Sentencia 2001-00819 de agosto 19 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 50001-23-31-000-2004-00819-01(AP)

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Luz Briyid Orjuela Bautista y otro

Demandado: Municipio de Villavicencio

Bogotá D.C., diecinueve de agosto de dos mil diez.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC contra la sentencia de nueve (9) de noviembre de 2005, proferida el Tribunal Administrativo del Meta, estimatoria de las pretensiones.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 2 de noviembre de 2004, las ciudadanas Luz Briyid Orjuela Bautista y Sandra Joana Samper García ejercieron acción popular contra el municipio de Villavicencio, la Curaduría Urbana Primera de Villavicencio y la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC., para reclamar protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas.

1.1. Hechos

En la casa 11 manzana M de la urbanización Guatapé II funciona desde el treinta y uno (31) de diciembre de 2003 la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC., en la cual se celebran ritos religiosos con amplificador de sonido, excediendo los decibeles permitidos por el artículo 17 de la Resolución 08321 de 1983(1) y el Decreto 948 de 1995(2), afectando el disfrute del derecho colectivo de un ambiente sano.

Por estos mismos hechos Luz Briyid Orjuela Bautista interpuso acción de tutela contra el municipio de Villavicencio -secretaría del medio ambiente —secretaría de gobierno, departamento administrativo de planeación municipal y la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC., para obtener protección de sus derechos fundamentales a la tranquilidad, la intimidad y a la salud.

El Juzgado Tercero penal Municipal de Villavicencio concedió el amparo y ordenó la adecuación del inmueble de acuerdo a las recomendaciones de la secretaría de medio ambiente y Cormacarena a quienes les correspondió verificar el cumplimiento de la sentencia.

Mediante sentencia de de veinticuatro (24) de julio de 2004, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio confirmó la anterior providencia.

Agregó que la construcción del inmueble donde funciona la mencionada iglesia se realizó sin que la curaduría urbana hubiere otorgado licencia de construcción, e inició labores sin obtener los permisos de funcionamiento requeridos.

Las autoridades municipales no han adoptado las medidas de su competencia para hacer cesar la amenaza de los derechos colectivos alegados, pese a los múltiples requerimientos de la comunidad.

1.2. Pretensiones.

Que se ordene al municipio y a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC., respectivamente:

Adelantar las gestiones administrativas de su competencia para hacer cesar la vulneración a los derechos colectivos alegados.

Suspender la celebración de servicios religiosos en la casa 11 manzana M de la urbanización Guatapé II.

Reconocer a su favor el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

2. Las contestaciones.

2.1. El municipio de Villavicencio, mediante apoderado, propuso la excepción de “cosa juzgada” con fundamento en que en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Luz Briyid Orjuela Bautista, el juzgado tercero penal municipal profirió sentencia de obligatorio cumplimiento para la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC.

2.2. La Curaduría Urbana Primera de Villavicencio, puso de presente que su función se circunscribe a verificar que las construcciones que se realizan en el municipio de Villavicencio cumplan con la normativa urbanística vigente, y agregó que es cierto que no se otorgó Licencia de construcción a la Iglesia Cristiana ubicada en la manzana M casa 11 de la urbanización Altos de Guatapé II.

2.3. La Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC., manifestó que la celebración de servicios religiosos constituye una actividad lícita que debe ser objeto de protección por parte de la autoridades públicas, ya que se encuentra debidamente autorizada.

Indicó que lo pretendido por las actoras es conculcar los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, creencia, culto, enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra, asociación y a la libre expresión de los feligreses.

3. La audiencia de pacto de cumplimiento.

Tuvo lugar el 7 de marzo de 2005 con la asistencia de la parte actora, el apoderado y un delegado del municipio de Villavicencio, el Curador Primero Urbano de Villavicencio, un representante de la procuradora judicial 14 para asuntos ambientales y agrarios y la Defensoría del Pueblo. Se declaró fallida ante la inasistencia del apoderado o representante de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC.

4. Alegatos de conclusión.

4.1 La parte actora manifestó que las pruebas recaudadas evidencian la vulneración de los derechos colectivos cuya protección se pretende.

Señaló que inspección judicial practicada constató que la mencionada iglesia colinda con la parte trasera de la vivienda de una de las actoras y por lo tanto se ve afectada por el exceso de ruido que produce la agrupación religiosa.

Indicó que el dictamen pericial da cuenta de la contaminación auditiva que se genera al no existir control sobre las emisiones sonoras.

4.2 La Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC, mediante apoderado, puso de presente que conforme al artículo 7º de la Ley 133 de 1994(3), está facultada para establecer lugares de culto o reunión con fines religiosos y tiene derecho a que sean respetada su destinación religiosa y su carácter confesional.

Señaló que en el trámite de la acción de tutela que interpuso la ciudadana Luz Briyid Orjuela, se probó mediante oficio PNAAT de 21 de junio de 2004 suscrito por el secretario del medio ambiente de Villavicencio, el cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Villavicencio, de adecuar técnicamente el inmueble donde funciona la iglesia.

Manifestó que la actora no se encuentra legitimada para interponer acción judicial en nombre de la junta de acción comunal del barrio Guatapé II, pues su elección fue declarada nula por la comisión de convivencia y conciliación mediante fallo 002 del 24 de enero de 2005.

Adujo que la vulneración al derecho colectivo al goce de un ambiente sano requiere que se presenten alteraciones a la salud y a la seguridad de los ciudadanos, de lo cual no obra prueba en el expediente.

4.3 El municipio de Villavicencio, ratificó los argumentos expuestos en su contestación.

4.4 La Curaduría Urbana Primera de Villavicencio, guardó silencio.

II. La sentencia apelada

Mediante sentencia de nueve (9) de noviembre de 2005 el Tribunal Administrativo del Meta amparó el derecho colectivo al ambiente sano, por considerar demostrada la contaminación auditiva que genera la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC.

Adujo que la interposición de acción de tutela como mecanismo para la protección de derechos fundamentales, no impide ejercer acción popular para la defensa exclusiva de derechos colectivos de los cuales es titular la comunidad en general.

Declaró no probada la excepción de “cosa juzgada” propuesta por el municipio de Villavicencio, pues no se acreditó la identidad de las partes, de objeto y de causa entre las dos acciones.

Indicó que la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC, no acató las normas que exigen la planificación de las actividades religiosas dentro de un plano de igualdad y respeto por quienes profesan diversas creencias, y de un contexto de pluralidad y tolerancia, al hacer uso excesivo de sus derechos fundamentales.

Agregó que se probó que el departamento administrativo de planeación municipal no avaló la ubicación del centro religioso en la calle 26 sur Nº. 38 B 17 casa 11 del barrio Guatapé II, pues no es viable su funcionamiento en ese lugar, por razones de orden normativas contenidas en el Decreto 353 de 2000(4) y el Acuerdo 021 de 2002(5).

Ordenó a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC., no realizar ritos religiosos en el inmueble de la calle 26 sur Nº. 38 B 17 casa 11 del barrio Guatapé II, y al municipio de Villavicencio supervisar el cumplimiento de esta orden, monitorear los niveles de ruido en el sector y rendir informes periódicos de esa gestión.

Reconoció el incentivo a favor de la parte actora en cuantía equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

III. Impugnación

La Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC., replicó el fallo por estimar que el ejercicio de la presente acción constituye un abuso del derecho por ser la parte actora generadora de la contaminación ambiental que se denuncia, ya que es quien excede los niveles de emisión sonora al utilizar su equipo de sonido a gran volumen.

Considera que erró el tribunal al realizar la ponderación de los derechos a la libertad de cultos y al goce de un ambiente sano, pues no asignó al primero el valor constitucional que tiene.

Agregó que en el barrio funcionan varios establecimientos comerciales que utilizan música a alto volumen y no son objeto de cuestionamiento por parte de las autoridades municipales y la ciudadanía.

IV. Consideraciones de la Sala

El artículo 88 de la Constitución Política dispone:

“ART. 88.—La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella”.

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 (ago. 25) cuyo artículo 2º define las acciones populares así:

“ART. 2º—Las acciones populares son los medios procésales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

El derecho cuyo amparo se pretende es, ciertamente, derecho colectivo, contemplados en el literal a) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptible de protección, mediante el ejercicio de la acción popular.

La parte actora pretende que se ordene la suspensión de las actividades religiosas de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC., que se realizan en la casa 11 manzana M de la urbanización Altos de Guatapé del municipio de Villavicencio.

El tribunal estimó las pretensiones por encontrar probada la contaminación auditiva que genera la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC., como consecuencia de exceder los niveles de ruido permitidos en la Resolución 8321 de 1983 expedida por el Ministerio de Salud Pública(6) (sic).

La Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC., apeló por considerar que el tribunal erró al desconocer el valor constitucional que tiene el derecho fundamental a la libertad de cultos. Agregó que la interposición de la presente acción constituye abuso del derecho que desconoció el tribunal al amparar los derechos colectivos alegados.

Con miras a dilucidar la cuestión que se plantea en el caso presente, la Sala estima pertinente hacer unas consideraciones sobre los límites constitucionales y legales a la emisión de ruido, la libertad de cultos y una breve síntesis sobre la jurisprudencia constitucional relacionada con los conflictos entre el derecho a la libertad de cultos y otros derechos fundamentales o colectivos.

4.1. Marco constitucional y legal de la producción y emisión de ruido y su incidencia en el medio ambiente.

El derecho a gozar de un ambiente sano y la obligación del Estado de garantizar la efectividad de este derecho están contemplados en el artículo 79 de la Constitución Política, que preceptúa:

“[…] Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. […]”.

En concordancia con la anterior disposición, el artículo 80 ídem establece:

“[…] El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. […]”.

Los artículos 2º, 4º y 9º de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 79 de la Constitución Política, establecen que las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos y que “se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

El ruido, es considerado tanto por la legislación nacional como por la jurisprudencia de la Corte Constitucional(7) y de esta corporación(8) como agente contaminante del medio ambiente.

Según el artículo 8º del Decreto 2811 de 1974(9) son factores que deterioran el ambiente entre otros, el ruido.

La Corte Constitucional en Sentencia T — 411 de 1992, manifestó:

“[…] Para esta Sala de Revisión, la protección al ambiente no es un “amor platónico hacia la madre naturaleza”, sino la respuesta a un problema que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen una decisión firme y unánime de la población mundial. Al fin y al cabo el patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico — artístico, pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes(10) […]”

El Ministerio de Salud Pública expidió la Resolución 8321 de 1983(11) determinando los niveles de ruido máximos permisibles según el lugar y la hora en que se produzca la emisión.

El artículo 17 de la citada resolución, establece:

“[…] ART. 17.—Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido, se establecen los niveles sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente tabla:

 

Tabla I

Nivel de presión sonora en dB (A)
Zonas receptorasPeríodo diurno Período nocturno
7:01a.m.-9p.m. 9:01p.m.-7a.m.
Zona residencial 65 45
Zona II comercial 70 60
Zona III industrial 75 75
Zona IV de tranquilidad 45 45

 

“PAR. 1º—Para efectos del presente artículo la zonificación contemplada en la tabla I, corresponde a aquella definida o determinada por la autoridad competente en cada localidad y para cada caso. […]”.

Los artículos 21 y 22 ídem, preceptúan:

“[…] ART. 21.—Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido, están en la obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y el bienestar de las personas, lo mismo que de emplear los sistemas necesarios para su control con el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas aledañas habitables. Deberán proporcionar a la autoridad sanitaria correspondiente la información que se les requiera respecto a la emisión de ruidos contaminantes”.

ART. 22.—Ninguna persona permitirá u ocasionará la emisión de cualquier ruido, que al cruzar el límite de propiedad del predio originador pueda exceder los límites establecidos en el capítulo II de la presente resolución. […]”

El artículo 1º del Decreto 948 de 1995(12), para el efecto establece las siguientes definiciones:

“[…] Contaminación atmosférica: es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire.

Contaminantes: son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que, solos, o en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas.

Emisión: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de estos, proveniente de una fuente fija o móvil.

Emisión fugitiva: es la emisión ocasional de material contaminante.

Emisión de ruido: es la presión sonora que, generada en cualesquiera condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público.

Dosis de inmisión: es el valor total (la integral) del flujo de inmisión en un receptor, durante un período determinado de exposición.

Flujo de inmisión: es la tasa de inmisión con referencia a la unidad de área de superficie de un receptor.

