Sentencia 2004-00748 de noviembre 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Rad.: 20001233100020040074801 (33500)

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: José Eduardo Daza Mendoza y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial y otros

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

3.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por Bancolombia S.A. en proceso de doble instancia, seguido ante la el Tribunal Administrativo del Cesar, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre el particular, esta corporación, desde el 9 de septiembre de 2008(3), tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa, fundamentados en error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se surten ante los tribunales contenciosos.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala analizar los argumentos esgrimidos por la actora y por Bancolombia S.A. contra la sentencia del 5 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en aras de establecer si existe responsabilidad de las demandadas, como consecuencia de error judicial y/o defectuosa prestación del servicio de administración de justicia, atribuida al proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, contra los señores José Eduardo Daza Mendoza y María Elisa Cuello Maestre, por parte del Banco de Colombia S.A. que culminó con el remate de un inmueble de su propiedad. Así mismo se analizará si hay lugar a la condena en costas, teniendo en cuenta la conducta asumida por los actores, conforme el planteamiento de Bancolombia S.A.

3.2.1. Hechos probados.

La parte actora concreta el daño en el remate de un bien inmueble de su propiedad, en el marco del proceso ejecutivo adelantado en su contra, i) por un precio “irrisorio” y ii) previo el avalúo de un bien diferente al embargado y secuestrado. Aunado a lo anterior, se sostiene que el actor tenía derecho a refinanciar las obligaciones, objeto de ejecución, en los términos del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, por medio del cual Finagro compraría la cartera a Bancolombia.

Para el efecto, serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo que acreditan los siguientes hechos:

3.2.2.1. El 5 de octubre de 1995, el señor José Eduardo Daza Mendoza, mediante escritura pública 1839, constituyó en favor del Banco Industrial Colombiano S.A. hipoteca abierta en primer grado sin límite de cuantía sobre el siguiente bien inmueble de su propiedad (fls. 13-16 cdno. ppal.):

“una casa de habitación ubicada en la ciudad de Valledupar, en la carrera 8 Nº 8-75, que consta de dos pisos con muros de ladrillo cerámico macizo, piso en baldosa de granito pulido, techos en placa de concreto con teja de asbesto cemento tipo española, con área de construcción de 221.12 metros cuadrados y el lote de terreno sobre el cual está construida, con una extensión superficiaria de 220.00 m2 cuyas medidas y linderos son: Norte: 22.00 metros, con predios de Carlos Castro Maya; Sur: En 22.00 metros Calle 9 en medio, con predio de Santos González; Este: 10.00 metros con predio de José Félix Lafourie Rivera; Oeste: 10.00 metros carrera 8 en medio.

En el instrumento se hizo constar que “la presente hipoteca respaldará todas las sumas de dinero que el señor José Eduardo Daza Mendoza (...) deba actualmente y las que llegare a deber en su propio nombre conjunta o separadamente con otra u otras personas al Banco (...)”.

En la misma fecha se inscribió el gravamen en el folio de matrícula inmobiliaria 190-50796 (fl. 23 cdno. ppal.).

3.2.2.2. El 24 de agosto de 1999 (fls. 149-150 cdno. ppal.), la Gerente Negociadora Administración de Cartera de Bancolombia S.A., certificó ante la Secretaría de Agricultura Departamental que “el señor José Eduardo Daza Mendoza, cliente de trayectoria en el sector agropecuario, presenta en la fecha las siguientes obligaciones de cartera ordinaria, así:

— Nº 870000024

Fecha contabilizado: 2 de diciembre de 1998

Valor inicial $10.000.000

Plazo: 1 año

Periodo de gracia: No.

Tasa de interés: DTF + 11

Fecha de vencimiento no atendido: junio 2 de 1999

Saldo actual capital $7.381.881

Intereses mora causados $ 237.745

Saldo total hoy: $7.619.626

— Nº 870000664

Fecha contabilizado: 19 de agosto de 1997

Valor inicial $30.000.000

Plazo: 3 años

Periodo de gracia: Nº

Tasa de interés: DTF + 10

Fecha de vencimiento no atendido: mayo 19 de 1999

Saldo actual capital $15.000.001

Intereses mora causado $777.628

Intereses mora causado $ 87.429

Saldo total hoy: $15.865.058

— Nº 870000963

Fecha contabilizado: 13 de abril de 1998

Valor inicial $30.000.000

Plazo: 3 años

Periodo de gracia: No.

Tasa de interés: DTF + 5.5

Fecha de vencimiento no atendió: abril 13 de 1999

Saldo actual capital $20. 144.798

Intereses causados $50.980

Intereses mora causado $109.949

Saldo total hoy: $20.305.727

Garantía: hipotecaria sobre casa, con avalúo de abril - 98 por valor de $110.000.000”.

