SENTENCIA 2004-00843/36916 DE FEBRERO 22 DE 2017

 

Sentencia 2004-00843 de febrero 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 76001-23-31-000-2004-00843-01 (36.916)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: J.A.V.A.

Demandado: Presidencia de la República y otros

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en la Ley 446 de 1998, de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 179'000.000(3). Como quiera que la pretensión mayor corresponde a la suma de $ 1.000'000.000, reclamada por perjuicios materiales, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Ejercicio oportuno de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de 2 años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Como en el presente asunto el actor pretende la declaratoria de responsabilidad de los demandados por los perjuicios ocasionados con la omisión del reconocimiento y pago de la recompensa ofrecida el 17 de marzo de 2002 por el Presidente de la República a quien proporcionara información sobre el homicidio de Monseñor Isaías Duarte Cancino, ocurrida en Cali el día anterior, se tendrá en cuenta la fecha en que el demandante entregó la información de los hechos a las autoridades, esto es, el 4 de abril de 2002, a efectos de contar el término de caducidad.

Así, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la caducidad de la acción operaba el 5 de abril de 2004 y, como la demanda se presentó el 15 de marzo anterior, ello ocurrió en término.

Consideraciones previas

1. Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, resulta pertinente señalar que, en este caso, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (aquí demandado) tiene la calidad de apelante único; por lo tanto, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, únicamente podrá mejorarla en el evento de que encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.

2. Sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, advierte la Sala que no tiene vocación de prosperidad, en la medida que el Decreto 2719 de 2000(4) (vigente al momento de los hechos) disponía, en su artículo 1º, que a dicho departamento le correspondía asistir al Presidente de la República en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestarle el apoyo administrativo y los demás servicios necesarios para dicho fin, sumado a que establecía que ese departamento administrativo tendría como denominación abreviada la de “Presidencia de la República”, la cual sería válida para todos los efectos legales, por lo que no cabe duda de que, para el caso concreto, le corresponde la representación judicial de la Nación; así, como lo que aquí se discute es la omisión del pago de una recompensa ofrecida por el Presidente de la República, tal representación judicial sí le corresponde a este departamento administrativo.

Adicionalmente, el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo dispone que la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, procurador o contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho, razón por la que —se reitera— el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ostenta la representación de la Nación en el presente caso.

El caso concreto

El 16 de marzo de 2002, en Cali, fue asesinado Monseñor Isaías Duarte Cancino, situación ante la cual el Presidente de la República de la época, Andrés Pastrana Arango, ofreció una recompensa de $ 1.000'000.000 a quien brindara información sobre la ocurrencia de los hechos que contribuyera a la captura de los autores materiales del hecho.

Sobre, ese ofrecimiento, obra oficio 249 SEGEN-ASJUR del 3 de febrero de 2003(5), en el que el secretario general de la oficina jurídica de la Policía Nacional dijo que “la recompensa antes mencionada, (sic) fue ofrecida por el señor Presidente de la República Andrés Pastrana Arango en el Consejo de Seguridad que se realizó el 18 (sic) de marzo de 2002 en esa misma ciudad en donde ocurrió el homicidio de Monseñor”.

Así mismo, el oficio 30931 DIJIN ADEVI del 27 de junio de 2003(6), en que el director central de Policía Judicial dijo que “la recompensa a la cual se refiere el señor (sic) J.A.V.A., relacionada con el homicidio de Monseñor ISAÍAS DUARTE CANCINO, fue ofrecida por el señor Presidente de la República, para la época de los hechos doctor ANDRÉS PASTRANA ARANGO, recompensa que fue difundida por diversos medios de comunicación una vez realizado el consejo de seguridad el 17 de mayo (sic) de 2002 en la ciudad de Santiago de Cali”.

Esa información fue ratificada en oficio 30385/DIJIN/PLMA/ODHAJ del 13 de marzo de 2003, dirigido por esa misma autoridad al demandante(7).

