Sentencia 2004-00655 de febrero 27 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-009-2004-00655-01

Magistrado Ponente

Dr. William Namén Vargas

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De entrada, pertinente resulta observar falta de concreción y claridad del primer cargo, desenfoque e incorporación de puntos nuevos, en los restantes, lo cual, justifica de suyo su estudio conjunto.

La Corte, de muy antiguo, acentúa la imprescindible simetría de la acusación con la íntegra motivación esencial, medular, central o fundamental de la sentencia, sin descarríos, desviación, ni disquisiciones fuera de contexto. El cargo, ha de ser armónico con los aspectos cardinales del fallo impugnado.

En análogo sentido, la naturaleza extraordinaria de la casación, veda invocar asuntos novedosos o no debatidos en las instancias, cuyo carácter ex novo, comportaría quebrantar el debido proceso, la defensa y contradicción al carecer de debate.

En efecto, “de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, por establecido está que en materia casacional la demanda ‘debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente’ (Sent. 06 de mar. 26/99); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos 207 de 7 de noviembre de 2002, Expediente 7587, y 049 de 28 de mayo de 2004, Expediente 7101, para citar solo algunos” (Cas. Civil, sent. de abr. 5/2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01), pues “‘si del derecho de impugnación se trata, por lo regular —y tanto más frente al recurso extraordinario— el recurrente ha de señalar, por sobre todo, cuáles son los argumentos que a su juicio ponen al descubierto la desviación jurídica en que incurrió el juzgador y que precisamente justifican la enmienda que reclama a través del recurso respectivo. Tarea en la que debe destacarse, por lo mismo, una labor dialéctica de confrontación, pues del más acendrado concepto de impugnación brota la idea elemental de contradecir, refutar y rebatir’ (auto de 3 de agosto de 1998, Exp. 7061), siendo pertinente reiterar la exigencia elemental a propósito de la necesaria ‘consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente’” (CCLVIII, p. 294) (Cas. Civ. Sent. de sep. 21/2011, Exp. 2001-01105-01).

2. Sentado lo anterior, se puntualiza:

a) El sentenciador no dudó de los actos posesorios sobre el predio reivindicado por la demandada Luz Marina Espitia, y admitió la interversión de la mera tenencia a la posesión, al considerar “si bien probó que intervirtió ese título (refiere a la tenencia) hacia la posesión exclusiva (…)” (fl. 88, ib.).

Por lo mismo, se debió controvertir, no la ausencia de posesión, sino el tiempo a partir del cual, según plasmó el fallador, hubo mutación de esa precaria relación con el inmueble a la actitud de amo y señor.

b) Para el recurrente por la falta de valoración de algunas pruebas (fl. 59, demanda de casación), no quedó en evidencia, como correspondía, la sociedad conyugal vigente del señor Galarza Romero y, por ello, no podía “existir unión marital de hecho con consecuencias patrimoniales” entre él y la demandada.

Empero, al fallador de segundo grado, la existencia de la sociedad conyugal o patrimonial, fue indiferente en la decisión adoptada (fl. 89, cdno. del tribunal), y por lo tanto, tal punto es ajeno a lo basilar del fallo, sin embargo, el actor lo expuso como pilar del yerro denunciado, para quien también (fl. 73, demanda de casación), “(…) concluyó el Tribunal Superior de Bogotá, D.C., en la sentencia acusada en este cargo (tercero) (…) que existía unión marital de hecho entre la demandada y el padre de la demandante Eugenio Galarza Romero y que, en razón a tal unión la demandada jamás podía considerarse como poseedora material del inmueble, es decir, con efectos patrimoniales, como si se tratada (sic) además de la configuración entre compañeros de la sociedad patrimonial de hecho, conclusiones (…)”.

Con todo, el juez de segunda instancia, en estrictez, no apuntaló la sentencia emitida en la existencia de la unión marital, esta es, en definitiva una calificación jurídica, pues atribuyó la calidad de tenedora a la demandada a partir de la concurrencia de unas relaciones afectivas, propias de los compañeros permanentes, que si bien darían lugar a un vínculo de aquellas características, no fue el propósito ni destino principal de sus motivaciones.

