Sentencia 2004-00640 de junio 30 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP)

Consejero ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Ivan Orlando Briceño y otro

Demandado: Empresa Colombiana de Petroleos Ecopetrol y otro

Bogotá, D.C. treinta de junio de dos mil once.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Empresa Colombiana de Gas Ecogas, parte demandada dentro del proceso, en contra de la sentencia proferida el 15 de mayo de 2007 por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual concedió el amparo del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente en los siguientes términos:

EXTRACTOS:«VIII. Consideraciones de la Sala

8.1. Las acciones populares - finalidad y procedencia.

Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas. Se caracterizan por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la rápida y sencilla protección de los referidos derechos, cuya amenaza o vulneración, así como la existencia del peligro, agravio o daño contingente, deben probarse necesariamente para la procedencia del amparo.

Se tienen entonces como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares, los siguientes: A) Una acción u omisión de la parte demandada. B) Un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y C) La relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses.

8.2. Los derechos e intereses colectivos. Como se anotó, las acciones populares protegen a la comunidad en sus derechos e intereses colectivos, por lo que, pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra una amenaza o daño a un derecho o interés común; además, por ser intereses que le pertenecen a todos y cada uno de los miembros de la colectividad, se concretan a través de su participación activa ente la administración de justicia.

Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas, como lo señaló la Sección Tercera de esta corporación en Sentencia AP-527 del 22 de enero de 2003:

“Los colectivos son intereses de representación difusa, en la medida en que suponen la reivindicación de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que, en potencia, pueden ser, incluso, todos los que integran una comunidad.

Por eso ha dicho la Corte Constitucional que, es imposible enmarcar el interés colectivo en un ámbito meramente subjetivo o particular, pero que cualquier persona perteneciente a un grupo o una comunidad puede acudir ante los jueces para exigir la defensa de tal colectividad, con lo cual logra simultáneamente proteger su propio interés.

Por otra parte, si bien la Constitución, en el artículo 88, menciona algunos intereses colectivos, tal enumeración no es taxativa, pues, la ley o los tratados internacionales pueden calificar como tales otros intereses similares a los contenidos en el artículo 88 de la Carta.

Dicho planteamiento se tiene por fundamento lo dispuesto en inciso final del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, que prevé:

Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia”.

Lo anterior supone, que si bien no se trata de una enumeración taxativa, solo pueden considerarse como intereses o derechos colectivos aquellos reconocidos como tales por cualquiera de las normas aludidas y solo a partir de su reconocimiento son susceptibles de protegerse por medio de la acción popular, de toda acción u omisión de las autoridades públicas y los particulares que, los amenace o vulnere. Es decir, que la calidad de derecho colectivo no la ostentan per se, no surge de su propia naturaleza, sino que es necesario que el ordenamiento jurídico los reconozca como tales.

De modo que, si bien la Sala ha reiterado ciertas características inherentes a los derechos e intereses colectivos, entre ellas, es menester mencionar el reconocimiento —como tales— hecho por la Constitución Política, la ley, o los tratados internacionales que hayan seguido los trámites de recepción por el ordenamiento interno colombiano.

Lo anterior es evidente y, lo ha puesto de presente la Sala, al establecer que si bien un derecho colectivo compromete el interés general, no todo lo que suponga este último configura por esa sola característica, un derecho colectivo, así mismo, el solo hecho de que una determinada situación, afecte a un número plural de personas, no supone, necesariamente la violación de derechos o intereses colectivos.

Resulta así claro que mientras no se haya producido su reconocimiento legal, no se puede considerar que un interés determinado, así tenga carácter general, revista la naturaleza de colectivo; por consiguiente, solo será derecho colectivo susceptible de ser amenazado o vulnerado por la acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares, aquel que, reuniendo las características propias del interés colectivo, esté reconocido como tal por la ley, la constitución o los tratados internacionales”.

