Sentencia 2004/01039/38505 de Noviembre 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Rad.: 250002326000200401039-01 (38.505)

Actor: María Aurora Piñeros Sierra y Otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa -Ejercito Nacional - DAS.

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil dieciséis.

Extractos: «V. Consideraciones.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de septiembre de 2009, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, como quiera que la indemnización solicitada por el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, se estimó en $2.077´000.000, cifra que supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes que la Ley 446 de 1998 exigía para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia(21).

2. El Ejercicio Oportuno de la Acción.

Uno de los motivos de inconformidad de la entidad demandada consistió en considerar que la acción había caducado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984(22), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En el presente caso, la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la muerte del señor Luis Antonio Sierra, ocurrida en hechos sucedidos el 15 de mayo de 2002 en el municipio de Sibaté (C/marca), lo que significa que la parte actora tenía hasta el día 16 de mayo de 2004 para presentar el libelo, debiéndose precisar que ese día era domingo, por lo que el primer día hábil siguiente fue el 17 de mayo de 2004, fecha en la que, de acuerdo con el sello visible a folio 1 del cuaderno 1 del expediente de la referencia, se presentó la demanda en la secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De lo anteriormente expuesto resulta que se ejercitó la acción dentro del término previsto por la ley(23).

3. Los Hechos Probados en el Proceso.

Antes de iniciar con los hechos probados, la Sala considera importante dejar en claro que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, tales probanzas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, pues en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque la carencia de formalidades legales para obtener su inadmisión(24).

Así mismo, esta Sección ha expresado, en otras ocasiones que, en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes o por una y se tomaron con audiencia de la otra, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el proceso contencioso administrativo, pues se considera que, en tales casos, igualmente resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque ausencia de formalidades legales para su admisión(25).

Lo anterior se deja consignado en atención a que en el presente asunto, la parte actora solicitó el traslado del proceso penal por el delito de rebelión, que le fue iniciado al señor José David Mayorga Castillo, quien para el momento de los hechos acompañaba a la víctima, señor Luis Antonio Sierra Ruíz, solicitud que fue coadyuvada dentro del término legal por la parte demandada(26) y decretada en providencia del 5 de agosto de 2005(27).

Se tiene, entonces, que en atención al material probatorio obrante en el expediente y que ha sido recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se encuentra acreditado lo siguiente:

• Que el señor Luis Antonio Sierra Ruíz falleció el 15 de mayo de 2002, como consecuencia de 4 heridas causadas con arma de fuego, tal y como se desprende del contenido del registro civil de defunción(28), del protocolo de necropsia(29) y del acta de inspección de cadáver realizada por la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Fusagasugá(30).

• Que la muerte del señor Luis Antonio Sierra Ruíz, ocurrió el 15 de mayo de 2002, en desarrollo de la orden de operación denominada “Manantial” del Ejército Nacional, desplegada en la vía que conduce hacia la vereda El Peñón del municipio de Sibaté - Cundinamarca.

• Que en el momento en que el vehículo en el que se transportaba el señor Luis Antonio Sierra Ruíz pasó por el sitio donde se encontraban los miembros del grupo Furia del Batallón de Infantería 39 de Sumapaz del Ejército Nacional, fue atacado por sus hombres bajo el convencimiento de que todas las personas que se transportaban en él pertenecían a “la compañía móvil Abelardo Romero”(31), según se desprende del contenido del oficio 504 del 15 de mayo de 2002(32) y del informe de operación presentado por el Comandante del Grupo Furia al Comandante del Batallón de Infantería No. 39 Sumapaz(33).

• Que en el operativo en el que resultó muerto el señor Luis Antonio Sierra Ruíz, fue incautado el siguiente material de guerra y el vehículo donde se transportaba la víctima:

“Fusil Galil # 8-197607201
Fusil AK-47 # 85-NL6254-7365701
Granada M-7901
Granada Tipo Piña01
Porta proveedores de Cuero 7,6201
Porta proveedores AK-4701
Arnés02
Proveedores 7,6205
Proveedores AK-4703
Munición 7,62124
Munición para AK-47125
Vehículo Incautado 
Tipo Campero 
Marca Mitsubishi 
Modelo 1990 
Color Rojo Montana 
Servicio Particular Cabinado 
Placas BAS-533 
# De Motor 4G54KH 7798 (En el Vehículo Aparece 7796) 
# Chasis LO42M 01869 Tarjeta de Propiedad a Nombre de La Señora Teresa Torres Echavez. 
Seguro obligatorio a nombre de Jose David Mayorga Castillo c.c. x´xxx.xxx de choconta (cund)”. 

• Que los señores Luis Antonio Sierra Ruiz y José David Mayorga Castillo, el día de los hechos salieron del municipio de Sibaté hacia una finca de propiedad de la víctima, así lo refirió el señor Juan de los Reyes Bermúdez Piñeros(34) en declaración rendida en el proceso penal adelantado contra el último de los referidos (se transcribe tal como se encuentra el documento original):

“…se que era un día a las nueve y medio de la mañana, aproximadamente, don David, salió hacia una finca supuestamente propiedad del señor Luis Antonio Sierra y según por las versiones que se han escuchado tuvieron algún inconveniente en la vereda o finca donde se dirigieron. Peguntado: Ud., por qué conoce esta situación? Contesto: Porque yo conocía a don Luis Antonio Sierra y tengo un local comercial en la casa del señor David Mayorga y según alguna charla que tuve con ellos, me comentaron que se dirigían a esa finca. Preguntado: Sabe Ud., a qué se dirigían a esa finca de Luis Antonio Sierra? Contesto: Según palabras del señor Sierra a ver un ganado que él tenía en la finca, era solamente a echarle una mirada al ganado. Preguntado: Sabe Ud., en qué se desplazarían hasta la finca? Contesto: En un vehículo, un campero de propiedad de don David Mayorga. Preguntado: Ud., los vio irse a los dos en ese caso. Contesto: si señor”.

• Que en el momento en que se produjo el intercambio de disparos, pasaba por el lugar de los hechos el señor Clímaco Garzón González, persona que refirió lo sucedido el 15 de mayo de 2002 de la siguiente forma:

“… yo venía de la vereda el Peñón hacia San Miguel más o menos dos cuadras y media debajo de la casa mía a donde sucedieron los hechos. Don David(35) subía en un carrito rojo y blanco, es un Mitsubishi, yo saqué la mano para decirle adiós cuando vi que subía en ese momento se formó la balacera. Don David frenó el carro, se votó al piso, cesaron los tiros un poco y lo llamé, David? David está herido, él no me contestaba nada, cuando, cuando ya el se paró, se paró al lado mío y dijo ´mataron ese señor, mataron ese señor´, el Ejército nos hizo retirar del pie del carro, de los que iban en el carro uno se botó hacia el potrero a mano izquierda y el otro se bajó y siguió toda la carretera, uno era blanco, el otro era negro ahí le disparaban pero no le daban y yo me paré puse las manos en alto, les dije que era hombre de paz y no le estoy haciendo nada a nadie…”.

• Que el señor José David Mayorga Castillo, quien para el momento de los hechos se trasladaba con la víctima, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación mediante oficio 504 del 15 de mayo de 2002, con el fin de que fuera investigado por el presunto delito de rebelión, así se dejaron consignados los hechos en dicho documento (se transcribe tal como se encuentra en el documento original):

“Con el presente me permito dejar a disposición del Señor Doctor Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata en la ciudad de Fusagasugá (Cund.), al ciudadano Jose David Mayorga Castillo identificado con la cédula de ciudadanía x´xxx.xx expedida en el municipio de Chocontá (Cund.), quien en el momento de su captura se encontraba conduciendo el vehículo tipo campero, marca Mitsubishi, modelo 1990, color rojo Montana, Servicio Particular Cabinado, de placas BAS-533, De motor 4G54KH7798, Chasis LO42M 01869 a nombre de la señora Teresa Torres Echavez y el Seguro Obligatorio se encuentra a nombre del señor Jose David Mayorga Castillo cc x´xxx.xxx de Chocontá (Cund.), en el cual transportaba a los señores Luis Sierra, NN (a. Elías), indocumentado quien al parecer hace parte de la comisión de finanzas de la Compañía Móvil Abelardo Romero de la organización narco terrorista farc y NN, indocumentado, estos tres señores fueron dados de baja en momentos en que la tropa se encontraba en la vía que conduce hacia la vereda el Peñón del municipio de Sibaté (Cund), pasaron en el vehículo antes descrito y al ver la tropa abrieron fuego, el contacto armado duró aproximadamente 10 minutos y al finalizar dicho encuentro dos de estos señores se encontraban sin vida en el interior del vehículo y uno más a 15 metros también sin vida, el señor Jose David Mayorga Castillo se entregó a la tropa, cabe resaltar que los señores dados de baja se encontraban vistiendo prendas de uso privativo de la Fuerza Pública”.

• Que el señor José David Mayorga Castillo, persona que se trasladaba en el vehículo con el señor Luis Antonio Sierra Ruíz, al momento de los hechos en que resultó muerto este último, fue absuelto por la justicia penal en providencia del 29 de octubre de 2002(36), para llegar a esta conclusión se discurrió de la siguiente forma:

“Sierra y Mayorga se conocían de tiempo atrás.

Sierra fue quien solicitó a Mayorga que lo llevase a su finca para observar un ganado de su propiedad. Con ese objetivo se encaminaron hacia allí.

José David Mayorga Castillo es una persona reconocida en la región, dedicada al comercio y a la ganadería y a la agricultura. Por tanto, se pudo determinar que esas labores realmente son ejercidas por el mencionado.

Luego entonces la versión brindada por el procesado verdaderamente puede tenerse como cierta y fedataria de verdad, es decir, que su presencia en el sitio de los acontecimientos fue apenas ocasional, espontánea e inocente, producto de un abordaje intempestivo de los miembros de la insurgencia que motivó, consecuentemente, la intervención del ejército”.

• Que el vehículo en el que se transportaba la víctima presentaba varios orificios de arma de fuego, tal como se dejó consignado en el acta de la diligencia de inspección judicial del vehículo (fiel al original):

“Se trata de un automotor marca Mitsubishi, color rojo, tipo campero, servicio particular, placa BAS 553, originales las que porta en cantidad de dos, Motor # 4G54KH7796 original, chasis # L042M-01869 original, Daños Que Presenta. Llanta delantera izquierda trozada y amolada en su totalidad, llanta delantera derecha desinflada, el rin presenta una perforación en forma circular de un centímetro de diámetro, llanta posterior derecha desinflada, presenta en la coraza una puntilla, llanta lateral izquierda posterior en buen estado labrado medio, llanta de repuesto labrado medio sin aire; puerta izquierda anterior (conductor) presenta orificio de bordes irregulares hacia afuera, un segundo orificio en forma rasgada y protuberante de adentro hacia afuera a la altura del espejo, por su parte interna a la altura del marco y cerca al vidrio triangular presenta una abolladura en forma circular de un centímetro de diámetro, en la parte superior de la manija el descansabrazos presenta un orificio en forma circular bordes regulares de afuera hacia adentro, en el lateral inferior del descansabrazos se encuentra un orificio de entrada bordes regulares, vidrio de la puerta destruido, en el marco parte superior se encuentra un orificio de entrada bordes regulares y de salida bordes irregulares, en el techo a la altura del espaldar del conductor parte externa se encuentra un orificio de un centímetro de diámetro y en el cual se encuentra la parrilla maletera presentando orificio que corresponde al techo y que presenta orificio de salida, en la parte posterior del techo se encuentra un orificio de entrada con perforación en la parrilla maletera y en la parte interna del techo orificio de salida de bordes irregulares, a la altura del paral posterior izquierdo se encuentra un orificio de entrada y en la parte interna de salida con nueva entrada y salida a la altura del vidrio posterior izquierdo, vidrio posterior izquierdo destruido, vidrio panorámico posterior destruido, en el último asiento izquierdo posterior auxiliar presenta un orificio de entrada por el espaldar y de salida posterior del asiento, orificio de entrada parte posterior de la puerta posterior de entrada y salida al piso, orificio a la altura del guardafangos posterior izquierdo, vidrio lateral derecho destruido. Se deja constancia por el suscrito fiscal que los impactos de conformidad con los bordes evertido e invertidos tienen o presentan una trayectoria de derecha a izquierda, superior inferior, tomando el automotor en su sentido natural…”(37).

• Que según declaraciones rendidas en el presente asunto el señor Luis Antonio Sierra Ruíz desarrolla varias actividades de comercio como la ganadería y el transporte. Por su parte el señor Santiago Ruíz Herrera, en relación con el tema adujo (se transcribe tal como se encuentra en el original):

“Era ganadero, comerciante y transportador, poseía fincas en el municipio de Maya, cuidaba ganado cebú y en ocasiones traía ganado para levante de esa finca para acá en Guayatá, tenía fincas en Sibaté allí tenía dos fincas dedicadas a la siembra de papa aproximadamente una veinte cargas, ganado y cerdos, aquí en Guayatá tenía en Fonsaque, Chitavita, Guarumal, en las veredas de Tencua arriba y Tencua abajo, Plaza abajo, Romaquirá, acá en el pueblo tenía una casa grande. En todas las fincas poseía ganado, en el llano unas seiscientas reses y acá en Guayatá unas ciento cincuenta. Comerciaba también en fruta, en Guateque y las transportaba a Bogotá para venderlas, tenía un depósito de huevos o bodega grande en Corabastos en la ciudad de Bogotá. Ideó para ayudar a la gente del campo una forma de sembradío que se llamaba el planteo es decir que el daba la semilla, los abonos y ayudaba con jornales para arar la tierra el dueño de la tierra ayudaba con otros jornales y manejaba el cultivo y al final repartían las ganancias. Como poseía varios carros ente ellos un doble-troque una camioneta pequeña, dos camiones, todos trabajando”(38).

