Sentencia 2004-00669/43085 de abril 23 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Rad.: 1900-123-31-000-2004-00669-01 (43085)

Actor: D.E.B.B. y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación

Medio de control: Reparación Directa (D 01/84)

Tema. Falla del servicio.

Subtema 1. Privación injusta de la libertad.

Subtema 2. Culpa exclusiva de la víctima.

Sentencia. Revoca primera instancia.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá D.C., veintitrés de abril de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «III. Consideraciones.

3. Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

3.1. Competencia.

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(19).

3.2. Vigencia de la acción.

La acción de reparación directa se ejerció oportunamente, pues la providencia que precluyó la investigación contra F.E.V.S. y D.E.B.B. fue proferida el ocho (8) de mayo de dos mil dos (2002), y notificada personalmente el diez (10) de mayo del mismo año(20); y dado que la demanda fue presentada el veinticinco (25) de marzo de dos mil cuatro (2004)(21), los demandantes se encontraban dentro del término previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, pues entre aquella y esta no transcurrió un lapso superior a dos (2) años.

3.3. Legitimación en la causa.

Los señores F.E.V.S. y D.E.B.B. son las víctimas directas de la privación de la libertad que dio origen a este proceso, lo que se evidencia con las decisiones penales que fueron aportadas.(22)

F.E.V.S. es hijo de L.E.V.J. e I.M.S.D., según consta en el registro civil visible en el folio 18 del cuaderno 1.

L.M.V. es hija de L.E.V.J. e I.M.S.D. y hermana de F.E.V. Registro civil visible a folio 14 del cuaderno 1.

L.E.V.J. es hijo de E.V. y G.J., es decir, abuelos de F.E.V.S. Registro civil visible a folio 239 del cuaderno 1.

T.S. es padre de I.M.S.D., por tanto, abuelo de F.E.V. Folio 241 del cuaderno 1.

D.E.B.B. es hijo de E.I.B.S. y M.V.B.M. Registro civil. Folio 7 del cuaderno 1.

J.L.B.B. es hijo de E.I.B.S. y M.V.B.M., hermano menor de D.E.B.B. Registro civil. Folio 8 del cuaderno 1.

A.F.B. hijo de E.I.B.S. y M.V.B.M., hermano de D.E.B.B. Registro civil. Folio 10 del cuaderno principal.

D.G.Q.B. hija de M.V.B.M. por tanto hermana de D.E.B.B. Registro civil. Folio 17 del cuaderno 1.

I.B.M. y E.S.B. son padres de E.I.B.S., por tanto, abuelos de D.E.B.B. Registro civil. Folio 245 del cuaderno 1.

C.V.B. y L.E.M. son padres de M.V.B.M., por consiguiente, abuelos de D.E.B.B. Registro civil folio 9 del cuaderno 1.

Como “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores, hijos y hermanos de una persona, como quiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto(23)”, se concluye que se encuentran legitimados para la causa por activa.

En relación con la legitimación en la causa por pasiva, se pone de presente que en el sub lite el hecho reputado por la parte actora como generador del daño fue la privación de la libertad a la que fueron sometidos F.E.V.S. y D.E.B.B., como consecuencia de la captura y de la medida de aseguramiento impuesta en su contra. Por tanto, la Nación es la persona jurídica legitimada por pasiva, y como correspondía, ha venido a este proceso representada por quienes desempeñan los cargos de mayor jerarquía en los organismos que desplegaron las actuaciones que han sido reprochadas en la demanda.

4. Sobre la prueba de los hechos.

Conforme al artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber: que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

Los demandantes dentro del relato que ofrecen en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hacen referencia a estos dos elementos para presentar, por un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades y, por el otro, las actuaciones u omisiones que endilgan a la demandada, en cuya virtud le imputan la responsabilidad que se demanda. En torno a estos dos elementos gravita la carga que esa parte soportaba y, por tanto, el estudio de los hechos probados de la Sala se enfocará en éstos.

4.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño y su imputación.

El daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hacen consistir los demandantes en la afrenta que padecieron F.E.V.S. y D.E.B.B., en su libertad física, en su honra, en su derecho al sosiego y a la paz interior, por cuenta de la privación de la libertad de que fueron víctimas directas; así como en el agravio que soportaron sus allegados en su derecho a la tranquilidad y en su vida familiar.