8.3. Planteamiento del problema a resolver.

El recurrente que lo es la parte demandada, en su escrito de apelación afirma que el motivo de inconformidad con la sentencia de instancia radica en el hecho de que a pesar que en el expediente no se encuentra demostrado que la condición del gasoducto Apiay - Villavicencio - Bogotá representa un peligro inminente para la comunidad, se le condenó por vulneración del derecho fundamental invocado por la parte actora; no se probó que en el citado gasoducto exista un riesgo potencial de accidentalidad derivado de cualquier afectación al tubo. A través del estudio técnico realizado por la empresa Inbiecol S.A., se advirtieron dos amenazas que para ese momento tenía la línea del gasoducto, las cuales en su momento fueron controladas por las autoridades ambientales de la zona Cormacarena e Ingeominas.

8.4. Las pruebas.

Revisado el acervo probatorio obrante dentro del plenario, la Sala encuentra los siguientes:

Copia simple del estudio geotécnico adelantado por la empresa consultora ambiental Unbiecol S.A. (fls. 6-44) a través del cual pone de presente la existencia de dos amenazas: una de tipo antrópico y la otro de tipo morfodinámico, y plantea como alternativas de solución (fl. 13) “la recuperación o estabilización de los taludes (sector cantera y sector cañada) o la construcción de una de las variantes propuestas”, “Se recomienda suspender las actividades de explotación de arenasen la cantera propiedad del señor Luis Avila, hasta tanto se tomen las medidas correctivas y preventivas para mantener la estabilidad geotécnica del gasoducto Apiay - Bogotá hacia el K34+300 de la línea, o hasta que se construya una de las variantes propuestas”.

Copia simple de la Resolución 2.6.6.04-317 de 2004 “por medio de la cual se inicia proceso sancionatorio, se abre investigación, se imponen medidas preventivas y se dictan otras disposiciones” (fls. 69 -77), y que en su parte resolutiva decide iniciar proceso sancionatorio a la Cantera la Providencia de propiedad del señor Luis Enrique Avila Blanco, propietario de la misma, por infringir normas de carácter ambiental al realizar explotación de arena sin la respectiva licencia ambiental; abrir investigación en contra de la Cantera La providencia por responsabilidad al infringir normas de carácter ambiental, consistente en aprovechamiento ilícito de explotación de arena, sin contar con el respectivo permiso ambiental expedido por la autoridad competente; impuso como medidas preventivas a la Cantera la Providencia la suspensión de las actividades de explotación de arena, hasta tanto no obtenga la respectiva licencia ambiental, y la realización de labores en la cantera, encaminadas a la restauración, construcción y construcción de obras de drenaje superficial, con sus respectivos sedimentadotes para evitar la afectación de las fuentes hídricas con el aumento de sólidos suspendidos, entre otras.

Copia de la solicitud elevada por el gerente de la Unión Temporal Colombiana de Gas de 25 de septiembre de 2003 (fl. 101) a Cormacarena, en la que además pone en conocimiento de la entidad que “Como parte de las actividades de seguimiento al derecho de vía del gasoducto y de actualización de las clases de localidades ubicadas en el área de influencia del proyecto, se encontró que en el kilómetro 34+400 del tramo Apiay - Bogotá, ubicado en altos del barrio las Américas en jurisdicción del municipio de Villavicencio, existe una cantera de explotación activa de arena cuya corona superior se encuentra a 15 metros de distancia de la tubería de 6 pulgadas del gasoducto. Esta explotación de arena está ubicada en el predio La Providencia de propiedad del señor Luis Enrique Avila Blanco (...). Con respecto a la situación expuesta vemos con preocupación que la corona de corte avanza en forma retrogresiva hacia el corredor del derecho de vía del gasoducto, el cual, se encuentra en un lomo angosto que no permite, en caso de requerirse, realizar la reubicación o realineamiento del gasoducto (...)”.

