Sentencia 2004-00977 de mayo 12 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2004-00977-01

Número interno: 16534

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala decide si se ajustan a derecho la liquidación oficial de revisión 310632002000069 del 13 de marzo de 2002 y la Resolución 622-900.012 del 28 de octubre de 2003.

Inicialmente se estudiarán aspectos tales como la notificación de los actos que resuelven los recursos tributarios; la motivación del requerimiento especial y la naturaleza de los conceptos de la DIAN.

Luego, la Sala se centrará en establecer en qué momento se entienden realizadas y causadas las deducciones registradas en la declaración del impuesto de renta y complementarios, correspondientes a los pagos que se efectúan por indemnizaciones derivadas de un contrato de seguro y por el pago de intereses derivados de operaciones repo.

Para el análisis del caso, la Sala parte de los siguientes hechos probados no controvertidos:

— La compañía aseguradora Confianza S.A. presentó por medio electrónico la declaración del impuesto de renta del año gravable 1999, el día 12 de abril de 2000.

— El 10 de agosto de 2000, la demandante solicitó la corrección de la anterior declaración, la que fue aceptada por la DIAN mediante la liquidación oficial de corrección 310642000000185 del 7 de febrero de 2001.

— Previa investigación adelantada por la DIAN, se profirió el requerimiento especial 310632002000069 del 13 de marzo de 2002, en el que se propuso modificar la declaración del impuesto de renta y complementarios del año 1999, presentada electrónicamente y corregida mediante liquidación oficial de corrección.

— Una vez respondido el requerimiento especial por parte de la demandante, la DIAN profirió la liquidación oficial de revisión 900026 del 12 de noviembre de 2002, confirmada por 622-900.012 del 28 de octubre de 2003, la que modificó los renglones 49, 50, 51 y 53 de la declaración privada del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 1999, sustituida por liquidación oficial de corrección.

El motivo de la modificación consistió en el rechazo de las deducciones por siniestros por valor de $ 817’339.952 y por pago de comisiones e intereses por $ 382’020.484.

Precisado lo anterior, la Sala analizará los cargos de violación en el orden que fueron propuestos por la demandante.

De la incongruencia de los actos

La demandante consideró que los actos acusados son nulos, porque se configuró incongruencia e indebido procedimiento en la modificación de la liquidación privada del impuesto de renta del año 1999 y de la liquidación oficial de corrección. Precisó que mientras que el requerimiento especial 310632002000069 propuso modificar la liquidación oficial de corrección 31064200000185 del 7 de febrero de 2000, los actos acusados modificaron la liquidación privada del impuesto de renta del año gravable 1999, sin tener en cuenta que esta fue sustituida por la liquidación oficial de corrección.

Para la Sala el cargo no está llamado a prosperar, por las razones que a continuación se explican.

En varias oportunidades esta corporación ha precisado que el requerimiento especial es un acto de trámite que no crea una situación jurídica particular. Es un acto que contiene todos los puntos que la administración tributaria propone modificar de las liquidaciones privadas, con la explicación de las razones en que se sustenta.

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 711 del estatuto tributario(2), el requerimiento especial debe guardar correspondencia con la liquidación oficial, toda vez que constituye el marco en que debe expedirse el acto liquidatorio.

Pues bien, según el requerimiento especial 310632002000069 y la liquidación oficial de revisión 900026 que obran dentro del expediente, se observa lo siguiente:

En algunos de los apartes del requerimiento especial, la DIAN señaló:

“1. Propone modificar.

Mediante Liquidación de Revisión la declaración de renta correspondiente al período de 1999, presentada por el contribuyente Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza S.A.” NIT 860.070.374, el 12 de abril de 2000, en forma electrónica radicada con el stiker 900000025196 (fls. 14 al 16), corregida mediante liquidación oficial de corrección número 310642000000185 del 7 de febrero de 2000 (fls. 123 al 127); En los conceptos que más adelante se relacionan y con base en los siguientes documentos y actuaciones administrativas:

(...).

