Sentencia 2004-00605 de octubre 13 de 2009

 

Sentencia 2004-00605 de octubre 13 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-028-2004-00605-01

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., trece de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

1. Es claro que la acción de enriquecimiento cambiario, a la que alude el artículo 882 del Código de Comercio, constituye un extremum remedium iuris concedido por el ordenamiento jurídico, en obsequio a la equidad, al tenedor legítimo de un instrumento de contenido crediticio que ha quedado privado de los recursos y acciones diseñados por las normas relativas a los títulos valores y por aquellas que protegen los derechos originados en la relación causal germen del respectivo documento, en virtud de la prescripción o de la caducidad que lo han envilecido.

Fluye también palmario que ella, la que algunos autores califican como "... la muralla suprema de la justicia contra los rigores del formalismo..." (Lescot P. y Roblot R., Les Effets de Commerce, I, París, 1953, pag. 179; citados por Cámara Héctor, Letra de Cambio y Vale o pagaré, III, Ediar, Buenos Aires, 1980, pag. 446), se erige en medio enteramente diferente de aquellos que fenecieron ante la efectividad de alguno de los anunciados fenómenos, al punto que aflora desatinado considerársele a la manera de "... una especie de sobrante de la acción cambiaria dotado por añadidura de la fascinadora virtud de hacer en buena medida inoperantes la prescripción y la caducidad..." (G. J. t. CCXXV, pág. 763), o en forma de excedente de la causal, o como su complemento o elongación, desde luego que esa concepción no corresponde a la naturaleza jurídica del instituto, en tanto, por el contrario, se trata de un recurso judicial dimanante de la actio in rem verso común, en la que encuentra sus raíces, aunque con algunos elementos especiales que la caracterizan. Es, entonces, "... una acción extracambiaria, pues, precisamente, nace cuando se han extinguido tanto los recursos previstos por el derecho cambiario, como los que provienen de las relaciones causales..." (SC-057-08, exp. 2004-00112-01), vale decir, emerge cuando los senderos inicialmente concebidos -la acción cambiaria y la referente a la relación causal- han sido extinguidos por caducidad o prescripción, lo cual denota, se insiste, que no hace parte de ninguno de ellos y que, además, es distinta y no viene a revivir apagados plazos ni a rescatar oportunidades desatendidas en los mismos.

Es que como la decadencia de las dos acciones posibles pudo haber incrementado en forma injusta el patrimonio del obligado cartular, y al tiempo lesionar el del tenedor legítimo, la equidad, reconocida de tiempo atrás en los artículos 5º, 8º y 48 de la ley 153 de 1887, así como en el 16 de la ley 446 de 1998, al igual que en el segundo inciso del 230 de la Carta, viene en auxilio del perjudicado para que, en ejercicio de una pretensión de naturaleza declarativa, acredite su pérdida junto con la correlativa ganancia de su contraparte, eventualmente disímiles del contenido literal del título demeritado, y obtenga el correspondiente resarcimiento.

Igualmente es palpable que, cual lo ha sostenido de manera uniforme la Corte, la procedencia de esta acción, de naturaleza autónoma, respecto de un título de contenido crediticio entregado al acreedor como pago de una obligación preexistente, requiere la prueba puntual de dos elementos fundamentales, a saber: a) que el acreedor haya dejado caducar o prescribir la acción cambiaria y que, por lo mismo, no le sea dable acudir a la proveniente del negocio causal; y b) que en virtud de esa circunstancia se produzca un empobrecimiento del demandante acompañado de un enriquecimiento correlativo del demandado (SC-057 de jun. 26/2008).