Igualmente, en oficio 51/SUBSI-MECAL del 22 de octubre de 2007(8), el subjefe seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Cali informó que “ésta (sic) Seccional oficio (sic) a los diferentes medios de comunicación de la ciudad, quienes confirman que el señor ANDRÉS PASTRANA ARANGO, Presidente de la republica (sic) en el año 2002, un lunes 18 (sic) de marzo en rueda de prensa ofreció mil millones de pesos para quien suministrará (sic) información de asesinos (sic) de Monseñor Duarte Cancino”.

Ante dicho ofrecimiento y al haber presenciado los hechos, el señor J.A.V.A. decidió colaborar con la justicia, brindando información que contribuyó a la captura de los autores materiales del homicidio.

Lo anterior quedó demostrado con el oficio 162/SIJIN MECAL del 24 de febrero de 2003(9), suscrito por el Jefe de la Sijin Metropolitana de Cali, en el que consta que:

“... de acuerdo a (sic) lo manifestado por el Intendente R.A.G.A., que recibió de primera mano la información suministrada por el peticionario (sic) afirma que en efecto J.A.V.A., (sic) fue la persona que permitió esclarecer la muerte de Monseñor (sic) porque fue testigo presencial de los hechos y con su valiosa información permitió la captura de los autores materiales del hecho criminal reconocidos con los alias de 'EL CORTICO Y EL CALVO”.

El 26 de junio de 2002, el Fiscal Especializado de la Sub Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dejó constancia de que:

“... el señor J.A.V.A., declaro (sic) en esta Fiscalía el 4 de abril de la presente anualidad, testimonio este (sic) que sirvió para ordenar captura en contra de los señores A.J.Z.R. y C.A.R.C., por el homicidio de Monseñor ISAÍAS DUARTE CANCINO, los cuales fueron efectivamente capturados y puestos a disposición de este despacho. A los mismos se les definió situación jurídica y se les decreto (sic) detención preventiva por los (sic) delitos (sic) de Homicidio (sic) Agravado (sic)”(10).

El 23 de agosto de 2002(11) ese mismo fiscal especializado dejó constancia de que:

“...esta Sub-Unidad de Derechos Humanos y Derechos (sic) Internacional Humanitario adelanta investigación penal ... por el homicidio agravado de Monseñor ISAÍAS DUARTE CANCINO.

“Esta Fiscalía, (sic) contó con la colaboración del señor J.A.V.A.... el cual con su testimonio y otras pruebas recaudadas dentro del plenario sirvieron como base, para proceder a la captura del (sic) señor (sic) A.J.Z.R. y C.A.R.C., quienes al parecer son los autores materiales de dicho homicidio.

“Así mismo el señor V.A. suministró información a la Fiscalía en contra de los antes sindicados, por otros delitos los cuales se están investigando en otros despachos”.

Esta información fue ratificada por ese mismo fiscal especializado en constancias del 12 de noviembre(12) y del 3 de diciembre de 2002(13).

Después de haber brindado su colaboración para que el crimen de Monseñor no quedara impune, en escrito del 24 de junio de 2002(14) el señor J.A.V.A. solicitó al Presidente de la República el pago de la recompensa ofrecida el 17 de marzo de 2002, luego del Consejo de Seguridad realizado en Cali, por ser el único testigo del magnicidio de Monseñor Isaías Duarte Cancino y por haber entregado a los dos autores materiales y ayudado a esclarecer los hechos.

Ese mismo día (jun. 24/2002), mediante oficio 2278(15), el director del programa de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación solicitó al Presidente de la República información sobre el trámite a seguir para obtener el pago de la recompensa ofrecida por la colaboración en el esclarecimiento del homicidio de Monseñor, debido a que una persona incorporada al programa de protección, que había intervenido como testigo en la investigación penal adelantada por esos hechos (J.A.V.A.), se encontraba pendiente de esa reclamación.

