Sentencia AG-2004-00769 de agosto 22 de 2007

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Magistrado Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Rad. 76001-23-31-000-2004-00769-01(AG)

Actor: Jaime Antonio Grajales y otros

Demandados: municipio de Santiago de Cali y otros

Referencia: Acción de grupo

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil siete.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, de fecha 23 de septiembre de 2005, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda como consecuencia de la declaratoria de caducidad de la acción de grupo interpuesta por los demandantes contra el municipio de Santiago de Cali. La acción de grupo pretendía el pago de los perjuicios materiales y morales causados por el incumplimiento en un proyecto de construcción de vivienda.

Antecedentes

1. Demanda (1) .

El 9 de marzo de 2004, los señores Jaime Antonio Grajales, Céfora Moreno de Grajales, Jaime Antonio Grajales y Liliana Patricia Grajales Moreno; Francisco Javier Carvajal Valencia y María Cristina Arias Mora, quienes actúan en su propio nombre y en el de sus hijos menores: María Camila Carvajal Arias y Valentina Carvajal Arias; José Isidro Gutiérrez Rodríguez, María Elena Zapata Pascuas y Luis Fernando Gutiérrez Zapata; Javier Orlando Londoño González y Nancy Pineda Borrero, Johan Javier Londoño Pineda y Andrés Octavio Londoño Pineda; José Camacho Pinillos y Consuelo Figueroa Plazas; Idalia Pedraza Gómez, Álvaro Fernado Pedraza, Graciela Gómez de Pedraza; María Eugenia Ossa López y Luis Alfonso Díaz Cervantes, quienes actúan en su propio nombre y en representación de sus hijos menores Daniela Díaz Ossa Y Andrea Díaz Ossa, y Julio López Vargas; Carlos Alberto Ruiz García y Myrian Janeth Díaz Naranjo, quienes actúan en su propio nombre y en representación de sus hijos menores Jessica Viviana Ruiz Díaz, Crhistian Camilo Ruiz Díaz, Carlos Alberto Ruiz Díaz y Angie Juliana Ruiz Díaz; Oscar Alberto Gómez Niño, quien obra en su propio nombre y en representación de su hija menor Laura Daniela Gómez Silva; Gustavo Jiménez Soto, Gloria Ruby Martínez Ramos, María Solanyi Parra Jiménez y María Inés Soto Parra; Jhonn Jairo Umaña y Luz Mary Grajales Moreno, quienes actúan en su propio nombre y en nombre y representación Joan Enmanuel Umaña Grajales; Fabio León Urquina López y Rosa Neyla Puentes De Urquina; Carmen Elisa Lozano Agudelo y Aníbal Ramírez, Claudia Patricia Ramírez Lozano y Diego Alejandro Ramírez Lozano quien actúa en representación de su hijo Sebastián Ramírez Cárdenas; Luis Ángel Paz quien obran en su propio nombre y tiene a cargo a Alexandra Paz Botina y hijos menores Luis Ángel Paz Paz y David Alexander Paz Paz; Manuela Viveros Escobar y Sandra Milena Larrahondo Vivieros; Nubiola Lozano de Sandoval y Eberto Sandoval Romero; Aristides Cobo Carvajal, Dina María Méndez Hernández, Yuri Cobo Méndez y Natali Cobo Méndez; Julio Enrique Corrales Suaza; Mauricio Acero Castañeda y Ximena Cardona Quintero, quienes actúan en su propio nombre y en nombre y representación de su hija menor Marcela Acero Cadona; Omaira Hernández Barbosa; Douglas Hurtado Moreno y Sandra Patricia Gamba, quienes actúan en su propio nombre y en nombre y representación de sus hijos menores Yuly Alexandra Hurtado Gamba y Nataly Hurtado Gamba; Faber Naun Ruiz García y María Fernanda Paredes; Alfredo Tadeo Navia Guarnizo y Olga Patricia Gómez Chautan, quienes obran en su propio nombre y representación y en el de su hijo Sergio Andrés Navia Gómez; Julio López Vargas; por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda de acción de grupo contra el municipio de Cali para que se declarara la responsabilidad por los daños y perjuicios causados a los demandantes y a todos los demás afectados, que sin ser poderdantes, se encuentran en iguales circunstancias, como consecuencia de la falla o falta en el servicio relacionada con la imposibilidad de realizar los proyectos de vivienda de “Puerta de Oro” y “Plaza Festiva”.

Con posterioridad, se integraron al grupo en condición de demandantes María Shorly Parra y Margarita María Parra mayores de edad y en representación de su hija menor Ana Sofía Jordán Parra quien es hija de la segunda; Carmenza Trujillo Zamora mayor de edad y en representación de su hijo menor Luis Hernando Galvis Trujillo; Fayzuly Gallego León, Jesús Antonio Galeano Mendoza mayores de edad y en representación de su hijo menor Juan Esteban Galeano Gallego; Daviel Antonio Cuevas Rivera y Sandra Piedad Quintana Mera; Cesar Mauricio Mejía Alzate, Johana Andrea Muñoz Triana mayores de edad quienes actúan en nombre propio y en representación de su hija menor Isabela Mejía Muñoz; los cuales fueron admitidos como tales en virtud del auto de fecha 8 de julio de 2004 (2) .

Más adelante, se integraron al grupo Luis Dary Torres Arango y Nini Johanna Estepa Barrera quien actúa en nombre propio y representación de su menor hijo Santi Esteban López Estepa, los cuales fueron aceptados por auto del 1º de septiembre de 2004 (3) .

Finalmente, se integraron al grupo Manuel Vallecilla Granados y Yaneth yolanda López Vargas y sus menores hijos Lesly Yurani Vallecilla Viveros, Juan Manuel, Vallecilla Viveros y Luisa María Vallecilla López, de acuerdo con lo dispuesto en el auto del 11 de febrero de 2005 (4) .

1.1. Pretensiones.

“Primera: que se declaren legalmente responsables al municipio de Santiago de Cali, entidad representada por su alcalde, el abogado Apolinar Saicedo Caicedo, por los daños y perjuicios causados a los demandantes y a todos los demás afectados, que sin ser poderdantes, se encuentran en iguales circunstancias a los primeros, como consecuencia de la falla o falta en el servicio al inducir a sus funcionarios y público en general, a realizar inversiones en proyectos de soluciones de vivienda que desarrollaría la sociedad de economía mixta Coinfribo Limitada, de la cual el municipio es socio, ya que por culpa directa e indirecta del municipio y de su secretaria de vivienda y/o fondo de vivienda, estas entidades y la negligencia de sus funcionarios, fue imposible el desarrollo o realización de los proyectos de “Puerta de Oro” y “Plaza Festiva”, amén que de la intervención y toma de posesión de dicha sociedad, por parte del municipio de Santiago de Cali, a través de la secretaría de ordenamiento urbanístico, no se obtuvo resultado positivo alguno, tanto en el desarrollo del proyecto de construcción, como del resarcimiento de dineros a las personas afectadas, todo lo anterior, en detrimento de un numero (sic) considerable de personas aportantes o promitentes compradores de las soluciones de vivienda contratados por la sociedad Coinfribo Ltda.

Segundo: como consecuencia de la anterior declaración o condena, se obligue al municipio de Santiago de Cali a indemnizar patrimonialmente a los aquí demandantes y/o aportantes o promitentes compradores por el capital actualizado o indexado, aportado para la compra de las soluciones de vivienda en los proyectos de Puerta de Oro y Plaza Festiva, los cuales fueron recibidos por la sociedad Inmobiliaria Fribo Ltda. en nombre de la sociedad Coinfribo Limitada, de la cual la entidad condenada es su socios (sic), garante, impulsor, interventor e interviniente, de sus fallidos proyectos, a título de indemnización colectiva por daño emergente.

Tercera: como consecuencia de las anteriores declaraciones o condenas, se obligue al municipio de santiago (sic) de Cali a cancelar a todos y cada uno de los aportantes o promitentes compradores, el valor correspondiente a los intereses y/o rentabilidad, que los valores entregados generaron mes por mes, a título de indemnización colectiva de perjuicios por lucro cesante, desde la fecha de su entrega hasta la fecha de su cancelación.

Cuarta: como consecuencia de las anteriores declaraciones o condenas, se obligue al municipio de Santiago de Cali, a cancelar a todos y cada uno de los aportantes o promitentes compradores, el valor correspondiente a los perjuicios morales en cabeza de los mismos y de las personas legalmente a su cargo.

Quinta: Que se ordene comunicar al defensor del pueblo, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo, sobre el cumplimiento de las anteriores obligaciones y/o condenas, por parte del municipio de Santiago de Cali, en el sentido de informar el valor pagado por concepto de las indemnizaciones patrimoniales por lucro cesante y daño emergente y las de tipo moral, de todos y cada uno de los demandantes y designatarios.

Sexta: que se ordene la entrega dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo que decida la presente acción, de las mencionadas indemnizaciones, al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a cargo del Defensor del Pueblo, de aquellas personas no poderdantes, beneficiarios con la sentencia que se profiera sobre el particular.

Séptima: que se ordene la publicación en un diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, de un extracto de la sentencia, dentro del mes siguiente a la ejecutoria del fallo respectivo.

Octava: señalar como requisito que deben cumplir los beneficiarios que hayan estado ausentes del proceso, es (sic) ser aportante o promitente comprador de los proyectos Puerta de Oro y Plaza Festiva, con el fin que le sean pagadas las indemnizaciones correspondientes o les sea consignada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos a cargo del Defensor del Pueblo, respectivamente.

