Sentencia 2004-01127 de mayo 23 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Exp.: 41345

Rad.: 540012331000200401127 01

Actor: Freddy Eduardo Leal Moreno, Leni María Moreno Quintero y otros

Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Proceso: Reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por actos terroristas en el marco del conflicto armado. Valor probatorio de las declaraciones públicas de las autoridades.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, impetrado por los padres, hermanos e hija de la señora MÓNICA YAJAIRA LEAL MORENO(4).

1.2. Caducidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”, para el caso, el 5 de marzo de 2003, día de la explosión de la bomba que destruyó el Centro Comercial Alejandría. Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 10 de septiembre de 2004, resulta evidente el ejercicio de la acción dentro del término previsto por la ley.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala analizar si el Estado es responsable por la muerte de la señora Mónica Yajaira Leal Moreno, ocurrida el 6 de marzo de 2003, como consecuencia de la explosión de un artefacto explosivo el día anterior, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, atribuido por las autoridades al grupo insurgente denominado Ejército de Liberación Nacional.

3. Hechos probados.

3.1. En relación con el daño antijurídico se conoce que la señora Mónica Yajaira Leal Moreno falleció el día 6 de marzo de 2003 a las 4 A.M. en la Clínica Santa Ana de Cúcuta, por las heridas causadas por el artefacto explosivo puesto en el Centro Comercial Alejandría. Es claro, además, que la víctima laboraba en el lugar como empleada de una casa de cambios. Las pruebas corresponden al registro civil de defunción, al acta de inspección de levantamiento de cadáver y al certificado emitido por la Fiscal de la Unidad de Fiscalía Especializada de Cúcuta —fls. 19 y 29 del cdno. ppal. y fl. 60 del cdno. 2—.

3.2. También se encuentra debidamente acreditada la relación de parentesco de la víctima, antes nombrada, con los demandantes, quienes actúan en su condición de madre, padre, hermanos, hermanas e hija (representada por su padre), a través de los correspondientes registros civiles de nacimiento —fls. 23 a 27 y 30 a 37 del cdno. 2—, cdno. 2).

3.3. En relación con el daño moral y las circunstancias personales de la señora Mónica Yajaira Leal Moreno, obra en el expediente testimonio del señor Ramiro Augusto Rincón Páez, rendido ante el a quo. Sostuvo el testigo que la conocía desde hacía ocho años, pues era vecino y que vivía con sus padres con quienes mantenía una relación fundada en el afecto. Igualmente, que procreó una hija a la que prodigaba alimentos para lo cual trabajaba en una casa de cambios y que sus padres sufrieron mucho con su muerte —fls. 124 a126 del cdno. ppal.—.

3.4. Así mismo, obra en el expediente testimonio de la señora Inés Beatriz Mora Mora, rendido bajo juramento ante el mismo magistrado. Respondió, la antes nombrada, la pregunta sobre su conocimiento acerca de los hechos en los que murió la señora Mónica Yajaira Leal Moreno —fls. 126 a128 del cdno. ppal.—.

Ese día, el 5 de marzo de 2003, yo tengo un negocito pequeño, cuando (sic) yo tengo todo el tiempo el radio prendido, cuando de repente escuché que una bomba en Alejandría y entonces nosotros de una vez pensamos en Mónica, pues ella era la vecina y al momento llegó doña Lenis, y dijo: “estoy que llamo a Mónica y no me contesta” y yo le dije, tranquila doña Lenis, eso confiando en Dios no le pasa nada, era lo que yo decía, bueno eso pasó así y eso después al rato comenzaron a decir la lista de los heridos y llegó don Luis todo lleno de humo, tizne, el papá, iba llegando a la casa, porque él entró a Alejandría y contó que él había entrado a Alejandría y no la encontró, y bueno él desesperado, el abuelo, todos desesperados, hasta que al fin supieron que ella estaba herida, después ya esa noche estuvo en el hospital en cuidados intensivos y al otro día murió, nos hizo mucha falta porque era una líder en la cuadra, para nosotros también fue una pérdida como vecina, porque era la mejor muchacha que teníamos, la conocía hace trece años porque ellos llegaron al tiempo con nosotros a vivir, ella nos colaboraba con los bazares, ella era la que sostenía a don Luis y a doña Lenis, nosotros arreglábamos la cuadra, también sostenía a Salomé la niña que dejó, nosotros tenemos una pequeña tienda, ella nos fiaba lo que ellos necesitaban, y nos cancelaban mensual. Mónica trabajaba en Alejandría en un “cambia bolívares” para ellos fue una tragedia porque se murió la hija que los ayudaba económicamente. 