2. Acerca del plazo con el que cuenta el interesado para el ejercicio de la acción de enriquecimiento cambiario, ha reiterado con insistencia la Corte que la contabilización del término de prescripción debe hacerse desde el momento mismo en que ocurra la decadencia de la cambiaria, sin que para el efecto resulte necesaria decisión judicial que la declare, en la medida en que basta el pleno acaecimiento del fenómeno, pues, tras indicar el tercer inciso del artículo 882 del Código de Comercio que "si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo..." y luego aclarar que "...no obstante tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción.", termina diciendo que "esta acción prescribirá en un año" (resalta la Sala). La redacción de este texto legal no admite colegir cosa distinta de la que se ha venido aseverando, esto es, que la actio in rem verso prescribe en un año contado a partir del instante mismo en que se consolida la respectiva causal extintiva, con abstracción de la existencia de proceso ejecutivo alguno y de que se hubiera producido la declaración correspondiente, por cuanto, como lo prevé terminantemente esa norma, el lapso prescriptivo corre sin sujeción a trámites judiciales que lo retarden.

Así, en sentencia de 19 de diciembre de 2007, emitida en el Expediente 2001-00101-01 sostuvo la corporación que "el tiempo a partir del cual debe contabilizarse la oportunidad límite para aducir a la jurisdicción la respectiva acción de enriquecimiento, lo prevé con meridiana claridad la ley mercantil (art. 882), y no es otro que el vencimiento previsto por la normatividad respectiva para que sobrevenga la prescripción, cuando de ella se trate, como en este caso; esto es, se insiste, que no involucra sino el vencimiento del lapso de tiempo fijado, sin que sea menester un pronunciamiento adicional de funcionario alguno".

Luego, mediante fallo de 26 de junio de 2008, proferido en el proceso 2004-00112, insistió la Corte que, en lo atañedero "... específicamente al tema en torno del cual gira el recurso de casación, es decir, el requisito consistente en que se haya configurado la caducidad o la prescripción de las acciones cambiarias derivadas del título valor, es de verse cómo la doctrina jurisprudencial de la Corte ha señalado de manera reiterada y uniforme que para obrar como presupuesto de la acción de enriquecimiento cambiario no es menester que tales fenómenos sean declarados por medio de sentencia judicial, sino que es suficiente que cualquiera de los mismos haya tenido plena ocurrencia, aparejando, por contera, la extinción de la acción causal".

Y, después, en la misma providencia, apuntó que "por lo demás, ha de verse que el criterio así adoptado por la corporación es el mismo que pregonan reconocidos expositores de la materia, como Héctor Cámara, al manifestar que, aunque "estos medios extintivos o impeditivos de las relaciones jurídicas no obran ex officio..., resulta suficiente demostrar que se hayan extinguidas por el transcurso del tiempo o el incumplimiento de las cargas legales, de acuerdo a la lógica y el buen sentido. Nada justifica mandar promover una acción para que se oponga la excepción de prescripción o caducidad, con dispendio de tiempo y gastos (ob. cit., pag. 451). Esta opinión es respaldada por el tratadista Ignacio A. Escuti, quien sostiene que al efecto "... es menester que a) se hayan perdido por caducidad todas las acciones de regreso (contra los endosantes e inclusive sus avalistas, aun cuando, en principio, estos últimos no pueden ser demandados por enriquecimiento); b) se hallen prescritas todas las obligaciones cambiarias (directas y de regreso). Sin embargo, no es necesario que la producción de tales eventos (caducidad y prescripción) hayan sido constatados y declarada su existencia previamente por la justicia" (Títulos de Crédito, Letra de cambio, pagaré y cheque, 3ª edición, Astrea, Buenos Aires, 1992, pag. 383)".

Para, al final, asegurar la corporación que "en este orden de ideas, puede reiterarse que el cómputo del término legalmente establecido para adelantar la acción de enriquecimiento cambiario no depende de que el fenómeno de la prescripción o la caducidad haya sido objeto de reconocimiento judicial, pues el ordenamiento jurídico no ha contemplado una exigencia semejante, sino que simplemente basta que cualquiera de ellos haya adquirido plena configuración, en orden a que el interesado tenga la posibilidad de acudir a este remedio excepcional, como mecanismo tendiente a evitar que obtenga firmeza una situación patrimonial desequilibrada e injusta".

