Sentencia 2004-01099 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Ref.: Exp. 25000-23-25-000-2004-01099-02 (1365-2008)

Consejero ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Teresa Navas de Motta C/ Fondo de previsión social del Congreso de la República – Fonprecon – Autoridades nacionales —Fallo—

Bogotá D.C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico en esta oportunidad se contrae a establecer, si a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en su calidad de cónyuge sobreviviente del señor José Joaquín Motta Motta, quien laboró como Representante a la Cámara por el periodo constitucional 1974-1978 y desde 1978 hasta el 5 de diciembre de 1980, fecha del deceso; porque en su sentir, el fallecido completó el tiempo de servicios de 20 años, con la asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas en el Congreso de la República en dichos lapsos, teniendo en cuenta además, el tiempo que le faltó para completar el periodo constitucional, con ocasión de su muerte.

Habida cuenta que la controversia gira en torno a la asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Parlamento, que se computan en materia de tiempo de servicios a fin de obtener el reconocimiento pensional por parte de un excongresista; es necesario inicialmente, hacer el recuento y análisis de las normas que regulan esta materia, para luego examinar si con fundamento en dichas preceptivas y estudiados los medios de convicción que reposan en el expediente, a la actora le asiste la razón en lo que pretende.

Del cómputo para acceder a la pensión de jubilación de los parlamentarios.

La Ley 6ª de 1945(1), en el literal b) de su artículo 17, consagró la pensión vitalicia de jubilación para el empleado u obrero con 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos.

En su Parágrafo señaló, que los empleados que hubieran prestado sus servicios al Congreso durante 20 legislaturas continuas o discontinuas, tenían derecho a todas las prestaciones sociales contenidas en dicha norma(2).

En su artículo 29 estableció, que los servicios prestados, sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, se deben acumular para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el monto de la pensión correspondiente, se debe distribuir en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios o remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales que se conformen con aporte de varias entidades de derecho público, gozarán de las prestaciones más favorables que éstas reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al mismo fondo especial.

La Ley 65 de 1946(3) en su artículo 3º, modificó el inciso b) del artículo 17 de la anterior Ley, en el sentido que la pensión de jubilación, equivale a las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

La Ley 24 de 1947(4) en el artículo 1º modificó el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945, agregando que, cuando el favorecido con la pensión de jubilación, haya servido lo menos 10 años en empleos o cargos públicos nacionales, el total de su pensión le será cubierto por la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales, sin perjuicio del reembolso oportuno de su mayor costo por cuenta de las entidades obligadas a reconocerla en los términos del artículo 3º del Decreto 2567 de 1946.

La Ley 48 de 1962(5), en su artículo 7º, hizo extensivo a los miembros del Congreso, el régimen prestacional consagrado en la Ley 6ª de 1945, al igual que a los miembros de las Asambleas Departamentales.

El Parágrafo 1º de dicha disposición indicó, que los congresistas y diputados Principales, que antes de la posesión en su cargo, adquieran una enfermedad o sufran lesión que los incapacite temporal o permanentemente para desempeñarlo, tienen derecho a las mismas prestaciones consagradas para los miembros del Congreso y Diputados en ejercicio.

En el Parágrafo 2º determinó, que las prestaciones por muerte también se causarán cuando el Parlamentario o el Diputado Principales “... fallecieren o hubieren fallecido después de la elección, pero antes de la fecha en que debieran haberse posesionado del cargo”.

Su artículo 9º dispuso, que para los efectos del artículo 29 de la Ley 6ª de 1945, los lapsos o periodos de tiempo en que se hayan devengado asignaciones por servicios prestados a la Nación, en el ejercicio del cargo de Congresista o a los Departamentos, en el de Diputado a la Asamblea, se acumularán a los demás lapsos de servicio oficial o semioficial. “Para los efectos de la jubilación precedente, los períodos de sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso y de las Asambleas en cada legislatura anual se equipararán a los doce (12) meses de un año calendario, o, proporcionalmente, al tiempo servido en el Congreso o Asamblea en la respectiva legislatura”.