Copia del Auto V-5.04.0042 DE 14 de enero de 2004 “por medio del cual se ordena requerir al señor Luis Enrique Avila Blanco, en calidad de propietario de la Arenera La Providencia, ubicada en jurisdicción del municipio de Villavicencio, departamento del Meta, de conformidad con el Concepto técnico 5.04.01 de enero de 2003” (fls. 81-82), proferido como consecuencia de la queja presentada por el señor Hernán Rico Ortiz en calidad de gerente de la Unión Temporal Colombiana de Gas, por encontrarse una cantera de explotación activa de arena cuya corona superior se encuentra a quince metros de distancia de la tubería del gasoducto, y a través del cual entre otras cosas se resolvió que el señor Luis Enrique Avila Blanco deberá cumplir con las obligaciones expuestas en la Resolución 0626 de 1997, por medio de la cual se adoptó el plan de manejo ambiental para la explotación de arena de la peña y que obra en el Expediente 97-0419.

Copia auténtica de la Resolución 1160 de 18 de diciembre de 1991 expedida por el Inderena “por la cual se aprueba un plan de manejo ambiental” (fls 175-177).

Copia simple de la Resolución 185 de 27 de febrero de 1995 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente (fls. 178-181), “por la cual se otorga una licencia ambiental ordinaria” a Ecopetrol para el proyecto Gasoducto Villavicencio - Bogotá.

Copia de los estudios de ingeniería y trazado de precisión del gasoducto Villavicencio - Bogotá (fl. 182).

Copia auténtica de las diligencias contenidas en los expedientes 97-0419 y 5.11.03.080 relacionados con la cantera La Providencia de propiedad del señor Luis Enrique Avila Blanco (fls. 183-312), entre los que se encuentra el Concepto técnico 5/04-01 Q rendido por Cormacarena, en el que manifiesta textualmente que “En la corona del talud frente de explotación se observa que la tubería del gasoducto Apiay - Villavicencio pasa a solo unos 10 metros de distancia aproximadamente. La inexistencia de un sistema de explotación adecuado coloca en inminente peligro la tubería del gasoducto”; dicho concepto fue producto de la visita ocular llevada a cabo el 2 de enero de 2003(fl. 189). El 23 de abril de 2004 se llevó a cabo una nueva inspección ocular cuyo resultado fue el siguiente concepto: “La Cantera La Providencia no presenta ningún tipo de obras de drenaje, en los frentes de explotación del terreno, generando constante desprendimiento de bloques de rocas y ditritos colocando en peligro la integridad del gasoducto Apiay - Bogotá” (fl. 200).

Escrito contentivo de la diligencia de testimonio rendido por el señor José Villafrade Usme Rico, tecnólogo metalista que trabajó para Ecopetrol para la tendida de la red de la tubería del gasoducto Apiay - Bogotá (fls.317-324); en la que se señaló lo siguiente: “(...) PREGUNTADO: Sírvase decirnos si el tubo de la red en el sector de la arenera se construyó cuando esta ya estaba explotación o si fue anterior a ella. CONTESTO: Sí, había una explotación de arena en la parte baja, completamente baja, pero alguien les hizo la observación, no recuerdo si fue corporinoquía que les dijo que no se podía seguir explotando a futuro”.

Escrito contentivo de la diligencia de testimonio realizada el 15 de marzo de 2005, en la que rindió testimonio la señora Vicenta Farfan Niño (fls. 342-345), diligencia en la que señaló lo siguiente: “(...) Supo usted si don Luis Avila tuvo algún tipo de inconveniente con Ecopetrol con relación a la cercanía del tubo que fue instalado a la explotación de la arenera. CONTESTO: No señor, una vez fueron a preguntar por dónde había bajado la tubería y mis esposo les indicó por donde era ya que habían dejado una flecha y ya de ahí no supe más nada (...)”.

Escrito contentivo de la diligencia de testimonio realizada el 15 de marzo de 2005, en la que rindió testimonio el señor Javier Murcia Murcia (fls. 347-351), en la que advirtió lo siguiente: “(...) PREGUNTADO: Por qué dice usted que cerraron qué fue lo que cerraron. CONTESTO: la arenera y la ladrillera la quitaron por la instalación del tubo que pasaba cerquita, eso se acabó (...)”