3.2.2.3. El 27 de agosto de 1999, los señores José Eduardo Daza Mendoza y María Elisa Cuello M. suscribieron el pagaré Nº 5240000538 con Bancolombia S.A. por la suma de sesenta y nueve millones ciento ochenta mil pesos ($69.180.000), suma que declararon haber recibido del banco a título de mutuo comercial con intereses. En dicho título valor se estableció (fl. 12 cdno. ppal.):

“(...) pagaremos dicha suma en un plazo de sesenta (60) meses mediante sesenta (60) cuotas iguales mensuales iguales (sic) de capital de un millón ciento cincuenta y tres mil pesos ($1.153.000.00 m.l. cada una, debiendo pagar la primera el día 27 de septiembre de 1999 y así sucesivamente cada un (1) mes, hasta la completa cancelación de la deuda. Reconoceremos durante el plazo intereses a la tasa promedio de captaciones que pagan los establecimientos de crédito por los certificados de depósito a término con plazo de noventa (90) días (DTF), certificada por el Banco de la República o la tasa que lo sustituya, incrementada en diez (10) puntos, intereses que serán liquidados por trimestre anticipado y pagados en su equivalente mes vencido (...). En caso de mora pagaremos, por cada día de retardo intereses liquidados a la tasa del treinta y cuatro punto cincuenta por ciento (34.50%) anual o la tasa máxima legal permitida. El incumplimiento o retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas de amortización a capital o de los intereses, dará lugar a que el acreedor declare vencida la obligación y exija el pago de la totalidad de la deuda (...)”.

3.2.2.4. El 7 de noviembre de 2000, se presentó demanda ejecutiva con acción mixta por parte de Bancolombia S.A. en contra de los señores José Eduardo Daza Mendoza y María Elisa Cuello Maestre. Solicitó la entidad financiera (fls. 5-11 cdno. ppal.):

“1. Libre mandamiento ejecutivo a favor de Bancolombia S.A., y en contra de los señores José Eduardo Daza Mendoza y María Elisa Cuello Maestre, por las siguientes sumas de dinero:

a. Por la suma de cincuenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos m.l. ($58.452.436,oo) por concepto de capital pendiente de pago de la obligación que está incorporada en el pagaré 5240000538.

b. Por el valor de los intereses moratorios sobre la pretensión del literal a), liquidados sobre la tasa pactada en el pagaré, del 34.50% anual, causados desde el día 27 de junio de 2000 fecha en la cual la obligación se hizo exigible, hasta cuando se efectúe la satisfacción plena de la misma.

2. Sírvase usted decretar el embrago y secuestro del(los) inmueble(s) hipotecado(s) el cual se encuentra(n) descrito(s) en el punto primero de los hechos(4) de esta demanda y comunicarlos al registrador de instrumentos públicos de esta ciudad, con la expresa advertencia que tiene(n) origen en un título hipotecario.

3. Decrétese en su oportunidad procesal prevista en el numeral 6º. Del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil mediante sentencia, la venta en pública subasta del(los) inmueble(s) y su(s) avalúo(s) para que con su producto se paguen al demandante las sumas de dineros señaladas anteriormente.

4. (...)”.

3.2.2.5. El 8 de noviembre de 2000, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor de Bacolombia S.A. contra los señores José Eduardo Daza Mendoza y María Elisa Cuello Maestre, por la suma de cincuenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos ($58.452.436) más los intereses moratorios al 33.93% anual. Ordenó como corresponde, el cumplimiento de la obligación en el término de cinco días (fl. 35 cdno. ppal.).

3.2.2.6. El 4 de diciembre de 2000, la inspección delegada ante la Justicia Ordinaria de Valledupar, en cumplimiento de la orden emanada del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, secuestró el inmueble ubicado en la carrera 8 Nº 8-75. En el acta de la diligencia se hizo constar que la señora María Elisa Cuello Maestre, demandante en este asunto y efectuada, atendió la diligencia, recibió la tenencia del inmueble en calidad de depositaria y “manifestó que la dirección del inmueble es la calle 9 Nº 7-80 de la actual nomenclatura de la ciudad de Valledupar (...)” (fls. 132-133 cdno. ppal.).

3.2.2.7. Notificados los ejecutados no propusieron excepciones y tampoco le dieron cumplimiento a la obligación.

3.2.2.8.El 9 de mayo de 2001, los peritos avaluadores designados presentaron informe en el que señalan (...)” (fls. 140-141 cdno. ppal.):

“Descripción del bien: Inmueble, casa, uso familiar, pisos dos.

Ubicación del bien: Dirección actual calle 9 Nº 7-80, Barrio Novalito; queda de esquina entre calle 9 y carrera 8, Bloque Nororiental. Linderos: Norte, predio Hernando Orozco, propietario actual; Sur: Calle 9; Este, predio José Félix Lafaurie; Oeste: Carrera 8. Estrato ciudad. Sexto. Servicios públicos: Todos; luz, agua, teléfono, gas y vía de acceso totalmente pavimentadas (...).