3.1. Hechos encontrados.

El contribuyente Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza” NIT 860.070.374, presentó su declaración de renta y complementarios el 12 de abril de 2000, en forma electrónica radicada con el stiker 9000000025196 (fls. 14 al 16), corregida mediante liquidación oficial de corrección 310642000000185 del 7 de febrero de 2000 (fls. 123 al 127); Y se registra en el renglón cuarenta y nueve (49) “Otras deducciones” el valor de $ 8.361.783.000.00, dentro de este monto se incluye el valor de $ 1.357.351.346.00, contabilizados en la cuenta PUC 5295-95 por concepto de gastos de periodos anteriores registrados como deducibles, los cuales se discriminan de la siguiente manera: (...)”.

Y luego, en la liquidación oficial de revisión, la DIAN consideró lo siguiente:

“4. Consideraciones del despacho

(...).

En consecuencia, este despacho mantiene el desconocimiento de los $ 1.357.351.346 solicitados por la sociedad Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza” S.A. NIT 860.070.374-9, al renglón 49 CX otras deducciones de la declaración de renta del período gravable 1999.

(...).

6. Modificación a la liquidación privada

De conformidad con el artículo 712 del estatuto tributario, este despacho modifica la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente al año gravable de 1999, presentada por el contribuyente Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza” S.A. NIT 860.070.374-9, por vía electrónica bajo el número 90000000251960 el 12 de abril de 2000, sustituida por la liquidación oficial de corrección número 310642000000185 de fecha 7 de febrero de 2001, de acuerdo con las siguientes modificaciones.

De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que tanto el requerimiento especial 310632002000069 del 13 de marzo de 2002, como la liquidación oficial de revisión número 900026 del 12 de noviembre de 2002, siempre se encausaron a la modificación del renglón 49 “Otras deducciones” de la declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 1999, siempre aclaró que se refería a la declaración privada que había sido sustituida por la liquidación oficial de corrección 31064200000185 del 7 de febrero de 2001.

De tal forma que no se evidencia la supuesta falta de congruencia e indebido procedimiento del requerimiento especial y de la liquidación de revisión a que alude la demandante, toda vez que los dos actos se refirieron al desconocimiento de las deducciones por valor de $ 1.357.351.346, registradas en el renglón 49 “Otras deducciones” de la declaración del impuesto de renta de año 1999, y siempre con la aclaración de que había sido sustituida por la liquidación oficial de corrección.

Por tanto, para la Sala la liquidación de revisión acusada guarda la debida correspondencia con el requerimiento especial, en cuanto a los hechos y las normas en que se sustentaron las deducciones rechazadas, tal como lo exige el artículo 711 del estatuto tributario.

En consecuencia, se confirma lo decido por el tribunal frente a este cargo.

De la ilegalidad en cuanto al procedimiento

Afirmó la demandante que la Resolución 622-9000.12 del 28 de octubre de 2003, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión 900026, no se le notificó de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 565 del estatuto tributario. Dijo que dentro del expediente no aparece constancia de que hubiera recibido la citación en la que se le invita a notificarse personalmente de dicho acto. De tal forma que, al omitirse el envío de dicha citación, la DIAN no podía notificar por edicto 622-9000.12.

De acuerdo con el artículo 565 del estatuto tributario(3), los actos que decidan los recursos interpuestos en el curso del proceso de determinación del impuesto deben ser notificados al contribuyente, por regla general, de manera personal y, subsidiariamente, por edicto cuando el contribuyente no comparece a notificarse personalmente del acto dentro de los 10 días siguientes, contados a partir de la fecha del aviso de citación.

De tal forma que la notificación por edicto procede cuando a pesar de haber enviado la citación al contribuyente a la dirección de ley, este no se hace presente.

Sin embargo, si la citación no se realiza debidamente, no puede la administración entender agotado el trámite para la notificación personal y proceder a notificar el acto mediante edicto, pues no se cumpliría la finalidad de garantizar que los actos administrativos sean conocidos por los administrados, para que puedan ejercer su derecho de defensa.

Consta en el expediente que el grupo de documentación de la división de la DIAN envió al representante legal de Confianza S.A., el día 28 de octubre de 2003, el aviso de citación número 31-156-1406, con el fin de que compareciera a notificarse de la Resolución 900012 del 28 de octubre de 2003, que resolvió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión 900026 del 12 de noviembre de 2002.

Sin embargo, no obra constancia de que dicho aviso de citación haya sido introducido al correo, así como tampoco está la constancia de que la demandante lo hubiera recibido. A pesar de ello, la DIAN notificó 900012 mediante edicto fijado el 12 de noviembre de 2003 y desfijado el 27 de noviembre del mismo año.