Las conclusiones del ad quem derivaron de los lazos afectivos y la comunidad de vida entre ellos. Tampoco constituyó fundamento de la decisión la supuesta existencia de la sociedad patrimonial o la unión marital con estos efectos.

Al respecto, los hechos constitutivos de la comunidad, los afectos, la permanencia y singularidad de la pareja, así como la conjunción de esfuerzos y propósitos con miras a un mejor vivir son, en definitiva, originarios de la unión marital entre compañeros permanentes. Primero se constata tal estado de cosas y luego sí se categoriza o ajusta a la norma pertinente la modalidad de dichos actos. Ese fue, en particular, el análisis del fallador. En esa dirección, ni una ni otra sociedad constituyeron el basamento de la sentencia, es más, no incidió en el juicio del sentenciador, de donde, el reproche propuesto en función de derruir argumentos alrededor de tales instituciones, no guarda armonía con la determinación prohijada.

c) Se denuncia la equivocada interpretación de la demanda genitora del proceso, al entender el juzgador invocada por la demandante la prescripción ordinaria y no la extraordinaria, circunstancia por la cual aplicó el artículo 2530 del Código Civil, relativo a la suspensión.

Sin embargo, el ataque se aleja de la correspondencia con la argumentación del fallo, en tanto, antes de errar en la hermenéutica del libelo, lo entendió en su sentido, disponiendo la solución razonada de la problemática planteada, al tener reflejada la condición de compañeros permanentes por los vínculos entre la demandada y el propietario del bien, lo cual le atribuía a la usucapiente, tenencia y no posesión, surgiendo la posibilidad de aplicar la regla contenida en el artículo 2530 del Código Civil, no obstante la invocada prescripción extraordinaria.

Por consiguiente, no fue laborío interpretativo errado de la demanda, sino la convicción que la situación fáctica, se sitúa en la hipótesis normativa.

En suma, si el censor confronta el fallo por un posible error en la interpretación de la demanda, fluye, no focalizado su epicentro argumentativo, o sea, incurre en evidente desenfoque.

d) En lo atañedero a la interpretación errónea de algunos testimonios, según el censor, “el tribunal haciendo una torticera interpretación de su significado y contenido dedujo sin reparo alguno que era evidente la existencia de la unión marital de hecho con consecuencias patrimoniales, entre Luz Marina Espitia y Eugenio Galarza Romero, cuando, para demostrar tal unión, con efectos patrimoniales y legales se requiere una prueba diferente (…)” (fl. 61, demanda de casación); cercenamiento por el cual concluyó que “Luz Marina Espitia Ortega, ha sido la única poseedora material del inmueble desde el año de 1971 hasta la presente (…)”.

No obstante, quedó evidenciado, el juzgador no dudó de la posesión del predio por la demandada, y reclamó por la ausencia de prueba sobre la interversión del título.

e) Deviene palpable la falencia en el reproche sobre la demostración de la unión marital de hecho y sociedad patrimonial con prueba inidónea, o sea, solo con fundamento en declaraciones de testigos, apartándose sobre el particular de lo exigido por las leyes 54 de 1990 y 979 de 2005 (tercer cargo), porque el tribunal no declaró la existencia de uno u otro vínculo; se limitó a establecer los nexos entre la demandada y el propietario del bien que les connotaba como compañeros permanentes, desechando ex profeso, ya la sociedad conyugal ora la patrimonial, pues no incidían en el análisis que realizó el fallador. Además, no podía abordar en función de su declaración, los aspectos fácticos de una u otra, entre otras razones, por no ser de su competencia, tampoco una condición para arribar a la conclusión de la sentencia.

f) Lo propio aconteció con las copias relacionadas con el incidente de desembargo (cargo tercero), por cuanto el ad quem no desconoció que la señora Espitia Ortega hubiese ejercido actos de posesión sobre el inmueble, lo que reclamó fue la acreditación del momento en que mutó la calidad de tenedora por la de poseedora.

g) Los cargos desviaron la esencia de la sentencia y enfilaron el reproche a aspectos diferentes a los pilares de la determinación acusada e introducen aspectos nuevos, de suyo inadmisibles en el recurso extraordinario.