Novena: que se condene en costas a los demandados y se liquiden los honorarios profesionales previstos en el numeral 6º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998” (5) (resaltado fuera de texto).

1.2. Hechos.

Los hechos expuestos por el actor popular, se pueden presentar de la siguiente forma:

— Coinfribo Limitada, sociedad de economía mixta, se constituyó mediante la escritura pública 6130 del 29 de diciembre de 1995 en la Notaría Sexta del Círculo de Cali y se inscribió en el registro de la Cámara de Comercio de Cali con la matrícula 418420 - 03.

— Los socios de la mencionada sociedad, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal correspondiente, son: Fribo Inversiones Ltda. (70%), Secretaría de Vivienda Social y Renovación Urbana del municipio de Santiago de Cali (9%) y el Fondo Especial de Vivienda del municipio de Cali (21%).

— El objeto social era la construcción de 1000 soluciones de vivienda, las cuales tendrían el nombre de conjunto residencial Puerta de Oro.

— El municipio, en desarrollo de la política de vivienda para la ciudad, promocionó el proyecto entre sus funcionarios, afiliados y público en general, por todos los medios masivos y propagandísticos posibles.

— La decisión de invertir en el proyecto, fue tomada por los demandantes en consideración a que el municipio de Santiago de Cali, a través de la secretaría de vivienda y Fondo Especial de Vivienda de la misma secretaría, y el Fondo Nacional del Ahorro se encontraban en dicho proyecto.

— Los demandantes hicieron pagos o aportes, de acuerdo con los términos consignados en los contratos de “Reserva del derecho de compra de un bien inmueble” y “Promesa de compraventa”, y los recibos de caja correspondientes fueron expedidos por Fribo Inversiones Ltda. con NIT 805.002.425.-6 (en adelante Fribo Ltda.).

— Sara Ortiz Bastidas, funcionaria del departamento jurídico de Coinfribo Limitada, mediante comunicación de febrero de 1999 dirigida a los promitentes compradores, hizo una reseña histórica de lo que era la compañía, explicó el destino de los dineros aportados por los promitentes compradores, a la vez que puntualizó las causas de la crisis económica de la sociedad y las razones del incumplimiento con ocasión de caso fortuito y fuerza mayor, a saber: (i) No había fuentes de financiación por parte de las corporaciones de ahorro y vivienda del país para los constructores profesionales ni para compradores; (ii) el Fondo Nacional del Ahorro no desembolsó dinero alguno para cumplir con compromisos; (iii) el Fondo Especial de Vivienda del municipio de Santiago de Cali no giró el aumento de capital social; (iv) el secretario de vivienda y representante legal del Fondo Especial de Vivienda del municipio de Santiago de Cali no tiene interés, ni desea participar de acto alguno que permita sacar adelante los destinos sociales de Coinfribo Ltda.; (v) las posibilidades que los clientes compradores del proyecto puedan tener en el mercado financiero para obtener un crédito hipotecario ante una CAV es mínimo, debido a la iliquidez del sistema financiero a las altas tasas de interés y a la incertidumbre del sistema UPAC.

— En el diario El País del 8 de julio de 2000 apareció publicado un comunicado de prensa en el cual la sociedad Fribo Ltda. expuso ante el concejo municipal las razones por las cuales el proyecto no se podía desarrollar, las cuales correspondían a las referidas anteriormente.

— La división de vivienda e intervenidas de la secretaría de ordenamiento urbanístico de la Alcaldía de Santiago de Cali, mediante Resolución 48 del 24 de enero de 2001, intervino a la sociedad Coinfribo Ltda., y tomó posesión de los negocios, bienes y haberes ordenando su liquidación.

— Amparo Viveros Vargas, subsecretaria de la secretaría de ordenamiento urbanístico de la alcaldía municipal, designada por el concejo municipal como agente especial liquidador de Coinfribo Ltda., conminó a todas las personas que se creyeran con derecho a intervenir en la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la mencionada sociedad para que se presenten a hacer valer sus derechos.

— De acuerdo con lo anterior, los demandantes entregaron sus documentos originales a Amparo Viveros Vargas.

— Desde la fecha de intervención de la sociedad han sido varios los liquidadores nombrados, los cuales se han limitado a señalar que el pasivo de la compañía supera los once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000.00) y que el único activo está constituido por el lote de la carrera primera bis entre calles 59 a 61, por valor de dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000.00), el cual será destinado a pagar las deudas de acuerdo con el orden siguiente: obligaciones fiscales nacionales y municipales, parafiscales, laborales, proveedores y, por último, asociados, aportantes o promitentes compradores.

1.3. Fundamentos jurídicos.

Los demandantes invocaron como normas aplicables el artículo 88 de la Constitución Política, la Ley 472 del 8 de agosto de 1998, y demás normas y disposiciones concordantes y complementarias vigentes.

2. Admisión y notificación.

El 12 de marzo de 2004 (6) , el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca admitió la acción de grupo, la cual fue notificada al Ministerio Público el 24 de marzo de 2004 (7) , a la Defensoría del Pueblo el 30 de marzo de 2004 (8) y al municipio de Cali el 2 de abril de 2004 (9) .

El tribunal ordenó que se notificara la demanda a las sociedades Coinfribo Ltda. y Fribo Ltda., lo cual se hizo, respecto de la primera el día 7 de julio de 2004 (10) , y de la segunda, por medio de curador ad litem, el 27 de enero de 2005 (11) .

3. Contestación de la demanda.

3.1. municipio de Santiago de Cali.

La demanda se contestó el 16 de abril de 2004 (12) , por conducto de apoderado judicial, y comprendió los siguientes puntos principales:

— Los socios originarios de Coinfribo Ltda. eran la compañía Fribo Ltda. e Invicali (en liquidación).

— El municipio no suscribió documento, ni asumió obligación alguna, respecto de los aportantes o promitentes compradores, dado que todo el negocio fue adelantado directamente Coinfribo Ltda.

— Los pagos hechos por los aportantes y promitentes compradores fueron recibidos por Fribo Ltda., socio mayoritario de Coinfribo Ltda.

— La división de vivienda e intervenidas de la secretaría de ordenamiento urbanístico, por medio de la Resolución 48 del 24 de enero de 2000, intervino, tomó posesión y ordenó la liquidación de Coinfribo Ltda.

Finalmente, se opuso a todas las pretensiones y manifestó que la acción de grupo no era procedente en el presente caso y que había otros mecanismos judiciales para perseguir sus intereses; propuso como excepciones la caducidad, la innominada, la falta de legitimación en la causa por pasiva y la de ineptitud de la demanda por improcedencia de la acción.

3.2. Coinfribo Ltda.

La demanda se contestó el 6 de agosto de 2004 (13) por intermedio de la liquidadora de Coinfribo Ltda. (en liquidación). La contestación se opuso a todas las pretensiones, y propuso la excepción de caducidad en los siguientes términos:

“Acorde con el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 la acción de grupo debe promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño y, si se advierte que se hace reconocimiento del daño con la autorización de liquidación de la sociedad Coinfribo Ltda. —24 de enero de 2000— es esta ocasión el momento a partir del cual se estructura el perjuicio a los demandantes, razón por la cual, la acción de grupo que se promueve ha caducado…”.

3.3. Fribo Ltda.

La demanda se contestó el 10 de febrero de 2005 (14) por intermedio del curador ad litem, quien indicó que la demanda no planteaba claramente la fuente de responsabilidad que se invocaba en el presente proceso, como tampoco concretó los perjuicios sufridos por los demandantes.

Respecto de las pretensiones de la demanda, señaló que se atenía a lo que fuera probado, pero que en el evento en que no se demostrara la responsabilidad, el fallo no podría acogerlas.

4. Audiencia de conciliación.

El 25 de febrero de 2005, tuvo lugar la audiencia con asistencia del apoderado de los demandantes, de la apoderada del municipio y de la liquidadora de Coinfribo Ltda. (en liquidación) (15) ; el curador ad litem de Fribo Ltda. no asistió y presentó con posterioridad justificación para ello (16) .

La apoderada del municipio manifestó que no había ánimo conciliatorio de su poderdante, razón por la cual se terminó la audiencia.

5. Alegatos de conclusión.

5.1. Demandantes (17) .

Los demandantes insistieron en que la negligencia y la falta de eficacia en el control practicado por parte de las autoridades municipales a las actividades de Coinfribo Ltda., trajeron como consecuencia la pérdida de los aportes hechos por los demandantes. Dijeron también que el municipio de Santiago de Cali debe responder:

“… ya por hacer parte, los demandados, de la sociedad timadora; ya por ser el proyecto de vivienda con Coinfribo Ltda., una política de la administración de turno; ya por haber promovido la administración municipal, a través de su secretaría de hacienda, el proyecto como suyo o de su cosecha o de su política, por medio propagandísticos internos y externos a sus funcionarios, afiliados y público en general…”.

En relación con la excepción de caducidad de la acción, manifestaron que no estaba llamada a prosperar por cuanto hasta la fecha la acción vulnerante del daño no había cesado.

5.2. Municipio de Santiago de Cali (18) .

El municipio precisó que el capital social de Coinfribo Ltda. estaba conformado así: (i) Fribo Ltda.: 70%, (ii) municipio de Santiago de Cali, a través de la secretaría de vivienda social: 8.8% y (iii) Fondo Especial de Vivienda: 21.2%.