Los documentos que se relacionan a continuación fueron allegados en copias auténticas(24) Frente a estas pruebas se surtió y garantizó el principio de contradicción, pues fueron tenidas como pruebas en el auto de once (11) de noviembre de dos mil cuatro (2004)(25) sin que las partes contra quienes se presentaron hubieran expresado reparo alguno a su fidelidad o a su autenticidad, y sin que se hubiera pedido oportunamente su ratificación en los casos en los que esta resultara pertinente:

• Oficio de seis (6) de febrero de dos mil dos (2002) por el cual el Comandante de la Patrulla 10-017 puso a disposición del Jefe de la Unidad Inmediata URI a F.E.V.S. y D.E.B.B., una moto y 50 papeletas de bazuco.(26)

• Boleta de detención 121 contra F.E.V.S. y D.E.B.B.

• Proveído del doce (12) de febrero de dos mil dos (2002) emitido por la Fiscalía 06-004 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, por el cual se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin lugar a excarcelación en contra de F.E.V.S. y D.E.B.B., como sindicados del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En la misma providencia sustituyó esa medida por detención domiciliaria.(27)

• Providencia del ocho (8) de mayo de dos mil dos (2002) proferida por la Fiscalía 06-004 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, en la que precluyó la investigación respecto de F.E.V.S. y D.E.B.B.(28).

• Auto de quince (15) de febrero de dos mil dos (2002) en el cual la Fiscal 004, concedió permiso para estudiar a los jóvenes D.E. B. y F.E.V., el primero en el SENA y el segundo en Instituto Don Bosco(29).

5. Sobre el daño y su antijuridicidad.

Para los fines que interesan al Derecho, el daño puede ser entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, debido al cual, el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio.

Como puede advertirse, el daño incorpora dos elementos: uno, físico, material, y otro jurídico, formal.

El elemento físico o material, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad. El elemento formal, por su parte, se verifica en el plano jurídico, sí y solo sí, se acreditan los siguientes supuestos adicionales al elemento material:

a) Que la lesión, recaiga sobre un interés jurídicamente tutelado;

b) Que la lesión no haya sido causada por la propia víctima;

c) Que la lesión tenga consecuencias ciertas, en el patrimonio económico o moral de la víctima;

d) Que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique, que legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado (en abstracto), esto es, que la víctima no esté jurídicamente obligada, en las condiciones particulares y concretas en que sufrió la lesión, a soportar sus consecuencias.

En el asunto sub lite, el daño lo hace consistir la parte demandante en la privación injusta de la libertad de que fueron objeto F.E.V.S. y D.E.B.B., desde entre el seis (6) de febrero y el ocho (8) de mayo de dos mil dos (2002) como consecuencia de la investigación por el delito de tráfico, fabricación o tráfico de estupefacientes, lo que implica una perturbación del derecho al sosiego y a la paz interior de aquel y de sus familiares.

6. Problema jurídico.

En atención a los motivos de inconformidad que se expusieron en los escritos de sustentación de los recursos, la Sala resolverá, en su orden y solo si a ello hay lugar, los siguientes problemas:

¿La privación de la libertad que sufrieron F.E.V.S. y D.E.B.B. constituyó un daño que aquellos no estaban en la obligación de padecer en consideración a la terminación que tuvo la investigación como resultado de la declaración de preclusión?

¿La conducta desplegada por F.E.V.S. y D.E.B.B. al momento de su captura, configura una culpa grave que exime de responsabilidad a las demandadas en relación con el daño cuya reparación es pretendida por los actores?

A la luz de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, ¿debe concederse a los padres y hermanos de las víctimas directas, a manera de compensación por su perjuicio moral, el pago de una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes?

Conforme a los supuestos fácticos probados, ¿hay lugar a reconocer indemnización en favor de los padres, hermanos y abuelos de las víctimas directas?

Conforme a los supuestos fácticos probados, ¿hay lugar a incrementar, el monto de la compensación que se concedió por el daño a la vida de relación de las víctimas directas?