En relación con la misma cuestión el señor Germán Octavio González Londoño, expresó (conforme al original):

“Yo le conocí varios negocios, cebadero de ganado, explotaba la cuestión de la lechería en la región de Sibaté, tenía la cuestión del negocio del tomate, la cuestión de que financiaba cultivos, el negocio de los huevos en cantidad, al por mayor en la plaza de Corabastos”(39).

Finalmente el señor Juan de los Reyes, arguyó (fiel al original):

Preguntado: Usted conoce o conoció familiares de don Luis Sierra? Contesto: Yo conozco la familia de él, él tenía su lugar de residencia en Bogotá, la dirección sé que es en el barrio Quinta Paredes, conozco a sus hijas pero no sé donde viven. Preguntado: Ese día estaba alguna hija del señor Luis Sierra en Sibaté? Contesto: Si señor, estaba Nidya Sierra. Preguntado: Sabe usted a qué se dedica el señor Mayorga y Sierra. Contesto: El señor Mayorga es comerciante, se dedica a la agricultura, don Luis Antonio Sierra comerciante, ganadero”(40).

4. Análisis de la Sala.

Establecida la existencia del daño antijurídico que dio origen a la presente acción, esto es, la muerte del señor Luis Antonio Sierra Ruíz, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el presente asunto dicho daño le puede ser atribuido a la institución demandada y, por lo tanto, si es deber jurídico de ésta resarcir los perjuicios que de él se derivan.

La parte demandada insistió en que la muerte del señor Luis Antonio Sierra Ruíz se produjo como consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima, pues conociendo la situación de inseguridad y la presencia de grupos armados al margen de la ley en el sitio de los hechos, se desplazaba por dicho lugar.

Por su parte, la demandante adujo que no se puede perder de vista que la muerte de Luis Antonio Sierra Ruíz, producida en medio del enfrentamiento al que ya se ha hecho referencia en el que resultaron afectados particulares inocentes, constituía un daño antijurídico que no estaban en la obligación de soportar.

Ahora bien, a partir de los hechos probados que se dejaron descritos, la Sala advierte que, en el presente asunto, el estudio de imputación desborda el plano de lo material y fáctico para ubicarse en un escenario jurídico y normativo, que permite determinar que el daño es atribuible a la institución demandada, luego de efectuar el siguiente análisis:

4.1. Precisiones sobre los regímenes de responsabilidad y títulos jurídicos de imputación.

Sea lo primero precisar que la imputación del daño antijurídico a la Administración Pública implica que debe existir un fundamento o razón jurídica que permita la atribución de una conducta (activa u omisiva) a una autoridad pública, en una circunstancia determinada. En consecuencia, la denominada imputación jurídica supone establecer y/o identificar el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado daño antijurídico a partir de los diferentes regímenes y títulos de imputación que tienen cabida en el artículo 90 de la Constitución Política(41), esto es el régimen subjetivo falla del servicio por acción y por omisión(42) y el régimen objetivo daño especial y riesgo excepcional.

Ciertamente, con la expedición de la Carta Política de 1991, se introdujo una cláusula general de responsabilidad del Estado que expresamente señala: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”(43).

En este punto, resulta menester señalar que la diferencia fundamental entre los denominados regímenes y títulos de imputación radica, básicamente, en una distinción creada a partir de la necesidad de la acreditación del elemento “culpa” de la Administración, el cual, no es otra cosa que la verificación del incumplimiento de un deber jurídico a su cargo(44). En efecto, mientras que en el régimen subjetivo, para atribuir un daño antijurídico al Estado debe probarse un incumplimiento normativo, en el régimen objetivo, fundamentado en actuaciones lícitas de la Administración, bastará con acreditarse el daño y la relación de causalidad material entre aquél y la actuación del Estado, sin que se requiera analizar si se produjo dicho incumplimiento o “culpa”(45).

Analizados los antecedentes históricos del artículo 90 Constitucional antes transcrito se tiene que el Constituyente estimó la necesidad de fundamentar un sistema de responsabilidad estatal que, en concordancia con la jurisprudencia ya decantada en principio por la Corte Suprema de Justicia y posteriormente por esta Sección, fuera comprensiva no sólo de los regímenes tradicionales de falla y de culpa, sino que, además, abarcara los de estirpe objetiva, entre ellos, expresamente, la concepción del daño especial. Así lo explicó la Asamblea Nacional Constituyente:

“… Conviene señalar que el régimen que se propone en materia de responsabilidad patrimonial del Estado no se limita a su mera consagración expresa a nivel constitucional, sino que, además incorpora los más modernos criterios sobre la materia, consistentes en radicar el fundamento de esa responsabilidad en el daño antijurídico y en su imputabilidad al órgano estatal, De esta manera se resuelve el problema que hoy ya plantea la evidente insuficiencia del criterio de la llamada “falla del servicio público”, dentro de la cual no caben todas las actuales formas y casos de responsabilidad patrimonial, tales como el de “la responsabilidad por daño especial”.

“En otras palabras, se desplaza el soporte de la responsabilidad administrativa, del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuridicidad del daño producido por ella. Esta antijuridicidad habrá de predicarse cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de un título jurídico válido y que exceda el conjunto de cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social”.

Adicionalmente, debe indicarse que el uso de tales regímenes y títulos de imputación por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la aplicación de cada título de imputación consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado(46). Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera ha precisado que,

“(…) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos ‘títulos de imputación’ para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación”(47).

En la actualidad, las decisiones judiciales que se consideran admisibles son únicamente aquellas que tienen como sustento criterios o parámetros distinguibles que puedan ser revisados y analizados desde una órbita externa a la decisión misma. Bajo esa perspectiva, cada providencia judicial conlleva una elección entre diferentes opciones de solución, que, según el criterio del fallador, se escoge por mostrarse como la más adecuada al caso concreto.

En ese orden de ideas, la razón por la cual se exige al juez dicha motivación tiene que ver con la necesidad de observar el itinerario recorrido para la construcción y toma de la decisión adoptada, de manera que se disminuya el grado de discrecionalidad del fallador, quien deberá siempre buscar la respuesta más acertada a los hechos que se le plantean, garantizando así una sentencia argumentada, susceptible de ser controvertida por vía de impugnación propuesta por las partes que se consideren perjudicadas.

4.2. El Daño Especial en la Jurisprudencia Contencioso Administrativa Colombiana Como Título de Imputación.

Como bien es sabido, la primera aplicación del concepto de daño especial por parte del Consejo de Estado Colombiano se dio en el año 1947, al decidirse la existencia de responsabilidad patrimonial estatal por los perjuicios causados al periódico “El Siglo” en el año 1944, al no haberle nombrado censor, con lo cual se impidió su circulación. En esta ocasión, la Corporación consideró que si bien la influencia del derecho comparado resultaba útil para la jurisprudencia, la adopción de nuevas instituciones debía acompasarse a la realidad nacional. Así se expuso tal criterio en dicha providencia:

“Es que Colombia no puede seguir atada, en forma inseparable e indisoluble a instituciones jurídicas y a las jurisprudencias extranjeras. Bien está que en presencia de normas similares en el fondo, o de temas comunes a la vida social de todos los pueblos civilizados se aprovechen las enseñanzas de eminentes autores. Pero los países tienen por múltiples factores de variado linaje, sus características propias, su filosofía distinta, que justifican una legislación acompasada con la estructura que les es peculiar. Y esta Nación, en el caso concreto que se examina, como en muchos otros, ha reaccionado contra la tradición foránea, adoptando instituciones legales de auténtico avance y originalidad, compatibles con su índole nítidamente Civil, principalmente cuando de respeto de terceros se trata. No quiere que nadie sufra perjuicios, pero si las circunstancias de un momento dado determinan fatalmente a obrar, así sea con aplicación del principio, según el cual el interés general prevalece sobre el interés individual u objetivo, viéndose el Estado en la necesidad de realizar actuaciones capaces le lesionar a alguien, aunque involuntariamente, establece la forma de dejarlo completamente indemne,

“…Examinadas las anteriores doctrinas modernas, bien se ve que comparadas con remotas teorías de derecho, la jurisprudencia ha venido en constante progreso, no por saltos sino lentamente, partiendo del viejo principio de la irresponsabilidad total y pasando gradualmente por los de la responsabilidad culposa y la responsabilidad sin falta, a los actualmente en vigor del enriquecimiento sin causa y del daño especial, señalando los avances del derecho tanto en el tiempo como en el espacio.

“Ahora bien: al aplicar tales doctrinas jurídicas, expuestas, según se ha visto, con envidiable claridad por eminentes tratadistas, es evidente, desde luego, que en el caso de autos debe desecharse por improcedente la relativa al enriquecimiento, puesto que el Estado no derivó ningún aumento de patrimonio con la suspensión del diario El Siglo, ni mucho menos con detrimento de esta Empresa; y, en cambio, acogerse la del daño especial, en armonía con la de la responsabilidad sin falta” (negrillas fuera de texto).

Como puede verse, la adopción de la teoría del daño especial por la jurisprudencia nacional, hizo énfasis únicamente en el carácter del daño, sin someter tal criterio de imputación a la existencia de nexo causal físico, lo que se hizo de manera expresa y consciente.

La anterior concepción del daño especial, es decir, la que concentra su elemento de estudio en la magnitud “anormal o especial” del daño, independientemente de la naturaleza del hecho, fue reiterada por la Corporación en Sentencia del año 1949, en la cual se afirmó:

“El Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar los derechos de los particulares, pero si esa afectación es igual para todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones no hay violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad. Es por tanto característica de la responsabilidad del Estado que el daño sea especial, lo que ocurre según Bonnard, cuando en una categoría dada de individuos, colocados en una misma situación, el daño no afecta sino a uno o algunos de ellos, pues si todos los que se hallen en estas situaciones son o pueden ser afectados por el daño, el individuo se encuentra en presencia de una carga pública, como lo son, por ejemplo: los inconvenientes normales de vecindad que todo propietario debe soportar por el hecho de las propiedades vecinas. El daño debe ser, por tanto excepcional y anormal, porque la responsabilidad no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño, sino del carácter singular o excepcional del daño ocasionado(48) (negrillas fuera de texto).

Posteriormente, con ocasión de los daños causados por manifestantes a un establecimiento de comercio, en hechos de violencia acaecidos en el mes de mayo de 1957 en la ciudad de Cali con motivo de la caída del poder del General Gustavo Rojas Pinilla, esta Corporación accedió a las pretensiones del demandante, al entender que si bien el daño había sido causado por terceros ajenos a la demandada, una “turba enfurecida”, y que la decisión de las fuerzas de seguridad del Estado de no tomar acción en contra de los manifestantes había sido adoptada con el fin de evitar que se causaran mayores daños, lo cierto era que tales circunstancias implicaban para los afectados un rompimiento del equilibrio en las cargas públicas que debía ser indemnizado. Estas fueron las reflexiones de la Corporación en esa ocasión(49):

“… se ha alegado por la misma parte, como causa de exculpación, que el 10 de mayo de 1957 hubo una rebelión arrolladora, incontenible por las autoridades, y se ha estado a este respecto el siguiente concepto de la Corte Suprema de Justicia: ‘La Nación no es responsable de los daños y perjuicios que causen a terceras personas los hechos que realicen agentes suyos en rebeldía contra la misma Nación o Estado. En este evento ocurre algo igual al caso de un particular cuya responsabilidad por el hecho de aquéllos que estuvieren a su cuidado cesará, conforme al precepto del artículo 2347 del Código Civil, si con la autoridad y cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.

“La fidelidad al Código Civil puede resultar poco indicada en los trajines del Derecho Público, y trocarse ella en una infidelidad al espíritu de justicia. Es explicable que durante tanto tiempo se haya buscado resolver casi todos los conflictos jurídicos a la luz de las normas de un Código que es un monumento de sabiduría y un oráculo en previsiones. Hasta las restricciones al derecho de propiedad, por la función social de la misma, que tanta tinta ha hecho correr modernamente, hallan cabida en la concepción del dominio que contiene el artículo 669, según el cual la libre o arbitraria disposición de una cosa está sujeta a la voluntad de la ley y al derecho ajeno. Es explicable también que ese Código se haya creado su propia y vasta atmósfera, y que debido a su autoridad y al hecho de que en un tiempo no menudeaban como hoy los antagonismos entre el interés privado y el público, pues era menos avasallante el Estado, se haya apelado a su espíritu general como al espíritu decisorio y rector en todas las situaciones. Es explicable que se haya impuesto y que se imponga “la majestad histórica del Código Civil.

