Sentencia 2004-00654 de junio 17 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 68001 2315 000 2004 00654 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Bogotá, D.C., diecisiete de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Consideraciones

1. La cuestión a dilucidar en la presente instancia.

En razón de los fundamentos de la sentencia apelada para declarar la nulidad del acto administrativo enjuiciado, es menester precisarle a la entidad recurrente que la prescripción que viene aplicada por el a quo es la de las acciones que se deriven del contrato de seguro, según el término de la prescripción ordinaria de tales acciones previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, y no la prescripción de la acción de responsabilidad fiscal, a que alude el memorialista en la sustentación de la apelación.

Por lo tanto, la cuestión a resolver en la presente instancia es justamente la que viene examinada en la sentencia impugnada, es decir, si en este caso realmente acaeció la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguros, señalada en el artículo 1081 del Código de Comercio, que además fue planteada en los cargos de la demanda, teniendo en cuenta para ello que no se discute la ocurrencia de los hechos en que esta se sustenta.

2. Aplicabilidad de la prescripción señalada en el artículo 1081 del Código de Comercio en casos de procesos de responsabilidad fiscal.

La cuestión atrás precisada hace menester precisar si la prescripción que consagra la citada norma es independiente o autónoma de la caducidad de la acción de responsabilidad fiscal prevista en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000, y por ende si es aplicable o no en caso de vinculación del garante como civilmente responsable en un proceso de responsabilidad fiscal, según el artículo 44 de la Ley 610 de 2000.

Al respecto, sirve traer como precedente de dicha cuestión, lo señalado por la Sala en sentencia reciente, de 18 de marzo pasado(1), en la medida en que ella se planteó la pregunta de si el artículo 1081 del Código de Comercio es aplicable o no en caso de vinculación del garante como civilmente responsable en un proceso de responsabilidad fiscal, según el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, se respondió que sí en virtud del siguiente razonamiento:

“..., puesto que tal vinculación no es a titulo de acción por responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al objeto del contrato de seguros, esto es, derivada únicamente del contrato que se ha celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión fiscal alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante, de allí que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o contractual, y nunca fiscal. La misma entidad apelante así lo reconoce al manifestar en la sustentación del recurso, que se debe aclarar que la vinculación no se hace mediante acción fiscal, sino como tercero civilmente responsable.

Téngase en cuenta que según el artículo 1º de la citada ley, “El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado” (subrayas de la Sala).

Como quiera que el legislador ha derivado del contrato de seguro y solo de él la vinculación del garante como tercero civilmente responsable, es claro que tal vinculación es una forma de acción especial para hacer efectivo el amparo contratado, que bien puede considerarse como acción paralela a la de responsabilidad fiscal, aunque se surta en el mismo proceso, pues tiene supuestos, motivos y objetos específicos.

Cabe decir que el titular primigenio de esa acción es la entidad contratante, quien tiene en principio la facultad e incluso el deber de declarar la ocurrencia del siniestro como resultas de esa acción, cuando este tiene lugar y, en consecuencia ordenar hacer efectiva la póliza de seguro respectiva, por el monto que corresponda.

Que ante la omisión del contratante, como aparece de bulto en el diligenciamiento bajo examen, la Contraloría General de la República puede asumir o está investida de esa titularidad por virtud del artículo 44 de la Ley 610 de 2000, con ocasión y dentro de la misma cuerda del proceso de responsabilidad fiscal, para que verificado el detrimento patrimonial por cualquiera de las partes del contrato estatal amparado por la póliza, pueda igualmente ordenar su efectividad por el monto que sea procedente.

Dicho de otra forma, por efecto de ese precepto, la contraloría pasa a ocupar el lugar del beneficiario de la póliza, que de suyo es el contratante, cuando este no haya ordenado hacerla efectiva en el evento de la ocurrencia del siniestro, como todo indica que aquí sucedió.

(...).

Por no tratarse, entonces, de una vinculación por responsabilidad fiscal ni de una acción de cobro coactivo, sino una acción derivada del contrato de seguros, es aplicable la prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio y no el término de caducidad previsto en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000(2), como tampoco el señalado en el artículo 66, numeral 3, del Código Contencioso Administrativo, para vincular al garante como civilmente responsable.

Por consiguiente, el punto se ha de estudiar a la luz del artículo 1081 del Código de Comercio”.

Conviene reiterar sobre este tema que el término de esa prescripción es distinto al término de vigencia de la póliza, que el siniestro debe ocurrir dentro de dicha vigencia para que nazca la obligación del garante o asegurador, y que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros empieza a correr desde cuando acontezca el siniestro o de que el beneficiario o la autoridad competente, como en este caso lo es la Contraloría General de la República, tenga conocimiento de su ocurrencia.

3. Examen del recurso.

Se observa que en el recurso no se alude a los fundamentos ni a la conclusión de la sentencia apelada para anular la decisión administrativa enjuiciada, esto es, que hubo prescripción de la acción derivada del contrato de seguros, y en cambio el memorialista se refiere a aspectos que no tuvieron incidencia o relevancia alguna en el sentido de dicha decisión, por lo que es notoria la falta de pertinencia de las razones de inconformidad expuestas en la motivación del recurso, lo cual conduce a que de entrada la Sala tenga como no desvirtuados unos ni otra.

Sin embargo, ello no obsta para que la Sala verifique el punto, para lo cual es suficiente con confrontar la norma citada con los hechos concernientes a los supuestos que hacen parte de la misma.