Escrito contentivo de la diligencia de testimonio realizada el 15 de marzo de 2005, en la que rindió testimonio la señora Carmen Julia León (fls. 352-356), en el cual dispuso lo siguiente “(...) PREGUNTADO: Conoce usted la forma como se ha venido explotando la cantera por parte del señor Luis Avila. CONTESTO: Si claro yo la conozco por que las volquetas pasan por el frente de la casa, esa arenera tiene poca producción, poco movimiento. PREGUNTADO: sabe usted o ha podido apreciar si en su momento Ecopetrol o recientemente Ecogas hayan adelantado trabajos de señalización, prevención, riesgos dirigidos a la comunidad vecina del gasoducto. CONTESTO: No tiene señalización y mucho menos explicarle a la ciudadanía el peligro que puede haber en caso de estallar un tubo de esos (...)”.

Dictamen pericial rendido por el señor Nelson Orlando Barrera Torres, ingeniero geólogo (fls. 381-429), dictamen que fue objeto de solicitud de aclaración y complementación por Ecopetrol (fls. 433-435) y Ecogas (452-460).

Aclaración del dictamen pericial rendido por el ingeniero geólogo Nelson Barrera Torres (fls. 466 - 480), aclaración que fue objetada por error grave por Ecopetrol (483-488) y por Ecogas (489-493).

El apoderado de la parte actora, con ocasión de trámite de objeción por error grave solicitó la práctica de sendas pruebas (fls. 496-497); por lo que mediante auto de 18 de enero de 2006 se ordenó el decreto y la práctica de las pruebas solicitadas (fls. 499-500).

Copia auténtica de la Resolución 414 de 15 de junio de 2005 “por medio de la cual se declara la caducidad del contrato de concesión 16009” suscrito por Ingeominas con el señor Luis Enrique Avila Blanco (fls. 512-513)

Oficio suscrito por Jaime Alberto Acuña Ramírez superintendente operaciones de Apiay de Ecopetrol, en el manifestó que mediante el Decreto 646 de 31 de marzo de 1998 se escindió del patrimonio de Ecopetrol, el gaseoducto Apiay, para que entrase a formar parte del patrimonio de Ecogas, en cumplimiento de de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 401 de 1997 y el Decreto 2828 de 1997.

Oficio suscrito por el subdirector de fiscalización y ordenamiento minero de Ingeominas (fl. 516) mediante el cual remite certificado de registro minero (fls. 517-518), copia autentica de concesión para mediana minería suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el señor Luis Enrique Avila Blanco (fls. 519-529), otro sí Nº 001 al contrato de concesión para mediana minería Nº 16009 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y el señor Luis Enrique Avila Blanco.

Oficio suscrito por la jefe de la oficina jurídica de Cormacarena (fl. 534), mediante el cual remite copia auténtica de la Resolución 2.6.04-317 de 2004 “Por medio de la cual se inicia proceso sancionatorio, se abre investigación, se imponen medidas preventivas y se dictan otras disposiciones” (fls. 535-543) fotocopia de un periódico en donde obra la Resolución 0626 (fl. 544).