7. Título de imputación.

En relación con la responsabilidad por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta Corporación unificó su posición sobre el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano en aplicación del daño especial como título de imputación por privación de la libertad del procesado, cuando la sentencia o su equivalente resulta absolutoria, porque: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta es atípica, o (iv) resulta absuelto el sindicado por aplicación del principio de in dubio pro reo. Las anteriores hipótesis tienen su fundamento en el título de imputación de daño especial, al considerarse que la privación de la libertad cumplió con los presupuestos estipulados en la ley, pero la víctima no estaba en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin embargo, no conlleva la proscripción de otros regímenes de imputación de responsabilidad del Estado, cuando concurran las circunstancias requeridas para su aplicación. Así, por ejemplo, puede resultar condenado el Estado a responder patrimonialmente bajo el régimen de falla del servicio, cuando las circunstancias del caso concreto no se ajusten a los casos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o el artículo 68 de la Ley 270 de 1996; se haya producido un allanamiento y captura ilegal; la detención se hubiera producido pese a que ya había operado la prescripción de la pena; o la privación de la libertad se hubiera producido en ausencia de prueba sólida, entre otros. De hecho, el régimen objetivo de responsabilidad del Estado por daño especial fue concebido para los casos en los que no fuera posible encasillar el asunto en un régimen distinto.

En concreto, la Sala debe señalar que la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, sin importar que esta sea intramural o domiciliaria, sino que se extiende a todo evento en el que haya existido una restricción injusta y efectiva de la libertad, cualquiera que sea su naturaleza.

Por otra parte, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, situación que, de caracterizar gravedad y erigirse en causa del daño, la obliga a asumir las consecuencias de su proceder.

Se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique en los términos del artículo 63 Código Civil “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”.

Está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil(30)”.

En consecuencia, si el privado de la libertad actuó de manera irregular y negligente y con ello dio lugar al inicio de una investigación penal y a la privación de su libertad, aunque se demuestre que en el curso del proceso penal que su conducta no fue suficiente para proferir en su contra sentencia condenatoria, esa misma actuación, en sede de responsabilidad civil y administrativa, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, con sujeción a lo prescito por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil.

Conforme a los anteriores presupuestos la Sala estudiará el asunto, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso.

8. Caso concreto.

En el caso bajo estudio, contra la sentencia de primera instancia se alzaron las dos entidades demandadas y la parte demandante.

La Policía Nacional lo hizo porque consideró que cumplió con su deber al detener a unos sujetos que hicieron caso omiso de sus advertencias y huyeron del lugar, así como al ponerlos oportunamente a disposición de la URI, y porque su detención fue ordenada por la Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión de primera instancia porque a su juicio, actuó en cumplimiento de las normas legales y constitucionales.

La parte demandante, por su lado, expresó con ocasión del recurso, su inconformidad por causa del monto de la condena indemnizatoria de perjuicios morales y por daño a la vida de relación.

En función del primer problema planteado, encaminado como se encuentra a determinar si la privación de la libertad que sufrieron F.E.V.S. y D.E.B.B. constituyó un daño que aquellos no estaban en la obligación de padecer en consideración a la terminación que tuvo la investigación como resultado de la declaración de preclusión, la Sala encuentra demostrado que:

a) los jóvenes F.E.V.S. y D.E.B.B. fueron capturados por la Patrulla 10-030 del CAI Antonio Nariño y puestos a disposición de la URI.(31)

b) Que la Fiscalía 004 ante los Jueces Penales del Circuito dictó medida de aseguramiento contra los mencionados jóvenes, con sustento en consideraciones que pueden entenderse resumidas en el siguiente extracto de la providencia respectiva:

“Así las cosas, estaríamos frente a pruebas de cargo conformadas por el testimonio de un policial que no por devenir de quien directamente no observó la acción imputada, puede ser desechada ya que corroborándola, se encuentra físicamente la existencia de la sustancia en mención. Y estas pruebas de cargo, se sitúan frente a la de descargo consistentes(sic) en las manifestaciones de los sindicados, negando de manera enfática la responsabilidad que se les imputa.

Sopesándolas, tenemos que las de cargo, desafortunadamente para los sindicados tienen un fundamento legal de mayor peso que las de descargos y que en virtud de ellas, es posible derivar de los dos indicios graves de que habla el artículo 356 del C.P.P. para decretar la medida de aseguramiento de que trata esta resolución.

En primer lugar, se tiene que en efecto los señores B. y V. huían de los policiales, sin que hasta el momento se tenga cabal conocimiento que lo hacía por las razones que ellos ha argüido (ausencia de documentos que amparen la motocicleta en la que se desplazaban), o si lo hacían por las aludidas por los policiales (la tenencia de sustancia alucinógena).

