Sentencia 2004-00600/47797 de mayo 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 180012331000200400600 01 (47.797)

Actor: Nelly Mejía Trujillo y otros

Demandado: Nación - Policía Nacional y rama judicial

Referencia: Acción reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., diez de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la rama judicial y la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 14 de junio de 2012.

La Sala abordará el asunto en el siguiente orden: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) la legitimación en la causa; 5) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 6) las pruebas recaudadas en el proceso y su respectivo valor probatorio; 7) el caso concreto: la responsabilidad de la rama judicial por la privación de la libertad del menor Juan Carlos Mejía Trujillo; 8) los perjuicios apelados y 9) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron Ios expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del menor Juan Carlos Mejía Trujillo, tema respecto del cual la sección tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto sobre el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada(17), por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la mencionada Ley 1285, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la rama judicial y la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 14 de junio de 2012, por el Tribunal Administrativo del Caquetá, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia reside en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(18).

En el presente caso, la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el demandante, con ocasión de la privación de la libertad de la que dice haber sido víctima dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Revisado el expediente, obra la providencia proferida el 11 de agosto de 2004 por el juzgado segundo promiscuo de familia(19), por medio de la cual decidió cesar el procedimiento en el proceso que por el delito de terrorismo se siguió en contra de Juan Carlos Mejía Trujillo, la cual quedó ejecutoriada el 7 de septiembre de 2004, de conformidad con la constancia emitida por el secretario del despacho(20); en ese orden, la demanda se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista para ello, por cuanto la misma se presentó el 23 de noviembre de 2004.

4. Legitimación en la causa.

Respecto del demandante Juan Carlos Mejía Trujillo se tiene que él fue la víctima directa del daño, razón por la cual está acreditada su legitimación para comparecer a este proceso.

En relación con la señora Elisa Trujillo Ortiz y el señor José Henry Mejía Gómez, a través del registro civil de nacimiento de Juan Carlos Mejía Trujillo(21), quedó acreditada su calidad de madre y padre de este.

En relación con José Henry Mejía Trujillo, Sandra Patricia Mejía Trujillo y Nelly Mejía Trujillo, su calidad de hermanos de Juan Carlos Mejía Trujillo quedó acreditada a través de sus registros civiles de nacimiento(22).

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. Reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la sección tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso deberá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(23) por la sección tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(24).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala plena de la sección tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Con esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Las pruebas aportadas al expediente.

De conformidad con el conjunto probatorio obrante en el expediente, se encuentra acreditado lo siguiente:

— El 14 de junio de 2004 fue capturado el menor Juan Carlos Mejía Trujillo, de conformidad con el acta de derechos del capturado(25), en ella se indicó el hallazgo de una granada en su poder.

— El 16 de junio de 2004, el juzgado segundo promiscuo de familia de Florencia, Caquetá, recibió las diligencias en contra de Juan Carlos Mejía Trujillo por el punible “por tipificar” y profirió resolución de apertura para escuchar en descargos al joven Juan Carlos Mejía Trujillo y decretó en su contra, de manera provisional, la medida contemplada en el artículo 204-4 del Código del Menor(26) en calidad de recepción(27).

— El 17 de junio de 2004, se llevó a cabo la entrevista con el menor Juan Carlos Mejía Trujillo por parte del juzgado segundo promiscuo de familia de Florencia, en la cual se buscaba establecer la personalidad del joven, sus condiciones personales y socio-familiares, la naturaleza de su conducta y las circunstancias que en ella intervinieron. Durante la entrevista, el menor indicó haber sido golpeado por la Policía Nacional una vez fue conducido al calabozo, motivo por el cual el juzgado ordenó su evaluación por Medicina Legal, institución que dictaminó una incapacidad médico legal de quince días por los golpes que presentaba el menor(28).

— El 22 de junio de 2004, el juzgado segundo promiscuo de familia resolvió la situación jurídica del menor sindicado de cometer el delito de terrorismo e impuso medida provisional de ubicación en etapa de observación en el centro “Nuevos Días” por un término de 15 días, con la finalidad de contar con informes completos sobre su personalidad(29).