De acuerdo con lo anterior, el municipio no está llamado a responder por cuanto la sociedad Coinfribo Ltda. constituye una persona jurídica independiente de sus socios, la cual, a pesar de encontrarse disuelta y en proceso de liquidación, existe legalmente.

6. Sentencia de primera instancia (19) .

El 23 de septiembre de 2005, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la acción de grupo por cuando la oportunidad para su interposición había caducado. Al respecto señaló:

“En el sub judice, observa la Sala que la acción vulnerante causante de los daños y perjuicios a que se han visto sometidos los asociados al proyecto de Vivienda, sufragantes del dinero correspondiente a las cuotas iniciales cesó desde el mismo momento en que la sociedad fue intervenida y fue nombrado un agente liquidador de la misma, en otras palabras desde el 12 de abril de 2000 fecha en la cual conforme el certificado de comercio se inscribió la toma de posesión. Es así, que el momento que debe ser tomado como punto de partida para el ejercicio de la acción de grupo por las implicaciones jurídicas y fácticas que suponen el acto jurídico de la liquidación. En tal sentido, la deprecada responsabilidad del municipio y de sus funcionarios estaba sujeta al plazo otorgado por ley en el caso de las acciones de grupo artículo 47 de la Ley 472 de 1998 sin perjuicio de las acciones individuales que en ese orden se atendría a igual tratamiento y como la misma no se ejerció en tiempo esta Sala encuentra probada la excepción de caducidad y así lo declarara en la parte resolutiva.

En consecuencia, la Sala se abstendrá de estudiar las demás pretensiones de la demanda y por lo anteriormente expuesto negará las pretensiones de la demanda” (resaltado fuera de texto).

La sentencia se notificó mediante fijación de edicto los días 11, 15 y 16 de noviembre de 2005 (20) .

7. Constancia secretarial.

La constancia suscrita por el secretario Luis Arturo Bedoya Caviedes precisa:

“Secretaría. Transcurrió la ejecutoria durante los días hábiles 17, 18 y 21 de noviembre de 2005. En contra de dicho fallo no fue interpuesto recurso de apelación.

Santiago de Cali, Valle, noviembre 22 de 2005” (21) (resaltado fuera de texto).

8. Recurso de apelación.

No obstante lo anterior, obra en el expediente que el día 17 de noviembre de 2005, los demandantes presentaron recurso de apelación (22) .

El principal argumento esgrimido consistió en que la oportunidad para la presentación de la acción no había caducado, dado que la acción vulnerante del daño era el incumplimiento en la entrega de las viviendas, y que tal acción solo podía cesar cuando se cumpliera con ello.

El 29 de noviembre de 2005, el tribunal consideró que el recurso se había interpuesto oportunamente y lo concedió (23) .

9. Actuación en segunda instancia.

El 10 de mayo de 2006, se admitió el recurso de apelación por parte del Consejo de Estado (24) , y se ordenó notificar a las partes y al Ministerio Público.

El 16 de junio de 2006, el consejero ponente se abstuvo de decretar pruebas y dio traslado a las partes para la presentación de los alegatos de conclusión (25) .

No hubo alegatos de conclusión.

Consideraciones

La acción de grupo es un mecanismo de actuación judicial cuya creación legal se debe al mandato expreso del constituyente de 1991 de instituir una herramienta jurídica para la protección de un número plural de personas, al menos 20, que haya sufrido un daño con unidad de causa.

En cumplimiento de ello, la Ley 472 de 1998 creó la acción de grupo con un carácter excepcional y expedito, justificado en la búsqueda de protección para aquellos grupos de personas que se encuentran en una situación de tal entidad, y que ameritan ser amparados de forma preferencial por una vía más pronta y rápida que las vías judiciales ordinarias; de esta forma, se disminuye la repercusión social del daño por la celeridad de la reacción del aparato estatal.

La acción de grupo tiene un término de caducidad, vencido el cual ya no es posible acudir a la jurisdicción en ejercicio de la misma. El artículo 47 de la Ley 472 de 1998 establece:

“Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo”.

El fenómeno de la caducidad encuentra su fundamento en “la defensa de la seguridad jurídica, el interés general y la eficacia de la administración justicia y en el deber consagrado en el artículo 95-7 de la Constitución de colaborar con el buen funcionamiento de la misma”, tal y como lo afirmó la Corte Constitucional en la sentencia que declaró la exequibilidad de la norma (26) .

Desde la perspectiva del trámite legislativo, la norma transcrita tuvo idéntica redacción en los proyectos de ley que dieron lugar a ella, esto es: proyecto de ley 005/95 Cámara (art. 59) (27) ; texto definitivo propuesto proyectos de ley 05, 24 y 84 1995, Cámara, acumulados (art. 50) (28) ; proyectos de ley 10 de 1996 Senado, números 005 de 1995, 024 de 1995 y 084 de 1995 Cámara - acumulados (art. 50) (29) ; pliego de modificaciones proyecto de ley 05 de 1995 Cámara, 10 de 1996 Senado (art. 48) (30) ; texto proyecto de Ley 10 de 1996 Senado, números 005 de 1995, 024 de 1995 y 084 de 1995 Cámara, acumulados (art. 50) (31) ; texto del proyecto de ley número 10 de 1996 Senado, números 005 de 1995, 024 de 1995 y 084 de 1995 Cámara, acumulados (art. 48) (32) .

(No obstante, el proyecto 084/95 de la Cámara de Representantes, en el artículo 53, hizo referencia a “la fecha en que se causó o exteriorizó el daño” (33) como evento para iniciar a contar el término de caducidad, lo cual pone de presente que dentro del trámite de la Ley se tuvo en cuenta la necesidad de que el daño fuera advertido, como presupuesto para que la caducidad operara. Sobre este tema se volverá con posterioridad).

El artículo 47 plantea dos puntos de inicio para contar el término de dos años de caducidad de la acción:

— El primero está constituido por la fecha en que se causó el daño, el cual se aplica cuando el hecho generador del daño consistió en uno o varios eventos de ejecución instantánea, que se agotan en su misma ejecución (34) , por ejemplo: la lesión de un grupo de personas por la explosión de una granada de dotación oficial.

— El segundo es el momento en que cesó la “acción vulnerante causante”, y se utiliza cuando dicha acción se prolonga en el tiempo como consecuencia de una actividad permanente, sucesiva o continua del agente (35) , por ejemplo: cuando hay un vertimiento periódico de residuos tóxicos en un río que afecta la salud de una población cercana (36) .

En consecuencia, el juez procederá a hacer el análisis respectivo. Ha dicho la Sala:

“… el juez de la acción de grupo debe verificar cuál de los dos eventos resulta aplicable en el caso concreto, para efectos de contar el término de caducidad de la acción, toda vez que son las circunstancias de este las que permiten determinar si el hecho generador del daño se agota en un solo momento o se prolonga en el tiempo. No basta, entonces, la simple afirmación de las partes respecto de la aplicación de uno u otro de dichos eventos para un caso determinado, pues, como se dijo, la potestad para verificar cuál de los dos debe aplicarse para efectos de computar el término de caducidad de la acción de grupo recae, de forma exclusiva, en el juez” (37) .

Sin perjuicio de lo dicho hasta el momento, existen dos casos concretos en los que la caducidad planteada en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, se aplica de forma diferente, debido a ciertas situaciones especiales que exigen un tratamiento distinto, en virtud del principio de equidad.

El primer caso excepcional, se da cuando en el caso concreto, no se ha tenido conocimiento del daño o de la conducta generadora de este en el momento mismo de su ocurrencia, porque, por ejemplo, sus consecuencias se defirieron en el tiempo. En este sentido, la Sala considera consecuente con su jurisprudencia respecto de la caducidad, aplicar lo que se ha dicho en los procesos de reparación directa, referido a que si no se conoce el daño o la conducta generadora del mismo, no puede contarse el tiempo de caducidad establecido en la ley hasta que este haya podido ser advertido por la víctima (38) . Obviamente, se debe precisar que no se trata de cuándo fue conocido por la víctima, que sería un hecho subjetivo imposible de demostrar, sino de cuándo objetivamente pudieron darse cuenta del daño o de la conducta dañina los miembros del grupo.

El segundo caso excepcional, se refiere a aquellos hechos que son susceptibles de demanda mediante la acción de grupo, pero que tuvieron lugar antes de la entrada en vigencia de la Ley 472 de 1998, caso en el cual, sería injusto contar el término de caducidad de acuerdo con las hipótesis de que trata el artículo 47 de la Ley 472, ya que para el momento en que ocurrió el daño o se dio la acción vulnerante, no se tenía la oportunidad de acceder a la administración de justicia mediante este mecanismo, por lo que no se puede contar un término para perder un derecho que no se tiene (39) . En estos casos se empieza a contar la caducidad desde la fecha en que empezó a regir la ley, el 6 de agosto de 1999, siempre que no haya caducado la acción individual correspondiente.

Análisis del caso particular y del material probatorio

Con la finalidad de dar solución al presente caso, la Sala hará el análisis respectivo de acuerdo con el siguiente orden: 1. Pretensiones de la demanda. 2. Pagos hechos por los demandantes al proyecto de vivienda; 3. Intervención y orden de liquidar la sociedad; 4. Determinación de la fecha en que se causó el daño o cesó la acción causante del mismo. Caducidad. 5. Reclamaciones que se deben presentar ante el agente especial liquidador de la sociedad.