Tasa de inmisión: es la masa, o cualquiera otra propiedad física, de contaminantes transferida a un receptor por unidad de tiempo.

Norma de emisión de ruido: es el valor máximo permisible de presión sonora, definido para una fuente, por la autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la norma de ruido ambiental.

Norma de ruido ambiental: es el valor establecido por la autoridad ambiental competente, para mantener un nivel permisible de presión sonora, según las condiciones y características de uso del sector, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un margen de seguridad. […]”.

El artículo 15 ídem establece la clasificación de los sectores de restricción de ruido ambiental:

“ […] 1. Sectores A. (Tranquilidad y silencio): áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos.

2. Sectores B. (Tranquilidad y ruido moderado): zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.

3. Sectores C. (Ruido intermedio restringido): zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.

4. Sectores D. (Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado): áreas rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso. […]”.

El artículo 45 del citado decreto prohíbe expresamente la generación de ruido que traspase los límites, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas.

Asimismo, el artículo 51 impone a los responsables de las fuentes de emisión de ruido que puedan afectar el medio ambiente, la obligación de emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que al efecto establezca el Ministerio del Medio Ambiente.

El artículo 55 establece que en áreas residenciales o de tranquilidad, no se permitirá a ninguna persona la operación de parlantes, amplificadores, instrumentos musicales o cualquier dispositivo similar que perturbe la tranquilidad ciudadana, o que genere hacia la vecindad o el medio ambiente, niveles de ruido superiores a los establecidos.

En síntesis:

La legislación nacional tiene previstos unos límites auditivos para las emisiones sonoras. El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, en su artículo 33 establece el mandato del control del ruido; en virtud de este código, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 8321 de 1983, por la que “se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos”. En su artículo 17, la Resolución 8321 de 1983 establece los niveles de ruido máximos permisibles según el lugar y la hora en que se produzca su emisión: en una zona residencial los niveles máximos de ruido permitido en horario diurno de 65 decibeles en el período comprendido entre las 7:01a.m. a las 9 p.m.; y de 45 decibeles en el período comprendido entre las 9:01 p.m. a las 7 a.m. A su vez, recientemente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió la Resolución 0627 de 2006 (abr. 7) “por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”, en que se establecieron estándares para las emisiones sonoras, dependiendo del sector y para el sector residencial mantuvo los máximos permitidos por la Resolución 8321 de 1983.

4.2. El derecho a la libertad de cultos y sus límites constitucionales. Reiteración jurisprudencial.

4.2.1. La libertad de cultos es un derecho fundamental, que permite a las personas practicar, individual o colectivamente su credo, mediante devociones o ceremonias propias de su sentir religioso, y difundir su doctrina espiritual en forma individual o colectiva (C.P., art. 19) (13). En consecuencia, es un derecho que implica la posibilidad de que la expresión del credo religioso trascienda el fuero de su titular y se exteriorice mediante prácticas rituales, por lo que la alabanza, los bailes y el canto a Dios, son manifestaciones que están protegidas por la Carta, así como el empleo de medios técnicos o tecnológicos para el efecto(14). No obstante lo anterior, la libertad de cultos tiene límites en su ejercicio, como ocurre con la generalidad de derechos fundamentales, teniendo en cuenta que no existen derechos absolutos.

4.2.2. Respecto del primer límite, se afectan derechos ajenos y se abusa de los propios “cuando su titular hace de [ellos] un uso inapropiado e irrazonable a la luz de su contenido esencial y de sus fines”(15), de forma tal que al practicarlos, desvirtúa el objetivo jurídico o el fin que esos derechos persiguen. Un abuso de tales características puede ocurrir, entre otras razones, cuando se ejercen los derechos con un objetivo contrario al orden jurídico y democrático, como puede serlo con violación de los principios de dignidad humana, solidaridad, buena fe o efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, etc.,(16) o cuando se exceden los fines de la norma jurídica que consagra el derecho. En tales casos, el ejercicio indebido de un derecho compromete la responsabilidad del que abusa de él(17).

4.2.3. La periodicidad de las emisiones de ruido relacionada con la expresión de ritos religiosos, la hora en que se producen, los medios empleados en la celebración, el lugar y la intensidad sonora, constituyen un conjunto de elementos relevantes para establecer si el ejercicio de la libertad de cultos y de religión, puede llegar a ser desproporcionado e implica la interferencia indebida en derechos ajenos de terceros; o por el contrario, resulta ser un ejercicio cuya expresión se concilia en debida forma con el ejercicio simultáneo de los derechos fundamentales de otras personas(18). Dado que el ruido producido con la manifestación personal o colectiva de un credo puede llegar a perturbar derechos de terceros y ser un factor que trastorne la tranquilidad, la intimidad e incluso a largo plazo, la salud y vida de las personas que se ven constantemente expuestas a un desequilibrio del medio ambiente circundante o de sus jornadas de sueño y de descanso, la Corte Constitucional ha reconocido que la realización de actividades de expresión de un credo —cantos, palmas y prédicas, con el apoyo de instrumentos musicales y equipos de sonido—, puede afectar el descanso de algunos ciudadanos e incidir en su intimidad(19).

4.2.4. Respecto del límite relacionado con el orden público y jurídico, ha dicho la jurisprudencia constitucional que este “debe ser concebido como un medio para lograr el orden social justo, que se funda en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales y en el cumplimiento de los fines propios del Estado social de derecho”(20). De esta forma, dado que el orden jurídico mismo garantiza las concepciones religiosas o ideológicas de sus miembros, así como su manifestación por medio de la práctica ritual asociada a una creencia particular, el Estado debe ser especialmente cuidadoso en sus intervenciones, pues con ellas puede afectar la independencia y libertad de las personas que profesan una confesión o credo(21). Así, los límites que se impongan al ejercicio de la libertad religiosa deben partir de tres presupuestos básicos: (1) la presunción debe estar siempre a favor de la libertad religiosa en su grado máximo; (2) esa libertad no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias para la convivencia en una sociedad democrática y (3) las posibles restricciones deben ser establecidas por la ley, y no ser arbitrarias ni discrecionales, como corresponde a un verdadero Estado de derecho(22).

4.2.5. Sobre el particular, normativamente, importa recordar que la Ley Estatutaria 133 de 1994(23) — por la cual se desarrolla el derecho a la libertad religiosa reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política—, en sus artículos 4º y 6º estableció los mismos límites indicados previamente a la expresión de la libertad religiosa y de cultos(24).

Concluye la Sala que tanto los derechos de los demás, como el orden jurídico y público en los términos de ley, son límites constitucionales y legales al ejercicio de la libertad de cultos en las condiciones anteriormente señaladas.

4.3. La jurisprudencia constitucional relacionada con los conflictos entre el derecho a la libertad de cultos y otros derechos fundamentales o colectivos.

La jurisprudencia constitucional ha construido desde sus inicios, una nutrida línea jurisprudencial relacionada con el ejercicio de la libertad de cultos (C.P., art. 19) y su relación con otros derechos fundamentales, como es el caso de los derechos a la tranquilidad y a la intimidad personal y familiar (C.P. art. 15 y 28)(25), y al goce de un ambiente sano.

De hecho, ha resuelto situaciones en las que se han presentado graves conflictos entre centros de culto -con ocasión del ruido que generan las prácticas religiosas como los cantos, alabanzas y usos de equipos de amplificación o instrumentos musicales, amparados por el derecho fundamental al ejercicio de la libertad de cultos, enfrentado del otro lado, al derecho a la tranquilidad e intimidad de sus vecinos(26).

Se resaltan a continuación algunas reglas jurisprudenciales relevantes para la resolución de casos relacionados con esta tensión entre derechos, así:

— Frente al conflicto de estos derechos, debe intentarse una solución que no sacrifique el núcleo esencial de ninguno de ellos y que atienda la importancia y la función que cada uno de estos derechos cumple en una sociedad democrática(27) . Lo que procede entonces es armonizar ambos derechos fundamentales, para que los dos sean protegidos. La orden que se imparta no debe intentar establecer la prevalencia de la intimidad sobre la libertad de cultos, sino limitar la actividad sonora de quien la genera en exceso, de tal manera que el ruido emitido no sobrepase el nivel de sonido tolerable(28). De este modo, toda restricción que apunte a la disminución o terminación de los encuentros religiosos para reducir al mínimo las presuntas molestias invocadas por alguna persona, es inconstitucional por afectar el núcleo esencial del derecho a la libertad de cultos(29).

— Con el propósito entonces de ponderar los derechos en conflicto, se impone considerar la periodicidad del ruido, el lugar en el que se encuentra el centro de culto y los medios técnicos utilizados para la expresión de las prácticas religiosas(30). En el análisis del caso, deben distinguirse en consecuencia, entre los ruidos evitables y aquellos que resultan inevitables. Frente a los primeros, opera con toda su fuerza el derecho a la intimidad personal y familiar, ya que se protege a las personas de la “la interdicción de ruidos molestos e ilegítimos”(31). No obstante, como el derecho a la intimidad tampoco es un derecho absoluto, su protección no implica evitar cualquier ruido posible en la expresión de la libertad de cultos, sino aquellos sonidos que excedan el nivel predeterminado por las autoridades competentes, dado que la vida en sociedad implica soportar cargas razonables(32). En ese sentido, por ejemplo, la Sentencia T-1321 de 2000 (M.P. Martha Sáchica Méndez), concluyó que era abiertamente desproporcionada la restricción impuesta por una autoridad municipal de limitar por completo los cantos y el uso de instrumentos musicales, en la manifestación de un culto religioso(33).

— Las prácticas rituales, en consecuencia, tales como la alabanza y cantos a Dios, están protegidas por la Carta, en tanto que son elementos necesarios de la libertad de cultos. El núcleo esencial de la indicada libertad está constituido precisamente por las posibilidades, no interferidas por entes públicos o privados, de autorizar el testimonio externo de las creencias, en espacios abiertos o cerrados, siempre que al expresar las convicciones espirituales que se profesan, no se cercenen ni amenace los derechos de otros, ni se cause agravio a la comunidad, ni se desconozcan los preceptos mínimos que hacen posible la convivencia social(34). La utilización de altoparlantes, micrófonos u otros instrumentos que potencian la expansión sonora, como medios para difundir la religión, pueden derivar en actos intrusivos en la intimidad de las demás personas, si las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce la emisión del mensaje obliga a los individuos, a ser receptores involuntarios(35) del mismo.

— La medición del ruido, además, puede ser decisiva para establecer si existe un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de cultos, ya que un nivel de ruido que sobrepase los niveles autorizados por la ley, puede impedir el libre desenvolvimiento de la vida privada y constituye por lo tanto, una injerencia arbitraria que vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar. De ahí que constituya un uso abusivo de la libertad de cultos, un ejercicio de ese derecho que produzca ruido por fuera de los parámetros normativos máximos(36) establecidos en la ley”(37).

No obstante, las restricciones a la utilización concreta de medios técnicos de los cultos en la práctica, deben cumplir tres requisitos desde la perspectiva de una eventual limitación: (1) deben ser neutrales o independientes del contenido del culto; (2) deben servir a la protección de un valor o interés constitucional significativo; (3) deben dejar alternativas viables para la divulgación del mensaje. En suma, las restricciones a los medios, no pueden ser una censura “instigada por quienes no comparten una fe o creencia” religiosa(38).

— En cuanto al lugar de celebración del culto, debe considerarse si se trata de un foro público o privado. Si dicha emisión se realiza en un “foro público”, esto es, calles, parques y plazas públicas, “está excluido por definición el derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que allí se dice o muestra”. Si el foro es privado se justifican las restricciones, siempre que no constituyan una interferencia sustancial del proceso de comunicación del culto(39).

— Por otra parte, la periodicidad y el grado de perturbación por ruido pueden significar claramente un ejercicio abusivo del derecho. En la sentencia T-172 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), se dijo que “constituye un abuso del derecho de la mencionada congregación religiosa, y directamente de quien la dirige, (...) el ruido de 70 u 80 personas cantando y aplaudiendo en diferentes horas del día y aún en horas de la noche, acompañadas por un tambor y una guacharaca, cinco días a la semana, en un barrio residencial y con una evidente injerencia en la vida de los vecinos tal como se deduce del acervo probatorio, [lo que]constituye una situación contraria a las expectativas legales y a los derechos de los demás(40)”.