3. Esclarecido, como quedó expuesto, según reiterada jurisprudencia, que no es indispensable fallo alguno que declare la prescripción de la acción cambiaria en orden a empezar a computar el año respectivo, pues este periodo debe contarse a partir del vencimiento previsto por la normatividad respectiva para que sobrevenga la prescripción o irrumpa la caducidad, sin más exigencias, resulta entonces palmario que ni el adelantamiento del proceso ejecutivo ni la eventual demora en su decisión final, en cualquier sentido, pueden retardarla o erigirse en otro punto de partida para iniciar el conteo del plazo destinado a la promoción de la actio in rem verso.

Deviene así evidente que admitir interpretación distinta como la que ensaya la censura, según la cual se suspende el plazo cuando media tal proceso, sería avanzar en contravía de lo que jurisprudencia y doctrina, amparadas en el texto legal, han venido sosteniendo con insistencia, dado que si no puede el proceso de ejecución constituir jamás elemento indispensable para establecer la consumación del periplo, lógicamente su adelantamiento tampoco habrá de servir como obstáculo al libre tránsito del plazo establecido, según se anotó.

Sobre este particular ha pregonado la Corte (sent. de dic. 19/2007, emitida en el Exp. 2001-00101-01): "... ahora, asevera el casacionista que el artículo 882 del Código de Comercio, contempla dos hipótesis, una cuando el término sobreviene antes de la presentación de la demanda; y, la otra, cuando se intenta el cobro ejecutivo, pero se declara la prescripción alegada por el ejecutado, supuesto en el cual, según el censor, comporta contabilizar el término a partir de la sentencia correspondiente; empero, ese discernimiento no es plenamente ajustado a la realidad, pues del texto del artículo referido se desprende cosa diferente. En efecto, la norma prevé: "... Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá asimismo; no obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año". Como diáfanamente se aprecia no hay allí distinción de ninguna índole, ni hay cabida para un ejercicio hermenéutico como el propuesto por el recurrente.

"En verdad, quien por incuria o negligencia deja prescribir la acción cambiaria luego de haber incoado el proceso ejecutivo respectivo, incurre en un descuido grave que puede afectar no solamente dicha acción, sino, también esta otra, vale decir, la de enriquecimiento. No obstante, se trata de una dejadez que ninguna relación tiene ya con el rigor cartular o con las exigencias formales de los títulos valores que obran en favor de los obligados. Aquí la prescripción deviene por una inexplicable omisión del tenedor, hipótesis en la cual no puede prevalecerse de aquél excepcional remedio.

"Justamente, por tal razón, la norma evocada en manera alguna trae la perspectiva descrita por el censor, pues de su texto no se vislumbra siquiera la posibilidad de que la acción de enriquecimiento deba adelantarse luego de la caducidad o prescripción decretadas por funcionario judicial y al no consagrarlo en términos precisos el legislador, ni surgir de la propia naturaleza de uno u otro instituto, la Corte no puede, ni considera viable, adoptar ese criterio".

4. El instituto de la prescripción, específicamente la extintiva o liberatoria, cuyo fundamento radica en el mantenimiento del orden público y de la paz social o, como asegurara un conocido autor, en "... la utilidad social..." (Alessandri Rodríguez, Arturo, Derecho Civil, Teoría de las Obligaciones, Ediciones Librería del Profesional, 1983, Bogotá, Colombia), busca proporcionar certeza y seguridad a los derechos subjetivos mediante la consolidación de las situaciones jurídicas prolongadas y la supresión de la incertidumbre que pudiera ser generada por la ausencia del ejercicio de las potestades, como quiera que grave lesión causaría a la estabilidad de la sociedad la permanencia de los estados de indefinición, así como la enorme dificultad que entrañaría decidir las causas antiquísimas. Por eso la Corte ha dicho que la institución "...da estabilidad a los derechos, consolida las situaciones jurídicas y confiere a las relaciones de ese género la seguridad necesaria para la garantía y preservación del orden social", ya que "...la seguridad social exige que las relaciones jurídicas no permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas se consoliden..." (sent., Sala Plena de mayo 4/89, Exp. 1880); y en otra ocasión, asimismo, sostuvo que "...para la seguridad de la colectividad sería altamente perjudicial que las relaciones jurídicas se prolongaran en el tiempo de manera indefinida, no obstante la dejación o la indolencia de sus titulares, pues ello, a la postre, daría pie a toda suerte de acechanzas y desafueros..." (Sala de Casación Civil, Sent: 065 de mar. 4/88, G. J. CXCII, 192).

