Sentencia 2004-00731/45904 de agosto 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 15001-23-31-000-2004-00731-01(45904)

Consejera Ponente:

Dr. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Actor: M. L. S. M. y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad – absolución del sindicado por atipicidad de la conducta / indemnización perjuicios morales - reducción en un 30% por detención domiciliaria / indemnización de perjuicios materiales – lucro cesante – requisitos certificación suscrita por contador público – presunción de más de un salario mínimo legal mensual por ejercer una actividad laboral de naturaleza profesional.

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1. Prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2. Competencia de la Sala; 3. ejercicio oportuno de la acción; 4. Los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por privación injusta de libertad; 5. Valoración probatoria; 6. La responsabilidad de la Nación - Rama judicial; 7. Caso concreto; 8. Indemnización de perjuicios y 9. Procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor L. F. A. S., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que se ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(16).

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de 17 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(17).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quedó en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(18).

Ahora bien, respecto del cómputo de la caducidad en los casos en los que un sindicado diferente a quien reclama por la privación injusta de su libertad promovió el recurso extraordinario de casación, esta Subsección(19) sostuvo:

“(…) la interposición del recurso de casación impide predicar la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, independientemente de la prosperidad o no de dicho medio de impugnación.

“Ahora bien, la Sala evidencia que en la contestación de la demanda y en los alegatos de primera y de segunda instancia la Fiscalía General de la Nación sostuvo que la ejecutoria de la providencia se presentó de manera individual para el caso del procesado Waldin de Jesús Acendra Alarcón, porque el fallo absolutorio no fue apelado y solamente se impugnó la condena impuesta a los demás acusados, lo cual se tradujo en la firmeza de la sentencia de primera instancia, respecto de aquel.

“El mencionado argumento no es de recibo para la Sala por cuanto la ejecutoria de una determinada providencia no puede observarse de manera aislada e independiente para cada parte según su interés o no en recurrirla, sino que debe entenderse como una única situación procesal que involucra a todos los extremos del litigio.

“La anterior afirmación guarda sustento en pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Corporación, que en punto de la ejecutoria de las decisiones adoptadas por la jurisdicción ordinaria, en materia penal, ha expuesto consideraciones como las que a continuación se transcriben:

‘Según el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal que regía para la fecha en que se profirió la acusación en este caso (decreto 2700 de 1991), hoy artículo 187 de la Ley 600 de 2000, las decisiones judiciales quedaban y quedan ejecutoriadas, tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos dentro del término legal o, o si es el caso, una vez se resuelvan las impugnaciones o se surta el grado jurisdiccional de la consulta.

Con base en ese precepto, la jurisprudencia de esta Corte ha venido considerando pacíficamente, tratándose de la sentencia y la acusación, que independientemente de la actitud omisiva de alguna o algunas de las partes, la impugnación de una sola de ellas, difiere la ejecutoria para todos, máxime cuando tales decisiones siempre son apelables en el efecto suspensivo, mecanismo de acuerdo con el cual, por regla general, se detiene su cumplimiento y, obviamente, también se paraliza la competencia del inferior para ejecutarlo hasta cuando se decida lo pertinente por el superior funcional.

‘El legislador no prevé la posibilidad de ejecutorias parciales o fragmentarias de la resolución acusatoria respecto de los sujetos procesales que no la impugnaron, ni de quienes únicamente interponen el recurso de reposición’(20) (Se destaca).

“Con fundamento en las consideraciones que anteceden y la jurisprudencia citada como sustento, la Sala encuentra que el estudio realizado por el tribunal a quo respecto de la caducidad de la acción fue equivocado, dado que no tuvo en cuenta la decisión proferida por la Sala de Casación Penal, el 20 de septiembre de 2004(21), mediante la cual inadmitió la demanda de casación, presentada por una de las personas condenadas en el proceso penal, contra la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, circunstancia que evidentemente incidió en el fallo apelado.

“Aclarado como está en este momento que la caducidad de la acción debe contarse a partir del 21 de septiembre de 2004, advierte la Sala que la acción de reparación directa podía ser ejercida hasta el 21 de septiembre de 2006 y como ello ocurrió el 14 de agosto de ese mismo año(22), se impone concluir que se hizo de manera oportuna”.

En observancia de la jurisprudencia transcrita, la subsección considera que, en el sub lite, el término de caducidad se debe contabilizar a partir del 26 de febrero de 2002(23), fecha en que se dictó la providencia mediante la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema inadmitió la demanda de casación presentada por el señor Jesús M. Camargo Neira —condenado en el proceso penal adelantado contra el señor A. S.—, en aplicación del artículo 187(24) de la Ley 600 de 2000 (norma procesal aplicable), según la cual, la providencia que decide sobre la casación queda ejecutoriada el día que se suscribe.

Entonces, el término de caducidad inició su cómputo el 27 de febrero de 2002 y venció el 27 de febrero de 2004. Como la demanda se presentó el 26 de febrero de 2004(25), la Sala concluye que se hizo dentro del plazo de dos años que establecía el artículo 136-8 del C.C.A.

4. La legitimación en la causa por activa.

Para la Sala, el señor L. F. A. S. se encuentra legitimado para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que fue privado de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra(26). Es decir, es la víctima del daño cuya indemnización se pretende.

