Sentencia 2004-00803 de septiembre 4 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 680012331000200400803 01 (2142-2013).

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gomez Aranguren (E)

Actora: María del Carmen Martínez Prada.

Autoridades departamentales.

Demandado: ESE Hospital San Rafael de Barrancabermeja.

Bogotá, D.C., cuatro de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Recurso de apelación

La demandante, actuando por intermedio de apoderada judicial, interpuso recurso de apelación frente a la decisión del a quo, en los siguientes términos (fls. 304 a 305):

La Ley 27 de 1992, durante el tiempo que estuvo vigente, otorgó a los empleados públicos la posibilidad de ingresar automáticamente al sistema de carrera administrativa.

Por su parte, la accionante se desempeñaba en un cargo de carrera administrativa, a saber, auxiliar de enfermería, por lo cual, contaba con la expectativa de acceder en forma extraordinaria a dicho sistema de administración de personal, teniendo en cuenta que para ello solo era necesario diligenciar el formulario establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y entregarlo a la oficina de personal de la entidad demandada, tal como en efecto ocurrió, confiando en que el funcionario encargado adelantaría el mismo trámite impartido a las demás solicitudes elevadas por otros empleados en igual sentido.

Como consecuencia, la actora consideró de buena fe, que se encontraba inscrita en el sistema de carrera administrativa, es decir, que fue sorprendida “(…) al constatar que no obstante haberse desempeñado por más de 20 años como auxiliar de enfermería en esa misma entidad oficial, al momento de ser suprimido el empleo que ocupaba le fue negada la legítima y justa indemnización por quedar cesante, todo debido a que el jefe de personal de la misma entidad demandada OMITIÓ remitir el formulario de ingreso extraordinario a la carrera administrativa a las oficinas de la Comisión Nacional del Servicio Civil”.

Así las cosas, la omisión imputable al citado servidor, le ocasionó un perjuicio a la demandante, en beneficio de la ESE Hospital San Rafael de Barrancabermeja, razón por la que se impone el análisis de dicha irregularidad, en aras a permitir el acceso a la indemnización por supresión del cargo, que en justicia y equidad debe reconocerse a la señora Martínez Prada.

Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes

Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si los actos demandados se ajustaron a los mandatos de la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios, en materia de reestructuración de las entidades del sector público, y si la señora María del Carmen Martínez Prada tiene derecho al reconocimiento de la indemnización por supresión del cargo, la cual reclama al amparo de los derechos de carrera administrativa derivados de la solicitud extraordinaria de inscripción en dicho sistema.

En orden a desatar la controversia, la Sala hará un recuento normativo y jurisprudencial en relación con la figura de la supresión del cargo como causal del retiro del servicio y la inscripción extraordinaria en el sistema de carrera administrativa.

(i) Reforma de las plantas de personal - marco jurídico.

Para la fecha de expedición de los actos demandados se encontraba vigente la Ley 443 de 1998(3), que en su artículo 39 prevé que la supresión de un cargo de carrera administrativa puede ocurrir por diferentes razones, como por ejemplo la fusión o liquidación de una entidad pública; su reestructuración; la modificación de su planta de personal; la reclasificación de los empleos; el traslado de funciones de una entidad a otra; o simplemente por políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público; lo que trae consigo las consecuencias jurídicas que de ello se derivan, como son la opción de ser incorporado a un empleo equivalente o ser indemnizado en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional(4).

A su turno, las diferentes causas que pueden dar lugar a la supresión de empleos deben estar encaminadas a lograr el mejoramiento de la función pública. Al respecto, la Corte Constitucional ha afirmado lo siguiente:

“(…) la decisión de supresión de un empleo se puede adoptar por distintos motivos, pero ella siempre debe estar dirigida a lograr el mejoramiento administrativo en términos de calidad, idoneidad y eficiencia del servicio, por lo que debe responder a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. (…)”(5).

En igual sentido, el Consejo de Estado ha sostenido:

“(…) Dentro de esta concepción, la supresión de empleos se debe comprender como una causa admisible de retiro del servicio de los empleados del sector público, que encuentra su sustento en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las entidades públicas a los requerimientos del servicio.

Así, cuando se retira a un empleado de la planta de personal, como consecuencia de una supresión, se hace porque el empleo específico fue suprimido por un acto administrativo, lo que sucede cuando la cantidad de cargos desaparece o disminuye, o en la nueva estructura administrativa no subsisten cargos con funciones iguales o equivalentes a los cuales pueda incorporarse el funcionario. (…)”(6).