De esta manera, la prescripción aparece como fenómeno que permite al titular de un específico derecho hacer uso de él, bajo la condición de que despliegue la actividad necesaria dentro del periodo que la misma ley le confiere, so pena de que, en el evento de no proceder así, se produzca la respectiva extinción en virtud de la incuria en que haya podido incurrir, teniendo en cuenta, eso sí, que no es el mero transcurrir de las unidades de tiempo el que engendra el resultado extintivo, sino que se hace menester el comportamiento inactivo del acreedor, en la medida que es su actitud indiferente la que gesta, en medio del pasar de los días, que se concrete la extinción. En similar sentido se pronunció la Corte mediante fallo de 11 de enero de 2000, proferido en el proceso 5208, cuando dijo que "... no es bastante a extinguir la obligación el simple desgranar de los días, dado que se requiere, como elemento quizá subordinante, la inercia del acreedor.", de todo lo cual fluye claramente cómo "... del artículo 2535 del C. C. se deduce que son dos los elementos de la prescripción extintiva de las acciones y derechos: 1º) el transcurso del tiempo señalado por la ley, y 2º) la inacción del acreedor" (Sent. S. de N. G., jun. 18/40, XLIX, 726).

Y de esa forma acontece, merced a la presunción que, de antiguo, la desidia trae, pues que ella permite deducir la inexistencia de voluntad para ejercer el respectivo derecho, si en el periodo dispuesto por la normatividad el acreedor no ha desplegado un comportamiento activo y decidido en orden a realizar las cargas legales correspondientes. Por esa vía, ha de entenderse que no le asiste al titular atractivo alguno o, lo que es lo mismo, que ha incurrido en abandono.

Es que, si bien se atiende, es posible advertir cómo la incuria del titular conduce a suponer su falta de interés; lleva a presumir, a pesar de la evidencia de la relación en que su derecho se asienta, que "... el servicio que se le debe no le interesa..." (Ospina Fernández, Guillermo, Régimen General de las Obligaciones, Sexta Edición, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 1998, p. 470), pues no otra cosa emerge, ante la demostrada dejadez, que la presunción del mencionado abandono.

Precisamente, en ese sentido también se pronunció la Corte cuando en sentencia de 19 de noviembre de 1976 (G. J. CLII, p. 505 y ss.) expresó cómo "... el fundamento jurídico-filosófico que explica la prescripción...", es "... el abandono, la negligencia en el titular del derecho o la acción, en una palabra el ánimo real o presunto de no ejercerlos...", de manera que "... el fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado...", orientación que había sido ya expuesta por la corporación en decisión de 5 de julio de 1934 (G. J. XLI-Bis, p. 29) cuando sostuvo que "la inacción del acreedor por el tiempo que fija la ley, inacción que hace presumir el abandono del derecho, es la esencia de la prescripción extintiva, expresada por los romanos en la frase lapidaria: taciturnitas et patientia consensum incitatur" (resalta la Sala).

En compendio, el afianzamiento de la prescripción extintiva, que es la que viene al caso, aparte de requerir una actitud negligente, desdeñosa o displicente del titular, necesita el discurrir completo del tiempo señalado por la ley como término para el oportuno ejercicio del derecho, sin cuyo paso no puede válidamente, sostenerse la extinción.