Diligencia de recepción de testimonio al señor Jaime Enrique Jaimes Quintero, Ingeniero de Petróleos (fls. 557-559), el cual manifestó lo siguiente: “(...) PREGUNTO: Determine cuál es el problema geotécnico presente en proximidades al Km 34 + 300m al 34 + 500m del oleoducto Apiay - Bogotá. CONTESTO: El problema geotécnico es la existencia de dos amenazas. Una la explotación antitécnica de la cantera la cual no tiene un plan de manejo ambiental aprobado para su manejo y segundo, una cañada que representa (sic) amenazas para la estabilidad del gasoducto. De hecho Ecogás retomó la operación del tramo 1197 y realizó a través de su operador una consultoría en la que salió a relucir que era necesario detener la explotación de la cantera por la amenaza por la amenaza que representaba para el gasoducto que transporta el gas a Bogotá con base en ello se hicieron obras de ingeotécnica para el manejo de aguas por el lado de la cañada mitigando la amenaza que representaba la misma. Y con respecto a la cantera se notificó a la corporación dando parte del peligro que representa la explotación de la cantera, eso sucedió en el 2003 no estoy seguro de la fecha. Ecogás desde 1998-1999 ha reportado a la dirección de prevención de desastres del Ministerio del Interior y del departamento de Meta. El estudio que se realizó en 1998 lo remitió a corporinoquía. (…) PREGUNTADO: Determine si para mantener la estabilidad geotécnica del gasoducto es necesario que se suspendan las actividades de explotación de arenas en la cantera de propiedad del señor Luis Enrique Avila Blanco: Sí, si es necesario porque es una de las amenazas antrópica ósea generada por el hombre que atenta contra la estabilidad del derecho de vía por donde está ubicado el gasoducto”.

Diligencia de recepción de testimonio del señor Hernán Rico Ortiz ingeniero civil (fls. 561-562), el cual señaló lo siguiente: “(...) PREGUNTADO: Determine si el problema geotécnico en ese sector del gasoducto reviste algún grado de riesgo para la tubería de gasoducto. CONTESTO: Como está actualmente no corre riesgo. PREGUNTADO: Determine si para mantener la estabilidad geotécnica del gasoducto es necesario que se suspendan las actividades de explotación de arenas de la cantera de propiedad del señor Luis Enrique Avila Blanco. Contesto: Sí nosotros consideramos que la explotación arenera es una amenaza para el tubo, tan es así que solicitamos a Cormacarena, una visita técnica y con base en ella suspendió las labores de explotación” (negrilla fuera de texto).

Oficio suscrito por el jefe de la oficina jurídica de Cormacarena (fl. 563), por medio del cual remite copia simple del documento “evaluación del estudio actual del cruce del Gasoducto Apiay - Bogotá, por el sector de la arenera K 34 + 300 y k 34 + 350” que data del mes de mayo de 1998, realizado por la empresa Inbiecol consultoría ambiental

El caso objeto de examen:

Sea lo primero manifestar que en materia de acciones populares la carga de la prueba la tiene el actor; así las cosas, el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 dispone lo siguiente:

ART. 30.—Carga de la prueba. La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos.

Se entiende que le corresponde al actor probar los hechos, acciones u omisiones que a su juicio constituyen la causa de la amenaza o la vulneración de los derechos e intereses colectivos cuya protección se pretende con la acción.

Es evidente que no basta con indicar que determinados hechos violan los derechos e intereses colectivos para que se tenga por cierta su afectación o vulneración; el demandante tiene la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos de sus alegaciones.

Sobre la carga de la prueba en acciones populares, esta corporación ha señalado que:

“... la Sala considera importante anotar, que la acción popular no está diseñada para acudir a ella ante cualquier violación de la ley, irregularidad o disfunción que se presente ya sea en el ámbito público o privado. Por el contrario, como se indicó al inicio de estas consideraciones, la acción popular tiene un papel preventivo y/o remedial de protección de derechos e intereses colectivos, cuando quiera que estos se ven amenazados o están siendo vulnerados, pero en uno y otro evento, tanto la amenaza como la vulneración, según el caso, deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser debidamente demostrados por el actor popular, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, tiene la carga de la prueba.

“Dado que los actores no demostraron de ninguna manera el supuesto hecho que generaba la violación de los derechos colectivos (...) confirmará la Sala la sentencia proferida por el tribunal de instancia”(1) (resaltado fuera de texto).