Y aunque plenamente no se encuentra satisfecha esta circunstancia, es posible Por el momento, inferir que si los policiales recogieron la sustancia y aseguran además que fue arrojada por los hoy sindicados, entonces la razón es la segunda; de tal manera que este hecho, se deriva el indicio grave de Actitud Sospechosa.

Y en cuanto respecta al hallazgo de la sustancia y el hecho de que se afirme que fueron los sindicados quienes la arrojaron, es posible inferir el indicio de Participación en el delito.

Lo anterior, contando con la declaración del agente J.I.M.P. que como anteriormente lo decíamos, es testigo de oídas y en momento alguno por esta razón puede ser su testimonio desechado”. (negrillas fuera de texto)

c) Que dentro de la etapa instructiva, y después del decreto de la detención preventiva, se recaudaron las siguientes pruebas:

• Declaraciones testimoniales de todos los agentes que participaron en la captura de los jóvenes V. y B. Rindieron testimonio J.C.M.Q.,(32) a saber: el Comandante del CAI, J.W.S.C.,(33) R.D.P., (34) L.F.M.R.,(35) G.M.C.,(36) G.A.A., (37) G.A.B.(38)

• Informe técnico sobre la moto conducida por los jóvenes V. y B., en el cual se determinó que “(…) el automotor motivo de estudio queda con identificación técnica, por presentar sus series de motor y chasis originales de fábrica hasta la fecha(39)”.

• Diligencia judicial de inspección al lugar en el que, según los policiales, V. y B. habían arrojado las sustancias que ellos recogieron y pusieron a órdenes de la Fiscalía, para determinar la visibilidad y definir la credibilidad de la versión rendida por los agentes de policía.

Cerrada la etapa instructiva al calificar el mérito del sumario en la providencia que precluyó la investigación respecto de D.E.B. y F.E.V., la Fiscalía concluyó lo siguiente (se transcribe con errores):

“De tal manera que la conclusión a la cual fácilmente puede llegarse, es a que las pruebas de cargo (testimonios) obrantes contra los sindicados, no son de la entidad requerida como para ser considerados creíbles y más bien resultan altamente sospechosos y tendenciosos. Creemos que la justificación se encuentra, en el hecho de que los señores B. y V. hayan evadido la acción policiva y que dado este hecho, los policiales que iniciaron su persecución al no poder darles alcance, avisaron a las restantes unidades colocándose varias de ellas al servicio de mismo propósito (dar alcance a los aquí sindicados), para que el momento en el que se logró el cometido, se encontraren con que tan solo habían violado normas de tránsito, al desplazarse en una motocicleta sin placas, sin contar con el casco obligatorio, sin portar documentos del vehículo y violando también normas policivas, cuando desatendieron las órdenes que los agentes les daban de detenerse, lo cual a sus ojos seguramente no justificaba semejante despliegue y entonces, lo procedente era argumentar razones de mayor peso como la tenencia por parte de los perseguidos, de sustancia alucinógena en su poder, argumentando esta como la razón de su huida.

A la anterior conclusión llegamos, no solamente del contenido de los testimonios antes referidos, son también de las restantes circunstancias conocidas dentro de la investigación, tales como la personalidad de los ahora sindicados, de su procedencia, de su ausencia de antecedentes (…).

Finalmente, es de anotar que las pruebas posibles a recaudar ya lo fueron y las fundamentales nos han determinado que lo procedente y justo, es Precluir en favor de los sindicados de la presente investigación (...).

D.E.B.B. en la indagatoria rendida el siete (7) de febrero de dos mil dos (2002) sostuvo en el relato de los hechos, lo siguiente:

“(…) y nosotros dijimos vamos a darnos una vuelta a ver peladitas por ese Barrio Santa Clara, y por allí por Santa Clara una patrulla nos decía que nos ahorillaramos (sic), y como la moto que nosotros andábamos (sic) es una moto importada, nosotros nos dio miedo porque F. la había sacado sin permiso porque esa moto no tenía papeles, no tiene placa, solo tiene un papel de la DIAN, entonces para que no la quitaran F. arrancó y la patrulla se nos vino atrás…(40)

F.E.V., por su lado, contó los motivos que originaron su captura de la siguiente manera:

“(…) y nos fuimos a dar una vuelta por allá por el Norte de Santa Clara, ya nos devolvíamos cuando una Patrulla me dijo que me ahorillara (sic), entonces frené la moto un poco y volví a arrancar, y ahí nos comenzaron a perseguir, nos metimos por el Ley Nuevo (…) porque es que mi papá no me deja sacar la moto porque no tiene papeles, no tiene placa, únicamente tiene los papeles de la DIAN, y si me la quitan mi papá me pega porque es muy bravo. (…) Uno es joven y uno no piensa que esas cosas que le van a pasar a uno (…)(41)

Para la Sala, las declaraciones explicativas que de sobre su conducta hicieron D.E.B.B. y F.E.V.S. revelan, al rompe, un conjunto sucesivo de imprudencias graves: en primer lugar, la sustracción de una motocicleta a hurtadillas del padre de uno de ellos; en segundo lugar, el empleo de ese medio de transporte aún sin matricular y por ende sin placas, para movilizarse a través de vías públicas, con grave violación de las disposiciones que sobre permisos de circulación de vehículos establecía para ese entonces, el acuerdo 51 de 1993 expedido por la Junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte Y Tránsito; transitar; y desatender la orden impartida por agentes de policía para que detuvieran su marcha, con grave violación de los artículos 19, 20 y 24 del Código Nacional de Policía en vigor; y emprender la fuga para evadir la orden de policía que les había sido impartida, con el propósito confeso de soslayar las consecuencias legales e inconvenientes familiares que habrían de venir por causa de todos los errores precedentes.

Al punto viene necesario connotar la valoración que hizo la fiscal al momento de resolver la situación jurídica de B. y V., pues a partir de su actitud huidiza infirió el primero de los dos indicios que le permitieron sustentar el cumplimiento de los requisitos materiales del auto de resolución de la situación jurídica de los indagados según la normativa procesal. Para efectos de percibir con claridad esta circunstancia, basta con observar los apartes resaltados con letra en negrilla, de la transcripción que se hizo líneas atrás del auto de detención.

En concreto, atendiendo lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento de los jóvenes D.E.B.B. y F.E.V.S., desconoció los parámetros de cuidado y diligencia que una persona con poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, para la Sala está configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.

En consecuencia, al momento de restringirse la libertad a los jóvenes D.E.B.B. y F.E.V.S., el ente acusador contaba con dos indicios racionales que le indicaban que podían estar incurso en los delitos investigados, uno de los cuales se concretaba en el mismo proceder imprudente de aquellos(42).

Por tanto, el daño que los actores pretendían atribuir a las demandadas es de aquellos que las víctimas deben soportar porque han sido determinados por su culpa grave.

9. Condena en costas.

No hay lugar a dictar condena en costas en este asunto, debido a que no se evidencia en el caso actuación temeraria de ninguna de las partes, a términos de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la Sentencia de doce (12) de mayo de dos mil once (2011) proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, y en su lugar dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. SIN condena en costas.

3. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

19. La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008-00009.

20. Folios 211-222 del cuaderno 1.

21. Folio 87 ídem.

22. Medida de aseguramiento, y preclusión de la investigación.

23. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20750.

24. Folio 70 del cuaderno 3.

25. Folio 167-171 del cuaderno 1 y folio 1 del cuaderno 3.

26. Folio 1 del cuaderno 2.

27. Folios 59-67 del cuaderno 2.

28. Folios 139-151 del cuaderno 2.

29. Folios 68-70 ídem.

30. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.

31. Folio 1 del cuaderno 2.

32. Folios 76-78 del cuaderno 2.

33. Folios 79-81 idem.

34. Folios 81-83 ídem.

35. Folios 84-85 ídem

36. Folio 86 ídem.

37. Folios 87-88 ídem.

38. Folios 89-90 ídem.

39. Folio 96 ídem.

40. Folios 11-12. Cuaderno 2.

41. Folios 14-15 ídem.

42. Considera conveniente la Sala, reiterar que la anterior conclusión de ninguna manera riñe con el hecho de que la misma Fiscalía 004, en ejercicio de sus funciones, con las pruebas que posteriormente recaudó y en aplicación de su independencia en la valoración de las pruebas, considerara procedente y “justo” precluir la investigación a los jóvenes Bolaños y Vélez de los delitos imputados en su contra, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.