Para la Sala, la notificación por edicto que efectuó la DIAN resulta inválida, toda vez que no agotó el mecanismo legal previo para efectuar la notificación personal, consistente en el envío de la citación a que alude el artículo 565 del estatuto tributario.

No obstante lo anterior, si bien la notificación de 622-900.012 fue irregular, no es procedente anular la liquidación demandada por esa sola circunstancia, “porque la falta o indebida notificación del acto definitivo, no es per se causal de nulidad de los actos administrativos (CCA, art. 84); la violación del debido proceso como motivo de nulidad se refiere a la formación del acto, no a su falta de notificación, dado que ello lo hace inoponible (CCA, art. 84), no nulo(4). Además, se insiste, la actora se notificó de la liquidación por conducta concluyente”(5).

Por lo tanto, se confirmará lo decidido por el tribunal frente a este cargo.

De la inexistencia de motivos legales

La demandante consideró que el requerimiento especial 310632002000069 del 13 de marzo de 2002 es nulo, porque carece de motivación legal. Dijo que el Concepto DIAN 045992 del 12 de junio de 1998, con el que se fundamentó el requerimiento, no es vinculante ni obligatorio para Confianza S.A., y además no es fuente de derecho.

Como se precisó anteriormente, el requerimiento especial es un acto de simple trámite que no crea una situación jurídica de carácter particular. Se trata de un acto que propone las modificaciones que la administración pretende efectuar a la liquidación privada y que debe ser expedido previamente a la práctica de la liquidación oficial. Por tanto, atendiendo a su naturaleza de preparatorio, no es autónomamente un acto objeto de control jurisdiccional.

De allí que resulte acertada la conclusión del a quo de abstenerse de pronunciarse sobre la legalidad de dicho acto.

No obstante, ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Sala al considerar que tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial, son actos administrativos que requieren ser motivados, pues si la autoridad tributaria rechaza la liquidación privada presentada por el contribuyente, debe poner en conocimiento de este los motivos de desacuerdo para permitirle ejercer su derecho de contradicción.

En el presente caso, se advierte que el requerimiento especial 310632002000069 del 13 de marzo de 2002, tuvo como fundamentos de hecho y de derecho los siguientes:

“La división de fiscalización tributaria de de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá, D.C., en desarrollo del programa “PQ pérdidas fiscales”, profirió el Auto de apertura 310632001000234 de fecha 5 de abril de 2001 (fl. 1), con el objeto de iniciar investigación a la sociedad Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza” NIT 860.070.374, a fin de verificar su realidad económica, establecer las bases gravables, determinar la existencia de hechos gravados o no y verificar el cumplimiento de las obligaciones formales, relacionadas con la declaración de renta de 1999.

(...).

De lo anterior, se desprende que la deducción es improcedente por ser contrario a lo establecido en el artículo 107 del estatuto tributario, son deducibles las expensas realizadas durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con la misma, sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con la actividad; Por consiguiente se rechaza dicha deducción en cuantía de $ 1.357.351.000.00, por concepto de gastos de períodos anteriores”.

Adicionalmente, precisó que “La división de doctrina mediante conceptos se ha pronunciado referente al tema de las expensas deducibles, dentro de los cuales extractamos los siguientes: Concepto 45992 de junio 2 de 1998 (...)”.

Conforme a lo transcrito, en el caso in examine, la DIAN le advirtió a la demandante, en forma clara y completa, el fundamento de las diferencias encontradas en la liquidación del impuesto de renta y complementarios del año gravable 1999. En efecto, la explicación tanto fáctica como jurídica de las partidas que pretendía modificar, permitió que ésta pudiera ejercer dentro de las oportunidades legales respectivas su derecho de defensa, a través de la objeción y de la posibilidad de aportar pruebas sobre los valores declarados.

Adicionalmente, con respecto a la vinculatoriedad y los efectos de los conceptos emitidos por la DIAN, esta sección ha precisado que “los conceptos que en ejercicio de las funciones expide la división de doctrina tributaria de la Dirección de Impuestos Nacionales, constituyen interpretación oficial para los funcionados de la entidad”(6) y, “aunque no son obligatorios para los contribuyentes, si son un criterio auxiliar de interpretación”(7).