En oficio del 2 de julio de 2002, el secretario privado de la Presidencia de la República respondió dicha solicitud al director del programa de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos:

“El señor Presidente recibió su comunicación en la que hace referencia a la pretensión de uno de los testigos del homicidio de Monseñor Isaías Duarte Cancino de cobrar la recompensa que presuntamente ofreció el Gobierno Nacional a quien colaborara con el esclarecimiento de este lamentable hecho.

“En su mensaje solicita colaboración del Gobierno Nacional para tomar las medidas pertinentes y atender las inquietudes del testigo.

“Hemos enviado copia de su comunicación al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para su consideración y fines pertinentes”(16).

Luego, en escrito del 15 de julio de 2002(17), el señor J.A.V.A. solicitó al Presidente de la República que le diera trámite a su solicitud y que le aclarara el término “presuntamente” utilizado por el secretario privado de ese despacho, cuando se refirió a la recompensa ofrecida por el Gobierno Nacional.

Mediante oficios 35790 del 10 de julio(18) y 30187 del 31 de julio de 2002(19), la anterior solicitud fue enviada de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República a la secretaría general del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el oficio 35791 del 10 de julio de 2002(20), a la secretaría general del Ministerio del Interior y, mediante el 36188 del 31 de julio de 2002(21), al director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para que le dieran trámite.

El 19 de julio de 2002, mediante oficio 2639(22), el director del programa de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación remitió la misma solicitud del demandante al Presidente de la República.

En vista de que no recibía ninguna respuesta de la Presidencia de la República y de ninguna otra de las autoridades a las que aquélla remitió sus solicitudes, en escrito del 26 de julio de 2002(23) el señor V.Á. solicitó al jefe de la oficina de protección a víctimas y testigos hacer llegar al Fiscal Especializado UNDH-DIH una solicitud de información sobre su participación en el esclarecimiento del homicidio de Monseñor Duarte Cancino y la captura de los autores materiales del mismo(24).

En escrito del 8 de octubre de 2002(25), también le pidió hacerle llegar otra solicitud de información pero, esta vez, del estado del proceso penal adelantado por el homicidio de Monseñor Duarte Cancino(26), solicitud que fue reiterada el 7 de noviembre de 2002(27).

El 11 de diciembre de 2002(28), también le pidió al jefe de la oficina de protección a víctimas y testigos hacerle llegar al director de la Policía Nacional una solicitud de colaboración y una entrevista para lograr el pago de la recompensa(29).

El 23 de agosto de 2002(30), el señor J.A.V.A. solicitó nuevamente al Presidente de la República colaboración con las gestiones tendientes al reconocimiento y pago de la recompensa a la que tenía derecho por su colaboración con la captura de los autores del homicidio de Monseñor, puesto que hasta ese momento no se le había dado trámite a sus peticiones anteriores sobre eI particular.

El 10 de septiembre de 2002(31) y el 28 de febrero de 2003(32), el secretario jurídico de la Presidencia de la República le manifestó al director del programa de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación que, de conformidad con el artículo 48 del Decreto 218 de 2000, correspondía al director del Departamento Administrativo de Seguridad determinar los casos en los cuales se reconocen recompensas, su cuantía y oportunidad de pago y le informó que, por esa razón, trasladaba la comunicación a esa autoridad, por ser la competente.

El 13 de noviembre de 2002(33), el señor J.A.V.A. presentó una nueva petición dirigida al secretario jurídico de la Presidencia de la República (con copia al Procurador General y al Defensor del Pueblo), con el fin de que se le pagara la tantas veces mencionada recompensa. Solicitud reiterada en escrito del 10 de febrero de 2003(34).

Mediante los oficios 4457 del 26 de noviembre de 2002(35) y 8574 del 28 de febrero de 2003(36), el secretario jurídico de la Presidencia de la República le informó al demandante que esa dependencia no tenía la competencia para resolverle la solicitud y que, por ello, la remitía al Ministerio de Defensa(37) - Policía Nacional y al DAS(38); adicionalmente, la remitió al director del programa de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación(39) y al director nacional de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo(40).

