Sentencia 2004-01021/40690 de mayo 18 de 2017

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 40 690

Rad.: 76 001 23 01 002 2004 1021 00

Actor: Leonardo Aljure Dorronsoro

Demandado: Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, Superintendencia de Sociedades

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil diecisiete

(…)

Extractos «Consideraciones.

I. La competencia.

8. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(2).

II. Hechos probados.

9. Con base en los medios de prueba antes señalados, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. El 16 de septiembre de 1999, mediante auto 620-410-0703, el intendente regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de un concordato o acuerdo de recuperación de negocios de la sociedad Sensei Motor Ltda. (fl. 36 cdno. pruebas 2 y 813 cdno. pruebas 3A).

9.2. El 4 de agosto de 2000, mediante auto 620-410-1019, el intendente regional resolvió tener como cesionario al señor Leonardo Aljure Dorronsoro, del crédito #6, presentado por el señor Simmaco Antonio Briceño, por valor de $310 000 000, conforme a la cesión radicada el 13 de julio anterior (fl. 50 cdno. pruebas 2).

9.3. El 24 de agosto de 2000, el intendente regional expidió el auto 620-410-1162, por el cual se pronunció sobre las objeciones formuladas a los créditos presentados y efectuó la calificación y graduación de los mismos. Dicho auto incluyó dentro de los créditos reconocidos en quinta clase, el de Simmaco Antonio Briceño, por el valor de $310 000 000, así como el de Financiera Mazda Crédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, por el valor de $858 355 463 (fls. 9-19 cdno. pruebas 2).

9.4. El 30 y 31 de agosto de 2000, la sociedad Sensei Motor Ltda. y Leonardo Aljure Dorronsoro, respectivamente recurrieron el auto citado en el numeral anterior, con el fin de que se rechazara el crédito presentado por la sociedad Financiera Mazdacrédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, teniendo en cuenta que ésta no concurrió en debida forma dentro del término del emplazamiento (fls. 477, 520 y 531 cdno. pruebas 3A y fls. 74-76 del anexo 1).

9.5. En la misma fecha, el señor Aljure Dorronsoro solicitó “aclarar o corregir” la providencia del 24 de agosto de 2000, en el sentido de tenerlo como acreedor de la sociedad Sénsei Motor Ltda., toda vez que la cesión del crédito que hizo a su favor Simmaco Antonio Briceño, fue aceptada por la Intendencia Regional en providencia notificada el 9 de agosto anterior (fl. 532 cdno. pruebas 3).

9.6. El 20 de noviembre de 2000, mediante auto 620-410-1927, el intendente regional resolvió el recurso de reposición elevado por la Financiera Mazda Crédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, Leonardo Aljure Dorronsoro y otro, contra el auto de calificación y graduación de créditos, y lo modificó parcialmente en el sentido de incluir como acreedora de primera clase a la Administración de Impuestos Nacionales Local de Palmira y lo confirmó en todo lo demás (fls. 20-35 y 95-111 cdno. pruebas 2).

9.7. En ese mismo auto, el intendente resolvió la solicitud de aclaración elevada por el señor Aljure Dorronsoro, y señaló: “No obstante que la cesión en estudio fue aceptada por este despacho y al doctor David Sandoval se le reconoció en calidad de apoderado del cesionario, se advierte que de la cesión no se ha acreditado el pago del impuesto de timbre, dado que el valor de la transacción asciende a $310.000.000.oo (art. 519 E.T.). En consecuencia, no es posible aclarar la providencia recurrida en el sentido solicitado por el recurrente” (fl. 32 cdno. pruebas 2).

9.8. Mediante escrito presentado el 6 de diciembre de 2000, la sociedad Sensei Motor Ltda. solicitó que se tutelara su derecho al debido proceso, para lo cual reiteró lo expuesto en el recurso de reposición contra los autos 620-410-1162 del 24 de agosto de 2000 y 620-410-1927 del 20 de noviembre del mismo año (fl. 75 cdno. pruebas 2). Esta acción fue decidida, en primera instancia, por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, mediante Sentencia del 24 de enero de 2001, que amparó el derecho al debido proceso y ordenó a la Superintendencia de Sociedades excluir del proceso concursal a la sociedad Financiera Mazdacrédito S.A. (fl. 177-183 cdno. pruebas 2). No obstante, el Tribunal Superior de Cali, en providencia del 4 de abril de 2001, revocó el fallo apelado y ordenó a la Superintendencia que se apartara del auto 620-410-0240, mediante el cual modificó el auto 620-410-1162 del 24 de agosto de 2000, quedando este último surtiendo plenos efectos para todo lo relacionado con el trámite concursal que adelantaba (fl. 421 cdno. pruebas 2).