— El 12 de julio de 2004, el juzgado segundo promiscuo de familia modificó la medida de ubicación institucional de Juan Carlos Mejía Trujillo, luego de haber recibido la declaración de tres testigos presentes en el momento de los hechos, con la que se desvirtuaron en parte los cargos hechos por la Policía Nacional, como consecuencia, otorgó la libertad asistida a su progenitora(30).

— El 12 de julio de 2004 se suscribió por parte de la madre del menor y de éste, la diligencia de libertad asistida, en la que se le imponen las siguientes obligaciones:

“(...) A) aceptar los programas, la orientación y el seguimiento que se le hagan; B) atender los llamados del juzgado; C) informar todo cambio de residencia; D) trabajar en una labor permitida legalmente y en horas del día; E) no deambular por la calle en altas horas de la noche; F) no frecuentar sitios en donde se ingieran bebidas alcohólicas e igualmente evitar el consumo de estas; G) permanecer al lado de sus padres atendiendo todas las normas que al interior del hogar existan; H) evitar las malas compañías; I) continuar en lo posible con sus estudios; J) presentarse a este despacho cada 30 días (...)”(31).

— Finalmente, obra el auto proferido por el juzgado segundo promiscuo de familia de Florencia, el 11 de agosto de 2004, en la que se declaró la cesación del procedimiento del informativo de terrorismo contra Juan Carlos Mejía Trujillo.

7. Caso concreto.

De los documentos relacionados como parte del acervo probatorio, se puede establecer que el menor Juan Carlos Mejía Trujillo estuvo privado de su libertad, como posible autor del delito de terrorismo; no obstante, el juzgado segundo promiscuo de familia, a través de providencia del 11 de agosto de 2004, cesó el procedimiento adelantado en contra del menor, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“(...).

“De la lectura del presente informativo, se observa que no existe responsabilidad del joven Juan Carlos Mejía Trujillo en los hechos denunciados por la Policía Nacional y sucedidos el 14 de junio del presente año en la localidad de Puerto Rico, Caquetá.

“El delito de terrorismo es definido por el Código Penal como: ‘El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos (...)”. Así pues del estudio de las presentes actuaciones se observa que Juan Carlos Mejía Trujillo no incurrió en ninguna conducta ilícita; si bien el joven se encontraba cerca del sitio de los hechos como él mismo lo señala, dentro del informativo se demuestra que éste no participó de ellos; ante lo anterior el despacho consideró que existía mérito para cesar el procedimiento, (...)”(32) (negrillas fuera del texto).

La Sala encuentra que dentro del proceso penal se decidió cesar el procedimiento(33) en contra del ahora demandante, con fundamento en que no incurrió en el hecho punible por el cual se le sindicó, razón por la cual la cesación del procedimiento en contra del menor Juan Carlos Mejía Trujillo obedeció a que este no cometió el delito.

En ese mismo sentido, cabe advertir que, aun cuando en la providencia que cesó el procedimiento se afirmó que dentro del proceso penal se logró establecer que el hoy demandante se encontraba en el lugar de los hechos y en la orden de captura se consignó el hallazgo de una granada en poder de este, lo cierto es que ese solo señalamiento no cuenta con la virtualidad y el grado de certeza suficiente para que esta corporación califique la conducta del actor como la causa eficiente y directa del daño, para efectos de considerar probada la culpa exclusiva de la víctima dentro de este caso.

Lo anterior, por cuanto dentro de la investigación se acreditó que el menor fue golpeado con posterioridad a su captura cuando se encontraba en los calabozos de la Policía Nacional, lo que le generó una incapacidad emitida por Medicina Legal de 15 días, y los testigos llamados al proceso por el juzgado segundo promiscuo de familia indicaron que al menor no le fue hallado ningún elemento al momento de su captura, situación que incluso generó una investigación disciplinaria por estas conductas en contra de los miembros de la Policía Nacional(34) y le sirvió al juzgado segundo promiscuo de familia como soporte para conceder la libertad asistida del menor.