Al respecto, el impugnante, dice: “No huelga adicionar, (sic) que, si Augenio Galarza Romero (sic), supuestamente conservó conjuntamente la posesión del inmueble en proporción del 10% con Luz Marina Espitia, después de entregada la posesión del mismo a la demandante en proporción al 90%, como reza el punto quinto de la escritura 499 de 1975, abandonó ese derecho a partir de 1983, según declaraciones de Fernando Eugenio Galarza en la contestación de la demanda (omitida por el tribunal) y las atestaciones juramentadas de Ofelia Peñón Ramírez (fls. 47 y 49 cdno.) (sic) Alessandra Sirossi Acero (fls. 19 y 21 cdno. 2) Lucila Rojas Coronado (fls. 31 a 23 cdno. 2) (sic), siendo entonces la única poseedora material del inmueble con ánimo de señora y dueña en forma pública, pacífica y exclusiva la demandada Luz Marina Espitia Ortega, por espacio de más de veinte años según lo destacado con anterioridad y según la siguiente consideración; treinta (30) años en lo atiente al 90% de la posesión del inmueble, periodo que se cuenta desde 1975 hasta el año de 2005, teniendo en cuenta la fecha de la escritura 499 y la notificación de la demanda reinvindicatoria (sic) veintidós años en cuanto al 10% restante del inmueble contados a partir del año de 1983, en el cual Eugenio Galarza Romero, deja como única poseedora material de este porcentaje a Luz Marina Espitia” (fl. 44, cdno. de la Corte).

Por primera vez, pues no aparece en ninguna de las actuaciones cumplidas en primera o segunda instancia, la parte demandada involucra el tema de la posesión en fechas diferentes a 1971; no reclamó con anterioridad al recurso extraordinario, la valoración de los actos posesorios en fechas como 1975 (venta del 90% del inmueble); 1983 (fecha en que el señor Galarza abandonó la casa), o 1998 (fecha del deceso del mismo). Solicitud inadmisible ahora por novedosa que admitida violaría el debido proceso (entre otras, sents. Cas. Civ., de oct. 14/2010, Exp. 2002-00024-01; 25 de mayo 2011, Exp. 2005, 0024 01).

h) A propósito de la primera de las acusaciones, cumple enunciar ab initio lo sentado recientemente por la Corte, vindicando constante de los últimos lustros en la formulación de los cargos en casación:

“La Sala ha destacado repetidamente que para la prosperidad de los cargos contra los fallos en casación es condición indispensable que, sobre la base de la autonomía de las censuras, cada una sea plena o completa, sobre todos los fundamentos principales o pilares de aquel, pues, de no ser así, la decisión atacada debe mantenerse y, por ende, la acusación deviene irrelevante”.

“A este respecto, ‘dado el carácter dispositivo de la impugnación y la imposibilidad que de allí se deriva para completar oficiosamente la acusación, iteradamente (…) ha señalado que ‘por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan sólo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en esta; de allí que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado este debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura’ (Sent. Cas. Civ. 027 de jul. 27/99; resaltado de ahora), de donde resulta que la prosperidad del reproche dependerá de ‘que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia’ (Sent. Cas. Civ. 002 de ene. 25/2008) y ‘exista completa ‘armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución’ (Auto 034 de mar.12/2008, Exp. 00271)’ (Auto de ene.15/2010)’ (Auto de jul. 29/2010, Exp. 00366)” —hace notar la Sala—.

“Tratándose del recurso extraordinario de casación, ‘la actividad ‘ex officio’ de esta corporación, en lo que se refiere a la demanda interpuesta, es harto restringida, habida cuenta de que le impide auscultar ‘… defectos de la sentencia que no hayan sido denunciados formalmente por el recurrente y decidir la invalidación del fallo por errores no invocados en la demanda de casación’ (G.J., t. LXXXI, p. 426)’, ni ‘le es permitido (…), sin resquebrajar caros axiomas que estereotipan el recurso en comento, suplir o incluso complementar la tarea impugnativa asignada al recurrente, en atención a que —en línea de principio— debe circunscribirse a la demanda respectiva, la cual se erige en carta de navegación para todo tribunal de casación’, al punto que ‘le está vedado recrear el cargo o enmendar por su cuenta los defectos que este contiene’ (…)’ (Cas. Civ., sent. de mar. 23/2000, Exp. 5259)” (Cas. Civ. Sent. de sep. 21/2011, Exp. 2001-01105-01).