Lo anterior permite inferir que el requerimiento especial podía fundamentarse no solo en las normas tributarias aplicables al caso, sino también en el Concepto 045992 del 12 de junio de 1998, el que además de ser de obligatorio cumplimiento para la administración, sirve como criterio auxiliar de interpretación oficial.

Por tanto, la Sala encuentra que el requerimiento especial cuenta con una adecuada y suficiente motivación, conforme a los artículos 703 y 704 del estatuto tributario, en concordancia con el 35 del Código Contencioso Administrativo, razón suficiente para negar el cargo en la forma que lo hizo el a quo.

De la ilegalidad en cuanto al objeto

a) Deducción originada en el caso “Siniestro Villas de Sachamate”

La demandante afirmó que la deducción registrada en el renglón (49) “Otras deducciones” de la declaración del impuesto de renta del año 1999, por valor de $ 817’339.952, objeto de rechazo por la DIAN, tuvo origen en el pago de las indemnizaciones derivadas del incumplimiento por parte del constructor “Proplanes” en la ejecución del proyecto de construcción y vivienda “Villas de Sachamate” en el año 1996, y en el pago efectuado por la compra del inmueble donde se desarrollaba el proyecto, el cual está hipotecado.

Precisó que por tales hechos cobró a los reaseguradores, quienes efectuaron los reembolsos por el siniestro, reembolsos que fueron contabilizados en el período gravable 1999.

Por tanto, consideró que dichas deducciones se entienden realizadas, según el artículo 104 del estatuto tributario, en el momento en que nació la obligación de pagar, no la cobertura, sino el valor del crédito que se garantizó con el inmueble adquirido, obligación que se causó en el año 1999.

Por el contrario, para la DIAN, las deducciones que registró la demandante se causaron en el año 1996, momento en que acaeció el siniestro que dio origen al desembolso de las correspondientes indemnizaciones y al pago efectuado para la adquisición del inmueble en el que se construía el proyecto. Consideró que de acuerdo con el artículo 104 del estatuto tributario, en ese momento se entendía realizada la deducción y que, por lo tanto, debió declararse en ese mismo año.

Hechas las anteriores precisiones, considera que las deducciones registradas por la demandante, originadas en el siniestro del proyecto “Villas de Sachamate”, se entienden realizadas en el año 1996, por las siguientes razones.

El artículo 107 del estatuto tributario(8) establece la posibilidad de que los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, puedan deducir aquellos gastos en que incurren, necesarios para la producción de renta, y con el lleno de los requisitos establecidos por la ley.

De acuerdo con dicho artículo, para que se acepten dichos gastos como deducibles, se deben cumplir los siguientes requisitos: Realización; anualidad; proporcionalidad y necesidad; relación de causalidad; no prohibición ni limitación; el soporte y la retención en la fuente.

Los artículos 104 y 105(9) del mismo ordenamiento definen el momento de realización de las deducciones.

De acuerdo con el artículo 104, por regla general, las deducciones legalmente aceptadas se entienden realizadas cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie, o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo equivalente al pago. Estas deducciones solo son aceptadas en el año en que efectivamente se hayan desembolsado, de tal forma que resulta necesario probar que se ha efectuado el pago para que la deducción sea aceptada en la declaración de renta.

Sin embargo, dicha regla tiene su excepción para aquellos contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad por el sistema de causación, caso en el que la deducción se entiende causada en el momento en que nace la obligación de pagarla, aunque no se haya hecho efectivo el pago, y solo es deducible del impuesto de renta en el año gravable en que se cause. De acuerdo con el artículo 105, las deducciones se entienden causadas cuando nace la obligación de pagarla, aunque no se haya efectivo el pago.

De otra parte, en relación con el momento de realización de aquellos gastos en que incurren las compañías de seguros, originados en el pago de indemnizaciones por contratos de seguros, necesariamente habrá que analizar el momento en que nace la obligación de pago.

El seguro de cumplimiento, al cual ceñirá su estudio por ser aplicable al caso, tuvo su origen en 225 de 1938(10), cuyo objeto es el de servir de garantía a los acreedores de obligaciones que emanen de la ley o de los contratos, acerca de su cumplimiento por parte del obligado, entre otras.

El riesgo asegurado, de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio, se define como aquel “suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador”.