Igualmente, se acreditó, con el respectivo registro civil de nacimiento, que M. A. A. S. es hija del señor L. F. A. S.(27); también, se probó que los señores L. F. A. y E. M. S. de A. son los padres de la víctima directa del daño(28). De igual manera, se encuentra debidamente acreditado que los hermanos de la víctima directa son L. R., N. E., E., L. M., I. y D. A. S.(29).

Por último, se tiene que la señora M. L. S. M. es la esposa del señor L. F. A. S. (quien fue privado de la libertad), tal y como se probó con la copia del registro civil de matrimonio(30).

5. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(31) por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(32).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es respolsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esa óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

6. Las pruebas aportadas al proceso. Cuestión previa: valoración de los recortes de prensa obrantes en el proceso.

La Sala considera necesario señalar que en el expediente reposan copias de la sección de redacción judicial del periódico “Boyacá 7 Días” del 31 de diciembre de 1993, del periódico “Entérese” del 2 de enero de 1994 y del diario “El Tiempo” de 30 de diciembre de 1993, en las cuales se publicó la noticia de la detención del señor L. F. A. S.(33). En relación con la eficacia probatoria de los recortes de prensa o de periódicos, la Sala Plena de esta corporación, por medio de providencia fechada el 29 de mayo de 2012, precisó:

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(34). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(35).

“En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas ‘(…) son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘(…) son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen’(36)(37).

De conformidad con expuesto en precedencia, la Sala tendrá en cuenta los recortes de prensa obrantes en el expediente, en la medida en que sirven para probar la publicación de la noticia acerca de la detención, entre otros, del señor L. F. A. S., es decir, como prueba de la existencia misma de las reseñas periodísticas.

De igual manera, es del caso precisar que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la eficacia probatoria de las noticias de prensa depende “de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez, razón por la cual los recortes allegados se apreciarán con el conjunto de pruebas obrantes en el expediente”(38).

Así las cosas, dentro de la respectiva etapa procesal se tiene que se recaudaron, en debida forma, los siguientes medios de convicción:

6.1. Documentales.

— En relación con la privación de la libertad del señor L. F. A. S.

— Providencia del 27 de diciembre de 1993, a través de la cual la Fiscalía Diecinueve Especial de Tunja resolvió la situación jurídica, entre otros, del señor L. F. A. S., mediante la cual se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria(39).

— Resolución 3 del 6 de enero de 1994, mediante la cual al señor L. F. A. S. se le sustituyó la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria por la de libertad provisional(40).

— Providencia del 23 de febrero de 1994, mediante la cual se confirmó la medida de aseguramiento impuesta al señor L. F. A. S(41).

— Providencia del 5 de julio de 1994, por medio de la cual la Fiscalía Diecinueve Especial de Tunja calificó el mérito del sumario y acusó al señor L. F. A. S. del delito de peculado por apropiación(42).

— Providencia del 2 de febrero de 1995, mediante la cual se confirmó la resolución de acusación proferida contra el señor L. F. A. S(43).

— Sentencia del 28 de julio de 2000, proferida por el Juzgado Primero Penal de Circuito de Tunja, por medio de la cual se absolvió al señor L. F. A. S. por el delito de peculado por apropiación(44).

— Sentencia del 16 de febrero de 2001, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, por medio de la cual se confirmó la sentencia mencionada de manera precedente, en lo que tiene que ver con la absolución del aquí demandante, puesto que ese punto no fue objeto de apelación(45).

— Auto de 26 de febrero de 2002, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual se inadmitió la demanda de casación presentada por el señor Jesús M. Camargo Neira(46).

— Certificación emitida por la Seccional de Tunja de la Administración Judicial, según la cual la sentencia del 28 de julio de 2000, proferida por el Juzgado Primero Penal de Circuito de Tunja, mediante la cual se absolvió al aquí demandante cobró ejecutoria el 26 de febrero de 2002(47).

6.2. Testimoniales.

— Testimonios de los señores H. M.(48), J. H. R. T.(49) y L. H. H. M.(50).

6.3. En relación con otras pruebas documentales.

— Certificación expedida por la Alcaldía Mayor de Tunja en la que se indicó que el señor L. F. A. S. desempeñó el cargo de Asesor Jurídico del municipio de Tunja del 10 de junio de 1988 hasta el 22 de mayo de 1989(51).

— Certificación expedida por la Alcaldía Mayor de Tunja en la que se indicó que el señor L. F. A. S. desempeñó el cargo de Secretario de bienestar Social del municipio de Tunja del 10 de junio de 1988 hasta el 22 de mayo de 1989(52).

— Certificación expedida por el contador público J. R. G. M. en la que se indicó que el señor L. F. A. S. “durante el año 1993 percibió ingresos por un valor de CINCO MILLONES ($ 5’000.000, 00); por concepto de honorarios como abogado en la oficina ubicada en el edificio CAMOL de la ciudad de Tunja”(53).

— Copia del Decreto 2 de 24 de enero de 1994, mediante el cual la alcaldía mayor de Tunja aceptó “la renuncia presentada por el Doctor Luis Felipe Araque Soto del cargo de Concejal del municipio de Tunja elegido durante el período de 1992 a 1994”(54).

— Certificación de 4 de enero de 2007, expedida por la secretaría general del Concejo Municipal de Tunja en la que se advierte que el señor L. F. A. S. “se desempeñó como concejal hasta el 24 de enero de 1994, igualmente me permito manifestar a usted que en la Corporación no reposa[n] constancias de pago por ningún concepto al mencionado señor”(55).