El 10 de febrero de 2003(41), el demandante solicitó al secretario jurídico de la Presidencia de la República que, como transcurridos 10 meses de la ocurrencia de los hechos no se le había pagado la recompensa, le consiguiera una entrevista personal con el Presidente de la República, para que le pagaran lo que solicitaba.

Este mismo día presentó una petición al director de la Policía Nacional, tendiente a obtener colaboración con el trámite y pago de la recompensa(42).

Por su parte, en oficio 2701/DAS.DGIN del 23 de agosto de 2002(43), el director general de inteligencia del DAS comunicó a la directora nacional de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo que:

“... durante el proceso de investigación por el homicidio de Monseñor ISAÍAS DUARTE CANCINO, participó una comisión de funcionarios adscritos al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y las fuentes humanas que aportaron información de interés recibieron remuneración económica por parte de la institución.

“No encontrándose el nombre J.A.V.A. como persona que haya suministrado información alguna referente al caso en mención”.

No obstante lo anterior, en oficio DAS. DGOP 7 del 2 de enero de 2003(44), el director general operativo del DAS le informó al secretario jurídico de la Presidencia de la República que:

“...la comisión investigadora por parte del DAS del magnicidio de Monseñor ISAÍAS DUARTE CANCINO (q.e.p.d.), (sic) manejó dos fuentes humanas de las cuales se reserva su identidad, siendo estas (sic) remuneradas por nuestra institución, descartando totalmente la participación como informante del DAS al señor J.A.V.A. (sic)...

“En aras de confrontar la información solicitada se tomó contacto con el investigador del CTI, señor I.M, integrante de la comisión investigadora del magnicidio de Monseñor DUARTE CANCINO, y ... afirmó que J.A.V.A., (sic) fue reclutado como informante por un agente uniformado de la Policía Nacional de apellido CARABALÍ, procediendo a contactarlo con unidades de la SIJIN - Policía Metropolitana de Cali - Grupo Homicidios.

“Una vez los agentes de la Policía Nacional evaluaron la información suministrada por J.A.V.A., solicitaron al doctor MANUEL GUILLERMO GÓMEZ GUTIÉRREZ, recepcionar declaración juramentada sobre los presuntos autores materiales del magnicidio de Monseñor, solicitando remuneración y protección para el testigo; (sic) que fue acogida y coordinada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Sub Unidad de Derechos Humanos de Cali”.

Dicha información fue ratificada el 19 de diciembre de 2002, mediante oficio 3716/DAS.DGIN(45), suscrito por el director general de inteligencia del DAS.

Del mismo modo, este último funcionario, en oficio 494/DAS.DGIN del 13 de marzo de 2003(46), le informó al director del programa de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación que no era la entidad competente para darle trámite a la solicitud del señor J.A.V.A., pues, para ello, debía dirigirse a la Policía Nacional.

De lo expuesto hasta aquí se evidencia que ni la Presidencia de la Republica, ni el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ni la Policía Nacional admitieron tener la obligación de reconocer y pagar la recompensa solicitada por el demandante, pues, por el contrario, durante aproximadamente un año se remitieron entre ellas las solicitudes del actor.

Sobre el particular, el Decreto 218 de 2000(47) disponía que correspondía al director del DAS determinar los casos en los que se reconocían recompensas, disponer cuáles ofertas debían hacerse públicas y el monto de las mismas, en los siguientes términos:

“ART. 48.—Recompensas. Corresponde al director del Departamento Administrativo de Seguridad determinar los casos en los cuales se reconozcan recompensas, su cuantía y oportunidad de su pago, a quien suministre informes que permitan hacer efectivo el cumplimiento de órdenes de captura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional o fuera de él, a la persona que proporcione informaciones y pruebas eficaces que fundamenten la responsabilidad penal o permitan hacerla extensiva a otras personas.

“El director del Departamento Administrativo de Seguridad puede disponer que las ofertas sean hechas públicas y, cuando lo considere conveniente, autorizará la determinación anticipada del monto de las mismas.

“Los actos y providencias que expida el director del departamento para el pago de recompensas estarán amparados por la reserva legal”.

No obstante lo anterior, se demostró que el DAS no ofreció recompensa alguna por información que permitiera la identificación y captura de los autores del homicidio de Monseñor Isaías Duarte Cancino, puesto que la única persona que lo hizo fue el Presidente de la República, el 17 de marzo de 2002, conforme quedó dicho en precedencia.

Así las cosas, no cabe duda de que el Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, en ejercicio de la facultad de la que trata el numeral 4º del artículo 189 de la Constitución Política, anunció públicamente el ofrecimiento de la recompensa, con el fin de evitar que el magnicidio de Monseñor Isaías Duarte Cancino quedara impune.

Ahora bien, sobre la efectividad de la información brindada por el demandante en el proceso penal adelantado por dicho homicidio, conforme se expuso en precedencia (págs. 13 y 14 de esta sentencia), el Jefe de la Sijin Metropolitana de Cali aseveró que J.A.V.A. fue la persona que permitió esclarecer la muerte de Monseñor, porque fue testigo presencial de los hechos y con la información que aportó permitió la captura de los autores materiales del crimen, reconocidos con los alias de “el cortico y el calvo”.

Igualmente, el fiscal especializado de la sub unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que adelantó esa investigación penal dijo que el testimonio del señor V.Á. sirvió para ordenar la captura de los señores A.J.Z.R. y C.A.R.C., por el homicidio de Monseñor Duarte Cancino, que éstos fueron capturados y puestos a disposición de la institución, que se les definió situación jurídica y que se les decretó detención preventiva por homicidio agravado.

De todo lo anterior se desprende, necesariamente, que la información suministrada por J.A.V.A. fue determinante para que uno de los responsables(48) del crimen de Monseñor Duarte Cancino, esto es, A.J.Z.R., fuera procesado por la justicia penal, con lo que se evidencia la falla del servicio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al omitir el pago de la recompensa ofrecida por el Presidente de la República. Dicho organismo no puede pretender evadir la responsabilidad que de la actuación del primer mandatario se deriva, pues, como suprema autoridad administrativa, no podía andar ofreciendo recompensas a la ciudadanía en general y ante la opinión pública, sin contar con los recursos para pagarla y sin medir las consecuencias que un ofrecimiento de tal magnitud acarreaba, ya que el resultado lógico de suministrar a las autoridades la información que condujera a la captura de los autores del homicidio era, sin lugar a dudas, el de exponer a un inminente riesgo la vida del informante y la de su familia, como en efecto ocurrió.

En este punto, es del caso tener en cuenta que aunque todo ciudadano, conforme lo establece el artículo 95 de la Constitución Política, tiene el deber de colaborar y contribuir para el buen funcionamiento de la administración de justicia y de obrar conforme al principio de solidaridad, las autoridades pueden crear incentivos económicos tendientes a evitar la impunidad, conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional, en los siguientes términos(49):

“Si bien es cierto que el deber de denunciar los hechos punibles tiene su fundamento en los deberes que el artículo 95-2-7 impone a las personas, de obrar conforme al principio de solidaridad, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas y de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, no resulta contrario a dichos deberes que se creen incentivos de tipo económico que estimulen a las personas a denunciar dichos hechos, con el fin de que no queden impunes y se protejan los intereses superiores de la sociedad, interesada en su investigación y juzgamiento y a que se imponga a los responsables la correspondiente sanción”.

Así, por más que el Presidente de la República propendiera por que el crimen de Monseñor Isaías Duarte Cancino no quedara en la impunidad, previo a anunciar ante los medios de comunicación la recompensa de $ 1.000'000.000 que ofrecía a quien brindara información al respecto, debió tener claro cuál autoridad era la encargada de realizar dicho pago y prever con cargo a cuál presupuesto se haría el mismo, pues, con su actuación desprevenida e imprevista, puso en riesgo al aquí demandante que, confiando en la seriedad de su palabra, entregó la información que poseía, arriesgando su vida y la de su familia, con lo que se vio obligado a cambiar por completo su estilo de vida para someterse al plan de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación, sin recibir ni un solo peso como contraprestación.

En consecuencia, reitera la Sala, conforme quedó acreditado en precedencia, que la información entregada por el demandante a las autoridades sobre el mencionado homicidio configuró la omisión de entregarle la recompensa ofrecida el 17 de marzo de 2002 por el Presidente de la República, en Cali, por lo cual se impone confirmar la sentencia recurrida.

De otro lado, advierte la Sala que, luego de que el despacho sustanciador tuviera como sucesora procesal del DAS (liquidado) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última solicitó vincular “al PATRIMONIO AUTÓNOMO PAP FIDUPREVISORA S.A. Defensa Jurídica extinto Departamento Administrativo, DAS, y su Fondo Rotatorio, cuyo vocero es la Fiduciaria la FIDUPREVISORA”(50), para que concurra a la controversia; al respecto, y en aras de garantizar los principios de celeridad y economía procesal, no se hará pronunciamiento alguno, comoquiera que en esta sentencia se confirma la recurrida, esto es, la que declaró la responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y no la del DAS.

Adicionalmente, por cumplir con los requisitos de los artículos 65 y 67 del Código de Procedimiento Civil, se reconocerá personería al abogado Andrés Tapias Torres, titular de la tarjeta profesional 88.890 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en los términos del poder obrante a folio 574 del cuaderno principal.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Aunque por este concepto el demandante solicitó $ 200'000.000, el tribunal le reconoció 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aspecto cuestionado por el recurrente por considerar que no se demostró el dolor o sufrimiento sufrido por el demandante con su supuesta salida del país.

Al respecto, obra el testimonio de la señora C.C.C. (tía de la esposa del demandante), rendido el 21 de febrero de 2006 ante el tribunal a quo, en el que consta:

“... él me comentó y me di cuenta que él estaba protegido por las autoridades en un bunquer en Cali, no se (sic) exactamente por cual autoridad, a él de allí lo iban a sacar para matarlo un sujeto que no se sabe quien (sic) es, entonces uno de los que lo cuidaba se dio cuenta y lo regresó (sic) pero de allí se lo llevaron para Bogotá en donde vivió por más de un año en una casa de protección de testigos, allí ya estaba con la sobrina mía o sea su esposa Xiomara, inicialmente ningún país les daba asilo, ya una funcionaria de la Fiscalía los acompañó a la embajada del (sic) Canadá y llevaron para apoyarse en (sic) la petición una noticia de la muerte de uno de los que tenía que ver con el homicidio de Monseñor Isaías Duarte Cansino (sic), como en esa noticia aparecía el nombre de J.A. entonces ya si (sic) le pararon bolas y empezaron a hacer las gestiones para el asilo, pero cuando en la embajada del (sic) Canadá se dieron cuenta que la esposa de él estaba embarazada ya agilizaron la partida de ellos hacia ese país (sic) pero el vía crucis de él antes de radicarse en Canadá empezó con la persecución que se le hiciera (sic) sujetos desconocidos, tanto es así que él estuvo en Armenia (sic) buscando la colaboración del Obispo de Armenia (sic) porque no sabía a quien (sic) dirigirse, toda la familia de él tuvo que desplazarse a otros lugares a diferentes barrios o en el caso de su mamá que estuvo viviendo por un tiempo en la ciudad de Armenia; (sic) él en Canadá está protegido por el gobierno que les da una mensualidad para su subsistencia y es así como ellos no pueden laborar para ayudarse a su sostenimiento (sic) pues ahora que están esperando otro hijo, o sea que tienen dos hijos, una niña y el otro que está por nacer, él en Bogotá estuvo protegido por la Fiscalía en una casa de protección de testigos ... Los perjuicios causados a él por este proceso inicialmente son de carácter moral (sic) porque desde que él salió de la ciudad de Cali no volvió a ver a su familia y mucho menos a su mamá, él no puede venir a Colombia (sic) porque constantemente por los medios de comunicación están recordando el homicidio de Monseñor Duarte Cansino (sic) y lo nombran a él como testigo presencial, yo constantemente me comunico con él y él llorando me dice la falta que le hace venir a su tierra y sobre todo estar tan alejado de su familia y de su mamá le duele mucho, además con el remordimiento que siente de haber puesto en peligro la vida de sus familiares y también perjuicios materiales o económicos porque él perdió su empleo, además de su tranquilidad ... Yo se (sic) que a él no le han pagado ninguna recompensa, aunque es de público conocimiento que dicha recompensa fue ofrecida por el Gobierno Nacional”(51).

Obra también el testimonio del señor D.A.V.R., rendido el 28 de febrero de 2007 ante el tribunal, en el que consta:

“...el señor V.A. aportó información que condujo a la captura de dos individuos por el homicidio de Monseñor Duarte Cancino en razón a un público ofrecimiento que hizo en ese entonces el presidente (sic) de la República al que diera información veras (sic) que condujera a la captura de estos dos individuos ... hasta el momento no le han dado absolutamente un solo peso por dicha información, lo único que logró fue desbaratar completamente su vida, laboral, social, personal y familiar, etc., porque esta (sic) vuelto nada ... los perjuicios que se le causaron en primer lugar al señor Vivas Ávila son los siguientes: el perjuicio moral como tal, en cuanto al sufrimiento padecido desde el momento en que se acogió al programa de testigos que ofrece la Fiscalía por información que él allegue (sic), desde ese mismo instante empezó el vía crucis porque comenzaron a trasladarlo de un lugar a otro, tanto así que hasta dentro del mismo ente judicial intentaron cegar (sic) su vida. Ahora en cuento (sic) los perjuicios de orden material, desde que se acogió al programa no ha podido laborar, el desempeño con su familia ha sido un acabose total, pues no tiene sosiego en ningún lugar donde lo trasladan. A la familia, sus padres han sufrido al punto que uno (sic) de ellos le dio una parálisis, ahora cada momento o cuando recordaron la información, la mamá al ver la noticia y el papá (sic) el estado era de angustia total para ellos ... En la actualidad tiene exilio por parte de Canadá y sobrevive con una cuota que le da el gobierno de dicho país, pues no puede ni trabajar ni hacer absolutamente nada ... PREGUNTADO: Si lo sabe, dígale al despacho si el señor Vivas Ávila después de sus denuncias, residió en Bogotá. CONTESTADO: a él se lo llevaron para allá, no es que haya residido, sino que se lo llevaron, la Fiscalía, supuestamente para brindarle la protección, en un apartamento que le brindaron. El tiempo en que permaneció allí no lo sé pero si se (sic) que fue largo y no podía hacer absolutamente nada, pues por temor a la (sic) represalias debía vivir aislado de la sociedad. PREGUNTADO: Sabe Usted (sic) si el señor Vivas Ávila ha ingresado a nuestro país luego de su exilio en el (sic) Canadá CONTESTADO: No, no ha ingresado ... El (sic) no puede venir al país (sic) pues si asoma la cabeza se la desaparecen”(52).

Con lo anterior queda demostrado que haber colaborado con la justicia le generó al demandante pasar por situaciones de angustia suficientemente explicadas por los dos testigos acabados de citar.

En consecuencia, habrá lugar a confirmar la condena que, por este concepto, impuso la sentencia recurrida, esto es, de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de J.A.V.A..

Perjuicios materiales

Por este concepto, la sentencia apelada le reconoció al demandante $ 1.468'316.604, correspondientes a los $ 1.000'000.000 de la recompensa ofrecida por el Presidente de la República, actualizados a la fecha de la sentencia de primera instancia.