El siniestro, por su parte, es la realización del riesgo asegurado, y, por tanto, “incumbe al asegurado demostrar ante el asegurador la ocurrencia del mismo, el menoscabo patrimonial que le irroga (perjuicio) y su cuantía, para que este a su turno deba indemnizarle el daño padecido, hasta concurrencia del valor asegurado”(11).

En ese orden de ideas, en un contrato de seguro de cumplimiento, el nacimiento de la obligación a cargo del asegurador está subordinado al acaecimiento del evento dañoso previsto por las partes. Por ende, el siniestro constituye el origen de la obligación de pagar las correspondientes indemnizaciones. El nacimiento de la obligación no puede confundirse con la exigibilidad de la misma. La obligación nace por la realización del riesgo asegurado. La obligación es exigible a partir del momento en que el asegurador está obligado a pagar la indemnización, derivada de la ocurrencia del siniestro. De conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio, “el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por aumentado en la mitad (...)”.

Por tanto, se concluye que una vez verificado el siniestro, no nace, sino que se consolida el derecho del asegurado a obtener del asegurador el cumplimiento de la prestación, que no es otra que el pago de la correspondiente indemnización.

Con fundamento en esos presupuestos, para efectos del impuesto de renta, y para los contribuyentes que llevan el sistema de causación, los gastos que se deriven de los contratos de seguro de cumplimiento, nacen cuando se realiza el riesgo asegurado. En ese momento se entiende causada y realizada la deducción por dichos gastos de acuerdo con los artículos 104 y 105 del estatuto tributario.

Precisado lo anterior, se pasa a resolver el cargo propuesto.

En primer lugar, se deja claridad sobre el hecho no discutido por las partes, de que la sociedad actora se encuentra obligada a llevar contabilidad por el sistema de causación, lo que implica que el ingreso, el costo o la deducción se reconozca, cuando se realiza.

En virtud del contrato de seguro suscrito entre la demandante y la constructora Proplanes, la primera se obligaba a garantizar el cumplimiento de la ejecución del proyecto de vivienda denominado “Villas de Sachamate”.

Las partes coinciden en que el acaecimiento de los hechos que dieron origen al siniestro, consistentes en la interrupción de la construcción del proyecto se dio en el año 1996, y que a partir de ese momento se generó la obligación de la aseguradora de pagar las correspondientes indemnizaciones a los beneficiarios del proyecto.

Por tanto, de acuerdo con el artículo 104 del estatuto tributario, es en ese momento que se entienden realizadas las deducciones que fueron rechazadas por la DIAN, correspondientes a dichos pagos, aun cuando estos no se hubieran hecho exigibles o efectivos, o se hubieran contabilizado en períodos anteriores.

El reconocimiento y la ejecución de las garantías de cumplimiento, así como el pago del crédito hipotecario para adquirir el inmueble en que se construiría el proyecto “Villas de Sachamate”, tuvo origen en el siniestro acaecido en el año 1996, razón por la que es evidente que, aun cuando en tal fecha no se hubiera hecho efectivo el pago de los gastos que se generaron, el momento de causación de los mismos se dio cuando ocurrió el siniestro y surgió la obligación de pagar, es decir, en el año 1996.

En este tipo de situaciones no incide que las reaseguradoras hayan reconocido los pagos con posterioridad a la ocurrencia del siniestro, ya que la relación jurídica existente entre el asegurador y los reaseguradores, en nada interfiere con el contrato de seguro que fue suscrito entre la aseguradora y la constructora Proplanes.

En consecuencia, como acertadamente lo considero el a quo, la demandante estaba obligada a declarar la deducción por gastos incurridos en el caso del siniestro “Villas de Sachamate”, en el momento en que se realizó el riesgo, es decir, en el año 1996.

Por lo tanto, se confirmará lo decidido por el tribunal en lo relacionado con este aspecto.

B) Deducción de los intereses pagados por Confianza S.A. a la compañía Asesores en Valores S.A.

La demandante precisó que la deducción que rechazó la DIAN, por concepto de intereses pagados a Asesores en Valores S.A., se originó en un contrato suscrito en el año 1998, cuyo objeto era la ejecución de las operaciones repo por obligaciones de acciones de Reacol S.A.

Para la demandante, la deducción se debe entender realizada cuando se hace efectiva la recompra, porque en ese momento se hacen efectivos los intereses, así el contrato sea del año 1998.