Ahora bien, los plazos prescriptivos, como los demás que impone la ley, exigen obediencia y respeto, aún si se llegare a tener un criterio diverso a aquel en que ella se apoyó para determinar su prolongación. En efecto, no es de olvidar que cada lapso normativamente diseñado tiene la extensión que el legislador, para cada circunstancia, ha entendido adecuada de conformidad con su criterio, como quiera que la función de instituirlos le corresponde de manera exclusiva y autónoma, pues tales términos y su establecimiento específico "... corresponden a la competencia discrecional del legislador, salvo cuando se impongan limitaciones o restricciones injustificables e irrazonables que afecten el núcleo de los derechos" (Corte Constitucional, Sent. C-416/94). De esa manera, el legislador tiene amplia competencia para fijar a su arbitrio el grado de amplitud o de estrechez de los plazos, de suerte que no resulta atendible el esfuerzo que realice el intérprete para demostrar la largueza o la cortedad de uno legalmente establecido, desde luego que, como se dejó claro, mientras no se acredite la irracionalidad del término fijado, no será posible derruir o incumplir el periodo señalado.

5. Así, si los términos prescriptivos tienen la duración que la ley ha indicado de manera expresa y categórica, si, además, cumplen un fin público y social inocultable y, si, fuera de ello, extinguen los derechos y acciones debido a la presunción de abandono que brota ante la inercia del titular, unida al transcurso del respectivo tiempo, es consecuencia natural que no pueden ser modificados en un determinado asunto a capricho del interesado, a su acomodo o como mejor le convenga a sus intereses particulares, ni puede éste definir el momento desde el que comienza su cómputo ni aquel en que ha de concluir.

Los ideales de certeza, estabilidad y seguridad en las relaciones jurídicas, entonces, deben ser apoyados por la perentoriedad de los términos, pues únicamente de esa manera pueden tener cabal cumplimiento, razón por la cual no es posible entregar al acreedor demandante la opción de decidir ad líbitum el día en que podría dar inicio al respectivo proceso y, por esa senda, aquel en que se comenzaría a contar el lapso extintivo de la acción de enriquecimiento cambiario. No atender estrictamente esos plazos sería permitir que las partes pudieran extender mediante antojadizas interpretaciones el tiempo regulado por las normas.

6. Por consiguiente, si la recta inteligencia que cabe darle al tópico atinente a la prescripción de la acción de enriquecimiento cambiario es la que con suficiente amplitud se ha dejado expuesta, surge palmario que el juzgador no pudo infringir, de modo directo, las disposiciones normativas determinadas en el cargo primero, porque, cual se infiere del compendio que se efectuó del fallo combatido, la comprensión, el alcance y el tratamiento que desde el punto de vista jurídico él le dio a la problemática que le fue planteada, a la inversa de lo que en dicha acusación pregona el recurrente, se aviene en un todo a la orientación trazada por la doctrina jurisprudencial de la Corporación, como así se dejó ampliamente considerado; tampoco quebrantó de manera indirecta esos preceptos habida cuenta que, al ser el verdadero alcance de aquel instituto —la prescripción de la mentada acción— el desarrollado en las motivaciones precedentes de esta sentencia, el tribunal muy distante estuvo de cometer yerro fáctico, con las características de manifiesto y trascendente, como se exige en esta senda extraordinaria, alrededor de alguna de las probanzas acusadas en los cargos segundo y tercero de mal valoradas o de dejadas de apreciar, desde luego que ni siquiera dándole a alguno de tales medios de persuasión el alcance por el que el acusador aboga en tales censuras se logra derruir el fallo objeto del embate, justamente por efecto de las razones que atrás quedaron sentadas.