Por su parte, el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 estableció los requisitos para reformar las plantas de personal, en los siguientes términos:

“REFORMA DE PLANTAS DE PERSONAL. <Artículo derogado por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004> Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la Rama ejecutiva(7)de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en administración pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, incluidos sin excepción los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales(8), y las plantas de personal de empleos públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública llevará el balance de cargos deficitarios que, requiriéndose para el cumplimiento de los fines de las entidades nacionales, no hubiere sido posible crearlos en las respectivas plantas de personal por razones de orden presupuestal. Dicho balance se justificará en estudios técnicos de planta consultando exclusivamente las necesidades del servicio y las técnicas de análisis ocupacional con prescindencia de cualquier otro concepto”(9).

Sobre el mismo tema el artículo 148 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998(10), dispuso:

Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la institución, las cuales estarán soportadas en estudios técnicos que así lo demuestren” (resalta la Sala).

A su vez, el artículo 149 ibídem, modificado por el artículo 7º del Decreto 2504 de 1998(11), contiene las razones en las cuales se fundamenta o justifica la modificación de las plantas de personal:

“Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otros, de:

1. Fusión o supresión de entidades.

2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.

3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.

5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de servicios.

6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

7. Introducción de cambios tecnológicos.

8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad.

9. Racionalización del gasto público.

10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.

PAR.—Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general” (resalta la Sala).

Y en relación con el contenido del estudio técnico el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el artículo 9º del Decreto 2504 del mismo año, estableció:

“Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo

2. Evaluación de la prestación de los servicios

3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleos”.

De conformidad con las anteriores disposiciones, se advierte que la supresión de empleos constituye una causal legal de retiro del servicio de los empleados del sector público, que encuentra justificación en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las distintas entidades públicas a los requerimientos del servicio, para hacer más ágil, eficaz y eficiente su función.

Ahora bien, como puede observarse, tratándose de la supresión de empleos de carrera administrativa, las normas analizadas exigen la elaboración previa de un estudio técnico que acredite la necesidad de la administración de reducir los gastos de su planta de personal o de modificar su estructura orgánica. Se trata de un presupuesto que sustenta la reforma a las plantas de personal y compromete la legalidad del proceso de reestructuración administrativa, pues su inobservancia genera la nulidad de los actos que le siguen, en tanto se configura su expedición irregular y el desconocimiento a las normas que regulan la carrera administrativa.

Así, el proceso de reestructuración comporta una actuación administrativa esencialmente reglada, cuya oportunidad y procedimiento están señalados por la ley, por lo que la administración debe actuar dentro de un estricto marco legal, salvaguardando los principios de la función administrativa (C.P., art. 209), sin que a los funcionarios competentes les esté permitido actuar a su libre albedrío.

(ii) Del proceso de supresión de cargos en el caso concreto.

Con las pruebas aportadas al expediente se demostraron los siguientes hechos:

— La profesional especializada de la ESE Hospital San Rafael de Barrancabermeja certificó que la señora María del Carmen Martínez Prada prestó sus servicios en dicha entidad, como Auxiliar de Enfermería, entre el 23 de julio de 1979 y el 31 de octubre de 2003 (fl. 3).

— Mediante el Acuerdo 116 de 28 de octubre de 2003, la junta directiva de la ESE Hospital San Rafael de Barrancabermeja, modificó la planta de personal de la entidad, disponiendo suprimir, entre otros, 29 cargos de auxiliar de enfermería, código 555 (fls. 58 a 72).

— El 31 de octubre de 2003, el gerente de la ESE Hospital San Rafael de Barrancabermeja le comunicó a la actora que, mediante el Acuerdo 116 de 28 del mismo mes y año, se había suprimido el cargo de auxiliar de enfermería, código 555, que ocupaba en la entidad (fl. 73).

— De folios 126 a 128 y de 129 a 205 del expediente, obra la “propuesta se reorganización, rediseño y modernización de la ESE Hospital San Rafael de Barrancabermeja”, de la cual se destacan los siguientes hallazgos:

“(…).

Se resaltan las incoherencias entre la misión de la institución y la estructura organizacional, entre el plan de cargos, el manual de funciones y el portafolio de servicios que oferta la institución actualmente.