Para definir cuándo se entiende realizada la deducción, debe tenerse en cuenta qué se entiende por operaciones de reporto o repo.

De conformidad con el artículo 1º del Decreto 4432 de 2006, las operaciones de reporto o repo “son aquellas en las que una parte (el “enajenante”), transfiere la propiedad a la otra (el “adquirente”) sobre valores a cambio del pago de una suma de dinero (el “monto inicial”) y en las que el adquirente al mismo tiempo se compromete a transferir al enajenante valores de la misma especie y características a cambio del pago de una suma de dinero (“monto final”) en la misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada”.

Este tipo de operaciones implica que quien hace la recomprapaga una cantidad mayor al monto inicial de los valores vendidos. Esa diferencia entre la cantidad que se paga en el futuro y la que recibe quien compró inicialmente, es la tasa de interés pactada en las operaciones repo. En esa medida, la operación repo constituye un sólo negocio jurídico, cuyas obligaciones nacen en el contrato y no de manera independiente con la compra de los valores y la recompra de los mismos.

En el sub lite es un hecho no discutido que la demandante suscribió el contrato por operaciones repo en el año 1998, pero contabilizó los intereses en el año 1999. En ese contexto, la Sala considera que esos intereses eran deducibles en el período gravable 1998, no obstante que se contabilizaron en el año 1999, porque tales intereses se derivaron de las obligaciones que surgieron de los contratos.

De tal forma que al haber surgido para la actora la obligación de pagar los intereses a favor de en Valores S.A. en el año 1998, la deducción de los intereses causados debió registrarse en la declaración del impuesto de renta y complementarios del mismo año.

Lo anterior guarda coherencia con lo dispuesto en el literal a) del artículo 27 del estatuto tributario, en cuanto prescribe que los ingresos obtenidos por los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación deben denunciar los ingresos causados en el año o período gravable, así no se haya recibido efectivamente el ingreso bajo cualquier forma que equivalga al pago.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acertado el rechazó que realizó la administración de los intereses deducidos por la actora en el año gravable 1999, por lo que en este punto la sentencia de primera instancia debe confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,administrando justicia en nombre de y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería para actuar, en representación de la DIAN, a la doctora Flori Elena Fierro Manzano, en los términos del poder allegado al expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) ART. 711.—Correspondencia entre la declaración, el requerimiento y la liquidación de revisión. La liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere.

(3) ART. 565.—Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente.

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación.

(4) Sentencia de 6 de marzo de 2008, Expediente 15586, reiterada con la sentencia del 26 de noviembre de 2009, Expediente 17295. C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(5) (sic).

(6) Sentencia del 5 de diciembre de 1997, Expediente 8557, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo.

(7) Sentencia del 3 de octubre de 2007, Expediente 15571, C.P. Ligia López Diaz.

(8) ART. 107.—Las expensas necesarias son deducibles. Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.

(9) ART. 104.—Realización de las deducciones. Se entienden realizadas las deducciones legalmente aceptables, cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago.

Por consiguiente, las deducciones incurridas por anticipado solo se deducen en el año o período gravable en que se causen.

Se exceptúan de la norma anterior las deducciones incurridas por contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, las cuales se entienden realizadas en el año o período en que se causen, aun cuando no se hayan pagado todavía.

ART. 105.—Causación de la deducción. Se entiende causada una deducción cuando nace la obligación de pagarla, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

(10) ART. 1º—El Gobierno procurará que alguna o algunas de las compañías de seguros que funcionan en el país establezcan el seguro de manejo o de cumplimiento de que trata la presente ley, y en las condiciones que en ella se fijan; y si ello no fuere posible, procederá a llevar a cabo las gestiones conducentes a la fundación de una sociedad anónima de seguros de manejo o de cumplimiento, en la cual, además de las personas o entidades particulares, podrán ser accionistas la Nación y las entidades de derecho público.

ART. 2º—El seguro de que trata el artículo anterior tendrá por objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se confíen a los empleados públicos o a los particulares, a favor de las entidades o personas ante las cuales sean responsables; y podrá extenderse también al pago de impuestos, tasas y derecho y al cumplimiento de obligaciones que emanen de leyes o de contratos.

(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de mayo de 2002, Expediente 6181, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.