Sobre el particular, habrá lugar a confirmar la sentencia del tribunal, por cuanto se acreditó que el demandante sí tenía derecho al pago de la recompensa; sin embargo, se modificará la parte resolutiva de aquélla, con el fin de actualizar el monto de la condena a la fecha de la presente sentencia, con la fórmula:

doc2
 

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar ($ 1.468'316.604).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (ene./2017).

Índice inicial: índice de precios al consumidor de la fecha de la sentencia de primera instancia (mayo/2008).

Aplicando la fórmula:

doc3
 

Vp = $ 2.026'944,74

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el ordinal segundo de la sentencia del 7 de mayo de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

“Condénase al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a pagar, por concepto de perjuicios materiales, la suma de $ 2.026'944,74, a favor del señor J.A.V.A.”.

2. CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia recurrida.

3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. SE RECONOCE PERSONERÍA al abogado Andrés Tapias Torres, titular de la tarjeta profesional 88.890 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en los términos del poder obrante a folio 574 del cuaderno principal.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

3 En virtud de que en la fecha de presentación de la demanda (mar. 15/2004) era necesario que la pretensión mayor individualmente considerada superara los 500 salarios mínimos legales, es decir $ 179.000.000, valor que se obtiene de multiplicar el valor del salario mínimo de 2004; $ 358.000, por 500.

4 “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.

5 Folios 90 y 91, cuaderno 3.

6 Folio 125, cuaderno 3.

7 Folios 156, 157, 291, 292, 315 y 316, cuaderno 3.

8 Folio 320, cuaderno 3.

9 Folios 5, 6, 285, 286, 297 y 298, cuaderno 3.

10 Folios 24, 109 y 149, cuaderno 3.

11 Folios 110 y 150, cuaderno 3.

12 Folios 151 y 222, cuaderno 3.

13 Folios 152, 229 y 240, cuaderno 3.

14 Folio 22, cuaderno 3.

15 Folios 45, cuaderno 3.

16 Folios 43, cuaderno 3.

17 Folios 41, 42 y 65, 66, cuaderno 3.

18 Folio 15, cuaderno 3.

19 Folio 28, cuaderno 3.

20 Folio 18, cuaderno 3.

21 Folio 31, cuaderno 3.

22 Folio 38, cuaderno 3.

23 Folio 194, cuaderno 3.

24 Folio 195, cuaderno 3.

25 Folio 215, cuaderno 3.

26 Folio 216, cuaderno 3.

27 Folio 219, cuaderno 3.

28 Folio 232, cuaderno 3.

29 Folios 233 a 235 y 264 a 266, cuaderno 3.

30 Folios 61, 62, 116, 117, 307 y 308, cuaderno 3.

31 Folio 52, cuaderno 3.

32 Folio 120 y 280, cuaderno 3.

33 Folios 102 a 107 y 300 a 305, cuaderno 3.

34 Folio 248 a 251, cuaderno 3.

35 Folio 82 a 84 y 224 a 226, cuaderno 3.

36 Folios 121 a 123 y 281 a 283, cuaderno 3.

37 Folio 87, cuaderno 3.

38 Folio 96, cuaderno 3.

39 Folio 98, cuaderno 3.

40 Folio 99, cuaderno 3.

41 Folios 136 a 139, cuaderno 3.

42 Folios 257 a 260 y 275 a 277, cuaderno 3.

43 Folio 40, cuaderno 3.

44 Folios 54 y 55, cuaderno 3.

45 Folios 242, 243, 252 y 253, cuaderno 3.

46 Folio 288, cuaderno 3.

47 “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad”.

48 Como quiera que el otro, C.A.R.C., fue asesinado el 30 de mayo de 2002 en la Cárcel de máxima seguridad de Palmira, según se expuso en la demanda (fl. 93, cdno. 1).

49 Sentencia C-067 de 1996.

50 En escrito recibido en el despacho del ponente el 9 de febrero de 2017 (fls. 587 y ss., cdno. ppal.).

51 Folios 145 y 146, cuaderno 3.

52 Folios 170 y 171, cuaderno 3.