— La decisión de una comunidad religiosa de radicarse en una zona de la ciudad calificada con un uso restrictivo del suelo, incide igualmente en el ejercicio del culto, ya que la escogencia de un lugar específico queda sujeta a la regulación urbanística y sanitaria establecida para ese sector. La posibilidad de fijar la sede en una zona menos limitada, permite un ejercicio más amplio de los derechos fundamentales(41).

Se reitera que un límite explícito de la libertad de cultos es el respeto de los derechos ajenos y la compatibilidad con el orden público, representado entre otros aspectos, por la normatividad para el mantenimiento de la paz y la tranquilidad pública, las disposiciones relacionadas con el control de uso del suelo y aquellas relacionadas con la salud y la protección de las emisiones generadas por el ruido(42). De hecho, recientemente en las sentencias T-525 de 2008 y T-1047 de 2008(43), la Corte Constitucional recordó, —en un caso muy similar al que se presenta en esta oportunidad—, que “las congregaciones religiosas, deben garantizar el respeto por las normas sanitarias, de salud y aquellas relacionadas con el uso del suelo, sin que las restricciones razonables establecidas por la ley, puedan ser consideradas una afrenta a su libertad de cultos. Por lo tanto, es deber de las autoridades municipales verificar la eventual perturbación de la tranquilidad y el cumplimiento de tales disposiciones de orden público, actuando dentro del ámbito de sus funciones y respetando el debido proceso de todos los involucrados”.

4.4. La excepción de “cosa juzgada” propuesta por el municipio Villavicencio y la procedencia de la acción popular.

El municipio de Villavicencio propuso la excepción de “cosa juzgada” con fundamento en que dentro del trámite de acción de tutela promovida por Luz Briyid Orjuela Bautista por los mismos hechos, se profirió sentencia de obligatorio cumplimiento para la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC, de donde concluye que la presente acción popular resulta improcedente.

Acerca de los requisitos de procedencia de la acción popular, esta corporación ha sido enfática al señalar que se limitan a que (i) se instaure por cualquier persona, (ii) esté de por medio la vulneración de derechos o intereses colectivos y que (iii) la vulneración sea ocasionada por un acto, una acción o una omisión de una entidad pública o de personas privadas que desempeñen funciones administrativas(44), sin que pueda predicarse la improcedencia de la acción por existir otros mecanismos de defensa a través de los cuales pueda hacerse efectivo el derecho colectivo invocado, como quiera que tal causal de improcedencia no está prevista en la Ley 472 de 1998.

Advierte la Sala que la finalidad de la acción de tutela es dar unas órdenes que sirvan para proteger los derechos fundamentales violados o que amenacen ser violentados. No es el mecanismo procesal establecido para definir la controversias como la aquí planteadas.

Cuando la tutela surge porque hay conductas que afectan grave y directamente los derechos colectivos, el juzgador debe actuar con mucha prudencia para no desconocer el principio de subsidiaridad de la acción.

Hay que analizar, en el caso concreto, si la afectación del interés colectivo está en íntima conexión con la violación de derechos fundamentales. En otras palabras, el menoscabo del interés colectivo viabiliza la tutela contra particulares, pero el estudio no se agota con tal menoscabo sino que debe profundizarse la investigación sobre los derechos fundamentales que se crea han sido violados individualmente a cada uno de los solicitantes.

Síguese de lo expuesto que aun cuando los hechos hayan sido examinados en sede de acción de tutela, también tiene cabida la acción popular cuando está debidamente probado su conexión con la amenaza o violación de un derecho colectivo, como ocurre en el caso presente, en que a más de perturbar los derechos fundamentales a la intimidad y tranquilidad, conllevan violación del derecho al goce de un ambiente libre de contaminación auditiva(45).

4.5. La alegada vulneración a los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública.

La Sala se abstendrá de examinar la violación de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, pues la parte actora no la sustentó ni probó sus supuestos fácticos.

La parte actora tenía la carga procesal de fundamentar en la demanda en qué actos u omisiones habrían incurrido los demandados para vulnerar los derechos colectivos en referencia, y no lo hizo. Cuanto hace en la demanda es afirmar su vulneración. Para que un hecho se tenga por cierto, la parte actora tiene la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos de sus alegaciones y no lo hizo.

4.6. Análisis del caso concreto.

Del acervo probatorio se destacan:

Oficio EP. CU. 0851 de 2004 (oct. 27(46) expedido por la secretaría de control físico área de espacio público y control urbano. Se constata:

“[...] Comedidamente se le da respuesta a los oficios de la referencia, por medio del cual se le informa que este despacho solicitó al arquitecto Alfonso Rojas Fernández, curador urbano primero de Villavicencio se nos informe si por esa curaduría ya le fue expedida licencia de construcción al señor Pedro Díaz Velásquez, en calidad de responsable de la construcción sin licencia que se está llevando a cabo en la calle 26 sur Nº. 38B — 17 Altos de Guatapé, en caso negativo manifestar cuál ha sido el inconveniente ya que en este despacho se encuentra proceso contra el mencionado señor, estando a la espera de la respectiva respuesta.

[...]

Se le informa que este despacho ha venido aplicado las normas urbanísticas a la construcción en mención ya que desde el mismo momento que se tuvo conocimiento de los hechos fue sellada la obra, faltando por imponer la sanción pecuniaria estando en términos para el caso ya que se está a la espera que se cumpla con el plazo otorgado por la Secretaría para aportar la respectiva licencia de construcción. [...]”.

Oficio EP. CU. O673 de 2004 (ago. 10)(47) expedido por la secretaría de control físico área de espacio público y control urbano. Se constata:

“[...] Comedidamente se le da respuesta a su petición, por medio del cual se le informa que esta secretaría en reiteradas ocasiones le ha dado respuesta a las innumerables peticiones que usted ha impetrado referente a la construcción de la Iglesia Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, ubicado en la carrera 26 Nº. 38 B — 17 o manzana M casa 11, del barrio Altos de Guatapé indicándole que en este despacho se encuentra proceso en contra del señor Pedro Díaz Velásquez, como propietario de dicha construcción, rindiendo los respectivos descargos de ley y manifestando que en estos momentos ya se encuentra radicada la respectiva licencia de construcción en la curaduría primera de Villavicencio, a lo cual el despacho le concedió un plazo para ser allegada dicha licencia estando en términos en este momento.

También se le informa que con relación al funcionamiento de la misma debe dirigir su solicitud ante el departamento administrativo de planeación, y/o secretaría de gobierno, por ser estas entidades las encargadas de otorgar y hacer cumplir dichos permisos. [...]”.

Oficio 2-2-1444 de 2004 (jul. 14)(48) suscrito por el subdirector de gestión y control ambiental (E) de Cormacarena. Se constata:

“[...] En atención a su comunicación de 9 de julio del presente año, fundamentada en el derecho de petición, le informamos que la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena ha realizado las siguientes actuaciones dentro de la queja presentada contra la Iglesia Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial:

Mediante Auto 5.11.04.02.19, se inició trámite a la queja presentada por Luz Briyid Orjuela ante la Secretaría del Medio Ambiente abriendo investigación contra el propietario o administrador y/o a quien haga sus veces del establecimiento denominado Iglesia Evangélica y requirió a los propietarios del predio ubicado en la manzana M casa 11 de la urbanización Altos de Guatapé.

Auto 5040500 por medio del cual se ordenó visita técnica a la Iglesia Evangélica Pentecostés de Colombia Movimiento Misionero Mundial Altos de Guatapé, con el fin de verificar el cumplimiento a las recomendaciones dadas por la secretaría del medio ambiente.

Auto V 504059 por medio del cual se ordenó a la subdirección de gestión y control ambiental efectuar visita técnica a la Iglesia Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, para verificar el cumplimiento a las disposiciones establecidas por la secretaría del medio ambiente, otorgando el juzgado tercero penal municipal, para las mencionadas adecuaciones un término de 45 días: y a la realización de un informe para ser enviado al juzgado tercero penal municipal una vez efectuada la visita técnica.

El 24 de junio del 2004 dando cumplimiento a los dispuesto en el Auto V504059 se efectúo por parte de la unidad de control, seguimiento y monitoreo de la corporación, visita técnica a la Iglesia Evangélica Pentecostés de Colombia Movimiento Misionero Mundial Altos de Guatapé donde se pudo determinar que se está concluyendo la adecuación de las instalaciones en un 95% y estiman finalizarlas la semana del 16 de julio, por lo tanto se efectuara una medición con sonómetro digital el 18 de julio.

El 12 de julio del 2004 dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo tercero de sentencia de la acción de tutela, se envía al Juzgado Tercero Penal Municipal de Villavicencio, informe sobre la visita realizada a la Iglesia Evangélica Pentecostés de Colombia Movimiento Misionero Mundial Altos de Guatapé. [...]”.

Auto V5. 0400089 expedido por Cormacarena. Se constata:

“[...] Auto V5.040089

Expediente 5.11.04.059

“Por medio del cual se ordena visita técnica a la Iglesia Evangélica Pentecostés de Colombia Movimiento Misionero Mundial Altos de Guatapé”

La subdirectora de gestión y control ambiental en uso de funciones delegadas mediante resolución 291 de fecha 6 de diciembre de 1999 y

CONSIDERANDO

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena “Cormacarena” mediante Auto V 5.11.04.02.19, dispone:

“ART. 1º—Iniciar trámite administrativo de la queja interpuesta por la señora Luz Briyid Orjuela, ante la secretaría del medio ambiente “SEMA” de la Alcaldía de Villavicencio, por contaminación sonora de la Iglesia Evangélica, de la urbanización Altos de Guatapé, y la cual fue traslada a la corporación por el “SEMA”.

ART. 2º—Abrir investigación contra el propietario o Administrador y/o a quien haga sus veces del establecimiento denominado Iglesia Evangélica, de la urbanización Altos de Guatapé.

ART. 3º—Requerir a los propietarios del predio, ubicado en la manzana M, casa 11 urbanización Altos de Guatapé”.

Mediante oficio radicado con el Nº. 221984 del 21 de abril del 2004, la secretaría del medio ambiente, informa a la corporación de la vista técnica realizada el día 14 de abril del 2004, a la Iglesia Evangélica Pentecostés de Colombia Movimiento Misionero Mundial Altos de Guatapé, con el fin de realizar la calibración del equipo de sonido marca Peavey de KB/A 15 y de dos entradas, haciendo las siguientes recomendaciones:

El equipo utilizado para realizar el culto, se dejó calibrado en 65 db para zona residencial, horario diurno, quedando sus teclas señaladas en 101-9/-9.

La normatividad que se tuvo en cuenta fue la Resolución 08321 de 1983 de Minsalud, Decreto 948 de 1995 de Minambiente y acuerdo 041 de 2002 del municipio de Villavicencio.

Se debe pañetar la pared tanto interna como externa.

Colocar vidrios insonorizados en puertas y ventanas.

Aislar el techo ya sea con icopor y/o machimbre.

Colocar el bafle dentro de la iglesia y no al lado de puertas y ventanas.

Dar el culto con una puerta abierta.

Brindar la aireación-ventilación a las personas asistentes al culto.

Mediante auto V5.04-0500, se ordena a la subdirección de gestión y control ambiental, efectuar visita técnica y continuar con el trámite a la investigación pero mediante acta de visita efectuada en compañía de funcionarios de la secretaría de medio ambiente a la Iglesia Evangélica Pentecostés de Colombia Movimiento Misionero Mundial Altos de Guatapé, pero siempre ha estado cerrado y no ha habido persona que permita el ingreso del personal de la corporación para verificar el cumplimiento a las recomendaciones dadas al pastor Pedro Díaz Velásquez por parte de la secretaría del medio ambiente.

La señora Luz Briyid Orjuela Bautista interpone acción de tutela en contra del Movimiento Misionero Mundial, la Alcaldía Municipal de Villavicencio, secretaría municipal del medio ambiente, secretaría de gobierno municipal, Cormacarena y el departamento administrativo de planeación municipal, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la tranquilidad, a la intimidad y a la paz, la cual mediante auto del 26 de abril fue admitida y en consecuencia se ordenó correr traslado a los representantes legales de las accionadas.