Además, fue precisamente el hecho de que el menor no participara en los hechos lo que condujo a la cesación del procedimiento, motivo por el cual la Sala no cuenta con elementos fácticos y probatorios que permitan edificar el daño antijurídico que sufrió el actor sobre la base de su propia conducta, a lo cual cabe agregar que no existen en el proceso pruebas adicionales que permitan determinar esa causa extraña, la cual, dicho sea de paso, debía en todo caso acreditarla la parte demandada.

Por otro lado, respecto del tiempo durante el cual el menor Juan Carlos Mejía Trujillo estuvo privado de su libertad, ha de señalarse que con la orden de captura se pudo establecer que la misma ocurrió el 14 de junio de 2004 y, a través del Auto del 22 de junio de 2004, el juzgado segundo promiscuo de familia impuso medida de ubicación en etapa de observación en contra del menor Mejía Trujillo, en el centro “Nuevos Días”(35), hasta el 12 de julio de 2004, fecha en la cual se modificó la medida de rehabilitación y se concedió la libertad asistida a su madre(36).

En este sentido, se demostró que el menor Juan Carlos Mejía Trujillo fue privado de su libertad desde el 14 de junio de 2004 hasta el 12 de julio de 2004, y no desde el 16 de junio y el 11 de agosto de 2004, como indicara el tribunal en primera instancia; además, advierte la Sala que en las pretensiones de la demanda, solo se hace la petición del reconocimiento de indemnización por el término que duró la privación física de la libertad del menor(37), por lo que así lo contabilizará la Sala.

Así las cosas, dadas las circunstancias fácticas descritas, el menor Mejía Trujillo no se encontraba en la obligación de soportar la privación de su libertad, de ahí que deba calificarse como antijurídico el daño ocasionado por la demandada.

Como consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

8. Indemnización de perjuicios.

La parte demandante solicitó el incremento de los perjuicios morales concedidos; sin embargo, encuentra la Sala que los mismos están de conformidad con las pautas trazadas por la jurisprudencia unificada de la Sala plena de la sección tercera, en relación con la privación injusta de la libertad(38), a excepción del menor Mejía Trujillo, respecto de quien se hará una consideración especial.

8.1. Perjuicios morales.

Según se estableció en la Sentencia de unificación proferida por la sección tercera de esta corporación(39), se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea igual o inferior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo, si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente, si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

En efecto, el aquí demandante fue capturado por la Policía Nacional y estuvo cobijado por medida de ubicación institucional en el centro “Nuevos Días”(40) entre el 14 de junio de 2004 y el 12 de julio de 2004 y la jurisprudencia de esta corporación señala que cuando la medida de aseguramiento de detención preventiva ha tenido una duración inferior a 1 mes, se sugiere el reconocimiento a la víctima directa, al cónyuge o compañero permanente y a los parientes dentro del primer grado de consanguinidad, de una indemnización equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes y de siete punto cinco (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes para los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad(41).

En ese sentido, debido a que el menor Juan Carlos Mejía Trujillo tuvo una restricción a su derecho fundamental de la libertad inferior a un mes, lo procedente sería el reconocimiento de dicha cantidad, como lo hiciera el tribunal de primera instancia; sin embargo, en virtud de que se trata de un menor de edad, sujeto especial de protección por parte de su familia, la sociedad y el Estado, y a quien el sometimiento a este tipo de actuaciones, especialmente su captura y el haber sido apartado de su familia, le causó un mayor impacto moral, tal y como lo acredita el testimonio rendido por la señora Luz Nelly Ospina(42), la Sala considera procedente el incremento de la indemnización concedida a Juan Carlos Mejía Trujillo para un total de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en este sentido se modificará la sentencia de primera instancia.

En este sentido, quiere la Sala resaltar que los niños son sujetos especiales de protección por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Así se desprende de lo dispuesto por el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado al derecho interno mediante la Ley 74 de 1976, y en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972. Como también de lo ordenado por el artículo 44 de la Constitución Política que garantiza los derechos fundamentales de los menores de forma prevalente.