1. Pretensiones de la demanda.

La demanda comprende dos tipos de pretensiones: La primera pretensión es de carácter declarativo por cuanto solicita la declaración de responsabilidad del municipio Santiago de Cali por falla o falta del servicio. El segundo tipo de pretensiones incluidas en la demanda, relacionadas como segunda, tercera y cuarta, constituyen pretensiones de condena para obtener, respectivamente, la restitución del capital pagado por los demandantes al proyecto con la actualización o indización correspondiente (daño emergente), el valor de los intereses o rentabilidad del capital (lucro cesante) y los perjuicios morales.

Para la Sala, las pretensiones referidas merecen los siguientes comentarios:

En primer lugar, la acumulación objetiva de las pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta de la demanda, de acuerdo con la remisión hecha por el artículo 145 del Código Contencioso Administrativo (40) , cumple con los requisitos del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil (41) por cuanto el juez es competente para conocer de todas ellas, no se excluyen entre sí y se pueden adelantar por el mismo procedimiento.

En segundo lugar, a pesar de la falta de concreción en la pretensión primera del daño sufrido, y de la manera poco clara como se presentan los supuestos hechos generadores del mismo en la referida pretensión, la Sala advierte que tal planteamiento no implica la exclusión de los diferentes hechos entre sí, ni mucho menos de las pretensiones.

Por tal razón, de acuerdo con su propia jurisprudencia (42) , en ejercicio de sus facultades para interpretar la demanda y con énfasis en el derecho sustancial sobre la forma, la Sala extrae del contenido de la primera pretensión que el daño imputado al municipio de Santiago de Cali consiste en la no realización de los proyectos inmobiliarios “Puerta de Oro” y “Plaza Fesstiva”, y de manera subsidiaria, solo respecto de la actuación del municipio en la liquidación de la compañía, en la no devolución de los aportes.

Los daños que imputados al municipio se predican de diferentes hechos generadores, los cuales corresponden a:

— Haber inducido a sus funcionarios y al público en general a adquirir las viviendas;

— La negligencia de los funcionarios que representaban al municipio en su condición de socio de la constructora, Coinfribo Ltda., la cual llevó a la no realización de los proyectos;

— No haber obtenido resultados positivos para el desarrollo del proyecto o para la devolución de los aportes, una vez se intervino la sociedad.

Es necesario resaltar de una vez, que el municipio no ha sido llamado a responder por los demandantes con base en fuente contractual alguna, sino, exclusivamente, por la falla o falta del servicio.

Si bien dentro del marco de una acción de grupo similar conocida por la Sala con anterioridad en la cual se demandaba a un particular y a una entidad territorial por la no realización de un proyecto inmobiliario (43) , se decidió que había indebida acumulación de pretensiones por cuanto no tenían la misma causa ni versaban sobre el mismo objeto, en el presente caso no se dan los supuestos contemplados en aquella oportunidad, dado que en el sub judice:

— La pretensión declarativa es siempre la misma, esto es, la declaración de responsabilidad por falla o falta en el servicio del municipio;

— Las pretensiones de condena persiguen el pago de indemnizaciones y no la ejecución in natura del proyecto inmobiliario;

— La pretensión declarativa y las de condena provienen de la misma causa, “… entendida como el móvil determinante de la proposición de la pretensión y constituida por los hechos sobre los cuales se estructura la pretensión jurídico material…” (44) .

— Las pretensiones de condena se encuentran en situación de dependencia respecto de la pretensión declarativa;

— Las pretensiones y los hechos se sirven de las mismas pruebas;

— Los hechos generadores del daño en la pretensión declarativa se encuentran relacionados unos con otros, y no se excluyen;

En consecuencia, el estudio que a continuación seguirá la Sala partirá de tales consideraciones.

2. Pagos hechos por los demandantes al proyecto de vivienda.

Las pruebas consistentes en recibos de caja, transferencias, constancias y contratos de reserva y de promesa de compraventa, fueron aportadas al proceso por los demandantes en copias simples, dado que los originales de los mismos se entregaron al agente especial liquidador de Coinfribo Ltda., en procura de obtener el reconocimiento y restitución de las sumas pagadas a la compañía por los aportantes, en el marco del proceso de liquidación correspondiente (45) .

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el municipio de Santiago de Cali y la sociedad Fribo Ltda., en las contestaciones de la demanda manifestaron expresamente que era cierto el hecho de la demanda que relacionaba los nombres de los aportantes o prometientes compradores acompañados de los números de recibos respectivos, la fecha de pago y los valores, la Sala considera, de conformidad con lo prescrito por el Código de Procedimiento Civil (46) , que tales documentos tienen valor probatorio dentro del proceso.

La Sala quiere relevar que los pagos se hicieron a favor de Fribo Ltda. y no de Coinfribo Ltda., lo cual resulta irregular en la medida en que la entidad que adelantaba el proyecto inmobiliario y quien suscribía las promesas de compraventa era la segunda; la primera era solo la titular de unas cuotas dentro del capital social de Coinfribo Ltda.

Los aportes corresponden a la siguiente descripción:

Jaime Antonio Grajales y Céfora Moreno: recibo de caja 1770, del 23 de abril de 1998 por valor de $ 2.000.000; recibo de caja 003039 del 29 de mayo de 1998 por valor de $ 1.183.333; recibo de caja 003133 del 30 de junio de 1998 por valor de $ 1.183.333; recibo de caja 003234 del 29 de julio de 1998 por valor de $ 1.183.333; recibo de caja 003345 del 31 de agosto de 1998 por valor de $ 1.183.333; recibo de caja 003449 del 28 de septiembre de 1998 por valor de $ 1.183.333; recibo de caja 003526 del 29 de octubre 29 de 1998 por valor de $ 1.183.333. El total pagado fue de $ 9.099.998 (47) .

Francisco Javier Carvajal Valencia y María Cristina Arias Mora: consignaciones en la cuenta del Banco Ganadero 397902902, así: junio 12 de 1998 por valor de $ 1.000.000; julio 8 de 1998 por valor de $ 1.209.200; agosto 10 de 1998 por valor de $ 1.209.200; septiembre 11 de 1998 por valor de $ 1.209.200. El total pagado fue de $ 4.627.600 (48) .

José Isidro Gutiérrez Rodríguez: cesantías del Fondo Nacional del Ahorro por valor de $ 1.299.919; recibo de caja 1657 de noviembre 29 de 1997 por valor de $ 366.081; recibo de caja 002419 de diciembre 1º de 1997 por valor de $ 300.000; recibo de caja 002512 de diciembre 13 de 1997 por valor de $ 500.000; recibo de caja 002438 de diciembre 1º de 1997 por valor de $ 359.081; recibo de caja 002624 de enero 1º de 1998 por valor de $ 500.000; recibo de caja 002575 de enero 7 de 1998 por valor de $ 500.000; recibo de caja 002658 de enero 31 de 1998 por valor de $ 180.815; recibo de caja 002657 de enero 31 de 1998 por valor de $ 319.185; recibo de caja 002738 de febrero 18 de 1998 por valor de $ 500.000; recibo de caja 002764 de marzo 2 de 1998 por valor de $ 500.000; recibo de caja 002816 de marzo 16 de 1998 por valor de $ 500.000; recibo de caja 002849 de abril 1º de 1998 por valor de $ 500.000; recibo de caja 002918 de abril 17 de 1998 por valor de $ 500.000; recibo de caja 001786 de mayo 6 de 1998 por valor de $ 500.000. El total pagado fue de $ 7.325.081 (49) .

Javier Orlando Londoño González y Nancy Pineda Barrero: consignaciones en la cuenta del Banco Ganadero 397902902, así: julio 24 de 1998 por un valor de $ 1.209.158; agosto 24 de 1998 por un valor de $ 1.209.158; septiembre 24 de 1998 por un valor de $ 1.209.158; octubre 26 de 1998 por un valor de $ 1.209.158; recibo de caja 0358 sin fecha por un valor de $ 1.000.000. El total pagado fue de $ 5.836.632 (50) .

José Camacho Pinillos y Consuelo Figueroa Plazas: consignación del Fondo Nacional del Ahorro por un valor de $ 1.666.202; recibo de caja 002415 de diciembre 1º de 1997 por un valor de $ 882.780; recibo de caja 002486 de diciembre 9 de 1997 por un valor de $ 882.780; recibo de caja 002581 de enero 7 de 1998 por un valor de $ 882.780; recibo de caja 002683 de febrero 6 de 1998 por un valor de $ 882.780; recibo de caja 002783 de marzo 4 de 1998 por un valor de $ 882.780; recibo de caja 002892 de abril 7 de 1998 por un valor de $ 882.798. El total pagado fue de $ 6.963.330 (51) .

Idalia Pedroza Gómez: recibo de caja 1608 de noviembre 18 de 1998 por un valor de $ 200.000; recibo de caja 002920 de abril 17 de 1998 por un valor de $ 4.238.555; recibo de caja sin número de septiembre 24 de 1997 por un valor de $ 2.619.973. El total pagado fue de $ 7.058.528 (52) .

María Eugenia Ossa López y Luis Alfonso Díaz Cervantes: cesantías del Fondo Nacional del Ahorro por un valor de $ 922.726; recibo de caja 1777 de mayo 5 de 1998 por un valor de $ 3.000.000; recibo de caja 002633 de enero 21 de 1998 por un valor de $ 100.000; recibo de caja 002527 de diciembre 18 de 1997 por un valor de $ 100.000; recibo de caja 002835 de marzo 19 de 1998 por un valor de $ 100.000; recibo de caja 002747 de febrero 20 de 1998 por un valor de $ 100.000; recibo de caja 002437 de diciembre 1º de 1997 por un valor de $ 500.000; recibo de caja 003114 de junio 19 de 1998 por un valor de $ 471.064. El total pagado fue de $ 5.293.790 (53) .