“Pero es un hecho que el Código Civil, Código del Derecho Privado, está inspirado en el concepto de la igualdad de las partes; y que en el Derecho Público, por el contrario, no puede desconocerse que las relaciones giran entre dos partes desiguales: entre el Poder, persona de un orden, y el ciudadano, persona de orden distinto. Entre éste, que es débil, y aquél, que es fuerte. El poderío se requiere para poder gobernar, pero también responsabiliza.

“La dualidad entre padre e hijo, o entre curador y pupilo que contempla el artículo 2347 del Código Civil, no puede trasladarse al Estado. La misma diversidad de naturaleza entre una persona física y una persona moral de derecho público, indica que la asimilación no puede hacerse tan paladinamente. Aunque al tratar de la responsabilidad estatal se suele especular sobre la responsabilidad personal y la falta de servicio, eso es distinto a querer situar en una parte al Estado y en otra a sus gentes y a sus órganos. Porque, cómo concebir al Estado sin éstos, o a éstos sin el Estado Indudablemente se trata de una sustancia cuya partición no es posible. (…).

Todo conduce a indicar que en la esfera más amplia, y ante el desequilibrio de las cargas públicas, siempre se encontrará el sujeto responsable. La Nación es la que responde. Comunidad supra funcional, como se le llama, porque en su seno se registran todas las acciones y todas las reacciones, no debe enriquecerse a costa de nadie. Y por eso, cuando dentro de ella hay quién sufra y quién haya recibido detrimento por acción o por omisión de los gestores públicos, y aunque la conducta de éstos haya sido la estimada prudente ante el desbordamiento de grupos que por interacción reciben de otros el amor o el odio del día, y en todo caso la pasión de turno, es justo que la Nación resarza el perjuicio. En este caso, ante el Código Civil es preciso pasar de largo” (Negrillas fuera de texto).

De todo lo anterior, se advierte que la Sección Tercera, en búsqueda de los contenidos materiales de justicia, de acuerdo con los conceptos de equidad y justicia distributiva, consideró en aquella oportunidad que debía acudirse a la aplicación del título de imputación del daño especial para definir la responsabilidad de la Administración.

Así, pues, ha de convenirse en que el Consejo de Estado ha entendido que la teoría del daño especial tiene su fundamento en la equidad, ya que existen eventos en los cuales deberá el Estado entrar a reparar los perjuicios sufridos por las personas pese a que ningún reproche merezca su actuación, siempre que el daño ostente características de anormalidad y de especialidad. Así lo señaló la Sección Tercera en Sentencia de 28 de octubre de 1976(50), cuando dijo:

“Es que la responsabilidad sin falta, por daño especial, encuentra su respaldo en la equidad que campea como espíritu general de la Constitución y tiene especial repercusión en los artículos 30 y 33 de dicho estatuto, constitutivos de principios generales de derecho público interno, suficiente para configurar la responsabilidad. El Estado ha cumplido, pero la Nación, tributaria de aquel y destinatario de los resultados de su gestión, se ha beneficiado a costa del desmesurado, anormal e imprevisible daño sufrido por uno de los administrados y, por equidad, debe concurrir a compensar el daño causado”(negrillas fuera de texto).

Dado el especialísimo carácter de esta teoría, al dar preferencia a uno solo de los elementos de la responsabilidad, —el daño sufrido por la víctima— la Sección siempre ha manifestado que su aplicación es de carácter excepcional y residual, en tanto sólo deberá ser usada en eventos que, de analizarse a la luz de los regímenes comunes de responsabilidad, terminarían en un fallo absolutorio, pero —a la vez— notoriamente injusto. En efecto, así se explicó en Sentencia de 1989, en la que razonó como sigue:

“La existencia del Estado y su funcionamiento implican incomodidades o inconvenientes para los asociados, que éstos deben soportar en aras del bien colectivo en tanto y en cuanto esas incomodidades no sobrepasen un determinado umbral: el de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y las cargas públicas. Cuando quiera que se quiebre esa igualdad, aun por el obrar legítimo y ceñido al derecho de la administración, será preciso restablecerla, resarciendo los perjuicios que de tal manera hayan podido causarse, porque la equidad así lo impone

“Esta teoría se aplica de manera excepcional y por equidad, precisamente porque es subsidiaria, de modo que ha de recurrirse a ella tan sólo en eventos en los que el caso concreto examinado no logre su encasillamiento dentro de los otros regímenes de responsabilidad y se aprecie por el sentenciador que esa ausencia de tipicidad, si así puede decirse, comporta vulneración injustificada del principio de equidad”(51).

Precisado como queda con lo antes señalado respecto del fundamento esencial de la aplicación del referido título de imputación —daño especial—, ha de pasarse a ver cómo, la Sección, en búsqueda de darle mayor precisión al caso puesto a su consideración en esa oportunidad, estableció la necesidad de la existencia de un nexo de causalidad (material), entre el hecho y el daño sufrido, y lo dijo así en el año 1991:

“A manera de síntesis, para que pueda hablarse de responsabilidad administrativa por daño especial, es indispensable la concurrencia de los siguientes requisitos tipificadores de la figura, a saber:

a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración;

b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho de una persona;

c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas;

d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y especial, en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados;

e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado; y

f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de otro, de los regímenes de responsabilidad de la administración.

Se trata, entonces, de una responsabilidad objetiva dentro de la cual demostrado el hecho, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro se produce la condena, teniendo en cuenta (...) que se presenten los demás elementos tipificadores de este especial régimen”(52) (negrillas adicionales).

A partir de ese momento, la teoría del daño especial sufrió una suerte de bifurcación en su aplicación puesto que, en algunos casos, se exigiría la configuración de la totalidad de los elementos anteriormente vistos, mientras que en otros se mantendría el concepto de daño especial en su entendimiento original, vale decir, privilegiando las características anormales y especiales de los daños sufridos por las víctimas. En efecto, el fundamento de la responsabilidad obedecía a la necesidad de restablecer la equidad perdida frente a las características de gravedad y anormalidad del daño. Así lo dijo la Sección en Sentencia de 9 de febrero de 1995, proferida con ocasión del atentado perpetrado por Pablo Escobar contra el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS(53):

“Como se puede apreciar, el Principio De Responsabilidad Por Daño Especial se informa, a su vez, en razones de Equidad, criterio auxiliar en la actividad judicial. Como es bien sabido, ella es la idea fundamental en el concepto de justicia, como lo recuerda John Rawls, en su obra “Justicia como Equidad”. Por ello enseña:

“La cuestión de la equidad surge cuando personas libres que carecen de autoridad las unas sobre las otras se embarcan en una actividad conjunta y establecen o reconocen entre ellas las reglas que definen esa actividad y que determinan las respectivas cuotas en Los Beneficios y las Cargas. Una práctica parecerá equitativa a las partes si ninguno siente que, por participar en ella, que él o alguno de los demás está sacando ventaja, o está siendo forzado a ceder ante pretensiones que no considera legítimas. Esto implica que cada uno tiene una concepción de lo que son pretensiones legítimas, y piensa que es razonable que los otros la reconozcan tanto como él. Si se piensa en los principios de justicia como surgiendo de la forma descrita, entonces esos principios definen ese tipo de concepción. Una práctica es justa o equitativa, pues, cuando satisface los principios que los que en ella participan podrían proponerse unos a otros para su mutua aceptación en las circunstancias antes mencionadas. Las personas embarcadas en una práctica justa, o Equitativa, pueden mirarse unas a otras abiertamente y defender sus respectivas posiciones —si es que parecieran cuestionables— por referencia a principios que es razonable esperar que cada uno acepte.

‘Es esta idea de la posibilidad de un mutuo reconocimiento de principios por personas libres que carecen de autoridad las unas sobre las otras la que hace que el Concepto de Equidad sea fundamental para la justicia’.

“Al dejar bien precisado que esta sentencia se informa también en la Equidad, quede en claro que para llegar a ella la Sala ha hecho suya la perspectiva de cuestionamiento que el ilustre filósofo aconseja al Juez, cuando le exige: ‘...determinar qué pensaría que es justo e injusto si cada uno de esos intereses fuera tan enteramente el suyo como de hecho son los de otras personas, y de prestar su juicio sobre el caso tal como le parece que su sentido de la justicia exige tras haber articulado en su mente con todo cuidado los problemas que hay que decidir’ (Obra citada, pág.3). En otras palabras: Cualquiera de los magistrados que integran la Sala, de encontrarse en las mismas circunstancias externas de los demandantes, también habrían demandado del Estado la indemnización correspondiente, pues el derecho es justicia o no es” (Se ha destacado).

Luego de reflexionar sobre lo que se deja visto, fuerza concluir que el entendimiento de la teoría del daño especial que en estas decisiones se adoptó, se corresponde con el criterio original o inicial que la Sección le dio a este régimen, en el que, tal como se vio, optó por alejarse parcialmente de los esquemas jurisprudenciales y doctrinales extranjeros y prefirió dar cabida a un régimen residual, en el cual tuviesen cabida todas aquellas situaciones contrarias a la equidad, siempre que tuvieran como fundamento la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas y una relación, no única o no necesariamente de causalidad inmediata, sino, especialmente, de imputación, esto es, de atribuibilidad jurídica de la responsabilidad de reparar los daños sufridos por las víctimas, al regular y legítimo funcionamiento del Estado o a la prestación de los servicios a cargo de éste.

Tales razones llevaron a que la Sección, hacia el año 2007, nuevamente trajera la visión del daño especial en su original acepción(54), y la aplicara en el caso de una granada lanzada por delincuentes contra agentes de la Policía Nacional, pero que, infortunadamente, terminó en la casa de habitación de una menor a quien le causó graves lesiones. Así se razonó en aquella providencia(55):

“… En el presente caso la imputación de responsabilidad se realiza con fundamento en el daño especial, que, como se extrae de lo antes expuesto, asienta su validez en valores y principios constitucionales que han sido aplicados en reiteradas y variadas ocasiones por la jurisprudencia de esta corporación.

“El resarcimiento de los perjuicios, en aplicación de los principios de igualdad y solidaridad, debe correr a cargo del Estado, pues fue como producto de su actividad legal y legítima que Angélica M. Osorio sufrió el daño. Daño que se entiende desproporcionado en relación con las cargas que normalmente deben asumir otros ciudadanos que se encuentran en su situación y que, por consiguiente, arroja como resultado la necesidad de reequilibrar las cargas públicas.

En adición, debe establecerse con total claridad que para el caso no resulta relevante que la granada, de acuerdo con el único testigo que observó la acción, fuera lanzada por los sujetos al margen de la ley y no por los miembros de la Policía Nacional, pues la rigurosidad debida en el análisis jurídico impone a la Sección la obligación de apreciar la situación en contexto(56). Así, una visión desarticulada de lo ocurrido podría guiar a la conclusión de que se trata de un daño fruto del hecho de un tercero; sin embargo, esta posición asimilaría situaciones completamente diferentes para efectos de determinar la responsabilidad del Estado; verbigracia, tendrían la misma consecuencia el hecho que nos ocupa y aquella situación en donde un particular con intención de dañar a otro particular, y sin que medie en el más mínimo detalle la acción del Estado, lanza una granada al interior de la casa o pone un bomba al frente de ésta. En este caso se sufre un daño antijurídico, que por consiguiente debe ser resarcido, pero el título de imputación no conduce al Estado, pues es claro que este evento no contó con su intervención.

“Por el contrario, el análisis de la situación planteada hace imposible obviar que el daño es consecuencia de la operación policial que se estaba desarrollando, haciendo que el resultado de la imputación cambie respecto del ejemplo propuesto. No podría contraponerse el argumento del hecho de un tercero o de la causa extraña, pues un análisis funcional de lo ocurrido exige situar el lanzamiento de la granada por parte del sujeto al margen de la ley dentro de la acción de persecución y enfrentamiento de la delincuencia realizada por los agentes de la Policía Nacional, es decir, dentro del funcionamiento del servicio…

“… En resumen, el utilizar el daño especial como criterio de imputación en el presente caso implica la realización de un análisis que, acorde con el art. 90 Const., tome como punto de partida el daño antijurídico que sufrió la niña Angélica María Osorio; que asuma que el daño causado, desde un punto de vista jurídico y no simplemente de las leyes causales de la naturaleza, se debe entender como fruto de la actividad lícita del Estado; y, que, por consiguiente, concluya que es tarea de la administración pública, con fundamento en el principio de solidaridad interpretado dentro del contexto del Estado Social de Derecho, equilibrar nuevamente las cargas que, como fruto de su actividad, soporta en forma excesiva uno de sus asociados, alcanzando así una concreción real el principio de igualdad…

“Esta reparación igualitaria, en cuanto responsabilidad del Estado, es reforzada en su razón de ser por la solidaridad, valor que debe animar el actuar del Estado colombiano, no sólo por su calidad de Social —y por ende redistributivo—, sino además porque el constituyente ratificó este carácter al consagrar en el Art. 1º a la solidaridad como uno de los valores fundantes del Estado, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado”.