3.5. También reposa en el expediente, declaración del señor Oscar Emilio Sánchez Orozco, vecino de la familia Leal Moreno. Se refirió el testigo a la unión familiar y a los aportes de la víctima al sostenimiento de los padres. Expuso que algunos de los hermanos integraban la Policía y las hermanas se dedicaban a la modistería y venta de ropa. Puso de presente la muerte del señor Luis Leal, padre de Mónica Yajaira, quien habría fallecido al poco tiempo de pena moral —fl. 130 del cdno. ppal.—).

3.6. En relación con las circunstancias en las que acontecieron los hechos, obra en el expediente certificación suscrita por la Jefe de Unidad de la Fiscalía Especializada de Cúcuta que da cuenta de la investigación adelantada por el atentado terrorista del parqueadero del Centro Comercial Alejandría en hechos sucedidos el 5 de marzo de 2003 y de la documentación allegada así: “figura el acta de levantamiento n.° 222 practicada por el Fiscal Primero de la URI de quien en vida se llamara MONICA YAJAIRA LEAL MORENO con cédula de ciudadanía n.° 60.364.081 de fecha 06 de marzo de 2003, quien fuera una de las víctimas del atentado terrorista del Centro Comercial Alejandría” —fl. 37, cdno. ppal.—.

3.7. Se conoce el informe suscrito por el Jefe de Unidad de Explosivos de la SIJIN, Luis Eduardo Suescún. Reporta el antes nombrado que aproximadamente a las 9:45 horas del 5 de marzo de 2003, fue informado por la sala de radio de la Policía Nacional sobre la explosión de una bomba en el Centro Comercial Alejandría. Una vez en el lugar, se constató que se encontraba en llamas y cubierto de una gran cantidad de humo. Que al día siguiente, cuando la situación se calmó, la inspección al lugar permitió “constatar por la evidencias, que se trataba de un carro cargado con explosivos, de color rojo sin placas, carrocería CJB11494, causando pérdida de vidas humanas y lesiones a algunas personas e incineraciones a algunos vehículos y locales comerciales por efecto de la onda explosiva”. En el reporte se calcula una cantidad aproximada de explosivo de 30 kilos “se presume fue contenida en una caja de cartón que entró al lugar sin despertar sospecha”. También se indica que este tipo de explosivo es utilizado por grupos subversivos al margen de la ley y que su finalidad era causar pánico, destrucción del centro comercial, mutilación y muerte —fls. 86-88 del cdno. ppal.—.