 

Avalúo
ÁreaM2Precio m2Valor
Terreno220$167.000$36.740.000
Construcción221.12$615.000$135.988.800
Total  $172.728.800

Son: ciento setenta y dos millones setecientos veintiocho mil ochocientos pesos m/cte.

(...)”.

Al día siguiente, el juez de la causa ordenó a los peritos “aclarar el mismo en el sentido de que expliquen por qué los linderos aportados en el informe no concuerdan con los consignados en el presente proceso”, frente a lo cual los expertos informaron “sobre los linderos del predio objeto del avalúo, Dirección Calle Actual 9 # 7-80, Barrio Novalito. Linderos: Norte: El propietario actual es el señor Hernando Orozco Crespo y no el señor Carlos Alberto Castro Maya, como aparece en la diligencia de secuestro. SUR: Calle 9 en medio con predio de Miguel Meza Valera, en 22 metros y con 2.7 metros con parte del predio (sic) Eduardo Vidal Romero y con el predio del señor Santos González. ESTE: Predio (sic) Félix Lafaurie Rivera. Oeste: Con carrera 8 en medio, para una mejor ilustración anexamos un plano rudimentario”. En el plano se ubica el inmueble objeto de avalúo en la esquina de la cra 8 y calle 9 y se identifica con el número 7-80 (fls. 143-144 cdno. ppal.).

Del dictamen y su aclaración se corrió traslado a las partes por el término de 3 días (fl. 145 cdno. ppal.).

3.2.2.9. El 9 de mayo de 2001, el apoderado de Bancolombia S.A. informó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar que el 23 de febrero de 2001 el demandado José Eduardo Daza Mendoza “realizó un abono a la obligación por valor de trece millones novecientos cincuenta mil pesos m.l. (13.950.000) (fl. 40 cdno. ppal.). En igual sentido el 3 de abril y el 10 de octubre del mismo año, puso al tanto al despacho de abonos por ochocientos veintidós mil pesos ($822.000) y por tres millones quinientos cincuenta mil pesos (3.550.000) (fl. 43 y 48 cdno. ppal.). Información que el juzgado ordenó tener presente en la oportunidad (fls. 41, 46, 50 cdno. ppal.). El 22 de agosto de 2002 la entidad financiera especificó que en los pagos realizados a la obligación se cancelaron proporcionalmente honorarios profesionales de abogados por $4’267.241 y el impuesto del IVA por $682.759 (fl. 69 cdno. ppal.).

3.2.2.10. El 24 de octubre de 2001, se fijó aviso señalando el 9 de noviembre de 2001 a las nueve de la mañana para llevar a cabo la diligencia de remate del bien inmueble que quedó identificado así: “casa lote ubicado en la carrera 8 Nº 8-75 antes, hoy calle 9 Nº 7-80 Barrio Novalito de Valledupar, Cesar, con una extensión de 220-00 metros cuadrados, con matrícula inmobiliaria número 190-00050-796. En dicho aviso se especificó que el bien se encontraba avaluado en la suma de “$172.728.800,00” (fl. 52 cdno. ppal.). Posteriormente, se fijó fecha para el 28 de junio de 2002 (fl. 54 cdno. ppal.) y más adelante para el 21 de agosto de 2002, última con postura admisible del 50% del avalúo por falta de postores (fl. 61 cdno. ppal.).

Adelantada la diligencia de remate el inmueble fue adjudicado a la única oferente, señora Maruja Murgas de Manjarres por la suma de $86’3644.400, esto es por el 50% del avalúo (fl. 66 cdno. ppal.). El remate fue aprobado el 28 de agosto de 2002, mediante providencia que dispuso, además, de su inscripción en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos; el desembargo y levantamiento del secuestro (fl. 82 cdno. ppal.).

3.2.2.11. El 18 de diciembre de 2001, el apoderado de Bancolombia S.A. (demandante) en coadyuvancia con el señor José Eduardo Daza Mendoza (demandado), solicitaron el levantamiento de la medida cautelar consistente en “el embargo del remanente del producto de los bienes embargados y de los que por cualquier causa le llegaran a desembargar al señor José Eduardo Daza Mendoza, dentro del proceso ejecutivo que le sigue el señor Camilo Lacouture Ackerman, el cual cursa ante este mismo despacho” (fl. 141 cdno. ppal.), solicitud a la cual accedió el Juez, el mismo día, en los siguientes términos:

“Decrétese el desembargo y el levantamiento del secuestro del remanente de los bienes que por cualquier causa se lleguen a desembargar y el remanente del producto de los embargos de propiedad del demandado José Eduardo Daza Mendoza, dentro del proceso ejecutivo seguido por Camilo Lacouture Ackerman contra José Eduardo Daza Mendoza que se tramita en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad.

3.2.2.12. El 6 de mayo de 2002, Bancolombia S.A. dirigió comunicación al señor José Eduardo Daza Mendoza donde señala el 10 de mayo como fecha límite para efectuar la negociación planteada sobre la reestructuración de la obligación, previo el cumplimiento de ciertos compromisos adquiridos con la entidad y lo previene respecto de que de no ser ello así continuaría con el proceso judicial en su contra (fl. 211 cdno. ppal.).

