Sentencia 2004-00952 de junio 13 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Radicación número: 73001-23-00-000-2004-00952-01(37041)

Actor: Fernando Cruz Bonilla y otro

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional

Referencia: Apelación sentencia - Acción reparación directa

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima 9 de marzo de 2009.

La Sala abordará el asunto en el siguiente orden: i) verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine, como lo son competencia, legitimación en la causa y la caducidad; ii) valoración de los medios probatorios obrantes en el expediente; iii) régimen de responsabilidad aplicable en daños causados por los ataques guerrilleros y iv) caso concreto.

1. Requisitos de procedibilidad

1.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, comoquiera que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por el el Tribunal Administrativo del Tolima el 9 de marzo de 2009(9).

1.2. Ejercicio oportuno de la acción

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la lesión del señor Fernando Cruz Bonilla y la destrucción parcial de la vivienda de propiedad de los demandantes acaecieron el 3 de mayo de 2002 y la demanda se formuló el 28 de abril de 2004.

1.3. Legitimación en la causa por activa

Por la lesión del señor Fernando Cruz Bonilla concurrió al proceso el señor Saúl Cruz Carvajal.

Respecto del demandante Fernando Cruz Bonilla se tiene que él fue la víctima directa del daño, razón por la cual está acreditada su legitimación para comparecer a este proceso.

En relación con el actor Saúl Cruz Carvajal, obra copia del registro civil de nacimiento de su hijo Fernando Cruz Bonilla, víctima directa del daño(10).

Por otra parte, en la demanda, también se solicitó que se declarara responsable a la entidad demandada por los daños causados al inmueble de propiedad del señor Saúl Cruz Carvajal.

Al respecto conviene precisar que la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de unificación señaló que para demostrar la propiedad sobre los bienes inmuebles era necesario el aporte del certificado expedido por el registrador de Instrumentos Públicos, para efectos de la legitimación en la causa por activa, tratándose de un proceso que se adelanta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

“… En consecuencia, para la Sala, un nuevo análisis de las normas que regulan la forma como se adquieren y se transmiten los derechos reales —entre ellos el de la propiedad— en nuestro ordenamiento, conducen a la conclusión de que el certificado que expida el registrador de instrumentos públicos en el cual aparezca la situación jurídica de un determinado inmueble y en el cual se identifique como propietario –—por la correspondiente inscripción del título que dio lugar a ello— la persona que alegue esa condición en un juicio que se adelante ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para efectos de acreditar la legitimación en la causa por activa, constituye plena prueba de ese derecho ...”(11).

En ese orden de ideas, en el caso sub examine el señor Saúl Cruz Carvajal invocó la calidad de propietario del inmueble que resultó destruido con ocasión del ataque guerrillero perpetrado, el 3 de mayo de 2002, al municipio de Rovira; sin embargo, no se allegó el certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos, con el fin de acreditar esa condición, razón por la cual resulta claro que el demandante no probó su condición de propietario.

En ese sentido, la carencia de titularidad de la propiedad del bien, respecto del cual se predica el daño, contraviene, el principio de interés para pedir y el de la legitimación en la causa, según la cual, quien formula peticiones en el proceso debe tener interés legítimo, serio y actual en la declaración que se persigue, por cuanto existen peticiones que solo corresponde hacerlas a ciertas personas y frente o contra otras determinadas, y no por o contra las demás.

Sobre el particular, la doctrina Nacional ha sostenido(12):

“En los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos, esa condición o cualidad que constituye la legitimación en la causa, se refiere a la relación sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada. Se puede tener la legitimación en la causa, pero no el derecho sustancial pretendido.

“Creemos que se precisa mejor la naturaleza de esa condición o calidad o idoneidad; así en los procesos contenciosos, la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda”.

Así las cosas, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del señor Saúl Cruz Carvajal en relación con el inmueble que supuestamente resultó destruido en el ataque guerrillero, comoquiera que no obra en el proceso medio de prueba que permita establecer que él era el propietario de ese predio.

