Sentencia 2004-00824 de noviembre 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN C

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 76001-23-31-000-2004-00824 01 (38.645)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Raúl Bedoya Escobar y otros

Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación.

Contenido: Descriptor: Se modifica la sentencia de primera instancia que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda - se conceden perjuicios a la compañera permanente de la víctima. Restrictor: Presupuestos de la responsabilidad del Estado - El derecho a la libertad individual - Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad - Prueba de la calidad de compañera permanente - Conciliación judicial en segunda instancia.

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada(1) contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 2 de octubre de 2009, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 12 de marzo de 2004(2), el señor Raúl Bedoya Escobar, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor Daniela Bedoya Bustos, Ana Milena Bustos en calidad de compañera permanente, Margoth Escobar y Gabriel Bedoya Henao en calidad de padres de la víctima directa, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, solicitando que se declarara que los demandados son responsables de los perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad de Raúl Bedoya Escobar, y que en consecuencia, sean condenados al pago de los perjuicios materiales y morales causados, los cuales se estimaron aproximadamente en diecinueve millones quinientos cincuenta y un mil doscientos setenta y dos pesos ($ 19’551.272) y 1.000 gramos oro, respectivamente.

2. Los hechos en que se fundan las pretensiones.

El 15 de abril de 2000, se dejó a disposición del Fiscal Seccional 119 al señor Raúl Bedoya Escobar, quien fue privado de la libertad cuando se disponía a formular una denuncia por el hurto de un revolver marca Llama Cassidi 38 Largo identificado con número IM9942K, arma que había sido encontrada en poder de Edward Elías Guzmán Pérez y que fue utilizada en hechos ocurridos en la ciudad de Santiago de Cali ese mismo día, cuando se pretendía hurtar la motocicleta al patrullero Graig Rivera Ríos.

Mediante providencia del 18 de abril de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces del Circuito de Cali resolvió proferir medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Bedoya Escobar por ser el presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en conexidad con el hurto calificado y agravado tentado.

Luego, por sentencia del 25 de enero de 2002 el Juez Octavo Penal del Circuito de Cali resolvió absolver por in dubio pro reo al señor Bedoya Escobar de los delitos por los cuales era juzgado y concederle el beneficio de libertad provisional. Decisión, que fue confirmada por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Valle del Cauca en sentencia de18 de julio de 2002.

En ese orden de ideas, el libelista concluyó que su poderdante estuvo privado injustamente de la libertad, por un periodo aproximado de 21 meses, comprendido desde la fecha en que se profirió medida de aseguramiento, es decir, el 18 de abril del 2000, hasta el día en que se ordenó revocar dicha medida, o sea el 25 de enero de 2002.

3. El trámite procesal.

Admitida la demanda(3) y notificado los demandados de la existencia del proceso(4), estos le dieron respuesta al escrito demandatorio(5); y pidieron las pruebas que consideraron necesarias. La Rama Judicial, solicitó se declarara probada a su favor la excepción genérica alegando que su actuar dentro del proceso penal fue conforme al ordenamiento jurídico, y además que la absolución por in dubio pro reo no constituía un supuesto consagrado en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación, solicitó se le exonerara de toda responsabilidad administrativa y patrimonial, ya que no se encontraba probado el daño antijurídico, comoquiera que el señor Bedoya Escobar tenía el deber jurídico de soportar las consecuencias generadas en el desarrollo de la actividad judicial; y que además fue absuelto por una causal distinta a las consagradas en la ley, esta es el in dubio pro reo.

Decretadas y practicadas las pruebas(6), se corrió traslado para alegar(7), oportunidad que aprovecharon las partes(8).

4. La sentencia del tribunal.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 2 de octubre de 2009(9), decidió acceder parcialmente a las súplicas de la demanda, con fundamento en las consideraciones que se resumen así:

Sostuvo que, en el caso bajo estudio existía ausencia de medios de prueba que condujeran a la plena certeza de la intervención del actor en los delitos endilgados e investigados, por lo que para su absolución se dio plena aplicación del principio in dubio pro reo, en donde al existir duda sobre su posible responsabilidad penal, esta debía resolverse en favor del sindicado; de modo que todo esto llevó a concluir que si se presentó efectivamente una privación injusta de la libertad del señor Raúl Bedoya Escobar. Y, aunque aquella privación de la libertad siguió las exigencias legales, se dictó una decisión absolutoria y se configuró uno de los supuestos, aunque sea de reconocimiento jurisprudencial, para incoar la responsabilidad extracontractual del Estado en estos casos.