9.9. Mediante auto del 1º de junio de 2001, la Superintendencia de Sociedades resolvió acceder a la petición de suspensión del concordato, hecha por Sensei Motor Ltda., quien manifestó su intención de acogerse a un acuerdo de reestructuración, en los términos de la Ley 550 de 1999, (fl. 321 cdno. pruebas 3).

9.10. El señor Leonardo Aljure Dorronsoro, formuló acción de tutela en contra de la Intendencia Regional de Cali, toda vez que a su juicio, las providencias 620-410-1162 del 24 de agosto del año 2000 y 620-410-1927 del 20 de noviembre de esa misma anualidad, por medio de las cuales se le excluyó como acreedor dentro del concordato de la sociedad Sensei Motor Ltda. y se reconoció a la sociedad Financiera Mazdacrédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, como acreedora quirografaria o de quinto grado, a pesar de que se presentó al proceso de concordato de forma extemporánea, constituyeron una vía de hecho.

9.11. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en Sala 6ª de Decisión, profirió Sentencia de primera instancia el 27 de septiembre de 2001, en la que declaró improcedente la tutela en relación con la admisión de los créditos de Financiera Mazdacrédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, toda vez que dicha controversia ya había sido decidida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso de tutela promovido por Sensei Motor Ltda. También denegó la segunda pretensión, dirigida a probar la vía de hecho por la inadmisión de la cesión de los créditos por parte del señor Simmaco Antonio Briceño a favor del señor Leonardo Aljure Dorronsoro, por cuanto la Superintendencia aplicó debidamente el artículo 540 del Estatuto Tributario, que, en ese momento no había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante el fallo del 12 de diciembre de 2000, el cual en todo caso sólo tiene efectos hacia el futuro. Agregó que el actor en tutela podía pedir que se le tuviera como acreedor en cualquier momento del trámite concursal una vez aclarara que no era deudor del impuesto de timbre y que no hay norma que prohíba que la cesión se realice después de haberse reconocido y calificado los créditos. Concluyó que, en esas condiciones, “no ve el Tribunal cuál pueda ser el derecho fundamental pretendidamente violado, por lo que no resulta de ninguna manera procedente la acción de tutela”.

9.12. El Consejo de Estado, Sección Tercera, en sede de apelación, emitió Sentencia del 6 de diciembre de 2001(3), en la que revocó la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y en su lugar ordenó a la Intendencia Regional de Cali declarar, dentro de las 48 horas siguientes a la ejecutoria de esa decisión, la nulidad parcial del auto 620-410-1162 del 24 de agosto de 2000, expedido dentro del trámite concordatario de la sociedad Sensei Motor Ltda., en el sentido de excluir el crédito presentado extemporáneamente por la sociedad Financiera Mazdacrédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial (fl. 236 cdno. pruebas 3).

9.13. Por el contrario, señaló que la Intendencia Regional no incurrió en una vía de hecho al no calificar ni graduar el crédito del cual es titular Leonardo Aljure Dorronsoro, en el auto 620-410-1162 del 24 de agosto de 2000, por cuanto: i) Los cheques en los que consta el crédito no fueron endosados, luego no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 530, numeral 9º, del Estatuto Tributario, según el cual el endoso de títulos valores está exento del impuesto de timbre. Está acreditado, por el contrario, que la transferencia de los citados títulos valores fue hecha por medio de una cesión ordinaria; ii) de conformidad con el artículo 519 del Estatuto Tributario, se causa el impuesto de timbre nacional, entre otras, por la cuantía del contrato de cesión, evento que aplica al negocio celebrado por el accionante en tutela; iii) el artículo 540 del Estatuto Tributario estipula que ningún documento o actuación sujeto al impuesto de timbre puede ser admitido por funcionarios judiciales, ni tenido como prueba mientras no se pagara el impuesto, las sanciones y los intereses; iv) si bien es cierto que el 4 de agosto de 2000, la entidad expidió un auto por el cual resolvió tener como cesionario al señor Aljure Dorronsoro, del crédito valorado en $310 000 000, es al momento de calificar y graduar los créditos que deben revisarse todos los documentos aportados, con el fin de determinar su valor probatorio; y v) le correspondía al accionante cumplir con la carga prevista en el artículo 788 del mismo estatuto, y probar que los documentos aportados se encontraban exentos del impuesto de timbre.

9.14. La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en la Sentencia T-255 del 11 de abril de 2002(4), revocó la Sentencia proferida el Consejo de Estado, y confirmó la Sentencia del 27 de Septiembre de 2001, dictada por la Sala 6ª de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, aunque por razones distintas. A su juicio, en tanto el actor buscó reiterar en la acción de tutela lo manifestado en el recurso de reposición interpuesto contra el auto de calificación y graduación de créditos, hizo un uso indebido de este instrumento, el cual “no es un medio para revivir oportunidades o términos que han precluido o procesos o actuaciones clausurados” (fl. 76 cdno.1).