2. Conclusiones probatorias y análisis de responsabilidad. 

Pues bien, de conformidad con los elementos de juicio obrantes en el expediente se tiene demostrado lo siguiente:

— El 3 de mayo de 2002, en horas de la noche, un grupo de subversivos atacó la estación de policía del municipio de Rovira y las instalaciones de Bancafé(13).

— Como consecuencia de la incursión guerrillera se solicitó el apoyo aéreo, razón por la cual, al municipio de Rovira arribaron dos helicópteros, lo cual evitó que los guerrilleros sustrajeran en su totalidad el dinero que se encontraba en las bóvedas de seguridad de la entidad financiera atacada y la pérdida de vidas humanas.

— Dentro de la población civil que resultó herida por la toma guerrillera ocurrida el 3 de mayo de 2002, se encontraba el señor Fernando Cruz Bonilla, quien presentó una herida en su pierna izquierda por impacto de bala(14).

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el daño sufrido por los demandantes, en tanto el señor Fernando Cruz Bonilla presentó una lesión en su pierna izquierda con ocasión del ataque perpetrado el 3 de mayo de 2002, en contra de la estación de policía y las instalaciones de Bancafé en el municipio de Rovira.

Los demandantes configuran la imputación del daño en el hecho de que el helicóptero que prestó el apoyo aéreo disparó indiscriminadamente en contra de la población civil del municipio de Rovira, aspecto que se procederá a examinar.

Al respecto conviene precisar que aunque en el expediente obra un dictamen pericial elaborado por Cuerpo Técnico de Investigación, División Criminalística, Laboratorio de Referencia Nacional, Área de Balística Forense de la Fiscalía General de la Nación(15), a través de cual se determinó que unos proyectiles allegados con el libelo introductorio fueron disparados por una “máquina ametralladora. Este tipo de armas son usadas por los Ejércitos del mundo, debido a que se trata de armas de fuego generalmente antiaéreas, las cuales se disparan montadas en tierra o montadas en vehículos”, lo cierto es que con ese medio de prueba no es posible establecer si las balas analizadas efectivamente fueron disparadas por miembros del Ejército Nacional indiscriminadamente, pues ese experticio únicamente establece el tipo de arma al que pertenecen y que esa arma es usada por los Ejércitos del mundo sin que se precise que pertenecía al Ejército Nacional.

En ese sentido, no obran en el expediente los elementos de juicio necesarios para para demostrar que la lesión del señor Fernando Cruz Bonilla fue producto de la vulneración del principio de distinción por parte del helicóptero que prestó el apoyo aéreo, pues no es posible establecer con certeza que las balas que impactaron la humanidad del señor Cruz Bonilla y que causaron la lesión por las cual se demandó fueron disparadas por el Ejército o por la Policía Nacional, razón por la cual no se demostró la falla en el servicio aducida en el libelo introductorio.

Ahora bien, la Sala encuentra que aunque la parte actora imputó el daño al Ejército Nacional por la lesión del señor Fernando Cruz Bonilla por las ráfagas de balas que disparó el helicóptero de esa institución, situación que como ya se expuso no se demostró, lo cierto es que en virtud del principio de iura novit curia, la Sala también estudiará y analizará la presente acción bajo el título de imputación de daño especial.

Pues bien, la Sala, en sentencia de 19 de abril de 2012(16), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas –a manera de recetario- un específico título de imputación.

3. El caso concreto

En el presente asunto, se tiene debidamente establecido que los daños por los cuales se reclama se produjeron como consecuencia del ataque guerrillero en contra de la estación de policía y de las instalaciones de Bancafé ubicadas en el municipio de Rovira el 3 de mayo de 2002, hecho que se enmarca en el conflicto armado que ha venido soportando la Nación de tiempo atrás.

Ahora bien, no obra en el expediente prueba alguna que permita entender que la demandada hubiera tenido conocimiento de la inminencia de tal ataque y que, a pesar de ello, no hubiese adoptado las medidas necesarias para prevenirlo, así como tampoco se demostró la ocurrencia de alguna conducta reprochable en su actuar, pues no se acreditó la vulneración al principio de distinción tal y como se dejó expuesto en precedencia.