El reproche delineado por la causal primera de casación, concerniente a la violación de normas sustanciales, ya por aplicación indebida ora por inaplicación, no incorporó la totalidad de los argumentos basilares soportes de la sentencia.

La sentencia recurrida involucra asuntos anejos con la suspensión de la prescripción entre compañeros (C.C., art. 2530), y otros diferentes, tales como la excepcionante, por su calidad de compañera permanente del propietario del fundo, desde cuando ingresó al mismo, ostentaba la calidad de tenedora; tal relación debía reconocerse por el solo hecho de aparecer como la persona con la cual hacía vida marital, “haya o no sociedad conyugal o patrimonial entre ellos” (fl. 89, cdno. del tribunal); la situación detectada entre aquella y el propietario del bien denotan actos de mera tolerancia en los términos del artículo 2520 del Código Civil; el juez de segundo grado advirtió la ausencia de prueba sobre la interversión del título, su fecha y el tiempo acumulado antes de la aducción de la demanda pertinente.

Por lo tanto, sin duda, la acusación devino incompleta, y los aspectos dejados de cuestionar, por sí solos, sirven para apalancar el fallo censurado.

Además, para el tribunal resultaba indiferente la existencia de sociedad conyugal o patrimonial entre la señora Luz Marina y Galarza Romero, bastando para descubrir tenencia la relación íntima y afectiva, esto es, la presencia, únicamente, de los elementos generatrices de una unión marital de hecho, por lo cual, la demandada quedaba inhibida de usucapir bienes de su compañero. El sólo hecho de convivir como pareja descartaba una posible posesión por uno con respecto a los elementos del otro; así reflexionó el sentenciador.

Para corroborar lo anterior, el sentenciador consideró: “(m)ientras existan los lazos que hacen posible la confianza, el beneficio directo o indirecto del núcleo familiar, y uno de los cónyuges explote económicamente los bienes del otro, no puede haber usucapión porque se trata de actos permitidos por ‘mera facultad’ y ‘mera tolerancia’, que no dan fundamento a prescripción alguna, según es preceptuado por el artículo 2520 del Código Civil”.

No fue la sociedad patrimonial o los llamados por el censor “efectos patrimoniales”, las circunstancias por las cuales el fallador dijo al impugnante le competía, de manera frontal, abordar tales conclusiones y, además, demostrar que al encontrar el juzgador en la relación de pareja, antes que la formación de aquella clase de sociedad, la situación suficiente para generar la suspensión de la prescripción e impedir la usucapión de uno de los compañeros, incurrió en la equivocación denunciada. Tema básico en el análisis de la decisión, no fue abordado por el impugnante. Por ejemplo, no confrontó ni infirmó las conclusiones del tribunal en cuanto a la vida común de la demandada y el propietario del bien.

Otro incluido en la decisión no atacado concierne a la interversión del título y así lo expuso el juzgador: “Y si bien probó que intervirtió ese título hacia la posesión exclusiva, lo cierto es que no acreditó que tal mutación hubiese ocurrido con más de veinte años anteriores a la demanda de reivindicación (…)”.

En estas circunstancias, la determinación censurada, en los apartes señalados, conserva la presunción de acierto con que llega a esta corporación y, por restricción legal, la Corte no puede suplir esas deficiencias, conduciendo, de contera, a su fracaso.

3. Al margen de las falencias anotadas, bastantes para tornar frustránea la impugnación, el tribunal, no incurrió en los desaciertos atribuidos.