Carlos Alberto Ruiz García: recibo de caja 1639 de noviembre 26 de 1997 por un valor de $ 900.000; recibo de caja sin número por un valor de $ 728.000; recibo de caja 1139 de julio 16 de 1997 por un valor de $ 877.681; recibo de caja 001729 de mayo 15 de 1997 por un valor de $ 878.000; recibo de caja 002113 de julio 22 de 1997 por un valor de $ 700.000; recibo de caja 002081 de agosto 20 de 1997 por un valor de $ 700.000; recibo de caja 0102 de junio 19 de 1997 por un valor de $ 48.597; recibo de caja 1434 de septiembre 25 de 1997 por un valor de $ 800.000. El total pagado fue de $ 5.632.278 (54) .

Óscar Alberto Gómez Niño: recibo de caja 002423 de diciembre 1º de 1997 por un valor de $ 200.000; recibo de caja 002531 de diciembre 18 de 1997 por un valor de $ 1.500.000; recibo de caja 002817 de marzo 16 de 1998 por un valor de $ 2.200.000; recibo de caja 002956 de mayo 1º de 1998 por un valor de $ 2.179.193; Giro del Fondo Nacional del Ahorro por un valor de $ 1.050.807. El total pagado fue de $ 7.130.000 (55) .

Gustavo Jiménez Soto: recibo de caja 001432 de febrero 17 de 1997 por un valor de $ 8.941.692. El total pagado fue de $ 8.941.692 (56) .

Luz Mary Grajales Moreno y John Jairo Umaña: recibo de caja 003040 de mayo 29 de 1998 por un valor de $ 1.183.333; recibo de caja 003134 de junio 30 de 1998 por un valor de $ 1.183.333; recibo de caja 003527 de octubre 20 de 1998 por un valor de $ 427.836. El total pagado fue de $ 2.794.502 (57) .

Fabio León Urquiña y Rosa Neila Puentes de Urquina: recibo de caja sin número de abril 21 de 1997 por un valor de $ 300.000; recibo de caja sin número de abril 23 de 1997 por un valor de $ 700.000; recibo de caja 001925 de julio 4 de 1997 por un valor de $ 6.803.132; recibo de caja 1406 de septiembre 6 de 1997 por un valor de $ 1.000.000; recibo de caja 1500 de enero 6 de 1998 por un valor de $ 151.891. El total pagado fue de $ 10.455.023 (58) .

Carmen Elisa Lozano Agudelo y Aníbal Ramírez: recibo de caja 001662 de noviembre 26 de 1997 por un valor de $ 1.002.248; recibo de caja 001837 de junio 11 de 1997 por un valor de $ 6.288.963; recibo de caja 001460 de diciembre 10 de 1997 por un valor de $ 66.632; recibo de caja 002201 de septiembre 30 de 1997 por un valor de $ 500.000; recibo de caja 002654 de enero 28 de 1998 por un valor de $ 677.252; recibo de caja 002653 de enero 28 de 1998 por un valor de $ 1.500.000. El total pagado fue de $ 10.035.095 (59) .

Luis Ángel Paz: recibo de caja sin número por un valor de $ 200.000; giro del Fondo Nacional del Ahorro por un valor de $ 1.469.444. El total pagado fue de $ 1.669.444 (60) .

Manuela Viveros Escobar: recibo de caja 1592 de noviembre 12 de 1997 por un valor de $ 200.000; recibo de caja 002549 de febrero 27 de 1998 por un valor de $ 80.000; recibo de caja 002940 de abril 25 de 1998 por un valor de $ 3.484.750; recibo de caja 003041 de mayo 30 de 1998 por un valor de $ 245.000; recibo de caja 003142 de julio 1º de 1998 por un valor de $ 255.000; recibo de caja 003237 de julio 30 de 1998 por un valor de $ 240.000; recibo de caja 003392 de septiembre 8 de 1998 por un valor de $ 1.000.000; recibo de caja 003528 de octubre 30 de 1998 por un valor de $ 1.427.173. El total pagado fue de $ 6.931.923 (61) .

Nubiola Lozano de Sandoval: recibo de caja sin número de abril 11 de 1997 por un valor de $ 100.000; recibo de caja 001798 de junio 5 de 1997 por un valor de $ 814.603; recibo de caja 001799 de junio 5 de 1997 por un valor de $ 2.500.000; recibo de caja 001638 de abril 19 de 1997 por un valor de $ 7.293; recibo de caja 001637 de abril 19 de 1997 por un valor de $ 800.000. El total pagado fue de $ 4.221.896 (62) .

Arístides Cobo Carvajal: recibo de caja 1743 de abril 6 de 1997 por un valor de $ 1.000.000; recibo de caja 003211 de julio 21 de 1998 por un valor de $ 1.000.000; recibo de caja 003529 de octubre 30 de 1998 por un valor de $ 1.400.000. El total pagado fue de $ 3.400.000 (63) .

Julio Enrique Corrales Suaza: recibo de caja 1616 de noviembre 20 de 1997 por un valor de $ 1.000.000; consignación Fondo Nacional del Ahorro por un valor de $ 1.216.470; Consignaciones en la cuenta del Banco Ganadero 397902909, así: enero 29 de 1998 por un valor de $ 984.588; enero 29 de 1998 por un valor de $ 984.588; marzo 5 de 1998 por un valor de $ 984.588; abril 1º de 1998 por un valor de $ 984.588; junio 11 de 1998 por un valor de $ 984.588; noviembre 6 de 1998 por un valor de $ 984.588; junio 11 de 1998 por un valor de $ 367.000. El total pagado fue de $ 7.490.998 (64) .

Mauricio Acero Castañeda: recibo de caja 002431 de diciembre 1º de 1997 por un valor de $ 500.000; recibo de caja 002526 de diciembre 18 de 1998 por un valor de $ 100.000; recibo de caja 002634 de enero 21 de 1998 por un valor de $ 100.000; recibo de caja 002748 de febrero 20 de 1998 por un valor de $ 100.000; recibo de caja 002836 de marzo 20 de 1998 por un valor de $ 100.000; recibo de caja 002935 de abril 21 de 1998 por un valor de $ 5.494.583; cesantías trasladas del Fondo Nacional del Ahorro por un valor de $ 1.310.417. El total pagado fue de $ 7.705.000 (65) .

Omaira Hernández Barbosa: recibo de caja 003455 de octubre 1º de 1998 por un valor de $ 9.400.000. El total pagado fue de $ 9.400.000 (66) .

Douglas Hurtado Moreno: recibo de caja 0373 de agosto 18 de 1998 por un valor de $ 835.167; recibo de caja 003421 de septiembre 15 de 1998 por un valor de $ 376.000; recibo de caja 1649 de noviembre 27 de 1997 por un valor de $ 200.000; recibo de caja 003420 de septiembre 15 de 1998 por un valor de $ 460.000; recibo de caja 0197 de febrero 16 de 1998 por un valor de $ 300.000; recibo de caja 002518 de diciembre 15 de 1998 por un valor de $ 300.000; recibo de caja 1762 de abril 15 de 1998 por un valor de $ 300.000; recibo de caja 002913 de abril 15 de 1998 por un valor de $ 300.000; consignación del Fondo Nacional del Ahorro por un valor de $ 2.762.054. El total pagado fue de $ 5.833.221 (67) .

Alfredo Tadeo Navia Guarnizo: recibo de caja 003319 de agosto 19 de 1998 por un valor de $ 1.000.000; recibo de caja 003438 de septiembre 21 de 1998 por un valor de $ 440.000; recibo de caja 003439 de septiembre 21 de 1998 por un valor de $ 743.333; consignaciones en la cuenta del Banco Ganadero 397902909, así: septiembre 18 de 1998 por un valor de $ 440.000; septiembre 18 de 1998 por un valor de $ 743.333; septiembre 25 de 1998 por un valor de $ 1.000.000. El total pagado fue de $ 4.366.666 (68) .

La información revisada por la Sala da fe de que los pagos fueron hechos entre 1997 y 1998. Estas fechas serán consideradas, junto con otras que más adelante se expondrán, para determinar si la oportunidad para la presentación de la acción de grupo había caducado o no.

Han quedado por fuera de la relación anterior algunos de los demandantes debido a dos causas principales:

— No fueron relacionados en el hecho de la demanda que se aceptó como cierto por los demandados, razón por la cual las copias simples que acreditan los pagos hechos no tienen valor probatorio;

— Se integraron al grupo con posterioridad a la presentación de la demanda, y, como consecuencia lógica, las copias simples que aportaron no estaban relacionados en el hecho de la demanda que fue aceptado como cierto por los demandados.

3. Intervención y orden de liquidar la sociedad.

El proyecto inmobiliario, tal como se dijo en los antecedentes, afrontó múltiples inconvenientes que impidieron su realización, razón por la cual la Resolución 48 del 24 de enero de 2000 del municipio de Santiago de Cali (69) , con fundamento en la Ley 66 de 1968, resolvió:

“ART. 1º—Ordenar la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes para liquidar de (sic) la Sociedad Coinfribo Ltda., representada legalmente por el señor Diego Forero Herrera, identificado con C.C. 16.697.225 de Cali (V) con domicilio en la calle 11 Nº 65B - 45, registrada en la cámara de comercio, que serán (sic) liquidadas por el agente especial que designe el honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali” (resaltado fuera de texto).