3.8. Así mismo, en el expediente reposan copias de diversos artículos de periódico que, a nivel nacional y local, reportaron el atentado terrorista. De estos se destaca la publicación de la declaración del director de la oficina de asuntos andinos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Phill Chicola, en el sentido de responsabilizar al ELN en retaliación a las fumigaciones realizadas en el Catatumbo, dado que el grupo había decidido ingresar en el negocio del narcotráfico. El mismo diario (El Tiempo p. 1 Nación–viernes 7 de marzo) reportó la intervención del presidente con igual señalamiento y el anuncio de que las fumigaciones no serían suspendidas y la hipótesis que atribuía el atentado a dicho grupo insurgente, por el supuesto pago de dinero a las autodefensas por parte de personal vinculado al centro comercial, a efecto de conseguir protección —fl. 38 del cdno. ppal.—. Se trata de noticias que no fueron consideradas por el tribunal, conforme a las reglas de la sana crítica, que hacían notorio el contexto en que sucedieron los hechos, las circunstancias mismas de la explosión de la bomba, por la que murieron 7 personas y 71 resultaron heridas, la denuncia del Presidente sobre infiltración de grupos terroristas en la Fuerza Pública y en la Fiscalía, lo que provocó una “purga” dentro de las instituciones nombradas, pues a varios funcionarios se les pidió la renuncia y se dio a conocer el despido del coronel, comandante del Departamento de Policía del Departamento de Norte de Santander —fls. 38 a 50 del cdno. ppal.—.

3.8.1. Particularmente, el hecho noticioso fue publicado por el diario “El Tiempo” el 6 de marzo de 2003, el cual registra las declaraciones del presidente —fl. 40 del cdno. ppal.—, titulado “Uribe denuncia infiltración terrorista en el N de Santander”, se destaca su contenido:

“El Presidente dijo de la Policía y la Fiscalía serán depuradas en Norte de Santander. Autoridades de Cúcuta atribuyeron al ELN carro bomba que dejo 6 muerto y 45 heridos... Ayer cinco horas después del estallido de un carro bomba que sacudió a Cúcuta y que dejó 6 muertos y 45 heridos, el Presidente Álvaro Uribe dijo que la Policía y la Fiscalía de la capital de Norte de Santander están infiltradas por los grupos terroristas. Anunció una severa purga y comenzó por relevar al jede de la Sijín y al Subcomandante de la Policía del departamento. Las autoridades de Cúcuta culparon al ELN del atentado y confirmaron la detención de un guerrillero, apodado “Tyson”, quien habría puesto la bomba y aparentemente no alcanzó a abandonar el sitio”.

3.8.2. Similar información se advierte en el diario “El Tiempo” de 7 de marzo siguiente. Refiere la publicación, entre las posibles hipótesis, que el atentado fue perpetrado por miembros del ELN como represalia por las fumigaciones con glifosato en el Catatumbo —fl. 38 del cdno. ppal.—.

“La teoría de que la explosión al Centro Comercial Alejandría de Cúcuta se trató de una revancha por la fumigaciones empezó a sugerirse el miércoles por un comentario del Presidente Uribe en sus declaraciones sobre el atentado. Luego de lamentar los hechos, en los que murieron 7 personas, aseguró que las aspersiones con glifosato en el Catatumbo seguirán. Después denunció infiltraciones terroristas en la Policía y la Fiscalía de Norte de Santander”. 

3.8.3. También se conoce que los Fiscales de Cúcuta rechazaron las acusaciones del presidente, conforme informó el diario local “La Opinión” —fl. 42 del cdno. ppal.— y que, por este hecho fue capturado en el mismo día Alias Tyson, experto en explosivos y miembro del ELN —fl. 37 del cdno. ppal.—. Captura que no fue desmentida por la demandada, aunque no se conoce el resultado de las investigaciones.

3.9. Se cuenta también con oficios —fl. 98 del cdno. 2 y 94 del cdno. 3—, suscritos por el capitán Jefe Seccional de Inteligencia del Departamento de Norte de Santander, fechados 20 de octubre de 2006 y 13 de febrero de 2007, en los que se reporta al tribunal que, revisados los archivos de la seccional, no se encontraron informes de inteligencia relacionados con los atentados terroristas en contra del Centro Comercial Alejandría. Vale la pena advertir que esta prueba fue especialmente tenida en cuenta por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander para descartar la falla del servicio y así mismo eximir de responsabilidad a la Policía Nacional.