El Decreto 1723 de 1964, reglamentario de la referida Ley 48, señaló en el literal b) de su artículo 2º, que los miembros del Congreso Nacional gozarían de una pensión vitalicia de jubilación en cuantía equivalente a las dos terceras partes del promedio de las asignaciones devengadas durante el último año de servicios o del promedio de lo devengado en los tres últimos años, según optare el beneficiario, “cuando hayan llegado o lleguen a cincuenta (50) años de edad y cumplido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la Ley 48 de 1962 prestados como empleados a cualquier entidad oficial o semioficial incluyendo el tiempo servido en los cargos de Senador o Representante o Diputado. Tendrá derecho a que se le computen los doce (12) meses de un año calendario al Senador o Representante que en cada legislatura anual, anterior o posterior a la vigencia de la Ley 48 de 1962, haya asistido o asista tanto a las sesiones ordinarias como las extraordinarias si las hubiere, o proporcionalmente al tiempo servido”.

Posteriormente la Ley 5ª de 1969(6), en su artículo 3º estableció, que para los efectos del artículo 29 de la Ley 6ª de 1945, los lapsos o períodos de tiempo en que se hayan devengado asignaciones por servicios prestados a la Nación como Congresista o Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, o a los Departamentos como Diputado a la Asamblea, se acumularán a los lapsos de servicio oficial o semioficial. Y dispone, que “Para efectos de la jubilación precedente, las sesiones ordinarias o extraordinarias de esas corporaciones en cada legislatura anual, se computarán en materia de tiempo y de asignaciones como si el Congresista o Diputado hubiese servido los doce meses del respectivo año del calendario, y hubiese percibido durante cada uno de dichos doce meses idénticas asignaciones mensuales a las devengadas en el tiempo de sesiones. Si los miembros de las mencionadas corporaciones no hubiesen asistido a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias de la legislatura, se hará el cómputo en proporción al tiempo de servicio”.

En su Parágrafo 1º preceptuó, que si las corporaciones públicas no se hubiesen reunido por cualquier causa, este artículo se aplicará para los efectos de tiempo y asignaciones como si dichas corporaciones hubiesen estado reunidas. Y el Parágrafo 2º indicó, que estas reglas se aplicarán cualquiera que fuere la época en que se hayan prestado los servicios a la Nación o a los Departamentos.

El artículo 4º dispuso, que los miembros de las Corporaciones Públicas a los que se refiere el anterior precepto, gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales, consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen, y el auxilio de cesantía se liquidará de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 1º de dicho artículo.

La Ley 12 de 1975(7), en el artículo 1º estipuló, que el cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge, si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, “... pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley”, o en convenciones colectivas.

Posteriormente la Ley 33 de 1985, que creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República(8) en el artículo 1º, mantuvo la previsión en el sentido de que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Además señaló, que no quedan sujetos a esta regla general, los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

Pues bien, de la normativa reseñada fácilmente se deduce, que si los miembros de las Corporaciones —Congreso de la República o Asamblea Departamental— concurren a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias celebradas en cada legislatura anual, les asiste el derecho a que se les computen en materia de tiempo y de asignaciones, doce meses de un año calendario.

Diferente es, si no asisten a la totalidad de las sesiones ordinarias o extraordinarias convocadas en la legislatura correspondiente, pues en tal caso, como expresamente lo determinan los preceptos que regulan esta materia, el cómputo se debe hacer de manera proporcional al tiempo servido.

En esta dirección, no es posible entonces, convalidar un año de servicios por sesión ordinaria o extraordinaria asistida o por sesiones ordinarias o extraordinarias a las que se concurrió de manera interrumpida en cada legislatura.

Ahora, en lo que atañe al deceso del Parlamentario o del Diputado principales, es evidente, que la norma expresamente señala la posibilidad de adquirir el derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte, sólo, si el fallecimiento se produce después de la elección pero antes de la posesión, de tal suerte, que si luego de posesionado el servidor, se produce su muerte, habrá lugar al reconocimiento prestacional, pero por el tiempo laborado, no por el lapso para el cual fue elegido, porque no se puede pretender que se reconozca por el periodo restante, un derecho que en efecto se vio truncado con ocasión del fallecimiento; en otras palabras, no es viable contabilizar tiempos posteriores al deceso del causante, porque lógicamente no fueron laborados por el mismo y en este entendido, indudablemente no pudieron ser cotizados.

Además, en todo caso, el tiempo efectivo de servicio al Estado no puede ser inferior a 20 años; requisito indispensable, para optar por el reconocimiento de la pensión de jubilación y por la eventual sustitución pensional para el cónyuge supérstite.

Es evidente entonces, que de ninguna manera del tenor literal de las disposiciones transcritas, es dable inferir una forma diferente de efectuar el cómputo de cara a la asistencia a las sesiones parlamentarias, que permita determinar el tiempo de servicio, para efecto del reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación y a la consecuente sustitución pensional.

En atención a las anteriores precisiones en cuanto al tiempo de servicio para adquirir la pensión jubilatoria en razón de la asistencia a las sesiones que convoca el Congreso, procede la Sala a definir la situación particular de la accionante.

Caso concreto

Está demostrado en el expediente que el señor José Joaquín Motta Motta, prestó sus servicios al Estado como Juez Promiscuo Municipal de Santa Sofía, del 17 de febrero de 1963 hasta el 16 de enero de 1964 (11 meses); en la Alcaldía de Moniquirá, desde el 21 de enero de 1964 hasta el 6 de julio de 1964 (5 meses, 5 días); como Juez Único Municipal de Moniquirá, del 1º de noviembre de 1964 al 31 de julio 1965 (9 meses); como Juez Único Promiscuo del Circuito de Vélez, desde el 1º de agosto de 1965 hasta el 30 de septiembre de 1967 (2 años, 2 meses); en la Procuraduría General de la Nación, del 1º de agosto de 1970 al 30 de noviembre de 1971 (1 año, 4 meses). Para un total de 5 años, 7 meses y 15 días de servicios. (fls. 13 a 25, 32 y 33 cdno. ppal.).

También que laboró en la Asamblea de Boyacá como Diputado, del 1º de octubre al 30 de noviembre de 1972, lapso en el que asistió a 21 sesiones de las 27 celebradas de forma ordinaria. No se realizaron sesiones extraordinarias. (fl. 68, cdno. ppal.).

Y en la Cámara de Representantes se desempeñó como Principal por el periodo Constitucional 1974 - 1978, con posesión el 20 de julio de 1974 actuando ininterrumpidamente hasta el 19 de julio de 1978. Y por el período constitucional de 1978 a 1982, con posesión el 20 de julio de 1978, actuando ininterrumpidamente hasta su fallecimiento, que tuvo ocurrencia el 5 de febrero de 1980. (fl. 32, 19 y 20, cdno. ppal.).

En el acto acusado, el Fondo estableció que sirvió al Estado por 12 años, 4 meses y 22 días. (fl. 86, cdno. ppal.).

Nació el 12 de febrero de 1937, contrajo matrimonio con la demandante el 28 de diciembre de 1963, y falleció el 5 de febrero de 1980. (fls. 9 a 12 y 38, cdno. ppal.).

Con memorial fechado el 3 de septiembre de 1998, su cónyuge supérstite, hoy demandante, elevó petición ante Fonprecon, como último empleador, a fin de que le fuera reconocida la pensión de jubilación al causante y la consecuente sustitución, en atención a que al momento de su deceso cumplía el requisito de tiempo de servicio. (fls. 3 y s.s. cdno. ppal.).