Adujo, que el caso estudiado era de aquellos al que se le aplica un régimen objetivo de responsabilidad, ya que el hecho de la administración no configuró una falla del servicio, sino que la responsabilidad se sustentó en la obligación que tienen los ciudadanos de soportar las cargas derivadas del ejercicio de las funciones administrativas, y solo en la medida en que, como consecuencia de dicho ejercicio, se produzca un perjuicio anormal, podía concluirse que han sido gravados de manera excepcional.

En este orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad demandada —Fiscalía General de la Nación— por la privación injusta de la libertad que padeció el señor Bedoya Escobar, y por ende condenó al pago de los perjuicios sufridos por los actores, así: (1) la indemnización de los perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante consolidado, por un valor equivalente a $ 13.856.359,67, a favor de Raúl Bedoya Escobar(10); (2) la indemnización de los perjuicios inmateriales, en su modalidad de perjuicios morales, por una suma equivalente a 800 gramos de oro puro a favor de Raúl Bedoya Escobar; y a favor de Margoth Escobar, Gabriel Bedoya Henao, Ana Milena Bustos y Daniela Bedoya Bustos, el equivalente a 100 gramos de oro puro, para cada uno de ellos.

5. El recurso de apelación.

Contra lo así decidido se alzó la parte demandada(11) quien mediante escrito del 25 de junio de 2010(12), reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Explicó que, la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Bedoya Escobar se fundamentó y ajustó al ordenamiento jurídico penal vigente al momento de los hechos, toda vez que existían pruebas de su participación en la comisión de los delitos endilgados.

Finalmente, arguyó el apoderado de la entidad demandada que la aplicación del principio in dubio pro reo, no es una causal consagrada en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.

6. Concepto del Ministerio Público.

El Ministerio Público en concepto del 8 de noviembre de 2010(13), determinó que debía ser revocada la sentencia de primera instancia, puesto que no existían elementos de prueba que demostraran cada uno de los elementos de la responsabilidad administrativa por la privación injusta de la libertad, toda vez que los documentos aportados en copia simple no podían tenerse como prueba.

El Ministerio Público en su intervención especial dentro de la conciliación judicial, allegó el concepto 310 del 8 de octubre de 2013, en el que concluyó la viabilidad de la conciliación entre las partes, pues de acuerdo con las pruebas arrimadas al plenario, se deducía que al señor Bedoya Escobar se le privó de su libertad con medida de aseguramiento de detención preventiva sin que en el proceso penal reposara prueba suficiente para endilgarle la comisión de ilícito alguno.

7. Conciliación judicial.

Durante el trámite de la segunda instancia, después de la etapa de alegaciones de conclusión, mediante auto de fecha 26 de noviembre de 2012(14), esta corporación convocó a las partes a audiencia de conciliación judicial de conformidad con la facultad oficiosa prevenida en el artículo 43 de la ley 640 de 2001. Así las cosas, mediante memorial de 24 de abril de 2013 el apoderado de la parte actora manifestó asistirle ánimo conciliatorio(15). Por su parte, el apoderado de la Fiscalía General de la Nación, solicitó el aplazamiento de la audiencia por no contar con el concepto del comité de conciliación de la entidad(16).

Por medio de auto de 8 de julio de 2013(17), esta corporación accedió a la solicitud antes dicha y fijó nueva fecha y hora para su práctica. El señor agente del Ministerio Público solicitó el traslado especial, el día 9 de septiembre de 2013(18), y emitió concepto 310 de 2013(19) mediante escrito presentado al despacho el día 9 de octubre del mismo año, en el que estimó viable la conciliación entre las partes.

Llegado el día de la diligencia, las partes convinieron en suspenderla a fin de que el comité de conciliación de la entidad demandada considerara la contra propuesta formulada por el apoderado de la parte demandante(20). Diligencia que fue reanudada el día 10 de octubre de 2013, en donde finalmente las partes resolvieron acordar la siguiente fórmula de arreglo:

“(…) Concedida la palabra a la apoderada de la parte demandada —Fiscalía General de la Nación—, manifestó lo siguiente: ‘De conformidad con la solicitud planteada por el apoderado de la parte demandante en audiencia del 2 de septiembre, fue sometido a reconsideración del comité de la entidad, la solicitud mediante comité del 30 de septiembre del corriente año (sic), siendo aprobado presentar como propuesta el 70% que había sido requerido por el apoderado, dando lugar a que se concilie en esta audiencia y se de curso al proceso ante el honorable Consejo de Estado’.

Concedido el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante manifestó: ‘Manifiesto a este despacho que la parte demandante acepta la propuesta manifestada por el comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación para así continuar con el trámite de este proceso’. (…)”(21).