4. El juicio de responsabilidad.

En los términos del artículo 90 de la Constitución Política el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Para la Corte Constitucional, el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 prevé una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que desplaza la atención de la causa al daño y que, constituye el fundamento de la reparación, así se trate de una actividad lícita de la administración, en cuanto el Estado está en la obligación de reparar los daños antijurídicos que las víctimas no están en la obligación de soportar, derivado de rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas.(5)

Lo anterior sin perjuicio de que la Sala ha sostenido que en desarrollo del Estado Social de Derecho y de los principios de igualdad, justicia, equidad y solidaridad, no se puede desamparar a las víctimas de acciones terroristas del conflicto armado, si se considera que le corresponde garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, el orden público y la solución del conflicto armado, de modo que en principio deberá responder por los daños antijurídicos que sufren las víctimas del mismo(6), con fundamento en el principio de solidaridad,

En similar sentido, la Corte Constitucional ha definido el deber de solidaridad del Estado como una "derivación de su carácter social y de la adopción de la dignidad humana como fundante del mismo", en particular con respecto a personas que se encuentran en estado de indefensión como son las víctimas de los grupos armados ilegales(7).

Sobre la estrecha relación existente entre la solidaridad y el Estado social de derecho, la doctrina extranjera ha sostenido:

“Afirmar que la solidaridad es un valor que fundamenta los derechos, supone aceptar una concepción del Estado distinta de la que normalmente se nos presenta como adecuada para la articulación de un sistema de derechos. Efectivamente, la solidaridad solo es comprensible como valor de la ética pública si se deja de lado la concepción liberal del Estado, conforme a la cual éste es un mal necesario”.(8)

La solidaridad interpretada como valor y principio facilita el consenso y la convivencia, pues destaca nuestra universal capacidad del diálogo, así como la comprensión y la aceptación de la diferencia.(9)

Finalmente, sobre los fundamentos de la responsabilidad del Estado, que dieron lugar al artículo 90 constitucional en la Asamblea Nacional Constituyente se sostuvo(10):

“No obstante, por curiosa paradoja, la Constitución Política de Colombia jamás ha contenido disposición alguna que estatuya dicha responsabilidad de manera expresa. En cambio, se ha limitado a declarar que, mientras los particulares solamente son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución y de las leyes, los funcionarios públicos lo son, además, por extralimitación de funciones o por omisión en su ejercicio (art. 20 de la codificación vigente). 

En tales condiciones, y ante la circunstancia de que la ley tampoco contiene un mandato en ese sentido, tuvo que ser la jurisprudencia de nuestros dos máximos tribunales de justicia la que, de modo análogo y como ocurrió en otros países y singularmente en Francia, construyera –a base de encomiables esfuerzos de imaginación y sindéresis- el esquema actual de la responsabilidad de las personas públicas. 

Como tal construcción requiriera indispensablemente de un soporte constitucional, fue menester forzar la interpretación de algunos de los preceptos de la Carta. Con tal propósito se utilizó, a más del artículo 20 ya citado, el artículo 16, que les señala a las autoridades de la república, entre otras, la misión de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes”, para deducir de ellos una consecuencia que en verdad ninguno consagra: la responsabilidad civil del Estado. 

Si bien es verdad que el estiramiento de estas normas ha permitido la elaboración y el desarrollo más o menos satisfactorios de toda la teoría de la responsabilidad pública que hoy rige entre nosotros, ha llegado la hora de acometer, como corresponde, la entronización constitucional de este postulado jurídico fundamental. 

(...) 

Por otro lado, el esquema de la responsabilidad estatal construido a partir de la consideración de la injuridicidad de la conducta o la actividad del agente público (llámesela responsabilidad por culpa directa o indirecta, por falla del servicio, por actividades peligrosas o de otra forma semejante) ha venido dando muestras de insuficiencia, como lo prueban las más recientes construcciones jurisprudenciales tales como la llamada de la responsabilidad por daño especial. En tal virtud, conviene desplazar de “centro de gravedad” a la injuricidad del daño o perjuicio, tal como aquí se expone. 