— Acta General de Escrutinio del municipio de Tunja, correspondiente a las elecciones realizadas el 11 de marzo de 1990, las cuales tuvieron por objetivo la elección de “corporaciones públicas, alcalde y consulta popular”, en la que se observa que el señor L. F. A. S. fue elegido para elección popular para el cargo de concejal de Tunja(56).

— Acta General de Escrutinio del municipio de Tunja, correspondiente a las elecciones realizadas el 8 de marzo de 1992, las cuales tuvieron por objetivo la elección de “corporaciones públicas, alcalde y consulta popular”, en la que se observa que el señor L. F. A. S. fue elegido para elección popular para el cargo de concejal de Tunja(57).

7. La responsabilidad de la Rama Judicial en el presente caso.

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión exoneró de responsabilidad a la Nación – Rama Judicial, sin embargo, este punto no fue objeto de apelación, por lo cual la Sala se abstendrá de hacer cualquier análisis respecto de la responsabilidad de esa entidad.

8. Caso concreto.

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el señor L. F. S. Arque fue procesado penalmente, por el delito de peculado por apropiación.

En el curso de la investigación contra el aquí demandante, la autoridad judicial impuso medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria y se profirió acusación por el delito de peculado por apropiación.

Del estudio de las piezas procesales correspondientes a la actuación penal, particularmente las decisiones interlocutorias que afectaron la libertad del sindicado, la Sala encuentra que en el transcurso del proceso, el señor L. F. A. S. fue privado de su libertad; sin embargo, la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja fue de carácter absolutoria por atipicidad de la conducta:

“Bien lo señalaba la Fiscalía cuando afirma en su providencia clasificatoria, que aquí no se cuestiona ni la aprobación del presupuestos, en el acuerdo de ordenación de gastos, instrumentos jurídicos que incluyeron la partida de las famosas ayudas educativas, por la potísima razón que tales actuaciones se presentaron con anterioridad al 4 de julio de 1991 cuando no había entrado en vigencia la prohibición de los llamados auxilios (Art. 355 de la carta política del año citado). Pero por el contrario, lo relacionado con la ejecución de ese presupuesto, dicho de otra manera lo relacionado con el pago de los diferentes auxilios o ayudas educativas, si lo encuentra cuestionado penalmente la Fiscalía, por la mismo a razón, a decir porque esos pagos se realizaron cuando ya existía la prohibición.

“Como podemos darnos cuenta este es el punto importante y fundamental a debatir, porque de ser así la conducta de los procesados, aquí acusados, se subsumirá en el ilícito contra la administración pública; o de lo contrario, de permitirse la erogación de las ayudas educativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el presupuesto y el ordenador del gasto, los comportamientos resultarían atípicos.

“Si miramos con atención la carta política en su Art. 355, nos damos cuenta en el inc. 1º que la prohibición para las ramas del poder público constituye un mandato hacia el futuro, pues de la simple lectura del texto se advierte tal conclusión, cuando se dice ‘Ninguna de las ramas u órganos del poder público PODRÁ decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado (...)’. Lo anterior nos permite afirmar, que razón le asiste al señor fiscal cuando en la resolución de acusación no hace objeción alguna a la inclusión de tales partidas en el presupuesto para el año fiscal de 1991, y que fuera aprobado por el acuerdo del Concejo Municipal en diciembre de 1990. Pero queda la incertidumbre de si las ayudas educativas, aquí cuestionadas, y que fueron aprobadas y acordadas antes de la vigencia de la actual Constitución política, podrían o no ser pagadas después del 4 de julio del año 1991.

“Frente a tal inquietud, la Corte Suprema de Justicia en providencia del 1º de marzo de 1996, (...), al resolver un caso similar al que nos ocupa, y trayendo a colación jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional expuso: ‘(...) De otro lado, debe advertirse que aunque la mayoría de los auxilios educativos aquí investigados se pagaron después de haber comenzado a regir la propia Constitución del 91, tal situación no conlleva ilicitud, porque el propio legislador en el Art. 5º transitorio de la Ley 5ª de 1992, interpretó el Art 335 (sic) de la nueva carta política para aclarar que los auxilios decretados con anterioridad a su vigencia podían ejecutarse y pagarse conforme a la normatividad preexistente y tal interpretación fue hallada exequible por la Corte Constitucional (...)’

“(...) a esa interpretación se refirió la Corte Suprema de Justicia en la providencia que ya mencionamos de fecha 1º de marzo de 1996. por ende nada diferente puede concluir este despacho a afirmar, que con relación a las ayudas educativas cuestionadas en el proceso cuyo pago se efectuó luego del 4 de julio de 1991, su ejecución se hizo en forma lícita, así fue el querer de la Asamblea Nacional Constituyente, como se deduce la jurisprudencia, cuyos apartes hemos trascrito anteriormente de la Corte Constitucional (Sentencia C-025-de 1993).

“Así las cosas la conducta de los aquí acusados, L. F. A. S., (...) resulta atípica frente al delito de peculado por apropiación por el cual se les profirió resolución de acusación, porque es que además debe señalarse que conforme a la prueba allegada al proceso, las ayudas educativas (auxilios) llegaron a sus destinatarios, en este voluminoso expediente se encuentran en los cuadernos anexos los soportes documentales y contables que respaldan esta afirmación.