Ciertamente no se probó en el proceso la configuración de una conducta omisiva o descuidada y por ello reprochable en cabeza de la demandada, dada la especial naturaleza de ese tipo de ataques que son sorpresivos y pocas veces predecibles, debiéndose resaltar que en este caso nada distinto a esa mera circunstancia se demostró en el proceso.

Así las cosas, según pone de presente el material probatorio allegado al expediente, tiene que convenirse que el daño sufrido por la parte actora ocurrió en el marco y por causa del conflicto armado interno, razón por la cual, la Sala considera que la determinación de la responsabilidad en cabeza de la demandada procede a título de daño especial, título de imputación que traslada el estudio de la imputación al daño mismo pero desde la perspectiva de la víctima, para deducir si la no reparación del perjuicio causado llegaría a configurar un atentado directo contra los principios constitucionales de justicia, solidaridad y equidad. Así lo entendió la Sección Tercera cuando dijo(17):

“Como sea que los hechos que dieron lugar al daño por el cual hoy se reclama ocurrieron en el marco del conflicto armado interno(18) y resulta evidente que es al Estado a quien corresponde la búsqueda de soluciones que conlleven a la terminación de la guerra, de ahí que debe convenirse en que se aparta de los más elementales criterios de justicia y equidad que al producirse estos ataques subversivos, el Estado no acuda a socorrer a sus víctimas (...).

“… Ahora, en cuanto al título de imputación como herramienta de motivación que debe ser aplicado para dar respuesta al caso concreto, la Sala considera que, en aras de materializar el valor justicia(19), la responsabilidad del Estado en este caso se ha comprometido a título de daño especial, por entenderse que no hay conducta alguna que pueda reprochársele a entidad demandada, quien actuó dentro del marco de sus posibilidades, así como tampoco se puede reprochar la conducta de la actora, quien se presenta como habitante del pequeño poblado de Silvia, víctima indirecta de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias le causó un perjuicio en un bien inmueble de su propiedad, trayendo para ella un rompimiento de las cargas públicas que debe ser indemnizado (...).

“… En conclusión, la sección considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y representan y hacen visible y palpable, la legitimidad del Estado”.

De todo lo anterior, ha de seguirse que la responsabilidad del Estado en este caso se fundamenta en el deber de acompañamiento a las víctimas del conflicto, quienes se han visto sometidas al rompimiento de las cargas públicas que normalmente debían asumir, circunstancia de desequilibrio que se concretó en las lesiones que sufrió el señor Fernando Cruz Bonilla, razones -todas estas- que llevan a concluir que no son de recibo los planteamientos expuestos por la parte demandada a lo largo de sus intervenciones.

En ese mismo sentido, frente al hecho de un tercero, propuesto como eximente de responsabilidad, ha de decir la Sala, como consecuencia de todo lo anteriormente expresado, que no aparece configurada en este caso, por cuanto la declaratoria de responsabilidad que recae en la entidad demandada no parte de la determinación del causante del daño, -fuerzas estatales o miembros de los grupos alzados en armas-, sino del imperativo de protección a la víctima en aplicación de los principios de justicia y de equidad.

Finalmente, la Sala considera importante precisar que si bien en el libelo introductorio se señaló como parte demandada a la “Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional”, lo cierto es que el ataque guerrillero estuvo dirigido a la estación de policía del municipio de Rovira; sin embargo, resulta claro que en el presente asunto se determinó correctamente el centro de imputación en cabeza de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, puesto que dichos organismos y el Ministerio de Defensa Nacional representan a una misma y única persona jurídica: La Nación, por lo cual cuando la Nación interviene en un proceso judicial por un asunto relacionado con la defensa nacional lo debe hacer a través del Ministro de la Defensa o de sus delegados en cada una de las instituciones que integran la Fuerza Pública, quienes actúan en nombre de la Nación-Ministerio de Defensa y no de la fuerza a la que pertenezcan.