El fallo no está apuntalado en la constitución de una sociedad patrimonial entre los compañeros; indica, de manera explícita, que la tenencia reconocida en cabeza de la accionada derivó de su vínculo marital, a partir de la unión de hecho, con el propietario del bien para el año de 1971, fecha en que ingresaron en esa calidad al predio aludido. Independientemente, dijo el ad quem, de la existencia de “sociedad conyugal o patrimonial”. Con razón plasmó argumentación de tal tesitura, pues, contrariamente a lo argüido por el censor, la unión marital sí puede existir sin la sociedad patrimonial, aunque lo contrario no sea admisible. Al respecto, tiene dicho la Corte:

“Por consiguiente dos son los presupuestos que a juicio de esta Corte son fundamentales para reconocerle a la unión marital de hecho la situación jurídica prevista por la ley, ‘la licitud y la permanencia y estabilidad de la familia, presupuestos que sin ninguna hesitación se advierten en la familia matrimonial y que en cuanto aparezcan en la unión marital de hecho, dan pie para encontrar la familia extramatrimonial que reconoce la Carta Política de 1991’”.

“Desde luego que la conformación de una familia, como presupuesto para la existencia de la unión marital de hecho, exige la presencia de una ‘comunidad de vida permanente y singular’ de tal manera que toca dicha permanencia ‘con la duración firme, la constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente pasajera o casual’ (Sent. Cas. Civ. de sep. 20/2000. Exp. 6117), comunidad de vida que por lo demás, ‘por definición implica compartir la vida misma formando una unidad indisoluble como núcleo familiar, ello además de significar la existencia de lazos afectivos obliga el cohabitar compartiendo techo…’”.

“La comunidad de vida, o comunidad vital o consorcio de vida, es pues un concepto que como acaba de apreciarse está integrado por elementos fácticos objetivos como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis, que unidos además a la descendencia común y a las obligaciones y deberes que de tal hecho se derivan, concretan jurídicamente la noción de familia. Destaca la Corte cómo derivado del ánimo a que se ha hecho referencia, deben surgir de manera indubitable aspectos tales como la convivencia de ordinario bajo un mismo techo, esto es la cohabitación, el compartir lecho y mesa y asumir en forma permanente y estable ese diario quehacer existencial, que por consiguiente implica no una vinculación transitoria o esporádica, sino un proyecto de vida y hogar comunes que, se insiste, no podría darse sin la cohabitación que posibilita que una pareja comparta todos los aspectos y avatares de esa vida en común’ (Sent. Cas. Civ. de dic. 12/2001, Exp. 6721)” —hace notar la Sala—.

“Destácase la definición legal de la unión marital de hecho (L. 54/90, art. 1º), cuya existencia ‘se establecerá por los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia’ (art. 4º, ib., en su redacción primaria, modificada por el art. 2º de la L. 979/2005 publicada en el Diario Oficial Nº 45.982 de 27 de julio de 2005, previendo la declaración de existencia por mutuo consenso elevado a escritura pública, conciliación o sentencia judicial), las concretas presunciones iuris tantum de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes en las cuales ‘hay lugar a declararla judicialmente’ (art. 2º, modificado por el art. 1º de la L. 979 de 27 de julio de 2005), sus causas de disolución (art. 5º modificado por el art. 3º de la L. 975/2005), el derecho a solicitar su liquidación y la adjudicación de bienes por proceso judicial de conocimiento de los jueces de familia (art. 6º modificado por el art. 4º de la L. 979/2005) y la prescripción de ‘[l]as acciones para obtener la disolución o liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes’ en el término de ‘un año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio o de la muerte de uno o ambos compañeros’”.

“De la regulación mencionada, es relevante precisar la diferencia legal a propósito de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, la sociedad patrimonial, su disolución y liquidación, cuanto, en caso de contención, la inherente a las acciones respectivas, por sus finalidades, exigencias, término prescriptivo y efectos. En este sentido, la acción declarativa de la unión marital, procura la certidumbre de su existencia por demostración plena de sus presupuestos objetivos, o sea, la convivencia more uxorio, comunidad de vida estable y permanente plasmada en las relaciones sexuales, ayuda, socorro mutuo y affectio marital, genera efectos para los compañeros permanentes proyectados en derechos y obligaciones análogos a los del matrimonio, en su situación individual, familiar y estado civil (L. 54/90, art. 1º) y, su declaración podrá orientarse a fines diferentes de los estrictamente patrimoniales o económicos, los más, relativos al status familiar y el estado civil. Análogamente, al proceso judicial se acude en presencia de una controversia y, la unión marital libre, per se, de suyo y ante sí, no forma la sociedad patrimonial que, en veces no se presenta”.

