substancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes” (art. 4º). Por consiguiente la doctrina indica que para el estudio de la ley procesal “no puede el juzgador aferrarse a las palabras ni al sentido literal, sino que debe perseguir el conocimiento del contenido jurídico que ella encierra, y si el objeto de los procedimientos es la tutela de los derechos reconocidos en la ley substancial, con mayor razón es imperativo adoptar un criterio de interpretación conjunta, razonada y científica de la demanda” Compendio de derecho procesal. Teoría General del Proceso. Tomo I. Hernando Devis Echandía. Biblioteca Jurídica Dike. Duodécima edición. Pág. 436. Así entonces conociendo que la demanda es un todo, si en su apreciación no se encuentra armonía absoluta habrá, si se puede, que acudir a los hechos históricos que la informan como a los fundamentos de derecho que alude para hacer visible su verdadero sentido; así ocurre jurídicamente en otras materias sustantivas como en los convenios y contratos cuando no son claros, y para tal efecto la ley substancial indica cuáles son los métodos de interpretación” Sentencia de 23 de enero de 2003, exp. 22.113.

20 [2] “La demanda no constituye en este caso, precisamente, un modelo de lo que deba ser la pieza procesal de introducción. Pero, ello no es óbice para que el juzgador cumpliendo con el deber de interpretar razonablemente los diversos actos procesales, pueda y deba llegar a desentrañar el verdadero propósito que tuvo el actor para reclamar en contra de quien estaba llamado a responder por los perjuicios ocasionados en virtud de los hechos enrostrados a éste”. Sentencia de 8 de agosto de 1991, exp: 6414.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, exp. 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.P. Ruth Stella Palacio Correa. Consultar igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 19001-23-31-000-1997-04008-01(20345), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 23 de enero de 2003, exp. 13001-23-31-000-2001-0995-01(22113), actor: Sociedad Aguilar Botero y Cia. S.A., C.P. María Elena Giraldo Gómez.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 1991, actor: Sociedad Comercial Urbanización Normandía Ltda, C.P. Daniel Suárez Hernández.

23 Efectivamente el accionante invocó tal menoscabo constantemente en su demanda y en su recurso de apelación, aseveró que el Banco Granahorrar no lo había imputado a la obligación que sí le correspondía cancelar, y propendió por acreditar su existencia.

24 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.//No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.//En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

25 Artículo 2313 del Código Civil: “Si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado//. Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor”.
Artículo 2317 ejusdem: “Del que da lo que no debe no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho”.
Artículo 2318 ibídem: “El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad.//Si ha recibido de mala fe debe también los intereses corrientes”.
Artículo 2319 ejusdem: “El que ha recibido de buena fe no es responsable de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio en el falso concepto de debérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya; salvo en cuanto le hayan hecho más rico.//Pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe”.

26 Sobre las condiciones aludidas, la Corte Suprema de Justicia ha reseñado: “En efecto, los doctrinantes y la jurisprudencia, encuentran la plena justificación del derecho de repetir en la circunstancia de no existir razón de ser del `deber de la prestación`, o sea precisamente, `la causa de la obligación de pagar`, pues, se trata de un pago hecho sin razón justificativa”. (G.J. t: LXXXVI pag 107); y como hipótesis propias de la misma, ha indicado que se pueden presentar cuando: “a) No existe ninguna deuda; b) Si existe, pero el pago se hace a persona distinta del verdadero acreedor, y c) Si existe, pero la persona del deudor es distinta de aquella que paga”. (G.J. t: L pag. 181).//2. A lo anterior ha agregado, “el buen suceso de la acción de repetición del pago indebido, requiere básicamente la concurrencia de los siguientes elementos: a) Existir un pago del demandante al demandado; b) que dicho pago carezca de todo fundamento jurídico real o presunto; y c) que el pago obedezca a un error de quien lo hace, aun cuando el error sea de derecho”, y sobre esto siempre teniéndose en cuenta que “donde quiera que no se encuentre error de por medio en el pago, no se abre paso la condictio indebiti, denominación que en Roma recibió la acción que se viene comentando, pues (...) quien soluciona una deuda a sabiendas de que no es deudor, voluntariamente se está imponiendo un gravamen y no debe entonces quejarse” (G. J. CCXII, No. 2451, páginas 258 y 259)”. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 23 de abril de 2003, exp. 7651, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.

