Sentencia 2004-00946 de junio 28 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Radicado: 050012331000200400946 01(2091-2012)

SE. 071

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Actor: Luis Eduardo Montoya Sanmartín

Demandado: Municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 1 de 1984

Bogotá, D.C., veintiocho de junio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia, se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿En el presente caso se probó que el municipio Vigía del Fuerte le adeudaba los salarios y las prestaciones sociales reclamadas por el señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín?

En caso negativo, deberá resolverse

2. ¿Qué acreencias laborales debe cancelar el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, al señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín?

Primer problema jurídico

A efectos de resolver el primer problema jurídico, se abordará el estudio de los siguientes temas: (i) Carga de la prueba; (ii) excepciones a las reglas generales sobre carga de la prueba y (iii) caso concreto.

1. Carga de la prueba.

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del Código General del Proceso, establecía: «CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba […]».

La normativa citada impone una carga procesal a las partes dentro del proceso judicial, consistente en la obligación de presentar las pruebas demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las excepciones que se aleguen en la contestación(1).

La inobservancia del mandato incluido en el artículo citado, trae consecuencias desfavorables para el sujeto procesal que no probó. Ahora, la jurisprudencia ha dicho que la carga procesal estatuida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, es potestativa de las partes, sin que pueda obligarse a las mismas a cumplirla. Al respecto se dijo(2):

«[…] Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.

Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa […]».

Esta carga que el legislador impuso a las partes dentro del proceso judicial, busca que las mismas sean activas y que no se limiten a que únicamente el juez sea quien se preocupe por encontrar la verdad. Además, se pretende impedir, que alguna de ellas se beneficie de las dificultades probatorias de la contraparte. En palabras de la Corte Constitucional «[…] las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes […]»(3).

Lo anterior no significa que el juez no tenga un rol protagónico dentro del proceso, puesto que en la actualidad se abandonó parcialmente el sistema dispositivo, en el cual las partes eran las que llevaban el dominio del proceso y este no cumplía un papel activo en el desarrollo del mismo, sino solo en el instante de decidirlo(4).

En efecto, el Código de Procedimiento Civil adoptó un sistema mixto, en el que incluyó atribuciones inquisitivas al juzgador(5), por cuanto consideró que el proceso involucra un interés público, y en esa medida, otorgó al juez facultades probatorias y de impulso procesal, con el propósito de garantizar la igualdad entre las partes y llegar a la verdad real(6). Sobre el particular la Corte Constitucional manifestó(7):

«[…] La nueva Carta Política robusteció la misión del juez como garante del acceso efectivo a la administración de justicia y de la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos. Es así como se demandan de él altas dosis de sensibilidad y una actitud diligente para corregir las asimetrías entre las partes, asegurar los derechos fundamentales, entre otros el derecho a la tutela judicial efectiva, y, en últimas, la vigencia de un orden justo.

[…].

En este orden de ideas, en el marco de un Estado social y democrático de derecho, “la mayor eficacia en cuanto a la justa composición de un litigio se obtiene a partir de un delicado equilibrio entre la iniciativa de las partes —principio dispositivo— y el poder oficioso del juez —principio inquisitivo—, facultades de naturaleza distinta que operadas de forma coordinada deben concurrir en un mismo y único propósito: la solución justa y eficiente del proceso(8) […]». (Resalta la Sala).

Así las cosas, en primer término son las partes las que deben probar los supuestos de hecho que alegan, no obstante, al juez también le corresponde, en procura de lograr la igualdad entre los sujetos procesales y encontrar la verdad real, ejercer su facultad oficiosa ante situaciones oscuras en el proceso.

2. Excepciones a las reglas generales de la carga de la prueba: hechos notorios, afirmaciones y negaciones indefinidas y carga dinámica de la prueba.

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(9) fijó unas excepciones en cuanto a las reglas generales de la carga de la prueba. En efecto, la norma exoneró de la obligación de probar los denominados «hechos notorios» y las «afirmaciones o negaciones indefinidas», estas últimas hacen alusión a los hechos que al tener un carácter indeterminado de tiempo, modo o lugar en el que se produjeron, hacen imposible su demostración para quien los alega(10). Y finalmente, la norma señaló igualmente las presunciones legales o de derecho.

Es preciso también advertir que es posible que la carga de la prueba se invierta y se traslade a la parte que se encuentra en mejores condiciones de probar la verdad o falsedad de los hechos. Eso representa una moderación en el alcance del principio del onus probandi(11) y se denominó como la carga dinámica de la prueba, en el cual se reemplaza el mandato de que «quien alega debe probar» por el de «quien puede debe probar»(12). Tal beneficio procesal se da cuando el juez evidencia una ostensible desigualdad entre las partes al momento de aportar pruebas al proceso, como cuando una persona se encuentra en posición de debilidad o de subordinación frente a otra persona o autoridad, como por ejemplo, en el ámbito laboral(13).

En relación con la carga dinámica de la prueba, la Corte Constitucional sostuvo:

«[…] no solo es plenamente compatible con la base axiológica de la Carta Política de 1991 y la función constitucional atribuida a los jueces como garantes de la tutela judicial efectiva, de la prevalencia del derecho sustancial y de su misión activa en la búsqueda y realización de un orden justo. Es también compatible con los principios de equidad, solidaridad y buena fe procesal, así como con los deberes de las partes de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia […]»(14).

Bajo estos supuestos, se convierte en una garantía de acceso efectivo a la administración de justicia para la persona que alega la vulneración de un derecho, pero a quien le es imposible, por razones técnicas, de conocimiento o fácticas, aportar las pruebas para demostrar los supuestos de hecho que alega, las cuales sí tiene en su poder la contraparte, lo que implica que la obligación de allegarlas al proceso se traslada a esta.