“De su parte, la declaración judicial de existencia de la sociedad patrimonial, estricto sensu, concierne a un aspecto económico, está orientada al reconocimiento de su certeza, ‘se presume’, ‘y hay lugar a declararla judicialmente’ cuando exista unión marital de hecho ‘por un lapso no inferior a dos años e impedimento para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedad conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho’, siendo esa la causal de impedimento”.

“A su vez, la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, entre compañeros permanentes, desde luego, orientada está a la ocurrencia de una causa legal de terminación, a finiquitar el patrimonio social y naturalmente supone su existencia. Por ende, la preexistencia de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial gestada —anterius, prius—, es presupuesto de su disolución y liquidación —posterius, consequentia—, es decir, sin unión marital entre compañeros permanentes no se forma entre estos, sociedad patrimonial, como tampoco, es factible su disolución y liquidación. Expresado en otros términos, la existencia de la unión marital libre y de la sociedad patrimonial, actúa como una condicio iuris para su disolución y liquidación, pues, si no existe la unión marital nunca podrá formarse una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, ni esta tampoco podrá disolverse y liquidarse; o, lo que es igual, sin sociedad patrimonial ex ante, no puede disolverse y liquidarse, ex post”.

“Efectuada esta precisión, el segmento de mayor relevancia social y jurídica de la Ley 54 de 1990, concierne al reconocimiento del statu normativo de la unión marital de hecho como forma expresiva de la relación marital extramatrimonial, comunidad singular de vida estable, genitora de la familia y de un estado civil diverso al matrimonial. Y, en este sentido, la norma ostenta un marcado cariz imperativo o de ius cogens al referir a la familia y al estado civil, cuestión de indudable interés general, público y social. Aspecto diverso, incumbe a las relaciones jurídicas patrimoniales, en línea de principio, susceptibles de disposición por concernir a derechos de contenido económico y, por lo mismo, al interés privado o particular”.

“Justamente, esta nítida diferenciación, sostiene el diverso contenido y alcance de las acciones; así, la tendiente a la declaración de existencia de la unión marital, es materia de orden público, propia de la situación familiar, del estado civil y es indisponible e imprescriptible, lo cual no obsta para que las partes la declaren por mutuo consenso en escritura pública o en acta de conciliación (L. 54/90, art. 4º), en tanto el estado civil dimana de los hechos, actos o providencias que lo determinan (D. 1260/70, art. 2º), en el caso de la unión marital declarada por los compañeros permanentes; sin que tal posibilidad se entienda como dispositiva del estado civil, por mandato legal indisponible, so pena de nulidad absoluta, pues el legislador autoriza conciliar las diferencias respecto de la existencia de la unión, es de esta y no de la conciliación ni de su reconocimiento declarado, de la cual dimana, en cambio, las relativas a la declaración de existencia de la sociedad patrimonial, disolución y liquidación, ostentan evidente e indiscutible naturaleza económica, obedecen al interés particular de los compañeros permanentes y, como todos los derechos subjetivos de contenido económico, son disponibles y están sujetos a prescripción’” (Sent. Cas. Civ. de mar. 11/2009, Exp. 2002 00197 01).

Las condiciones para la unión marital son unas y otras para la sociedad patrimonial.

Aquella, puede estructurarse independientemente a la segunda y así lo expresó el sentenciador.

En cuanto refiere a esta particular cuestión, de suma importancia precisar la posibilidad de analizar los elementos definitorios de la unión marital de hecho por funcionarios diversos a los competentes para declararla y con fines diferentes a los de su declaración judicial, por cuanto es útil en función de efectos distintos respecto de los cuales no se impone inevitable decisión jurisdiccional acerca de su realidad jurídica, es decir, lo uno no implica lo otro, ad exemplum, en materia de prestaciones derivadas del sistema general de pensiones o riesgos profesionales, al tenor del artículo 11 del Decreto 1889 de 1994, prueba de la calidad de compañero permanente, “[s]e presumirá compañero o compañera permanente, quien haya sido inscrito como tal por el causante en la respectiva entidad administradora. Igualmente, se podrá acreditar dicha calidad por cualquier medio probatorio previsto en la ley”, antes de la Ley 100 de 1993, se autorizaba demostrarla con dos declaraciones extrajuicio, el Decreto 758 de 1991, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, alusivo al reglamento interno del Instituto de Seguros Sociales, contempló la posibilidad de acreditarla con la sola inscripción efectuada por el afiliado o asegurado fallecido. Y si este hubiese muerto y hubiere duda sobre el compañero permanente, esa condición podía acreditarse con declaraciones extrajuicio, y así el Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988.

