Sentencia 2004-00732 de junio 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 52001-23-31-000-2004-00732-01 (33658)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: María Gladys Castillo Quiñonez y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D. C., doce de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado(4), procede la subsección a resolver el asunto sometido a su consideración de acuerdo con el siguiente esquema: 1) La legitimación en la causa por activa; y 2) La condena en costas.

1. De la legitimación en la causa por activa.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo pues “es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(5). La “legitimación de hecho” se refiere a la relación procesal que surge entre demandante y demandado desde el momento mismo en que se traba la litis con la notificación del auto admisorio de la demanda, mientras que la “legitimación material” hace referencia a la participación real de una persona en el hecho considerado dañoso por quien interpone la demanda.

En efecto, esta corporación ha sostenido que la legitimación en la causa

“No es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”(6) (resaltado fuera de texto).

La “legitimación de hecho” en la causa es entonces, la calidad que le permite a una persona que hace parte de una relación jurídica, formular demandas u oponerse a las pretensiones que en su contra se formulen. Supone, por lo tanto, establecer que quien demanda tiene la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso, que no la procedencia de las pretensiones incoadas, de tal suerte que la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial, sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso.

En el sub lite, respecto del joven Sandro Castillo, quien murió estando privado de la libertad, se presentaron a reclamar su madre y nueve (9) hermanos, aun cuando en el proceso solo fueron aportados en primera instancia (y de manera extemporánea)(7) los registros civiles de nacimiento de tres (3) de ellos, y en segunda instancia (y también extemporáneamente) el del occiso(8), por lo que esta subsección no puede darles valor probatorio alguno.

En efecto, ante la ausencia de las pruebas indispensables para acreditar la condición en que dijeron actuar en el proceso, se confirmará la sentencia apelada en cuanto no existe legitimación en la causa por activa de los demandantes, puesto que el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, y a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1260 de 1970 la única prueba válida para acreditar la filiación es el registro civil de nacimiento ya que conforme al artículo 105, los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos.

En el sub lite, el apoderado de la parte actora solicitó oficiar al señor Registrador del Estado Civil de Villagarzón (Putumayo), a fin de que se sirviera expedir copia de los registros civiles de los demandantes y del occiso (fl. 10 cdno. ppal.).

El 9 de diciembre de 2004, el Tribunal ofició a dicho registrador solicitando los documentos requeridos (fl. 68 del cdno. ppal.), quien respondió el 18 de enero de 2005 indicando que “no se encontraron los registros de nacimiento a nombre de Sandro, Cindy Marcela, Brayan Fernando, Andrés Felipe, José Luis, Enrique, Viviana Patricia y Lucy Elenma (sic) Castillo Palomares”.

Una vez el Tribunal de conocimiento negó las pretensiones de la demanda por encontrar configurada la falta de legitimación en la causa por activa, el actor apeló indicando que en su respuesta, el registrador olvidó indicar que “la Registraduría Nacional del Estado Civil de Villagarzón, en el decurso del trámite procesal fue objeto de una violenta conflagración que destruyó casi la totalidad de los documentos sobre el estado civil que allí obraban, incinerándose muy seguramente los de mis representados” (sin aportar prueba de su dicho), concluyendo que exigir en el caso concreto los registros civiles incinerados imponía un requerimiento imposible de cumplir.

No obstante lo anterior, el 16 de mayo de 2007 cuando ya se había vencido el término concedido a las partes para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia, el apoderado de la actora arrimó copia del registro civil de nacimiento de la víctima expedido en Puerto Guzmán (Putumayo) disculpando su tardanza en la culpa del registrador de tal municipio por cuanto “siempre había manifestado que no reposaba en sus archivos”.

En este orden de ideas se tiene que la parte demandante no cumplió con las obligaciones contenidas en el artículo 1757 del Código Civil, de acuerdo con el cual, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso —de manera regular y oportuna— la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y la respectivas consecuencias(9).

En este orden de ideas, al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, inexcipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (C.C., art. 1757) como en la procesal civil colombiana (CPC, art. 177), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

Lo anterior, con independencia de que esta corporación haya aceptado que la persona que no acredite formalmente este parentesco puede ser indemnizada como tercero damnificado, por considerar que lo relevante es haber sufrido el perjuicio y no la condición de heredera(10) pues “para las acciones de reparación directa consagradas en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la legitimación en la causa del demandante depende de la condición de damnificado que aparezca procesalmente probada; lo anterior significa que el parentesco no legitima por sí mismo; lo que ocurre es que tanto el parentesco, dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vínculo matrimonial, hacen presumir tal condición, y por consiguiente, la legitimación(11) (resaltado fuera de texto).

En efecto, la Sala ha sostenido que:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de esta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vinculo paren tal que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el solo hecho del parentesco.

Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(12) (resaltado fuera de texto).

Así pues, madre y hermanos pudieron haber demandado como terceros interesados para que les fueran reconocidos perjuicios como damnificados con la muerte de su familiar, y probar los perjuicios en tales condiciones, lo que no ocurrió en el sub judice tal y como lo sostuvo el a quo.

2. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: RECONOCER al doctor Julio César Castro Amórtegui, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79'128.374 de Bogotá, abogado titulado portador de la tarjeta profesional Nº. 75751 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandada Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, en los términos y para los efectos a que alude el poder presentado (fl. 338 cdno. ppal.).

Segundo: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es la proferida por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Nariño, el 22 de septiembre de 2006.

Tercero: Sin costas.

Cuarto: En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Al momento de la presentación de la demanda no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada, por cuanto los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2002 y la demanda se interpuso el 29 de abril de 2004.

(5) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 20 de septiembre de 2001; Exp. 10973.

(6) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 31 de octubre de 2007; Exp. 13503.

(7) El proceso entró al despacho de primera instancia para fallo el primero de agosto de 2005 después de vencido el término concedido a las partes para presentar alegatos de conclusión, y el 31 de agosto siguiente, el apoderado de la parte actora arrimó memorial al que adjuntó registros civiles de nacimiento de Cindy Marcela, Mateo Sebastián y Andrés Felipe Castillo Quiñonez.

(8) El proceso entró al despacho para fallo el 3 de mayo de 2007 después de vencido el término concedido a las partes para presentar alegatos de conclusión, y el 23 de mayo siguiente, el apoderado de la parte actora arrimo memorial al que adjuntó registro civil de nacimiento del occiso expedido en Puerto Guzmán (Putumayo) que reposa a folio 264 del cuaderno principal.

(9) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 20 de marzo de 2013; Exp. 25953.

(10) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del19 de agosto de 2011; Exp. 20423.

(11) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 26 de noviembre de 1993; Exp. 7793.

(12) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del primero de noviembre de 1991: Exp. 6469.