27 Arturo Valencia Zea, Derecho Civil, Tomo III, De las Obligaciones. Quinta edición, Editorial Temis Bogotá, 1978, p. 359, 361.

28 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 23 de abril de 2003, exp. 7651, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.

29 Artículo 717 del Código Civil: “Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido.//Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos desde que se cobran”.
Artículo 1617 ibídem: “Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes://1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.//El interés legal se fija en seis por ciento anual.//2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.//3a.) Los intereses atrasados no producen interés.//4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.

30 “Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada -en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas."//Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”. Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

31 [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

32 Consejo de Estado, sentencia del 6 de junio de 2007, exp. 25000-23-26-000-1990-06968-01(16460), actor: William Javier Duarte Ruiz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

33 Consejo de Estado, sentencia del 11 de mayo de 2006, exp. 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), actor: Lino Antonio Amortegui Guzmán y otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

34 Corte Constitucional, sentencia C-038 del 1 de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

35 En cuanto al concepto de daño antijurídico se ha precisado: “De allí que, esa circunstancia cierta y personal es constitutiva de una alteración negativa respecto de un estado de cosas, lo que determina la existencia del daño, mientras que la antijuricidad está dada por la inexistencia del deber jurídico de soportar esa afectación –la pérdida de la posesión material– respecto de unos terrenos sobre los cuales ejercían los derechos conferidos por la posesión efectiva de la herencia, ya que el ordenamiento jurídico no impone esa carga a los demandantes.// Como se aprecia, el daño antijurídico es el ingrediente jurídico sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos elementos: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la ocupación material de los inmuebles por una población específica) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada.// Entonces, el daño antijurídico lejos de ser un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico se transforma para convertirse en una institución deontológica, pues sólo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (artículo 16 de la ley 446 de 1998) y, por lo tanto, sólo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de noviembre de 2012, exp. 05001-23-31-000-2003-02308-01(37046), actor: Enrique Durango Sanín y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

36 [4] Agusto Ramírez Ocampo. "Ponencia para segundo debate de la nueva Constitución Política de Colombia" en Gaceta Constitucional No 112, 3 de julio de 1991, pp 7 y 8.

37 [5] Consejo de Estado. Sentencia del 13 de julio de 1993. Loc-cit.

38 Sobre el tema, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; sentencia C-1149 del 31 de octubre de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería; sentencia C-918 del 29 de octubre de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; sentencia C-038 del 1 de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.

39 Artículo 1893 del Código Civil: “La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios”.
Artículo 1894 ibídem: “Hay evicción de la cosa comprada, cuando el comprador es privado del todo o parte de ella, por sentencia judicial”.
Artículo 1895 ejusdem: “El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario”.

40 Artículo 1527 del Código Civil: “Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento”.

41 “Se entiende por sobregiro o pago en descubierto, a la disposición de fondos de la cuenta corriente mediante el giro de cheques o cualquier otro mecanismo previamente convenido con el banco por sumas superiores al saldo en ella disponible.
En la práctica el sobregiro presenta dos modalidades: por una parte, el denominado “cupo de sobregiro”, que consiste en una autorización permanente con cuantía determinada otorgada al titular de la cuenta, de la cual éste puede hacer uso de modo parcial o total; y de otra, la situación coyuntural del pago o desembolso efectuado en descubierto sin acuerdo previo, evento en el cual el establecimiento bancario obra por mera liberalidad pues no tiene obligación de concederlo”. Superintendencia Financiera, concepto del 25 de julio de 2012, n.° 2012055077-003.