Así lo consideró recientemente esta Subsección, en un caso similar al que ahora ese debate(20):

“… No obstante que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional es parte del poder público de la misma persona jurídica Nación, es claro que cuando ésta resulta vinculada a un proceso como parte demandada, debe comparecer representada por el funcionario de mayor jerarquía de la Entidad que expidió el acto o produjo el hecho, que en este caso es el Ministro de Defensa, teniendo en cuenta que el hecho causante del daño antijurídico por el cual se reclama fue ocasionado por miembros de la Fuerza Pública, la que orgánicamente se ubica dentro de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional.

“La representación de la Nación en los procesos en los que es citada como parte está determinada por el factor orgánico y no por el material o por la naturaleza de la conducta demandada, de ahí que por mandato legal, la Nación deberá estar representada por el funcionario de mayor jerarquía de la entidad o del organismo del cual provino la actuación (...).

“Desde esta perspectiva se advierte que en el sub judice se cumplió a cabalidad con el presupuesto de la legitimación en la causa por pasiva, en cuanto los actores dirigieron la demanda contra la Nación, representada por el Ministerio de Defensa Nacional, el cual tiene vocación jurídica para obrar como parte demandada en este tipo de procesos.

“…

“En este punto, de cara al argumento expuesto en el recurso de apelación, ha de decirse que existe absoluta claridad en cuanto a que la Nación es una sola persona jurídica, capaz de comparecer a juicio y que, de conformidad con la ley, su representación debe ser ejercida por el funcionario de mayor jerarquía en el área de la cual provino la actuación que dio lugar a la formulación de una demanda. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la representación de la Nación radica en el ministro del ramo o en sus delegados, de tal manera que, en asuntos de defensa nacional, aquella radica en el Ministro de la Defensa, independientemente de la Fuerza Pública a la cual se le imputen los hechos de la demanda, pues, al carecer de personería jurídica, el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, mal puede asumirse que sean instituciones independientes o autónomas respecto de la Nación(21).

“Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones 06162 de 1993 y 10729 de 1997(22), el Ministerio de Defensa, en ejercicio de las facultades de delegación previstas en el artículo 21 del entonces vigente Decreto Ley 1050 de 1968(23) y del artículo 29 del Decreto 2304 que modificó el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, delegó la facultad para notificarse de las demandas formuladas en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Pública en los Comandantes del Ejército y de la Policía Nacional, así, cuando la Nación interviene en un proceso judicial por un asunto relacionado con la defensa nacional lo debe hacer a través del Ministro de la Defensa o sus delegados en cada una de las instituciones que integran la fuerza pública, quienes actúan en nombre de la Nación-Ministerio de Defensa y no de la fuerza a la que pertenezcan …”. (Negrillas y subrayas de la Sala).

De conformidad con lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia y se declarará patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional por los daños ocasionados a la parte actora como consecuencia del ataque guerrillero perpetrado el 3 de mayo de 2002.

4. Indemnización de perjuicios

4.1. Perjuicios morales

En cuanto a los daños causados por las lesiones que sufre una persona, la Sala destaca que de conformidad con el perjuicio ocasionado han de indemnizarse de manera integral, incluidos los de orden moral, pero su tasación depende, en gran medida, de su gravedad y su entidad.

En algunas ocasiones las respectivas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de lesiones personales, la debe definir el juez en cada caso, en forma proporcional al daño sufrido y según se refleje en el expediente(24).

Pues bien, en el proceso se acreditó que el señor Fernando Cruz Bonilla sufrió una lesión en su pierna izquierda, como consecuencia de la herida causada con un arma de fuego, en el ataque guerrillero perpetrado el 3 de mayo de 2002 en el municipio de Rovira y que esa lesión le ocasionó una pérdida de su capacidad laboral del 37.5%(25), razón por la cual se encuentra probado el perjuicio moral padecido por la víctima del daño y, por tanto, se reconocerá el equivalente a 60 S.M.L.M.V., para cada uno de los señores Fernando Cruz Bonilla y Saúl Cruz Bonilla (padre).