3.2.2.13. El 30 de septiembre de 2002, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar comisionó al Inspector de Policía para llevar a cabo la entrega del bien subastado, ubicado en la carrera 8 Nº 8-75 antes, hoy calle 9 Nº 7-80 barrio Novalito (fl. 86 cdno. ppal.). El 17 de octubre de 2002 se comenzó con la práctica de la diligencia de entrega (fl. 98 cdno. ppal.), no obstante la misma se suspendió hasta el 25 del mismo mes y año, fecha en la que el señor Laureano Cuello (persona que atendió la diligencia) se comprometió a hacer entrega voluntaria del inmueble. Oportunidad, en la que, según el acta respectiva, como el inmueble se encontraba desocupado se procedió a la correspondiente entrega (fl. 100 cdno. ppal.).

3.2.2.14. En el mes de noviembre de 2002, el señor José Eduardo Daza Mendoza, se dirigió al Juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar, para recibir información sobre el valor del remate del bien hipotecado y el monto arrojado por la liquidación del crédito pagado a Bancolombia S.A. así como disponer a su favor la entrega del remanente (fl. 101 cdno. ppal.). El despacho, por su parte, ordenó poner a disposición del solicitante el expediente y se negó a acceder a la entrega del remanente pues además de que el proceso no había terminado, el remanente debía ponerse a disposición del Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar (fl. 104 cdno. ppal.).

3.2.2.15. El 30 de octubre de 2002, Bancolombia S.A., en respuesta al derecho de petición presentado el 28 de octubre del mismo año por el señor José Eduardo Daza Mendoza, indicó (fl. 210 cdno. ppal.):

“(...).

Si bien es cierto que con el PRAN, el Gobierno Colombiano busca rehabilitar el sector agropecuario, previo cumplimiento de ciertos requisitos preestablecidos, también lo es que este no es de carácter obligatorio para las entidades financieras que en él participan.

En este orden de ideas, si uno de nuestros clientes sale favorecido o elegible, es netamente optativo y de absoluta liberalidad de El Banco el negociar su crédito con el gobierno. Así, si para nuestra entidad las condiciones de negociación no le son favorables, se encuentra legalmente facultado para sustraerse de la misma, toda vez que NO se encuentra obligado a ceder, enajenar y/o vender sus créditos.

En su caso en particular, una vez realizado el estudio de viabilidad sobre las probabilidades de recuperabilidad de la cartera a su cargo a través del PRAN, se concluyó que para Bancolombia S.A. era más beneficioso seguir adelante con el Proceso Ejecutivo Mixto que cursa en su contra en el Juzgado 2º Civil del Circuito de Valledupar, llevando a remate el inmueble hipotecado.

Procedimiento judicial a través del cual el día 28 de junio, se efectuó el remate sobre el inmueble que teníamos en garantía, se hizo postura por parte de un tercero y actualmente se presentó un reliquidación al Juzgado, debido a que la liquidación efectuada por este despacho judicial, estaba por un valor superior a la deuda que usted tiene con Bancolombia, por lo que el Banco decidió presentar una liquidación ajustada a su crédito a la fecha en que se presentó el escrito al Juzgado.

Por su parte, Finagro solo nos ofrecía comprar un porcentaje de la deuda a su cargo, razón por la cual, la negociación de su obligación a través del PRAN, no era viable para los intereses del banco.

3.2.2.16. El 4 de diciembre de 2002, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar resolvió, entre otros aspectos, decretar terminado el proceso ejecutivo por pago total de la obligación y entregar al demandando el excedente del producto del remate (fls. 391-392 cdno. ppal.).

3.2.2.17. El 7 de enero de 2005, el Secretario de Desarrollo y Gestión Agrominera del Cesar señaló (fl. 435 cdno. ppal.).

“Revisando los archivos del Pran-Fondear-Cesar, se encontró que en efecto el señor José Eduardo Daza Mendoza aparece inscrito en el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria Pran con tres (3) deudas consignadas en los formularios 0077497-0077498-0077499, cumpliendo con la normatividad contemplada en el Decreto 967 del 2000.

Estos formularios, con los correspondientes flujos de cajas fueron avalados por la respectiva UMATA y la Secretaría de Agricultura y enviados a FINAGRO para su correspondiente estudio y viabilización.

Consultando con Finagro, en su Base de Datos, se encontró que las deudas correspondientes a las solicitudes mencionadas no fueron viabilizadas para su posterior negociación con el Banco de Colombia, pues esa entidad financiera las retiró por no tener interés en vender estas deudas a Finagro ya que era discrecional del Banco negociarlas o no.

(...)”.