“Deberá entonces en cuanto a este proceso se refiere, proferir sentencia absolutoria en favor de los acusados antes mencionados, pues de ninguna manera encontramos reunidos los requisitos de que trata el artículo 247 del C. de P.P. para proferir fallo condenatorio, pues reiteramos la conducta de los procesados no constituye infracción a la ley penal”.

Con fundamento en lo anterior es dable concluir que el ahora demandante no se encontraba en la obligación de soportar la medida de aseguramiento de detención preventiva, dado que el proceso concluyó por atipicidad de la conducta a él endilgada.

En esas condiciones, a juicio de la Sala, el presente asunto debe decidirse bajo el régimen de responsabilidad objetiva, que se aplica a los casos de privación injusta de la libertad, régimen que, como se explicó, implica, entre otras cosas, que cuando se establece que la conducta punible investigada fue atípica, tal y como ocurrió en este caso, el juez debe verificar exclusivamente que la actuación de la Administración haya sido la causante del daño antijurídico, en razón de que quien lo padeció no estaba en el deber jurídico de soportarlo, siempre que no opere alguna causal de exoneración de responsabilidad.

Ciertamente, en este caso quedó probado que el señor L. F. A. S. fue privado injustamente de la libertad, con ocasión de la detención preventiva impuesta por la Fiscalía General de la Nación, situación que le generó un daño antijurídico que no se encontraba en la obligación de soportar, pues finalmente se demostró que su conducta fue atípica y no se configuró el delito de peculado por apropiación, que le fue imputado.

En cuanto al periodo de privación de la libertad del señor L. F. A. S., es pertinente señalar que si bien no se tiene prueba de la fecha en la cual se hizo efectiva la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, en la demanda se afirma que fue el 31 de diciembre de 1993, esta información aunada a los recortes de prensa obrantes en el expediente, especialmente el recorte de prensa del diario “El Tiempo” del 30 de diciembre de 1993(58), en el que se señaló que el demandante fue sometido a detención domiciliaria, permite a la Sala concluir que la aprehensión del demandante efectivamente se hizo entre el 30 y 31 de diciembre de 1993, por lo que el término de privación de la libertad se contabilizará a partir del 31 de diciembre de 1993.

Respecto de la fecha en la cual el señor L. F. A. S. recobró su libertad, se encuentra acreditado que en providencia del 6 de enero de 1994 se le sustituyó la medida de detención domiciliaria por la de libertad provisional, por lo que en el presente asunto, la fecha de privación de la libertad corrió del 31 de diciembre de 1993 al 6 de febrero de 1994.

Adicionalmente, conviene decir que de la lectura del fallo penal de primera instancia —transcrito con anterioridad— en el que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, luego del estudio de los elementos probatorios obrantes en el expediente, concluyó que el señor L. F. A. S. actuó de manera lícita, esto es, de conformidad con lo señalado por el artículo 5º transitorio de la Ley 5 de 1992 que permitía ejecutar y cancelar las ayudas o auxilios educativos decretados con anterioridad de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.

Así las cosas, la Sala estima que en el presente caso no es viable eximir de responsabilidad a la entidad pública demandada por la configuración de una culpa exclusiva de la víctima, por cuanto no se probó que el señor L. F. A. S. hubiese actuado con dolo o culpa grave, por cuya conducta diera lugar al proceso penal en su contra y a la medida restrictiva del derecho a la libertad.

Según lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia, en el sentido de condenar a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor L. F. A. S.

9. Sobre la inexistencia de una restricción jurídica de la libertad.

En el recurso de apelación la parte actora solicitó se reconozcan los perjuicios ocasionados a los demandantes, no solo por la privación física de la libertad del señor L. F. A. S., sino también por la privación jurídica de la que fue objeto, dado que estuvo vinculado al proceso penal durante un período mayor a 8 años.

Al respecto, ha de decirse que el proceso penal llevado a cabo en contra del señor L. F. A. S. no significó per se la configuración de una privación jurídica en su contra, habida cuenta de que no se encontró debidamente acreditado en el plenario que tal hecho haya vulnerado de alguna forma su libertad de locomoción u otro derecho.

Dadas esas circunstancias para la Sala es forzoso concluir que el demandante no fue objeto de la denominada “privación jurídica”, por lo que bajo ese precepto no se le reconocerá indemnización alguna(59).

De ahí que resulte claro que el demandante no cumplió con la carga de la prueba en relación con la privación jurídica de la que supuestamente fue objeto(60) y que le correspondía para demostrar los supuestos de hecho de los que pretendía derivar las consecuencias jurídicas de sus pretensiones, por tanto, como atrás se indicó, debe asumir las consecuencias procesales que ello implica, dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”(61).

10. Indemnización de perjuicios.

Dado que la indemnización por concepto de perjuicios morales que reconoció el tribunal a quo a favor de los actores fue objeto de reparo por la parte demandante y la entidad demandada, y los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante fue un aspecto apelado por la parte actora, la Sala entrará a analizar estos dos aspectos.

10.1. M.

En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesaba su familiar.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014(62).

Al respecto cabe agregar que en virtud de las diferencias existentes entre la privación física, domiciliaria y la restricción jurídica de la libertad, esta Subsección, sostuvo que la indemnización de perjuicios morales a quienes fueron objeto de una privación tanto domiciliaria como jurídica, en términos pecuniarios, no puede ser idéntica a la que se le reconoce a quienes sí padecieron una restricción física de su libertad en un centro de reclusión y por ello consideró razonable reducir el quantum indemnizatorio en un 30% frente a la detención domiciliaria (63) y en un 50% respecto de la privación jurídica(64).

