Sentencia 2004-00608 de julio 30 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 660012331000200400608 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Pastor Augusto Morales Monsalve

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil nueve

EXTRACTOS: « V. Consideraciones

1. Las excepciones propuestas.

La Sala coincide enteramente con el a quo respecto de las excepciones propuestas por la Superintendencia de Sociedades en su calidad de tercera interesada en el asunto, pues todas se caen de su peso por la sola circunstancia de que el acto objeto de la presente acción no es el auto suyo que dio lugar al acto de registro que sí es el que persigue o acusa el actor.

En efecto, dichas excepciones las formula sobre la premisa de que lo atacado en la demanda es su Auto 410-2998 de 19 de diciembre de 2003, cuando lo demandado es la anotación número 11 en el folio de matrícula 296-44433 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Rosa de Cabal, fechada 6 de enero de 2004, debiéndose entender que en realidad es el correspondiente acto de registro lo que se pide anular.

Luego no hay lugar a predicar caducidad de la acción contra dicho auto, pues no es el demandado, y por lo mismo tampoco las demás situaciones inhibitorias de la acción como el indebido agotamiento de la vía gubernativa; la de insuficiencia de poder por no estar mencionada en él la Superintendencia de Sociedades, la de falta de jurisdicción y de ineptitud de la demanda.

En lo que corresponde a la excepción de culpa de la víctima, es una circunstancia que hace parte del fondo del asunto y como tal no tiene la virtud de enervar la acción, sino de incidir en el sentido de la decisión que se profiera en la respectiva instancia.

2. El acto acusado.

Como está dicho, se trata de la anotación 11 en mención, de modo que en realidad se está demandando el acto administrativo de registro correspondiente a dicha anotación, acto que tiene como documento o instrumento fuente el aludido Auto 410-2998 de 17 de abril de 1998, visible a folios 102 a 105, cuaderno 1, comunicado con oficio de 19 de diciembre de 2003 (fl. 43, cdno. 1), y como contenido la cancelación de la constitución de usufructo que había sido inscrita en la anotación 9, por ende también se cancela esta anotación.

Tal usufructo había sido constituido por la sociedad Compañía Granos Ltda., pese a estar dentro de un proceso concordatario, sobre un inmueble de su propiedad que había recibido como aporte social, denominado en ese entonces El Refugio, antes Finca La Mariela. El usufructo fue constituido a favor del actor, quien era socio de dicha compañía y a la vez fue quien le aportó dicho predio.

3. La cuestión litigiosa.

Se ha precisado que la censura a dicho acto de registro se fundamenta en que, a juicio del actor, lo que en él se inscribió no tenía vigencia por tratarse de un acto administrativo que había perdido fuerza ejecutoria en virtud de haber transcurrido más de cinco (5) años desde cuando quedó en firme (CCA, art. 66, num. 3º).

El debate procesal se ha centrado así en si el auto inscrito es un acto administrativo, como lo aduce el actor, o en un acto jurisdiccional, como lo sostienen la Superintendencia de Sociedades y el a quo.

Por consiguiente, en principio, esa sería la cuestión primeramente a dirimir en la instancia.

Sin embargo, y sin soslayar dicha cuestión, la Sala encuentra que bajo ninguna circunstancia tiene asidero el argumento del actor, pues aceptando en gracia de discusión el carácter de acto administrativo de dicho auto, que no lo es como seguidamente se precisa, no sería susceptible de la causal de pérdida de la fuerza ejecutoria que le atribuye, puesto que en él no se crea obligación alguna a cargo de persona determinada cuyo cumplimiento interese o a la superintendencia, y para lo cual esta pueda adelantar actividades tendientes a su ejecución.

Con dicho auto no se hace más que advertir la ocurrencia de una situación jurídica de carácter civil y, por ende, sujeta al derecho privado, como fue la pérdida de eficacia de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial de los actos concernientes al usufructo, en virtud del artículo 6º, numeral 3º, inciso segundo, del Decreto 350 de 1989, “por el cual se expide un nuevo régimen de los concordatos preventivos”, que era aplicable al proceso concordatario de la sociedad Compañía Granos Ltda. por haberse iniciado antes de la expedición y entrada en vigencia de la Ley 222 de 1995, “Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones”, atendiendo su artículo 237, inciso segundo, en cuanto dispuso que “Los concordatos y las quiebras iniciadas antes de la entrada en vigencia de esta ley, seguirán rigiéndose por las normas aplicables al momento de entrar a regir esta ley”.

En efecto, el citado artículo 6º, numeral 3º, del Decreto 350 de 1989 disponía:

“ART. 6º—El juez en el auto que admita el trámite del concordato deberá:

(...).

3. Prevenir al empresario que, sin su autorización, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de los negocios de la empresa, ni constituir cauciones, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni reformas o fusiones cuando se trate de sociedades.

Los actos que se ejecuten en contravención a lo previsto en este ordinal, serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”.

En concordancia con ello se atendió el artículo 897 del Código de Comercio, a cuyo tenor “Cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”.

De modo que dicho auto sustancialmente no está disponiendo nada nuevo o distinto de lo previsto en la ley, pues simplemente está reconociendo o poniendo en evidencia la ocurrencia por ministerio directo de la ley, de una situación jurídica de derecho privado que por su objeto: un inmueble o bien raíz, tiene incidencia en el registro de este, en los términos del estatuto de registro de instrumentos públicos (D.L. 1250/70), luego para los aspectos relativos a la efectividad de tal situación, entre ellos el de la oportunidad o término para su registro, se ha de atender la normatividad de dicho estatuto, así como las normas especiales que los regulen, y no el Código Contencioso Administrativo.