3.2.2.18. Obran en el plenario los formatos 77497, 77498 y 77499, diligenciados para la inscripción de beneficiarios del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, PRAN, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los que especifica fecha de inscripción del 24 de agosto de 1999 como beneficiario el señor José E. Daza Mendoza y entidad financiera Bancolombia S.A., suscritos por el Director de UMATA. Certifica el funcionario “que el beneficiaro cumple con las condiciones establecidas en el Decreto 1821 de 1999”, el secretario de agricultura da cuenta de que “la cartera contenida en este formato es viable de ser beneficiada por el PRAN”. Los tres formatos corresponden a obligaciones diferentes por valor inicial de $30.000.000, $10.000.000 y $30.000.000 (fls. 152-154 cdno. ppal.).

Igualmente, obra, texto sin firma que se denomina “relación usuarios aceptados por el Banco Bancolombia en proceso de negociación sede Valledupar”, listado en el que se lee el nombre José Eduardo Daza Mendoza (fl. 155 cdno. ppal.).

Visibles a folios 156 a 158 se encuentran tres formatos impresos por la Secretaría de Agricultura Departamental del Cesar, para la inscripción de beneficiarios del Fondo Nacional de Reactivación Agropecuaria, suscritos por el señor José Eduardo Daza Mendoza, por los mismos valores relacionados en los formatos para beneficiarios PRAN.

Igualmente, obra en el plenario, a folio 160, la impresión del correo electrónico enviado el 9 de septiembre de 2002 por el señor Luis Fernando Perlaza, Coordinador Unidad PRAN, a la cuenta gvelez@bancolombia.com.co con el siguiente contenido:

“Dr. Vélez, el 28 de agosto del presente año, nos hicieron una solicitud del pagaré PRAN de las deudas del señor José Eduardo Daza Mendoza (...) del Fondear Cesar oficina Valledupar, quien se inscribió en el PRAN con los formularios 77497 y 77498 cumpliendo con los requisitos exigidos en el Decreto 967 de 2000 y que en el momento de la negociación con su Entidad, ustedes no lo identificaron como cliente o deudor, la pregunta Dr. Vélez es si lo incluimos dentro de la negociación y le efectuamos el pagaré correspondiente, de ser afirmativa su respuesta le solicitamos autorizar a quien corresponda suministrarnos la información financiera del Sr. Daza.

(...).

Le agradecemos una pronta respuesta a nuestra solicitud dado que las propiedades del señor Daza van hacer (sic) rematadas.

(...)”.

Así mismo, aparece formato de evaluación técnica de predios, diligenciado el 9 de marzo de 2000, en el que se registra al señor José Eduardo Daza Mendoza, expedido por la Secretaría de Agricultura de la gobernación del Cesar, para el Programa de Reactivación del Sector Agropecuario PRAN (fl. 167 cdno. ppal.).

3.2.2.16. Previa solicitud de la copia del pagaré PRAN, suscrito por el señor José Eduardo Daza Mendoza, el 10 de septiembre de 2002, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro respondió al mismo que “en la negociación efectuada entre Finagro y Bancolombia sus créditos no fueron identificados por esa Entidad, motivo por el cual a su nombre Finagro no ha generado ningún pagaré PRAN, igualmente le sugerimos ponerse en contacto con el Dr. Gabriel Vélez, Gerente Unidad de Recuperación de Activos Bancolombia Medellín (...) con el fin de aclarar dicha situación”. (fl. 159 cdno. ppal.).

Así mismo, el 29 de diciembre de 2004, Finagro informó al a quo en respuesta al oficio enviado con tal fin que “no generó ningún pagaré PRAN a nombre del señor José Eduardo Daza Mendoza, por las obligaciones de Bancolombia (...) no se remitió a Finagro ninguna obligación a nombre del señor Daza Mendoza cuyo propietario fuera Bancolombia, es decir que dichas obligaciones no fueron incluidas en la negociación (...) la Central de Inversiones CISA remitió una obligación para su negociación, para lo cual se expidió el pagaré PRAN 849-05764 a nombre del señor José Eduardo Daza Mendoza, pero dicha Entidad solicitó el retiro del Programa de esa obligación” (fl. 443 cdno. ppal.).

3.2.2.17. En el curso del proceso se recepcionaron testimonios sobre la existencia de los créditos y la confianza del actor en que sus obligaciones serían refinanciadas, así:

El señor Félix Antonio Díaz Molina manifestó su conocimiento respecto del préstamo adquirido por el señor José Eduardo Daza Mendoza con Bancolombia S.A. para la compra de una finca, así como el padecimiento moral como consecuencia del embargo del bien inmueble donde habitaba su familia y de los comentarios del señor Daza Mendoza respecto del pagaré suscrito al PRAN. Además sostuvo (fl. 452-455 cdno. ppal.):