En esta línea, resulta relevante señalar que la Sala ha determinado que en los casos en los que concurran diferentes medidas preventivas, como lo son la privación física de la libertad, la detención domiciliaria o la libertad provisional durante el período de tiempo en que se haya producido la privación injusta de la libertad, se deberá cuantificar de manera separada cada lapso, esto, con el fin de determinar de manera exacta la indemnización que corresponda a cada víctima por concepto de perjuicios morales.

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (arts. 13 y 209 C.P.), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Con fundamento en lo anterior, y con base en lo dispuesto en la jurisprudencia de esta corporación, habida cuenta de que el señor L. F. A. S. estuvo privado de su libertad por 7 días, le corresponde una indemnización equivalente a 15 SMLMV monto que, de acuerdo con lo expuesto en precedencia respecto de la tasación derivada de la privación de la libertad en detención domiciliaria, se reduce en un 30%, para un monto de 4.5 SMLMV.

Respecto de los perjuicios morales solicitados por la cónyuge del señor A. S., su hija, sus hermanos y sus padres, de igual manera se reducirán en un 30%, por lo que la Sala reconocerá como tal concepto el equivalente a 4.5 SMLMV, para cada uno de ellos, a M. A. A. S., en su calidad de hija de la víctima directa, a E. M. S. de A. y L. F. A. en su calidad de padres y a M. L. S. M., en su calidad de cónyuge.

Por su parte, a los señores L. R. A. S., I. A. S., E. A. S., N. E. A. S., L. M. A. S. y D. A. S., en su calidad de hermanos de L. F. A. S., se les reconocerá la suma de 2.25 SMLMV, para cada uno de ellos.

10.2. Perjuicios materiales.

El Tribunal Administrativo de primera instancia, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, reconoció a favor del señor L. F. A. S. la suma de $ 504.804. La parta actora en su recurso de apelación solicitó que se le reconocieran los honorarios de concejal dejados de percibir durante las sesiones de 1994 y que para tasar el valor del lucro cesante, se valoraran, tanto la certificación realizada por un contador público, como los testimonios obrantes en el expediente.

En cuanto a la valoración probatoria de las certificaciones expedidas por contadores públicos, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que:

“De lo anterior se desprende que (i) los contadores públicos debidamente inscritos (ii) están facultados para dar fe pública de los hechos propios del ámbito de su profesión. Siendo así, esos profesionales (iii) pueden, entre otras, certificar sobre los estados financieros y expedir certificaciones con base en los libros contables. Con todo, esa certificación no es suficiente por sí misma para que el juez le otorgue plenos efectos probatorios, toda vez que, en cada caso, deberán indicarse o aportarse los respaldos que sirvieron de fundamento de la certificación extendida.

“Efectivamente, las certificaciones de los contadores públicos sobre el estado contable de los comerciantes deberán apoyarse, entre otros, en los estados financieros o los libros contables”(65).

De conformidad con lo expuesto y revisada la certificación expedida por el contador público J. R. G. M., es claro que esta no cumple con los requisitos necesarios para que, en el presente asunto, se le pueda otorgar plenos efectos probatorios, puesto que no viene acompañada de los documentos idóneos que permitan acreditar los ingresos y egresos del señor L. F. A. S.

En cuanto a la solicitud de los honorarios que el señor A. S. hubiera recibido en su calidad de concejal de Tunja, de las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que este fue elegido como concejal del municipio de Tunja para el período de 1992 - 1994 y que mediante Decreto 2 de 24 de enero de 1994, la Alcaldía Mayor de Tunja, le aceptó la renuncia al cargo de elección popular.

De igual manera, obra en el plenario una certificación de 4 de enero de 2007, expedida por la Secretaría General del Concejo Municipal de Tunja en la que se indicó que al señor L. F. A. S. no se le realizó ningún pago por concepto de honorarios en su calidad de concejal; y en cuanto a las razones de la renuncia de la víctima directa a su cargo de concejal del municipio de Tunja, se tiene que los testimonios de los señores H. M., J. H. R. T. y L. H. H. M. coinciden al indicar que se debió a la privación de la libertad que sufrió el demandante.

Ahora bien, en el presente asunto es claro que el señor A. S. estuvo privado de la libertad entre el 31 de diciembre de 1993 y 6 de enero de 1994, aunado a esto se tiene que la Ley 136 de 1994 estableció que a los concejales de las entidades territoriales se les reconocerían honorarios a partir del número de sesiones ordinarias y extraordinarias que realice el concejo y la clasificación que tenga el municipio y, que estos se causarían a partir del 1º de enero de 1994, por lo que en principio podría concluirse que debían reconocerse dichos honorarios, sin embargo, no obra prueba alguna en el expediente de que el concejo municipal de Tunja hubiere sesionado en las fechas durante las cuales el demandante estuvo vinculado a dicha entidad.

En cuanto a la certificación expedida por la secretaría general del Concejo Municipal de Tunja advirtiendo que “no reposa[n] constancias de pago por ningún concepto al mencionado señor”, es del caso insistir que los honorarios a los concejales municipales se empezaron a reconocer a partir del 1º de enero de 1994, de conformidad con lo señalado por la Ley 136 de 1994 y se reitera— dado que en el expediente no existe prueba de que el Concejo Municipal de Tunja sesionó entre el 1º y el 6 de enero de dicho año, es dable concluir que no se causaron honorarios a favor del demandante.