Mediante Radicado 222578 del 25 de mayo del 2004, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Villavicencio envía copia de la sentencia proferida el 21 de mayo del 2004, dentro de la acción de tutela No 2004- 0076, instaurada por la señora Luz Briyid Orjuela Bautista, y por medio de la cual resuelve:

2. “Ordenar a la Iglesia Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que en un termino de cuarenta y cinco días calendario, se sirva realizar todas las adecuaciones técnicas recomendadas por la secretaría del medio ambiente y Cormacarena, requeridas para que el inmueble sea apto para su funcionamiento y con los que se busca cesar la contaminación auditiva que se ha venido presentando”.

3. “Solicitar a la secretaría de medio ambiente y a Cormacarena, se sirvan hacer un seguimiento a la Iglesia Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial a efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia. De igual modo las mencionadas entidades deberán informar a este despacho al término del plazo concedido si se acato lo ordenado”.

Se expide Auto V504059 por medio del cual se ordena a la subdirección de gestión y control ambiental efectuar visita técnica a la Iglesia Evangélica Pentecostés de Colombia, con el fin de que se verifique el cumplimiento por parte del pastor Pedro Díaz, a lo ordenado por el juzgado tercero penal municipal mediante Sentencia de acción de tutela 2004-0076.

Dando cumplimiento al Auto V504059 la unidad de control, seguimiento y monitoreo perteneciente a la subdirección de gestión y control ambiental de la corporación efectúo el día 24 de junio del 2004, realiza visita técnica a la iglesia evangélica, determinándose:

Conclusiones:

La iglesia Pentecostés de Colombia realizó los siguientes compromisos adquiridos ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Villavicencio:

• Retiró el equipo de sonido y todo instrumento musical dentro del recinto de la iglesia.

• Efectúo el pañete de la pared interna y parte de la externa.

• Colocó los vidrios en puertas y ventanas de un calibre normal.

• Eliminó los bafles dentro de la iglesia.

• El culto se realiza con una puerta abierta.

• Sin embargo, aún no se ha realizado el aislamiento del techo con icopor o manchimbre y tampoco cuenta con un sistema de ventilación o aireación.

• De igual forma, se realizó la medición de niveles de presión sonora dio como resultado cuatro decibeles por encima de lo establecido en la norma ambiental (65 db).

El 11 de julio del 2004 la unidad de gestión y control ambiental de la corporación realizó nuevamente visita técnica determinado:

La iglesia Pentecostés de Colombia realizó los siguientes compromisos adquiridos ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Villavicencio.

El equipo de sonido y todo instrumento musical dentro del recinto de la iglesia no están siendo utilizados.

Efectúo el pañete de la pared interna y parte externa.

Colocó vidrios en perlas y ventanas de un calibre normal.

Eliminó los bafles dentro de la iglesia.

El culto se realiza con una puerta abierta.

Realizó gran parte del aislamiento del techo (95%) con material de icopor.

[...]

Que en virtud de lo anterior se,

DISPONE:

ART. 1º—Requerir a la señora Luz Briyid Orjuela, identificada con C.C. 46.669.738 de Duitama para que permita al pastor Pedro Díaz de la Iglesia Evangélica Pentecostés de Colombia Altos de Guatapé, realizar la obra de pañete en la pared colindante de los predios y de esta manera cumplir con las recomendaciones dadas por la secretaría del medio ambiente.

ART. 2º—Ordenar a la subdirección de gestión y control ambiental efectuar visita técnica a la Iglesia Pentecostés del Movimiento misionero Mundial con el fin de verificar la finalización y capacidad de insonorización de las obras realizadas por el pastor Pedro Díaz. Comprobando de esta manera que no se menoscabe la tranquilidad, la intimidad y la paz de los vecinos y en igual forma tampoco afecte la comodidad de quienes asisten a las celebraciones que se realicen en el centro religioso.

ART. 3º— Una vez se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo del presente auto se remitirá el expediente a la Unidad Jurídica de la corporación para que se continúe para dictar las decisiones que en derecho correspondan. [...]”

Acta de visita técnica realizada el veintitrés (23) de junio de 2004 por Cormacarena a la Iglesia Pentecostés del Movimiento misionero Mundial, en la cual se verificó el exceso de los niveles de emisión sonora permisibles en cuatro (4) decibeles(49).

Oficio 816 de 2004 (abr. 14)(50) suscrito por el personero delegado dirigido al secretario local de control físico. Se constata:

“[...] En su oficio E.P CU.0059 nos manifestó con respecto al asunto de la referencia que esa entidad luego de visita al lugar verificó la existencia de un inmueble donde funciona un Movimiento Mundial Misionero, pero que no se puede constatar si la obra se estaba levantando con o sin licencia de construcción, habiendo establecido que el pastor responsable de la obra y de la iglesia es Pedro Ruaz (sic). Prometiendo por último que ordenaría nueva visita a fin de solucionar pronto el caso.

En este asunto debo precisar:

a) Que efectivamente el responsable de la construcción es el pastor Pedro Díaz Velásquez y no el que ustedes citan.

b) Que la obra donde funciona el Movimiento Mundial Misionero se levantó sin licencia de construcción como así lo manifiestan las curadurías 1 y 2 de esta ciudad en sus oficios CUPV — 1409 de 15 de marzo, y CUS — 032 el 1º de marzo del año en curso, respectivamente, y como lo dijo también la secretaría de planeación municipal en su oficio 030 DDU-JTR de marzo 10 del año en curso, documentos estos de los que acompañó a este escrito fotocopias en tres (3) folios que me fueron remitidos por la comunidad afectada.

En estas condiciones y luego de dos meses y medio (2 1/2) de hecha su promesa, en calidad de Ministerio Público me permito solicitarle nos informe todo cuanto su despacho ha realizado tendiente a solucionar este grave problema para la comunidad del sector de Altos de Guatapé II. En el evento de que no se haya adelantado ninguna gestión posterior a la anunciada en su oficio citado, cordialmente solicito dar sin dilación aplicación a las normas que regulan las infracciones urbanísticas, por cuanto la queja de la comunidad fue radicada en esa secretaría desde el 5 de enero de 2004. [...]”.

Oficio de treinta (30) de abril de 2004(51) suscrito por el director administrativo de planeación municipal y el director técnico de desarrollo urbano. Se constata:

“[...] Nos permitimos manifestarle que la Iglesia Pentecostés, está clasificada como uso dotacional de cobertura zonal, de servicios sociales —espirituales—, y es compatible con el área de actividad residencial tipo 2 (AAR 2) que caracteriza al barrio Guatapé.

Los usos dotacionales se deben reglamentar mediante resolución motivada del DAPM, en virtud del parágrafo 1º del artículo 51 del Acuerdo 021 de 2002; para tal efecto, el interesado deberá aportar la siguiente documentación para su estudio:

• Fotocopia de la escritura de propiedad del terreno.

• Fotocopia del certificado de libertad con antigüedad inferior a 1 mes.

• Memoria descriptiva del proyecto.

• Implementación arquitectónica del proyecto, que incluya planta, fachadas y cortes.

Una vez aportada la documentación anterior, el DAPM procederá al estudio de la misma. [...]”.

Oficio 039 DDU — JTR de 2004 (marzo 10)(52) suscrito por el director administrativo de planeación municipal y el director técnico de desarrollo urbano. Se constata:

“[...] En atención a su solicitud verbal, en el CAVI, nos permitimos que el predio ubicado sobre la carrera 38 B Nº. 26, manzana M casa 11 del barrio Altos de Guatapé, se encuentra inmerso en un área de actividad residencial 2, donde el uso rotacional de servicios sociales del servicio espiritual; de cobertura zonal, según la tabla de uso es compatible.

Por lo anteriormente expuesto, si el establecimiento se encuentra perturbando y/o obstaculizando la actividad o función del uso principal que se asignó a una unidad especial de aprovechamiento determinada; que para el caso es el residencial, su categoría de uso es PROHIBIDA, y deben dar estricto cumplimiento a lo normado por el plan de ordenamiento territorial. [...]”.

Certificado de tradición y libertad de veintitrés (23) de junio de 2004 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio en el cual se constata que el predio ubicado en la manzana M lote 11 de la urbanización Guatapé II Calle 26 sur Nº 38 B — 17 es propiedad de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia Movimiento Misionero Mundial(53).

Certificación de veinte (20) de mayo de 2003 expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia. Se constata:

“[...] Que con base en el Decreto 782 de 1995, mediante Resolución 596 del 8 de abril de 1997, se reconoció personería jurídica especial a la entidad religiosa Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, con domicilio principal en Bogotá. D.C.

Que la entidad religiosa Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial se encuentra inscrita en el registro público de entidades religiosas.

Que como representante legal de la entidad aparece registrado el señor Oscar Darío Galvano García identificado con la cédula de ciudadanía número 71.605.35') expedida en Medellín. [...]”.

Oficio CUPV 149 de 2004 (marzo 15)(54) en que la Curaduría Urbana Primera de Villavicencio informa que no ha expedido licencia de construcción a favor de la iglesia cristiana ubicada en la manzana M lote 11 del barrio Altos de Guatapé.

Oficio CUS -032 de 2004 (marzo 1º)(55) en que la Curaduría Urbana Segunda de Villavicencio informa que no ha expedido licencia de construcción a favor de la iglesia evangélica ubicada en la manzana M Lote 11 del barrio Altos de Guatapé y representada por el señor Pedro Díaz Velásquez.

Oficio PNARD 003 de 2004 (feb. 9)(56) suscrito por el Secretario del Medio Ambiente de Villavicencio dirigido a la directora de inspecciones de la secretaría de gobierno municipal. Se constata:

“[...] De acuerdo con la visita técnica de medición de los niveles de presión sonora, realizada por esta dependencia el día domingo 8 de febrero del año en curso, a las 6:15 p.m., al inmueble ubicado en la cra. 38 B Nº 26-03 sur manzana M casa 12 urbanización Altos de Guatapé el respecto le informamos lo siguiente:

Predio originador de la contaminación sonora: Iglesia evangélica sin razón social ubicado en la manzana M, casa 11 Urbanización Altos de Guatapé.

Vivienda donde se midió los decibeles: Cra 38 B Nº. 26-03 sur, manzana M, casa 12 urbanización Altos de Guatapé; propietaria Luz Briyid Orjuela Bautista.

Se realizaron tres (3) mediciones dentro de la vivienda efectuada por el ruido en la Cra 38 B Nº. 26-03 sur. Manzana M, casa 12 urbanización Altos de Guatapé, los cuales fueran:

1ª. Medición: Alcoba principal: 82.4 dB

2ª. Medición: Comedor: 87:2 db

3ª. Medición: Sala: 86,8 dB

La lectura promedia: 85,47 dB: hay contaminación sonora ya que la lectura promedio se encuentra superando los decibeles permitidos por la normatividad ambiental.

La secretaría del medio ambiente ‘SEMA’, por ser una entidad netamente operativa de control, inspección y vigilancia de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio, espera que las diferentes entidades sancionatorias entren hacer cumplir la norma. Favor cerrar a la anterior iglesia evangélica ubicada en la manzana M, casa 11 urbanización Altos de Guatapé, por estar realizando contaminación sonora.

No esperarnos a que la comunidad recurra a las acciones de tutela para actuar.

Esta dependencia seguirá realizando visita de control del ruido, con la colaboración del subcomité de prevención, control y vigilancia del CAMVI, para verificar que se cumpla con la norma.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. [...]”

Acta de visita técnica realizada el ocho (8) de febrero de 2004 por la secretaría del medio ambiente a la vivienda ubicada en la calle 26 sur Cra. 38 B manzana M casa 12 de la urbanización Altos de Guatapé II de propiedad de la señora Luz Briyid Orjuela Bautista, en la cual se verificó el exceso de los niveles de emisión sonora permisibles en veinte coma cuarenta y siete (20,47) decibeles(57).

Oficio de 26 de octubre de 2004 suscrito por el director administrativo de planeación municipal y el director técnico de desarrollo urbano(58). Se constata:

“[...] No hay absolutamente ninguna contradicción en los pronunciamientos emitidos por esta entidad, y relacionados con la Iglesia Evangélica Pentecostés del Movimiento Mundial, que opera en la Calle 26 sur Nº. 38 B 17 o manzana M Casa 11 del barrio Altos de Guatapé II: la razón es bien sencilla: No se ha entendido aún cómo operan los instrumentos de gestión del suelo que complementan el plan de ordenamiento territorial.

En oficio de abril 30 de 2004, emanado del DAPM y dirigido al señor Pedro Ovidio Díaz, se le señala el uso como dotacional de cobertura zonal, de servicios sociales — espirituales y es compatible con el área de actividad residencial tipo II que caracteriza al barrio Guatapé; y a Altos Guatapé II, también, por supuesto.