El acto mencionado fue inscrito en el registro mercantil, tal como se acredita en el certificado de existencia y representación legal correspondiente (70) , en los siguientes términos:

“El suscrito secretario de la Cámara de Comercio de Cali

(…).

CERTIFICA

Que por Resolución 48 del 24 de enero de 2000, inscrita en la cámara de comercio el 12 de abril de 2000 bajo el número 2559 del libro IX, la división de vivienda e intervenidas de la Secretaria de Ordenamiento Urbanístico del municipio de Santiago de Cali, ordena la toma de posesión de los negocios bienes y haberes para liquidar de la sociedad Coinfribo Limitada, que serán liquidadas por el agente especial que designe el honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali”.

(Resaltado fuera de texto).

Con posterioridad, la comisión plan y tierras del Concejo Municipal de Santiago de Cali expidió la Resolución 14 del 7 de julio de 2000 (71) , por medio de la cual dispuso:

“CONSIDERANDO:

(…).

Que con Resolución 48 del 24 de enero de 2000, la secretaría de ordenamiento urbanístico ordenó la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la Sociedad Constructora Coinfribo - Plaza Festiva, con domicilio en Cali y solicitó al concejo municipal, comisión plan y tierras, la designación del agente especial liquidador.

(…).

RESUELVE:

ART. 1º—Designar a la subsecretaría de ordenamiento y reglamentación física cuyo cargo ocupa en la actualidad la arquitecta Amparo Viveros Vargas, con cédula de ciudadanía 31.251.775 expedida en Cali, como agente especial liquidador de los negocios, bienes y haberes de la Sociedad Constructora Coinfribo Ltda., con domicilio en Cali”.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 66 de 1968 (72) , una vez se ordena la liquidación de la entidad, los actos del agente especial liquidador estarán dirigidos principalmente a emplazar a las personas que se sientan con derecho de participar en el proceso, luego de lo cual se procederá con la liquidación respectiva.

En congruencia con el artículo 222 del Código de Comercio (73) , es claro que las actividades de la compañía intervenida, en este caso Coinfribo Ltda., una vez ordenada la liquidación por parte del municipio de Santiago de Cali, se restringen a los actos conducentes a la liquidación misma, y, como resultado de ello, era imposible adelantar los proyectos de construcción inmobiliaria que fueron ofrecidos a los aportantes.

En ese orden de ideas, junto a las fechas de pago de los aportes referidos se deberán considerar como eventuales fechas de causación del daño o de cesación del hecho o conducta vulnerante, para efectos de contar el término de caducidad de la acción de grupo, las de los actos y registros mencionados en este numeral.

4. Determinación del momento en que se causó el daño o cesó la acción causante del mismo. Caducidad.

4.1. Inducción a invertir en el proyecto.

En relación con la primera acusación hecha por los demandantes, en el sentido que el municipio los indujo a invertir en los proyectos de vivienda, la Sala se abstiene de hacer cualquier análisis de fondo dado que lo primero que se debe establecer es el momento en que supuestamente se causó el daño o cesó el mismo, para concluir si hay caducidad o no.

De acuerdo con esta primera hipótesis, si el hecho generador del daño fue la inducción al público para inversión en el proyecto, el daño se produjo efectivamente al momento del pago de la primera cuota por parte de cada uno de los demandantes. Es decir, la alegada incitación, persuasión o inducción a la compra de los inmuebles, se concretó en daño cuando los aportantes pagaron por primera vez, dado que solo hasta ese momento se objetivó la supuesta influencia del municipio.

Ahora bien, dado que los pagos referidos fueron hechos entre 1997 y 1998, y que en ese momento no estaba en vigencia la Ley 472 de 1998, es necesario referir lo dicho recientemente por esta Sección del Consejo de Estado, advirtiendo que solo será aplicable en la medida en que la acción individual correspondiente no haya caducado:

“… en virtud del principio de equidad, el término de caducidad para estos casos que acaecieron antes del desarrollo legal de las acciones de grupo, se debe contar desde el momento en que entró en vigencia la Ley 472 de 1998, cuyo artículo 86, establece que “la presente ley rige un año después de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias…”, por lo que si fue publicada el 5 de agosto de 1998, la vigencia de la ley empezó el 6 de agosto de 1999, fecha desde la cual se empezarán a contar los dos años establecidos en el artículo 47” (74) .

De conformidad con lo anterior, en el remoto caso en que se configurara el daño bajo las circunstancias descritas, la oportunidad para la presentación de la demanda habría caducado en el presente proceso, dado que la demanda se presentó el 9 de marzo de 2004, cuando ya habían transcurrido más de dos años de la entrada en vigor de la ley.

4.2. Responsabilidad por la no realización del proyecto.

Según los demandantes, el municipio debe responder por cuanto los funcionarios que lo representaban en los órganos de dirección de Coinfribo Ltda., en su condición de titular (directo o indirecto) de cuotas en el capital social de la empresa, fueron negligentes, no cumplieron con los aportes que debía hacer el municipio, entorpecieron las decisiones de la empresa y ocasionaron que el proyecto no se llevara a cabo. Al respecto, la Sala reitera que no hará ningún estudio de fondo, sino que se limitará a esclarecer el asunto de la caducidad.

La Sala observa que en la hipótesis presentada por los demandantes, el hecho generador del daño consiste en la frustración real y definitiva respecto del desarrollo del proyecto, cuestión que se concreta con la orden de liquidar la compañía.

En efecto, la expectativa que tenían los demandantes de obtener una vivienda en los términos ofrecidos en el proyecto deja de existir en el instante mismo en que se hace pública la decisión de liquidar la compañía. Por ello, con la intención de precisar la fecha exacta, la Sala considera necesario discriminar los tres momentos a los cuales se ha hecho alusión con anterioridad:

— Resolución 48 de toma de posesión y orden de liquidación expedida por la alcaldía del municipio el 24 de enero de 2000;

— Inscripción en la Cámara de Comercio de Cali, de fecha 12 de abril de 2000, de la Resolución 48;

— Resolución 14 del 7 de julio de 2000 de la comisión plan y tierras del Concejo Municipal de Santiago de Cali, de designación del agente especial liquidador.

Para la Sala, de acuerdo con las normas mercantiles que rigen los actos relacionados con el funcionamiento de una compañía comercial, resulta suficientemente claro que la orden de liquidar Coinfribo Ltda. tiene efectos respecto de los demandantes desde el momento de la inscripción en el registro mercantil de la Resolución 48 (75) , habida cuenta de que es entonces cuando se hace pública y oponible la decisión.

Al respecto la Corte Constitucional ha dicho:

“Coinciden unánimemente la doctrina y la jurisprudencia en reconocer que el registro mercantil es un instrumento de publicidad para la vida comercial, cuyo objeto es permitir al público el conocimiento ciertos datos relevantes para el tráfico mercantil. Algunos hechos y actividades de esta naturaleza producen efectos no solo entre las partes, sino también frente a terceros, por lo cual, por razones de seguridad jurídica, es menester que exista un mecanismo para su conocimiento público… Así, una vez hecho el correspondiente registro, el acto tendrá efectos no solo entre quienes participaron en él, sino erga omnes, por lo cual en adelante nadie podrá alegar su desconocimiento. Este es el principio que se conoce como de “publicidad material del registro”, en virtud del cual, una vez inscrito, el acto se supone conocido de todos” (76) (resaltado fuera de texto).

Para la Sala la oponibilidad de los efectos de la Resolución 48 se logró con la inscripción en la Cámara de Comercio de Cali, por lo cual el daño se causó el 12 de abril de 2000, cuando la frustración e improcedencia del proyecto cobró efectos frente a los demandantes.

En ese orden de ideas, al momento de la presentación de la demanda, 9 de marzo de 2004, la oportunidad correspondiente a la presentación de la acción de grupo había caducado.

4.3. Inutilidad de la intervención en la sociedad para el desarrollo del proyecto.

De nuevo, como en los anteriores dos apartes, la Sala se abstiene de hacer estudios de fondo y dirige su atención únicamente al fenómeno de la caducidad.

Es pertinente recordar que de acuerdo con el a quo la acción vulnerante causante de los daños y perjuicios cesó desde el momento en que la sociedad fue intervenida y se nombró al agente especial liquidador de la misma, mientras que para los demandantes la acción vulnerante causante no ha cesado en la medida en que no se obtuvo la construcción del proyecto ni el pago de los perjuicios.

La Sala advierte que las partes coinciden al tomar como elemento decisivo para la determinación del momento a partir del cual se cuenta el término de caducidad el de la cesación de la acción vulnerante causante de los daños y perjuicios, en lugar de tomar el de la causación del daño, cuestión que la Sala califica como un error por los siguientes motivos:

En primer término, el Tribunal del Valle del Cauca tuvo en cuenta para proferir la sentencia un pronunciamiento anterior del Consejo de Estado, en el cual dos entidades de vigilancia fueron demandadas por la vía de la acción de grupo con el argumento de no haber prestado la debida vigilancia y adoptado las medidas preventivas encaminadas a evitar el descalabro económico de los ahorradores de dos cooperativas sometidas a su vigilancia (77) .

La demanda en ese caso estaba dirigida a unos entes que supuestamente omitieron el ejercicio de sus funciones de policía administrativa, pero quienes, a diferencia del asunto actual, no estaban involucrados directamente con el desarrollo del negocio como socios de la constructora ni como miembros de sus órganos de dirección. En efecto, en el pronunciamiento jurisprudencial citado la acción vulnerante causante del daño era la omisión de las entidades de control en la vigilancia de las cooperativas, razón por la cual se podía señalar acertadamente, como lo hizo el Consejo de Estado, que una vez que tales entidades intervinieron y tomaron posesión de las cooperativas, cesó la causa del daño; en razón a ello, a partir de ese momento se podía empezar a contar el término de caducidad.