De lo expuesto en precedencia es viable concluir que por mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del Código General del Proceso, corresponde, en primer término, a las partes probar los supuestos de hecho que alegan. Sin embargo, al juez también le asiste el deber de ejercer su facultad oficiosa, en procura de lograr la igualdad entre los sujetos procesales y encontrar la verdad real, cuando la misma no se evidencie del material probatorio allegado por los mismos.

Con todo, la norma exonera tanto al demandante como al demandado de la obligación de probar los hechos notorios, las afirmaciones o alegaciones indefinidas y las presunciones legales o de derecho.

Por otro lado, queda claro que en aquellos casos en que el juez evidencie una ostensible desigualdad entre las partes al momento de aportar pruebas al proceso, la carga de la prueba se invierte y se traslada a quien se encuentra en mejores condiciones de probar la verdad o falsedad de los hechos, a la cual le corresponde cumplir dicho mandato, so pena de sufrir consecuencias desfavorables ante el incumplimiento.

3. Análisis del caso concreto.

En el presente asunto el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, denegó las pretensiones de la demanda al considerar que el demandante, pese a que demostró su vinculación con el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, no probó que el aludido ente territorial adeudara los salarios y prestaciones sociales pedidos en la demanda.

Por su parte, el señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín insistió en que sí aportó la prueba documental que demostró lo adeudado por el municipio. También expresó que la falta de certificación del fondo de cesantías que diera cuenta de la consignación de estas en su favor, no era el único medio probatorio para determinar que la entidad pagó tardíamente la prestación social y que ello se podía determinar con la hoja de vida y los antecedentes laborales, los cuales debieron ser aportados por la demandada.

Al respecto, lo primero que ha de tenerse en cuenta en el caso sub examine, es que la presentada por el actor es una negación indefinida, la cual ha sido definida como «[…] aquellas que ni indirecta o implícitamente conllevan ninguna afirmación o negación opuesta: que no sólo son indeterminables en el tiempo y en el espacio, sino que, en la práctica, no son susceptibles de probar por medio alguno […](15)», por lo que de conformidad con lo expuesto en el acápite anterior, la carga de la prueba se invierte y en consecuencia correspondía a la entidad accionada desvirtuarla allegando al proceso los medios probatorios que acreditaran que efectivamente cumplió con sus obligaciones laborales y canceló las prestaciones reclamadas.

Pues bien, al revisar el expediente se encontraron los siguientes medios de prueba:

— Decreto 51 del 30 de marzo de1998 por medio del cual el municipio nombró a Luis Eduardo Montoya Sanmartín en el cargo de «promotor de saneamiento básico ambiental de salud» (fl. 2).

— Acta de posesión en el cargo enunciado, suscrita por el demandante, el alcalde y el secretario de la entidad demandada (fls. 3 y 4).

— Comunicación del 23 de noviembre de 2000 dirigida al accionante en la que se le informó que su nombramiento en el cargo de director de saneamiento básico había sido declarado insubsistente, la cual le fue notificada el 18 de diciembre de 2000 (fl. 6).

— Decreto 19 del 20 de noviembre de 2000 por medio del cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Montoya Sanmartín en el cargo mencionado (fl. 7).

— El gerente del Hospital Atrato Medio Antioqueño, el 27 de noviembre de 2000, certificó que para ese momento se le adeudaban al demandante 38 días compensatorios (fl. 8), así: «en el mes de mayo LOS DÍAS 14-21 Y 28; EN EL MES DE JUNIO LOS DÍAS 4-5-11-18-25-Y 26, DEL MES DE JULIO LOS DÍAS 2-3-9-16-20-23-30, DEL MES DE AGOSTO LOS DÍAS 6-7-13-20-21-27, DEL MES DE septiembre LOS DÍAS 5-6-12-13-19- Y 26, para un total de 38 treinta y ocho días […]» (mayúsculas y ortografía del texto original).

Ahora bien, en relación con lo pedido en el escrito que en ejercicio del derecho de petición radicó el 28 de abril de 2003 y el cual dio lugar al acto negativo ficto presunto que hoy se demanda, la Sala encuentra que el municipio no allegó prueba alguna, en el trámite de primera instancia, que demostrara que había realizado el pago de tales acreencias.

En esas condiciones, la Subsección considera que le asiste razón al demandante, al argumentar que es una negación indefinida cuando asegura que la entidad no le ha pagado las acreencias laborales que reclama, motivo por el cual resulta admisible que la carga de la prueba se invierta y en consecuencia, le corresponde a la entidad accionada desvirtuar tal aseveración allegando al proceso los medios probatorios que acreditaran que efectivamente cumplió su obligación de dar, lo cual no sucedió en el trámite de la primera instancia.

En este contexto, esta corporación en ejercicio de las potestades oficiosas conferidas por el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo(16), con la finalidad de llegar a la certeza sobre los fundamentos fácticos objeto de controversia, requirió los documentos necesarios para esclarecer los puntos oscuros en este asunto, y se allegaron las siguientes:

— Por medio del Oficio 07 del 3 de mayo de 2017, el presidente del Concejo Municipal del municipio de Vigía del Fuerte expresó lo siguiente:

«Dando respuesta al documento recibido por este concejo en la fecha 28 de abril de 2017 y a la vez excusándome por no satisfacer la necesidad de este requerimiento, me permito informarles que después de haber revisado minuciosamente el archivo del concejo municipal, y el archivo central de la alcaldía en compañía del señor almacenista no fue posible la consecución de dicho acuerdo.