“(...) pero con todas las cosas aquí en el agro por cuestiones de inseguridad la misma mala economía del sector agropecuario fueron motivos para que pudiera atender la finca, fue entonces cuando me comentaba que tuvo que hablar con la gerente del BIC, para ponerle de manifiesto la situación y quedaron en que iban a arreglar el asunto, ya que en ese entonces el Gobierno Nacional sacó una ley para refinanciar el sector agropecuario con el que se conoce con el nombre del PRAN, no obstante el señor José Eduardo Daza, había motivado la deuda con 2 o 3 cuotas, esperando el resultado de la aplicación de la ley, más tarde me comentaba que la gerente del banco le había dicho que había salido en la lista de los favorecidos de la ley del PRAN y debía esperar para llegar a un acuerdo y solucionar el caso de la deuda, yo creo que fue un exceso de confianza haberse presentado la situación hasta llegar al extremo del embargo de la casa, cosa que comentábamos de que en ningún momento había llegado un perito para evaluar el costo de la casa ni se levantó acta al respecto (...)”.

El señor Hugo Alberto de Brigard Guerrero se pronunció respecto de los documentos firmados por el señor José Eduardo Daza a efectos de ser beneficiario del PRAN, así como de los créditos adquiridos con Bancolombia y su refinanciación. Señaló no haber escuchado que los peritos hubiesen visitado la casa. Así mismo, indicó (fl. 456-458 cdno. ppal.):

“(...) el señor José Eduardo Daza (...) me comentó que hizo unos créditos en el año de 1998, el Banco de Colombia, él me comentaba que esos dineros eran para invertirlos en la finca de nombre la Fortuna, en agricultura, en la región de San Ángel (...) como en ese tiempo él fracasó en su cosecha, él me comentó, que le hicieron un proceso civil, él hizo unos abonos a esas deudas, (...) salió un programa donde se acogían los agricultores que habían perdido su cosecha, él se acogió al programa y remitió todos los documentos que le exigió el banco, la gerente (...) le comentó que se despreocupara del proceso civil, porque ya se había acogido a dicho programa, sin embargo, le remataron su casa y nunca llegaron peritos a evaluarlas (sic), esto le causó un tremendo impacto psicológico a la familia que ni siquiera han vuelto a Valledupar (...)

En sentido similar a lo indicado respecto de la afectación por el remate del bien inmueble, se pronunciaron los señores Leonedis Laureano Cuello Maestre quien sostuvo haberse desempeñado como conductor de la familia Daza Cuello (fl. 459-461 cdno. ppal.) y Marlis Banchar Maestre, quien les ayudaba en los quehaceres del hogar (fl. 462-464c. ppal.).

3.2.2.18. Obra en el plenario dictamen pericial, relativo al daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales y el avalúo real del inmueble de propiedad del actor, embargado, secuestrado y rematado por cuenta de sus obligaciones con Bancolombia S.A. Lo anterior, por valor de “tres mil doscientos tres millones quinientos cuarenta y cinco mil ochenta y siete pesos mcte.”.

3.2.2.19. Conforme al registro civil de nacimiento, los señores José Eduardo Daza Mendoza y María Elisa Cuello Maestre son padres de María de los Ángeles Daza Cuello (fl. 161 cdno. ppal.).

3.2.4. Análisis del caso.

Como lo relatan los antecedentes, la parte actora solicita declarar responsable a la Nación, Rama Judicial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, y a Bancolombia S.A., por los perjuicios sufridos como consecuencia del remate de un bien inmueble de su propiedad, a un precio “irrisorio”, sin que los auxiliares de la justicia practicaran el avalúo, pues no se trasladaron al sitio en que se encontraba ubicado y a pesar de haber cumplido con los requisitos para ser beneficiario del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, por medio del cual Finagro compraría la cartera a Bancolombia.

Al respecto, es importante precisar que la Ley estatutaria de la administración de justicia (270/96) en el artículo 65 desarrolló tres eventos a partir de los cuales el Estado debe responder por los daños antijurídicos que le resulten imputables con ocasión de la administración de justicia: (i) el error jurisdiccional (ii) la privación injusta de la libertad y (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Así mismo, la norma estableció dos presupuestos para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional: (i) que el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error se encuentre ejecutoriada.

En sentencia del 11 de mayo de 2011 esta corporación expuso:

“En la Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, se previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la Administración de Justicia”.

(...).

Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme”.

Ahora bien, en el sub lite, se encuentra acreditado que el señor José Eduardo Daza Mendoza, mediante escritura pública No. 1839, debidamente registrada, constituyó en favor del Banco Industrial Colombiano S.A. hipoteca abierta en primer grado sin límite de cuantía sobre “una casa de habitación ubicada en la ciudad de Valledupar, en la carrera 8 Nº 8-75” y que junto con la señora María Elisa Cuello M. suscribieron el pagaré Nº 5240000538 con Bancolombia S.A. por la suma de sesenta y nueve millones ciento ochenta mil pesos ($69.180.000).