(…).

En cuanto a la producción de servicios el hospital presenta en general, una reducción constante de la misma en los últimos 6 años, consulta externa, atención de urgencias, egresos y cirugías, esto no se ha acompañado de una reducción proporcional de los recursos humanos requeridos para la producción eficiente de los servicios que oferta.

(…).

En resumen como consecuencia de todo lo anterior, el hospital presenta en la actualidad un severo desequilibrio financiero en su operación que para el mes de diciembre de 2002 se situó, tomando como referente el punto de equilibrio operacional, en solo el 0.38 deteriorándose con respecto al año anterior, lo que significa que los ingresos operacionales no permiten cubrir los costos y los gastos fijos y variables, tendencia que de continuar llevará al cierre de facto de la institución al no poder responder la institución por sus obligaciones y consecuentemente no poder responder por los servicios que le demanden los usuarios.

(…).

2.3. Diseño organizacional.

2.3.1. Propuesta de estructura organizacional de la IPS.

(…).

Estructura básica:

(…).

• Área funcional de atención al usuario

(…).

Esta estructura que se refleja en el organigrama, define claramente dos niveles dentro de la organización, el nivel de dirección y de toma de decisiones y el nivel de operación o de ejecución ajustado a la normatividad vigente, en particular a la Ley 617 de 2000 y a la Ley 715 de 2001.

(…) CODDenominación del cargo20032004Plan de cargos propuesta de reorganización
Nº cargosCargos suprimidosPlanta transitoriaCargos creadosNº cargos
(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)
555Auxiliar de enfermería84291 5453
(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)

(…)

Ventajas:

• Ubicar el personal de acuerdo con los perfiles requeridos para el ejercicio de sus funciones.

• Conducir a una mayor agilidad, eficiencia y productividad en el logro de los objetivos institucionales.

• Flexibilizar la administración del recurso humano.

• Permitir la conformación de grupos de trabajo para logra el máximo aprovechamiento del recurso humano.

• Terminar con vicios administrativos de inamovilidad del personal.

(…)

Cargos suprimidos:

Las razones de la supresión de los cargos tienen varios referentes fundamentales,

El primero, corregir las brechas de eficiencia tanto en servicios asistenciales como administrativos producto del redimensionamiento de la institución, ajustando el tamaño de la misma en cuanto a la oferta de servicios a los rendimientos de producción y productividad esperados para este tipo de instituciones.

(…)”.

Específicamente, frente a la necesidad de suprimir 30 cargos de auxiliar de enfermería código 555, se indicó:

“(…) La supresión de estos cargos de auxiliar de enfermería dentro de la reorganización y el rediseño del Hospital se prevé ajustar el número de auxiliares de enfermería de acuerdo a la demanda real de servicios ajustando las brechas de eficiencia de este servicio en partículas de las camas hospitalarias dejando el recurso humano que satisfaga la atención de la población usuaria, de esta forma se disminuyen costos financieros, que favorezcan alcanzar el equilibrio financiero de la ESE que permita la viabilidad social y financiera del Hospital para garantizar la prestación de los servicios de salud, dentro de parámetros de racionabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general (…)”.

De conformidad con las anteriores pruebas, se concluye que el proceso de supresión de cargos que se llevó a cabo en la ESE Hospital San Rafael de Barrancabermeja estuvo precedido de un estudio técnico, en el cual se concluyó que era necesario reestructurar la planta de personal en orden a que el número de cargos fuera coherente con las necesidades institucionales y la demanda de servicios asistenciales por parte de la comunidad destinataria.

Igualmente, se tuvo en cuenta que la entidad atravesaba por un déficit fiscal que imponía la redistribución de funciones y la supresión de empleos que implicaban una carga prestacional injustificada en relación con el servicio prestado. Al respecto, se advirtió que en los últimos 6 años se había reducido la oferta de servicios, pero los empleos, ni el manual de funciones, habían sido modificados.

En igual sentido, se aclaró que la nueva planta de personal permitiría aprovechar en forma óptima el capital humano, procurando cumplir con los principios que orientan la función pública, especialmente los de eficacia y economía, en los términos del artículo 209 de la Constitución Política.

Por lo anterior, si bien es cierto que en el acuerdo de reestructuración se indicó que el gerente establecería las funciones de los cargos, también lo es que, contrario a lo manifestado por la actora, ello no vicia de nulidad el proceso de supresión, pues la entidad realizó un análisis juicioso de las necesidades del servicio y la correlación entre oferta y demanda del mismo, concluyendo en qué términos debía reestructurarse la planta de personal.