Respecto a los testimonios en los que se relató que el señor A. S. renunció como consecuencia del proceso penal que cursaba en su contra, se advierte que estos parten de apreciaciones subjetivas de los testigos, a las que no se les puede dar pleno valor probatorio al no venir respaldados por otro elementos de juicio que permitan a la Sala arribar a la certeza de que su renuncia fue consecuencia directa de la privación de la libertad que sufrió el demandante.

Ahora bien, en cuanto a los períodos de sesiones de 1º de marzo al 30 de abril, de 1º de junio a 31 de julio y de 1º de octubre a 30 de noviembre reclamados en el recurso de apelación, se reitera que durante estos no estuvo privado de la libertad física, ni jurídicamente, por lo que hubiera podido ejercer las funciones de su cargo, si de manera voluntaria no hubiere renunciado y, dado que no obra prueba en el expediente de que la renuncia le haya sido solicitada como consecuencia del proceso penal que cursaba en su contra, es dable concluir que no pueden ser reconocidos los honorarios de dichos períodos.

Por otro lado, en relación con los testimonios de los señores H. M., J. H. R. T. y L. H. H. M., si bien de los mismos es posible desprender que el señor L. F. A. S. derivaba el sustento suyo y de su familia de su actividad de abogado litigante, de ellos no es dable tener certeza del ingreso mensual que percibía la víctima del daño por el ejercicio de su profesión liberal.

No obstante lo anterior, la Sala presume que, al menos, el ejercicio de la abogacía le reportaba un ingreso superior a un salario mínimo legal mensual vigente, puesto que se trataba de una actividad laboral de naturaleza profesional.

Con el fin de liquidar la indemnización del lucro cesante, la Sala tomará el ingreso promedio que el Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA, en su “Boletín de tendencia de las ocupaciones a nivel nacional y regional 2do trimestre 2015”(66), estimó que devengaba una persona de nivel profesional en el mercado laboral colombiano. Este documento señaló que las personas de ese nivel de formación en Colombia devengaban en promedio $ 2’072.717 mensuales.

Ahora, dado que la cifra de $ 2.072.717 corresponde al 2015 y el demandante fue privado de la libertad en 1994, es pertinente aplicar la siguiente fórmula con el objeto de establecer la equivalencia de esa cantidad de dinero para el año en que ocurrieron los hechos(67):

Vh = Vp Índice Inicial

Índice Final

Donde:

— Vh: valor histórico por despejar (salario de un profesional en 1994)

— Vp: valor presente (salario de un profesional en 2015: $ 2.072.717)

— Índice inicial: índice de precios al consumidor a enero de 1994 (fecha en que el demandante fue privado de la libertad).

— Índice final: índice de precios al consumidor a junio de 2015 (fecha del Boletín elaborado por el SENA).

Aplicando la fórmula:

Vh = $ 2.072.717 22,00035

122,08236

Vh = $ 373.522.43

En atención a la anterior operación aritmética, se deduce que el señor L. F. A. S. tenía, para la época de la privación de la libertad (enero de 1994), un ingreso mensual de, por lo menos, $ 373.522, cifra que será tenida en cuenta para liquidar la indemnización de su lucro cesante, así:

Ingresos de la víctima al momento de su detención: $ 373.522.43

Período a indemnizar: 0.23 meses

Actualización de la base: 

RA = VH Ind. final julio de 2017 (137.80022)

ind inicial enero de 1994 (22.00035)

RA = $ 2.339.575 que por ser superior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2017, será el valor base con el que se realizara la liquidación. En este caso no se reconocerá el lapso de tiempo que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a una actividad laboral, esto es, 8.75 meses, pues, como ya se ha dicho en esta providencia, el actor trabajaba como independiente, lo que significa o al menos hace suponer que continuó laborando una vez se le otorgó la libertad.

A su vez, tampoco se reconocerá el incremento un 25%, por concepto de prestaciones sociales, toda vez que dentro del proceso se encuentra acreditado que el señor L. F. A. S. realizaba su actividad laboral de abogado litigante de manera independiente, por lo que de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación dicho reconocimiento resulta improcedente(68).

S = Ra x (1+ i)n - 1

i

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = $ 2’339.575

N = Número de meses que comprende el período indemnizable

I = Interés puro o técnico: 0.004867

Así las cosas, la liquidación de L. F. A. S. corresponde a la siguiente:

S = $ 2’339.575 { (1 + 0.004867)0.23 1 }

0.004867

S = $ 537.096

Ahora bien, sería del caso reconocer al demandante la suma de $ 537.096 por haber estado privado de la libertad durante 7 días, sin embargo, la condena ha de reducirse en un 30% dado que su detención fue domiciliaría, por lo cual el monto de la indemnización para la víctima directa será de $ 375.968.

11. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 17 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, cuya parte resolutiva quedará así:

— Primero. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor L. F. A. S.