4.2. Perjuicios materiales

4.2.1. Lucro cesante

Para demostrar el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante ocasionado, la parte actora allegó al proceso copia simple del comprobante de nómina de marzo de 2004 del señor Fernando Cruz Bonilla, en el que consta que el para la fecha de ese documento se desempeñaba como docente de educación básica primaria en el Instituto de Educación Francisco de Miranda en el municipio de Rovira y devengaba la suma de $1’108.997(26).

Igualmente en el dictamen pericial elaborado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima en el acápite correspondiente a 4. Antecedentes laborales del calificado, se determinó que la actividad económica del señor Fernando Cruz Bonilla era la de empleado en el área de educación; el cargo que desempeñaba era el de docente seccional y que fue nombrado en 1996.

De conformidad con los anteriores elementos de juicio, se puede establecer que efectivamente el señor Cruz Bonilla para el momento de su lesión se desempeñaba laboralmente como docente, razón por la cual resulta procedente el reconocimiento del perjuicio solicitado en la demanda.

Ahora bien, aunque al proceso se aportó copia del comprobante de nómina del señor Cruz Bonilla en el cual se estableció que para marzo de 2004, él devengaba la suma de $1’108.997, lo cierto es que ese salario no se acogerá como ingreso base de liquidación, toda vez que el daño por el cual se demandó ocurrió en el año 2002 y el comprobante de nómina es del año 2004.

Sin embargo, al revisar el Decreto 3621 del 16 de diciembre de 2003(27), se determinó que para ese año un docente ubicado en el grado 11 del escalafón percibía la suma de $1’108.997, lo cual corresponde a lo certificado en el comprobante de nómina obrante en el expedite. En ese sentido y de conformidad con el Decreto 688 del 10 de abril de 2002, un docente con grado 11 del escalafón devengaba mensualmente la suma de $1’047.409, razón por la cual se tomara ese salario como ingreso base de liquidación, una vez actualizado.

  1. Indemnización debida o consolidada:
 

Actualización de la base:

FOR2004-00952
 

Se liquidará el lucro cesante con aplicación de la suma de $1’984.857, previo incremento del 25% ($496.214), por concepto del factor prestacional, lo que determina un ingreso base de liquidación de: $ 2’481.071; la incapacidad que se le dictaminó al actor fue de 37.5%, razón por la cual el salario base de liquidación es de $930.401 (Ra).

En donde,

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Entonces:

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  1. Indemnización futura:
 

Para la fecha de ocurrencia de los hechos, el demandante tenía 48 años de edad y, por ende, una probabilidad de vida adicional de 33.4 años(29), equivalentes a 400.8 meses, de los cuales se descontará el período consolidado (156.91 meses), lo cual arroja un total de 243.89 meses.

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

FOR2004-00952-4jpg
 

En donde,

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Reemplazando, se tiene que:

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Finalmente, la Sala considera importante aclarar que la indemnización que aquí se reconoce tiene su origen en la responsabilidad extracontractual del Estado, es decir, que la fuente del resarcimiento es diferente a los pagos realizados por otras causas (derechos laborales o seguros de daños), así tengan como fundamento los mismos hechos.

Así lo ha considerado la Sección Tercera de esta corporación:

“Finalmente, tampoco comparte la Sala el argumento de la demandada en cuanto al enriquecimiento sin causa que generaría una condena en este proceso ya que la Policía Nacional ‘...estaría pagando dos veces la misma causa, se repite, pues aquél ya recibió los salarios por el tiempo de lucro cesante consolidado que determinó el despacho y aún sigue recibiendo sus salarios y puede solicitar si lo desea su pensión por invalidez...’, pues tal y como lo ha sostenido la Corporación, las fuentes y causas de la indemnización laboral y la derivada de un proceso de responsabilidad extracontractual del Estado, son bien diferentes y, por tanto, no hay lugar ni a exclusión ni a descuento, aunque ciertamente, como se verá, en el presente caso no hay lugar a reconocimiento alguno por concepto de lucro cesante, puesto que el mismo no se produjo”(30).