Posteriormente, este acuerdo conciliatorio fue sometido a la aprobación de la Sala, la que mediante auto del 12 de noviembre de 2014, dispuso:

“PRIMERO: APROBAR parcialmente el acuerdo conciliatorio judicial logrado el día 10 de octubre de 2013 ante la Sala de Sesiones del Consejo de Estado entre la demandada Nación - Fiscalía General de la Nación, y los demandantes Raúl Bedoya Escobar y Daniela Bedoya Bustos, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLÁRESE terminado el proceso promovido por Raúl Bedoya Escobar en nombre propio y en representación de su hija menor Daniela Bedoya Bustos.

TERCERO: NO APROBAR el acuerdo conciliatorio logrado entre la Nación - Fiscalía General de la Nación y los señores Ana Milena Bustos, Margoth Escobar y Gabriel Bedoya Henao, el día 10 de octubre de 2013 ante la Sala de Sesiones del Consejo de Estado, respecto de los que deberá continuar el proceso, concediéndose prelación para fallo”(22).

II. Consideraciones

1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(23).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(24) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

2. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

3. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad.

Respecto de las reglas para determinar el monto de los perjuicios causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad, es oportuno recordar lo dispuesto en sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, donde se estableció que la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidadTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

4. Caso concreto.

Previo a resolver el caso sometido a estudio de la Sala, es importante advertir y reiterar que por auto de 12 de noviembre de 2014, se aprobó parcialmente el acuerdo conciliatorio logrado entre las partes, motivo por el cual se dispuso en el numeral tercero de dicha providencia seguir el curso normal del proceso frente aquellos demandantes respecto de los cuales se improbó el mencionado acuerdo.

Así pues, resuelto el problema jurídico sobre la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, nos ubicamos frente al reconocimiento de perjuicios de aquellas personas que no hicieron parte del acuerdo conciliatorio aprobado por esta corporación, comoquiera que en esa oportunidad se dijo que algunos de los demandantes no acreditaron la legitimación en la causa por activa, siendo estos los señores: Ana Milena Bustos (compañera permanente), Margoth Escobar (madre de la víctima) y Gabriel Bedoya Henao (padre de la víctima).

Así las cosas, se tiene que en la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios morales en favor del grupo familiar cuantificados en 1.000 gramos oro. Sin embargo, en la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se condenó al pago de 100 gramos oro para cada uno de ellos.

Con referencia a la señora Ana Milena Bustos, supuesta compañera permanente de Raúl Bedoya Escobar, se tiene que para acreditar dicha calidad aportó una declaración extra juicio, sin embargo, en la aprobación del acuerdo conciliatorio dicha prueba no fue suficiente para demostrar su calidad.

Con relación a las declaraciones extra proceso, esta Corporación ha previsto que “El artículo 298 del Código de Procedimiento Civil taxativamente establecía en cabeza del juez el deber de rechazar de plano los testimonios extraproceso que pretendieran usarse para fines judiciales, cuando estos no cumplieran con los requisitos allí establecidos, es decir: (i) cuando no se trataran como prueba anticipada, (ii) cuando no se practicaran por persona gravemente enferma y (iii) cuando se omitiera la citación de la parte contraria, a menos que se declarara bajo la gravedad de juramento que se ignoraba su ubicación.

No obstante lo anterior, en diferentes pronunciamientos el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A, avanzó en el sentido de señalar que:

“Aun cuando se ha predicado que la validez de las declaraciones extra juicio allegadas dentro de un proceso judicial se encuentra sujeta a la citación de la parte contraria, a la posterior ratificación de las mismas o a aquellos casos en los que exclusivamente la ley les habilita como prueba sumaria —como garantía procesal que milita a favor de la parte contraria en virtud del derecho de contradicción y de defensa—, éstas pueden ser tenidas en cuenta, en los eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte demandada, ya sea desde el agotamiento de la vía gubernativa, o en el debate judicial mismo”(25).

En el mismo sentido, en pronunciamiento más reciente, la Subsección B de la Sección Tercera, también sostuvo que:

“(...) los documentos que contengan testimonios de terceras personas, por haberse vertido ante el juez, en otro proceso o extraprocesalmente, sin intervención de la parte contra quien se aducen o bien por haberse producido sin otra intervención que la del otorgante, deben ser valorados por el fallador sin necesidad de ratificarlos (…) no es posible sostener que, en todos los casos, la prueba deba ser objeto de ratificación o que siempre la contraparte deba tener la posibilidad de contrainterrogar en el mismo momento, como tampoco que determinada prueba deja de serlo porque la contraparte no fue citada, pues, en todos los casos, lo esencial tiene que ver con que quien no participó en su formación, tenga acceso, con igualdad probatoria y posibilidad, a oportunidades reales y efectivas de contradicción. (…)”(26).