En cuanto al juzgamiento y sanción de las infracciones a la ley penal, los menores tienen derecho a contar con un sistema de responsabilidad penal sometido a leyes, procedimientos y autoridades especiales. Este régimen jurídico singular ordena que la privación de la libertad de un menor se debe materializar de forma separada de los adultos y en procura de que sea un recurso de última ratio y por el período más breve posible.

Así lo ordenan los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en consonancia con el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor y la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia.

De conformidad con el artículo 184 del Decreto 2737 de 1989, Código del Menor vigente para la época de los hechos, los menores debían ser puestos a disposición del juez o autoridad competente el primer día hábil siguiente a la fecha de su aprehensión y, en todo caso, el término para ponerlos a disposición de dicha autoridad no podía excederse de 36 horas(43).

Igualmente, el artículo 183 de dicha codificación disponía que los menores debían ser conducidos preferiblemente por la Policía de Menores a un centro especializado de recepción que ofreciera la debida seguridad.

Adicionalmente, como ya lo ha dicho la Sala en otras oportunidades(44), debe tenerse en cuenta que los niños y niñas gozan de los mismos derechos que los demás seres humanos, pero su protección es prevalente en relación con el restante conglomerado social, en especial por el impacto que situaciones como la que tuvo que soportar Juan Carlos Mejía Trujillo, al ser privado de su libertad, pueden generar en su desarrollo.

Incluso la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los menores como sujetos de especial protección en los siguientes términos:

“Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes gozan de una especial protección tanto en el ámbito internacional como en nuestro Estado Social de Derecho. Ello, dada la situación de indefensión, vulnerabilidad y debilidad de esta población y la necesidad de garantizar un desarrollo armónico e integral de la misma. Los niños, en virtud de su falta de madurez física y mental —que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos—, necesitan protección y cuidados especiales, tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad. Atendiendo esta norma básica contenida en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, exige la obligación de prodigar una especial protección a aquellos grupos sociales cuya debilidad sea manifiesta, destacándose entre estos grupos la especial protección de los niños, la cual es prevalente inclusive en relación con los demás grupos sociales”(45) (negrilla por la Sala).

Visto lo anterior, la Sala concluye que tanto a la familia, el Estado y a la sociedad en general, les corresponde adoptar medidas que garanticen en todo momento la vida y demás derechos que por su condición de debilidad, le son inherentes a los niños, lo que no ocurrió en este caso por parte de la rama judicial en relación con Juan Carlos Mejía Trujillo, actuación que faculta a la Sala, en este caso, a reconocer la reparación integral del daño por cuanto se vulneraron los derechos del menor.

Para los demás demandantes, se confirmará la indemnización concedida, toda vez que se ajusta a los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la corporación y porque no se probaron circunstancias adicionales de mayor intensidad o gravedad del daño moral.

8.2. Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

La parte demandante apeló la negativa del Tribunal en relación con el reconocimiento de lo que denominó “daño a la vida de relación”.

Sea lo primero manifestar que la jurisprudencia de esta corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(46) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(47), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Reparación en la que se privilegiará la compensación, a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, las cuales operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición y, las demás definidas por el derecho internacional.

En el caso particular se solicitó el reconocimiento de una indemnización de perjuicios a favor del menor Juan Carlos Mejía Trujillo y su grupo familiar por el “daño a la vida de relación” sufrido por estos, con ocasión de la difusión de la noticia de la privación injusta de la que fue objeto, así como también se solicitó la correspondiente indemnización por los perjuicios sicológicos causados al menor.

Una vez revisado el material probatorio obrante en el expediente, advierte la Sala que no obra medio probatorio alguno con el cual se pudiere acreditar la concreción de tales perjuicios por quienes los solicitan; sin embargo, como se acaba de exponer, y en virtud de que se trató de un menor de edad, quien goza de la protección especial del Estado, la Sala reconocerá el daño inmaterial por afectación relevante a derechos convencional y constitucionalmente amparados, tipología autónoma de perjuicios que fue aceptada por la sección de conformidad con el documento ordenado mediante Acta Nº 23 del 25 de septiembre de 2013, en el que se recopiló la línea jurisprudencial(48) y se establecieron criterios unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales.