4.2.2. Daño emergente

En la demanda se solicitó que se reconociera indemnización por los daños infringidos a la vivienda de propiedad del señor Saúl Cruz Carvajal y por las sumas erogadas por el señor Fernando Cruz Bonilla en los diversos viajes realizados, en razón del tratamiento por la lesión sufrida.

En relación con los daños ocasionados a la vivienda de propiedad del señor Cruz Carvajal, en el presente asunto no se demostró que él era el propietario de ese inmueble, pues no se allegó la prueba idónea para acreditar esa calidad, tal y como quedó expuesto en el acápite correspondiente a la legitimación en la causa.

En cuanto a los gastos irrogados por el señor Cruz Bonilla, como consecuencia de los diversos viajes que debió realizar por la lesión en su pierna izquierda, no se allegó al plenario prueba alguna con la cual se acredite cuáles fueron esos gastos y tampoco que hubiesen sido asumidos por él.

Por consiguiente la Sala no reconocerá indemnización alguna por concepto de daño emergente.

4.2.3. Daño o perjuicio fisiológico

Se solicitó en la demanda por concepto de “perjuicios fisiológico” una suma equivalente a 100 S.M.L.M.V para el señor Fernando Cruz Bonilla.

En relación con este perjuicio, resulta pertinente referirse a las consideraciones de la Sala Plena de la Sección Tercera, en punto al contenido del perjuicio solicitado y su identificación con el daño a la salud como una tipología de perjuicio autónomo. Expuso la Sección(31):

“En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia -antes denominado daño a la vida de relación– precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

“(…).

“En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

“En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(32). Por tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente –como quiera que empíricamente es imposible– una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo”. (Negrillas de la Sala)

Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en la sentencias de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 28 de septiembre de 2011, expedientes 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo, en casos de extrema gravedad, excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado, todo ello con aplicación del prudente juicio del juez, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida.

En este orden de ideas, habida consideración del contenido del dictamen elaborado por la Junta Regional de Invalidez del Tolima del 8 de octubre de 2005, en el que se determinó que el señor Fernando Cruz Bonilla presentó una disminución de su capacidad laboral del 37.5%, se reconocerá el equivalente a 60 SMLMV, teniendo en cuenta las lesiones sufridas y su repercusión en sus actividades diarias, dada la disminución de su sentido auditivo y sus dificultades para caminar.

Finalmente, la Sala no puede pasar por alto el hecho de que en la demanda se solicitó indemnización por el perjuicio sicológico ocasionado al señor Cruz Bonilla; sin embargo, no se reconocerá indemnización alguna por este perjuicio, pues, de conformidad con la sentencia de unificación que se citó, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la esfera interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos. En ese sentido, se concluye que el perjuicio sicológico se subsume en el concepto de daño a la salud, por lo que no es procedente reconocer indemnización diferente por este concepto, máxime si se tiene que se le reconocerá a la víctima del daño una indemnización por el daño a la salud.

5. Condena en costas

Dado que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que el Tribunal Administrativo del Tolima, el 9 de marzo de 2009 y, como consecuencia, se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa, por las lesiones del señor Fernando Cruz Bonilla, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa, a pagar a los señores Fernando Cruz Bonilla y Saúl Cruz Carvajal, a título de perjuicios morales, el equivalente a 60 S.M.L.M.V para cada uno de ellos.

3. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa, a pagar al señor Fernando Cruz Bonilla, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la sumas de $351.013.420.

4. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa, a pagar al señor Fernando Cruz Bonilla, a título de daño a la salud, el equivalente a 60 S.M.L.M.V.

5. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor Saúl Cruz Carvajal, en relación con el inmueble ubicado en carrera 3 No. 3 – 28 en el municipio de Rovira.

6.- DENEGAR las súplicas de la demanda respecto del inmueble ubicado en la carrera 3 No. 3 – 28 del municipio de Rovira.