7. Al margen de lo anterior y si, en gracia de discusión, le asistiera razón al recurrente, la intrascendencia impediría el éxito de las acusaciones, porque si la controversia tuviera que ser examinada por la Sala en sede de instancia, esta no tendría más alternativa que confirmar la sentencia del a quo desestimatoria de las pretensiones, que en lo fundamental resulta igual a la del ad quem objeto de ataque, en tanto ella también, aunque por motivos diferentes, estimó procedente denegar las súplicas incorporadas en la demanda.

En efecto, en lo que toca con la demostración de las exigencias indispensables para el exitoso ejercicio de la acción de enriquecimiento cambiario, ha dicho de tiempo atrás la doctrina de esta Corporación, que "... existe amplia libertad probatoria..." (SC-054 de abr. 6/2005, Exp. 1997-1955-01), y que por ello es que puede el actor acudir a cualquier medio para traer al juzgador la convicción acerca de los hechos que le sirvan de soporte a sus súplicas; también ha recordado que "...tal carga no se satisface con la mera exhibición del instrumento impagado (G. J. t. CCXXV, pág. 763, y sent. de oct. 25/2000, Exp. 5744, no publicada aún oficialmente)", en la medida que éste puede acreditar lo concerniente a "... los aspectos cambiarios específicos que emanan del documento...", pero no sobre el detrimento materia de demanda, vale decir, él tiene virtualidad para certificar la pretérita vigencia de la obligación incorporada en el título que por el camino de la prescripción se extinguió, aunque imposible le resulta revelar la existencia cierta del negocio subyacente, la dimensión del deterioro patrimonial del actor y la del aprovechamiento del convocado.

La Sala ha exteriorizado, además, que como el objeto de estos procesos no es "... reactivar una acción cambiaria...", sino verificar "... la medida y proporción en que se empobreció el demandante y, correlativamente, se aprovechó el demandado... corresponderá al interesado, conforme a la regla pregonada por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, probar fehacientemente que de manera cierta y real, que no simplemente conjetural o eventual, hubo un desplazamiento económico..." (SC-054 de abr. 6/2005, Exp. 1997-1955-01), con lo cual surge evidente la premisa que antecede, según la cual el aludido instrumento es necesario pero no suficiente para documentar los elementos propios de la actio in rem verso, desde luego que "... la mera exhibición o incorporación a la demanda como anexo del título valor decaído o degradado no es suficiente para dar por comprobado el requisito atinente al empobrecimiento de quien reclama y el agrandamiento del patrimonio de la parte convocada a responder"(SC-066 de jun. 26/2007, Exp. 2002-00046-01), entre otras razones porque "... no siempre que se suscribe un título valor media un negocio jurídico oneroso, toda vez que pueden celebrarse otros donde impere la gratuidad..." ( SC-054 de abr. 6/2005, Exp. 1997-1955-01).

En suma, puesto que la actio in rem verso originada a propósito de la prescripción o caducidad del instrumento no es una prolongación de las acciones con que ab initio el tenedor contaba, sino que, por el contrario, es típicamente extracambiaria, la acreditación de sus elementos basilares corre a cargo del demandante, a quien no le bastará, para esos efectos, allegar el título de ese modo extinguido, que servirá para mostrar su legitimación; además, dentro de un marco de absoluta libertad probatoria, habrá de traer los medios de convicción que persuadan acerca de la existencia de la relación causal, del desplazamiento patrimonial, de su cuantía y de la forma como se produjo.

