Sentencia 2004-01092 de septiembre 15 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 25000-2324-000-2004-01092-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Casa Toro S.A.

Bogotá, D.C., quince de septiembre de 2011.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Teniendo en cuenta que los cuestionamientos consignados en los recursos de alzada delimitan la materia respecto de la cual ha de pronunciarse la Sala en esta etapa del proceso, deberá establecerse si las objeciones que plantean los apelantes contra la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 14 de agosto de 2008, tienen o no la fuerza suficiente para desvirtuar su legalidad y corrección y para exonerar a las entidades condenadas de la obligación de pagar la indemnización decretada a favor de la sociedad Casa Toro S.A.

Para resolver los cuestionamientos antes mencionados, observa la Sala que en el fallo apelado se dejó de hacer un pronunciamiento de fondo con respecto a las excepciones que propuso el apoderado de la Empresa de Transportes Tercer Milenio - Transmilenio S.A. Por lo mismo, resulta pertinente analizar en esta instancia las excepciones de caducidad de la acción y de indebida integración del contradictorio.

En cuanto a la excepción de caducidad, que el apoderado de Transmilenio S.A. fundamenta señalando que “[...] el actor en sus pretensiones se retrotrae al pago de indemnizaciones y corrección monetaria o indexación al 1º de octubre de 2003. Ello nos indica que entre esta fecha y la de presentación de la demanda se venció el término contemplado en la ley para configurar el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción”.

Sobre el particular, y según aparece a folio 8 del cuaderno de antecedentes administrativos remitido por el IDU con destino a este proceso, la Resolución 8283 del 23 de julio de 2004, por la cual se ordenó la expropiación por vía administrativa de un lote de terreno que se segrega del inmueble ubicado en la AC-57-R Sur (antes Cra. 70B Nº 57 H - 92 sur), quedó ejecutoriada el día 30 del mismo mes y año. Por otra parte, a folios 10 y 13 del cuaderno principal, aparece debidamente acreditado que la demanda se presentó el 29 de noviembre de 2004, esto es, antes del término de cuatro (4) meses a que se refiere el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, que en lo pertinente dispone:

“ART. 71.—Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares: [...]”.

En virtud de lo anterior, la Sala adicionará la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar que la excepción de caducidad de la acción invocada por el apoderado de la Empresa de Transportes Tercer Milenio - Transmilenio S.A. no tiene ninguna vocación de prosperidad. No sobra añadir que las fechas a considerar en el análisis de caducidad de la acción, no pueden ser otras distintas a las de la ejecutoria del acto administrativo que pone fin a la actuación administrativa de expropiación y la de presentación de la demanda.

En cuanto a la excepción de indebida integración del contradictorio, que tampoco fue resuelta en la primera instancia, la Empresa de Transportes Tercer Milenio - Transmilenio S.A. insiste en señalar que no hay razones que justifiquen su vinculación al proceso ni menos aún la condena que se le impuso en la primera instancia, pues la expropiación fue adelantada directamente por el IDU y por lo mismo no intervino en la expedición de los actos demandados. Alega además que el predio expropiado fue adquirido por el Distrito Capital con destino al desarrollo de la infraestructura del sistema de transporte masivo de la ciudad y, por lo mismo, no es dable entender que ese inmueble sea de su propiedad.

En relación con este punto de la discusión, la Sala estima que si bien es cierto que la Empresa de Transportes Tercer Milenio -Transmilenio S.A. no profirió los actos administrativos que aquí se cuestionan y que el inmueble fue expropiado por el Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— con fundamento en las razones de utilidad pública definidas por el Decreto Distrital 204 del 3 de julio de 2003, con destino al desarrollo de la infraestructura del sistema de transporte masivo de la ciudad y más concretamente para la ejecución del “proyecto Avenida del Sur” en el tramo comprendido entre la carrera 67 (urbanización Madelena) y los límites del distrito con Soacha, no puede perderse de vista que el pago de la indemnización expropiatoria correspondiente, debía efectuarse con cargo al rubro 3-4-1-11-02-11-7251 “gestión infraestructura” del presupuesto de gastos e inversiones de la empresa Transmilenio S.A. para la vigencia 2004, lo cual explica que la dirección técnica del IDU, mediante Resolución 5807 del 7 de mayo de 2004 le haya ordenado la expedición del certificado de registro presupuestal correspondiente, y que el día 7 de septiembre de ese mismo año, la empresa Transmilenio S.A. haya asumido la cancelación de la suma de dinero mencionada en la Resolución 8283 de 2004, mediante cheque número 03136-2 de Davivienda, según orden de pago 200408-2974 del 25 de agosto de 2004.

En virtud de lo anteriormente expuesto, considera la Sala que las razones aducidas por el apoderado de Transmilenio S.A. en la demanda y que ahora reitera en ala apelación, no tienen ningún fundamento jurídicamente atendible, pues es claro que el pago de la indemnización decretada por el Tribunal respecto de las áreas entregadas y no pagadas a la firma Casa Toro S.A., debe ser asumida igualmente por esa empresa, lo cual respalda y justifica plenamente la decisión del a quo que aquí se cuestiona. Por lo mismo, la Sala adicionará la sentencia de primera instancia para declarar no probada la excepción propuesta por el apelante.

Ahora bien, en relación con los motivos de inconformidad expuestos por el apoderado del Instituto de Desarrollo Urbanos —IDU—, la Sala considera que los mismos no tienen la fuerza suficiente para revocar la sentencia apelada. Tal como se mencionó al hacer referencia a los antecedentes del proceso, el apoderado del IDU reitera que el dictamen pericial rendido en el curso de la primera instancia adolece de graves errores de tipo técnico, al haber soslayado algunos parámetros que a su juicio son necesarios para la obtención de resultados exactos, al haber sido elaborado sin tener como mínimo un punto de partida certificado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a lo cual se suma el hecho de haberse empleado un sistema de coordenadas totalmente distinto.

A propósito de ello, observa la Sala que el apoderado del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en vez de formular algunos cuestionamientos concretos contra la Sentencia que puso fin a la primera instancia, se concentró fundamentalmente en el cuestionamiento extemporáneo de los fundamentos técnicos del dictamen pericial practicado en este proceso, pasando por alto que de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 110 del Decreto 2282 de 1989, la contradicción del dictamen ha debido formularse en el momento procesal indicado en esa disposición, que a la letra dispone:

“ART. 238.—Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia se procederá así:

1. Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave.

2. Si lo considera procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o adición del dictamen, y fijará a los peritos un término prudencial para ello, que no podrá exceder de diez días.

3. Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen, y además se le objeta, no se dará curso a la objeción sino después de producidas aquéllas, si fueren ordenadas.

4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas.

5. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquel se dará traslado a las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare.

6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare.

7. Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez, como alegaciones de ellas”.

Nótese que las objeciones planteadas por el apoderado del IDU, ni siquiera se dirigen a cuestionar la valoración del dictamen efectuada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, motivo por el cual la Sala concluye que los argumentos expuestos en la alzada no tienen la virtud ni la fuerza suficiente para infirmar la legalidad ni el acierto de la Sentencia impugnada.

Por último y en relación con la solicitud de revocatoria y modificación parcial del fallo apelado que formuló el apoderado de la empresa Casa Toro S.A. al descorrer el traslado de los recursos de apelación, debe la Sala señalar que dicha solicitud no puede ser atendida, pues dicha empresa no interpuso ningún recurso de apelación y no es dable entrar a realizar un pronunciamiento de fondo sobre el particular, pues el recurso de alzada, como se dijo desde un principio, solamente fue interpuesta por las demandadas. Dicho en otras palabras, las inconformidades y solicitudes planteadas por la actora, que por demás no tienen nada que ver con los motivos de impugnación expuestos por las demandadas, deben tenerse como inoportunas y extemporáneas y por lo mismo no pueden ser tenidas en cuenta.

Por todo lo dicho hasta aquí, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia y la adicionará en los términos anteriormente mencionados.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ADICIONAR la sentencia del 14 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de declarar no probadas las excepciones de caducidad y de indebida integración del contradictorio, propuestas por el apoderado de la Empresa de Transportes Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

2. CONFIRMAR en todas sus partes la Sentencia anteriormente mencionada, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

3. RECONOCER a los doctores Javier Alonso Gnecco Campo y Alix Rocio Buitrago Palacios, como apoderados de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio —Transmilenio— y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, respectivamente, de conformidad con los poderes que les fueron conferidos.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 15 de septiembre de 2011».