— Segundo. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas en favor de cada uno de los demandantes:

— En favor del señor L. F. A. S., víctima directa, la suma equivalente a 4.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— En favor de las señoras M. A. A. S. y M. L. S. M., hija y esposa del señor L. F. A. S., respectivamente, la suma equivalente a 4.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

— En favor de los señores L. F. A. y E. M. S. de A., en su calidad de padres del señor L. F. A. S., la suma equivalente a 4.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

— En favor de los señores L. R. A. S., I. A. S., E. A. S., N. E. A. S., L. M. A. S. y D. A. S., la suma equivalente a 2.25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

— Tercero. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor L. F. A. S., por concepto de perjuicios materiales bajo la modalidad de lucro cesante, la suma de trescientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y ocho pesos ($ 375.968) m/cte.

— Cuarto: Sin condena en costas.

— Quinto: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

— Sexto: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando dentro del proceso.

2. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

16 De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en sesión del 25 de abril de 2013, según acta 10.

17 Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo G.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de febrero de 2002. Exp. 13.622 M.P. M. Elena Giraldo G., reiterada en sentencia de la Sección Tercera Subsección A, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 11 de agosto de 2011, exp. 21.801. M.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub Sección A, Auto de 19 de julio de 2010 exp. 37410 M.P. Mauricio Fajardo G.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, radicación número: 25000-23-26-000-2006-01808-01 (43874).

20 Cita del original: “Providencia del 28 de febrero de 2003. Magistrado Ponente Sigifredo Espinosa Pérez. Proceso 24783”.

21 Cita del original: “Documento que obra en copia simple a folios 1084 a 1100 del cuaderno 3”.

22 Cita del original: “Ver folio 12 vuelto del cuaderno principal”.

23 Fls. 307 – 317, cdno. 1.

24 “ART. 187—Ejecutoria de las providencias. ‘Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su artículo 528’ Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.
Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión” (se destaca).

25 Fl. 331 reverso, cdno.1.

26 Fls. 16 – 317, cdno 1.

27 Fl. 11, cdno. 1.

28 Tal y como consta en el certificado del registro civil de nacimiento del señor L. F. A. S. (fl. 339, cdno. 1).

29 Fls. 12 - 14, 338, 340, cdno. 1

30 Fl. 332, cdno. 1.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 17 de octubre de 2013. Exp. 23.354. M.P. Mauricio Fajardo G..

32 Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168 y sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463. M.P. Mauricio Fajardo G., reiteradas en la sentencia del 26 de mayo de 2011, exp 20.299 de la misma Subsección, entre muchas otras.

33 Fls. 435, 477 - 480, 483 cdno. 1.

34 Original de la cita: “Esta Corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener ‘(…) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido’. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia de 27 de junio de 1996, rad. 9255, C. P. Carlos A. Orjuela G.; sentencia de 15 de junio de 2000, exp. 13.338, C. P. R. Hoyos Duque; sentencia de 10 de noviembre de 2000, rad. 18298, actor: Renata M. Guadalupe Lozano, C. P. R. Hoyos Duque, y sentencia del 16 de enero de 2001, aad. ACU-1753, C. P. Reinaldo Chavarro; sentencia de 25 de enero de 2001, rad. 3122, C. P. Alberto Arango Mantilla; sentencia de 6 de junio de 2002, rad. 739-01, C. P. Alberto Arango Mantilla”.

35 Original de la cita: “En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre diez de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, expuso una tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso sólo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación”.

36 Original de la cita: Sentencia de 6 de junio de 2007, expediente AP-00029, M. P. M. Elena Giraldo G.. Sección Tercera.

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 29 de mayo de 2012, exp. 11001031500020110-1378-00, M.P. Susana Buitrago Valencia.

38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Exp: 73001-23-31-000-2002-01402-01(30875)

39 Fls. 16 - sin foliar cdno. 1.

40 Fls. 33 - 35 cdno. 1.

41 Fls. 23 - 32 cdno. 1.

42 Fls. 36 - 57 cdno. 1.

43 Fls. 58- 87 cdno. 1.

44 Fls. 88 - 237 cdno. 1.

45 Fls 239 - 306 cdno. 1.

46 Fl. 307 - 3015 cdno. 1.

47 Fl. 317 cdno. 1.

48 “Preguntado: Informe al Despacho para la época en que se produjo la medida año 1993, aparte de la actividad como concejal de Tunja, a qué otras actividades se dedicaba el señor L. F. A. S. Contestó: Además de la actividad política desempeñada como concejal, como abogado litigante recuerdo bien que en el ejercicio de su profesión prestaba asesorías como abogado externo entre otras, de la entonces Caja Popular Cooperativa de la cual era abogado principal porque era el representante de esa entidad en el Concejo Municipal de Tunja, igualmente abogado externo de la entonces Caja de Crédito Agrario, una Fiduprevisora Suramericana de Seguros y el ejercicio propio de la oficina de abogado litigante. (...) Preguntado. Informe al Despacho para qué periodo constitucional fue elegido el señor A. S. y si tiene conocimiento si terminó el periodo correspondiente, además de la asignación que recibía por tal concepto. Contestó. Él fue elegido en dos periodos como concejal de la ciudad año 1990 a 1992, y el segundo periodo de 1992 a 1994, éste segundo periodo lo interrumpió en su terminación, creo que por el año 1994, a raíz de la medida de aseguramiento, renunció como concejal para no entorpecer las labores del concejo y permitir que ingresara su segundo renglón que era Marcos Niña Faracica. Para esos entonces la ley no otorgaba honorario alguno por la calidad de concejal, puesto que era ad honores (sic). Preguntado. Informe al Despacho si conoció aproximadamente el monto de los ingresos percibidos mensualmente por el señor A. S. y si sabe cómo distribuía él sus ingresos. Contestó. Como quiera que era un conocido y prestante abogado tenía ingresos importantes (...) recuerdo muy bien que no eran inferiores a un millón de pesos mensuales, para la época, (...), los distribuía en su recientemente creado hogar, adquirió una obligación hipotecaria, (...), más los gastos propios de la oficina particular, le colaboraba a sus padres, a sus hermanos y dos hijos de un anterior matrimonio que estudiaban bachillerato. Preguntado. A qué grado logró la medida y el consecuente proceso penal afectar esa pretensión o aspiración (política) del doctor A. Contestó. Fue tan dramática la medida tomada por la Fiscalía y tan publicitada que esta decisión se publicó por absolutamente todos los medios de comunicación habidos y por haber, prensa escrita, radial, y televisiva del orden nacional y local, por supuesto eso terminó con la vida pública del doctor A., primero porque la medida producía una inhabilidad, y segundo, porque ante la opinión pública de Tunja especialmente se le sindicaba de haberse apropiado de unos dineros que consideraron delito el entregar unas becas a unos estudiantes. Se le acabó su vida” (se subraya). Fls. 461-463, 467 cdno. 1.