No queriendo enredar el proceso, me gustaría hacer un recuento sobre un suceso ocurrido en este municipio sobre la toma del pueblo de miembros de la guerrilla en la fecha comprendida entre 1999 y 2002 aproximadamente, esa guerrilla además de haber matado al alcalde de ese momento incineraron algunos archivos de esa administración, no queriendo señalar directamente que el documento solicitado por esta sala hubiese caído en ese trágico hecho; pero sí este concejo después de todo lo antes mencionado no descarta la posibilidad de que ese acuerdo sea una víctima más de ese acontecimiento.[…]» (fls. 106 y 107).

— Asimismo, el secretario de Hacienda Municipal certificó en el folio 108 que no se encontró ningún soporte del reconocimiento y pago de salarios, primas legales y extralegales, primas de vacaciones, viáticos, compensatorios y prestaciones sociales a nombre de Luis Eduardo Montoya Sanmartín.

— El fondo administrador de pensiones y cesantías Protección informó sobre las cotizaciones de cesantías que registra dicha entidad correspondientes a Luis Eduardo Montoya Sanmartín, de lo cual se extrae lo siguiente: (fl. 129)

ConceptoFechaValor en pesos
Saldo inicial al 19901011990/01/010
Consignación - Acreditación1996/02/12104.127
Retiro terminación contrato1997/04/29-104.114
Anul. Por causa de la admora (sic)1997/04/29140.114
Retiro terminación contrato1997/08/06-147.816
Rendimientos del periodo 201712262017/12/2643.689
Saldo final 201712262017/12/260

— Los fondos de pensiones y cesantías Colfondos (fl. 119), Oldmutual (fl. 120), Porvenir (fl. 121) y el Fondo Nacional del Ahorro (fl. 125) certificaron que el actor no registra en sus bases de datos como afiliado.

— Consultado el sistema integral de información de la protección social, registro único de afiliados, RUAF(17), se encontró la siguiente información del señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín:

Afiliaciones
Afiliaciones
 

Valoración de la Sala

De acuerdo con los documentos aportados se encuentra demostrado que el señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín estuvo vinculado laboralmente como director de saneamiento básico con el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, del 30 de marzo de 1998 hasta el 18 de diciembre del año 2000, fecha en la que se le comunicó la declaratoria de insubsistencia.

De otra parte, es cierto que cuando el accionante sostiene que no le han pagado sus salarios y prestaciones se constituye en una negación indefinida lo cual implica la inversión de la carga de la prueba en cabeza de la demandada, sin embargo, el presidente del concejo del municipio Vigía del Fuerte, Antioquia, alegó una causal de fuerza mayor para no aportar la información atinente a la vinculación laboral del demandante, como lo es, el suceso terrorista que ocasionó la incineración de algunos de los archivos de la administración. Al respecto, estima la Subsección que también debe tenerse en cuenta que la entidad no refutó los argumentos contenidos en la demanda y tampoco controvirtió ni tachó los documentos que aquella aportó en el transcurso del proceso, pese a que se le concedieron todas las oportunidades procesales para hacerlo.

Adicionalmente, con base en los documentos que se aportaron al proceso, es posible concluir que el municipio accionado no pagó los emolumentos reclamados por el actor de naturaleza salarial y prestacional. En efecto, con base en la certificación y el estado de cuenta aportados por Protección S.A. es claro que entre los años 1998 y 2000 el municipio Vigía del Fuerte no le efectuó consignación alguna, ni posteriormente, incluso hasta el año 2017, fecha en la que se expidieron los documentos en cuestión, como tampoco se hizo en algún otro fondo, teniendo en cuenta que los demás que fueron oficiados negaron algún vínculo con el señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín, a lo que se agrega el hecho de que tampoco se registran afiliaciones en el sistema RUAF.

En esas condiciones, se debe proceder a declarar la nulidad del acto ficto presunto producto del silencio administrativo negativo frente a la petición presentada por el demandante el día 28 de abril de 2003.

En conclusión: En el presente caso se probó que el municipio Vigía del Fuerte, Antioquia adeuda los salarios y las prestaciones sociales reclamadas por el señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín.

Segundo problema jurídico

¿Qué acreencias laborales debe cancelar el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, al señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín?

En las pretensiones de la demanda se solicitó que se ordene el reconocimiento y pago de los siguientes emolumentos:

— Salarios de los meses noviembre y diciembre de 2000.

— Reajuste salarial del año 2000.

— 38 días compensatorios.

— Primas de: servicios; navidad y de vacaciones.

— Cesantías por todo el tiempo de servicios.

— Vacaciones de los años 1999 y 2000.

— Viáticos de los años 1998, 1999 y 2000.

— Dotación y calzado de labor.

— Subsidio familiar por 5 hijos menores de edad.

— Indemnización moratoria de que trata el artículo 5º de la Ley 244 de 1995, por la mora en el pago de las cesantías, contados desde el 19 de diciembre de 2000 (fecha del retiro), hasta el momento en que se haga efectivo el pago de la prestación.

En ese orden, la Subsección se ocupará de definir cada uno de los puntos propuestos, para determinar cómo se debe efectuar el restablecimiento del derecho pretendido.

Reconocimiento de salarios debidos y su reajuste

Comoquiera que no se demostró el pago de los salarios correspondientes a noviembre y 18 días del mes de diciembre de 2000, la Subsección dispondrá el reconocimiento de dichos valores.

Así mismo, se ordenará el pago del reajuste correspondiente al año 2000, solicitado tanto en la demanda como en el escrito que en ejercicio del derecho de petición presentó el señor Montoya Sanmartín el 28 de abril de 2003 (fls. 13 y 14), dado que el municipio Vigía del Fuerte no acreditó haberlo efectuado.

La prima de servicios

En relación con la prima de servicios debe tenerse en cuenta que está regulada por el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978, norma que otorgó dicho beneficio a los empleados públicos del orden nacional de conformidad con el artículo 1º de la misma disposición.