Así mismo, se encuentra demostrado que, dado el incumplimiento de los deudores, Bancolombia S.A. presentó demanda ejecutiva con acción mixta en contra de los señores anteriormente nombrados, para que se librara mandamiento ejecutivo por la suma de cincuenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos M.L. ($58.452.436), por concepto de capital pendiente de pago de la obligación incorporada en el pagaré Nº 5240000538, así como por los intereses moratorios. Del mismo modo, se solicitó decretar el embargo y secuestro del inmueble hipotecado y de ser el caso proceder a la venta en pública subasta para pagar lo adeudado.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, al que le correspondió el proceso, libró mandamiento de pago y dispuso las medidas en orden al embargo y secuestro. Fue así que el 4 de diciembre de 2000, la inspección delegada ante la Justicia Ordinaria de Valledupar, en cumplimiento de la orden emanada del Juzgado, secuestró el inmueble ubicado en la carrera 8 Nº 8-75.

En lo relacionado con el avalúo y la ubicación, los auxiliares de la justicia fijaron en la suma de “ciento setenta y dos millones setecientos veintiocho mil ochocientos pesos m/cte. $172.728.800” el valor del inmueble ubicado en la calle 9 Nº 7-80, Barrio Novalito, que alinderaron así: “queda de esquina entre calle 9 y carrera 8, Bloque Nororiental. Linderos: Norte, predio Hernando Orozco, propietario actual; SUR: Calle 9; Este, predio José Félix Lafaurie; Oeste: Carrera 8. (...)”. No obstante, ante la orden del Juez de aclarar el dictamen, pues, los linderos aportados en el informe no concordaban con los consignados en el proceso, los auxiliares de la justicia precisaron que “sobre los linderos del predio objeto del avalúo, Dirección Calle Actual 9 # 7-80, Barrio Novalito. Linderos: Norte: El propietario actual es el señor Hernando Orozco Crespo y no el señor Carlos Alberto Castro Maya, como aparece en la diligencia de secuestro. SUR: Calle 9 en medio con predio de Miguel Meza Valera, en 22 metros y con 2.7 metros con parte del predio (sic) Eduardo Vidal Romero y con el predio del señor Santos González. Este: Predio (sic) Félix Lafaurie Rivera. Oeste: Con carrera 8 en medio, para una mejor ilustración anexamos un plano rudimentario”. En el plano se ubica el inmueble objeto de avalúo en la esquina de la cra. 8 y calle 9 y se identifica con el número 7-80.

Del mismo modo, se encuentra acreditado que se fijó como fecha para la diligencia de remate el 9 de noviembre de 2001 a las nueve de la mañana y que luego de varios intentos se adelantó el 21 de agosto de 2002, previo señalamiento, con postura admisible del 50% del avalúo, por falta de postores. Esto es la suma de $86’364.400. El remate fue aprobado el 28 de agosto de 2002, en providencia en la que, además, se ordenó la inscripción en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos y se decretó el desembargo y levantamiento del secuestro del bien inmueble rematado entre otros aspectos.

El proceso ejecutivo culminó el 4 de diciembre de 2002, por pago total de la obligación. En la providencia que así lo decidió se dispuso entregar al demandando del excedente del producto del remate.

En lo relacionado con lo sostenido por la actora, respecto de su confianza en que las obligaciones insolutas a favor de Bancolombia S.A. serían refinanciadas por el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, PRAN, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra acreditado que el señor José Eduardo Daza Mendoza diligenció los formatos 0077497, 0077498 y 0077499 para la inscripción de beneficiarios, señalando a Bancolombia S.A. como entidad financiera, suscritos por el Director de UMATA quien certificó “que el beneficiario cumple con las condiciones establecidas en el Decreto 1821 de 1999” y por el Secretario de Agricultura quien señaló que “la cartera contenida en este formato es viable de ser beneficiada por el PRAN”; empero de ello no se sigue que la entidad financiera tenía que refinanciar los créditos, como tampoco que suspendería la ejecución.

Aunado a lo anterior, las obligaciones por las que aspiraba a ser beneficiario del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria eran las vigentes a 24 de agosto de 1999 y el proceso ejecutivo hipotecario se adelantó por la obligación que incorporada en el pagaré 5240000538 la cual se había adquirido el 27 de agosto de 1999, esto es con posterioridad.

Ahora bien, la parte actora se duele del precio fijado por el juzgado como postura del remate del bien inmueble de su propiedad que considera “irrisorio” y que los auxiliares de la justicia avaluaron un bien inmueble distinto del hipotecado y a la postre rematado. Así mismo señala que, a pesar de haber cumplido con los requisitos para ser beneficiario del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria por medio del cual Finagro compraría la cartera a Bancolombia, el banco continuó con la ejecución.

Respecto del valor fijado para la postura, que permitió la adquisición del bien y así mismo el pago de la obligación, dado que el inmueble, pudo luego de un primer intento, ser rematado, basta con recordar que así lo preceptúa el artículo 533 del Código de Procedimiento Civil(5), vigente para la época de los hechos; de donde no quedaba sino adjudicar el inmueble a la única oferente, por la suma de $86’364.400, que corresponde al 50% del avalúo.