En ese sentido, la Sala considera procedente ordenar a la rama judicial, crear y mantener habilitado por el término de seis (6) meses un link visible en su página web principal (http://www.ramajudicial.gov.co) en el que se pueda acceder al contenido digital de esta providencia. La información deberá estar disponible a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

8.3. Perjuicios materiales.

En la sentencia de primera instancia se negó la pretensión formulada por los demandantes en favor del menor Juan Carlos Mejía Trujillo, por cuanto no se acreditó que este estuviera trabajando o el salario que devengaba.

Ahora bien, la parte demandante, en su recurso de apelación, sostuvo que el joven Juan Carlos Mejía Trujillo, para el momento de su captura, ya se encontraba en edad productiva, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 138 de la OIT.

Sin embargo, revisado el expediente advierte la Sala que del testimonio arrimado al proceso rendido por la señora Luz Nelly Ospina(49) y de la entrevista que le hiciera el juzgado segundo promiscuo de familia al joven Mejía Trujillo, solo se puede determinar que este ayudaba en labores del campo a su padre, sin que se determinara que por dicha actividad recibiera un salario.

De lo anterior, puede colegir la Sala que se encuentra probado mediante los testimonios antes referidos, que Juan Carlos Mejía Trujillo realizaba actividades agrícolas como ayuda a su padre; además, como este era menor de edad para la época de los hechos, no reposa en el expediente medio probatorio que acredite que tal labor se estaba desempeñando con el lleno de los requisitos legales exigidos por el Ministerio de Trabajo; por tanto, mal haría esta corporación en reconocer al demandante rubro alguno por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado por el período de tiempo en el cual el joven Mejía Trujillo no había alcanzado la mayoría de edad, debido a que con esta actuación se estaría amparando el trabajo infantiI(50), el cual, de conformidad con el artículo 113 de la Ley 1098 de 2006 —Código de la Infancia y la Adolescencia— debe cumplir unos requisitos específicos, entre ellos el otorgamiento de un permiso por parte de los padres, circunstancias que no se acreditaron en el presente caso.

Finalmente, si bien obra constancia en el expediente de unas heridas padecidas por el joven Juan Carlos Mejía Trujillo al momento de su captura que le dejaron una incapacidad temporal de 15 días, no quedó demostrado que las mismas hubieran sido causadas por la rama judicial, única entidad que resultó condenada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Caquetá; sin que se apelara la responsabilidad de la Policía Nacional, entidad que, al parecer, fuera la causante de las heridas, por lo que mal haría la Sala en condenar, por perjuicio a la salud, a la rama judicial.

9. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 14 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

2. DECLARAR responsable a la Nación - rama judicial de los perjuicios causados al joven Juan Carlos Mejía Trujillo y a Elisa Trujillo Ortiz, José Henry Mejía Gómez, Nelly Mejía Trujillo, Juan Carlos Mejía Trujillo y Sandra Patricia Mejía Trujillo, como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido Juan Carlos Mejía Trujillo desde el 14 de junio de 2004 hasta el 12 de julio de 2004.

3. CONDENAR a la Nación - rama judicial, por concepto de perjuicio moral, de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia, en favor de Juan Carlos Mejía Trujillo, la cual será por un valor equivalente a VEINTE (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. CONDENAR a la Nación - rama judicial, por concepto del daño inmaterial por afectación relevante a derechos convencional y constitucionalmente amparados, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia, y ordena a la rama judicial, crear y mantener habilitado por el término de seis (6) meses un link visible en su página web principal (http://www.ramajudicial.vo.co) en el que se pueda acceder al contenido digital de esta providencia. La información deberá estar disponible a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

5. CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. SIN condena en costas.

9. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(17) Al respecto, ver las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, del veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017), rad. 25000-23-26-000-2009-00395-01 (45733) y Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, del ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017), rad. 66001-23-31-002-2009-00149-01 (45669), entre otras.

(18) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterado en Sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. Al respecto puede consultarse igualmente el Auto de 19 de julio de 2010, exp. 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) Fls. 9 a 11 del cuaderno principal y 132 a 140 del c. 4.