Por medio de la Resolución 863 de 24 de junio de 2003, Fonprecon negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y de la sustitución a favor de la actora, en razón a que no lograron acreditarse los 20 años de servicios exigidos por la Ley, para efecto de causar el derecho a obtener la pensión. (fls. 86 a 88, cdno. ppal.).

En Resolución 1201 de 12 de octubre de 2003, el Fondo demandado confirmó en todas sus partes el anterior acto administrativo al desatar el recurso de reposición interpuesto. (fls. 97 a 102 cdno. ppal.).

De las anteriores probanzas se colige, que en efecto, el occiso ejerció la labor como Diputado de la Asamblea de Boyacá en el año 1972, anualidad en la que entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre, fueron convocadas 27 sesiones ordinarias y ninguna extraordinaria, habiendo concurrido a 21 sesiones ordinarias; por manera, que la asistencia a estas últimas equivale a 9 meses y 3 días, en el entendido que las 27 sesiones valen por 12 meses.

Habida cuenta que ejerció la función como Representante a la Cámara por el período 1974 - 1978, y acudió a todas las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, las mismas se equiparan a 4 años, en razón de 12 meses por cada legislatura.

Como en el período 1978 - 1982, asistió a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias, solo hasta 1980, con ocasión de su deceso —el 5 de febrero de dicha anualidad—; se tiene, que se debe computar 1 año, porque acudió ininterrumpidamente en la legislatura comprendida entre el 20 de julio de 1978 y el 20 de junio de 1979 y proporcionalmente, 6 meses y 16 días, en tanto que acudió a las sesiones ordinarias y extraordinarias de manera continua desde el 20 de julio de 1979 hasta el 5 de febrero de 1980.

En resumen, sumó como tiempo laborado en calidad de Diputado un total de 9 meses y 3 días y como Congresista 5 años, 6 meses y 16 días, que adicionados al anterior lapso de servicio de 5 años, 7 meses, 15 días, arroja un total de 11 años y 11 meses de servicio; con lo que sin lugar a dudas, no cumplió con el tiempo de 20 años requerido para efecto de lograr el reconocimiento de la pensión jubilatoria, como tampoco con el requisito de la edad, puesto que al momento de su deceso sólo contaba con 43 años, situación que en consecuencia, imposibilita la sustitución pensional en su cónyuge supérstite y lógicamente el amparo pensional bajo el régimen congresional.

De conformidad con lo expuesto se confirmará la decisión del a quo, que denegó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 8 de junio de 2006, desestimatoria de las súplicas de la demanda instaurada por la señora Teresa Navas de Motta contra el Fondo de previsión social del Congreso de la República —Fonprecon—.

Reconócese al Abogado Freddy Rolando Pérez Huertas como apoderado judicial del Fondo de previsión social del Congreso de la República —Fonprecon—, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Ley 6ª de 19 de febrero de 1945 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo”.

(2) El artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 contempló como prestaciones sociales: el auxilio de cesantía, la pensión vitalicia de jubilación, la pensión de invalidez, el seguro por muerte, el auxilio por enfermedad no profesional contraída en desempeño de funciones, la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria, los gastos del entierro.

(3) Ley 65 de 20 de diciembre de 1946 “Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras”

(4) Ley 24 de 14 de noviembre de 1947 “Por la cual se adiciona el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945 y se dictan otras disposiciones de carácter social”.

(5) Ley 48 de 18 de octubre de 1962 “Por la cual se fijan unas asignaciones, se aclara la Ley 172 de 1959 y se dictan otras disposiciones”.

(6) Ley 5 de 1969 “Por la cual se aclara el artículo 12 de la Ley 171 de 1961, y el 5 de la Ley 4ª de 1966, y se dictan otras disposiciones”.

(7) Ley 12 de 16 de enero de 1975 “Por la cual se dictan disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”.

(8) Ley 33 de 1985 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público”, creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en su artículo 14.