Pero el asunto sub judice es sumamente diferente, dado que no se está diciendo que la acción vulnerante causante del daño sea la omisión en la vigilancia del municipio de Cali sobre la compañía, sino que, expresamente los demandantes puntualizan:

“En nuestro caso la acción vulnerante causante del daño lo es el incumplimiento en la entrega de las soluciones de vivienda prometidas por la empresa Coinfribo Ltda. y prometidas por la secretaría de vivienda y Fondo Especial de Vivienda del municipio de Santiago de Cali.

La acción vulnerante CESA con el cumplimiento a los aquí demandantes cuando se construya y entregue (sic) las soluciones de vivienda o en su defecto cuando sean indemnizados patrimonial y moralmente” (resaltado fuera de texto) (78) .

En consecuencia, resulta errado señalar que la acción vulnerante cesó con la intervención en la compañía dado que las reclamaciones hechas por los demandantes no atañen a la condición del municipio de Cali como ente encargado de la vigilancia correspondiente, sino que lo involucran como directo implicado en el asunto por cuanto tenía cuotas en el capital social de la compañía constructora (79) , participaba de la administración de la misma y su nombre aparecía respaldando el programa de vivienda (80) .

En ese orden de ideas, el momento para iniciar a contar el término de caducidad no era la cesación del perjuicio, por cuanto este no ha cesado, sino el de la ocurrencia del daño consistente en la fecha en que se hizo pública la decisión de que la construcción del proyecto inmobiliario no era viable, esto es, la inscripción en el registro mercantil de la resolución que ordenó la liquidación de la compañía.

En segundo lugar, acerca de los argumentos de los demandantes, conviene transcribir lo que ellos dicen en el sentido que:

… la causa del daño aún persiste, reiternado (sic) que lo es el incumplimiento en la construcción y entrega de las soluciones de vivienda o en su defecto las indemnizaciones por los daños patrimoniales y morales en cabeza de los aquí demandantes…” (81) .

Al respecto la Sala observa que los daños derivados del hecho generador del mismo pueden continuar en el tiempo, e incluso, aumentar, pero tal circunstancia no es relevante para contar el término de caducidad, debido a que el punto de partida que se toma para el cálculo es el momento en que se causó el daño, es decir, el hecho generador del daño.

Con tal propósito, la Sala ha dicho que es diferente el hecho generador del daño y las consecuencias del mismo, así:

“En cuanto al fondo del auto impugnado, la Sala dejó sentado que para efectos de la caducidad “se debe tomar como referencia el hecho generador de los supuestos perjuicios reclamados en la demanda, y no las consecuencias del mismo”, y que diferente es el caso de la afectación de los derechos o intereses reclamados en la demanda por causa de una actividad permanente de un agente determinado, público o privado, en el cual se daría la hipótesis que aduce el recurrente, esto es, la de contar el término de caducidad a partir de la fecha en que cesó la acción vulnerante causante del daño” (82) (resaltado fuera de texto).

En el mismo sentido, la Sección Tercera precisó:

“Debe aclararse, en todo caso, que por el hecho de que el daño se agrave después de su consolidación, implique (sic) que se trata de un daño continuado o de tracto sucesivo, como lo pretende el apoderado de los demandantes; ya que, de esa manera, el término de caducidad se prolongaría de manera indefinida (83) .

y en un pronunciamiento más reciente:

“… debe tenerse cuidado, como lo señaló la Sala al resolver un asunto similar que no puede confundirse la causa del daño con la prolongación del mismo. Debe aclararse, en todo caso, que por el hecho de que el daño se agrave después de su consolidación, no implica que se trate de un daño continuado o de tracto sucesivo, como lo pretende el grupo actor, ya que, de esa manera, el término de caducidad se prolongaría de manera indefinida” (84) .

Una interpretación del tipo de la de los demandantes llevaría a concluir que ante la ocurrencia de un daño consistente en el incumplimiento de una obligación, nunca se produciría la caducidad en la medida en que el perjuicio por tal incumplimiento estará siempre presente y no cesará hasta cuando se cumpla.

En conclusión, al igual que en el aparte anterior, de haberse presentado el perjuicio consistente en la no realización del proyecto a pesar de la intervención y toma de posesión del municipio de Santiago de Cali en Coinfribo Ltda., este habría tenido lugar el día 12 de abril de 2000, y, como ya se explicó, la acción habría caducado.

6. Reclamaciones que se deben presentar ante el agente liquidador de la sociedad.

Finalmente, en relación con la alegada inutilidad de la intervención del municipio en la sociedad Coinfribo Ltda. para obtener “… las indemnizaciones por los daños patrimoniales y morales…” de los demandantes, para la Sala es claro que la reclamación respectiva se debe adelantar frente al agente especial liquidador, por cuanto la acción de grupo no resulta procedente para desconocer las graduaciones y órdenes de prelación de los procesos de liquidación.

En tal sentido, la Ley 66 de 1968 indica el procedimiento pertinente (85) , el cual, de conformidad con lo dicho por los demandantes en los hechos numerados como 8 y 9 en la demanda (86) , ha sido cumplido por el agente especial liquidador y por ellos, a pesar de lo cual hasta la fecha no se ha obtenido el pago efectivo de las sumas.

No obstante lo anterior, mientras se encuentre pendiente el proceso de liquidación y no se haya hecho la cuenta final respectiva, es imposible perseguir la responsabilidad del municipio Santiago de Cali en su condición de socio (87) y administrador (88) de la sociedad Coinfribo Ltda., motivo por el cual no es legalmente viable establecerla en el presente proceso.

En observancia de lo analizado, la Sala concluye:

— En cualquiera de las hipótesis expuestas en el punto 4. Determinación del momento en que se causó el daño o cesó la acción causante del mismo. Caducidad, la oportunidad para interponer la acción de grupo había caducado al momento de presentación de la demanda;

— En relación con las reclamaciones tendientes a la devolución de los aportes hechos por los demandantes al proyecto inmobiliario, se deben elevar dentro del proceso de liquidación ante el agente especial liquidador.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2005 del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca que declaró probada la caducidad de la acción de grupo y denegó las pretensiones, pero con fundamento en las diferentes razones expuestas en esta sentencia.

2. ENVÍASE copia de esta providencia al registro público de acciones populares y de grupo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez—Ruth Stella Correa Palacio—Enrique Gil Botero—Ramiro Saavedra Becerra.

(1) Folios 482 - 515, cuaderno 1.

(2) Folios 673 - 674, cuaderno 1.

(3) Folios 723 - 724, cuaderno 1.

(4) Folios 754 - 756, cuaderno 1.

(5) Folios 19 - 21, cuaderno 1.

(6) Folios 516 - 520, cuaderno 1.

(7) Folio 520, cuaderno 1.

(8) Folio 522, cuaderno 1.

(9) Folio 523, cuaderno 1.

(10) Folio 560, cuaderno 1.

(11) Folio 746, cuaderno 1.

(12) Folios 549 - 555, cuaderno 1.

(13) Folios 677 - 679, cuaderno 1.

(14) Folios 757 - 762, cuaderno 1.

(15) Folio 800, cuaderno 1.

(16) Folios 805 - 806, cuaderno 1.

(17) Folios 853 - 858, cuaderno 1.

(18) Folios 869 - 871, cuaderno 1.

(19) Folios 882 - 898, cuaderno Principal

(20) Folio 899, cuaderno Principal

(21) Folio 900, cuaderno Principal

(22) Folios 901 - 908, cuaderno Principal

(23) Folios 910 - 911, cuaderno Principal

(24) Folio 916, cuaderno Principal

(25) Folio 919, cuaderno principal.

(26) Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, diez (10) de junio de dos mil cuatro (2004), actor: pescadores de San Antero, demandado: Ecopetrol, Occidental de Colombia, Inc., Compañía Shell de Colombia y Ocensa S.A., radicación 23001-23-31-000-1999-00116-02 (AG), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(27) Gaceta del Congreso, año IV - Nº 207, pág. 11.

(28) Gaceta del Congreso, año IV - Nº 493, pág. 20.

(29) Gaceta del Congreso, año VI - Nº 11, pág. 45.

(30) Gaceta del Congreso, año VI - Nº 167, pág. 8.

(31) Gaceta del Congreso, año VI - Nº 167, pág. 19.

(32) Gaceta del Congreso, año VI - Nº 210, pág. 6.

(33) Gaceta del Congreso, año IV - Nº 277, pág. 7.

(34) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, dieciséis (16) de junio de dos mil cinco (2005), actor: Hernán Martínez Pinzón, demandado: municipio de Ibagué, radicación 73001-23-31-000-2002-00003-01(AG), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, trece (13) de febrero de dos mil seis (2006), actor: Fernando Montoya Montoya - Personero Municipal de Cali, demandado: municipio de Santiago de Cali, radicación 76001-23-31-000-2002-04789-01(AG), C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dieciséis (16) de agosto de dos mil uno (2001), actor: Rosaura Hernán Martínez Pinzón, demandado: municipio de Ibagué, radicación 73001-23-31-000-2002-00003-01(AG), C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

(36) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, veintidós (22) de febrero de dos mil siete (2007), actor: Marco Tulio Timarán Ortega y otros, demandado: municipio de Pasto, radicación 520012331000 2003 (AG-1869) 01, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(37) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 2 de junio de 2005, expediente AG-00008, actor: Gloria Nancy Saray y otros. Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández E.