Asimismo, la Subsección C de esta misma Sección, consideró que los artículos 188 y 222 del nuevo Código General del Proceso permitieron que “las declaraciones extraprocesales que se aporten con la demanda pueden ser valoradas sin necesidad de que sean ratificadas (…) aun cuando no hayan sido practicadas con audiencia de la entidad demandada (…)”.

En atención a las decisiones mencionadas y a la norma en cita, la Subsección C, aunque previó que la norma no era aplicable al caso concreto bajo estudio, por ser posterior a la práctica de las declaraciones extraproceso sobre las cuales se discutía e incluso, a la presentación e iniciación del proceso objeto de debate(27), la Subsección C aclaró que estos avances recogen “el giró que en materia probatoria ha dado nuestro derecho procesal e ilumina la interpretación o valoración que el juez contencioso administrativo, dentro del Estado social de derecho debe hacer de la prueba, en atención a los principios de prevalencia del interés sustancial o material de los derechos subjetivos(28) sobre el simplemente formal o procesal”(29), y bajo estas consideraciones ha tenido a bien valorar las declaraciones rendidas extraprocesalmente, conjuntamente y a la luz del restante material probatorio.

En este sentido la Corte Constitucional, en reciente sentencia de unificación, manifestó:

“El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frio funcionario que aplica irreflexivamente la ley”(30), convirtiéndose en el funcionario —sin vendas— que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender vigilante, activo y garante de los derechos materiales(31)(32).

De acuerdo con lo anterior, la Sala valorará las declaraciones extra proceso obrantes en el plenario que demuestra la relación de compañera permanente de Ana Milena Bustos con el señor Raúl Bedoya Escobar. Así pues, se encuentra que obra en el expediente copia auténtica de la declaración extra juicio ante la Notaría Dieciséis del Circuito de Cali con fecha de 30 de septiembre de 2002(33), en la que Raúl Bedoya Escobar y Ana Milena Bustos declaran bajo la gravedad de juramento que conviven hace 10 años bajo el mismo techo en unión marital de hecho.

Aunando a lo anterior, encuentra la Sala dentro del acervo probatorio que la Fiscalía General de la Nación en providencia del 4 de agosto de 2000 por medio de la cual profirió resolución de acusación en contra del señor Raúl Bedoya Escobar, sostuvo en uno de sus apartes: “(…) Con posterioridad a la fecha de la providencia por medio de la cual se define la situación jurídica del sindicado se escucha en declaración juramentada a ANA MILENA BUSTOS (fls. 66 a 38, cdno. original compañera permanente del sindicado para informar que el día de los hechos en hora de la mañana estuvo en su casa EDUARD (…)”(34). Resaltado fuera del texto.

Así mismo, se observó que en las consideraciones de la sentencia de 25 de enero de 2002 proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito en donde se absolvió al señor Bedoya Escobar de los delitos endilgados, se tuvo en cuenta lo siguiente: “(…) lo expuesto por el procesado sobre su permanencia en la vivienda y lo ocurrido con el arma de fuego de su propiedad fue respaldado por ANA MILENA BUSTOS - su compañera de vida marital (…)”(35). Resaltado fuera del texto.

En ese orden, la Sala considera que con los anteriores medios probatorios queda demostrada la legitimación en la causa por activa de la señora Ana Milena Bustos, en calidad de compañera permanente de la víctima directa.

Así las cosas, como se dejó expuesto en el numeral 3º de estas consideraciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la privación y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.

En el caso concreto, se encuentra probado que el señor Raúl Bedoya Escobar estuvo privado de su libertad desde el 15 de abril de 2000 hasta el 25 de enero de 2002, es decir, más de 18 meses, por lo que se le reconocerá la suma de 100 SMLMV en favor de la señora Ana Milena Bustos.

Por otra parte, no ocurre lo mismo en lo referente a la señora Margoth Escobar y Gabriel Bedoya Henao quienes manifestaron ser los padres de la víctima, comoquiera que, encuentra la Sala que no reposa en el expediente copia alguna del registro civil de nacimiento de Raúl Bedoya Escobar que acredite la calidad de padres de los mismos.