De otro lado, se observa que en algunas declaraciones las testigos que comparecieron a la presente causa se refirieron a la vinculación de personal por cooperativas de trabajo asociado(12); sin embargo, dichas afirmaciones no son suficientes para acreditar tal hecho, pues no se soportaron en documentos que condujeran a advertir la existencia de la mencionada clase de vinculación, ni se demostró la identidad de funciones, carga laboral y condiciones en que presuntamente los contratistas prestan su servicio en relación con los empleados a quienes que se les suprimió el cargo. Al respecto, ha de indicarse que, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, carga probatoria que no se cumplió en el sub lite.

Así las cosas, se comparte la decisión del a quo en el sentido de indicar que el proceso de supresión de cargos en el presente caso se ajustó al ordenamiento jurídico vigente.

(iii) De la indemnización por supresión del cargo - inscripción automática en el sistema de carrera administrativa.

Al sustentar el recurso de apelación, la señora Martínez Prada sostuvo que la Ley 27 de 1992 estableció la posibilidad de acceder en forma automática al sistema de carrera administrativa, para lo cual solo era necesario diligenciar el formulario diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, requisito que se cumplió en este caso.

Como consecuencia, la actora concluyó que al ser beneficiaria de los derechos de carrera, se le debía reconocer la indemnización por supresión del cargo.

Frente a los anteriores argumentos, se precisa resaltar que uno de los derechos que la ley le otorga al empleado escalafonado a quien se le suprime el cargo, es el de ser indemnizado. Al respecto la Ley 443 de 1998, por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa, vigente para la época en que se produjo el retiro de la actora por supresión del cargo, disponía:

“Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta podrán optar por ser incorporados a empleos equivalentes o recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional. (…)”.

Ahora bien, el Consejo de Estado ha sostenido que en nuestra legislación no existe ni inscripción ni reclasificación automática en el escalafón de la carrera administrativa, ya que ésta sólo opera por los medios legales previo cumplimiento de los requisitos y fundamentos que dan derecho a gozar de estas prerrogativas(13).

El artículo 22 de la Ley 27 de 1992, cuya aplicación invoca la demandante, estableció la posibilidad de acceder a la carrera administrativa, indicando que dentro del año siguiente a su entrada en vigencia, los empleados del nivel territorial que llegaren a desempeñar cargos de carrera, tenían la posibilidad de ser inscritos en ella, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejercicio; y que en caso contrario, quedarían de libre nombramiento y remoción. Así mismo, precisó que si tales empleados continuaban al servicio de la entidad, podían solicitar la inscripción, en el momento en que cumplieran los requisitos del cargo, debiendo acreditarlos en debida forma.

Por su parte, el Decreto 1224 de 28 de junio de 1993, reglamentó los artículos 20 y 22 de la Ley 27 de 1992, indicando que el trámite para la inscripción en la carrera administrativa se inicia cuando el empleado interesado presenta la solicitud para la expedición del certificado sobre cumplimiento de condiciones y requisitos para la inscripción. Dicha certificación se debía expedir de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del referido decreto(14) y las exigencias del manual de requisitos para el respectivo cargo o por aplicación de las equivalencias establecidas en el Decreto 583 de 1984, la Ley 61 de 1987 y el Decreto 573 de 1988, y con base en ella, se podría solicitar la inscripción en el escalafón de la carrera administrativa, ante la respectiva comisión seccional del servicio civil.

Igualmente, se precisó que el jefe de personal, o quien hiciera sus veces, de la entidad u organismo el cual el empleado se encontrara vinculado, debía certificar que el empleado cumplía con los requisitos exigidos para el empleo y para la inscripción en la carrera administrativa.

Una vez expedida la correspondiente certificación, el formulario de solicitud debería ser enviado por el jefe de personal a la respectiva comisión seccional del servicio civil. Sin embargo, si el empleado responsable del envío no remitía la solicitud, “(…) el interesado solicitará directamente a la comisión seccional del servicio civil su inscripción, enviando la copia del formulario de solicitud que contenga la certificación de condiciones y requisitos, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar para el empleado que omita el envío”.