Sobre este mismo punto, resalta la Sala que aunque con anterioridad era inaplicada la expresión «del orden nacional» contenida en el artículo 1º del Decreto 1042 de 1978 y se otorgaba la prima de servicios también a los empleados del orden territorial en aplicación del principio de igualdad, actualmente y luego de la expedición de la Sentencia C-402 de 2013, que declaró la exequibilidad de dicho término, no es posible la inaplicación del mismo por encontrarse acorde con la Constitución Política de 1991.

En ese orden de ideas, no es dable ordenar el pago de la prima de servicios al demandante porque para el año 2000 no existía norma que la reconociera a los empleados públicos territoriales(18), pues no fue sino hasta la expedición del Decreto 2351 del 20 de noviembre de 2014(19) que el Gobierno Nacional, de acuerdo con las competencias previstas por el artículo 150, ordinal 19, literales e) y f) y la Ley 4ª de 1992, concedió tal prestación económica a los servidores de dicho orden(20).

Así las cosas, no es procedente ordenar su reconocimiento.

Pago de los 38 días compensatorios

Sobre la jornada de trabajo de los servidores públicos del orden territorial se precisa que la Sección Segunda de esta corporación adoptó la tesis según la cual, la jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden territorial está gobernada por el Decreto 1042 de 1978(21).

Al respecto, se ha señalado que aunque dicho decreto es aplicable a los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, sus efectos se extienden también a los del orden territorial por disposición del artículo 2º de la Ley 27 de 1992 y del artículo 87 de la Ley 443 de 1998(22).

Las aludidas normas hicieron extensivas a las entidades territoriales las disposiciones que regulan «el régimen de administración de personal» contenido no solamente en ellas, sino en los decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968, sus decretos reglamentarios y las normas que las modifiquen o adicionen.

Ahora, con respecto al concepto de «régimen de administración de personal» a que se refieren el artículo 2º de la Ley 27 de 1992 y el artículo 87 de la Ley 443 de 1998, la jurisprudencia de esta sección ha precisado que el mismo comprende el concepto de «jornada de trabajo»(23).

En ese sentido, y como la jornada laboral está reglamentada en los artículos 33 y siguientes del Decreto 1042 de 1978, se ha definido, jurisprudencialmente(24), que esta norma constituye una adición a los decretos 2400 y 3074 de 1968 y por tanto es aplicable a los empleados públicos del orden territorial conforme la extensión del artículo 2º de la Ley 27 de 1992 ratificada por el artículo 87 de la Ley 443 de 1998(25).

Igualmente se ha determinado que a los empleados públicos del orden territorial tampoco los gobierna el artículo 3º de la Ley 6ª de 1945 puesto que la Corte Constitucional en Sentencia C-1063 de 2000(26) declaró que esta se encuentra vigente solo para los trabajadores oficiales, y no reglamenta la jornada laboral de los empleados públicos, pues esta se rige por el Decreto 1042 de 1978.

Definido entonces que el Decreto 1042 de 1978 es el que determina la jornada de trabajo de los empleados públicos del orden territorial, la Subsección se permite citar el artículo que rige la materia:

«ART. 33.—De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas.

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras […](27)».

De acuerdo con la norma: (i) La jornada de trabajo para los empleados públicos es de cuarenta y cuatro (44) horas semanales con la excepción para los que cumplan funciones discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, en cuyo caso la jornada es especial de doce horas diarias, sin exceder el límite de 66 horas semanales; (ii) con base en dicha jornada debe fijarse el horario de trabajo y; (iii) se compensa la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras, salvo que exceda la jornada máxima semanal.

Es claro que la jornada de trabajo que se cumpla influye de manera directa en el salario que devenga el empleado, en tanto que la asignación puede variar si se labora tiempo suplementario, caso en el cual, se reconoce un pago adicional a la remuneración que de forma frecuente percibe el servidor público, aspecto que desde luego será necesario demostrar dentro del proceso para lograr la prosperidad de las pretensiones que en este sentido se formulen.

A continuación se explicarán los pagos que deben realizarse cuando se excede la jornada ordinaria de trabajo de acuerdo con el Decreto 1042 de 1978 (44 horas semanales):

Pagos por trabajo complementario de acuerdo al Decreto 1042 de 1978

Decreto
1042 de 1978

Jornada laboral

Recargo a pagar adicional a la asignación mensual por exceder la jornada ordinaria laboral (44 horas semanales)

Excepción y límites.


Artículo
34

Ordinaria nocturna.
El horario que comprende es de 6 p.m. a 6 a.m.

35%

Sin perjuicio de quienes por un régimen especial trabajen por el sistema de turnos.

Artículo
35
Jornada mixta. Se cumple por el sistema de turnos. Incluye horas diurnas y nocturnas. Por estas últimas se paga el recargo (nocturno, pero podrán compensarse con períodos de descanso).
35% o descanso compensatorio
Sin perjuicio de lo dispuesto para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema de turnos.

Artículo
36

Horas extra diurnas.
Trabajo en horas distintas de la jornada ordinaria. Debe ser autorizada por el jefe inmediato.

25% o descanso compensatorio.
No puede exceder de 50 horas mensuales.
Si sobrepasa este límite se reconoce descanso compensatorio (un día de trabajo por cada 8 horas extras trabajadas).
Conforme el artículo 13 del Decreto-Ley 10 de 1989, tienen derecho a este los empleados del nivel Operativo, hasta el grado 17 del nivel administrativo y hasta el grado 098 del nivel técnico.

Artículo
37

Horas extra nocturnas. Trabajo desarrollado por personal diurno (6 p.m. a 6 a.m.)