4.1. Sobre terrorismo, conflicto armado, derecho internacional y penal.

Es preciso señalar que el fenómeno de terrorismo puede acontecer dentro o fuera de un contexto de conflicto armado, interno o de carácter internacional e igualmente advertir que no existe uniformidad de criterio en la definición del concepto, se acepta sí que necesariamente comporta la utilización de la población civil como instrumento de presión ante las autoridades(11).

El Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1977, aplicable a los conflictos armados de carácter no internacional, en relación con la prohibición del terrorismo, establece:

ART. 4º—Garantías fundamentales 

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.  

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:  

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal;  

b) los castigos colectivos;  

c) la toma de rehenes;  

d) los actos de terrorismo;  

e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;  

f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;  

g) el pillaje;  

h) las amenazas de realizar los actos mencionados.  

(...)

El mismo instrumento sobre la protección de la población civil agrega:

ART. 13.Protección de la población civil 

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.  

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.  

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. 

Se evidencia entonces, en los apartes resaltados de las normas del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, el alcance referido al terrorismo y su prohibición en función de la población civil, ataque que por lo mismo viola el Derecho Internacional Humanitario.

En el ámbito regional, la Convención Interamericana contra el terrorismo, aprobada el 3 de junio de 2002, constituye uno instrumentos internacionales cuyo objeto es prevenir, sancionar y eliminar todas sus formas, por lo que los Estados Parte se comprometieron en adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, en los términos de la Convención.

A nivel interno, el Código Penal, en el título II de los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, circunscribe los actos de terrorismo -dentro del conflicto armado- a los ataques indiscriminados, excesivos y también a las amenazas con el objeto de desestabilizar y también aterrorizar a la población civil. El terrorismo produce un temor generalizado, una sensación colectiva de inseguridad que constituye en sí misma la intención que se busca. En consecuencia, la norma penal prevé dicha conducta en cuanto dirigida a la población civil así:

ART. 144.Actos de terrorismo. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión de (...). 

En el título XII de los Delitos contra la seguridad pública, el Código Penal tipifica el delito de terrorismo, igualmente circunscrito al estado de zozobra o terror en la población o a un sector de ella, así:

ART. 343.Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de (...).Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de (...). 

Teniendo en cuenta que en el contexto del conflicto armado el terrorismo se presenta como la utilización de la población civil mediante la generación de pánico y zozobra, para presionar a las autoridades públicas en función de un objetivo, perseguido por los insurgentes, mal puede el Estado circunscribir la debida protección y el cumplimiento de sus funciones de seguridad a las autoridades o edificios gubernamentales, así como tampoco, limitar su responsabilidad a los daños relacionados con éstos, pues las confrontaciones armadas no conocen fronteras y mientras los insurgentes no se sienten compelidos a proteger a la población civil, en lo que tiene que ver con el Estado, las víctimas de actos terroristas constituyen un referente de gran envergadura ética para el sistema democrático, por lo que los poderes públicos están obligados a proteger a la población civil para que no termine involucrada en el conflicto y al tiempo asegurar la tutela judicial efectiva a su dignidad.

Aunque es de advertir que, en oportunidades se ha hecho uso del riesgo excepcional, no en razón de la actividad peligrosa que por su naturaleza es propia este título de imputación, sino por la zozobra que causa o al daño especial, en cuanto el estado de indefensión de por sí comporta desigualdad ante las cargas públicas; se trata más bien de motivación de la imputación y no sustento de la responsabilidad como pareciera entenderlo el tribunal.

Finalmente, es del caso recordar que la Carta Política hace un llamado a la solidaridad con las víctimas, para el caso del conflicto armado, la que obliga al Estado.

4.2 Análisis concreto.

Ahora, la distinta prueba documental y testimonial da cuenta i) del atentado terrorista perpetrado en el parqueadero del Centro Comercial Alejandría el 5 de marzo de 2003; ii) las evidencias encontradas confirman que se utilizó un carro cargado con 30 kilos de explosivos, de color rojo, sin placas, carrocería CJB11494; iii) que la señora MONICA YAJAIRA LEAL MORENO fue una de las víctimas y que la misma falleció al día siguiente; iv) que por estos hechos fue capturado en esa fecha Alias Tyson, experto en explosivos y miembro del ELN y v) que el Presidente de la República atribuyó al grupo armado su autoría.

Por un lado, en el sub lite, la responsabilidad del Estado radica en la omisión de las autoridades, por lo que la sola inexistencia de informes previos al atentado, certificada por el jefe de inteligencia de la seccional del Norte de Santander, no puede exonerar de responsabilidad a la Policía. Todo lo contrario, las autoridades de inteligencia tenían la función de desplegar labores de investigación e inteligencia (de ahí su hombre), a efecto de prevenir o contrarrestar la situación que se presentó, pues resulta por no decir lo menos extraño que, el mismo día del atentado, el Presidente de la República y los medios de comunicación incriminaran al grupo guerrillero “ELN” la autoría de los hechos y expusieran los móviles del atentado, relacionados con la fumigaciones con glifosato en el Catatumbo, lo que permite inferir que la amenaza que acusaba la población se conocía, de donde se echa de menos inteligencia efectiva dirigida a reducir el riesgo e impedir la causación del hecho, con los consecuentes daños que las víctimas no podían evitar, ni tenían el deber de soportar.

Por otro, esta corporación ha establecido que las víctimas de la guerra no están obligadas a asumir ni a soportar el daño causado por ésta, cuya solución es competencia del Estado, que además detenta el uso legítimo de las armas(12). A lo que debe agregarse que en cuanto no se encuentran capacitadas, no les corresponde sufrir las consecuencias del daño del que la población civil no fue prevenida, porque las autoridades aunque conocían del peligro no pudieron conjurar la amenaza. En este sentido, las víctimas de los atentados terroristas, ocurridos dentro del conflicto armado interno, deben ser indemnizadas y amparadas por el Estado, pues no tienen el deber de soportar sus efectos, tampoco cuentan con la posibilidad de prevenirlo, tanto más cuando su dolor y zozobra han sido utilizados como instrumentos de presión por parte de los grupos insurgentes frente a las autoridades públicas y aquí cobra relevancia el principio de solidaridad.

Las anteriores consideraciones, en casos como el que fue objeto de estudio, conducen a que no haya necesidad de que el Estado sea responsabilizado por su defectuoso funcionamiento, o la concreción de un riesgo, o la vulneración del principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues con apoyo en el artículo 90 constitucional se debe propender por la reparación de los daños causados a los particulares en el marco del conflicto armado, con fundamento en el deber a cargo de las autoridades públicas de proteger a la población civil ajena a la confrontación (art. 2º, C.P.).

Se trata, como puede observarse, de hacer efectiva la cláusula general de responsabilidad establecida en el artículo 90 de la Carta Política. Lo contrario, es decir, el análisis de la responsabilidad del Estado, al margen de la indiferencia que afronta la población civil desconoce no solo la normatividad interna sino también las previsiones constitucionales y los instrumentos internacionales.

Bajo esta línea de argumentación, se deriva de la Carta Política, además del deber de las autoridades de encauzar su conducta a lograr la paz, la obligación de mitigar los riesgos a los que se expone a la población civil, mediante labores de inteligencia efectivas e igualmente el deber de socorrerlas, para lo cual es necesario destacar los principios de solidaridad y equidad, de donde resulta el deber general del Estado de procurar, en la medida de lo posible, por la reparación de las víctimas del conflicto, siempre que sus derechos e intereses resulten afectados, porque el peligro si se conoció de donde tendría que haberse podido evitar o repeler. Se trata de poner de presente el estado de las víctimas no excluidas de la confrontación, sin perjuicio que la dinámica misma del conflicto armado implicase ataques que las involucra.(13)

No puede pasarse por alto, entonces, como se ha dicho en otras oportunidades que “en la zona existía un contexto especial de orden público, puesto que las medidas tomadas para la época por el Gobierno Nacional dejan ver que además de las movilizaciones campesinas, la Nación estaba siendo objeto de atentados por parte de diferentes actores al margen de la ley, entre ellos, grupos insurgentes que en departamentos como el Caquetá tenían una significativa presencia, de suerte que los derechos fundamentales, los derechos humanos y las garantías de derecho internacional humanitario debían ser un punto cardinal en todas las acciones adelantadas por las fuerzas del orden, especialmente en lo que al uso de las armas refiere”(14) y que algo similar ocurrió en el sub lite, pues en el área de influencia del departamento de Norte de Santander-, existía presencia permanente del grupo insurgente y ello obligaba a asumir una perspectiva diferente del conflicto, aunado a los indicios sobre la amenaza concreta y que tiene que ver con la reacción del grupo guerrillero por las fumigaciones con glifosato en el Catatumbo, lo que pone al descubierto la falta de previsión de las autoridades y así mismo la ausencia de estrategias de inteligencia o la falta de prevención de un plan de choque para contrarrestar el accionar de los delincuentes, lo que de suyo implicaba voces de alerta, dirigidas, no a sembrar pánico; pero si a que se adoptaran medidas de prevención, en especial en aquellos lugares de mayor afluencia al público, para el efecto los centros comerciales, dado que el mayor impacto buscado por los insurgentes, coincide con los lugares de esparcimiento y asistencia habitual, en los que no se esperaría perder la vida en razón de la confrontación armada. Empero, contrario a lo esperado, los civiles se vieron expuestos a una situación de extrema confrontación en relación con otras zonas condiciones de normalidad.

En la misma oportunidad la Sala también agregó:

“En este orden de ideas, conductas desarrolladas bajo el amparo del principio de solidaridad como el socorro a los heridos por parte de los asociados, aun cuando no pertenezcan a organismos especializados, es una labor que además de tener una relevancia superlativa, debe gozar de especial protección en todos los escenarios, pues, la solidaridad es un derecho-deber de cara a la búsqueda de una adecuada convivencia social. En esta faceta, la solidaridad es uno de los pilares del Estado social de derecho y se concreta en el preámbulo y en el artículo 95 de la Constitución Política como principio y como deber de todo ciudadano de asistir a las personas que se encuentren en estado de debilidad(15). 

Así las cosas, los heridos como personas en situación de debilidad manifiesta deben ser sujetos del respeto, pero no solo eso sino sujetos de acciones de socorro y cuidado, mismo del que deben gozar los organismos dedicados a esta labor. Debiendo destacarse que, si bien la población civil por su sola condición está excluida de las acciones de fuerza, con mayor razón lo están quienes velan por su protección, implementando labores de asistencia humanitaria(16). 

Lo anterior conduce a inferir que la explosión de la bomba se dio dentro del contexto del conflicto armado, toda vez que las autoridades atribuyeron, al tiempo, la autoría al grupo insurgente —Ejército de Liberación Nacional— y los reportes de prensa que aparecen en el expediente dan información sobre los móviles del grupo al que se atribuyó el atentado. Se trataba de protestar por las fumigaciones con glifosato, por el supuesto pago de dinero a los grupos paramilitares y la complicidad de las autoridades con su accionar delictivo.

Al margen de la comprobación de una u otra hipótesis, al igual que la individualización de los responsables, para la Sala no cabe duda de la intención de infundir terror en el marco del conflicto armado, hipótesis que encuentra respaldo en las duras declaraciones del Presidente de la República, en los medios de comunicación, en cuanto acusó al grupo guerrillero de actuar como represalia por las fumigaciones en la zona de Catatumbo y en razón a la presencia de paramilitares, lo que pone de manifiesto, sin que obre prueba en contrario, la omisión en que incurrieron los organismos de inteligencia y la Fuerza Pública para impedir o reducir la amenaza existente, si se considera que las autoridades conocían del peligro, no otra puede ser la conclusión, pues el mismo día del atentado, atribuyeron su autoría al ELN, hecho que a la postre fue confirmado.