(38) Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 26 de abril de 1984, expediente 3393, del 29 de junio de 2000, expediente 11.676. y 29 de enero de 2004, expediente 18273.

(39) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, auto de nueve de marzo de 2000, expediente AP-017 (sic), Consejero ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.

(40) Artículo 145:

“Acumulación pretensiones y de procesos en materia contencioso administrativa. En todos los procesos contencioso administrativos procederá la acumulación de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, así como la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos establecidos por el mismo código.

(41) ART. 82.—Modificado Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, mod. 34. “El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía. 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento”.

(42) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil uno (2001), radicación 15001-23-31-000-1994-0135-01(12853), actor: Armando Gaitán Garzón, demandado: Departamento de Arauca, C.P. María Elena Giraldo Gómez: “La Carta de 1991 introdujo, entre sus muchas variaciones al Estado y como parte fundamental, en materia de la administración de justicia el principio administrador en el proceso judicial relativo a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228). Impuso al juzgador ver la materia real del litigio con prescindencia de la forma; le dio una capacidad de acción, y con ella, lo convirtió en un verdadero rector del proceso con poderes de interpretación auténtica, se recaba, al exigirle que los juicios deben ser expresión del derecho sustancial; y al no distinguir este, lo extendió al procedimiento y rituación del mismo y al acto de definición: la sentencia”.

(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil tres (2003), radicación 25000-23-26-000-2001-00031-01 (AG-203), actor: Wilson Alfredo Rocha Márquez y otros, demandado: municipio de Ubaté y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. “Considera la Sala que las pretensiones formuladas contra el municipio de Ubaté y contra los particulares citados no tienen la misma causa; en los términos de la demanda, en el primer caso, ella está constituida por “la omisión en la vigilancia y cuidado por parte de las autoridades municipales en el desarrollo del proyecto”, y en el segundo, por el hecho de que “el propietario y el urbanizador celebraron actos jurídicos que crearon expectativas en los demandantes”. Tampoco versan sobre el mismo objeto, aun cuando se pretenda lo contrario en el libelo introductorio; en un caso se trata de la declaración de la responsabilidad extracontractual de una entidad estatal, por el incumplimiento de sus obligaciones legales, y en el otro de la declaración de la responsabilidad de los particulares por el incumplimiento de los contratos de compraventa celebrados, lo que, adicionalmente, habría supuesto, necesariamente, la formulación clara de peticiones en tal sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil. No puede decirse, por otra parte, que las pretensiones formuladas contra el municipio y los mencionados particulares se hallen en relación de dependencia, ni que deban servirse específicamente de las mismas pruebas, lo cual se deduce fácilmente, en este caso, de la comprobación de los elementos que sirven para concluir que tienen causas distintas, según lo explicado” (resaltado fuera de texto).

(44) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005), radicación 25000-23-26-000-2003-0112-01, actor: Joyas y Típicos de Colombia Ltda. y otros, demandado: Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, referencia: expediente 28.290, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(45) Folio 496, cuaderno 1.

(46) Artículo 268: “Aportación de documento privados. Las partes deberán aportar el original de los documentos privados, cuando estuvieren en su poder.

Podrán aportarse en copia (...).

3. Aquellos cuyo original no se encuentre en poder de quien los aporta. En este caso, para que la copia preste mérito probatorio será necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario o secretario de oficina judicial o que haya sido reconocida expresamente por la parte contraria o demostrada mediante cotejo”.

Artículo 276: “Reconocimiento implícito (…).

Existe también reconocimiento implícito en el caso contemplado en el numeral 3º del artículo 252”.

Artículo 252: “(…) El documento privado es auténtico en los siguientes casos:

3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente…”.

(47) Folios 11 - 14, cuaderno 1.

(48) Folios 33 - 36, cuaderno 1.

(49) Folios 42 - 48, cuaderno 1.

(50) Folios 56 - 59, cuaderno 1.

(51) Folios 90 - 92, cuaderno 1.

(52) Folios 73 - 78, cuaderno 1.

(53) Folios 112 - 116, cuaderno 1.

(54) Folios 136 - 141, cuaderno 1.

(55) Folios 163 - 165, cuaderno 1.

(56) Folio 191, cuaderno 1.

(57) Folios 199 - 200, cuaderno 1.

(58) Folios 212 - 214, cuaderno 1.

(59) Folios 237 - 239, cuaderno 1.

(60) No aparece prueba del pago en el expediente.

(61) Folios 273 - 274, cuaderno 1.

(62) Folios 284 - 287, cuaderno 1.

(63) Folios 297 - 299, cuaderno 1.

(64) Folios 311 - 315, cuaderno 1.

(65) Folios 333 - 338, cuaderno 1.

(66) Folio 354, cuaderno 1.

(67) Folios 365 - 373, cuaderno 1.

(68) Folios 405 - 406, cuaderno 1.

(69) Folios 449 - 455, cuaderno 1

(70) Folios 680 - 681, cuaderno 1.

(71) Folios 81 - 82, cuaderno 2.

(72) “ART. 17.—Modificado por el artículo 9º del Decreto 2160 de 1979, así: Comunicada la resolución de liquidación al agente especial que para tal efecto designe el Superintendente Bancario, este deberá dentro de los cinco (5) días siguientes emplazar a todos los que se crean con derecho a intervenir en ella mediante un edicto que debe permanecer fijado en un lugar visible público de sus dependencias durante treinta (30) días. Dicho edicto se publicará igualmente por tres (3) veces en uno o más periódicos cuya circulación asegure, a juicio del superintendente, el cumplimiento de los objetivos de esta disposición, en carteles fijados en lugares públicos en las puertas de la oficina de la persona cuyo negocio se liquida y en lugares en donde se adelanten obras de urbanización o construcción.

ART. 18.—Durante el término del emplazamiento y por treinta (30) días más, los interesados podrán presentar, junto con las pruebas correspondientes, los reclamos que tengan contra la persona natural o jurídica sometida al proceso de liquidación.

ART. 19.—Vencido el término previsto en el artículo anterior, la liquidación se llevará a cabo de acuerdo, con el procedimiento previsto en la Ley 45 de 1923”.

(73) “ART. 222.—Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación…

(74) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil siete (2007), actor: Marco Tulio Timarán Ortega y otros, demandado: municipio de Pasto, radicación: 520012331000 2003 (AG-1869) 01, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(75) Artículo 28 del Código de Comercio,

“Deberán inscribirse en el registro mercantil:

(…).

5. Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante”.

El principio de general de que los efectos frente a terceros de los actos sociales se generan como resultado de la inscripción en el registro mercantil, tiene como una de sus reglas concretas el artículo 112 del Código de Comercio, el cual prescribe:

“Mientras la escritura social no sea registrada en la cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será inoponible el contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios”.

(76) Corte Constitucional, Sentencia C-621 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(77) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Bogotá, D.C., Dieciséis (16) de agosto del dos mil uno (2001), radicación 52001-23-31-000-2001-0142-01 (AG-019), actor: Rosaura Martínez Cabezas y otros, referencia: Apelación interlocutorio (Acción de Grupo), C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

(78) Folio 903, cuaderno principal.

(79) Folios 680 - 681, cuaderno 1.

(80) Folio 461, cuaderno 1.

(81) Folio 904, cuaderno principal.

(82) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dieciséis (16) de agosto de dos mil uno (2001), actor: Rosaura Hernán Martínez Pinzón, demandado: municipio de Ibagué, radicación 73001-23-31-000-2002-00003-01(AG), C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

(83) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 2 de junio de 2005, expediente AG-00008, actor: Gloria Nancy Saray y otros. Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández E.

(84) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, trece (13) de febrero de dos mil seis (2006), actor: Fernando Montoya Montoya - Personero Municipal de Cali, demandado: municipio de Santiago de Cali, radicación 76001-23-31-000-2002-04789-01(AG), C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(85) Artículo 17.—Modificado por el artículo 9º del Decreto 2160 de 1979, así:

“Comunicada la resolución de liquidación al agente especial que para tal efecto designe el Superintendente Bancario, este deberá dentro de los cinco (5) días siguientes emplazar a todos los que se crean con derecho a intervenir en ella mediante un edicto que debe permanecer fijado en un lugar visible público de sus dependencias durante treinta (30) días. Dicho edicto se publicará igualmente por tres (3) veces en uno o más periódicos cuya circulación asegure, a juicio del superintendente, el cumplimiento de los objetivos de esta disposición, en carteles fijados en lugares públicos en las puertas de la oficina de la persona cuyo negocio se liquida y en lugares en donde se adelanten obras de urbanización o construcción”.

ART. 18.—“Durante el término del emplazamiento y por treinta (30) días más, los interesados podrán presentar, junto con las pruebas correspondientes, los reclamos que tengan contra la persona natural o jurídica sometida al proceso de liquidación”.

ART. 19.—“Vencido el término previsto en el artículo anterior, la liquidación se llevará a cabo de acuerdo, con el procedimiento previsto en la Ley 45 de 1923”.

(86) Folios 496 - 497, cuaderno 1.

(87) Artículo 148. Parágrafo. Ley 222 de 1995:

“Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que esta fue ocasionada por una causa diferente”.

(88) Artículo 200 Código de Comercio, modificado por artículo 24 de la Ley 222 de 1995.

“Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.

(…).

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal”.

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