9.15. En auto 2002-03-009125, del 6 de junio de 2002, la intendente regional de Cali resolvió suspender el proceso de concordato adelantado por la sociedad Sensei Motor Ltda. en concordato, y dio traslado a la solicitud de iniciar un acuerdo de reestructuración, conforme lo dispone la Ley 550 de 1999 (fl. 289 cdno. pruebas 3).

9.16. Mediante auto 2004-03-009831, del 23 de junio de 2004, la intendente regional de Cali convocó a la sociedad Sensei Motor Ltda. al trámite del proceso concursal bajo la modalidad de liquidación obligatoria, en los términos del numeral 2º del artículo 89 y del artículo 150 y siguientes de la Ley 222 de 1995 (fl. 152 cdno. pruebas 3).

III. Problema jurídico.

10. Conforme con los planteamientos fácticos esbozados por las partes y los hechos probados en el curso de este proceso de reparación directa, la Sala deberá resolver si el auto 620-410-1162 del 24 de agosto de 2000, proferido por la Superintendencia de Sociedades, dentro del trámite del concordato de la sociedad Sensei Motor Ltda., el cual fue confirmado por el auto 620-410-1927 del 20 de noviembre de 2000, que resolvió el recurso de reposición, constituye error judicial.

10.1. Para ello, es indispensable determinar si, habría lugar a declarar la caducidad de la acción de reparación directa, toda vez que, desde la emisión de los actos atacados, proferidos por la Intendencia Regional de Cali de esa Superintendencia han transcurrido más de 2 años, término dispuesto por el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para interponer la acción de reparación directa.

IV. Análisis de la Sala.

11. Como lo relatan los antecedentes, la parte actora solicita declarar responsable a la Superintendencia de Sociedades por los perjuicios ocasionados como consecuencia del error judicial consistente en i) la exclusión como acreedor dentro del concordato de la sociedad Sensei Motor Ltda., pues se rechazó la cesión del crédito que a su favor hizo el señor Simmaco Antonio Briceño, por la suma de $310 000 000, ii) el reconocimiento a la sociedad Financiera Mazdacrédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, como acreedora quirografaria o de quinto grado, a pesar de que esta se presentó al proceso de concordato de forma extemporánea, y iii) la imposibilidad real de poder ejercer el derecho de defensa con respecto al crédito adquirido y de votar las decisiones del concordato o de la reestructuración económica (párr. 1).

11.1. Es claro para la Sala que la fuente del daño alegado por el actor es el auto 620-410-1162 del 24 de agosto de 2000, mediante el cual el intendente regional de Cali efectuó la calificación y graduación de los créditos del proceso concordatario promovido por Sensei Motor Ltda., y reconoció dentro de los créditos de quinta clase, el presentado por Simmaco Antonio Briceño —y no la cesión hecha por este a favor de Leonardo Aljure—, así como el crédito de Financiera Mazda Crédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial.

11.2. Se inicia por precisar que la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 65 precisó que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales” y desarrolló tres eventos a partir de los cuales el Estado debe asumir la reparación por los daños antijurídicos que le resulten imputables con ocasión de la administración de justicia: (i) el error jurisdiccional (ii) la privación injusta de la libertad y (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

11.3. La misma normativa señaló que el error judicial “es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

11.4. De otro lado, La Corte Constitucional en Sentencia T-079 de 2010(5) afirmó que en jurisprudencia uniforme y reiterada de esa Corporación, se ha establecido el carácter jurisdiccional de las decisiones proferidas por las superintendencias en procesos de liquidación obligatoria, sobre la base de la atribución consagrada en el artículo 116 de la Constitución Política, que prevé la posibilidad de que autoridades administrativas ejerzan, de manera excepcional, funciones jurisdiccionales, y en el artículo 113 constitucional, que consagra el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público. Sobre el particular agregó:

En desarrollo de las disposiciones superiores recién mencionadas, el Legislador ha definido los contornos de las funciones jurisdiccionales de las superintendencias en la Ley 486 de 1998 (arts. 147 y 148) y, en materia de procedimientos concursales de sociedades no sujetas a un régimen especial, en la Ley 222 de 1995 (mod. L. 1116/2006), atribuyendo competencia a la Superintendencia de Sociedades para actuar como juez en estos procesos(6).

En consideración a los mandatos legales y constitucionales expuestos, la Corte Constitucional ha explicado (i) que los autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades, actuando como juez concursal, tienen carácter jurisdiccional, así que no son susceptibles de control por la vía gubernativa, ni a través de las acciones contenciosas previstas por la Ley para controlar la legalidad de los actos administrativos; (ii) en consecuencia, la acción de tutela resulta procedente para controvertir tales providencias, siempre que se evidencie amenaza o desconocimiento de derechos fundamentales, y (iii) se hayan agotado los medios de control de legalidad previsto por el legislador para cada procedimiento(7).