75% de la asignación mensual.

Igual que en el cuadro anterior referente al artículo 36.

Artículo
39
Trabajo ordinario domingos y festivos.
Cuando se labora de forma habitual y permanentemente los días dominicales o festivos.
La remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo, más el disfrute de un día de descanso compensatorio. 

De lo anterior se concluye que cuando el empleado público labore tiempo adicional a la jornada ordinaria de trabajo establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, tiene derecho a que se le reconozca el pago de los recargos o los días compensatorios conforme se estableció en los artículos 34, 35, 36, 37 y 39 de dicha disposición, según se especificó en el cuadro anterior.

Establecido lo anterior, en el expediente se encuentra adosado en el folio 8 un documento suscrito por el gerente del Hospital Atrato Medio Antioqueño, el 27 de noviembre de 2000, en el que certificó que para ese momento se le adeudaban al demandante 38 días compensatorios (fl. 8), así: «en el mes de mayo LOS DÍAS 14-21 Y 28; EN EL MES DE JUNIO LOS DÍAS 4-5-11-18-25-Y 26, DEL MES DE JULIO LOS DÍAS 2-3-9-16-20-23-30, DEL MES DE AGOSTO LOS DÍAS 6-7-13-20-21-27, DEL MES DE septiembre LOS DÍAS 5-6-12-13-19- Y 26, para un total de 38 treinta y ocho días […]» (mayúsculas y ortografía del texto original).

En relación con este medio de convicción se precisa que conforme con lo previsto por el artículo 244 del Código General del Proceso aquel se presume auténtico y no fue tachado de falso o desconocido por la entidad demandada, a lo que se agrega el hecho de que tampoco se allegó prueba de su pago. Con todo, al valorar dicho documento se observa lo siguiente:

— Su fecha de expedición data del 27 de noviembre de 2000, no obstante quien lo suscribió manifestó: «QUE DEL PRIMERO DE MAYO DEL 2000 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000 que me desempeñe COMO: GERENTE de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO […]»(28). Es decir que no resulta coherente la fecha de expedición con lo certificado.

— Presenta enmendadura en los días adeudados.

— De su contenido no especifica los tiempos en virtud de los cuales se causaron esos compensatorios.

De manera pues, que el documento aportado no lleva a la convicción de que la entidad territorial adeude dicha suma, aspecto que aunque se incluya dentro de la negación indefinida de no pago anteriormente aludida, lo cierto es que sí requiere prueba de su causación, motivo por el cual no es posible ordenar su pago ante la falta de especificación de los tiempos en que se causaron los mismos, los cuales tampoco se determinaron en la demanda, en consecuencia que tal pretensión se negará.

La prima de vacaciones

En consideración a que la prima en cuestión fue regulada por el artículo 24 del Decreto 1045 de 1978, no es factible reconocerla al demandante, en tanto la norma solo la concedió a los empleados públicos del orden nacional. Aunado a lo anterior, al momento del retiro del servicio del actor (dic. 18/2000) no había entrado en vigencia el Decreto 1919 de 2002(29), que extendió este beneficio a los servidores públicos del orden territorial.

La prima de navidad

Se reconocerá esta prima en virtud del artículo 11 de la Ley 4ª de 1966 el cual señaló que «Todos los empleados y obreros de la Nación tendrán derecho a una Prima de Navidad o bonificación equivalente a un mes de sueldo que corresponde al cargo en 30 de noviembre de cada año, y será pagada en la primera quincena del mes de diciembre […]». Esta norma no hizo distinción alguna en relación con los órdenes territoriales a los cuales debían pertenecer los servidores públicos para ser acreedores a esta prestación, pero el Decreto 3135 de 1968, en el artículo 11, sí excluyó expresamente a quienes prestaran sus servicios en establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, que por virtud de pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos arbitrales o reglamentos de trabajo, tengan derecho a primas anuales similares, cualquiera que fuera su denominación.

En esas condiciones, la precitada ley se aplica al demandante, porque además aquella no excluyó a los empleados del orden territorial, como sí lo hizo el Decreto 1045 de 1978 que reguló la misma de forma exclusiva para los servidores públicos de carácter nacional en los artículos 32 y 33(30).

Como consecuencia de lo anterior, el reconocimiento y pago de la prima de navidad solicitado deberá efectuarse por el tiempo servido desde el 1º de marzo de 1998 hasta el 18 de diciembre de 2000, inclusive, teniendo en cuenta que deberá hacerlo de manera proporcional cuando no hubiere cumplido el año de servicios completo(31), a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará con base en el salario devengado al momento de su causación.

Viáticos causados por los años 1998, 1999 y 2000

Los viáticos son sumas de dinero que el empleador reconoce a sus trabajadores para que cumplan sus funciones fuera de la sede habitual de trabajo, de modo que puedan sufragar gastos como transporte, manutención y alojamiento y se encuentran previstos en el artículo 61 del Decreto 1042 de 1978, norma que según se ha expuesto reguló la situación de los empleados públicos del orden nacional.

No obstante, en folio 5 obra documento manuscrito en el cual hace una relación de viáticos del actor, entre los años de 1998 y 2000, sin firma o indicación de su autor ni señala si esas sumas fueron pagadas o se adeudaban. En esas condiciones, aunque las normas aplicables le concedieran tal beneficio, en el presente asunto no está probada su causación, argumento suficiente para despachar negativamente esta pretensión.

Las vacaciones de los años 1999 y 2000

El literal e) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, establece el derecho a quince días continuos de vacaciones remuneradas, por cada año de servicio. El tenor literal de la norma es el siguiente:

«e) (Modificado por la L. 64/46, art. 5º) Quince días continuos de vacaciones remuneradas, por cada año de servicio que se preste a partir del diez y seis (16) de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944). La época de vacaciones será señalada por el patrono, a más tardar dentro del año subsiguiente. Queda prohibido compensar las vacaciones en dinero antes de extinguirse el correspondiente contrato de trabajo, pero las partes podrán convenir en acumular las vacaciones hasta por cuatro años.»

En esa medida, las vacaciones correspondientes por los servicios prestados desde el 1º de marzo de 1998, fecha de posesión (fl. 3), hasta el 18 de marzo de 1999, debían disfrutarse durante el año siguiente, al igual que las ocasionadas desde el 19 de marzo de 1999 hasta el 19 de marzo de 2000 y de manera proporcional, por el período comprendido entre el 20 de marzo y el 18 de diciembre de 2000; sin que se haya demostrado que el actor efectivamente las disfrutó ni existe prueba de que hubieran sido incluidas en su liquidación.

En consecuencia, se ordenará a la entidad el reconocimiento en dinero por los períodos de vacaciones no disfrutados.

Dotación y calzado de labor

Esta prestación social, se constituye en un pago en especie destinada a cubrir la necesidad de indumentaria con ocasión de la relación laboral(32), y para el caso de los servidores públicos del orden territorial está regulada por la Ley 70 de 1988, en el artículo 1º que preceptúa:

«Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales y comerciales de tipo oficia y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboren les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal. Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora»

Por su parte, el Decreto 1978 de 1989, que reglamentó la anterior, dispuso que su entrega debía hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año (art. 2º) y en el artículo 3º definió que para tener derecho a la dotación, el servidor debía haber laborado en la respectiva entidad por lo menos 3 meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha del suministro, pero además, la remuneración mensual no debe ser superior a 2 salarios mínimos legales vigentes, correspondientes a la asignación básica mensual (art. 4º).

Con base en lo señalado, no es posible acceder a la pretensión bajo estudio, toda vez que la parte demandante no acreditó que la asignación que devengaba cumpliera con el tope que las normas mencionas previeron para efecto de hacerse acreedor a la dotación.

Subsidio familiar

La Ley 21 de 1982(33) define el subsidio familiar como una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a los trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.

La misma norma, en el artículo 20, prevé que tendrán derecho al beneficio los trabajadores cuya remuneración no exceda 4 salarios mínimos legales vigentes (art. 20), presupuesto que en el presente asunto no se encuentra acreditado, razón por la cual se despachará desfavorablemente esta súplica.

Cesantías y sanción moratoria por su pago tardío

La Ley 344 de 27 de diciembre de 1996, en el artículo 13 dispuso que a partir de su publicación, las personas que se vinculen a las entidades del Estado, tendrían un régimen anualizado de cesantías, en virtud del cual, la liquidación definitiva de las mismas debe realizarse el 31 de diciembre de cada año.

Posteriormente, se expidió el Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998, reglamentario de la anterior, que hizo extensivo el régimen anualizado de cesantías para los empleados públicos de nivel territorial, y dispuso que el régimen de los vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se hubieren afiliado a un fondo de cesantías, sería el establecido en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.

Ahora bien, la indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 es una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último por el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley. El espíritu de la comentada disposición es proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, estableció el procedimiento para su reconocimiento y pago, consagrando, entre otros asuntos, una sanción a cargo de la administración y a favor del trabajador, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, en caso de constituirse retardo en el pago definitivo de la referida prestación(34).

Esta sanción se contabiliza a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas, vale decir, cuando no se instauren recursos contra el mismo, cuando se renuncie expresamente a ellos o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (CCA, art. 62). En los eventos en que la administración no se pronuncie o lo haga tardíamente frente a la solicitud del pago del auxilio de cesantía, dicha situación, salvo los casos previstos por la ley para su retención, no la exime de la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retraso.

En relación con el procedimiento que debe surtir la administración para la liquidación del auxilio de cesantía, la Ley 244 de 1995 previó lo siguiente:

«ART. 1º—Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo […]».

Ahora bien, una vez proferida la resolución de liquidación de la cesantía, el artículo 2º ibídem, establece que el pago se efectuará dentro del siguiente término legal:

«ART. 2º—La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social […]»

Por su parte, el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, prevé la sanción moratoria en el pago de la cesantía, en caso de incumplirse los términos legales, con el siguiente tenor literal:

«PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste [...]».

La anterior normativa contempla los términos legales con que cuenta la administración para la liquidación y pago de las cesantías, y consagra una sanción moratoria por su incumplimiento. Dicho articulado reitera que tanto los términos para el pago de la prestación como los de la contabilización de la sanción moratoria son aplicables cuando se solicita la liquidación definitiva del auxilio de cesantía.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado(35), dejó en claro a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la sanción moratoria por el pago tardío de esta prestación social y su agotamiento en la vía gubernativa, con el siguiente análisis:

«[…] Cuando la administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria (…).

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria […]»

Conforme a lo expuesto en precedencia, los términos para el pago de la prestación como los de la contabilización de la sanción moratoria son aplicables cuando se solicita la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, momento desde el cual se empiezan a computar.

Para el caso concreto, por una parte, se estableció que el municipio de Vigía del Fuerte no realizó consignación alguna al fondo de cesantías al cual estaba afiliado el señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín, de manera que aún se adeuda su valor, y por otra, que ante la ausencia de acto administrativo de reconocimiento de las cesantías definitivas la sanción moratoria comenzó a causarse desde el 1º de agosto de 2003, fecha en la que se cumplieron los 65 días hábiles que se contabilizaron desde la presentación de la petición el día 28 de abril de 2003. El pago deberá efectuarse hasta que se produzca la cancelación de las cesantías definitivas.