Lo anterior sin que resulte de recibo que los auxiliares de la justicia avaluaron un bien inmueble distinto del hipotecado, secuestrado y rematado, si se considera que acorde con el acta de la diligencia de secuestro, la señora María Elisa Cuello Maestre, demandante en este asunto atendió la diligencia y recibió el inmueble en depósito. Misma que ubicó el bien en la “calle 9 Nº 7-80 de la actual nomenclatura de la ciudad de Valledupar (...)”, coincidente con la señalada por los peritos, tanto en el dictamen como en la aclaración. Esta última sobre los linderos, con las precisiones señaladas previamente.

De las pruebas recaudadas en el proceso se evidencia que el señor José Eduardo Daza Mendoza, sin perjuicio de haber sido notificado, intervino en la litis solo para solicitar información acerca del valor del remate del bien hipotecado y la liquidación del crédito pagado a Bancolombia S.A., así como para solicitar la entrega del remanente y el levantamiento de la medida cautelar consistente en “el embargo del remanente del producto de los bienes embargados y de los que por cualquier causa le llegaran a desembargar al señor José Eduardo Daza Mendoza, dentro del proceso ejecutivo que el sigue el señor Camilo Lacouture Ackerman, el cual cursa ante este mismo despacho”; de suerte que no tiene cabida su reclamo sobre el avalúo y remate del bien, dado que era el proceso ejecutivo el escenario para formular las cuestiones relacionadas tanto con la ubicación del bien inmueble avaluado como con el valor del remate del bien inmueble de su propiedad, e inclusive para oponer a Bancolombia la excepción derivada del supuesto compromiso con la refinanciación. Esto es así porque se quebrantan los deberes de colaboración con la administración de justicia y lealtad procesal al dejar pasar las oportunidades procesales para luego controvertir lo que bien se pudo corregir con una debida diligencia, exigible de todo aquel que se precia de la mínima guarda de sus intereses.

Ahora, cierto es que el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria de Finagro, se desarrolló al margen del proceso ejecutivo de modo que así el actor sostenga que él cumplió con los requisitos para acceder a la financiación el cobro no tenía que ser suspendido. Es importante precisar que el diligenciamiento de los formatos de inscripción como aspirante a ser beneficiario del programa, al igual que el hecho de haber obtenido las certificaciones, tanto del Director de la UMATA como del Secretario de Agricultura Departamental, no daban derecho a la financiación a cargo de la entidad bancaria, la que no lo consideró acorde con sus intereses, sin que por ello se genere responsabilidad alguna para las demandadas.

Así, le puso de presente Finagro al actor que “en la negociación efectuada entre Finagro y Bancolombia sus créditos no fueron identificados por esa entidad, motivo por el cual a su nombre Finagro no ha generado ningún pagaré PRAN (...)”.

Conforme las consideraciones expuestas, no se encuentra motivo alguno para endilgar responsabilidad a las demandadas, razón por la que la Sala habrá de confirmar la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, en lo relacionado con los argumentos expuestos por Bancolombia S.A., la Sala, no encuentra motivo alguno para condenar en costas a las partes, puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a ello únicamente si su conducta así lo amerita y, en el sub lite, no se encuentra elemento alguno de temeridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

RESUELVE:

CONFIRMAR conforme las consideraciones expuestas, la sentencia proferida el 5 de octubre de 2006 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar que negó las pretensiones.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 11-001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta corporación.

(4) Este numeral señala: “Mediante Escritura Pública 1.839, del 5 de octubre de 1995, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Valledupar, registrada el 5 de octubre de 1995, en la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar (Cesar), el señor José Eduardo Daza Mendoza, domiciliado en el municipio de Valledupar (Cesar), constituyó en favor del Banco industrial Colombiano S.A. hoy Bancolombia S.A. hipoteca abierta de primer grado, sin límite de cuantía sobre el siguiente inmueble: Una casa de habitación ubicada en la ciudad de Valledupar, en la carrera 8 Nº 8-75 que consta de dos pisos con muros de ladrillo cerámico macizo, piso en baldosa de granito pulido, techos en placa de concreto con teja de asbesto cemento tipo española, con área de construcción de 221.12 metros cuadrados y el lote de terreno sobre el cual está construida, con una extensión superficiaria de 220.00 metros cuadrados cuyas medidas y linderos son: Norte: 22.00 metros, con predios de Carlos Castro Maya; Sur: En 22.00 metros Calle 9 en medio, con predio de Santos González; Este: 10.00 metros con predio de José Félix Lafourie Rivera; Oeste: 10.00 metros carrera 8 en medio.

Al referido inmueble le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 190-50796 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar (Cesar).

(5) “cuando no hubiere remate por falta de postores, el juez señalará fecha y hora para una segunda licitación, cuya base será el cincuenta por ciento del avalúo”.