11.5. En armonía con lo anterior, el artículo 90 de la Ley 222 de 1995, “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones”, vigente para el momento de los hechos, consagra que “La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116, inciso 3º de la Constitución Política.”

11.6. Lo anterior significa que, la entidad demandada puede incurrir en responsabilidad por error judicial o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en los términos de la Ley Estatuaria de la Administración de Justicia, en desarrollo del artículo 90, 113, 116 de la Constitución(8).

11.7. Ahora bien, la Sala deberá entrar a revisar si la acción de reparación directa se interpuso a tiempo respecto de la providencia atacada, o si respecto de aquella hay lugar a declarar la caducidad de la acción.

11.8. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico, por lo cual, las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

11.9. El fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia y el juez debe declararla, en caso de que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial correspondiente dentro del plazo legalmente estipulado(9).

11.10. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 136 Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el término para interponer la demanda en ejercicio de la acción de reparación directa es de dos (2) años “contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

11.11. De esta forma, el término de la caducidad de la acción de reparación directa debe empezar a contabilizarse a partir de la ocurrencia del hecho que causó el daño, que para los asuntos de error judicial(10), se concreta con la ejecutoria del proveído en cuestión.

11.12. Para calcular la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia mediante la cual la Superintendencia de Sociedades calificó y graduó los créditos dentro del proceso concordatario, se deben tener en cuenta dos disposiciones.

11.13. De un lado, el artículo 133 de la Ley 222 de 1995, que estipula: “Providencia de calificación y graduación de créditos. Dentro de los quince días siguientes a la terminación de la audiencia preliminar, la Superintendencia de Sociedades calificará, graduará y determinará las bases para liquidar los créditos reconocidos y admitidos, de acuerdo con la relación presentada por el deudor y los demás elementos de juicio de que disponga y ordenará las contabilizaciones a que hubiere lugar. (...) Contra esta providencia procede únicamente el recurso de reposición, el cual deberá decidirse en el término de diez días”.

11.14. Del otro, el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil consagra: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”.

11.15. En el caso en estudio, como quiera que la parte actora recurrió la providencia de calificación y graduación de créditos, contenida en el auto 620-410-1162 del 24 de agosto de 2000, y solicitó su aclaración y corrección, y que dicho recurso y petición fueron resueltos en la providencia 620-410-1927 del 20 de noviembre de 2000, la Sala entenderá que la fecha de ejecutoria es esta última fecha, pues fue “cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”, en los términos del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil.

11.16. En ese orden de ideas, el actor contaba con 2 años desde el 20 de noviembre de 2000 para demandar en reparación directa la providencia judicial en mención, esto es, hasta el 21 de noviembre de 2002, y como quiera que lo hizo el 31 de marzo de 2004, la acción se encuentran caducada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo Del Valle del Cauca, del 1º de febrero de 2011 la cual quedará así.

1. Declárese probada la excepción de la caducidad de la acción.

5(sic). DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese Cúmplase».

2. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

3. Rad. 76001-23-31-000-2001-3261-01 (AC-1978), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Consideró ese despacho que no existía cosa juzgada en relación con los fallos emitidos por el Juzgado 9º Civil del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del mismo distrito judicial, en el curso del proceso de tutela promovido por la sociedad Sensei Motor Ltda.; si bien concurrieron dos de los requisitos que permiten su configuración, esto es, la identidad de causa y de objeto en los dos procesos judiciales, no hay identidad de partes, teniendo en cuenta que el señor Leonardo Aljure Dorronsoro, fue el solicitante en el proceso cuya competencia avocó esa Corporación, quien no intervino en aquél.

4. M.P. Jaime Araujo Rentería.

5. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

6. [5] Ver artículo 90 de la Ley 222 de 1995 y 6º de la Ley 1116 de 2006.

7. [6] Nuevamente, remite la Sala a las Sentencias T-757 de 2009 y T-803 de 2004.

8. Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 20 de febrero de 2014, rad. 25000-23-26-000-1999-01526-01(27477), C.P. Stella Canto Díaz del Castillo. En este caso se condenó a la Nación-Superintendencia de Sociedades a pagar los intereses causados por la mora en la entrega y pago efectivo de un título de depósito judicial con el cual, según lo establecido en el acuerdo concordatario, pagaría los créditos a sus acreedores.

9. Al respecto la Sala ha señalado: “Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina, “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. // Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la Administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo del 2000, Exp. 12200, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

10. Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. 13392, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Sentencia del 29 de octubre de 2015, Exp. 35085, C.P. Danilo Rojas Betancourth y Sentencia del 26 de noviembre del 2015, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.