En consideración a que la petición que desató el acto administrativo acusado se radicó el 28 de abril de 2003 y que el nombramiento del demandante fue declarado insubsistente el día 18 de diciembre del año 2000, no operó la prescripción de las sumas adeudadas por concepto de la sanción moratoria, en tanto se solicitaron dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad conforme lo establece el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

En esas condiciones, deberá ordenarse el pago de las cesantías adeudadas por todo el tiempo laborado, así como la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995.

Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto la Subsección A revocará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión el día 8 de mayo de 2012 que denegó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, condenar al municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, al reconocimiento y pago en favor del señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín de: (i) los salarios debidos por el mes de noviembre y 18 días de diciembre del año 2000; (ii) el pago de las diferencias causadas por el reajuste de los sueldos correspondientes al año 2000; (iii) la prima de navidad por el tiempo servido desde el 1º de marzo de 1998 hasta el 18 de diciembre de 2000, inclusive, teniendo en cuenta que deberá hacerlo de manera proporcional cuando no hubiere cumplido el año de servicios completo(36), a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará con base en el salario devengado al momento de su causación; (iv) las vacaciones correspondientes por los servicios prestados por los siguientes períodos: del 1º de marzo de 1998 al 18 de marzo de 1999, del 19 de marzo de 1999 al 19 de marzo de 2000 y de manera proporcional, del 20 de marzo hasta el 18 de diciembre de 2000; (iv) las cesantías causadas por todo el tiempo laborado, y (v) la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, en los términos señalados en precedencia.

El pago de las sumas que resulten a favor del actor se ajustarán en su valor, de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

xxxxxxx
 

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín desde la fecha en que fue desvinculado del servicio, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de la providencia).

La indexación referenciada no procede con respecto a la sanción moratoria. Sobre el particular es pertinente citar la jurisprudencia que indica la posición pacífica que ha mantenido la Sección Segunda en este punto, a saber:

«[…] Conjugando las precisiones hechas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-448 de 1996(37), la jurisprudencia del Consejo de Estado(38) ha delineado posición según la cual no procede indexación sobre el valor de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 porque, si bien responde a fines diversos a la indexación que busca proteger el valor adquisitivo de la cesantía, lo cierto es que no sólo cubre la actualización monetaria sino que, incluso, es superior a ella. Ha dicho la Sección Segunda que “la indexación procede únicamente sobre el valor de la sanción por no consignación oportuna de la cesantías, en los términos ordenados por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 extensivo a las entidades territoriales en virtud del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, y no frente a la indemnización moratoria de la Ley 244 de 1995 […]»(39) (resalta de la Sala).

Por tratarse de un retiro definitivo, la sanción por no consignación a aplicar es la establecida en la Ley 244 de 1995, luego sobre la misma no procede la indexación de acuerdo a lo expuesto(40).

Condena en costas

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revóquese la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión el día 8 de mayo de 2012 que denegó todas las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín en contra del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia.

2. En consecuencia, declárese la nulidad del acto administrativo presunto negativo que surgió de la petición presentada el día 28 de abril de 2003 por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales solicitadas y de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995.

3. Condénese al municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, a reconocer y pagar al señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín los siguientes valores:

(i) Los salarios debidos por el mes de noviembre y 18 días de diciembre del año 2000.

(ii) Las diferencias causadas por el reajuste de los sueldos correspondientes al año 2000.

(iii) La prima de navidad por el tiempo servido desde el 1º de marzo de 1998 hasta el 18 de diciembre de 2000, inclusive, teniendo en cuenta que deberá hacerlo de manera proporcional cuando no hubiere cumplido el año de servicios completo, a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará con base en el salario devengado al momento de su causación.

(iv) Las vacaciones correspondientes por los servicios prestados en los siguientes períodos: del 1º de marzo de 1998 al 18 de marzo de 1999, del 19 de marzo de 1999 al 19 de marzo de 2000 y de manera proporcional, del 20 de marzo hasta el 18 de diciembre de 2000.

(v) Las cesantías por causadas por todo el tiempo laborado.

El pago de las sumas que resulten a favor del actor se ajustarán en su valor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. Condénese al municipio de Vigía del Fuerte a reconocer y cancelar al señor Luis Eduardo Montoya Sanmartín la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, desde el 1º de agosto de 2003 y hasta la fecha que se produzca la cancelación de las cesantías definitivas.

5. Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase.»

1 «[…] Luego de una prolongada evolución, las reglas de la carga de la prueba en materia civil han decantado hasta el punto que es posible resumir su doctrina en tres principios jurídicos fundamentales: ‘onus probandi incumbit actori’, al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción; ‘reus, in excipiendo, fit actor’, el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa; y, ‘actore non probante, reus absolvitur’, según el cual el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción sic: la gramática y ortografía corresponden al texto origina […]» . Corte Constitucional, Sentencia C-070 de 1993. Ver también la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2016, radicación: 05001-23-31-000-2003-01739-01(1634-13), actor: Jorge Arturo Díaz Montenegro.

2 Corte Constitucional, sentencias C-1512 de 2000, C-1104 de 2001, C-662 de 2004, C-275 de 2006, C-227 de 2009 y C-279 de 2013, entre otras.

3 Corte Constitucional, Sentencia T-733 de 2013.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2004.

5 Cfr., Corte Constitucional, sentencias C-874 de 2003 y SU-768 de 2015.

6 Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2004.

7 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2016.

8 En la providencia se citó: Corte Constitucional, Sentencia T-599 de 2009.

9 Hoy artículo 167 del Código General del Proceso.

10 En este sentido, por ejemplo, el artículo 177 del anterior Código de Procedimiento Civil, recogido también por el artículo 167 del Código General del Proceso, dispuso que «[…] los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba […]». Ver también la sentencia del Consejo de Estado del 26 de julio de 2012, expediente 19981.