Es así como se tiene que el artículo 1081 del Código de Comercio, en lo pertinente, señala lo siguiente:

“La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

“La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción”.

Como ya lo tiene precisado la Sala, esta prescripción es aplicable en el sub lite por cuanto estando de por medio un contrato de seguros, es obvio que hay lugar a las acciones derivadas del mismo, independientemente de que los hechos con los cuales esté relacionado sean susceptibles también de otras acciones.

Significa lo anterior que las acciones derivadas del contrato de seguros coexisten con otras acciones derivadas de hechos en los que resulte insertado o enmarcado ese contrato, y como tales constituyen acciones separadas e independientes unas de otras, de modo que operan bajo sus propios supuestos normativos y con sus específicas consecuencias.

Así las cosas, una es la acción de responsabilidad fiscal, que tiene como objeto los alcances fiscales o detrimentos patrimoniales que puedan surgir de la gestión fiscal, y otra es la acción derivada de un contrato de seguros, cuyo objeto es hacer efectivo el amparo dado mediante el mismo.

En este caso, el expediente permite constatar lo siguiente:

La Previsora S.A. libró la póliza de seguros núm. 1 0362807, cuyo tomador fue la Electrificadota del Atlántico S.A. E.S.P., para amparar la “responsabilidad civil administradores y directivos de electrificadora del Atlántico S.A. ESP”.

La vigencia de la misma se estableció desde el 27 de abril de 1999 hasta el 26 de abril de 2000 (fl. 2, cdno. a.).

Los hechos constitutivos del siniestro, esto es, los hallazgos que dieron lugar a la responsabilidad fiscal que se determinó en cabeza de directivos de la referida empresa de energía, se presentaron entre el 2 de febrero y el 10 de diciembre de 1999, por consiguiente, en lo que corresponde a los sucedidos entre 27 de abril de 1999 y diciembre de ese año, tuvieron lugar dentro de la vigencia de la póliza.

Tales hallazgos sirvieron de base al auto de apertura de investigación fiscal 149, de 13 de marzo de 2000, de allí que aparezcan reseñados en la parte de antecedentes de dicho proveído, que por lo demás le fue comunicado a la compañía de seguros La Previsora, en calidad de tercero civilmente responsable (fls. 172 a 184, cdno. a.).

Consiguientemente, tal como lo advierte el a quo, el término de dos (2) años previsto en la norma transcrita para la prescripción ordinaria, empezó a correr para la Contraloría General de la República a partir de la fecha en que esta tuvo conocimiento de la ocurrencia de los hechos investigados, que bien puede tenerse como tal el 13 de marzo de 2000, fecha del auto de apertura de investigación fiscal, por lo cual los dos años corrieron desde entonces hasta el 13 de marzo del 2002.

Sin embargo, el fallo con responsabilidad fiscal fue proferido el 15 de agosto de 2002, es decir, mucho después de vencido ese término y claramente prescrita la acción derivada del contrato de seguro, cuya póliza distinguida con el número 1310001836, ordenó hacer efectiva la contraloría en el artículo segundo de dicho fallo.

Por lo tanto, lo dispuesto en el artículo segundo en contra de la compañía de seguros responsable de esa póliza, que claramente corresponde a una acción derivada del respectivo contrato de seguros, se adoptó sin competencia por la Contraloría General de la República por razones de la clara ocurrencia de la prescripción de acción, de allí que la sentencia esté acorde con esa situación fáctica y jurídica, y se deba confirmar, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Sobre el punto es menester advertir que esta conclusión recoge los lineamientos que en ese sentido tiene sentados la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 7 de mayo de 1991, en cuanto ha precisado lo siguiente:

‘“De manera que si el título ejecutivo no se conforma dentro de los 2 años señalados por la norma primeramente citada, (se refiere al C.Co., art. 1081) no será viable el cobro ejecutivo por jurisdicción coactiva de la obligación derivada del contrato de seguro, en razón a que la obligación y el derecho ya se encuentran prescritos...” (3)

Así las cosas, se concluye que si bien los hechos generadores de la responsabilidad fiscal y por tanto constitutivos del siniestro materia de amparo, acaecieron dentro de la vigencia de la póliza, el acto mediante el cual se quiso determinar la correspondiente responsabilidad civil de la aseguradora se profirió después de vencido el término señalado en el artículo 1081 del Código Contencioso Administrativo para el efecto, luego está demostrado en el sub lite que hubo prescripción de la acción administrativa encaminada a hacer efectiva la garantía dada mediante la póliza de seguros a que se ha hecho mención, de donde el recurso no tiene vocación de prosperar, debiéndose, entonces, confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, de 24 de enero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de la referencia, mediante la cual declaró la nulidad del artículos segundo del fallo con responsabilidad fiscal de 15 de agosto de 2002, expedida por la Contraloría General de la República, mediante el cual declaró civilmente responsable a la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. y ordenó incorporar al fallo la póliza número 1310001836, y accedió a restablecer el derecho de la actora.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 17 de junio de 2010».

(1) Sentencia de 18 de marzo de 2010, Expediente 2004 00529 01, Consejero Ponente Rafael Enrique Ostau de Lafont Planeta.

(2) El artículo 9º de la Ley 610 de 2000 prevé que “La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto”.

(3) Sentencia de 30 de abril de 1991. Sala Plena, Expediente R087