49 “Preguntado. Informe al despacho si sabe para qué periodo constitucional fue elegido el señor A. S. y si tiene conocimiento si éste terminó el periodo correspondiente. Contestó. Creo si mal no recuerdo, que fue elegido para el periodo 1990 a 1992, y si no me traiciona la memoria, creo que no terminó el periodo a raíz de la denuncia penal del adelantamiento del proceso y simultáneamente de la medida restrictiva de la libertad (...) Preguntado. Informe al Despacho si conoció aproximadamente el monto de los ingresos percibidos mensualmente por el señor A. S. y si sabe cómo distribuía él sus ingresos. Contestó. pues exactamente no recuerdo cuántos eran sus ingresos, pero lo que sí tengo que decir es que él primero sostenía una oficina en el edificio Camol de Tunja, si mal no recuerdo la 604, para esa oportunidad, y para el sostenimiento de su familia, para su esposa y sus hijos. (...) Preguntado. A qué grado logró la medida de aseguramiento y el consecuente proceso penal afectar esa pretensión o aspiración (política) del doctor A. Contestó. Si de alguna manera tuvo que afectarlo claro porque para lograr la designación de la candidatura se revisan en (sic) sus antecedentes, a pesar de no haber sido condenado, pero son unos hechos que lo marginaron desde el punto de visto ético y de credibilidad frente a la comunidad”. Fls 464 - 466 cdno. 1.

50 “Preguntado. Informe al despacho si conoció aproximadamente el monto de los ingresos percibidos mensualmente por el señor A. S. y si sabe cómo distribuía él sus ingresos. Contestó. Estimo que los ingresos que tenía el doctor A. no eran inferiores, por esa época, a un millón de pesos, podían ser superiores, (...) Preguntado. Informe al despacho si sabe para qué periodo constitucional fue elegido el señor A. S. y si tiene conocimiento si éste terminó el periodo correspondiente. Contestó. Él fue elegido creo que en dos periodos, de 1990 a 1992, que fue cuando se presentó el problema, y de 1993 a 1994, no terminó el último año, es decir 1994, estaba afectado psicológicamente con esa situación y no le daban deseos de terminar su periodo por esas circunstancias que le afectaban y era objeto aquí en Tunja de situaciones donde denigraban del señor A. S. por el problema judicial que tenía (...)”. Fls. 469 -471, cdno. 1.

51 Fl. 318, cdno. 1.

52 Fl. 319, cdno. 1.

53 Fl. 320, cdno. 1.

54 Fl. 439, cdno. 1.

55 Fl. 440, cdno. 1.

56 Fls. 443 – 453, cdno. 1.

57 Fls. 454 – 455, cdno. 1.

58 Fl. 483, cdno. 1.

59 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de agosto de 2017. Exp: 41001-23-31-000-2004-00449 (41.716).

60 De manera más detallada el tratadista Devis Echandía expone lo siguiente: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1º) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2º) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones.” Devis Echandía, H.. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: ‘carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables” Ídem pág. 406.

61 Sobre la carga de la prueba, la Subsección se ha pronunciado de forma similar, véase, por ejemplo, sentencia del 9 de junio de 2016, exp. 31.716, M.P.: Hernán Andrade Rincón (E) y sentencia del 30 de marzo de 2016, exp. 38.044. M.P.: Hernán Andrade Rincón.

62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente: 36.149, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón (E).

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente: 34.554, Radicación: 25000-23-26-000-2005-02453-01, Actor: Servando Pardo Reyes y otros, Demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación.

64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1º de agosto de 2016, expediente 39.747, Magistrado Ponerte: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 5 de diciembre de 2016, expediente: 35704, Magistrado Ponente: Ramiro Pazos Guerrero.

66 http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/boletin_tendencia_2015_trim2.pdf Visitado el 22 de agosto de 2016.

67 El razonamiento y los cálculos aquí utilizados para fijar la indemnización del lucro cesante ya fueron utilizados por esta Subsección, a través de la sentencia fechada el 25 de mayo de 2016, dentro del expediente 76001-23-31-000-2003-02986-01 (38.991), Magistrado Ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera.

68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A. Sentencia del 3 de agosto de 2017. Exp. 25000-23-26-000-2011-00994-01 (51017).