También se advirtió que si no se expedía la certificación de cumplimiento de condiciones y requisitos, el interesado podía solicitarla por escrito ante la respectiva comisión seccional del servicio civil.

Posteriormente, el artículo 1º del Decreto 2611 de 23 de diciembre de 1993, previó una estabilidad relativa a favor de los empleados que hubieren solicitado o a quienes se les hubiere certificado el cumplimiento de las condiciones y de los requisitos para ser inscritos automáticamente en el escalafón, en el sentido que no podían ser removidos del servicio hasta tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil o las Seccionales, resolvieran sobre tal petición.

Sin embargo, la inscripción extraordinaria en el sistema de carrera administrativa, desconoció el pilar básico del acceso al empleo público en virtud de dicho sistema, es decir, el mérito que se debe demostrar previo el ingreso al servicio, razón por la cual, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030 de 30 de enero de 1997 declaró la inexequibilidad de los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987 y 22 de la Ley 27 de 1992.

Del anterior pronunciamiento, se destacan los siguientes apartes:

“(…).

Para el caso en estudio, a los empleados que accedieron a la carrera administrativa con fundamento en las normas que serán declaradas inexequibles, no pueden desconocérseles los derechos que en virtud de ellas adquirieron. Es decir, quienes en desarrollo de los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987 y 22 de la Ley 27 de 1992, lograron obtener su inscripción en carrera administrativa, mantendrán esa situación, a pesar de esta declaración de inexequibilidad. Si bien no se agotó un proceso de selección adecuado, estos empleados, que al entrar en vigencia las normas acusadas, una vez cumplidos los requisitos allí señalados, fueron inscritos en carrera, adquirieron unos derechos que no pueden ser desconocidos por este fallo. Derechos como el de permanecer en la carrera, a pesar de que su ingreso a ella no cumplió todos los requisitos para el efecto.

Pero aquellos funcionarios que aún continúan vinculados a la administración ocupando un cargo de carrera, sin hallarse inscritos como tales, no podrán solicitar su inscripción, pues para ello deberán someterse al correspondiente proceso de selección que cada entidad a nivel nacional o territorial adopte, a efecto de proveer cargos de esta naturaleza. En conclusión, a partir de la notificación de este fallo, se negará cualquier inscripción en carrera, que tenga como fundamento las normas que por medio de esta sentencia serán declaradas inexequibles.

(…)”.

De acuerdo con la anterior sentencia, las inscripciones extraordinarias en la carrera administrativa que se realizaron durante la vigencia de los preceptos legales que la consagraban, constituyen situaciones jurídicas consolidadas, a favor de aquellos servidores públicos cobijados por los supuestos de hecho de tales normas y por tanto, los actos administrativos proferidos en tal sentido, gozan de presunción de legalidad.

Sin embargo, a partir de la notificación de citado fallo de inexequibilidad, esto es, a partir del 14 de febrero de 1997, los servidores públicos que continuaron laborando en las diferentes entidades, no pudieron solicitar su inscripción automática en la carrera administrativa, pues para logar tal objetivo tenían que someterse a un proceso de selección.

Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones normativas en referencia, en nuestro ordenamiento jurídico no existe la inscripción automática en la carrera administrativa, pues necesariamente el interesado en la aplicación de las normas para la inscripción extraordinaria, que no automática, debía presentar solicitud en tal sentido, obtener la certificación del cumplimento de los requisitos para acceder al cargo y la posterior inscripción por parte de la Comisión Seccional del Servicio Civil. Además, al tenor de lo dispuesto por el artículo 159 del Decreto 1572 de 1998, sólo tienen el carácter de empleados de carrera los servidores inscritos en el registro público de la carrera, y aquellos que tengan pendiente su inscripción luego de haber superado satisfactoriamente el período de prueba.

En el sub lite, la señora María del Carmen Martínez Prada no acreditó su escalafonamiento en la carrera administrativa, por haber desempeñado el cargo de auxiliar de enfermería en la ESE Hospital San Rafael de Barrancabermeja y, por lo tanto, no quedaba cobijada por los derechos y prerrogativas propios de dicho sistema. En consecuencia, la administración no estaba obligada a otorgarle el derecho de opción en el sentido de escoger entre ser reincorporada al servicio o el pago de la indemnización por supresión del cargo que ahora reclama.