(20) FI. 196 del cuaderno de pruebas.

(21) FI. 5 del cuaderno principal.

(22) FIs. 6 a 8 del cuaderno principal.

(23) Consejo de Estado, Sala plena de la sección tercera, Sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 23.354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(24) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; Sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, reiteradas por esta subsección en Sentencia de mayo 26 de 2011, exp. 20.299, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras.

(25) FI. 10 del cuaderno de pruebas.

(26) “ART. 204. <Artículo derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006> Establecida plenamente la infracción, el juez competente podrá aplicar una o varias de las siguientes medidas, procurando, en cuanto fuere posible, que éstas se cumplan en el medio familiar o dentro de la jurisdicción a la cual pertenece el menor, y con carácter eminentemente pedagógico y de protección:
1. Amonestación al menor, y a las personas de quienes dependa.
2. Imposición de reglas de conducta.
3. Libertad asistida.
4. Ubicación institucional.
5. Cualquiera otra medida que contribuya a la rehabilitación del menor”.

(27) FIs. 41 a 56 del cuaderno de pruebas.

(28) FIs. 19 a 31 del cuaderno de pruebas.

(29) FIs. 32 a 37 del cuaderno de pruebas.

(30) FI. 119 del cuaderno de pruebas.

(31) FI. 119 del cuaderno de pruebas.

(32) Fls. 132 a 134 del cuaderno de pruebas.

(33) “ART. 193. <Artículo derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006> En cualquier estado del proceso en que aparezca plenamente comprobado que el hecho típico no ha existido, o que el menor no lo ha cometido, o que la ley no lo considera como infracción penal, o que la acción penal no podía iniciarse o proseguirse, o se advierta una cualquiera de las causales de justificación del hecho o de inculpabilidad, el juez, previo concepto del respectivo defensor de familia, dictará auto que así lo declare y ordenará cesar el trámite del proceso. Si el menor se encuentra a disposición del juzgado, el juez deberá resolver su situación teniendo en cuenta sus condiciones personales y familiares. Si el juez encuentra que el menor está en situación de abandono o peligro, remitirá el caso al defensor de familia”.

(34) Fls. 197 a 200 del cuaderno de pruebas.

(35) Fls. 32 a 37 del cuaderno de pruebas.

(36) FI. 116 del cuaderno de pruebas.

(37) FI. 12 del cuaderno principal.

(38) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sala plena, Sentencia del 28 de agosto del 2014, exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

(39) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sala plena, Sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 36.149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

(40) Medida que equivale a la de privación en centro carcelario dentro del régimen penal aplicable a los mayores de edad.

(41) En Sentencia de unificación proferida por la sección tercera el 28 de agosto de 2014, número de expediente 36.149, se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.

(42) FIs. 221 y 222 del cuaderno de pruebas en el que indicó: “Él no volvió a salir, mantenía encerrado, como nervioso o traumatizado, porque yo vi que lo golpearon, lo habían reventado, los labios los tenla hinchados, tenía moretones en diferentes partes del cuerpo, yo también vi cuando la Policía lo sacó, lo tiraron en la mitad de la calle, lo pusieron boca abajo, de ahí lo esposaron, lo maltrataron y se lo llevaron, lo insultaron y se lo llevaron para la Estación de Policía”.

(43) Así lo dispuso la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de dicho artículo, mediante Sentencia C-019 del 25 de enero de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

(44) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, C.P. Hernán Andrade Rincón (E), Bogotá D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015), rad. 41001-23-31-000-1999-00435-01 (28425).

(45) Sentencia T-260 de 2012.

(46) “(...) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala plena de la sección tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (...) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (...) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (...)” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31170, M.P. Enrique Gil Botero.

(47) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(48) Consejo de Estado, Sala plena de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. También se puede consultar Consejo de Estado —Sala de lo contencioso administrativo— sección tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28804, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(49) FIs. 220 a 222 del cuaderno de pruebas.

(50) Artículo 14 del Decreto 2737 de 1989 y artículo 113 de la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia.