Sentencia 2004-00952 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 2004-00952 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 25000-23-24-000-2004-00952-01

Número Interno 17614

Consejera Ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Banco Popular S.A.

Demandado: Superintendencia Bancaria

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El asunto de fondo planteado en la apelación y sobre el cual versa el debate de la segunda instancia se refiere a la viabilidad de excluir, del cálculo de la reserva actuarial de pensiones y bonos pensionales de la entidad demandante, a un grupo de personas de la base de su determinación por cuanto pertenecen al régimen de transición contemplado en el artículo 36 de de la Ley 100 de 1993.

La apelante deriva, del rechazo de la administración de la mencionada exclusión, que se ha desconocido el régimen pensional aplicable, que se han vulnerado varios principios contables generalmente aceptados y que se ha dado un tratamiento desigual al banco.

Considera la Sala:

1. La exclusión del grupo de personas que se encuentran en régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el régimen pensional aplicable.

Para efectos de determinar la procedencia de dicha exclusión, debe establecerse si la pensión de las personas excluidas es de cargo del banco empleador o del Instituto de Seguros Sociales, para lo cual debe analizarse si el régimen de transición a que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implica que el anterior patrono institucional no debe en ningún caso reconocer ni pagar total o parcialmente las pensiones de jubilación del personal que se halle dentro de dicho régimen y por tanto no haya adquirido aún el derecho a la pensión.

Si debe hacerlo, debe verificarse en qué circunstancias y, si ellas se aplican a las personas excluidas de la base del cálculo actuarial de la reserva.

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el denominado “régimen de transición” del sistema anterior al sistema integral de seguridad social establecido en dicha ley, señala:

“ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.

PAR.—Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio”.

Las condiciones para pertenecer a este régimen de transición, contenidas básicamente en el inciso segundo, son:

(i) Edad: 35 años o más para mujeres y 40 años o más para hombres; y (ii) Tiempo de servicio: 15 años o más.

Para acceder al régimen transicional, uno de los dos requerimientos debe haberse cumplido a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, ocurrida el 1º de abril de 1994 de conformidad con el artículo 151 de la Ley 100 de 1993(10).

El pertenecer al régimen de transición implica que la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión serán las establecidas en el régimen anterior al que se encontraban afiliados los empleados.

Como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en un caso en el que el demandado es precisamente el Banco Popular, en la cual se definió con claridad el régimen aplicable a los trabajadores oficiales de la entidad financiera(11):

“De nuevo la Corte se refiere a la controversia que plantea el Banco Popular para la que se presentará idéntico pronunciamiento al que ha venido realizando en múltiples sentencias como en la de radicación 28.548 del 1º de agosto de 2006 en la que se expresó:

“La Corte en sentencias reiteradas, en las cuales coincide como parte demandada la entidad bancaria, entre otras, las de 23 de mayo de 2002 (rad. 17.388), 11 de diciembre de 2002 (rad. 18.963) y 18 de febrero de 2003 (rad. 19440), ha considerado que si un trabajador oficial para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, se encuentra cobijado por el régimen de transición que regula el artículo 36 de dicha normatividad se le continúan aplicando los requisitos establecidos en el régimen anterior aunque en virtud de un hecho posterior se produzca la privatización de la entidad empleadora. Su condición jurídica no puede mutar por tal hecho posterior y por eso, una vez acredite los requisitos exigidos por la legislación aplicable a su especial situación para acceder a la pensión de jubilación, el trabajador tendrá derecho a su reconocimiento.

“Por eso, esta corporación en los pronunciamientos señalados anteriormente ha expresado lo siguiente:

“... Empero, ocurre que este caso presenta unas circunstancias diferentes a las del proceso en que se profirió el fallo que se rememora y al que acude el censor para la demostración de los cargos, como lo son que para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, la aquí demandada era una entidad oficial sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado y, por consiguiente, para esa fecha, el actor tenía la condición de trabajador oficial. Y esta situación implicaba, como lo analizó el tribunal, que por darse los presupuestos exigidos por el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, éste quedó cobijado con el régimen de transición pensional que regula tal precepto, y que en lo pertinente dispone:

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento al (sic) entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

“Y ese régimen anterior, para el aquí demandante, no es otro que el regulado por la Ley 33 de 1985, o sea, como lo concluyó el juzgador, que éste tiene derecho a la pensión de jubilación desde el momento que cumplió 55 años de edad y 20 de servicios, la que debe ser cubierta por la entidad empleadora y demandada, ya que, en primer lugar, la Ley 100 de 1993 le otorgó ese derecho y, en segundo término, la afiliación a los Seguros Sociales en tratándose de trabajadores oficiales antes de la vigencia de la aludida ley, no tenía la virtualidad de subrogar totalmente al empleador en ese riesgo. Al respecto la Corte desde la sentencia del 10 de agosto de 2000, radicación 14163, sostiene:

“(...) en vigencia de la normatividad precedente a la Ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de éstos (ver por ej. D. 3135/85) que el sistema del seguro reemplazará absolutamente su régimen jubilatorio, como sí aconteció para los particulares en el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la seguridad social. Por consiguiente, bajo los parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el tribunal, esto es, a cargo de la entidad obligada, pero con la posibilidad para ésta de ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez...” (rad. 20114)” (resaltado fuera del texto).

De modo que la continuidad en la aplicación de los requisitos señalados en las normas anteriores, determina que deba aplicarse a los trabajadores oficiales que se hallen en la particular situación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, los requerimientos, más favorables, de la Ley 33 de 1985 y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

En este sentido sostuvo la Corte(12):

“Partiendo de la base de que la entidad demandada “dejó de ser una entidad pública, que el demandante cumplió los requisitos establecidos por la Ley 33 de 1985 una vez privatizado y que la Ley 226 de 1995 terminó con las obligaciones, entre ellas las pensionales, que como entidad pública debía cumplir”, el recurrente cuestiona que el tribunal hubiese desatado la controversia “con disposiciones del sector público”, en lugar de aplicar las normas contenidas en los reglamentos del ISS, cuya infracción directa invoca en los cargos.

A este respecto, y sin necesidad de mayores consideraciones, se remite la Sala a lo que sobre este mismo punto definiera en sentencia del 10 de noviembre de 1998 (rad. 10876) —referida acertadamente por el tribunal— en los siguientes términos:

“(...).

“Y es que asumiendo como hechos, en los que no discrepan las partes, que el demandante laboró para el banco demandado desde el 3 de diciembre de 1962 al 25 de marzo de 1986, es decir durante más de 20 años, necesariamente el sentenciador de segundo grado, ha debido dilucidar, en primer lugar, qué disposiciones disciplinaban para la data de su desvinculación el punto relacionado con la pensión de jubilación reclamada, para lo cual resultaba forzoso razonar en dirección a que como la naturaleza jurídica de la entidad bancaria demandada era, para la fecha en que aquel dejó de prestar sus servicios, una empresa de economía mixta sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado por disposición expresa del artículo 38 del Decreto-Ley 80 de 1976, éste ostentaba la condición de trabajador oficial al hacer dejación de su cargo, en atención a la regla general prevista en el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, aspecto que inclusive acepta la contradictoria al descorrer el traslado de la demanda con que se inició este proceso...

“lo anterior es lo que a la postre aduce el recurrente cuando al finalizar el desarrollo del primer cargo dice: “en conclusión, si al entrar en vigencia la Ley 33 de 1985, el actor tenía 23 años de servicio al banco demandado, se debe pensionar conforme a las disposiciones de edad que regían con anterioridad, o sea, los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y el 68 del Decreto 1848 de 1969”...

“en este orden de ideas, y deducida la calidad de trabajador oficial del demandante en la fecha en que terminó el contrato, se imponía, en aplicación del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, concluir que su jubilación era a los 55 años por encontrarse dentro del supuesto de que trata la norma referenciada, esto es, por haber servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio” (...).

“Quiere decir lo anterior que como el tribunal aplicó el sub examine las normas que gobiernan la pensión de jubilación del sector privado, pese a que el régimen legal a tener en cuenta era el de los servidores oficiales, tal y como se vio con precedencia, se produjo la violación de las normas sustanciales que pregona la censura por aplicación indebida de las primeras, e infracción directa de las segundas.

“De modo, pues, que si el demandante durante su prestación de servicios tuvo la condición de trabajador oficial, no es posible desconocerle ese carácter so pretexto que para la fecha en que cumplió 55 años, enero 6 de 1993, el banco demandado estaba sometido al derecho privado y, que por ende, es un trabajador particular, lo que es inadmisible ya que sería más que ilógico que si en el lapso que estuvo vinculado nunca tuvo tal condición, la adquiera casi 7 años después de que dejó de laborar” (resaltado fuera del texto).

De otra parte, no se establece en la norma citada anteriormente, expresamente, si el reconocimiento y pago de la pensión de estas personas debe hacerlo la entidad administradora del nuevo régimen de prima media con prestación definida, el ISS, o si conserva dicha obligación la entidad empleadora, bajo la cual, se cumplieron los requisitos para pertenecer al régimen de transición. No obstante, encuentra la Sala, que dicha obligación no puede ser trasladada al Seguro Social, entidad que sólo puede reconocer y pagar pensiones de acuerdo con sus propias regulaciones, dentro de las cuales no están las mencionadas del sector público.

Esta conclusión ha sido confirmada en reiterados pronunciamientos en el seno de la Corte Suprema de Justicia con ocasión de la resolución de los recursos extraordinarios de casación, en diversos procesos en que se ha demandado el pago de la pensión de jubilación entre otras entidades, al Banco Popular, cuando los requisitos para acceder a la pensión son más benéficos que los establecidos para la pensión de vejez en la Ley 100 de 1993. Al respecto ha dicho la Corte(13):

“II. Derecho a pensión plena de jubilación de trabajadores oficiales.

(…).

De modo que, como se advirtió al principio de las consideraciones de la Corte, en casos como el que ocupa ahora la atención de la corporación, de un trabajador oficial, afiliado y cotizante del Instituto de Seguros Sociales, pero no aportante para efectos de la prestación en comento de ninguna “caja de previsión social”, retirado del servicio oficial en 1991, es el artículo primero de la Ley 33 de 1985 la disposición legal sustancial que regula el derecho pretendido.

III. Entidad obligada al pago de la pensión de jubilación.

Desde 1948, en desarrollo de la previsión contenida en el artículo 21 de la Ley 72 de 1947, asignó a la Caja Nacional de Previsión Social las obligaciones de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de empleados del Estado del orden nacional, “a la cual estén afiliados, en el momento de retirarse del servicio oficial, si es el caso”. Pero igualmente previó que el empleado no estuviere adscrito a una caja o institución de previsión social, evento en el cual correspondería la cancelación de tales obligaciones a la entidad oficial que fungía como patrono.

Dando un gran salto histórico, similar regulación se halla en el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969, al ordenar que para los trabajadores afiliados a una caja o entidad de previsión se pagará por la respectiva entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al momento de cumplir “el tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad requerida para tal fin o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo de retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión”. Previó así mismo el numeral segundo ibídem que si no estuviere afiliado a ninguna entidad “de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa empleadora”.

Aunque, como se observó antes, las diversas disposiciones comentadas, y especialmente la Ley 33 de 1985, trataron de sentar el principio básico de encauzar el pago de este beneficio a través de entidades especializadas en ese servicio público, todas ellas previeron la posibilidad que ese derrotero no se cumpliera por algunas de las entidades públicas, evento en el cual debían ellas asumir directamente la obligación jubilatoria.

Para los efectos de la ley en comento y de casos como el ahora examinado por la Sala, saber si el ISS puede o no reputarse “caja o entidad de previsión” debe necesariamente acudirse a las voces del artículo 13 de la Ley 33 de 1985 que precisa qué se entiende por entidades de esa clase, para los efectos de su aplicación, así:

“Para efectos de esta ley, se entiende por cajas de previsión las entidades del orden nacional... que, por ley, reglamento o estatutos tengan, entre otras, la función de pagar pensiones a empleados oficiales de cualesquiera de dichos órdenes”.

Importa rememorar que en la evolución y la doctrina de la seguridad social colombiana, y aun iberoamericana, las “cajas o entidades de previsión” constituyen un estadio anterior al sistema de seguros sociales; tuvieren origen y desarrollo en el sector público para cubrir ciertas prestaciones, principalmente pensiones de empleados oficiales; en principio no siguieron las reglas del sistema contributivo, dado que al menos hasta la Ley 33 de 1985, la fuente del derecho a la jubilación en ese entorno conceptual, no eran los aportes de los trabajadores (que en estricto sentido generalmente no existían para jubilación) sino el tiempo de servicios. De ahí porqué la locución contenida en la normativa comentada alusiva a ese tipo de entidades de previsión social, a diferencia de lo que para sus propios efectos dispuso ulteriormente la Ley 71 de 1988, no es comprensiva, para los fines de la Ley 33, del Instituto de los Seguros Sociales, que actúa bajo postulados filosóficos y jurídicos distintos, que por suficientemente conocidos sobra reiterar.

Ya se anotó que el conjunto normativo aplicable al ISS, permite colegir que dicho instituto, creado por la Ley 90 de 1946, está facultado para afiliar empleados oficiales (D. 433/71, D. 1650/77, Ac. 44/89 y Ac. 49/90), en los casos específicos mencionados con antelación. Mas, para los efectos del artículo 1º de la ley últimamente invocada, si bien un trabajador oficial de una empresa, como la aquí demandada, pudo haber estado inscrito en el seguro social, no debe entenderse afiliado a una caja de “previsión social”, con la connotación específica que esta expresión tiene en la seguridad social y en la Ley 33 de 1985.

Adicionalmente, mal podría el Instituto de Seguros Sociales, como lo entendió equivocadamente el tribunal, pagar pensiones a trabajadores oficiales a una edad distinta a la contemplada en sus propios reglamentos (D. 1650/77, art. 8º). Sólo a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, es ello posible respecto de quienes estén amparados por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la misma.

En consecuencia, es equivocada la hermenéutica y conclusión del ad quem, pues en casos de trabajadores oficiales amparados por la Ley 33 de 1985, afiliados al ISS, pero no a una caja o entidad de previsión social, la pensión legal de jubilación contemplada en el artículo 1º de esta ley, debe ser reconocida y pagada en principio por la última entidad empleadora, como lo dispone el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969; pero como tanto el trabajador como el Estado efectuaron los aportes respectivos al ISS, para el seguro de invalidez, vejez y muerte, una vez reunidos los requisitos de edad y cotizaciones estatuidos en los reglamentos del instituto, debe este organismo otorgar la correspondiente pensión de vejez, y desde ese momento en adelante estará a cargo del empleador oficial sólo el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión de jubilación primigenia, con sus reajustes, y el monto de la prestación pagada por el seguro social” (resaltado fuera del texto).

Es decir, sostuvo la Corte Suprema, en posición que comparte la Sala, que, si el empleado no estaba afiliado a ninguna entidad de previsión social, al momento de desvincularse del servicio oficial, es la entidad a la cual estuvo vinculado al momento de cumplir el tiempo de servicio, aunque no la edad, la que debe pagar la pensión respectiva cuando cumpla este último requisito también. Para lo cual, no obsta, como se señaló anteriormente, el cambio de naturaleza jurídica de la entidad empleadora, en este caso, el Banco Popular. Las condiciones y monto de la pensión que debe reconocer el empleador, en este caso, según se advirtió, son aquellos consagrados en el régimen anterior a que se hallaban afiliados los trabajadores oficiales, los del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, a saber:

“ART. 1º—El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

Es decir, se reconoce y paga por el empleador, aquella pensión cuyos elementos de edad, tiempo de servicio y monto de pensión, al decir del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, regían al momento de entrar en vigencia el régimen pensional consagrado en dicha ley, para esto trabajadores oficiales, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Esta conclusión, cubre el caso de los empleados del Banco Popular que se retiraron del servicio sin haber cumplido los requisitos para acceder a la pensión pero que se hallaban en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y no estaban afiliados a una entidad de previsión social (el Seguro Social no lo es(14)), con la entrada en vigencia de la mencionada ley.

Estas características aplicables al régimen de transición referido son sintetizadas en la siguiente providencia de dicha corporación(15):

“Como lo admite la censura, es pertinente anotar que no existe discusión en cuanto a que el actor empezó a laborar el 11 de septiembre de 1970 y, se desvinculó el 26 de julio de 1992; que cumplió 55 años de edad el 30 de agosto de 2003; y que la privatización del banco se llevó a cabo, a partir del 21 de noviembre de 1996.

En ese orden, tal como lo advirtió el tribunal, el demandante era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez, que tenía más de 15 años de servicios al entrar en vigencia la precitada ley, inclusive contaba más de 40 años de edad para dicha fecha (abr. 1º/94), por lo que a todas luces resulta procedente que la pensión de jubilación esté determinada por los parámetros del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, como en efecto lo dispuso la sentencia impugnada.

En cuanto al régimen pensional aplicable al trabajador que cumplió el tiempo de servicio cuando el banco aún era oficial, esto es, antes de su privatización ocurrida a partir del 21 de noviembre de 1996, esta Sala de la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en procesos similares, inclusive contra la misma entidad bancaria. Entre otras, en sentencia de 20 de agosto de 2008, radicación 32986, en la que se indicó que el derecho a la pensión de jubilación se le garantiza al trabajador oficial, aún cuando cumpla la edad con posterioridad a la fecha en que se produjo la privatización, pues, por virtud del régimen de transición, se le aplican las normas del sector oficial, vale decir la Ley 33 de 1985, y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

Igualmente se explicó que la ley de privatización del banco no tenía la característica jurídica de mutar la calidad de trabajador oficial de un empleado desvinculado bajo el régimen oficial, ya que a su contrato de trabajo debía aplicarse la disposición que rigió durante su desarrollo.

Por otro lado, resulta pertinente señalar que esta Sala de la Corte, en pronunciamiento del 10 de agosto de 2000, radicación 14163, reiterada, entre otras, en sentencia del 23 de marzo de 2007, radicación 28962, sostuvo que el régimen de jubilación oficial de los trabajadores afiliados al ISS, subsistió, de tal forma, que la entidad obligada al pago de aquel derecho es la última empleadora, con la posibilidad de ser subrogada parcial o totalmente por el ISS o por la entidad a la que se encuentre afiliado, cuando asuma la pensión de vejez, tal como efectivamente se dispuso en la sentencia acusada” (resaltado fuera del texto)(16).

Esta providencia relieva también, en el último aparte resaltado, el fenómeno de la “compartibilidad”, aplicable a casos como este, consistente en que, el último empleador asume la pensión cuando el exempleado reúne los requisitos de ley para ello, según el régimen anterior, y cesa de pagar, cuando el ISS o la entidad de seguridad social encargada, asuma la pensión, no ya de jubilación sino de vejez, pero sólo en la parte que esta última entidad asume, debiendo seguir a cargo de la diferencia, si la hay, cuando fuere superior.

En conclusión, con base en las consideraciones que anteceden y de la transcripción de las anteriores sentencias, las cuales fijan una reiterada posición de la Corte Suprema, en cuyos argumentos fundamentales coincide la Sala, aun cuando no para efectos de decidir en los casos particulares de los extrabajadores involucrados en la exclusión del cálculo actuarial, sino para determinar la necesidad de incluirlos en dicho cálculo, que es de lo que se trata la presente acción, la Sala precisa lo siguiente:

1. El régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, implica que las personas que se hallan cobijadas por él, al momento de entrar en vigencia el nuevo régimen pensional, adquieren el derecho a pensionarse, cuando cumplan los respectivos requisitos, de acuerdo con el régimen pensional anterior, en lo que tiene que ver con edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto de la pensión.

2. Para el caso de trabajadores o extrabajadores oficiales, ese régimen es el contemplado en la Ley 33 de 1985 y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, el cual en general contempla condiciones más favorables al trabajador.

3. Debido a que no es viable desconocer el derecho adquirido a la pensión de jubilación con base en normas legales aplicables, a quien ya lo ha adquirido, debe reconocerse y pagarse, por la entidad que estaba a cargo de dicha pensión, el antiguo empleador, según la normativa que establecía los requisitos y demás condiciones de su reconocimiento y pago.

4. En este caso, cuando ya se han cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, a cargo del empleador, pero no los de la de vejez, a cargo del ISS, no puede esta entidad reconocer y pagar la pensión, así el beneficiario esté afiliado a esta entidad de seguridad social, y ya haya adquirido el derecho, pues el Seguro Social solo administra las pensiones de acuerdo con el régimen de prima media con prestación definida y no puede reconocer y pagar pensiones con base en normas que no le son aplicables.

5. La afiliación al Seguro Social(17), sólo determina que, cuando se cumplan los requisitos para la pensión de vejez administrada por esta entidad y en los términos de las normas que le son aplicables, debe esta entidad reconocer y empezar a pagar dicha prestación.

6. El antiguo empleador reconoce y paga la pensión hasta cuando el seguro social adquiera la obligación, de acuerdo con las normas aplicables, y aun así, solo por el monto que no supere el valor ya reconocido anteriormente pues la diferencia sigue a su cargo. Este fenómeno, como se comentó anteriormente, ha sido denominado por la jurisprudencia de la Corte Suprema como “compartibilidad”.

7. El cambio de naturaleza jurídica del anterior empleador no afecta en absoluto, los derechos de los trabajadores a adquirir su pensión, en tales condiciones y a cargo de esta entidad.

De acuerdo con lo anterior, observa la Sala que en el caso presente, el Banco Popular excluyó de la base del cálculo actuarial, a las personas a que hace referencia el presente proceso, precisamente por considerar que, al pertenecer al régimen transicional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el obligado sería el ISS y no el banco.

Dado que esta conclusión es errónea, en vista de las consideraciones que preceden, y es el banco el que muy probablemente ha de pagar las respectivas pensiones, en los términos indicados, estaba obligado a incluir, dentro de la base del cálculo actuarial de la reserva para el pago futuro del pasivo pensional, a estas personas, por lo que erró al disminuir dicho valor en el cálculo presentado con fecha de corte a 31 de diciembre de 2001 y, por tanto, estuvo acorde con la ley, la glosa presentada por la superintendencia.

Por las anteriores consideraciones no prospera el cargo.

2. Violación de las normas contables.

Tampoco encuentra la Sala que se hayan violado las normas contables, contenidas en el Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad y se expiden los principios contables generalmente aceptados en Colombia, las cuales exigen que la contabilidad sea clara, completa, oportuna y fidedigna, así como los principios de pertinencia y confiabilidad. Por el contrario, estos principios exigen que se incluya en el cálculo de la reserva actuarial, las contingencias relacionadas con las pensiones de las mencionadas personas.

Sobre el particular y sobre los efectos del cambio de naturaleza del banco en la medición de dicho riesgo, ha manifestado la Sala, en reiteración jurisprudencial, en un proceso en que precisamente era parte el Banco Popular(18):

“Ahora bien, en relación con el cambio de naturaleza del banco, la Superintendencia Bancaria en el acto administrativo (Ofi. 97044508-20, mayo 27/98) que resolvió los recursos interpuestos contra el acto que negó la aprobación del cálculo actuarial presentado por el año 1997 y al cual se remitió en los actos que decidieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la aprobación parcial del cálculo actuarial que ahora se debate, esgrimió el siguiente argumento administrativo:

“En primera instancia, es necesario precisar, en cuanto al argumento referente al hecho de que el cambio de naturaleza jurídica del Banco Popular ocurrido el 21 de noviembre de 1996, no habían adquirido el derecho a la pensión, sino que a esa fecha tenían, según su aserto, únicamente una expectativa, supuesto fáctico que, en su parecer, exonera al Banco Popular, de la obligación de asumir la obligación del reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, es necesario reiterar nuevamente que, esta superintendencia carece de competencia para emitir un pronunciamiento que dirima en el fondo las eventuales diferencias en la aplicación de las normas laborales, pues es inequívoco que el tema propuesto no encuadra dentro de las funciones de control y vigilancia contempladas en el numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, sustituido por el artículo 2º del Decreto 2359 de 1993.

Así mismo, en concepto de esta superintendencia, definitivamente, hasta tanto los jueces laborales u otras autoridades competentes, atendiendo eventuales demandas incoadas por los trabajadores del Banco Popular sujetos del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o se emita concepto sobre el tema y por consiguiente se establezca plenamente que el banco no está obligado a pagar las pensiones de dichas personas, se deben incorporar dentro del cálculo actuarial precitado a dichos funcionarios.

Dicha posición busca garantizar que el Banco Popular tenga una cobertura prudente y suficiente de sus pasivos. Así mismo es indispensable señalar que a esta agencia gubernamental le corresponde velar porque las contingencias de sus vigiladas estén adecuadamente reflejadas en sus estados financieros, en este caso concreto en forma de pasivos pensionales” (resalta la Sala).

Como lo observó la Sala en esa oportunidad que ahora se reitera, “la actuación de la Superintendencia Bancaria se enmarcó precisamente en la regla contable de la prudencia, pues existe un concepto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como autoridad laboral, en el que consideró que el Banco Popular, después de su privatización, debe reconocer y pagar las pensiones de los trabajadores que se encuentren en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como empleados oficiales de conformidad con la Ley 33 de 1985, sin que sea posible argumentar, que por haberse convertido en una empresa privada sus trabajadores y extrabajadores tienen que regirse por las normas del Código Sustantivo del Trabajo o por los reglamentos del Seguro Social (fls. 396 a 399, cdno. de antecedentes)”.

En efecto, no obstante el Concepto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 49928 de 22 de septiembre de 1997, no es obligatorio ni compromete su responsabilidad (CCA, art. 25), sí es un argumento importante que plantea la probable ocurrencia de una contingencia que de acuerdo con la prudencia debe ser reconocida contablemente y es que “el banco se vea obligado en el futuro a pagar las pensiones de los trabajadores que excluyó del cálculo actuarial presentado inicialmente”.

De todos modos, en el evento de una posible pérdida por parte de un ente económico, ésta será resuelta en último término cuando uno o más eventos futuros ocurran o dejen de ocurrir, de ahí que el artículo 52 del Decreto 2649 de 1993, obligue al ente económico a contabilizar una provisión para cubrir la contingencia probable.

En el caso del Banco Popular estos pasivos habían sido reconocidos contablemente antes de su privatización, como quiera que se habían producido eventos de tipo laboral que permitían prever el sacrificio económico de la empresa por las obligaciones pensionales a su cargo y no podían excluirse estas partidas sin vulnerar el principio de realización, con un argumento que no resulta contundente para modificar la situación económica del ente económico. (...).

Por todo lo anterior, la Sala reitera su criterio de que la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera) motivó debidamente su actuación y su decisión de ordenar incluir dentro del cálculo actuarial presentado por el Banco Popular a 31 de diciembre de 2000 a aquellos trabajadores a quienes posiblemente les fuera aplicable el régimen de pensiones consagrado en la Ley 33 de 1985, para los empleados oficiales, se ajustó a derecho, razón por la cual el cargo no está llamado a prosperar...” (resaltado fuera del texto).

Observa la Sala, que si se determinó en su momento, por parte de esta Sección, que, con base en el principio contable de prudencia, procedía la inclusión de las personas mencionadas cuando estaban pendientes los respectivos procesos laborales, con mayor razón debe hacerlo ahora el banco, cuando tales procesos están siendo fallados en recurso de casación, en forma uniforme, confirmando la obligación del banco de pagar las pensiones.

Esta conclusión es perfectamente congruente con los principios contables que precisamente enuncia la apelante para proponer la conclusión contraria; por ejemplo, el principio de prudencia que se define en el Decreto 2649 de 1993, así:

“ART. 17.—Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificarle un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos”.

De modo que, si existen dudas de que el banco deba pagar las pensiones, se exige acorde con este principio, que se opte por la alternativa de registrar el hecho económico probable, de forma que se tengan menos probabilidades de subestimar los pasivos, pensionales en este caso, y esa forma es incluyéndolos en el cálculo de la reserva pensional, diseñada precisamente para crear un soporte financiero, que respalde el pago de dichos pasivos, cuando, se hagan exigibles, como en el caso de pérdida de los respectivos procesos judiciales en las decisiones finales de los recursos de casación.

En idéntico sentido se concluye, contrario a lo afirmado por la apelante, la adecuación a las cualidades y características de la información contable, de la exigencia de inclusión de las personas en régimen de transición. En efecto, de acuerdo con la precitada norma, tales cualidades son:

“ART. 4º—Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable.

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. La información es útil cuando es pertinente y confiable.

La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna.

La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos.

La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes”.

El reflejo de la eventual deuda por pensiones de las personas que se encuentran en el régimen transicional de la Ley 100 de 1993, es útil, pues permite determinar con exactitud los efectos que puede tener en los estados financieros de la entidad, el pago de las deudas de las personas excluidas del cálculo. Es confiable, puesto que se basa en hechos reales relacionados con los derechos y expectativas de estos trabajadores y en las decisiones judiciales en contra del banco. Es pertinente, pues se refiere a eventuales pasivos que muy probablemente deberá asumir la entidad financiera, a cuyo respaldo financiero se dirige precisamente, el cálculo actuarial exigido legalmente y que es supervisado por la superintendencia.

En torno a la no violación de las normas contables y a la necesidad de incluir este pasivo eventual en el cálculo actuarial, ha señalado la Sala en pleito sostenido entre las mismas partes y por similares hechos(19):

“Al revisar la actuación administrativa demandada, observa la Sala que la Superintendencia Bancaria no expresó una decisión definitiva en relación con la procedencia de la pensión de jubilación parcial o total de los trabajadores que fueron excluidos del cálculo actuarial presentado inicialmente por el Banco Popular. Su actividad pretendió garantizar que la actora tuviese una cobertura prudente y suficiente de sus pasivos, de tal forma que las contingencias en forma de pasivo pensional se encuentren reflejadas en los estados financieros.

La Superintendencia Bancaria, al verificar que los argumentos expuestos por el banco para excluir a algunos trabajadores del cálculo actuarial no resultaban lo suficientemente sólidos, ordenó su inclusión.

En el Oficio 97044508-20 del 27 de mayo de 1998, mediante el cual la Superbancaria resolvió los recursos interpuestos contra el acto que negó la aprobación del cálculo actuarial presentado inicialmente y contra el que aprobó el cálculo conforme a la solicitud de la entidad demandada, indicó:

“En primera instancia, es necesario precisar, en cuanto al argumento referente al hecho de que el cambio de naturaleza jurídica del Banco Popular ocurrido el 21 de noviembre de 1996, no habían adquirido el derecho a la pensión, sino que a esa fecha tenían, según su aserto, únicamente una expectativa, supuesto fáctico que, en su parecer, exonera al Banco Popular, de la obligación de asumir la obligación del reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, es necesario reiterar nuevamente que, esta superintendencia carece de competencia para emitir un pronunciamiento que dirima en el fondo las eventuales diferencias en la aplicación de las normas laborales, pues es inequívoco que el tema propuesto no encuadra dentro de las funciones de control y vigilancia contempladas en el numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, sustituido por el artículo 2º del Decreto 2359 de 1993.

Así mismo, en concepto de esta superintendencia, definitivamente, hasta tanto los jueces laborales u otras autoridades competentes, atendiendo eventuales demandas incoadas por los trabajadores del Banco Popular sujetos del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o se emita concepto sobre el tema y por consiguiente se establezca plenamente que el banco no está obligado a pagar las pensiones de dichas personas, se deben incorporar dentro del cálculo actuarial precitado a dichos funcionarios.

Dicha posición busca garantizar que el Banco Popular tenga una cobertura prudente y suficiente de sus pasivos. Así mismo es indispensable señalar que a esta agencia gubernamental le corresponde velar porque las contingencias de sus vigiladas estén adecuadamente reflejadas en sus estados financieros, en este caso concreto en forma de pasivos pensionales”.

La Sección no observa la alegada vulneración de normas contables, al contrario, la actuación de la Superintendencia Bancaria se enmarcó precisamente en la regla contable de la prudencia, pues existe un concepto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como autoridad laboral, en el que consideró que el Banco Popular, después de su privatización, debe reconocer y pagar las pensiones de los trabajadores que se encuentren en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como empleados oficiales de conformidad con la Ley 33 de 1985, sin que sea posible argumentar, que por haberse convertido en una empresa privada sus trabajadores y extrabajadores tienen que regirse por las normas del Código Sustantivo del Trabajo o por los reglamentos del Seguro Social (fls. 396 a 399, cdno. de antecedentes).

Si bien la opinión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, emitida en el Concepto 49928 del 22 de septiembre de 1997, no compromete su responsabilidad, ni es de obligatorio cumplimiento o ejecución, de conformidad con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, sí plantea la probable ocurrencia de una contingencia que debe ser reconocida contablemente con base en la regla de prudencia: Que el banco se vea obligado en el futuro a pagar las pensiones de los trabajadores que excluyó del cálculo actuarial presentado inicialmente.

Existe una situación de duda respecto a una posible pérdida por parte de un ente económico, duda que se resolverá en último término cuando uno o más eventos futuros ocurran o dejen de ocurrir, por lo que en los términos del artículo 52 del Decreto 2649 de 1993, obliga al ente económico a contabilizar una provisión para cubrir la contingencia probable.

Debe señalarse que estos pasivos habían sido reconocidos contablemente por el banco desde antes de su privatización, como quiera que se habían producido eventos de tipo laboral que permitían prever el sacrificio económico de la empresa por las obligaciones pensionales a su cargo y no podían excluirse estas partidas sin vulnerar el principio de realización, con un argumento que no resulta contundente para modificar la situación económica del ente económico.

Por lo anterior, para la Sala es claro que la actuación de la Superintendencia Bancaria fue ajustada a derecho, cuando ordenó incluir dentro del cálculo actuarial presentado por el Banco Popular a 31 de diciembre de 1997 a aquellos trabajadores a los que posiblemente les sea aplicable el régimen de pensiones consagrado en la Ley 33 de 1985, para los empleados oficiales.

Se reitera lo señalado por esta corporación al fallar un caso entre las mismas partes y por circunstancias análogas a las que ahora se controvierten:

“A juicio de la Sala, la Superintendencia Bancaria como entidad vigilante del Banco Popular, dio cumplimiento a sus funciones exigiendo en ese momento, el cumplimiento y observancia de las normas reguladoras del sistema de seguridad social, en cuanto el resultado económico de ellos tenga incidencia en la situación financiera y patrimonial de los entes sometidos a su inspección, control y vigilancia para dar garantía de estabilidad y consolidación económica de las empresas que administran la seguridad social y evitando que las situaciones económicas de las entidades previsionales del sector privado y de las empresas que reconocen y pagan pensiones pueda afectar el derecho de los trabajadores al reducir sus reservas pensionales”(20).

La necesidad de la provisión resulta más evidente con la intervención en el proceso del Instituto de Seguro Social, quien también ha manifestado que el cambio de naturaleza jurídica del Banco Popular, de oficial a privado, no tiene incidencia sobre los derechos de los trabajadores amparados por el régimen de transición y estimó que la afiliación en el ISS de trabajadores oficiales con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, no implica que esta entidad responda por pensiones contempladas en la Ley 33 de 1985, porque éstas deben ser reconocidas y pagadas por el empleador y el ISS, una vez se reúnan los requisitos de edad y cotizaciones, otorgará la pensión de vejez. Pero el mayor valor entre el monto de la pensión de jubilación y el valor pagado por el instituto estará a cargo del empleador.

Por todo lo expuesto, para la Sala no se comprobó que en los actos demandados se hayan vulnerado normas superiores. La Superintendencia Bancaria actuó en ejercicio de sus facultades legales y motivando su actuación, por lo que no procede la nulidad solicitada” (resaltado fuera del texto).

En suma, no solo no se vulneran las normas y principios contables, si no que se les da plena y adecuada aplicación, al registrar en el cálculo de la reserva, a las personas que se hallan en el régimen de transición.

No prospera el cargo.

3. Violación del principio de igualdad.

De igual manera, no encuentra la Sala que se haya vulnerado el derecho del banco al trato igual, pues como bien lo han manifestado la entidad demandada y los terceros interesados, la situación del banco es desigual frente a otros bancos privados, en la medida en que era una entidad oficial cuyos empleados tenían la condición de trabajadores oficiales, con un régimen pensional especial y que, por tanto, estaban cobijados por normas diferentes en torno a dicho régimen.

Esta característica determina que el trato legal al banco, en la materia, debe ser diferente, a fin de atender las particularidades del régimen de los antiguos trabajadores oficiales.

Sobre el tema, en idéntico sentido, se ha pronunciado la Sala, en providencia anteriormente mencionada, en proceso entre las mismas partes(21):

“... c) Se violó el principio de igualdad en que debe encontrarse el banco en relación con las demás entidades financieras.

Para el demandante es evidente la desigualdad en que se encuentra el banco en relación con las demás entidades financieras, pues a diferencia de éstas, ha continuado cotizando al ISS y sin embargo, debe efectuar el respectivo cálculo actuarial y las correspondientes provisiones, a diferencia de los otros que no lo hacen.

A juicio de la Sala no hay violación al derecho a la igualdad toda vez que la superintendencia ha desarrollado su función en la forma como lo hace en relación con las demás entidades sometidas a su vigilancia y control. El hecho de que tenga en cuenta, para efectos de las órdenes dadas al demandante, su naturaleza jurídica y las circunstancias especiales en las que se encuentran sus trabajadores y extrabajadores en virtud de su historia laboral y del cambio de naturaleza jurídica del banco, son precisamente, aspectos que diferencian al banco con el resto de las entidades financieras que nacieron como privadas.

En efecto, como lo precisó la Sala en la sentencia de 6 de marzo de 2003, la circunstancia de haber sido anteriormente una entidad estatal, es un elemento diferenciador, en razón del régimen pensional aplicable a sus funcionarios. Es decir, si las demás instituciones vigiladas nunca han tenido trabajadores que puedan ser cobijados con el régimen pensional que existía para los empleados oficiales, no pueden ser tratadas en la misma forma que las entidades que cuentan con estos empleados.

Además, el demandante no señala de manera concreta a cuál entidad financiera que hubiera estado en las mismas circunstancias se le dio por parte de la Superintendencia Financiera un trato diferente sin justificación, aspecto indispensable para sustentar la violación al derecho a la igualdad, razón por la cual, en la forma como está planteado el cargo, éste no tiene vocación de prosperidad”.

Como lo manifestó el tribunal, tampoco se observa vulneración al derecho a la igualdad del actor frente a otras instituciones financieras, porque lo que se le está exigiendo es tener en cuenta en su cálculo actuarial las circunstancias en que se encuentran sus trabajadores, en la misma forma que las normas les exigen a las demás entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria atender todas las contingencias que se presenten.

La circunstancia de haber sido anteriormente una entidad estatal, es un elemento diferenciador, en razón del régimen pensional aplicable a sus funcionarios. Es decir, si las demás instituciones vigiladas nunca han tenido trabajadores que puedan ser cobijados con el régimen pensional que existía para los empleados oficiales, no pueden ser tratadas en la misma forma que las entidades que cuentan con estos empleados...”.

Por las razones esbozadas no prospera el cargo.

En resumen, debido a que el régimen aplicable a los extrabajadores del Banco Popular en transición, excluidos por esta entidad del cálculo actuarial inicialmente presentado, es el anterior del sector público, y su pensión de jubilación, cuando y si cumplen los requisitos para ello, está a cargo del Banco Popular hasta cuando sea asumida la pensión de vejez por el ISS y solo en el monto en que esta entidad la asuma, debía dicha entidad bancaria, incluirlos en el cálculo de la reserva actuarial de pensiones y bonos pensionales, de modo que al no hacerlo así, fue apropiado el rechazo de dicha exclusión por parte de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) y, en consecuencia, fue correcta la denegación de las súplicas de la demanda por parte del tribunal, por lo que se confirmará su decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 6 de noviembre de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el Banco Popular S.A. contra la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera).

2. Reconócese personería a la doctora Martha María Quitián como apoderada de la Superintendencia Financiera, en los términos y para los efectos del poder otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(10) “ART. 151.—Vigencia del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1º de abril de 1994. No obstante, el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente ley, a partir de la vigencia de la misma.

PAR.—El sistema general de pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.

(11) Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de febrero de 2011, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, expediente 39137, Luz Myriam Pérez Devia. vs. Banco Popular.

(12) Sala de Casación Laboral, sentencia de 14 de junio de 2000, M.P. José Roberto Herrera Vergara, expediente 13963, Eleuterio Sánchez Barón vs. Banco Popular.

(13) Sala de Casación Laboral, sentencia de 29 de julio de 1998, M.P. José Roberto Herrera Vergara, expediente 10803, Edilberto Ortiz Suárez vs. Corporación Nacional de Turismo.

(14) Se considera, por el contrario una institución de seguridad social, que cobra cotizaciones a sus afiliados.

(15) Sala de Casación Laboral, sentencia de 10 de marzo de 2009, M.P. Camilo Tarquino Gallego, expediente 34263, Jaime Rojas Díaz vs. Banco Popular.

(16) En idéntico sentido, entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Luis Gonzalo Toro Correa, sentencia del 16 de febrero de 2001, expediente 13092 y sentencia de 20 de marzo de 2009, expediente 35621, Luis Enrique Corzo Pinilla vs. Banco Popular.

(17) Que como se mencionó anteriormente, no es entidad de previsión si no de seguridad social.

(18) Sección Cuarta, sentencia de 24 de julio de 2008, expediente 16196, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, Banco Popular vs. Superintendencia Bancaria.

(19) Sección Cuarta, sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente 13084, C.P. Ligia López Díaz, Banco Popular vs. Superintendencia Bancaria.

(20) Sentencia del 11 de mayo de 2001, Sección Cuarta, expediente 9183, Actor: Banco Popular, C.P. Germán Ayala Mantilla.

(21) Ver Supra nota 20.