7. Sin condena en costas.

8. CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. EXPEDIR al apoderado de la parte actora que ha venido actuando las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Fls 31 a 39 c 1.

2 Fls. 41 y 45 c 1.

3 Fls. 52 a 60 c 1.

4 Fls. 84 c 1.

5 Fls. 85 a 90 y 97 a 103 c 1.

6 Fls. 117 a 134 c ppal.

7 Fls. 145 a 149 c 1.

8 Fls. 155 a 169 c 1.

9 La cuantía del proceso supera la exigida para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Ley 954 de 2005 - 500 S.M.L.M.V., por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se solicitó de manera subsidiaria el equivalente a 500 S.M.L.M.V. para el señor Fernando Cruz Bonilla.

10 Fl. 1 c. 7.

11 Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia de unificación del 13 de mayo de 2014, exp. 23.128. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

12 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL – TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Tomo I. Decimotercera edición. Biblioteca jurídica Diké. Bogotá. 1994. Pág.269 y 270.

13 Oficio Nro 263 / TDROV del 5 de mayo suscrito por el comandante del Distrito Dos de Policía de Rovira. (Fls. 1 y 2 c 3).

14 Certificación expedida el por la personera municipal de Rovira, el 8 de noviembre de 2002 y la historia clínica del señor Fernando Cruz Bonilla. (Fls. 6 y 7 a 20 c 1).

15 Fls. 2 a 4 c 2.

16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 19 de abril de 2012. Exp 21515. M.P. Hernán Andrade Rincón.

17 Ídem.

18 Original de la cita: En lo que concierne a la definición de Conflicto Armado Interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” – Informe No. 55/97, Caso No. 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera.
“En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan. …. Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.

19 Original de la cita: “De lo anterior se desprende, entonces, que el título jurídico más correcto para determinar la responsabilidad de reparar un daño será aquel que pase el análisis como el más justo. Pero ¿Qué es lo justo? Es bien sabido que el tema es particularmente álgido en nuestros días y admite muchos enfoques de escuelas del pensamiento jurídico. No obstante si partimos de la aceptación de que la justicia es dar a cada uno lo suyo según la celebérrima sentencia de Ulpiano podemos explorar una respuesta. En efecto, esta definición, permite comprender lo que es la injusticia, que contrario a reconocer el Derecho, implica desconocerlo, lesionarlo, negarlo”.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A. Sentencia del 28 de enero de 2016, exp. 30.197 M.P. Hernán Andrade Rincón.

21 Cita del original: “En este sentido se pronunció la Sección en Sentencia de 28 de enero de 2009, Radicación número: 19001-23-31-000-1999-00107-01(23678), Consejero ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez”.

22 Cita del original: “Resoluciones vigentes antes y después de la fecha de notificación de la demanda, respectivamente”.

23 Cita del original: “Decreto derogado expresamente por el artículo 121 de la Ley 489 de 1998”.

24 Al respecto puede consultarse la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014 M.P. Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz, en la cual se establecieron seis rangos para el manejo de la liquidación de este perjuicio, posición que es bueno mencionarlo no se desconoce en este fallo y, por el contrario, se reafirma.

25 Dictamen pericial elaborado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima. (Fls. 15 a 19 c 2).

26 Fls. 30 c 1.

27 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial.

28 Desde la fecha la fecha en que ocurrió la toma guerrillera (mayo de 2002) hasta la fecha de la presente sentencia (junio de 2016).

29 Resolución 1555 del 30 de julio de 2010, proferida por la Superintendencia Financiera.

30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de agosto de 2004, exp. 15.791 M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra, reiterada por el Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del de 7 julio de 2011, exp 20.835 M.P Dr. Enrique Gil Botero

31 Consejo de Estado Sección Tercera Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 31.170, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

32 Cita del original: “Este estado de cosas no solo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser ‘límites razonables’, determinados sí, en términos jurídicos”. CORTÉS, Edgar Ob. Cit. Pág. 57.