En este caso, se trató de una situación jurídica dada por ministerio de la ley, que el mismo actor acepta que no requiere declaración judicial y que implicó la extinción de otra situación jurídica de derecho privado, incluyendo el acto de registro del usufructo, dado en la anotación 9.

De suerte que sus efectos tienen la vocación de ser permanentes, de allí que por ello y por darse de pleno derecho, su efectividad en el registro era igualmente directa, luego podía hacerse la inscripción de la cancelación en cualquier tiempo y con la sola información o solicitud de cualquier persona interesada: la misma sociedad propietaria del inmueble —como se lo requirió la superintendencia en dicho auto—, cualquiera de los interesados en el proceso concordatario o el juez del proceso concordatario, en este caso, la Superintendencia de Sociedades, con la acreditación de la ocurrencia de los supuestos generadores de esa situación extintiva, esto es, i) la existencia de un proceso concordatario en curso para la fecha en que se hubiere celebrado el acto jurídico afectado por la ineficacia en comento, que en este caso fue el de constitución del usufructo a favor del actor y socio de la usufructuante, mediante la escritura pública 1941 de 31 de mayo de 1996, y ii), la falta de autorización del juez del proceso concordatario para la celebración de tal acto jurídico.

Incluso, la acreditación de esos supuestos era suficiente para tener como ineficaz de pleno derecho la anotación 9 en comento, o sea, el registro del usufructo.

De modo que con auto o sin auto de la Superintendencia de Sociedades, la oficina de registro de instrumentos públicos del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, estaba llamada a tener como ineficaz de pleno derecho el registro de la susodicha constitución de usufructo tan pronto le fuera acreditada o tuviera conocimiento cierto de la ocurrencia de los supuestos previstos en el artículo 6º, numeral 3º, del Decreto 350 de 1989, y a proceder a la anotación de su cancelación en el respetivo folio de matrícula.

Por consiguiente, el referido Auto 410 2998, cuya fecha real es 17 de abril de 1998, que sirvió de soporte a la anotación 11 enjuiciada, en realidad no es acto administrativo definitivo, pues el mismo no es la fuente directa e inmediata de la situación jurídica de que en él se habla, ya que lo es la ley. Es un simple acto de ejecución dentro del proceso concordatario con el cual se advierte la aparición o surgimiento de dicha situación y se busca hacerla efectiva, requiriendo a la sociedad en concordato propietaria del inmueble para que procediera de conformidad a cancelar el registro del usufructo, y que ante la omisión de dicha sociedad, la superintendencia procedió a ponerlo en conocimiento de la oficina de registro para la de su competencia, por cierto en repetidas ocasiones.

Se trató entonces del registro de una situación jurídica surgida directamente de la ley: la cancelación por ineficacia de pleno derecho del registro del usufructo dado en la anotación 9 del indicado folio de matrícula inmobiliaria, teniendo como fuente un acto de ejecución dentro de un proceso concordatario, que valga precisarlo sustancialmente o materialmente es de carácter jurisdiccional tanto bajo las reglas del Decreto 350 de 1986 como de la Ley 222 de 1995, pues su objeto es un litigio o conflicto de derecho entre dos partes, el empresario y los acreedores, cuya solución está a cargo de un juez, el cual es en este caso la Superintendencia de Sociedades.

Bajo el artículo 60 de dicho decreto solo la providencia de la Superintendencia de Sociedades que aprobaba el acuerdo celebrado entre el empresario y sus acreedores era demandable ante lo contencioso administrativo, por ende solo dicho acto tenía por excepción el carácter de acto administrativo, pese a que sustancialmente o materialmente era, como lo sigue siendo, de contenido jurisdiccional.

Todos los demás actos del concordato preventivo eran de trámite según el artículo 60 del Decreto 350 de 1986, el cual señalaba que “Los actos de la Superintendencia de Sociedades en el curso del concordato preventivo obligatorio son de trámite. No obstante, la providencia mediante la cual se apruebe el acuerdo celebrado entre el empresario y sus acreedores, que le pone fin a la actuación administrativa, podrá demandarse ante lo contencioso administrativo”.

Esa situación excepcional y atípica, donde lo formal no coincidía con lo sustancial, se corrigió con la Ley 222 de 1995, “Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones”, ya que en virtud de su artículo 90 se dejó precisado que “La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 11685, inciso 3º de la Constitución Política”. Y “Será competente de manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación”.

Por consiguiente, el auto en comento es un acto de ejecución dentro de un trámite sustancialmente jurisdiccional, pero aún en el supuesto de que fuera de naturaleza administrativa, como lo preveía el citado artículo 60, por el carácter de actuación administrativa que formalmente le daba, igualmente sería de ejecución, o a lo sumo de simple trámite, según ese artículo, y no el creador o la fuente directa e inmediata de la situación jurídica de que se da cuenta mediante el mismo, de allí que dicha situación no puede perder sus efectos por cuenta de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos prevista en el artículo 66, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo, por no depender ni estar contenida en un acto administrativo.

En consecuencia, no se dan los vicios que el actor le endilga al acto de registro enjuiciado, puesto que dicho acto responde a una situación jurídica cierta según consta en autos y que el actor no ha desvirtuado, y se adecua a esa situación, comoquiera que aparece como la consecuencia lógica de la misma.

3. Conclusión.

De lo antes expuesto se deduce que la sentencia apelada está acorde con la realidad procesal, de allí que la Sala ha de confirmarla, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 15 de febrero de 2007, del Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual declara no probadas las excepciones propuestas y niega las pretensiones de la demanda presentada por el señor Pastor Augusto Morales Monsalve, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad de la anotación 11 del folio de matrícula 296-44433 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Rosa de Cabal.

2. En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 30 de julio de 2009».

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