¿De dónde sale semejante afirmación? Pues nada menos que de la tabla 3 — usos—, del artículo 54 del Acuerdo 21 de 2002, la cual le estarnos anexando además la categoría de área de actividad residencial tipo 2 la puede cotejar en el plano 15 denominado usos del suelo urbano de soporte del POT; hasta aquí no hay ninguna falacia dentro de lo emitido por el DAPM.

¿Qué significa la noción compatible?

3. Usos compatibles: Son aquellos que no son requeridos como apoyo al funcionamiento del uso principal pero que bajo determinadas condiciones puede desarrollarse, siempre que no perturben ni obstaculicen la actividad o función del uso principal y no ocasione peligro para la salud, seguridad, tranquilidad pública y no entre en conflicto con los sistemas estructurantes del suelo urbano y rural. (la negrilla y el destacado son fuera del texto).

Esas condiciones que permiten el funcionamiento de los usos compatibles solamente es posible fijarlas conociendo la naturaleza del proyecto que se va a insertar o a desarrollar solamente, mediante estas acciones, es factible determinar con precisión cuáles pueden ser los efectos que pueden perturbar u obstaculizar los usos principales, en este caso el residencial.

Si el proyecto es definitivamente viable, es decir, si la compatibilidad está fuera de toda duda, el DAPM reglamenta el proyecto mediante una resolución motivada, para autorizar dos cosas: Por una parte, el uso del suelo y por la otra, la normativa que regulará la construcción o edificación donde se establecerá ese uso dotacional (la iglesia).

¿Y dónde se establece la figura de la resolución motivada?

Lo señala expresamente el parágrafo 1º del artículo 51 del Acuerdo 021 de 2002:

PAR. 1º—Para la localización de los equipamientos en que se desarrollan las actividades que aglutinan los usos dotacionales el departamento administrativo de planeación municipal, mediante resolución motivada, establecerá las características principales de los grupos, y determinará el carácter de la operación urbana específica.

Es de advertir que el DAPM no ha emitido hasta la fecha ninguna resolución avalando La Iglesia Evangélica Pentecostés del Movimiento Mundial que opera en la calle 26 sur Nº. 38 B 17 o manzana M Casa 11 del barrio Altos de Guatapé II, porque de la documentación soportada por el solicitante, señor Pedro Ovidio Díaz V, se concluyó categóricamente que no es viable la iglesia que pretende avalar por parte del DAPM; esto quedó consignado también en el oficio de julio 14 de 2004 remitido a la señora Luz Briyid Orjuela Bautista. De manera que hasta aquí, no hay contradicción.

¿Y cuáles condiciones determinaron la no viabilidad de la iglesia?

El artículo 443 del Decreto 353 de 2000 y el artículo 87 del cuerdo 021 de 2002, señalan lo siguiente:

ART. 443.— del Decreto 353 de 2000:

Servicios espirituales.

Las edificaciones destinadas a prestar este tipo de servicio tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

Restricciones de localización.

Los edificios destinados a la celebración de oficios religiosos, no podrán localizarse en las siguientes áreas:

En áreas cedidas al municipio como zonas verdes para la dotación de equipamientos.

En áreas de riesgo.

En zonas de protección ambiental de vías,

En zonas de aislamiento o ronda de caños y ríos, zona de protección de corrientes de aguas,

En predios con frentes a cruces de vías principales del plan vial, vías con transporte público o en frentes a glorietas o intercambio viales.

En un radio de 500 metros, de las estaciones de servicios y depósito de combustible.

En edificaciones adaptadas o remodeladas, destinadas originalmente al uso residencial.

En los nuevos desarrollos urbanísticos, el urbanizador podrá dejar un área con destino al culto religioso, diferente de las áreas de cesión y de equipamiento, el cual podrá ser cedido a voluntad del urbanizador o vendido a los diferentes estamentos religiosos.

Normas de diseño:

El índice de ocupación máxima del lote será del 50% del área neta del predio.

La zona destinada para atrio, tendrá un área mínima del 15% del área libre resultante.

La altura máxima del atrio con respecto al andén será de 0.90 metros, y no podrá interrumpir físicamente el andén con la construcción del atrio.

Aislamientos laterales mínimo serán de 6 metros.

El área máxima construida será de 250 m2.

El área destinada para parqueo de visitantes será uno (1) por cada 30 m2 área construida.

Las puertas de accesos y salidas deberán abrir hacia el exterior de la edificación, sin obstaculizar la libre circulación ni ocupar las áreas del atrio o de los aislamientos.

No se permitirán la instalación de elementos móviles o fijos que obstaculicen los accesos y salidas.

Las naves o espacios de reunión, respetarán un espacio libre de sillas en la parte posterior para facilitar el acceso y salida de los asistentes.

Además del acceso principal se deberá contemplar como mínimo una puerta lateral que deberá comunicar directamente con el exterior, Las puertas tendrán un ancho mínimo de 2.50 metros.

Y el artículo 87 del Acuerdo 021 de 2002, señala lo siguiente:

El numeral 6º y 7º del literal A del artículo 443 del plan de ordenamiento territorial quedará así:

En un radio de 100 metros, de las estaciones de servicios y depósito de combustible.

Se podrán utilizar edificaciones remodeladas que originalmente fueron de uso residencial, siempre y cuando cumplan con las normas arquitectónicas y el código de sismo resistencia y sea autorizado su cambio de uso mediante el instrumento de gestión que determine el departamento administrativo de planeación municipal.

Se deroga el numeral 5º del literal B del artículo 443 del plan de ordenamiento territorial y el numeral uno y seis del literal B del artículo 443 quedarán así:

El índice de ocupación máximo será de 70% del área neta del predio.

El área destinada para parqueo de visitantes será de uno (1) por cada 60 m2.

Analizando detenidamente dicha normativa, se encuentra que La Iglesia Evangélica Pentecostés del Movimiento Mundial, no es viable de implantarse en el sitio pretendido por el solicitante, ya que no se da cumplimiento cabal a lo dispuesto en materia de parqueaderos y, aislamientos con las demás edificaciones, entre otras cosas.

Evidentemente, esta situación solo es detectable en la medida en que el solicitante aporte los documentos completos del proyecto:

Plano de Localización, planos arquitectónicos, y escritura de propiedad.

En este orden de ideas, quedó establecido con meridiana claridad, que la no viabilidad del proyecto, se traduce en concordancia con los parámetros de la tabla 3 —usos—, del artículo 54 del Acuerdo 021 de 2002, en una situación de uso prohibido; y justamente fue este concepto el que se consagró en oficio de Agosto 11 de 2004.

¿Cuál es entonces la contradicción que Ustedes señalan?

Ahora bien, aquí es importante resaltar que el ciudadano Pedro Ovidio Díaz V, nunca reclamó el oficio en el cual se señalaba la categoría de prohibido para La Iglesia Evangélica Pentecostés del Movimiento Mundial, a sabiendas de que dicho concepto no era favorable para sus intereses; el señor Díaz sabe que ese concepto de prohibido está latente, pues a través de sus múltiples visitas al DAPM se le explicó con rigurosa claridad dicha situación; así que creemos que no hubo interés en acceder a una respuesta negativa a sus pretensiones.

Queda claro hasta aquí que el caso de La Iglesia Evangélica Pentecostés del Movimiento Mundial ha revestido la mayor seriedad para la administración municipal; en ningún momento ha habido contradicción en la posición del sencillamente, creemos que no ha sido afortunada la interpretación dada a los múltiples documentos que hemos emitido.

Creemos que la señora Inspectora del barrio ciudad porfía siempre ha tenido los suficientes elementos de juicio para adelantar las diligencias que le corresponden; el secretario de control físico adelanta un proceso por las construcciones civiles adelantadas en el inmueble motivo de litis: Se trata de una construcción sin licencia —hasta donde tenemos conocimiento—, y la normativa para sancionar este tipo de situaciones está a la orden del día: Mal puede decirse también que no se ha procedido sobre el particular, por los conceptos que ha emitido el DAPM, tratándose de dos hechos completamente independientes.

Finalmente, se observa en todo este complejo asunto, que el problema se ha reducido a la cuestión semántica solamente, dejando de lado el tremendo acervo documental que existe en el POT, como si este documento no fuera público y de obligatorio cumplimiento para toda la colectividad.

Queremos insistir en que este episodio ha sido absolutamente desafortunado, que ha degenerado en posiciones irreconciliables que nada le sirven a la convivencia pacífica, pero que sí le generan un enorme desgaste a la comunidad y a la administración. [...]”.

Testimonio de las señoras Teresa de Jesús Alfonso Romero y Margota Rey Santiago residente del barrio Altos de Guatapé II(59). Se constata:

“[...] En Villavicencio (Meta), a los once (11) días del mes de abril de dos mil cinco (2005), siendo las 9:00 a.m., se procede a recepcionar el testimonio de la señora: Teresa de Jesús Alfonso Romero en el proceso de la referencia. Para tal fin, el Tribunal Administrativo del Meta — Sala Unitaria, bajo la dirección de la magistrada sustanciadora doctora Teresa Herrera Andrade en asocio con su auxiliar Oscar Leonardo Romero Bareño, se constituyó en audiencia pública, declarándola abierta. Asiste la testigo Teresa de Jesús Alfonso de Romero, el doctor Uriel González Manrique identificado con C.C. 19.462.326 de Bogotá y T.P. 86.507 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien se reconoce personería para actuar en calidad de apoderado de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, conforme al poder visible a folio 181 del expediente. Se procede a recepcionar el testimonio de la señora Teresa de Jesús Alfonso de Romero, a quien se le tomó el juramento de rigor, previo la formalidades de ley, quien por cuya gravedad prometió decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, en la declaración que va a rendir ante este despacho preguntado: Sobre los generales de ley. Contestó: Mi nombre y apellido son como quedaron dichos y escritos, identificada con C.C. 27.995.930 de Barrancabermeja; tengo: 70 años de edad; nacionalidad: Colombiana; soy natural de Chipatá (Santander); estudios realizados: licenciada en sociales; estado civil: viuda, de profesión: pensionada; residente en la Altos de Guatapé, cra 38 Nº. 26 17 sur de Villavicencio. Conozco a las señoras Luz Briyid Orjuela Bautista y Sandra Joana Samper García, porque ellas son vecinas del barrio y las vi cuando se estaba organizando lo de la junta de acción comunal. Preguntado. Narre al despacho lo que sepa o le conste en relación con el culto religioso realizado en la Iglesia Cristiana Pentecostés, ubicada en el barrio donde usted tiene su residencia? Contestó. “Pues ellos tienen sus cultos ahí, pero no le he visto nada de malo, por ejemplo la señora Brigid se quejaba de que hacían ruidos, y que ella quería sacarlos del barrio porque hacían mucho ruido y porque no eran católicos. Una vez, resolví ir a curiosear, y en la puerta de la entrada a la Iglesia, y como a 1 metro, tenían un bafle que media como un metro, muy cerca de la entrada, y otro en la esquina, en frente de la casa de Brigid, pero salían las instalaciones de la casa de Brigid, posiblemente tenían un evento. Los evangélicos, tenían la puerta entre cerrada, yo entré con una hija, y me senté a la parte de atrás, el ruido de la música, afuera, era tan fuerte adentro que impedía entender lo que decían. Al rato, llegaron y golearon duro la puerta de la calle y un señor del culto se asomó por la ventana y fue y le dijo algo al pastor, salió alguien y llamó la policía, al ratico volvieron a coger la puerta como a patadas y entonces uno de los señores del culto abrieron la puerta y habían como 15 personas afuera, yo me asomé por encima del hombro del señor del culto y una señora, que no sé si es Brigid o no, porque yo poco conozco la gente allá, me interpeló diciendo que yo era del barrio y que tenía que colaborar con ellos, a lo que le contesté que eso no son necesidades del barrio, que eso era más bien como un delito porque había libertad de cultos y que con eso no se solucionaba nada, cerraron la puerta nuevamente, y al ratico, volvieron y tocaron, pero ya tocaban y se asomaron por la ventana y dijeron que había llegado la policía, abrieron, la policía dio orden de apagar esos bafles, los que estaban afuera, y yo después me fui, no supe desde ahí, más nada. También me consta que cuando se estaba haciendo campaña para nombrar la junta, la señora Brigid, pasaba por las casas y sin tener en cuenta que en un barrio hay de toda religión, decía, que ella quería quedar en la junta directiva para sacar a los evangélicos, como desconociendo la libertad de cultos. Yo digo una cosa, y se lo dije a ellas un día, si fuera una cantina o una casa de lnocinio, ustedes mirarían con mejores ojos eso. Viendo tanto problema que se presentaba y siendo la señora Margoth la presidenta de la acción comunal, resolvimos con otras señoras, pasar unos documentos a distintas entidades, a quienes donde Brigid había informado a la iglesia, los había demandado en un montón de oficinas, de entidades, y nosotros para contrarrestar eso pasamos para contrarrestar todo lo que decía, porque eso eran mentiras y era una persecución, nos parecía que era pasado de la raya porque ella no se cansa de estar molestando. Pasamos un escrito con 50 o 70 firmas de personas del barrio” Preguntada. A qué distancia vive usted de la Iglesia a la que se ha referido en esta diligencia? Contestó. “Las cuadras de allá son largas, son cuadras como dobles, digamos como a dos cuadras” En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la Iglesia Cristiana Pentecostés, quien procedió a interrogar así: Preguntado. Informe al despacho ¿cuánto tiempo hace que usted asiste a las reuniones o cultos que realiza la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial? Contestó. “No voy seguido, porque no pertenezco a esa religión, soy simpatizante y voy a curiosear a mirar, sobre todo con estos problemas, me gusta ir a cerciorar si es cierto todo lo que dicen y me he dado cuenta que no” Preguntada. ¿Tiene conocimiento que días se celebran las reuniones o cultos? Contestó. “Yo que sepa pues los domingos, pero no se que otros días hay para los niños. Dura dos horas y empieza, a la que yo fui, como a las 10 de la mañana y se salía a las doce, yo fui por constatar cuanto era el ruido, pero allá no hay ni música ni órgano, solamente lo que se hace con las palmas, cantar y explicar la biblia” Preguntada. Describa el interior del lugar donde se realizan los cultos Contestó. “Un salón amplio, con una silletería de esas de rímax, tiene salida lateral a otro solar de ellos, que para que no molesten los pequeños, salen a ese solar con un adulto a enseñarles biblia oran con cánticos y un altarcito, donde se hace el señor que va a explicar” Preguntada. Informe al despacho si en el lugar existe algún baño para atender las necesidades fisiológicas. Contestó. El pastor no vive ahí, eso queda cerrado con llave, el vive en un barrio cercano, eso no me consta porque cuando uno sale va reparado para ir por allá” ¿Tiene algo más que agregar al cuestionario que acaba de absolver? Contestó: “Me he dado cuenta por lo que me han contado de por allá de una tutela que les exigían poner techo para evitar ruido y eso lo hicieron, ellos tienen el localito bien pintadito, aisladito de ruidos, le tienen cielo razo”. Se deja constancia que no compareció el apoderado judicial de Municipio de Villavicencio el Curador Urbano Primero de Villavicencio, el apoderado de la Defensoría del Pueblo, ni la procuradora 14 judicial ambiental y agraria. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma por el testigo, una vez leída y aprobada.-”

