Sentencia 2004-01040 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 130012331000200401040 01 (20079)

Actor: Asesorías y Construcciones S.A. (NIT 890402893-5)

Demandado: DIAN

Sanción por no enviar información - 1994

Fallo

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil quince

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la DIAN, la Sala determina si la demandante cumplió los requisitos para acogerse a la reducción de la sanción por no enviar información por el año gravable 1994, de que trata el inciso 2º del artículo 651 del Estatuto Tributario.

Sea lo primero precisar que no procede la excepción de inepta demanda, pues el límite de la sanción por no informar para el año 1994 no constituye un hecho nuevo frente a lo alegado en la vía gubernativa, esto es, la ilegalidad del acto sancionatorio y de los que negaron la reducción de la sanción, sino un mejor argumento de la actora para sustentar tal ilegalidad.

Tampoco prospera la excepción de inepta demanda, o indebida acumulación de pretensiones, como la denominó la DIAN, por el hecho de no haberse demandado el acto que corrigió la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, pues, tal omisión no impide, en este caso, que la Sala se pronuncie sobre la legalidad de los actos que negaron la reducción de la sanción.

En efecto, por Resolución 328 de 26 de octubre de 1997, la DIAN sancionó a la actora por no enviar información por el año 1994. Previo acto de restitución de términos para notificar la sanción (Res. 900.001 mayo 20/2003), dentro del plazo para interponer recurso de reconsideración, la actora se acogió a la sanción reducida del 20%.

Por Resolución 900.001 de 17 de septiembre de 2003, la DIAN negó la solicitud de reducción de la sanción y por Resolución 900.001 de 23 de marzo de 2004, confirmó en reconsideración la decisión.

En la Resolución 900.001 de 23 de marzo de 2004, que resolvía un recurso, se precisó que dicho acto se debía notificar por correo o personalmente, de acuerdo con el artículo 565 inciso 1º del Estatuto Tributario.

Comoquiera que el acto que resuelve un recurso debe notificarse personalmente o por edicto, según el artículo 565 inciso 2º del Estatuto Tributario, por Resolución 900001 de 13 de mayo de 2004, la DIAN corrigió la resolución de 23 de marzo de 2004 para indicar la forma correcta de notificación, esto es, en los términos del artículo 565 inciso 2º del Estatuto Tributario.

Y aunque el acto que corrige un acto demandable hace parte de este, en el caso en estudio el hecho de no haberse demandado la decisión que corrige otra no impide al juez pronunciarse sobre la legalidad de la decisión administrativa, pues la corrección no tiene que ver con los requisitos de la existencia misma del acto, sino con los de su oponibilidad, que, por lo demás, fueron cumplidos. Ello, porque finalmente el acto que decidió el recurso y agotó la vía gubernativa fue notificado por edicto de 27 de julio de 2004, esto es, en los términos del artículo 565 inciso 2º del Estatuto Tributario, debido a que no fue posible su notificación personal, hecho que no discuten las partes(20).

Las razones anteriores son suficientes para mantener la decisión del a quo de declarar no probadas las excepciones propuestas por la DIAN.

Ahora bien, la administración sostiene que la actora no tiene derecho a la reducción de la sanción al 20%. Lo anterior, porque no pagó el valor de la sanción reducida, pues el valor pagado no corresponde al 20% de la sanción impuesta ($ 112.329.000), que, a su vez, equivale al 5% de los costos y deducciones solicitados en la declaración de renta del año gravable 1994 ($ 2.246.581.000).

La demandante, por su parte, considera que para tener derecho a la sanción reducida no debía pagar el 20% de la sanción que impuso la DIAN, o sea $ 22.466.000, sino los $ 13.442.000 que pagó, dado que ese valor corresponde al 20% de la sanción que realmente procedía.

Lo anterior, porque de los $ 2.246.581.000 que declaró como costos y deducciones en 1994, solo estaba obligada a informar $ 1.344.238.000, según la Resolución DIAN 5987 de ese año. Por tanto, la sanción procedente era de $ 67.212.000, correspondiente al 5% de los valores que debía informar y el 20% de dicha sanción era de $ 13.442.000, que fue lo que finalmente pagó como sanción reducida.

El artículo 651 del Estatuto Tributario dispone, en lo pertinente, lo siguiente(21):

“ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) “Literal modificado por el artículo 55 de la Ley 6ª de 1992”. Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), (15.000 UVT), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio […]

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

[…]”.

El literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario prevé que serán sancionados con multa hasta de 15.000 UVT quienes no suministren información dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, según los siguientes criterios:

1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

En el primer evento, la base de la sanción es el monto de la información exigida, y la multa, hasta el 5% de ese monto, lo que significa que la administración puede graduar la sanción teniendo en cuenta los criterios de justicia y equidad, al igual que los de razonabilidad y proporcionalidad, como lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-160 de 1998(22).

En la segunda hipótesis, esto es, cuando no existe base para calcular la sanción o la información requerida carece de cuantía, la multa puede ser hasta del 0.5% de los ingresos netos y, en ausencia de estos, del patrimonio bruto del contribuyente o declarante. Así pues, no puede aplicarse el 0.5% de los ingresos netos cuando existe base para el cálculo de la multa.

De otra parte, conforme con el artículo 651 del Estatuto Tributario, la sanción por no enviar información puede ser objeto de reducción al 10%, si la omisión es subsanada después de proferido el pliego de cargos y antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 20%, si la información es corregida dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción.

Para tener derecho al beneficio de la reducción de la sanción es necesario que el obligado subsane la omisión, pague el valor de la sanción reducida y presente un escrito de aceptación de la sanción reducida, en el que acredite que la omisión fue subsanada y el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida.

Así, la reducción de la sanción es un beneficio que tienen los contribuyentes para disminuir el monto de la multa impuesta al 10% o al 20%, teniendo en cuenta que a menor intervención de la administración dentro del trámite sancionatorio mayor será la reducción y que deben cumplirse los requisitos del artículo 651 del Estatuto Tributario, ya mencionado.

Para acceder al beneficio de la sanción reducida al 20% de la multa impuesta en el acto sancionatorio, se requiere que dentro de los dos meses siguientes a la notificación de dicho acto, esto es, dentro del plazo para interponer el recurso de reconsideración (E.T., art. 720), el contribuyente subsane la omisión, pague el 20% de la sanción impuesta y presente memorial de aceptación de la sanción reducida con la prueba de haber subsanado la omisión y pagado la sanción reducida.

Los actos que aceptan o niegan la solicitud de reducción de la sanción hacen parte de la misma actuación administrativa que se deriva de la imposición de la sanción, pues el artículo 651 del Estatuto Tributario permite que la reducción se solicite y la omisión se subsane antes de que se notifique la imposición de la sanción (reducción al 10%) o dentro del término para interponer recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio (reducción al 20%).

Cabe reiterar que el pago del 20% de la sanción impuesta por la administración, esto es, de la sanción plena, parte de la base de que esta se haya determinado como la prevé el artículo 651 del Estatuto Tributario, esto es, sobre el monto de la información que el contribuyente está obligado a informar, que, en este caso, son los pagos o abonos que constituyen costo o deducción, iguales o superiores a $ 2.000.000, conforme con la Resolución DIAN 5987 de 1994, como más adelante se precisa.

En efecto, la sección ha dicho que si al imponer la sanción por no informar la administración no respeta los criterios expuestos en la parte primera del artículo 651 del Estatuto Tributario, no puede exigir al contribuyente que la sanción reducida se calcule con base en la sanción oficialmente determinada(23).

También ha precisado que “lo imperativo es que la administración imponga la sanción en los precisos términos que la ley lo ordena; si no actúa así, sino imponiendo su arbitrio, puede el informante, respetando la norma que le concede el beneficio de la sanción reducida, determinar la base de la sanción de acuerdo con la ley y con fundamento en dicha determinación, calcular el porcentaje de reducción de la sanción que en derecho corresponda(24) (destaca la Sala).

Es decir, corresponde al demandante probar la base correcta sobre la cual proceden la sanción por no informar y la consiguiente reducción de esta.

En el caso en estudio, la DIAN sancionó a la actora por no enviar la información de 1994, de que trata el artículo 631 literal e) del Estatuto Tributario(25), en concordancia con la Resolución 5987 de 28 de diciembre de 1994(26).

El artículo 631 del Estatuto Tributario autoriza al Director General de la DIAN para requerir información a los administrados para realizar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, sin desconocer las facultades legales de fiscalización e investigación otorgadas a esa entidad.

Con base en citada autorización, el Director General de la DIAN expidió la Resolución 5987 de 28 de diciembre de 1994, que, en su artículo 1º, dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—Los grandes contribuyentes y las personas jurídicas que en el último día del año inmediatamente anterior a aquel en el cual se solicita la información hubiesen poseído un patrimonio bruto o ingresos brutos superiores a los indicados en el parágrafo 2º del artículo 631 del Estatuto Tributario y el reglamento, deberán presentar la información de que trata el literal e) del mismo artículo, como se indica a continuación:

Apellidos y nombres o razón social y NIT. Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad de cada uno de los beneficiarios de los pagos o abonos que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles en los casos en que el valor de un pago o abono en cuenta, realizado en el año informado sea igual o superior a dos millones de pesos m/cte. ($ 2.000.000), con indicación del valor acumulado por beneficiario durante el año gravable, el valor de la retención en la fuente practicada e impuesto descontable.

Los pagos o abonos en cuenta se deben reportar en el concepto que fueron base de retención en la fuente. Los que por mandato legal no hayan sido objeto de retención en la fuente se deben relacionar en el concepto de su origen […]” (destaca la Sala).

Así pues, para el año 1994, la actora estaba obligada a suministrar información relacionada con los pagos o abonos constitutivos de costo o deducción, iguales o superiores a $ 2.000.000. A contrario sensu, no estaba obligada a informar a la DIAN costos o deducciones que no impliquen pagos o abonos en cuenta efectivamente realizados, pues, no conllevan desembolso alguno. Tampoco, pagos realizados que sean inferiores a $ 2.000.000.

El plazo para suministrar la información venció sin que la demandante suministrara la información, hecho que la demandante acepta. Por lo anterior, mediante Resolución 328 de 26 de octubre de 1997, la DIAN impuso a la actora sanción por no informar de $ 112.329.050(27), que corresponde al 5% del total de costos y deducciones declarados por la actora en el año 1994.

Previa restitución de términos para notificar la sanción, ordenada por Resolución 900.001 de 20 de mayo de 2003(28), dentro del plazo para interponer recurso de reconsideración, la actora se acogió a la sanción reducida del 20%(29).

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 651 del Estatuto Tributario frente a dicho beneficio, la demandante allegó los siguientes documentos:

— Formato de entrega de información tributaria del año gravable 1994, radicado ante la DIAN el 10 de junio de 2003(30).

— Recibo del pago de 10 de julio de 2003, por $ 13.442.000(31).

— Memorial de aceptación de la sanción reducida(32).

Mediante Resolución 900.001 de 17 de septiembre de 2003, la DIAN negó la solicitud de reducción de la sanción por no informar por cuanto el pago de la sanción reducida no corresponde al 20% de la suma determinada oficialmente como sanción ($ 112.329.050)(33). Ello, porque el 20% de la sanción plena es $ 22.468.000.

Contra esta decisión la actora interpuso recurso de reconsideración, en el que precisó lo siguiente(34):

“[…] 7. Igualmente, nos permitimos precisar que dentro de la base utilizada por la DIAN para calcular la sanción impuesta mediante la Resolución 00328 de noviembre 26 de 1997, se tomaron la totalidad de los costos y deducciones, declarados por Asesorías y Construcciones S.A., es decir, la suma de $ 2.246.581.000, por tanto, presenta sumadas algunas partidas que no se deben incluir para realizar dicho cálculo, ya que no representan pagos efectivamente realizados, es decir, no se hizo desembolso alguno, como son:

• El valor correspondiente a la deducción teórica .......................................................................$ 60.610.000 (sic)
• El valor del gasto de depreciación […] ......................................................................................$ 111.474.000
• El valor del gasto de los ajustes por inflación […] .....................................................................$ 144.320.000
• El valor de los pagos que no cumplían con los topes mínimos para ser informados […] ....$ 585.676.000

Por lo anterior, si del total de los costos y deducciones declarados, es decir $ 2.246.581.000, le restamos estos valores, nos queda un valor de mil trescientos cuarenta y cuatro millones doscientos treinta y ocho mil pesos ($ 1.344.238.000), que es la base real sobre la cual debe calcularse nuestra sanción, tal como lo hicimos y posteriormente le informamos a este despacho su oportuno pago.

8. Teniendo en consideración el anterior planteamiento, la sanción debe calcularse aritméticamente de la siguiente manera:

Valor de los costos y deducciones obligados a reportar es de$ 1.344.238.000
Sanción de 5% ..................................$ 67.211.900
Sanción reducida al 20%.....................$ 13.442.380

[…]”.

Así, la actora tomó como base de la sanción $ 1.344.238.000, suma que, en su criterio, era la que estaba obligada a informar, y le aplicó el 5%, por lo que determinó la sanción en $ 67.211.900, valor al cual aplicó el 20%, correspondiente a la sanción reducida, para un total de $ 13.442.380. Para acreditar el “pago o acuerdo de pago de la sanción” anexó el recibo oficial de pago por $ 13.442.000(35).

En el anexo 1 del recurso de reconsideración, “relación de costos y deducciones informados para el cálculo de la sanción”, la actora listó todos los pagos constitutivos de costo o deducción iguales o superiores a $ 2.000.000, con la relación de los nombres y NIT de los beneficiarios de dichos pagos, relación que arrojó un total de $ 1.344.238.000. Esta relación corresponde a “los costos y deducciones de las cuales estamos obligados a reportar como lo estipula la Resolución 5987 de diciembre 28 de 1994, ya que sobrepasan los topes establecidos”(36).

Igualmente, en el escrito de reconsideración precisó que del total de costos y deducciones declarados en el año gravable 1994 ($ 2.246.581.000), no corresponden a pagos realizados, los siguientes rubros(37):

Los gastos por los ajustes por inflación ($ 144.320.000) y los gastos por deducción teórica ($ 60.873.000)(38), que no constituyen pagos o erogaciones propiamente tales(39), se desprenden del anexo 3 del recurso de reconsideración. Dicho anexo incluye el código y nombre de las cuentas contables y el valor débito Igualmente, está firmado por el representante legal, el revisor fiscal y el contador de la actora(40) y tiene como fundamento los anexos del balance de la contabilidad de esta(41). Los valores gastos por ajustes por inflación y por deducción teórica fueron solicitados como costo o deducción en la declaración de renta de 1994(42).

Asimismo, la relación de gastos de depreciación ($ 111.474.000), que tampoco son pagos a terceros(43), figura en el anexo 2 del recurso de reconsideración e incluye el código y nombre de las cuentas y el saldo a 31 de diciembre de 1994.

Tal anexo está firmado por el representante legal, el revisor fiscal y el contador de la actora(44). Además, consta en él que el valor total por gastos de depreciación fue registrado en la declaración de renta de 1994 y solicitado como costo o deducción en dicho período gravable(45). A su vez, está soportado en los anexos del balance del año 1994 en donde aparecen las cuentas correspondientes(46).

De otra parte, como anexo 4 de la reconsideración figura la relación de todos los pagos o abonos en cuenta que no cumplieron el tope de la Resolución DIAN 5987 de 1994 para ser informados a la administración(47). Tal relación, que asciende a $ 585.676.379 se encuentra suscrita por el representante legal, el revisor fiscal y el contador de la actora e incluye pagos a terceros desde $ 5.250 hasta $ 1.970.502(48).

En consecuencia, tales pagos no eran objeto de información exógena, a pesar de que fueron solicitados como costo o deducción en el año gravable 1994 y que se encuentran debidamente soportados en la contabilidad(49).

Además, según certificado fiscal, la información de los anexos fue tomada fielmente de la contabilidad, “la cual se lleva conforme a la ley y cumple con todos los requisitos legales expedidos para el efecto como el registro de los libros respectivos […], la indicación del número y fecha del comprobante diario, de las cuentas que se afectan, del valor de la transacción, [y] asientos contables debidamente respaldados por comprobantes internos y externos”(50).

A juicio de la Sala, las pruebas que allegó la actora en la vía gubernativa para justificar la base correcta sobre la cual procedía la sanción por no informar y, por ende, la reducción de esta, dan suficiente certeza de que, en cumplimiento de la Resolución 5987 de 1994, el valor de la información que debía entregar a la DIAN era de $ 1.344.238.000, suma que al aplicar el 5%, da una sanción de $ 67.211.900, que sería la sanción plena correctamente determinada, por lo que la sanción reducida al 20%, corresponde al valor efectivamente pagado por la actora de $ 13.442.000, según recibo de pago de 10 de julio de 2003. Asimismo, las pruebas relacionadas no fueron controvertidas en ningún momento por la DIAN.

Frente al argumento de que para subsanar la omisión por no informar la actora presentó información en medios magnéticos por $ 2.378.265.000, y que para no hacer más gravosa su situación la DIAN tomó como base de la sanción los costos y deducciones declarados ($ 2.246.581.000) y no el valor informado, la Sala precisa que no existe certeza de que el valor de la información entregada fuera el mencionado. Lo anterior, debido a que por el “cambio de la aplicación que validaba la información exógena” no aparece en el expediente el listado de validación de la información suministrada por la demandante por el año gravable 1994 con el total de los registros informados(51), por lo que se hizo una “revisión manual” que supuestamente determinó el valor de tales registros, de la cual no aparece soporte alguno.

Por el contrario, está suficientemente probado que la demandante solo debía entregar información exógena por $ 1.344.238.000, como lo explicó y justificó suficientemente al recurrir el acto que le negó la reducción de la sanción.

Por lo tanto, la actora tenía derecho a gozar del beneficio de la sanción reducida, lo que significa que son nulos los actos que negaron dicho beneficio, por lo que se impone confirmar el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia apelada que así lo dispuso.

No obstante, debe modificarse el restablecimiento del derecho (numeral 3º de la parte resolutiva), para declarar que la actora tiene derecho a la sanción reducida al 20% de la sanción por no informar, liquidada en los términos de esta providencia y que cumplió todos los requisitos para acogerse a la reducción de la sanción. Lo anterior, porque el a quo declaró que la demandante tiene derecho a la reducción de la sanción al 20% de la sanción impuesta en la Resolución 328 de 1997, lo que contradice, precisamente, la ilegalidad de dicho acto.

En efecto, el acto sancionatorio es nulo parcialmente, pues, como se precisó, no determinó correctamente la base de la sanción, esto es, el valor de la información que la actora debía suministrar por el año 1994. La consecuencia de la nulidad parcial de dicho acto es la declaración de que la sanción por no informar que constituye la base de la sanción reducida es de $ 67.212.000, monto que corresponde al 5% del valor que la demandante estaba obligada a informar en dicho año ($ 1.344.238.000).

Es de anotar que la Sala anula parcialmente la Resolución 328 de 1997 porque la actora cuestionó su legalidad, dado que alegó que el valor que pagó por la sanción reducida era el correcto, pues la sanción por no informar que impuso la DIAN desconoció el artículo 651 del Estatuto Tributario. Ello, porque tomó como base de la sanción el total de costos y deducciones declarados en el año 1994 y no el valor de la información exógena en los términos de la Resolución 5987 de ese año.

Por lo anterior, adiciona el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia apelada para declarar la nulidad parcial de la Resolución 328 de 1997 y, como consecuencia, que la sanción por no informar que constituye la base de la sanción reducida es de $ 67.212.000.

Asimismo, modifica el numeral 3º de la parte resolutiva para declarar que la demandante tiene derecho a la sanción reducida al 20% de la sanción por no informar, liquidada en los términos de esta providencia y que cumplió todos los requisitos para acogerse a la reducción de la sanción. En lo demás, confirma la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

ADICIÓNASE el numeral 1º parte resolutiva de la sentencia apelada, que queda así:

1. DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por la demandada.

ANÚLASE parcialmente la Resolución 328 de 1997 y como consecuencia, DECLÁRASE que la sanción por no informar que constituye la base de la sanción reducida es $ 67.212.000.

MODIFÍCASE el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia apelada, así:

3. DECLÁRASE que la demandante tiene derecho a la sanción reducida al 20% de la sanción por no informar, liquidada en los términos de esta providencia y que se encuentra a paz y salvo en el pago de la sanción que le impuso la DIAN en los actos demandados.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería a Clara Inés González Ramírez como apoderada de la DIAN en los términos del poder que está en el folio 293 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

20 Folio 45 cdno. a.

21 Sobre los requisitos de la sanción reducida, la Sala reitera el criterio expuesto en sentencia de 6 de noviembre de 2014, exp. 20344, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

22 Entre otras, ver sentencias de 20 de abril del 2001, exp. 11658; de 20 de febrero y 4 de abril del 2003, exps. 12736 y 12897; de 15 de junio del 2006, exp. 2003-00453-01 y 26 de marzo del 2009, exp. 16169.

23 Sentencia de 4 de junio de 1994, exp. 9374, C.P. Julio Enrique Correa.

24 Sentencia de 9 de junio de 2000, exp. 10035, actor: Fiduciaria Selfin S.A., C.P. Delio Gómez Leyva.

25 “ART. 631.—Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la administración de impuestos, el Director General de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos:

[…].

e. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono sea superior a cincuenta mil pesos ($ 50.000) (valor año gravable base 1987), con indicación del concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable (literal modificado por L. 223/95, art. 133).

26 Artículo 34 C.P.

Los pagos o abonos en cuenta deben reportar en el concepto que fueron base de retención en la fuente. Los que por mandato legal hayan sido objeto de retención en la fuente se deben relacionar en el concepto de su origen.

27 Folios 71 a 73 cdno. ppal.

28 En dicha resolución se ordenó notificar por correo la sanción. La notificación se produjo el 26 de mayo de 2003, como consta en el folio 168 del cuaderno de antecedentes (fls. 49 a 59 y 94 a 97 cdno. ppal.).

29 La solicitud se presentó el 23 de julio de 2003 (fls. 102 y 103 cdno. ppal.).

30 Folio 101 cdno. ppal.

31 Folio 98 cdno. ppal.

32 La Sala ha precisado que no puede negarse el derecho a la sanción reducida por la no presentación del memorial, pues ello implica un excesivo rigorismo, dado que el recibo de pago de dicha sanción constituye la intención del contribuyente de acogerse al beneficio (ver sentencia de 25 de abril de 2007, exp. 15441, reiterada en sentencia de 6 de diciembre de 2014, exp. 20344, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia).

33 Folios 104 a 107 cdno. ppal.

34 Folios 108 a 112 cdno. ppal.

35 Folio 98 cdno. ppal.

36 Folios 116 a 118 c.a. - anexo 1.

37 Porque no implican desembolso o los pagos no superan los topes para informar.

38 El artículo 78 de la Ley 1111 de 2006 derogó el sistema de ajustes integrales por inflación, previsto en el título V del libro I del Estatuto Tributario. La deducción teórica hacía parte de esos ajustes (E.T., art. 354).

39 El reconocimiento de la inflación para efectos del impuesto sobre la renta, se llevó a cabo mediante el cálculo de los ajustes sobre los activos y pasivos no monetarios, ingresos, costos y gastos con el fin de “desligar la determinación del impuesto sobre la renta de los efectos de la inflación” como lo dispuso el numeral 2º del artículo 90 de la Ley 75 de 1986.

El ajuste a los activos no monetarios y a los gastos del ejercicio se denominaba “gastos por inflación” mientras que el ajuste a los pasivos no monetarios y a los ingresos eran considerados “ingresos por inflación”.

De acuerdo con el artículo 350 del Estatuto Tributario, la contrapartida de los ajustes a los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos se llevaban a la cuenta fiscal “corrección monetaria” cuyo saldo débito era un gasto deducible (pérdida por exposición a la inflación) y en caso de resultar saldo crédito era un ingreso fiscal (utilidad por exposición a la inflación).

Por tanto, el ajuste por inflación a los activos y a los gastos, denominado gasto por inflación, no representaba un desembolso o salida de recursos, sino que era el reconocimiento de la inflación.

Por su parte la deducción teórica, estaba consagrada en el artículo 354 del Estatuto Tributario. Consistía en un beneficio transitorio (años 92 a 96) que buscaba disminuir el impacto de los ajustes por inflación en materia tributaria, respecto a las empresas que registraban un alto nivel de endeudamiento. El supuesto para su procedencia era que el patrimonio líquido del principio de año fuera inferior a la sumatoria que en la misma fecha tenían los activos no monetarios (sujetos a los ajustes) señalados en el artículo 354 del Estatuto Tributario. La diferencia entre activos no monetarios y el patrimonio líquido, constituía la base para determinar la deducción teórica aplicando los porcentajes decrecientes (del 55% al 15%) en cada uno de los años señalados en la ley.

Es decir, la deducción teórica era un menor valor de los ajustes por inflación cuyo cálculo dependía del nivel de endeudamiento del contribuyente, lo que significa que tampoco constituía la salida de recursos del ente económico que afectara en términos reales el activo o el patrimonio, como sucede cuando se realiza un pago a terceros por compra de bienes o de servicios.

40 Folios 121 y 122 cdno. a.

41 Folios 123 a 148 cdno. a.

42 Folio 122 cdno. a.

43 Los gastos por depreciación también son gastos teóricos que se originan por el reconocimiento fiscal del desgaste u obsolescencia de los bienes usados en el negocio o actividad productora de renta. A igual que sucede en materia contable, es necesario llevar al gasto el menor valor de los activos fijos por causa de su utilización y por el transcurso del tiempo.

Por tanto, el gasto fiscal deducible por depreciación tampoco obedece a un flujo de recursos monetarios que disminuya el activo del contribuyente (E.T., arts. 127 y ss.).

44 Folio 119 cdno. a.

45 Ibídem.

46 Folio 120 cdno. a.

47 Folios 150 a 157 cdno. a.

48 Ibídem.

49 Folio 157 cdno. a.

50 Folio 149 cdno. a.

51 Folio 87 cdno. a.