Sin embargo, reposa en el expediente declaración extra juicio ante la Notaría Dieciséis del Circuito de Cali con fecha de 3 de diciembre de 2003, donde la señora Margoth Escobar declaró bajo la gravedad de juramento que era compañera permanente de Gabriel Bedoya Henao y que convivían bajo el mismo techo en unión marital por espacio de 33 años hasta el día de su muerte, y que de esa unión nació su hijo Raúl Bedoya Escobar.

Al respecto, considera la Sala que la declaración vertida por la señora Margoth Escobar, no constituye una prueba idónea para demostrar fehacientemente el parentesco con la víctima directa, ya que el Decreto 1260 de 1970 en los artículos 101 al 109 en lo referente a la prueba del estado civil, regula que la prueba para acreditar el parentesco es el registro civil de nacimiento y éste está dotado de una presunción de autenticidad, motivo por el cual la Sala con la sola declaración extra juicio que además no fue ratificada no encuentra demostrada la calidad de padres de los señores Margoth Escobar y Gabriel Bedoya Henao.

No obstante lo anterior, la Sala auscultando entre los medios probatorios que reposan en el expediente, no encontró alguno que demostrara la relación afectiva, personal, el dolor o sufrimiento que padecieron los señores Margoth Escobar y Gabriel Bedoya Henao por la privación de la libertad del señor Raúl Bedoya Escobar, motivo por el cual tampoco se les podrá reconocer como terceros damnificados.

Finalmente, Cabe resaltar que las condenas a las que haya lugar únicamente estarán a cargo de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que las actuaciones que llevaron a la privación de la libertad del demandante estuvieron a cargo de dicha entidad; por tanto, se demostró que en sede de juzgamiento, la Rama Judicial absolvió de todos los cargos al señor Raúl Bedoya Escobar.

5. Costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 2 de octubre de 2009, la cual quedará así:

“CONDÉNESE a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES a favor de la señora Ana Milena Bustos el monto de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMLMV)”.

2. CONFIRMAR en todos los demás aspectos la sentencia de primera instancia por las razones expuestas en éste proveído. Sin perjuicio de lo consignado en el auto de aprobación de conciliación de fecha 12 de noviembre de 2014.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. EXPEDIR copias con destino a las partes de conformidad con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso y en observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995, modificado por el Decreto 4689 de 2005.

5. No condenar en costas a la demandada.

6. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque, aclaración de voto.

1 Folios 464 y 479 a 482, cuaderno principal. En aplicación del acta 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado.

2 Folios 111-149, cuaderno 1.

3 Folios150-151, cuaderno 1.

4 Folios155-156, cuaderno 1.

5 Folios 164-178 y 206-216, cuaderno 1.

6 Folios 218, cuaderno 1.

7 Folio 284, cuaderno 1.

8 Folios 286-296, 297-305 y 339-349, cuaderno 1.

9 Folios 437-461, C.P.

10 La sentencia del tribunal condenó a la demandada por concepto de lucro cesante consolidado a favor de Carlos Arturo Franco Marín, quien no figura dentro del extremo activo del litigio. Mediante escrito dirigido al despacho el día 27 de enero de 2010 (fls. 462 a 463, cdno. ppal.), el Procurador 18 Judicial II Delegado ante el Tribunal Administrativo del Valle del cauca, solicitó se aclarara (sic) la sentencia proferida por el a quo, quien mediante proveído de fecha 19 de febrero de 2010 (fls. 468 a 470, cdno. ppal.) procedió a enmendar la providencia sustituyendo el nombre de Carlos Arturo Franco Marín por el de Raúl Bedoya Escobar.

11 Folio 464, C.P.

12 Folios 479 a 482, C.P.

13 Folios 514-520, C.P.

14 Folio 525, C.P.

15 Folios 529-537, C.P.

16 Folio 539, C.P.

17 Folio 542, C.P.

18 Folio 551, C.P.

19 Folios 553-566 C.P.

20 Folios 544-547 C.P.

21 Folios 568-571 C.P.

22 Folios 604-617 C.P.

23 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

24 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 174.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2012, radicación 11001-03-15-000-2012-00035-00(AC), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2013, expediente 27.521, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

27 Al respecto debe preverse que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 estableció: “ART. 40.—Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

28 Al respecto debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 103 del Código Contencioso Administrativo.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias de 12 de noviembre de 2014, expediente 27.578 y de 27 de agosto de 2015, expediente 48.995.

30 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.

31 Corte Constitucional, Sentencia T-159 de 2007.

32 Corte Constitucional, Sentencia de Tutela SU-768 del 16 de octubre de 2014.

33 Folio 99, cuaderno 1.

34 Folio 38, cuaderno 1.

35 Folio 78, cuaderno 1.