Declaración de Ana Margoth Rey Santiago. Prueba a solicitud de la parte demandada

A continuación se le recibió el juramento de rigor previas las formalidades de ley, por cuya gravedad prometió decir la verdad y nada más que la verdad, y solamente la verdad, en la declaración que va a rendir ante este Despacho. Preguntado: Sobre sus generales de ley: Contestó: Mis nombres y apellido son como quedaron dichos y escritos, identificado con C.C. 21.222.803 de Villavicencio; tengo: 55 años de edad, nacionalidad colombiana, soy natural de: Villavicencio, estudios realizados: Tecnóloga en administración de empresas, y estado civil: casada, profesión: pensionada, y residente: Calle 27 sur Nº. 38A 22 Altos de Guatapé de Villavicencio. Conozco a las señoras Luz Brigid Orjuela Bautista y Sandra Joana Samper García, porque viven en mi mismo barrio, Sandra Samper era afiliada a la junta de acción comunal. Preguntado. Narre al despacho lo que sepa o le conste en relación con el culto religioso realizado en la Iglesia Cristiana Pentecostés, ubicada en el barrio donde usted tiene su residencia Contestó. “Para el año 2003, siendo yo en ese momento presidente de la junta de acción comunal, y para junio del mismo año se terminaba mi periodo, ya que se debía elegir nuevos dignatarios de junta, conocí a la señora Brigid, quien era una de las aspirantes, a presidir la nueva junta, en su campaña que hizo casa por casa, su lema era sacar a los evangélicos y a la actual presidente de la junta, que era yo, cosa que no era porque yo ya terminaba mi periodo. A partir de ahí, he tenido conocimiento de acciones en contra de este centro religioso como es denuncias en las inspecciones de policía, Cormacarena, planeación, entre otras.

Acciones a las que yo me he opuesto, debido a que toda persona tiene derecho a tener su propia religión de acuerdo a la Constitución Política de Colombia en su artículo 19, pero esta señora, en acuerdo con no solamente la señora Sandra Samper, sino con otras como Shirley Noguera Rico, quien es quien las dirige, han venido inventando, difamando, injuriando y calumniando y lo que es peor, hablando a nombre de la comunidad, cuando esto es totalmente falso, me permito allegar al despacho fotocopia de oficio dirigida al personero municipal, donde se da a conocer una queja contra Luz Brigid Orjuela y otros, firmada por aproximadamente 75 residentes de nuestro barrio (el despacho recibe de manos de la declarante el documento referido, que consta de 6 folios útiles), queja que también tuvo conocimiento nuestro gobernador Edilberto Castro, nuestro alcalde doctor Chaparro, entre otros, pasamos a la fiscalía. con esto se demuestra que las personas quejosas en contra de la comunidad evangélica no son sino como 7 u 8 mujeres y dos hombre que me consta a mí, donde han venido a no dejar vivir tranquilo, en vez de tratar de vivir en armonía y en paz, han generado es violencia, malos ratos contra a comunidad de buen vivir, es más, a mí se me ha apedreado la casa, se me ha demandado a distintas partes o entes judiciales por delitos de abuso de confianza, como el que curso en la fiscalía 2 local, en la cual fue decretada la resolución de archivo, ya que no hubo mérito de los cargos que se me imputaban y son estas mismas personas las que han estado dirigiendo y llevando a cabo el desorden y los atropellos a toda la gente, no solamente evangélica, cristianos, católicos y no dejan vivir en paz. Creo que es por desconocimiento de la ley. Todos podemos vivir en comunidad” Preguntada. Sabe usted hace cuanto tiempo funciona la iglesia a que se ha referido en el barrio Altos de Guatapé Contestó. “Yo creo que aproximadamente dos años, yo creo que está funcionando. Es una casa de oración a donde se reúnen como lo hacemos cualquiera de nosotros en nuestras casas de oración, cantamos y oramos, yo no he visto ningún escándalo. Más bien al contrario, un día que se estaba en un evento de aseo del barrio, doña Brigid instaló un equipo de sonido de alto volumen, que oíamos en todo el barrio, por fastidiar, incomodar a las personas que estaba en la casa de oración y yo lo único que tengo que decir es que estas personas durante el tiempo que alcanzaron a vivir yo estando como presidenta de la junta, los evangélicos eran personas muy colaboradoras y limpias, ara (sic) limpiezas de los parques, ellos mismos colaboran, si no tienen dinero, con mano de obra ayudan, en ningún momento oí de desórdenes por ningún lado” Preguntada. En su calidad de presidenta de la junta de acción comunal, ¿supo usted de alguna queja por parte de los residentes del barrio, a causa de la Iglesia Cristiana Pentecostés? Contestó. “No. Yo en ese momento no sabía que hubiese algo en contra de ellos”. Preguntada. A qué distancia vive usted de la Iglesia a la que se ha referido en esta diligencia? Contestó. “Como a cuadra y media por ahí” En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la Iglesia Cristiana Pentecostés, quien procedió a interrogar así: Preguntado. Informe al despacho si usted asiste con alguna frecuencia a las reuniones que se programan en la casa de oración del Movimiento Misionero Mundial? Contestó. “No, soy católica y desafortunadamente fui invitada un día, pero se me pasó por alto, cosa que me dio lástima no haber asistido, porque yo soy una persona que me gusta analizar y concluir lo que se dice de la religión de una u otra forma, eso es alimentar el conocimiento, pero no he asistido” Preguntada. Tiene conocimiento si en los sectores aledaños a la iglesia, con frecuencia se coloca música o se realizaban actividades que perturben la tranquilidad de los vecinos? Contestó. “Mucho más cerca de donde vive doña erigid (sic), constantemente se escucha música de todas las clases y hasta tarde de la noche, ahí es donde mantienen poniendo música, fuera de eso, vale la pena resaltarlo, que encontrándome en la fiscalía segunda, le hice una observación a doña Brigid del por qué ella cuando los evangélicos estaban en culto colocaba el equipo de sonido a altísimo volumen en el patio de ella que da contra la casa de oración y no dejaba a la gente en su culto, tranquila, a lo que ella me respondió, delante inclusive de la fiscal, que ella hacía eso, para que se aburrieran y se fueran. Osea que con esto se ratifica que ella si efectivamente está en la campaña pues, de que a estas personas las tienen que sacar como sea” Preguntada. Usted indicó que cerca de la casa de doña Brigid, se colocaba música de toda clase, especifique a qué distancia se encuentra la casa de donde sale la música y si tienen conocimiento de alguna queja o alguna acción adelantada por la autoridad en este sentido? Contestó. “La casa está después de un lote que hay de Brigid, como a siete metros, y no tengo conocimiento que contra ellas haya habido una acción de ninguna especie” — [...]”.

Dictamen pericial(60) de 2005 (mayo 4) por el cual el arquitecto Cesar Augusto Cepeda Alza determina lo siguiente:

“[...] 7.4. Respuesta al cuestionario:

7.4.1. Pregunta 1. Identificación del sector para establecer si es residencial.

Respuesta. Se identifica que la vivienda del accionante se encuentra ubicada en la urbanización Altos De Guatapé II, que corresponde a la dirección Cra 38 Nº. 23-06 sur casa 12 manzana M según plano obtenido en la dirección de desarrollo urbano y que el uso determinado de la urbanización es residencial netamente.

7.4.2. Pregunta 2. Identificación de la construcción donde se reúnen los feligreses.

Respuesta. Está ubicado contiguo a la vivienda del accionante, que corresponde a la dirección calle 26 sur Nº. 38B-17 casa 11, el cual se encuentra construido en el 100% del área del lote que equivale a 78m2 conformando un solo espacio para las actividades de este templo, tiene una fachada compuesta por una puerta— garaje, una ventana metálica color blanco, pared con pintura verde claro y un voladizo pintado de azul rey, por el costado occidental encontramos una puerta pequeña la cual se comunica con el lote 10 que también es utilizado para otras actividades, interiormente se encuentra dicho espacio conformado por sus cuatro paredes con pintura color amarillo, cielo raso en icopor, estructura en aluminio de color blanco.

7.4.3. Pregunta 3. Determinar si cumplen los requerimientos exigidos por la ley para funcionar un templo. Respuesta. De acuerdo al departamento administrativo de planeación municipal del municipio de Villavicencio y según los usos de compatibilidad que determina:

1. El numeral 3º del artículo 60 Decreto 353 del 2000 en el cual reza textativamente lo siguiente: Usos compatibles son aquellos que no son requeridos como apoyo al funcionamiento del uso principal pero que bajo determinadas condiciones puede desarrollarse, siempre que no perturben ni obstaculicen la actividad o función del uso principal y no ocasione peligro para la salud, seguridad, tranquilidad pública y no entre en conflicto con los sistemas estructurantes del suelo urbano y rural.