11 Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

12 Corte Constitucional, sentencias T-741 de 2004 y T-346 de 2011, entre otras.

13 Corte Constitucional, sentencias T-638 de 1996 y T-772 de 2003, entre otras. El desarrollo de la «carga dinámica de la prueba» hasta antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso (art. 167), se dio a través de la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado en asuntos de responsabilidad por falla presunta en el servicio médico, como de la Corte Suprema de Justicia en el ámbito de la responsabilidad civil. Ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera del 24 de octubre de 1990, expediente 5902 y del 24 de enero de 2002, expediente 12706.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016.

15 Consejo de Estado, sentencia del 26 de julio de 2012, radicación 19981, actor: Oscar Jeremías Aragón Garcia y otros.

16 Autos del 6 de marzo de 2014; 21 de abril de 2016; 28 de marzo de 2017 y del 27 de julio de 2017.

17 http://ruafsvr2.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2015, radicación 54001-23-31-000-2008-00172-01(4251-13), actor: Juan Carlos Peláez Suescún.

19 Por el cual se regula la prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial.

20 «ART. 1º—Todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y municipales, a las contralorías territoriales, a las personerías distritales y municipales y el personal administrativo del sector educación, tendrán derecho, a partir de, 2015, a percibir la prima de servicios de que trata el Decreto-Ley 1042 de 1978 en los mismos términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican, adicionan o sustituyan.»

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de agosto de 2006, radicación 05001-23-31-000-1998-01941-01 (5622-05), actor: Silvia Elena Arango Castañeda.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1º de marzo de 2012, radicación 23001-23-31-000-2002-90526-01(0832-08), actor: Hernán de Jesús Flórez González.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 27 de agosto de 2012, radicación 05001-23-31-000-2003-00517-01(1381-10). Actor: José Lisandro Ibarra Garro. Demandado: Municipio de Itagüí (Antioquia).

23 Sentencia de fecha 17 de agosto de 2006, expediente 05001-23-31-000-1998-01941-01 (5622-05) Actora: Silvia Elena Arango Castañeda. Demandado: Hospital General de Medellín.

24 En la siguiente sentencia se definió un caso similar al aquí analizado. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de febrero de 2012, radicación 05001-23-31-000-2001-03838-01(1863-08). Actor: Oscar Antonio Cárdenas Holguín. Demandado: Municipio de Itagüí.

25 Ver sentencia de 19 de julio de 2007 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicación 05001-23-31-000-1998-02175-01(6183-05), actora: Luz Angélica Mena Pineda y sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de marzo de 2012, radicación 05001-23-31-000-2001-03212-01(1227-11). Actor: Humberto de Jesús Henao Álvarez. Demandado: Municipio de Itagüí (Antioquia).

26 A esta conclusión se llegó al analizar la mencionada sentencia por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de julio 12 de 2012, radicación 05001-23-31-000-2002-04837-01(0200-10). Actor: Fernando Luis Zea Ossa. Demandado: Municipio de Itagüí (Antioquia).

27 Modificado en lo pertinente por los artículos 1º al 13 del Decreto 85 de 1986.

28 Ortografía y mayúsculas del texto original.

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de abril de 2005, radicación 66001-23-31-000-2000-00714-01(2481-02), actor: Alba Mery Valencia Castrillón.

30 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 18 de julio de 2002, radicación 1393, actor: Ministerio del Interior. En esta providencia la corporación efectuó un comparativo entre las normas aplicables a los empleados públicos del orden nacional, territorial y del Distrito de Bogotá.

31 De acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 11 del Decreto 3135 de 1968 que dispone: «PAR. 1º—Cuando el empleado o trabajador oficial no hubiere servido durante el año civil completo, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad, en proporción al tiempo servido durante el año, a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará con base en el último salario devengado.»

32 Corte Constitucional, Sentencia C-995 de 2000.

33 Por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras disposiciones.

34 Ver, sentencia del 8 de abril de 2010, expediente 1872 de 2007.

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007. Número interno 2777-2004. Actor José Bolívar Caicedo Ruíz.

36 De acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 11 del Decreto 3135 de 1968 que dispone: «PAR. 1º—Cuando el empleado o trabajador oficial no hubiere servido durante el año civil completo, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad, en proporción al tiempo servido durante el año, a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará con base en el último salario devengado.»

37 Mediante la cual la Corte declaró exequible el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995, y allí considera: «[…] Así, el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 consagra la obligación de cancelar al beneficiario “un día de salario por cada día de retardo”, sanción severa que puede ser, en ocasiones, muy superior al reajuste monetario, por lo cual no estamos, en estricto sentido, frente a una protección del valor adquisitivo de la cesantía sino a una sanción moratoria tarifada que se impone a las autoridades pagadoras debido a su ineficiencia (…). En ese orden de ideas, no resulta razonable que un trabajador que tenga derecho a la sanción moratoria impuesta por la Ley 244 de 1995 reclame también la indexación, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria no sólo cubre la actualización monetaria sino que incluso es superior a ella […]».

38 Por mencionar una de tantas, se puede consultar la sentencia del 31 de enero de 2008 de la Sección Segunda, Subsección A, radicado 7749-05.

39 Sentencia del 5 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 1521-2010.

40 La Sección ha diferenciado la sanción de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 de la señalada en la Ley 244 de 1995, diciendo que ésta última es la que procede cuando existe retiro definitivo del servicio. Al respecto se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de julio de 2013, radicación 19001-23-31-000-2003-02134-01(1496-11), actor: José Wilmer Chilito Rivadeneira.