La Corte Constitucional, en su momento, en muy variadas sentencias refirió al tema y, entre otras, en la T-122 de 2000 dijo: “No es indispensable que una sentencia judicial defina que se tuvo la convivencia. Puede probarse ella, por cualquiera de los medios contemplados en la ley, ante la entidad que venía pagando la pensión al difunto. La decisión judicial está reservada a los casos de conflicto entre dos o más personas que digan tener el mismo derecho. (…)”.

Luego, la evaluación del tribunal sobre la convivencia de la demandada y el propietario del inmueble, de donde derivó la tenencia, su decisión de compartir hogar, afectos, conjuntar esfuerzos en pro de su bienestar, etc., amén de constantes y fomentar la singularidad de esa unión, no implicaban per se la abrogación de la facultad de declarar judicialmente la existencia de ese vínculo. Lisa y llanamente son referentes trasluciendo un estado de cosas que, además de coincidir con los supuestos fácticos de la Ley 54 de 1990, destellaban la particular situación de uno de sus miembros, la demandada y que la descubrían, itérase, como tenedora del predio antes que poseedora.

En cuanto a la aplicación del artículo 2530 del Código Civil, en su redacción primaria antes de la modificación introducida por el artículo 3º de la Ley 791 de 2002, a cuyo tenor la prescripción “se suspende siempre entre cónyuges”, la Corte había concluido “que lo dispuesto en el último inciso del artículo 2530 del Código Civil, sobre suspensión de la prescripción entre cónyuges, es aplicable tanto a la ordinaria como a la extraordinaria: que, por lo tanto, acertó el tribunal al sostener que contra (….) no pudo correr a favor de su cónyuge (….) la prescripción y rechazar, en consecuencia, la excepción en el punto invocado por el demandado (….)” (Sent. Cas. Civ. de mar. 6/69), doctrina acogida por el tribunal en el fallo censurado, al aplicar la norma bajo la cual se invocó la prescripción (L. 153/887, arts. 28, 29, 41 y 42).

Esta consideración no envuelve una reflexión arbitraria o fuera de todo marco de razonabilidad y, en esas circunstancias, no puede atribuirse al fallador el error invocado por el censor, pues si la suspensión operó el inicio de la relación sentimental de la demandada y el señor Eugenio Galarza Romero, propietario del bien, salta a la vista, como la misma norma indica, el tiempo de posesión existente, si lo hubo, debía validarse; empero, el mismo no aparece demostrado en el proceso y con la antelación de 20 años, como así lo reclamó el juez de segundo grado.

Por último, respecto al allanamiento a la demanda por el demandado Fernando Eugenio Galarza, basta recordar el numeral 7º del artículo 94 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual deviene “ineficaz” cuando realizado por uno de los integrantes de un litisconsorcio necesario, no proviene de todos, lo que acontece en el sub-examen; y, en cuanto a la confesión, es claro el artículo 196 ibídem al decir que tal medio de prueba, si refiere a un litisconsorte necesario, se tiene como testimonio de tercero.

Luego, sin duda, no hubo el error denunciado, pues, en estrictez, ni siquiera había podido considerarse la existencia de una u otra situación procesal.

4. Los cargos no prosperan.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 1º de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario instaurado por Nayda Minerva Galarza de Gaitán contra Luz Marina Espitia Ortega, habiéndose vinculado a Jamineth, Sergio Andrés Galarza Pineda, Fernando Eugenio Galarza Espitia y personas indeterminadas.

Costas de casación a cargo de la recurrente. En su liquidación inclúyase seis millones de pesos ($6.000.000) por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».