En el mismo sentido se ha manifestado la doctrina, como puede leerse, entre otros, en los textos de César Vivante (Tratado de Derecho Mercantil, vol. III, I ed., Madrid, Reus, 1936, p. 486), Héctor Cámara (Letra de cambio y vale o pagaré, t. III, Buenos Aires, Ediar, 1980, p 447), Bonfanti y Garrone (De los títulos de crédito, 2ª ed., Buenos Aires, Abeledo - Perrot, p. 717), Ignacio A. Escuti (Títulos de Crédito, 3ª ed., Buenos Aires, Astrea, 1992, p. 383), Luis Muñoz (Títulos valores crediticios, 2ª ed., Buenos Aires, Tea, 1973, p. 555), Bernardo Trujillo Calle (De los títulos valores, t. I, 15ª ed., Bogotá, Leyer, 2006, p. 313), Ramiro Rengifo (Títulos valores, 6ª ed., Medellín, Señal Editora, 1992, p.163) y Felipe Tena (Títulos de Crédito, 3ª ed., México, Porrúa, 1956, p.314), el último de los cuales expresa: "contra lo que pudiera pensarse a primera vista, el contenido de la acción de enriquecimiento no coincide, o mejor, puede no coincidir, con el de la acción cambiaria (o causal). La acción de enriquecimiento tiene por objeto un crédito incierto, indeterminado, que puede ser inferior a la suma cambiaria, como que tendrá por medida el valor del enriquecimiento injustamente obtenido por el girador en daño del librador, es decir, lo que no ha dado, o la parte del valor que ha dado de menos, con relación a lo que debió haber dado cuando negoció la letra. Ello resultará de la prueba que al respecto rinda el tenedor demandante. Así, no se ha enriquecido, y por lo mismo nada deberá, el que nada ha dado porque nada tenía que dar, como el girador que no ha hecho la provisión al girado porque era acreedor suyo por la misma suma cambiaria, en virtud, pongamos por caso, de una donación; pero se habrá enriquecido por la mitad de esa suma, y sólo ésta podrá serle reclamada, si, debiendo hacer la provisión, la limitó a sólo la mitad".

Lo que viene de exponerse no supone, ni de lejos, la alteración de las reglas probatorias, en particular de la que establece la libertad persuasiva (CPC, art. 175), para privilegiar la tarifa legal, dado que la exigencia de aducir medios diferentes al título mismo se origina en la necesidad de evidenciar no solamente que éste tuvo ocurrencia, sino también lo que el instrumento per se no puede mostrar, vale decir, en qué consistió la relación causal, si el patrimonio del deudor salió beneficiado al tiempo que el del acreedor resultó lesionado, junto con la cuantía y el modo como se produjo el desplazamiento económico.

8. En ese orden de cosas, no procederían las solicitudes invocadas en la pieza inicial de introducción del actual asunto, dada la carencia de prueba plena del lucro de los demandados a expensas del demandante. Efectivamente, aunque militen, como acontece en el expediente, las copias del proceso ejecutivo que sirvió de antecedente al actual y el pagaré 401-042-82-3, ningún medio podría conducir a la persuasión inequívoca de que los otrora ejecutados se enriquecieron a costa del banco, pues el título valor, por sí mismo, emerge exiguo para establecer el hecho, según se acotó, al paso que del restante haz documental únicamente se inferiría la existencia de un estudio de crédito que adelantó el mismo Banco Uconal con relación a Ángel y Téllez, merced a su pedido.

Ahora, puesto que no sería de recibo el registro contable interno de la entidad de haber realizado un desembolso de $ 59.383.301.00 (fls. 2 a 14), entre otras razones porque representa una prueba elaborada por la misma parte que intenta valerse de ella, aparecerían serias dudas en torno a la existencia del negocio fundamental y, en especial, respecto de las consecuencias patrimoniales que supuestamente de él derivaron.

Advertida así la falta de medios de convicción que pudieran llevar certeza sobre los elementos fundamentales de la acción ejercida, la decisión sería, cual se indicó, negativa de las pretensiones. Ello torna, como se acaba de exponer, intrascendente la acusación.

9. Por tanto, los cargos no tienen éxito.

V. Decisión

Consecuentemente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 12 de junio de 2008 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario que instauró el Banco del Estado en liquidación frente a Bayardo Téllez Bernal y Gloria Inés Ángel Giraldo.

Costas a cargo de la parte recurrente».