Si bien es cierto, que el 18 de enero de 1995, la accionante solicitó la inscripción extraordinaria en carrera administrativa, en el cargo de auxiliar de enfermería (fl. 22), en el expediente no obra respuesta a la anterior petición. Al respecto, esta corporación ha sostenido que “(…) tal omisión administrativa no le abre las puertas para obtener el derecho perseguido, habida cuenta, que como se advirtió, el derecho a ingresar automáticamente a la carrera administrativa sólo podrá ser reconocido frente aquéllos servidores públicos cuyo acto de escalafonamiento fue expedido en vigencia de las normas que así lo permitían”(15).

Entonces, no es válido que la demandante reclame el pago de la indemnización por la supresión del cargo que desempeñaba, aduciendo tener derechos de carrera administrativa, pues no acreditó el ingreso a ese sistema. Además, la Sala no puede sostener que la entidad accionada es la responsable de que no ostente tales prerrogativas, pues el mismo ordenamiento jurídico previó que cuando los jefes de personal de las entidades empleadoras omitieran el deber de certificar el cumplimiento de los requisitos para desempeñar el cargo y obtener la consecuente inscripción, o no remitieran la información a las comisiones seccionales del servicio civil, los interesados podían hacer el requerimiento personalmente ante éstas.

Así las cosas, no es viable amparar la conducta pasiva asumida por la señora Martínez Prada frente a su ingreso al sistema de carrera administrativa, como tampoco avalar la afirmación en el sentido que fue asaltada en su buena fe y que solo hasta el momento de la desvinculación se dio por enterada de que no estaba inscrita en dicho sistema, pues todo el tiempo tuvo la posibilidad de verificar el impulso impartido al trámite en referencia y participar directamente en el mismo.

Inclusive, al plenario no se allegaron las pruebas del cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo para el cual aspiraba ser inscrita, pues no obra constancia de los estudios realizados, ni del manual de funciones y requisitos fijados para el mismo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, el proveído impugnado que negó las súplicas de la demanda será confirmado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la Sentencia de 23 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión - Sala de Asuntos Laborales, que negó las súplicas de la demanda incoada por María del Carmen Martínez Prada contra la ESE Hospital San Rafael de Barrancabermeja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

3 Derogada, salvo los artículos 24, 58, 81 y 82, por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.

4 Sentencia C-370 de 27 de mayo de 1999; demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5º, parcial, 39, parcial, 41, 48-2 y 56 de la Ley 443 de 1998; demandantes: Carlos Alberto Lozano Velásquez, Rubén Darío Díaz Rueda y otros; M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. En esta providencia se declaró exequible la expresión “o a recibir indemnización”, contemplada en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998.

5 Corte Constitucional. Sentencia T 758 de 30 de julio de 2008, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Ref.: expediente T-1822449. Actor: José Antonio Castilla Rodríguez.

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda. Subsección “B”. Sentencia de 31 de mayo de 2012, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación 13001-23-31-000-1998-90148-01 (1113-11). Actor: Pedro Alberto Delgado Reyes.

7 El texto subrayado fue declarado exequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-994 de 2 de agosto de 2000, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

8 El texto subrayado fue declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-994 de 2 de agosto de 2000, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

9 El parágrafo del artículo fue declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-372 de 26 de mayo de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

10 “Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-Ley 1567 de 1998”.

11 Por el cual se modifican algunos artículos del Decreto 1572 de 1998.

12 Folios 256 a 258 y 263 a 271.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Sentencia de 18 de noviembre de 2010, radicación 44001-23-31-000-2003-00665-01(1627-08), Actora: Ana Otilia Ustate Bolaño.

14 “ART. 2º—Del campo de aplicación. El presente decreto se aplica a los empleados que a 29 de diciembre de 1992 se encontraban y continúan desempeñando el mismo u otro empleo de carrera administrativa en las entidades y organismos de los niveles departamental, distrital diferentes al Distrito Capital, municipal y sus entes descentralizados, en las asambleas departamentales, en los concejos municipales y distritales, en las juntas administradoras locales, en las contralorías departamentales, distritales, diferentes a la del Distrito Capital, municipales, auditorías y/o revisorías especiales de sus entidades descentralizadas y en las personerías, excepto en las unidades de apoyo que requieran los diputados y concejales”.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gomez Aranguren, Sentencia de 3 de marzo de 2011, radicación 25000-23-25-000-2000-08776-01(1346-08), Actora: Dora Fernández Camargo.