Con fundamento en lo anterior la procedencia de la acción popular se sujeta a que, de los hechos de la demanda se pueda deducir siquiera sumariamente una amenaza a los derechos colectivos, entendidos estos como intereses de representación difusa, en la medida en que su titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas, la obligación de que la acción se dirija contra persona natural o jurídica o autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza o viola el interés colectivo, requisito este último que requiere que la acción u omisión sea probada por el actor, o que del acervo probatorio obrante en el expediente el juez pueda deducir la vulneración del o de los derechos colectivos pues de lo contrario no puede ni podrá dar orden alguna tendiente proteger y la normalización de una situación que pueda ser protegida con la expedición de la sentencia producto de la acción popular.

La carga de la prueba le impone al actor popular el deber de precisar y probar los hechos de los cuales estima la amenaza o vulneración de los derechos colectivos alegados en la demanda.

Así las cosas, la Sala considera que en el asunto objeto de análisis el actor no aportó el material probatorio suficiente para demostrar la existencia de vulneración del derecho colectivo invocado; por el contrario, los testimonios y los estudios técnicos llevan a la conclusión que la explotación de la cantera de propiedad del actor popular era la que ponía en riesgo la estabilidad de la tubería del gasoducto, toda vez que la explotación al no cumplir con las medidas ambientales y de seguridad requeridas, produjo inestabilidad en el terreno en el que se encuentra incrustada la tubería del gasoducto Apiay - Bogotá.

Es de resaltar que a pesar de que el actor popular tenía pleno conocimiento de los riesgos a los que sometía la línea del gasoducto, en su momento adelantó la explotación de la cantera de manera irregular, sin medir el riesgo al que la sometía, en especial el tramo que comprende el K 34 + 300 y el K 34 + 350, punto específico en el que la tubería se cruza con el talud de la cantera, riesgo y amenaza que fueron advertidos por estudios técnicos adelantados por las autoridades competentes y por las entidades demandadas y de los cuales el demandante tenía pleno conocimiento.

Asimismo, a folios 512 y 513 del expediente obra copia auténtica de la Resolución 414 de 15 junio de 2005 “por la cual se declara la caducidad del contrato de concesión 16009 suscrito por Ingeominas con el señor Luis Enrique Avila Blanco”, lo que conduce a la Sala a considerar que al no existir en la actualidad explotación minera en la zona, ya no hay vulneración ni amenaza de derecho colectivo alguno; por el contrario, del recaudo probatorio que obra en el plenario, se deduce que la acción popular fue iniciada por el demandante con el fin de obtener beneficios de carácter particular, como por ejemplo pretender el desvío en unos kilómetros de la línea del gasoducto para que esta no afectara la explotación de la cantera de su propiedad.

De acuerdo con el material probatorio obrante dentro del expediente, y como quiera que en la actualidad no se está dando ningún tipo de explotación minera en la zona como ya se anotó, considera la Sala que no existe riesgo, amenaza o vulneración del derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, razón por la que en la parte resolutiva del presente proveído se procederá a revocar el fallo de instancia. No obstante se exhortará a la empresa T.G.I. S.A. ESP encargada en la actualidad de la operación del gasoducto Apiay - Bogotá, para que realice un monitoreo constante de la zona con el fin de verificar el estado actual de la tubería, y para que tome las medidas necesarias tendientes a mantener en optimas condiciones la misma, para así evitar que se presente algún tipo de riesgo o amenaza que pueda poner en peligro los derechos e intereses de la comunidad.

FALLA:

1. REVOCASE la providencia de 15 de mayo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, y en consecuencia deniéguense las pretensiones de la demanda.

2. EXHORTASE a la empresa T.G.I S.A. ESP encargada en la actualidad de la operación del gasoducto Apiay - Bogotá, para que realice un monitoreo constante de la zona con el fin de verificar el estado actual de la tubería, y para que tome las medidas necesarias tendientes a mantener en optimas condiciones la misma, para así evitar que se presente algún tipo de riesgo o amenaza que pueda poner en peligro los derechos e intereses de la comunidad.

3. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMITASE copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

4. Ejecutoriado este proveído, DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de junio de 2011».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente AP-1499 de 2005.