Recientemente la Subsección A de esta Corporación(57), consideró que en eventos de daños producidos en el marco de un enfrentamiento en el que estén involucradas fuerzas estatales, resulta irrelevante determinar la autoría del causante del daño para imputar responsabilidad al Estado, dada la magnitud anormal o especial del daño que da lugar a la reclamación resarcitoria, independientemente de la naturaleza del hecho que lo causó, por cuanto la obligación indemnizatoria que se deduce proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad y por cuanto, para las víctimas injustamente afectadas, el daño irrogado entrañó una clara ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas que normalmente debían soportar. En este sentido se expuso:

“En consecuencia, acreditado como está que la muerte del señor Fonseca Cantor fue causada por un instrumento explosivo, en momentos en que se presentaba una confrontación entre las Fuerzas del orden y un grupo de indigentes del sector de El Cartucho, en concordancia con los pronunciamientos atrás citados, la Sala encuentra que resulta irrelevante determinar la autoría del causante del daño para imputar responsabilidad al Estado, toda vez que su declaratoria en estos precisos eventos solo exige que el daño se produzca en el marco de un enfrentamiento en el que estén involucradas fuerzas estatales, aspecto que al estar suficientemente probado en el proceso, impone a la Sala la necesidad de declarar la existencia de responsabilidad estatal en cabeza de la demandada, por cuanto la obligación indemnizatoria que se deduce, proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad y, por cuanto para la víctima injustamente afectada, el daño irrogado entrañó un claro rompimiento de las cargas públicas que normalmente debían soportar”.

Con apoyo en cuanto se acaba de exponer, para la Sala resulta claro que el régimen de responsabilidad por daño especial da preponderancia en el análisis, en el terreno de la imputación, a la situación de la víctima y no a la causalidad de los hechos, lo cual permite fundamentar la responsabilidad, de manera subsidiaria, en el principio constitucional de solidaridad y, simultáneamente, una adecuada aplicación del principio también de estirpe constitucional de la prevalencia de la justicia material como orientadora de la labor judicial. Así lo ha expresado la Sala en el siguiente aparte(58):

“Esta es, precisamente, la esencia del daño especial, la injusticia material que se derivaría de seguir otro parámetro de responsabilidad estatal en un caso concreto, situación que impone sobre los hombros del juez el deber de excepcionar la aplicación del régimen general con el objeto de dejar actuar la justicia material que de sentido al Estado Social de Derecho.

“Esta aproximación sirve para reforzar la idea de que la equidad en ningún momento debe entenderse como consecuencia del arbitrio judicial; por el contrario, se trata del uso de la discrecionalidad que permite —e incluso, en algunos casos exige— el ordenamiento para eventos en que la vía excepcional es la que cumple con el valor de justicia material que se busca”(59).

Así, pues, la aplicación del principio de equidad, norte necesario en la labor del Juez, es lo que justamente le permite al fallador dar concreción a la igualdad en aquellos casos en los cuales el sistema normativo no presenta una respuesta que consulte los valores constitucionales inherentes a la administración de justicia. Al respecto, se hace necesario traer a colación lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional sobre la aplicabilidad de tal principio(60):

“En primer lugar, la equidad le permite al operador jurídico evaluar la razonabilidad de las categorías generales de hechos formuladas por el legislador, a partir de las situaciones particulares y concretas de cada caso. En este sentido, la equidad se introduce como un elemento que hace posible cuestionar e ir más allá de la igualdad de hecho que el legislador presupone. La equidad permite al operador jurídico reconocer un conjunto más amplio de circunstancias en un caso determinado. Dentro de dichas circunstancias, el operador escoge no sólo aquellos hechos establecidos explícitamente en la ley como premisas, sino que, además, puede incorporar algunos que, en ciertos casos “límites”, resulten pertinentes y ponderables, y permitan racionalizar la igualdad que la ley presupone.

“En segundo lugar, la equidad actúa como un elemento de ponderación, que hace posible que el operador jurídico atribuya y distribuya las cargas impuestas por la norma general, proporcionalmente, de acuerdo con aquellos elementos relevantes, que la ley no considera explícitamente. La consecuencia necesaria de que esta ley no llegue a considerar la complejidad de la realidad social, es que tampoco puede graduar conforme a ésta los efectos jurídicos que atribuye a quienes se encuentren dentro de una determinada premisa fáctica contemplada por la ley. Por ello, la equidad —al hacer parte de ese momento de aplicación de la ley al caso concreto— permite una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios a las partes. En este sentido, el operador, al decidir, tiene en cuenta no las prescripciones legales, sino los efectos concretos de su decisión entre las partes. En virtud de la importancia que tiene para el sistema jurídico este momento crítico de aplicación de la ley, esta Corte ha reiterado la idea de que ‘Más fácil se concibe un sistema jurídico sin legislador que sin jueces, puesto que sin la posibilidad de proyectar la norma sobre el caso concreto, el derecho deja de ser lo que es’ (Sentencia C-083 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz)”.

Ha de concluirse de todo lo anteriormente visto que la búsqueda de la concreción del principio de justicia material debe orientar siempre las decisiones del juez, de forma tal que la aplicación de la normatividad que corresponda no devenga en denegación o vulneración de valores y principios constitucionales.

Lo antes enunciado resulta plenamente aplicable en casos como el presente, en donde el uso de un sistema de responsabilidad de tipo subjetivo aparecería desconectado del marco constitucional atrás señalado y permite entender que se le exige al fallador “una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales”(61).

En el marco de todo lo expuesto, aseverar que el daño especial exige para su configuración —necesariamente— una actuación legítima que obedezca a una relación de causalidad naturalística directa, con relación a la acción u omisión de un agente estatal, se aparta tanto del entendimiento integral que esta Sección ha hecho del artículo 90 constitucional(62), como de la evolución histórica que ha tenido en el país este fundamento de imputación, conforme ha quedado visto.

Esta misma reflexión permite entender a la Sala que el concepto de actuación legítima del Estado que fundamenta la teoría, presupone una valoración de naturaleza jurídica en el terreno de la imputación, actuación legítima representada en la lucha que ha sostenido y sostiene el Estado contra quienes se han alzado en contra de la institucionalidad —elemento que pone de presente la efectiva existencia de un nexo de causalidad, aunque no “inmediato” entre la acción del Estado y el daño ocurrido—.

Es por todo lo anterior que no resulta acertada la concepción según la cual los atentados que se dirijan de manera “ciega” sin que aparezca que apunten a la representación física de una institución estatal, no permiten vincular al Estado, por cuanto —en esos casos—, la decisión del actor “terrorista” o rebelde, al atacar el elemento estructural del Estado —la población(63)—, busca la desarticulación y debilitamiento de las instituciones, con lo cual no hace más que poner de presente la voluntad de atentar contra la organización estatal.

Así las cosas, en prieta síntesis, la Sala considera que el Estado debe responder patrimonialmente no porque su comportamiento pueda entenderse constitutivo de reproche, sino por la necesidad de restablecer en este caso concreto el equilibrio frente a las cargas públicas y, en tal virtud, acompañar a las víctimas injustamente ofendidas con este tipo de ataques, de forma que se garanticen efectivamente —y no en el campo de la retórica— los principios constitucionales de equidad, solidaridad y se restablezca el principio de igualdad frente a las cargas públicas.

4.2. Diferencia Entre las Hostilidades Propias de un Conflicto Armado Interno y los Actos de Terrorismo con Finalidad Política, y de Estos con los Actos de Delincuencia Común.

Comoquiera que en los diferentes informes rendidos por el Comandante del Grupo Furia del Ejército Nacional, en relación con los hechos en que resultó muerto el señor Sierra Ruíz, adujo que el operativo Manantial se había desarrollado con el fin de dar de baja a unos guerrilleros pertenecientes al “grupo terrorista” que se encontraba en el sector, la Sala estima imperioso realizar las siguientes precisiones frente a las circunstancias en las cuales se produjo el daño antijurídico en el presente asunto.

Así, pues, aun cuando no existe instrumento alguno de Derecho Internacional Humanitario contentivo de una definición de lo que debe entenderse por conflicto armado, lo cierto es que algunos tratados de DIH exigen, como presupuesto de aplicabilidad, que en la confrontación armada de la cual se trate concurra una serie de características que sirven como necesarias para que pueda abrirse paso la operatividad de las normas humanitarias(64).

En efecto, la doctrina, la jurisprudencia y los instrumentos convencionales de DIH coinciden en precisar que los actos de violencia individual, la utilización de la fuerza no constitutiva de una acción típica militar o los hechos delincuenciales o criminales, no encuadran en la condición de conflicto armado(65); en esa dirección, los actos aislados y esporádicos de violencia, definidos por el artículo primero del Protocolo II de 1977 como tensiones internas y disturbios interiores cometidos por particulares, no son catalogados como conflictos armados, pues, como lo ha explicado el Comité Internacional de la Cruz Roja, estas últimas circunstancias o expresiones —los disturbios interiores—, se caracterizan porque sin que tenga lugar, en estricto rigor, un conflicto armado no internacional, sí se dan, dentro del territorio de un Estado, enfrentamientos que revisten ciertos niveles de gravedad, de prolongación y de acaecimiento de hechos de violencia de muy variadas formas —desde actos de sublevamiento espontáneo hasta actuaciones desplegadas por grupos más o menos organizados en contra de las autoridades que ejercen el poder—, que si bien no derivan en una lucha abierta, sí llevan a dichas autoridades a utilizar las fuerzas militares o de policía con el fin de restablecer el orden público(66). En idéntica dirección a la hasta ahora reseñada, la Corte Constitucional colombiana ha señalado que,

“Al apreciar la intensidad de un determinado conflicto, las Cortes internacionales han aplicado, por ejemplo, factores tales como la seriedad de los ataques y si ha habido un incremento en las confrontaciones armadas(67), la extensión de las hostilidades a lo largo de un territorio y de un período de tiempo(68), el aumento en las fuerzas armadas estatales y en su movilización, así como la movilidad y distribución de armas de las distintas partes enfrentadas(69). En cuanto a la organización de los grupos enfrentados, las cortes internacionales la han apreciado de conformidad con criterios tales como la existencia de cuarteles, zonas designadas de operación, y la capacidad de procurar, transportar y distribuir armas(70)“.(71)

El concepto más amplio de conflicto armado es el subyacente al artículo 3º común y el más restrictivo es el que se desprende de lo normado por el artículo 1º del Protocolo II de 1977 (contenido en el Art. 3º, Par. 1º de la L. 782/2002), establece que “de conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y contar con capacidad de aplicación de las disposiciones del Protocolo”, adicionalmente realizó la siguiente precisión conceptual:

“El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados”.

En relación con dicha normatividad internacional, la Corte Constitucional colombiana afirmó que “para efectos de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la existencia de un conflicto armado se determina jurídicamente con base en factores objetivos, independientemente de la denominación o calificación que le den los Estados, Gobiernos o grupos armados en él implicados(72)(73).

Dicho en otros términos, las actuaciones realizadas por grupos armados que actúan en el marco de las hostilidades propias de un conflicto armado no siempre deben calificarse como actos terroristas comoquiera que no necesariamente están prohibidas por el derecho humanitario, al contrario, pueden ser actos permitidos por dicha normatividad. Así pues, la participación directa en las hostilidades con el fin de realizar ataques en contra de combatientes o en contra de objetivos militares no necesariamente constituye un acto terrorista, pues, como lo ha explicado el CICR, “[L]a principal divergencia es que, en términos jurídicos, un conflicto armado es una situación en que están permitidos ciertos actos de violencia (lícitos) y otros están prohibidos (ilícitos), mientras que cualquier acto de violencia designado como ‘de terrorismo’ es siempre ilícito”(74). Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en reciente oportunidad, precisó lo siguiente:

“Todo lo expuesto lleva a la Sala a concluir que resulta incontrovertible la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, lo cual constituye el fundamento jurídico necesario para que se imponga a las partes que en él intervienen, el deber de respetar y de hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, en todo tiempo y lugar. Ello significa, de la misma manera, que no resulta jurídicamente riguroso ni respetuoso de las disposiciones de DIH a las cuales reiteradamente se ha hecho alusión en la presente providencia, catalogar sin matices, a las agrupaciones guerrilleras que —como las Farc—, toman parte en el conflicto armado, como terroristas, a pesar de que realicen actos terroristas o de que incurran en conductas que puedan suponer la configuración de infracciones al DIH —por las cuales deberán responder individualmente los integrantes de la referida organización armada—. Menos todavía puede considerarse jurídicamente admisible no sólo denominar sino además dar tratamiento jurídico de actos terroristas, a las hostilidades desplegadas por dichas agrupaciones subversivas en contra de sus adversarios militares, que lo son los organismos de seguridad del Estado, pues si tales agresiones respetan los principios y reglas del DIH, podrían gozar de apoyatura jurídica en el Derecho de las confrontaciones armadas.

De todo cuanto se ha expuesto y de la aludida conclusión, debe tomar nota la jurisprudencia del Consejo de Estado al ocuparse de casos como el sub judice, en los cuales los daños sufridos por los accionantes son precisamente resultado de esas hostilidades inherentes al conflicto armado interno colombiano, las cuales mal pueden calificarse y recibir tratamiento jurídico de actos terroristas, cuando lo que en estricto rigor procede examinar es si, en tanto que actuaciones sujetas al deber de respetar los parámetros y las limitaciones impuestas por el Derecho Humanitario, pueden entenderse amparadas, o no, por los contenidos normativos de éste y, en consecuencia, si puede verse comprometida, o no, la responsabilidad penal individual de quienes tomen parte en dichas actividades.

En consecuencia, los jueces de lo contencioso administrativo y el Consejo de Estado a la cabeza de la Jurisdicción Especializada, no deberían calificar y menos tratar jurídicamente como actos terroristas los ataques que realicen grupos armados organizados irregulares en contra de instalaciones y/o de integrantes de la Fuerza Pública, por lo menos no sin justificar por qué razón la actuación correspondiente, al transgredir los postulados del DIH —cuya observancia resulta insoslayable en Colombia—, puede constituirse en un crimen de guerra o en un acto terrorista; serán otro tipo de eventos aquéllos en los cuales la actuación violenta respectiva deba recibir tratamiento de acto terrorista”(75).

Por consiguiente, reitera la Sala en esta oportunidad que no toda actuación desplegada por algún(os) miembro(s) de un grupo armado organizado al margen de la ley se puede calificar de terrorista y de allí la trascendencia que reviste el restringir esa calificación estrictamente a aquellos actos que están específicamente destinados a producir pánico o zozobra entre la población civil.

4.4. Terrorismo. Definición. Su Componente Político lo Diferencia -En Ocasiones- de los Meros Actos Delincuenciales.

De forma general, se tiene que la definición de terrorismo que recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es del siguiente tenor:

“Terrorismo

“1. m. Dominación por el terror.

“2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

“3. m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”(76).

El anterior concepto resulta muy similar al que ha acogido la Sección en múltiples ocasiones a la hora de resolver situaciones análogas. Así, en efecto, en Sentencia del año 2003, al definir la responsabilidad del Estado por el ataque a un oleoducto se dijo(77):

“1. Si bien no se ha elaborado jurisprudencialmente una definición precisa del terrorismo, podrían considerarse como notas distintivas del concepto para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, los actos de violencia con los cuales se pretende causar un efecto sicológico de terror, sin importar quiénes sean las víctimas; utilizando medios de destrucción masiva, dirigidos contra el Estado con el fin de destruir o causar estragos, o al menos desestabilizar su organización u obtener considerables beneficios.

“La Ley 600 de 2000 — nuevo Código Penal— en el artículo 187 sanciona el delito de terrorismo, el cual tipifica así:

“El que con fines de crear o mantener ambiente de zozobra o perturbar el orden público, emplee contra personas o bienes medios de destrucción colectiva ...”.

“De esta definición se destacan: a. Un elemento objetivo: utilización de medios de destrucción colectiva; b. Un elemento intencional: el móvil consiste en crear o mantener un ambiente de temor o de perturbar el orden público”.

En muy parecido sentido, en Sentencia del año 2008, la Sección fundamentó el concepto bajo el siguiente tenor(78):

“Una forma de violencia contemporánea es el denominado terrorismo, del cual pueden citarse las siguientes definiciones:

“Del latín terror. Doctrina política que funda en el terror sus procedimientos para alcanzar fines determinados. El terrorismo no es por lo tanto un fin sino un medio. Su historia es tan antigua como la humanidad. Hay muchas formas de terrorismo: el físico, el psicológico, el religioso, el político, etcétera. El terrorismo es, en suma, la dominación por el terror. En todo caso procede de una manera coercitiva, no dialoga y se impone por la violencia.

“Desde el punto de vista del Derecho Penal, el terrorismo se manifiesta mediante la ejecución repetida de delitos por los cuales se crea un estado de alarma o temor en la colectividad o en ciertos grupos sociales o políticos…

“El terrorismo es una figura heterogénea, pues puede revestir formas muy distintas de delitos, aunque predominan los que van contra las personas eligiendo la víctima entre jefes de Estado, ministros, muchedumbres o los que atentan contra la propiedad, ejecutándose en su mayoría por medio de incendios o explosivos…”(79).

“Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Generalmente, el terrorismo es utilizado como medio de lucha por algún grupo político, (…). En tiempos más próximos han utilizado el atentado terrorista muchas organizaciones nacionalistas, principalmente en los países colonizados,…”(80).

En esfuerzo similar, la Sección, en Sentencia de 28 de marzo de 2010 acogió el concepto de terrorismo expuesto por la Comisión Andina de Juristas en el entendido de que, cualquiera que sea el objetivo atacado, el elemento que define el ataque terrorista se encuentra consagrado en la voluntad de menoscabar y destruir las autoridades legítimamente constituidas. Así lo dijo la Sala en aquella oportunidad(81):

Reconoce la Sala que no se ha encontrado un concepto unívoco de terrorismo, sin embargo, es común a las distintas definiciones el elemento que ahora se resalta: el ataque a la sociedad en conjunto, que subyace como connatural al atentado terrorista. En este sentido la Comisión Andina de Juristas manifestó que el terrorismo.

“(e)s un fenómeno de alcance global caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de un motivación política, busca sembrar el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológicas de amplio espectro más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo, y liquidar el orden y la autoridad en las sociedades, afectando sustantivamente el Estado de Derecho o Rule of Law. El contexto establecido permite promocionar una causa de índole político, religioso o ideológico, las cuales requieren de una accionar político. Como consecuencia de todo ello, se pone en peligro la vida, salud y bienestar de las personas, atentándose contra la paz y seguridad internacionales.

Los protagonistas de la comisión de estos actos terroristas pueden ser miembros de organizaciones no estatales y sus cómplices, sean Estados o no, de darles apoyo o asilo. De otro lado, también están comprendidos aquellos Estados que utilizan, de modo explícito o implícito, sus servicios de inteligencia y sus agentes”.

También la Corte Suprema de Justicia ha hecho expresa referencia al elemento político que es inherente a los ataques “terroristas”. Así se pronunció en Sentencia de 31 de agosto de 2011, en la que afirmó(82):

“Que el acto planeado y llevado a cabo [se refiere a la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento] tenía connotaciones de terror, no llama a discusión. En efecto, a voces del diccionario, el terror comporta una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir temor, miedo, espanto, pavor de un mal que amenaza o de un peligro que se teme. Cuando se ejecuta una acción mediante el uso indiscriminado de la violencia contra la población civil y ello difunde el pánico y presiona a las autoridades, ese acontecer está signado por el terror.

El terrorismo repercute tanto en lo particular (afecta bienes jurídicos individuales fundamentales) como en lo colectivo (altera las condiciones de la vida social hasta el punto de poner en peligro la propia estabilidad del Estado) y comporta un ingrediente de dimensión ideológica pues los actos llevados a cabo tienen como finalidad exigir algún objetivo o concesión de carácter político como condición para cesar la violencia”. (Negrillas fuera de texto).

De otra parte, en lo que respecta al derecho internacional, debe señalarse que, hasta la actualidad, no ha habido consenso en torno a una definición completa del terrorismo(83). En el mejor de los casos, como queda reflejado en el artículo 2º de la Convención Interamericana contra el Terrorismo(84), puede inferirse que la comunidad internacional ha identificado ciertos actos de violencia que generalmente considera constituyen formas particulares de terrorismo. Éstos incluyen, por ejemplo, la toma de rehenes,el secuestro, la destrucción de aeronaves civiles, los ataques contra la vida, la integridad física o la libertad de personas internacionalmente protegidas, incluyendo los agentes diplomáticos y, en el contexto de los conflictos armados, los actos o amenazas de violencia cuyo propósito primordial sea sembrar el terror entre la población civil(85).

Ahora bien, el hecho de que el terrorismo no posea, per se, un significado concreto dentro del derecho internacional no significa que constituya una forma de violencia indescriptible. Al contrario, es posible enumerar varias características frecuentemente asociadas con los incidentes terroristas que ofrecen parámetros suficientes para que los Estados definan y evalúen sus obligaciones internacionales a la hora de responder a este tipo de violencia. Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha elaborado una definición práctica del terrorismo en sus distintas resoluciones y declaraciones sobre medidas tendientes a la eliminación de ese flagelo. En efecto, ha dicho:

Los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas (que) son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos”(86) (negrillas adicionales).

La Organización de Naciones Unidas y otras autoridades internacionales sugieren que los incidentes terroristas pueden describirse en términos de: i) la naturaleza e identidad de quienes perpetran el terrorismo; ii) la naturaleza e identidad de las víctimas del terrorismo; iii) los objetivos del terrorismo y; iv) los medios empleados para perpetrar la violencia del terror(87). A partir de tales elementos de diferenciación, ha precisado que:

—Los perpetradores o instigadores de actos de terrorismo pueden incluir gobiernos, así como particulares y grupos que pueden actuar en forma independiente o con la dirección o el apoyo directo de Estados. El “terrorismo de Estado” tiene una notoria historia en el continente Americano, donde muchos gobiernos han cometido secuestros, desapariciones forzosas y otras violaciones atroces de los derechos humanos de sus ciudadanos, a menudo bajo la consigna de la lucha contra el terrorismo(88).

—Asimismo ha puesto de presente, con fundamento en tales elementos de diferenciación, que los blancos de la violencia terrorista varían análogamente e incluyen a personas, instituciones y bienes, aunque, como algunos doctrinantes lo han señalado, sus víctimas siguen siendo predominantemente seres humanos debido, en parte, a que la fuerza que procura el terrorismo deriva del valor intrínseco de la vida humana y del dolor psicológico y el temor que se crea cuando están en peligro vidas humanas(89).

—Las motivaciones que impulsan a los perpetradores de actos terroristas tienden a ser de naturaleza ideológica o política(90).

—Con respecto a los medios de consumación del terrorismo, la violencia terrorista puede ocurrir a nivel nacional o transnacional y ha sido perpetrada a través del uso de armas convencionales y de armas de destrucción masiva. Además, los incidentes terroristas, pueden ser perpetrados en forma sistemática, esporádica y de manera imprevisible, la explotación del temor y la intimidación, la alteración grave del orden público, así como la publicidad que genera el uso de estas técnicas, han constituido tradicionalmente un elemento central de la violencia terrorista(91).

En el ámbito del derecho internacional general, desde 1963 la comunidad internacional ha elaborado 14 instrumentos jurídicos universales y cuatro enmiendas para prevenir los actos terroristas, dentro de los cuales resulta pertinente citar el “Convenio Internacional Para La Represión De Los Atentados Terroristas Cometidos Con Bombas”(92), en el cual, los Estados miembros acordaron lo siguiente:

“ART. 2º.—Comete ‘delito’ en el sentido del presente Convenio quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugardeusopúblico, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura:

a) Con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales,

b) Con el propósito de causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico.

“ART. 3.—(…).

“ART. 4º. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para:

a) Tipificar, con arreglo a su legislación interna, los actos indicados en el artículo 2º del presente Convenio;

b) Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su naturaleza grave” (negrillas y subrayas de la Sala).

Por su parte, el artículo 144 del Código Penal colombiano, a su turno, se refiere a los actos de terrorismo al preceptuar que “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla...”(93).

Las anteriores definiciones jurídicas —tanto en el derecho interno como internacional—, se encuentran acompasadas con el entendimiento sobre el tema expuesto por la más autorizada doctrina no solo jurídica, sino también filosófica que existe sobre la materia. En ese sentido el profesor Antonio García Nossa, hacia el año 1981, explicaba el fenómeno del terrorismo de la siguiente manera(94):

“El terrorismo contemporáneo es un fenómeno de extrema, cruel y agresiva violencia, con objetivos políticos explícitamente declarados o deliberadamente encubiertos, desencadenado históricamente cuando ciertos grupos o estamentos sociales han dejado de creer en la posibilidad de defender sus intereses o de transformar sus condiciones de pensamiento y de vida por medio de los mecanismos institucionales existentes y de las reglas del Estado de Derecho y optan por una lucha irregular, sorpresiva, en la que no importan los medios ni los costos sociales sino la conquista, implacable de ciertos objetivos inmediatos…

Una de las posiciones más generalizadas y frecuentes en el análisis del terrorismo dadas sus formas brutales, publicitarias y no convencionales de utilización de la extrema violencia es su calificación como una simple forma de la delincuencia común: semejante óptica desvía el análisis y oculta la verdadera naturaleza y la intrincada causalidad del fenómeno, ya que los actos terroristas pueden originarse y encubrirse en las más diversas y aun antagónicas tendencias políticas, hacia la izquierda o hacia la derecha”(Negrillas fuera de texto).

De igual manera, el filósofo y lingüista Noam Chomsky, retiene algunas definiciones internacionales al examinar el concepto, así(95):

“Tomemos por ejemplo a S-11. Muchos alegan que con los ataques terroristas todo cambió drásticamente y que el mundo entró en una nueva y pavorosa ‘era del terror’, como reza el título de una antología de ensayos de académicos de la Universidad de Yale y otros (Cita a Strobe Talbott y Nayan Chanda [eds.], The Age of Terror, Basic Books, 2001). También son muchos los que creen que el término ‘terror’ es muy difícil de definir.

“Podemos preguntarnos qué tiene de particularmente oscuro el concepto de terror. Hay definiciones oficiales del gobierno de Estados Unidos que se ajustan al criterio de claridad de otros usos que no se consideran difíciles. Un manual del Ejército de Estados Unidos definió el terrorismo como ‘el empleo premeditado de violencia o amenazas de violencia para lograr objetivos de naturaleza política, religiosa o ideológica (…) mediante la intimidación, la coerción o la siembra de miedo’. El Código Oficial de Estados Unidos daba una definición más compleja, básicamente dentro de las mismas líneas. La definición del gobierno británico es parecida: ‘Terrorismo es el empleo o amenaza de acciones de carácter violento, destructivo o perturbador, y se dirige a influir sobre el gobierno o intimidar al público con el propósito de impulsar una causa política, religiosa o ideológica’ (Negrillas y Subrayas de la Sala)”.

En similares términos, el profesor Eduardo González Calleja en su estudio sobre el terrorismo, contenido en la obra “El Laboratorio del Miedo”, con especial sindéresis consideró sobre dicho fenómeno lo siguiente:

“Es preciso destacar desde el primer momento que, en consonancia con su carácter multifacético, el terrorismo no es una escuela filosófica, ni una ideología, ni una doctrina política, sino una estrategia de empleo de violencia política que han utilizado y utilizan prácticamente todos los movimientos radicales del espectro político, sean de derechas o de izquierdas. El terrorismo tomó apariencia predominantemente populista y anarquista a finales del siglo XIX y fascista en los años veinte y treinta del siglo pasado, se tornó tercermundista en los cuarenta y cincuenta, neomarxista en los años sesenta y setenta o integrista en los años ochenta y noventa. No existe un terrorismo per se salvo en términos abstractos, sino que hay diferentes tipos de terrorismo, que persiguen muy diversos objetivos de orden político. Pero si el terrorismo no es patrimonio de una ideología política determinada, tampoco es una simple técnica, ya que quienes lo practican tienen en común ciertas creencias básicas sobre la eficacia y la justificación de empleo de semejantes métodos basados en la violencia y la intimidación sistemáticas. Cabría diferenciar en principio aquellas organizaciones o instituciones que emplean el terrorismo como una táctica entre otras en un marco estratégico más amplio (la revolución social, la guerra de guerrillas, la resistencia a la ocupación extranjera, la guerra revolucionaria, la contrarrevolución, la guerra santa, etc.), y las que transforman al terrorismo en el elemento estratégico central de su actuación política como fue el caso de los regímenes totalitarios y de ciertos grupos armados de muy distintas convicciones políticas”(96).

Lo hasta aquí expuesto permite aseverar que este tipo de eventos se caracterizan por la utilización de métodos o instrumentos que infunden terror en la población, y que “el blanco directo” escogido es para enviar un mensaje a los “blancos principales”, que es contra quienes realmente se dirige el ataque. Así lo explica el profesor Alex P. Schmid al reseñar como sigue el fenómeno del terrorismo(97):

“El terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo (semi) clandestino o por agentes del estado, por motivos idiosincráticos, criminales o políticos, en los que — a diferencia del asesinato — los blancos directos de la violencia no son los blancos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia son generalmente elegidas al azar (blancos de oportunidad) de una población blanco, y son usadas como generadoras de un mensaje. Los procesos de comunicación basados en la amenaza — y en la violencia — entre el terrorista (la organización terrorista), las víctimas puestas en peligro y los blancos principales son usados para manipular a las audiencias blanco, convirtiéndolas en blanco de terror, blanco de demandas o blanco de atención, según que se busque primariamente su intimidación, su coerción o la propaganda”.

De igual forma, el mismo investigador —Alex Schmidt—, recopiló ciento nueve definiciones diferentes de terrorismo formuladas entre 1936 y 1981, entre ellas la contenida en el Tratado de Ginebra de 1937 sobre el terrorismo, auspiciado por la Sociedad de las Naciones, que nunca entró en vigor y que lo definía como “los hechos criminales dirigidos contra un Estado y cuyo fin o naturaleza es provocar el terror en personas determinadas, grupo de personas o en el público”; o la aproximación conceptual contenida en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1994, que define como terrorismo a los “actos criminales con fines políticos y concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o personas determinadas”(98).

Ahora bien, en cuanto a la naturaleza política del concepto de terrorismo, el profesor Juan Carlos Peláez, al comentar una de las sentencias hito sobre la materia que hoy se trata(99), explicó que este aspecto resultaba fundamental para entender la responsabilidad del Estado en estos eventos puesto que permitía solucionar el “aparentemente eterno e insalvable obstáculo de la causalidad material y de la imputación”. Así lo explicó el señalado autor(100):

“En primer lugar, es importante reconocer que la naturaleza política del terrorismo está estrechamente ligada al hecho de que el terrorismo es una forma de violencia política indirecta cuyo destinatario final no es la sociedad en su conjunto, como lo plantea el Consejo de Estado, sino el Estado como forma de organización política(101). En este contexto, las víctimas directas importan poco para los terroristas. Sus objetivos son otros: atacar al Estado, a las instituciones, a la democracia en sí misma, a través del terror. Se trata de crear, a través de actos de barbarie, un sentimiento de temor y de inseguridad en la población y de mostrar así la incapacidad de las autoridades públicas de garantizar la seguridad de los administrados(102). Así las cosas, el terrorismo es una forma de violencia política, en la medida en que ataca al Estado, a la idea misma de democracia. Sin embargo, los daños que este acto de violencia devastadora y desproporcionada produce en sus víctimas directas, en la sociedad, y en el Estado, su verdadero destinatario, son extremadamente graves. Por ello, esos comportamientos terroristas no pueden ser calificados como infracciones políticas ni sus autores como delincuentes políticos”(103). Reconocer la naturaleza política del terrorismo fue un gran aporte de la Sentencia 8577 de 1994, aquí comentada. Pero el Consejo de Estado debe avanzar en su construcción pretoriana y reconocer que dicha naturaleza política está estrechamente ligada a la comprensión de que el terrorismo es una forma de violencia política indirecta cuyo destinatario final no es la sociedad en su conjunto, sino el Estado como forma de organización política; reconocimiento que, en ningún caso, reiterémoslo, implicaría considerar al terrorismo un delito político, y, mucho menos, delincuentes políticos a sus autores3.

“… Reconocer que el Estado como forma de organización política es el verdadero objetivo del terrorismo permitiría solucionar el aparentemente eterno e insalvable obstáculo de la causalidad material y de la imputación de responsabilidad extracontractual al Estado por actos de terrorismo. Una reflexión final se hace necesaria. La tendencia reciente del Consejo de Estado a ligar la aplicación del daño especial a aquellos eventos en que el daño antijurídico se causa en el marco del conflicto armado interno colombiano(104) hace necesario orientar las reflexiones hacia un nuevo horizonte, en el cual se debe tener en cuenta que no todas las formas de violencia que se dan en el marco de ese conflicto pueden catalogarse como actos de terrorismo e, inversamente, que en la realidad colombiana no todo acto de terrorismo tiene necesariamente que darse en el marco de ese conflicto”.

Con fundamento en los conceptos y definiciones que vienen de retenerse, ha de concluir la Sala que, en aquellos casos en los cuales el atentado terrorista tiene un móvil político encaminado contra el Estado, cualquiera que sea la víctima directa, ha de entenderse que la utilización del terror aparece como un instrumento dirigido a constreñir a la población para que ejerza presión social, de forma tal que se debilite o socave la voluntad estatal y ceda ante las pretensiones o prerrogativas exigidas por quienes acuden al terror como método de acción.

4.5. Conclusiones e Imputación del Daño Antijurídico al Estado.

Las anteriores precisiones planteadas, resultan pertinentes para el caso que ocupa la atención de la Sala, habida cuenta de la necesidad de destacar que las circunstancias en las que se produjo el daño no reúne las connotaciones de un hecho terrorista, pues lo cierto es que la muerte del señor Luis Antonio Sierra Ruíz fue producida en medio de un enfrentamiento armado entre miembros de las Farc y hombres del Ejército Nacional.

Ciertamente, la muerte de la citada persona acaeció en el contexto del conflicto armado interno y, por ello, como acontece con todas las hostilidades que tienen lugar entre las partes contendientes —en el caso de marras, el grupo subversivo en mención y el Ejército Nacional—, ese tipo de escenarios, debe entenderse gobernado por los principios y demás contenidos normativos propios del Derecho Internacional Humanitario.

Ese ataque —se reafirma— no puede ser considerado un acto terrorista, toda vez que se dirigió en contra de un objetivo militar miembros de la Fuerza Pública—, personas que se encontraban participando directamente en las hostilidades quienes, al menos mientras repelieron la agresión de los guerrilleros, también haciendo uso de las armas, no gozaban de la condición de personas protegidas en los términos del DIH, antes referidos en esta providencia.

De otra parte, frente a la víctima directa, debe precisar la Sala que la muerte del señor Luis Antonio Sierra Ruíz resulta constitutiva de una afectación al Derecho Internacional Humanitario, dado que se trataba de una persona protegida por esa normatividad, habida cuenta que era un civil que no hacía parte de las hostilidades militares entre ambos bandos.

En efecto, de acuerdo con el DIH a los civiles que se encontraban en ese momento debía reconocérseles la condición de no participantes directos en las hostilidades, circunstancia que, de un lado, los amparaba —a los civiles— con los derechos derivados de la aludida condición —entre ellos, el de no ser atacados o no ser considerados objetivos militares— así como les imponía a ambos bandos enfrentados, el deber de rigurosa observancia y acatamiento a los contenidos del DIH respecto de la protección de los civiles no combatientes.

En esa misma línea de argumentación, concluye la Sala que la muerte del señor Luis Antonio Sierra Ruíz producida en momentos en que se presentó una confrontación bélica entre las Fuerzas del orden y subversivos de las Farc, resulta constitutiva de un daño antijurídico y viene a ser irrelevante determinar la autoría del causante del daño o precisar cuál fue el arma o instrumento con que se causó para, sobre esa base, imputar responsabilidad al Estado, toda vez que para la declaratoria de responsabilidad en estos precisos eventos sólo se exige que el daño se haya producido en el marco de un enfrentamiento en el que estén involucradas fuerzas estatales, aspecto que, al estar suficientemente probado en el proceso, impone a la Sala la necesidad de declarar la existencia de responsabilidad en cabeza de la demandada, por cuanto la obligación indemnizatoria que se deduce proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia, solidaridad y equidad y por cuanto para la víctima injustamente afectada, el daño irrogado entrañó una clara ruptura de las cargas públicas que normalmente debía soportar.

El anterior razonamiento no resulta extraño para la Sala, como que, en efecto, esta Sección del Consejo de Estado en varias oportunidades —como a las que atrás se hizo referencia— ha utilizado este fundamento de imputación para declarar la responsabilidad estatal, por entender que el daño se atribuye al Estado teniendo en cuenta que si bien el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los subversivos puede resultar legítimo, la víctima no tiene por qué soportar los perjuicios sufridos en tales circunstancias, independientemente de quién los haya causado. Bajo tal temperamento razonó la Sala en Sentencia de 7 de abril de 1994(105) para decir:

“Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quién disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda”.

Por fuerza de las razones que se dejan expuestas, la Sala confirmará la providencia recurrida, en cuanto declaró la responsabilidad de la entidad demandada

Ahora bien, la entidad demandada ha sostenido a lo largo del trámite de la presente acción, incluso fue motivo de impugnación, que la muerte del señor Luis Antonio Sierra Ruíz se produjo por su propia culpa. Advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone para quien la alega la prueba de que la conducta desplegada por éste sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo(106).

Resalta la Sala que en el presente caso la alegada configuración de la eximente de responsabilidad consistente en “la culpa exclusiva de la víctima”, no encuentra sustento probatorio alguno en el proceso, pues ciertamente no hay elementos de prueba que permitan afirmar que el hoy occiso pertenecía a un grupo guerrillero o que se encontraba transportando individuos pertenecientes a grupos insurgentes por su propio gusto, que se encontraba armado y que hubiera accionado algún arma contra los miembros del Ejército Nacional y que esas hubieran sido las razones determinantes para que éstos reaccionaran disparándole. Por el contrario, reposa en el expediente el proceso penal que le fue iniciado al señor José David Mayorga Castillo, en el cual se logró demostrar que tanto él como la víctima eran comerciantes de la región y que su presencia en el “sitio de los acontecimientos fue apenas ocasional, espontánea e inocente, producto de un abordaje intempestivo de los miembros de la insurgencia”, así mismo obran otras declaraciones recibidas en primera instancia en el presente asunto en las que se deja claro que el señor Sierra Ruiz era una persona honorable que desarrollaba varias actividades de comercio.

Como consecuencia de lo que se deja visto, se impone concluir que en el sub judice concurren los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado a causa de los daños derivados de la muerte del señor Luis Antonio Sierra Ruíz.

Por consiguiente, todas las razones expresadas servirán de apoyo para confirmar la sentencia apelada, en lo que corresponde a la responsabilidad de la entidad demandada.

Procede la Sala a resolver los motivos de impugnación de la parte demandante que se relacionan específicamente con la indemnización de perjuicios.

5. Indemnización de Perjuicios.

La parte demandante presentó impugnación con el fin de que en esta instancia se reconozca el perjuicio material por daño emergente, consistente en el pago de los gastos funerarios, porque según su criterio, el Tribunal erró al manifestar que no se encontraban probados, pues insiste que en el plenario reposan los documentos tendientes a probar dicha solicitud.

5.1. Indemnización de Perjuicios Materiales.

5.1.1. Daño Emergente.

Se solicita en la demanda el reconocimiento de $18´000.000, suma que tuvo que pagar la familia de la víctima como gastos funerarios, con el fin de probar lo cancelado solicitó en la demanda se oficiara a la Funeraria Gaviria, prueba que fue decretada mediante providencia del 5 de agosto de 2005(107) y en razón de dicho requerimiento se allegaron los siguientes documentos:

• Certificación expedida por la Funeraria Gaviria Ltda., en la que se hace constar que le “prestó el servicio funerario a: Luis Antonio Sierra Ruiz, según factura B13466 del día 16 de mayo de 2002”, por un valor de $4´773.100, que “dichos servicios fueron contratados y cancelados por: Sierra Piñeros Luz Dary”(108).

• Recibo de caja 208975 expedido por Parques y Funerarias S.A. a nombre de Luz Dary Sierra por un valor de $30.000,oo correspondientes a “certificados”(109).

• Certificación expedida por Parques y Funerarias S.A., en la que se hace constar que el señor Luis Antonio Sierra Ruiz es propietario del lote 937 sección Z-1 Jardín Los Fieles y que “en el primer espacio se encuentra inhumado el señor Luis Antonio Sierra Ruiz (Q.E.P.D.) desde Mayo 18 de 2002”(110).

• Certificación expedida por Parques y Funerarias S.A., en la que se hace constar que adquirió “los servicios de cementerio para un (1) espacio del lote 937 de la sección Z-1 jardín los Fieles” por valor de $750.000, “al igual que un (1) Derecho de inhumación para el mismo lote” por valor de $660.000,oo(111).

• Factura BG-08436, a nombre de Luz Dary Sierra Piñeros, por valor de $750.000,oo correspondiente a “elementos de servicio sencillo”(112).

• Factura BG-08437 por valor de $660.000,oo correspondiente a “derechos memoriales”, cancelada por Luz Dary Sierra Piñeros(113).

• Factura BG-09274, a nombre de Luz Dary Sierra Piñeros, por valor de $200.000,oo correspondiente a “cremación”(114).

De las pruebas antes enunciadas se tiene que los gastos funerarios fueron cancelados por la demandante Luz Dary Sierra Piñeros a quien se le reconocerán los siguientes valores que fueron cancelados: $4´773.100 correspondiente a servicios funerarios, $750.000 por elementos de servicio sencillo, $660.000 de derechos memoriales y $200.000 de cremación, para un total de $6´383.100.

Los demás pagos realizados correspondientes a certificaciones, compra de lote y servicios para el uso del mismo, no serán reconocidos dado que no fueron solicitados en la demanda.

El valor reconocido se actualizará desde la fecha de presentación de la demanda hasta la fecha de esta sentencia.

FORMULAS-1039-A
 

Donde:

Vp: Valor presente de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia

Índice inicial: fecha de la presentación de la demanda (mayo 2004).

FORMULAS-1039-B
 

Vp = $10.722.219,oo

5.1.1. Lucro Cesante.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de dicho ítem por el valor de $2.077.000.000,oo, pues asegura que la víctima tenía un ingreso mensual de $22´000.000, en primera instancia la sentencia negó dicho reconocimiento porque no se probó la dependencia económica de los demandantes en relación con la víctima.

Por su parte la demandante solicita que sea reconocido dicho perjuicio al considerar que se encuentra plenamente demostrada la legitimación de los demandantes y que la víctima desarrollaba labores comerciales y agrícolas que le proveían un ingreso importante con el que cumplía con los gastos propios y de su familia(115).

Se encuentra acreditado con fundamento en las pruebas testimoniales(116) que el señor Luis Antonio Sierra Ruíz desempeñaba actividades de comercio, agricultura, ganadería y transporte, actividades que desarrollaba en varias fincas de su propiedad y que por dicho concepto percibía una utilidad económica de la cual derivaba ingresos para proveer tanto su sustento como el de su esposa e hijos.

También reposan en el expediente dos certificados de libertad correspondientes a las matrículas inmobiliarias 50S-1025709 y 50S-612214(117), el primero corresponde a un “lote de terreno situado en el municipio de Soacha que hace parte de la hacienda San Samuel, tiene una extensión superficiaria de 53 fanegadas” y el segundo corresponde a un inmueble ubicado en la Carrera 7 # 9-110 de la ciudad de Sibaté.

Finalmente obra en el expediente copia de la declaración de renta presentada por el señor Luis Antonio Sierra Ruíz en el año 2001, año inmediatamente anterior a los hechos que motivaron esta acción(118).

Aunque las dos primeras pruebas relacionadas no arrojan certeza respecto de cuál era el monto real y concreto de los ingresos mensuales que obtenía la víctima, la tercera si lo hace, máxime si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 58 de 1982, que preceptúa lo siguiente:

“ART. 10.—Para la tasación de los perjuicios en acciones indemnizatorias contra el Estado deberá examinarse la concordancia entre los daños alegados y la declaración de renta de las personas vinculadas a la controversia”.

Así las cosas, la Sala tendrá en cuenta la renta líquida gravable declarada por el señor Luis Antonio Sierra Ruíz en el año de 2001 (período anterior a la ocurrencia de los hechos), la cual ascendió a un total de $20’560.000,oo y la dividirá entre 12 (número de meses del año), con el fin de obtener el salario de liquidación mensual.

El resultado de la operación matemática arroja un valor de $ 1’713.333,oo, suma que será actualizada de conformidad con la fórmula de indexación avalada por la jurisprudencia, con el fin de establecer el salario base de liquidación para el lucro cesante.

En cuanto a los beneficiarios de este perjuicio, en la demanda se solicitó su reconocimiento a favor de la cónyuge y los hijos de la víctima. Se tiene entonces que se encuentra probado que María Aura Piñeros de Sierra, Nidia Eunice Sierra Piñeros, Dilma Aurora Sierra Piñeros, Luz Dary Sierra Piñeros y Luis Alexander Sierra Piñeros, eran la esposa y los hijos de Luis Antonio Sierra Ruíz, de conformidad con los registros civiles que reposan a folios 7 a 11 del cuaderno 3 del expediente.

A pesar de lo anterior se tiene que para el momento de los hechos —15 de mayo de 2002—, Nidia Eunice Sierra Piñeros contaba con 34 años de edad, Dilma Aurora Sierra Piñeros tenía 31 años de edad, Luz Dary Sierra Piñeros tenía 28 años de edad y Luis Alexander Sierra Piñeros tenía 23 años de edad.

De acuerdo con la tesis reiterada de la Sala los hijos reciben ayuda económica de sus padres hasta el momento en que cesa completamente la obligación legal de prestarles alimentos, esto es, cuando éstos cumplan 25 años de edad.

Así las cosas y como en el plenario no obra prueba de condiciones especiales en relación con las hijas mayores de 25 años, se reconocerá dicho perjuicio a la cónyuge y a su hijo Luis Alexander Sierra Piñeros, quien para la época de los hechos contaba con 23 años de edad.

Al ingreso base de liquidación se le descontará un 25% correspondiente a la suma que se presume utilizaba la víctima para su propio mantenimiento, el resultado será dividido en un 50% a favor de la esposa y el otro 50% para su hijo.

Para determinar el monto de la indemnización del perjuicio material a título de lucro cesante se debe tener en cuenta que el señor Luis Antonio Sierra Ruíz nació el 6 de junio de 1940, razón por la cual para el 15 de mayo de 2002, fecha de su muerte, tenía 61 años y su expectativa de vida era de 22,1 años, es decir 265,2 meses(119).

FORMULAS-1039-A
 

Donde:

Vp: Valor presente de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia

Índice inicial: fecha de los hechos (mayo de 2002)

FORMULAS-1039-C
 

Vp = $3´267.441

$3´267.441 * 25% = 816.860

3´267.441 - 816.860 = 2´450.581/2 = 1.225.291

Para María Aurora Piñeros de Sierra (Cónyuge de la víctima):

Indemnización debida o consolidada

FORMULAS-1039-D
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $1´225.936

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 15 de mayo de 2002 hasta la fecha de la sentencia, esto es, 172.43 meses.

FORMULAS-1039-E
 

S= $329´760.310

Indemnización futura o anticipada

Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al periodo comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y el término probable de vida de la víctima, quien era mayor que su cónyuge, lo que equivale a 82,77 meses.

FORMULAS-1039-F
 

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $1´225.936

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 82,77

FORMULAS-1039-F
 

FORMULAS-1039-G
 

S= $83.312.881

Total Perjuicio Material: $413.073.191

4.2.2. Para Luis Alexander Sierra Piñeros (hijo de la víctima).

Indemnización debida o consolidada

Como el joven Sierra Piñeros cumplía 25 años el 23 de diciembre de 2003, esta liquidación se realizará por el tiempo transcurrido entre la fecha de los hechos y el 23 de diciembre de 2003.

FORMULAS-1039-D
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $83.688

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 15 de mayo de 2002 hasta el 23 de diciembre de 2003 fecha en la cual Luis Alexander cumplió 25 años de edad, esto es, 19,26 meses.

FORMULAS-1039-H
 

S= $24.677.700

9. Costas

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Decreto 01 de 1984(120), modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de septiembre de 2009, cual quedará así:

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la muerte de Luis Antonio Sierra Ruíz.

2. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales a María Aurora Piñeros de Sierra, Nidia Eunice Sierra Piñeros, Dilma Aurora Sierra Piñeros, Luz Dary Sierra Piñeros y Luis Alexander Sierra Piñeros la suma equivalente a 100 Salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.

3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de Luz Dary Sierra Piñeros la suma de diez millones setecientos veintidós mil doscientos diecinueve pesos m/cte ($10.722.219,oo).

Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de María Aurora Piñeros de Sierra la suma de cuatrocientos trece millones setenta y tres mil ciento noventa y un pesos M/Cte ($413´073.191,oo).

Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Luis Alexander Sierra Piñeros la suma de veinticuatro millones seiscientos setenta y siete mil setecientos pesos M/Cte ($24.677.700,oo).

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Dar cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

21. 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de la presentación de la demanda 2004, eran $179´000.000,oo dado que el valor del salario mínimo para ese año ascendía a $358.000.

22. Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”

23. Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

24. Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

25. Ver Sentencias del 18 de septiembre de 1997, expediente 9666, del 8 de febrero de 2001, expediente 13.254, así como la proferida el 21 de febrero de 2002 expediente 12.789.

26. Folio 47 cuaderno 1.

27. Folio 56 cuaderno 1.

28. Folios 12 del cuaderno 3.

29. Protocolo de necropsia 0105/2002, visible a folios 131 a 135 del cuaderno 2.

30. Folios 1 a 5 del cuaderno 3.

31. Folio 1 del cuaderno 2.

32. Folios 1 y 2 del cuaderno 2.

33. Folios 9 y 10 del cuaderno 2.

34. Folio 103 del cuaderno 2.

35. El testigo se refiere a José David Mayorga Castillo, persona que iba conduciendo el automotor en el que se transportaba Luis Antonio Sierra Ruíz el día de los hechos.

36. Folios 113 a 118 del cuaderno 2.

37. Folio 90 del cuaderno 2.

38. Folios 158 a 161 del cuaderno 2.

39. Folios 178 a 181 del cuaderno 2.

40. Folio 103 del cuaderno 2.

41. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993, expediente 8.163. M.P. Juan de Dios Montes Hernández, Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

42. Tal y como lo ha precisado la jurisprudencia de la Sección Tercera “es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño; de lo contrario la omisión no tendría asidero, comoquiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir no se modifica el entorno físico, en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión del sujeto” Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de 2009, expediente 17.794, M.P. Enrique Gil Botero. En ese sentido, cabe precisar que, con la imputación objetiva se busca determinar cuáles son las conductas relevantes o susceptibles de un enjuiciamiento jurídico. Se verifica si el autor, con su acción, ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, de ahí que sea importante, para efectos de la imputación, establecer si el autor ha cumplido o no con su rol social, lo que lleva a determinar si el sujeto tiene un deber de protección frente a los bienes afectados por ese riesgo, ya sea porque lo ha creado o porque, no siendo su autor, tiene el deber de intervenir frente a él, es decir, se encuentra en posición de garante. Jakobs, Günter “La imputación objetiva en el derecho penal”, Ed. Universidad Externado de Colombia, traducción de Manuel Cancio Meliá, Bogotá, 1998, pág. 32 y 33.

43. Artículo 90. Constitución Política

44. Enrique Gil Botero, “La teoría de la imputación objetiva en la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia”, artículo publicado en el libro “La Filosofía de la Responsabilidad Civil”, (Bogotá D.C., Universidad Externado de Colombia, 2013), p. 489.

45. Así, por ejemplo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la aplicación del título de imputación de riesgo excepcional en aquellos casos de daños producidos por la concreción de riesgos derivados de actividades o de cosas peligrosas, tales como armas de dotación, vehículos oficiales, transmisión de energía eléctrica, etc.; de igual forma, dentro régimen objetivo, aparece el título de imputación denominado -daño especial-, derivado de daños causados por el rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas (vgr. afectación al derecho de propiedad por patrimonio urbanístico, ambiental o arquitectónico, etc.) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de abril 19 de 1994. Expediente 7.096, M.P. Juan de Dios Montes, Sentencia del 25 de septiembre de 1997, expediente 10.392, M.P. Ricardo Hoyos Duque, y más recientemente, Sentencia del 8 de mayo de 2013, expediente 22.886, M.P. Olga Valle De La Hoz.

46. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21.115 y de 23 de agosto de 2012, expediente 24.392.

47. Ibidem.

48. Consejo de Estado, Sentencia de septiembre 30 de 1949, M.P. Pedro Gómez Parra,

49. Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Gabriel Rojas Arbeláez. Expediente 414.

50. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, M.P. Jorge Valencia Arango. Expediente 1482.

51. Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 4.655, M.P. Antonio José Irisarri Restrepo, Sentencia contenida en Extractos de Jurisprudencia del Consejo de Estado, primer trimestre de 1989, Tomo III, Publicaciones Caja Agraria, Bogotá, p. 249 y 250.

52. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de septiembre de 1991, Expediente 6.453. M.P. Daniel Suárez Hernández.

53. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 9 de febrero de 1995, Expediente 9.550, M.P. Julio César Uribe Acosta.

54. Aunque no fuera de manera uniforme, tal como se explicó en el recuento jurisprudencial expuesto paginas atrás.

55. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2007, Expediente 16.696, M.P. Enrique Gil Botero.

56. Cita original del fallo. Interpretación en contexto que supera el simple análisis de causalidad material, y aborda el título de imputación en cuanto reelaboración gnoseológica jurídica sobre la causalidad. En este sentido, Gil Botero Enrique, Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, 3ª. Ed, Bogotá, Medellín, 2006, p. 223.

57. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 12 de febrero de 2014, Expediente 28.675.

58. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2007, Expediente 16.696, M.P. Enrique Gil Botero.

59. Cita original del fallo. “Porque la equidad no es fuente del Derecho, sino medio de determinación del Derecho justo”, como sabiamente lo ha enseñado Entrena Klett Carlos María, La equidad y el arte de juzgar, Ed. Aranzadi, 2ª Ed., Navarra, 1990, p. 23.

60. Corte Constitucional. Sentencia C-1547 de 2000. Magistrada Ponente (e). Dra. Cristina Pardo Schlesinger.

61. Corte Constitucional. Sentencia T-429 de 1994. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

62. Sobre el alcance del contenido del artículo 90 de la Constitución ha explicado la Sección:
Como viene a resultar de todo lo anteriormente visto, no aparecen como razonables, ni histórica, ni jurídicamente, las voces que pretenden entender el artículo 90 constitucional como una norma basada únicamente en el criterio de la causalidad fáctica, dirigida a la acción u omisión de los agentes estatales, toda vez que dicha hermenéutica desconoce el verdadero alcance y sentido del precepto superior que consulta la totalidad de valores y principios asentados en la Carta Política, debiéndose recalcar que su consagración como norma de rango superior fue la conclusión de un proceso histórico que venía encontrando la obligación del Estado de responder no solo en caso de falla o culpa de sus agentes, sino también en otros eventos en los que el daño ocurría por efecto de circunstancias fácticas desligadas físicamente del actuar de la entidad estatal, pero que comprometían su responsabilidad toda vez que obedecían a causas que jurídicamente le eran imputables y porque, además, ocasionaban el rompimiento de las cargas públicas de los individuos. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de abril de 2012.

63. “La población es, en el Estado, el elemento personal, la causa eficiente y la causa material de su existencia”. Rojas Bueno, Gerardo. Nociones sobre Teoría del Estado. p. 64.

64. En similares términos a los aquí descritos, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 29 de abril de 2015, Exp. 32.014.

65. Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-, “El derecho internacional humanitario y los retos de los conflictos armados contemporáneos. Informe preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja”, en XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, septiembre de 2003, p. 20.

66. Cfr. CICR, “Actividades de protección y asistencia del CICR en las situaciones que no abarca el derecho internacional humanitario”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, 85, Ginebra, 1988, pp. 12-13.

67. Nota original de la Sentencia citada: ver, entre otros, los casos Fiscal v. Dusko Tadic, IT-94-1-AR72, decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia jurisdicción, 2 de octubre de 1995; Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, Sentencia del 30 de noviembre de 2005; Fiscal vs. Zejnil Delalic y otros (caso Celebici), Sentencia del 16 de noviembre de 1998.

68. Nota original de la sentencia citada: ver, entre otros, los casos Fiscal v. Dusko Tadic, IT-94-1-AR72, decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia jurisdicción, 2 de octubre de 1995; Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, Sentencia del 30 de noviembre de 2005.

69. Nota original de la sentencia citada: ver, entre otros, los casos Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, Sentencia del 30 de noviembre de 2005; Fiscal vs. Zejnil Delalic y otros (caso Celebici), Sentencia del 16 de noviembre de 1998.

70. Nota original de la sentencia citada: ver, entre otros, el caso Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, Sentencia del 30 de noviembre de 2005.

71. Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

72. Nota original de la sentencia citada: “Un estudio por el CICR sometido como documento de referencia a la Comisión Preparatoria para el establecimiento de los Elementos de los Crímenes para la CPI notó que: ‘La determinación de si existe un conflicto armado no internacional no depende del juicio subjetivo de las partes a ese conflicto; debe ser determinado con base en criterios objetivos (...)’”. Traducción informal. Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, Sentencia del 30 de noviembre de 2005.

73. Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

74. Comité Internacional De La Cruz Roja -CICR-, “El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos”, en XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2011, p. 54.
Consultable en https://www.icrc.org/spa/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-es.pdf

75. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 29 de abril de 2015, Expediente 32.014.

76. En similar sentido. terrorismo m. Forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de temor e inseguridad. Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe.

77. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 11 de diciembre de 2003, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Expedientes 12916 y 13627.

78. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de octubre de 2008, expediente 01-23-31-000-2004-00605-02(AG), M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

79. Enciclopedia jurídica Omeba, Tomo XXVI, editorial bibliográfica argentina S.R.L., Buenos Aires, 1968, pp. 155 a 161.

80. Gran Diccionario Enciclopédico Plaza & Janés editores, Tomo XI, 8ª edición, Barcelona (Esp.), 1978.

81. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de marzo de 2010, M.P. Enrique Gil Botero, expediente 15.591.

82. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, Sentencia de 31 de agosto de 2011. M.P. José Luis Barceló Camacho. Radidado(sic) 31.761.

83. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 22 de octubre de 2002. Párr. 11.

84. “ART. 2º. Instrumentos internacionales aplicables. Para los propósitos de esta Convención, se entiende por “delito” aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que se indican a continuación:
a. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
b. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.
c. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.
d. Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.
e. Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.
f. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
g. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
h. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
i. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.
j. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999”.

85. Cfr. Diez de Velasco, Manuel, Instituciones De Derecho Internacional Público, Madrid, Tecnos, Decimoctava edición, 2013, p. 872; Brotóns, Antonio Remiro y Otros, Derecho Internacional. Curso General, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 414.

86. Véase la Declaración de la ONU sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, anexa a la Resolución 49/60 de la Asamblea General, documento A/RES/49/60 (17 de febrero de 1995), artículo 3º.

87. Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 22 de octubre de 2002.

88. Véase el Informe Anual de la CIDH 1990-91, Capítulo V, en el cual se consideró lo siguiente: “El otro fenómeno que condujo a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisara el marco jurídico de sus acciones en referencia con el tema del terrorismo fue el frecuente empleo del mismo por parte de gobiernos que la Comisión había comprobado que se encontraban ejecutando masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Así, por ejemplo, gobiernos como los resultantes del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile o del 24 de marzo de 1976 en Argentina -por citar sólo algunos casos—argumentaban que sus acciones obedecían a la necesidad de enfrenar acciones terroristas [...] tales situaciones de violencias generalizada, aun de violencia terrorista, no pueden, en ningún caso justificar las violaciones que ocurran”.

89. Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 22 de octubre de 2002. Párr. 19. En Fernández Tomás Antonio, Derecho Internacional Público, Casos y Materiales, Valencia, Ed. Tirant to Blanch, 2001, p. 327-330.

90. Idem.

91. Idem.

92. Adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en su Resolución A/RES/52/164 de 15 de diciembre de 1997. Entrada en vigor: 23 de mayo del 2001 de conformidad con el artículo 22 (1). Aprobado por el Estado colombiano mediante Ley 804 del 1º de abril de 2003.

93. El contenido de la disposición en cita resulta muy similar al del artículo 611-1 del Código Penal español —Ley Orgánica 10/1995—, de conformidad con el cual “[S]erá castigado (...) el que, con ocasión de un conflicto armado: 1. Realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla”.

94. Artículo publicado en la separata “Aquelarre”. Centro cultural Universidad del Tolima. Págs. 8-11.

95. Noam Chomsky, “Hegemonía o Supervivencia. El dominio mundial de E.E.U.U.” Verticales de Bolsillo. Grupo Editorial Norma S.A. 2008. p. 256.

96. González Calleja, Eduardo, El Laboratorio del Miedo, Una Historia General del Terrorismo, Ed. Crítica, Madrid, 2013, p. 26 a 27.

97. Schmid. Alex P. Definitions of Terrorism, United Nations, Office on Drugs and Crime, 1998 p. 104.

98. Miranda, Carlos E., “Terrorismo internacional: una aproximación teórica”, en Ciencia Política, 17, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, IV trimestre de 1989, p. 133.

99. Sentencia 8577 del 23 de septiembre de 1994, atrás referenciada.

100. Pelaez Gutierrez. Juan Carlos, “Responsabilidad Extracontractual del Estado por actos de terrorismo” en “Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa colombiana”. Universidad Externado de Colombia. 2013. p 211- 230.

101. Nota original del texto. “Juan Carlos Pelaez Gutierrez, Terrorisme et Droit: Étude comparée des moyens juridiques de lutte contre le terrorisme en droit interne français et colombien, cit., Deuxième partie, Le principe de légalité peut-ils’ adapter à l’ infraction terroriste?, 283 y ss., pp. 290 y ss”.

102. Nota original del texto. Ibid., no 298, p.313. El profesor Renoux escribe “[…] el objetivo del terrorismo, su enemigo, es el Estado, la organización administrativa o política de un país que se trata de desestabilizar a través del terror, amenazando de destrucción ciega la existencia y la cohesión de su pueblo, sus bienes, sus símbolos de éxito o de unidad […]” /Thierry Renoux, “Lutte contre le terrorisme et protection des droit fondamentaux. France”, ponencia presentada en la XVIIIe Table ronde internationale “Lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux2, Aix-en-Provence, 13 y 14 de septiembre del 2002, Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2002, París Économica et Presses Universitaires d’ Aix-Marseille 2003, p. 195) Cfr. Pelaez Gutieerez, Terrorisme et Droit: Étude comparée des moyens juridiques de lutte contre le terrorisme en droit interne français et colombien, cit., Deuxième partie, Le principe de légalité peut-ils’ adapter à l’ infraction terroriste?, 302, P 317».

103. Nota original del texto. “Ibíd., no 302, p 317”.

104. Nota original del texto. “Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de abril del 2012, expediente 21.515. Véase también Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de octubre del 2012, expediente 24.392”.

105. Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 9.261, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

106. Respecto de las causales eximentes de responsabilidad del Estado, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada ha manifestado lo siguiente:
“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.
Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias del 11 de febrero del 2009. expediente 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, expediente 17.405, todas ellas con ponencia del Consejero, Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

107. Folio 56 del cuaderno 1.

108. Folio 73 del cuaderno 2.

109. Folio 74 del cuaderno 2.

110. Folio 75 del cuaderno 2.

111. Folio 76 del cuaderno 2.

112. Folio 77 del cuaderno 2.

113. Folio 78 del cuaderno 2.

114. Folio 77 del cuaderno 2.

115. Folios 189 a 197 del cuaderno 4.

116. Los señores Santiago de Jesús Ruíz Herrera y Germán Octavio González Lozano, coincidieron en manifestar que el señor Luis Antonio Sierra Ruíz era comerciante, agricultor, ganadero y transportados, que ejercía dicha actividad en varias fincas de su propiedad, que calculaban el ingreso promedio mensual entre $30´000.000 y $40´000.000, mensuales. Folios 158 a 161 y 178 a 181 del Cuaderno 2.

117. Folios 124 y 126 del cuaderno 2.

118. Folio 14 del cuaderno 3.

119. Resolución 1555 del 30 de julio de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

120. Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su tenor literal dispone:
“ART. 308.—Regimen de transicion y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.