El artículo 443 del Decreto 353 de 2000 y el artículo 87 del Acuerdo 021 de 2002, que señala lo siguiente: Artículo 443 del Decreto 353 de 2000: Servicios espirituales: Las edificaciones destinadas a prestar este tipo de servicios tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

Restricciones de la localización. Los edificios destinados a la celebración de oficios religiosos, no podrán localizarse en las siguientes áreas: 1. En anexas cedidas al municipio como zonas verdes para la dotación de equipamientos. 2. En áreas de alto riesgo. 3. En zonas de protección ambiental de vías. 4. En zona de aislamiento o ronda de caños y ríos, zona de protección de corrientes de aguas. 5. En predios con frente a cruces de vías principales del plan vial, vías con transporte público o enfrentes a glorietas o intercambio viales. 6. En un radio de 500 MT (sic), de las estaciones de servicios y depósitos de combustibles. 7. En edificaciones adaptadas o remodeladas, destinadas originalmente al uso residencial. 8. En los nuevos desarrollos urbanísticos, el urbanizador podrá dejar un área con destino al culto religioso, diferente de las áreas de cesión y de equipamiento, el cual podrá ser cedidos a voluntad del urbanizador o vendido a los diferentes estamentos religiosos.

Normas de diseño. 1. El índice de ocupación máximo del lote será del 50% del área neta del predio.2. La zona destinada para atrio, tendrán un área mínimo del 15% del área libre resultante. 3. La altura máxima del atrio con respecto al andén será de 0.90 metros, y no podrá interrumpir físicamente el andén con la construcción del atrio. 4. Aislamientos laterales mínimo serán de 6 metros. 5. El área máxima construida será 250m2. 6. El área destinada para parqueo de visitantes será uno por cada 30m2 de área construida. 7. Las puertas de acceso y salidas deberán abrir hacia el exterior de la edificación sin obstaculizar la libre circulación ni ocupar las áreas del atrio o de los aislamientos. 8. No se permitirán la instalación de elementos móviles o fijos que obstaculicen los accesos y salidas. 9. Las naves o espacios de reunión, respetarán un espacio libre de sillas en la parte posterior para facilitar el acceso y salida de los asistentes. 10. Además del acceso principal se deberá contemplar como mínimo una puerta lateral que deberá comunicar directamente con el exterior, las puertas tendrán un ancho mínimo de 2.50 metros. 3. El numeral 6 y 7 del literal a del artículo 443 del plan de ordenamiento territorial quedará así: 1. en un radio de 100 metros, de las estaciones de servicios y depósitos de combustible. 2. Se podrán utilizar edificaciones remodeladas que originalmente fueron de uso residencial, siempre y cuando cumplan con las normas arquitectónicas y el código de sismo resistencia y sea autorizado el cambio de uso mediante el instrumento de gestión que determine el departamento administrativo de planeación.

Según la Curaduría Urbana Primera de Villavicencio no expidió licencia de construcción al señor Pedro Díaz Velásquez representante legal del templo. De acuerdo a la visita notamos que el índice de ocupación del templo es de 1.2 personas por metro cuadrado, no cumple con ninguna de las normas de ley para el uso y su funcionamiento.

7.4.4. Pregunta 4. Establecer distancia que hay entre la casa de la accionante y la iglesia, y la distancia entre el templo objeto de esta acción y la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia.

Respuesta.1.Distancia entre la casa del accionante y el templo de la acción es de 0.0 metros por que son construcciones adosadas contiguas y que se encuentran compartiendo sus muros divisorios.

La distancia del templo de la acción a la Iglesia Comunidad Cristiana Lluvias de Gracia no es superior a 10 cuadras, es decir más o menos 100 metros líneas, que con su magnitud genera mínima contaminación auditiva, por cumplir con las normas de ley para el uso y funcionamiento.

7.4.5. De la contaminación auditiva que se presenta en el templo cuando realiza sus ceremonias y la frecuencia de uso.

Respuesta. La contaminación auditiva generada por el templo en cuestión de sus secciones, es máxima por no controlar el audio ni las exclamaciones de euforia de sus feligreses, también ocupando el espacio público ocasionalmente y encontrándose en una urbanización netamente residencial y por no cumplir con las normas de ley para el uso y funcionamiento según las especificaciones técnicas y arquitectónicas. La frecuencia de uso es irregular pero casi siempre se generan los días miércoles y domingos con gran afluencia y los otros días en horas nocturnas, ya cuando los vecinos llegan a descansar.

7.4.6 Pregunta 6. Determinar si constructivamente y arquitectónicamente esta construcción es para la actividad de un templo de bastante afluencia.

Respuesta. Según las normas de ley para el uso y su funcionamiento. No cumple las normas arquitectónicas ni constructivamente, ha afectado la construcción de la señora accionante, también genera alto riesgo de accidentalidad por no tener normas de seguridad.

Existen normas claras de diseño del servicio espiritual número 4 artículo 87 del Decreto 353 de 2000, modificado parcialmente por el Acuerdo 021 de 2001.

7.4.7 Pregunta 7. Diga si en zona residencial es permitido el funcionamiento de este tipo de templos.

Respuesta. El uso y funcionamiento del templo en una urbanización está prohibido, y sin cumplir las normas de ley mas, soportado por el departamento de planeación municipal y el director técnico de desarrollo urbano.

7.4.8. Pregunta 8. Determinar si esta construcción tiene permiso de curaduría y planeación municipal.

Respuesta. El señor Pedro Díaz Velásquez tramitó una licencia de construcción rara obra que tiene la dirección calle 26 sur Nº. 38 b- 17 manzana M casa 11 de la urbanización Altos de Guatape II, cédula catastral 01.04.0743.0025.000.

En la curaduría primera en noviembre 3 del 2004 donde le dice que no se ha expedido licencia de construcción.

En planeación municipal en octubre de 2004 le dicen que el uso es prohibido para dicha actividad. [...]”.

Aclaración y complementación del dictamen pericial de 2005 (jul. 11) por el cual el arquitecto Cesar Augusto Cepeda Alza determina lo siguiente:

“[...] 7.4 Respuesta al cuestionario hecho por el doctor Uriel González Manrique folio 261 del 16 de junio de 2005, apoderado de la parte demandada.

Pregunta 1. Aclarar, con base en que documentos o escritos surge el cuestionario o pregunta que responde.

Respuesta. Respetuosamente aclaro a la parte demandada y a su apoderado, que las preguntas se encuentran en la diligencia de inspección judicial, realizada el 8 de marzo de 2005, a la cual la parte demandada y su apoderado no asistieron, por tal motivo no conocían de donde salieron dichas preguntas, de esta diligencia se respondieron las preguntas:

Pregunta 2. Aclarar de conformidad con el decreto 948 de 1995 del ministerio del medio ambiente y la Resolución 08324 de 1995 del Ministerio de Salud, cuales son los niveles de presión sonora permitidos, expresándolos en decibeles.

Respuesta. Según dicho decreto los niveles de presión sonora permitidos, en la zona 1, que es residencial netamente son de 65 decibeles en periodo diurno y 45 decibeles en periodo nocturno.

Aclarando que la resolución es la 08321 de 1983, no la citada en la pregunta.

Pregunta 3. Determinar cuál fue la cantidad de decibeles establecidos, su diferencia con el nivel permisible, cual es la fuente emisora del ruido.

Respuesta. Según los oficios que reposan en el expediente, la Secretaría del Medio Ambiente, la Alcaldía de Villavicencio del domingo 8-02-04 y Cormacarena del 23-06-04, determinaron los niveles encontrados en sus mediciones así, promedio de 85.47 y la otra de 69 decibeles respectivamente, siendo la fuente emisora los cultos, alabanzas gritos, música aclamaciones y demás celebrados por los feligreses de dicha Comunidad Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial.

[...]

Pregunta 6. Aclarar si en el lugar destinado como casa de oración, existen equipos de sonido, altoparlantes, micrófonos u otros instrumentos utilizados como medios de difusión sonora o amplificadores de sonido.

Respuesta. Se aclara que el día de la diligencia de inspección judicial se encontró una grabadora con volumen alto, a las 9.30 de la mañana, en la casa de oración se reúnen más de 50 personas a gritar, se encontraron instrumentos de música está registrado en las fotos.

Pregunta 7. Complementar, cuales son los sistemas de protección sonora y aislamiento encontrado, en la casa de oración, en la cual se realizó la visita.

Respuesta. El día de la inspección judicial, no se encontró ningún sistema de protección sonora, ni de aislamientos, ni cumplía con las normas mínimas de construcción, según el uso que ellos le dan a la casa de oración, ni constructivamente, ni arquitectónicamente, relación forma función. [...]”.

Del oficio PNARD 003 de 9 de febrero de 2004(61) suscrito por el secretario del medio ambiente de Villavicencio dirigido a la directora de inspecciones de la secretaría de gobierno del municipio se constata que en el predio ubicado en la manzana M casa 11 de la urbanización Altos de Guatapé funciona un establecimiento religioso denominado “Iglesia Evangélica Pentecostés del Movimiento Mundial INC.,” que celebran ritos religiosos excediendo los niveles de decibeles permitidos, generando contaminación sonora.

De las actas de visitas técnicas realizada el ocho (8) de febrero de 2004 y veintitrés (23) de junio del mismo año por la secretaría del medio ambiente y Cormacarena(62) , respectivamente, se evidencia que todas las mediciones de emisión sonora que se efectuaron en el establecimiento religioso como en las viviendas colindantes, excedían los niveles permitidos en la Resolución 8321 de 1983.

Quedó igualmente probado que la parte actora acudió a las autoridades municipales en múltiples oportunidades para obtener la solución a la problemática de contaminación sonora que se estaba presentando en esa zona del municipio, sin que hubiese obtenido una solución definitiva para proteger el derecho colectivo afectado, no obstante las continuas recomendaciones y requerimientos que efectuó la personería municipal y Cormacarena.

De acuerdo con el dictamen pericial de cuatro (4) de mayo de 2005 y la aclaración y complementación de once (11) de julio de 2005 la zona en la cual funciona el centro religioso es netamente residencial, no cumple con los requisitos técnicos de construcción y funcionamiento establecidos en el Decreto 353 de 2000(63).

En este caso está demostrada la vulneración del derecho e interés colectivo invocado, pues el ejercicio de un determinado culto religioso solo puede producir sonido hasta el límite espacio-temporal fijado en el artículo 17 de la Resolución 8321 de 1983, no obstante si se superan esos límites se vulnera el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, y se afectan otros derechos fundamentales de los ciudadanos.

La Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, no acreditó haber acatado las recomendaciones efectuadas por la secretaría del medio ambiente y por Cormacarena, en el sentido de adecuar la planta física del inmueble donde funciona y emplear los sistemas necesarios para asegurar que las emisiones sonoras no contaminen el medio ambiente.

Advierte la Sala que no asiste razón a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial al afirmar que la vulneración al derecho colectivo al goce de un ambiente sano requiere la alteración de la salud de los ciudadanos, pues en situaciones como la que se presenta en este caso se resalta el carácter o naturaleza preventiva de la acción popular para evitar la consumación de un daño, riesgo, o peligro contingente de mayor entidad.

Debe precisar la Sala que el ejercicio del derecho a la libertad de culto y religión, no es absoluto y se encuentra limitado por la carga que comporta la vida en sociedad y el respeto por los derechos de las demás personas, por lo tanto no es dable so pretexto de ejercer el derecho a la libertad de cultos, desconocer otros derechos constitucionales igualmente dignos de protección por parte de las autoridades públicas.

En ese sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional. Ha dicho:

« [...] La proporción o justa medida del ejercicio legítimo de un derecho constitucional está determinada por los efectos que, sobre otros derechos igualmente tutelados por el ordenamiento, pueden tener los medios escogidos para ejercer el derecho. La imposición de cargas o exigencias inesperadas e ilegítimas a terceras personas revela un ejercicio desproporcionado de un derecho o libertad. El empleo abusivo de las facultades emanadas de un derecho puede desembocar, en la práctica, en el recorte arbitrario de los derechos ajenos.

[...]

La vida en sociedad genera para el ser humano ciertas cargas propias de la interacción social. Este es el caso del ruido. Ciertamente, la vida social supone la tolerancia de la existencia de la alteridad, es decir, del otro. Esa otra persona tiene derecho a ser y, en consecuencia, a ejecutar todas sus manifestaciones de existencia como la producción de su propio ruido, obviamente limitado por los derechos de los demás y el orden jurídico (C.P., art. 16)(64).

[...]

En el específico caso del ejercicio de un determinado culto, en este solo se puede producir sonido hasta el límite espacio-temporal fijado. La anterior limitación de magnitud parte de la existencia de un ámbito de acción permitido para el mencionado derecho, en el cual su despliegue no causa violación o amenaza de los derechos de los otros, porque se encontraría dentro de la carga que comporta la vida en sociedad, pero si supera el marco fijado vulnera el contenido esencial del derecho a la intimidad de la persona que soporta la injerencia sónica arbitraria. Así mismo, la razón de ser de la mencionada tabla es la determinación de niveles de sonido que el oído humano está en condiciones de soportar sin afectar su salud. En ese orden de ideas, la trasgresión de los límites señalados constituye una amenaza al derecho fundamental de la salud del que lo sufre. [...]”

De ahí que en aras de garantizar el equilibrio entre los derechos en tensión, se imponga ordenar a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial que en forma inmediata, adopte las medidas necesarias para evitar que la emisión del ruido en el ejercicio del culto religioso que allí se practica, exceda los topes autorizados en la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud y que a más tardar en los noventa (90) días siguientes efectué la reubicación de la sede que se encuentra ubicada en la urbanización Guatapé manzana M casa 11.

Para la Sala la actividad realizada por el municipio no se adecua a los términos en que esta entidad debe cumplir con sus funciones, puesto que no ha adoptado ninguna medida para mitigar los efectos nocivos que la contaminación sonora que genera el centro religioso causa al medio ambiente y a la comunidad, pese a que el artículo 68 del Decreto 948 de 1995 le impone la obligación de controlar, vigilar e imponer las medidas correctivas que en cada caso ante fenómenos de contaminación atmosférica como el que se presenta en este caso, ya se limitaron a dar respuesta a las peticiones de la parte actora sin que se hubiesen tomado medidas definitivas.

Frente a tan categóricos mandatos, para la Sala resulta inaceptable que las autoridades del municipio de Villavicencio haya desatendido sus responsabilidades constitucionales y legales en un asunto tan trascendental como el de resolver la problemática contaminación ambiental causada por la trasgresión de los límites de emisión de ruido establecidos en el artículo 17 de la Resolución 8321 de 1983.

Por lo anterior se modificará el numeral tercero (3º) en el sentido de ordenar a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial abstenerse de realizar ritos religiosos cuyo nivel de ruido exceda los decibeles permitidos y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas y a más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia reubicar sus instalaciones a una sede que cumpla con la normativa urbanística y de funcionamiento contenida en el plan de ordenamiento territorial, la Resolución 8321 de 1983 y El Decreto 948 de 1995. En lo demás se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto el consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral tercero (3º) de la sentencia de nueve (9) de noviembre de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el cual quedará así: ORDÉNASE a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial:

1.1. En forma inmediata, que adopte las medidas necesarias para evitar que la emisión del ruido en el ejercicio del culto religioso que allí se practica, exceda los topes autorizados en la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud. Es decir, que no supere los 65 decibeles en el período comprendido entre las 7:01 a.m. a las 9 p.m., y los 45 decibeles en el período comprendido entre las 9:01 p.m. a las 7 a.m., en los términos de la Resolución 8321 de 1.983 del Ministerio de Salud.

1.2. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas y a más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, reubique sus instalaciones a una sede que cumpla con la normativa urbanística y de funcionamiento contenida en el plan de ordenamiento territorial, la Resolución 8321 de 1983 y el Decreto 948 de 1995.

2. ORDÉNASE al alcalde del municipio de Villavicencio como primera autoridad policiva del municipio, vigilar el estricto cumplimiento de la anterior orden.

Tercero: ADICIÓNANSE los numerales sexto, séptimo y octavo de la sentencia así:

6. COMPULSÁNSE copias de este fallo a la Procuraduría Regional del Meta para que adelante las investigaciones que resultaren de las omisiones advertidas.

7. PREVIÉNESE al representante legal de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial que el incumplimiento de una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, acarrea multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera lugar.

8. CONFÓRMASE el comité de verificación del cumplimiento del este fallo por las actoras, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Meta, un delegado de la procuraduría regional, de la Secretaría del Medio Ambiente de Villavicencio y de Cormacarena.

4. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont PianetaMaría Claudia Rojas Lasso

Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) Por la cual se dicten normas sobre protección y conservación de la audición sobre la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruido.

(2) Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.

(3) Por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”.

(4) Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Villavicencio.

(5) Por el cual se modifica el plan de ordenamiento territorial del municipio de Villavicencio”.

(7) Sentencia T-454 de 1995. M.P: Alejandro Martínez Caballero. Actor (es): Miguel Ángel García Barbosa, Antonio Melo y Otros; Sentencia T- 428 de 1995. M.P: Alejandro Martínez Caballero. Actor: Camilo Satizabal; Sentencia T- 198 de 1996.M.P: Vladimiro Naranjo Mesa. Actor: Alfredo Gómez Restrepo.

(8) Sentencia de 30 de noviembre de 2006. Ref. Expediente 2005-282 (AP). Actor: José Israel Calle Casas y otros. Consejero ponente: Rafael Ostau de Lafont Pianeta. Sentencia de tres (3) de junio de 2010. Ref. Expediente 2003-1145 (AP). Consejero ponente: Rafael Ostau De Lafont Pianeta.

(9) Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

(10) En el mismo sentido sentencias t - 308 de 1993, t – 025 de 1994, t – 226 de 1995.

(11) Por medio de la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruido.

(12) Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73,74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 9º de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.

(13) Sentencia T-403 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Recordemos que la libertad de religión, comprende no solo la posibilidad de practicar de forma activa y libre una fe o creencia sin intervención del Estado ni de los particulares para restringir o imponer determinados patrones o modelos, sino el derecho a no ser obligado a profesar o divulgar una religión en particular.

(14) Sentencia T-210 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(15) Sentencia T-511 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(16) Sentencia T-119 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(17) Sentencia T-1033 de 2001.M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(18) Sentencia T-210 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(19) En la Sentencia T- 1205 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se hace la siguiente reseña: Por ejemplo, las sentencias T-210 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-465 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-003 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-454 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-630 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-1321 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez), T-1692 de 2000 (Jairo Charry Rivas) y T-1031 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). Dichos procesos presentan también características específicas. Así, por ejemplo, en las sentencias T-465 de 1994, T-003 de 1995, T-454 de 1995, T-630 de 1998, T-1321 de 2000 y T-1033 de 2001 los accionantes sostuvieron que las prácticas religiosas con la consecuente generación de ruido, tenían lugar en horarios nocturnos e incluso en la madrugada; en las sentencias T-210 y T-465 ambas de 1994, afirmaron que los feligreses de las iglesias acusadas no solo generaban exceso de ruido, sino que hacían uso del espacio público para la realización de sus prácticas religiosas; en las sentencias T-210 de 1994, T-1321 de 2000, T-1692 de 2000 y T-1033 de 2001, señalaron que antes de interponer las respectivas tutelas, habían presentado quejas a las autoridades administrativas (inspección de policía y secretaría de gobierno de los municipios correspondientes) sin que se hubieren adoptado medidas efectivas para solucionar el problema planteado; en la Sentencia T-1321 de 2000 la Corte indicó sobre este último particular que la presentación previa de quejas ante dichas autoridades no era un requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra centros religiosos a causa de la generación excesiva de ruido. Esta corporación conoció también en la Sentencia T-1666 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) de un caso en el cual la accionante se quejaba del ruido producido por el repique de las campanas de una parroquia destinada a la práctica de la religión católica.

(20) Sentencia C-088 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.

(21) Sentencia T-403 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(22) Sentencia C-088 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz. Sentencia que revisó el proyecto de ley estatutaria que terminó en la Ley 133 de 1994.

(23) La Ley 133 de 1994, “por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política” señala: //Artículo 3º. El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. Todas las confesiones religiosas o iglesias son igualmente libres ante la ley”. //”Artículo 7º. El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende, entre otros, los siguientes derechos de las Iglesias y confesiones religiosas: a) De establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y de que sean respetados su destinación religiosa y su carácter confesional específico (...)”. (Subraya fuera del original). “Artículo 12. Corresponde al Ministerio de Gobierno la competencia administrativa relativa al otorgamiento de personería jurídica, a la inscripción en el registro público de entidades religiosas, así como a la negociación y desarrollo de los convenios públicos de derecho interno”.

(24) Ley 133 de 1994 “Artículo 4º. El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática.

El derecho de tutela de los derechos reconocidos en esta Ley Estatutaria, se ejercerá de acuerdo con las normas vigentes.” (Las subrayas fuera del original). // Artículo 6º. La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona: a) De profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente su religión o creencias religiosas o la ausencia de las mismas a abstenerse de declarar sobre ellas; b) De practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto; conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de estos derechos. (…) j) De reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos o asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas, de conformidad con lo establecido en la presente ley y en el ordenamiento jurídico general”. (destacado fuera de texto) .

(25) Cfr. sentencias T- 403 de 1992 y T-210 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-028 de 1994 y T- 226 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-454 de 1995 y T-172 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-405 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández; y T-1666 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz, entre otras, En las sentencias T-210/94, T-405/94 y T-454/95 se revisaron los casos de Iglesias cristianas y carismáticas que usaban altoparlantes y equipos de sonido en sus reuniones; en las sentencias T-403/92 y T-172/99 se revisaron los casos de pastores cristianos que alegaban la violación de su derecho a la libertad de cultos por actuaciones de los vecinos de los templos; y a través del fallo T-1666/00 se decidió el caso de unos vecinos de una Iglesia Católica que sentían vulnerados sus derechos por el repique de las campanas de la iglesia, amparándoles el derechos a la tranquilidad.

(26) Sentencia T-222 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas.

(27) Sentencia T-210 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver sentencia T-1033 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(28) Sentencia T-1205 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(29) Sentencia T-210 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(30) Sentencia T-210 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(31) Sentencia T-210 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(32) Sentencia T-1205 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(33) La Corte analizó en esa oportunidad la situación planteada por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia contra la Alcaldía Municipal de Líbano (Tolima), entidad religiosa que en virtud de un proceso policivo fue sometida a restricciones que violaban su derecho a la libertad de cultos. De hecho, a esa congregación se le impidió toda actividad litúrgica, cuando la ley únicamente prohíbe la emisión de ruido que supere los topes de ley. La Corte advirtió en aquella ocasión que la comunidad religiosa emitió ruido por encima de los niveles permitidos, configurándose una violación a la intimidad de los vecinos de la iglesia. No obstante, observó que la decisión de alcaldía de Líbano accionada, consistente en prohibir a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia emitir todo ruido que se percibiera por fuera del templo y, la determinación adoptada en el fallo de tutela materia de revisión de prohibir el uso de cualquier instrumento musical, de realizar cantos y de emitir exclamaciones que generaran ruido perceptible por fuera del templo, implicaban la no realización del culto, pues la prohibición de utilizar estos medios cerraba las puertas para emitir mensaje alguno, y una intromisión del Estado en el culto, como que la alabanza, los cantos. Se concluyó que resultaba abiertamente desproporcionada la restricción a la autonomía de la comunidad religiosa impuesta por la autoridad municipal. La Corte ordenó entonces inaplicar la decisión de la alcaldía de Líbano, pero a la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia le ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar que durante la celebración de su culto no se superaran los niveles de presión sonora autorizados por la mencionada resolución, para lo cual debía solicitar la asistencia de especialistas y si fuere necesario, requerir el concurso de arquitectos.

(34) Sentencia T-602 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(35) Sentencia T-403 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(36) Sentencia T-210 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(37) Sentencia T.1047 de 2008.

(38) Sentencia T-222 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas.

(39) Sentencia T-403 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(40) Sentencia T-1033 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(41) Sentencia T-210 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(42) Sentencia T-210 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(43) Sentencia T-525 de 2008. M.P Mauricio González Cuervo.

(44) Ver, entre otras: Sentencia de 1º de febrero de 2001, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo Expediente AP-148. Sentencia de 6 de febrero de 2003, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Expediente Ap-02451.

(45) Expediente T-100774. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero Accionantes: Pescadores de Salahonda. Veintinueve (29) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996).

(46) Folio 13.

(47) Folio 41.

(48) Folios 46 a 47.

(49) Folio 54.

(50) Folio 84.

(51) Folios 89 y 90.

(52) Folio 91.

(53) Folio 92 a 93.

(54) Folio 99.

(55) Folio 99.

(56) Folio 104.

(57) Folio 106.

(58) Folios 198 a 207.

(59) Folios 223 a 230.

(60) Folios 238 a 257.

(61) Folio 104.

(62) Folio 54.

(63) “Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Villavicencio”.

(64) Corte Constitucional. Sentencia 357/95. M.P. Alejandro Martínez Caballero.