Ahora, al margen que dicha declaración fuera registrada en uno de los periódicos de circulación nacional, no le resta fuerza probatoria, pues no puede pasarse por alto que la Sala Plena Contenciosa adicionó y complementó su postura, en relación con el valor probatorio de los reportajes, entrevistas o crónicas registradas en los diferentes medios de comunicación y concluyó que en el caso de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, estás serían valoradas en razón de la investidura y de su posición en la sociedad, sin necesidad de ratificación. En otros términos, serán valoradas conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales, de modo que darán fe de su contenido(17).

En resumen, la Sala concluye que la muerte de la señora MÓNICA YAJAIRA LEAL MORENO, ocurrida el 5 de marzo de 2003, a raíz de la explosión de un artefacto en el Centro Comercial “Alejandría” en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, constituye un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber de soportar, bajo el entendido que los hechos acontecieron dentro del contexto del conflicto armado interno, pues la munición fue utilizada para protestar por las fumigaciones de los cultivos ilícitos con glifosato en uno de los lugares de incursión permanente del ELN y al mismo tiempo, se conoció que, el grupo insurgente reaccionó por el financiamiento de grupos paramilitares y el compromiso de las autoridades en su confrontación, por lo que la demandada Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, deberá reparar los daños causados, en cuanto le correspondía alertar al centro comercial y vigilar las medidas de seguridad que el establecimiento ha debido implementar.

En consecuencia, con fundamento en la solidaridad interpretada como valor y principio Constitucional y de la antijuridicidad del daño sufrido por la señora MÓNICA YAJAIRA LEAL MORENO y sus familiares, en condición de demandantes, así como del incumplimiento del deber de preservar a la población civil alejada del conflicto armado, corresponde revocar la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y en su lugar condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional al pago de los perjuicios sufridos por las víctimas.

5. Indemnización de perjuicios.

En el acápite correspondiente al análisis probatorio de esta sentencia, se relacionan las pruebas sobre el estado civil y la relación de consanguinidad de los demandantes con la víctima, así como su situación laboral y económica, lo cual es tenido en cuenta para la siguiente liquidación de perjuicios:

5.1. Perjuicios morales.

En lo concerniente a los perjuicios morales, de conformidad con la reciente jurisprudencia unificatoria de la corporación(18), se han establecido cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. 

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. 

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. 

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. 

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio. 

En consecuencia, corresponde indemnizar por concepto de daño moral a los demandantes (padre, madre, hermanos e hija) según sea su relación de consanguinidad con la señora MÓNICA YAJAIRA LEAL MORENO, así:

• A la sucesión del señor LUIS EDUARDO LEAL MORENO (padre): 100 SMLMV.

• A la señora LENI MARÍA MORENO QUINTERO (madre): 100 SMLMV.

• Al señor FREDDY EDUARDO LEAL MORENO (hermano): 50 SMLMV

• Al señor LUIS EDISON LEAL QUINTERO (hermano): 50 SMLMV

• A la señora JUDITH DELPILAR LEAL MORENO (hermana): 50 SMLMV

• A la señora ALEXANDRA LEAL MORENO (hermana): 50 SMLMV

• A la menor de edad, hija de la señora Mónica Yajaira Leal Moreno, la niña SALOMÉ CASTAÑEDA LEAL, representada por su padre, el señor RAÚL CASTAÑEDA RODRÍGUEZ: 100 SMLMV

5.2. Perjuicios materiales.

DAÑO EMERGENTE: Dado que no se encuentra acreditado en el proceso el perjuicio correspondiente al daño emergente que tiene que ver con la pérdida patrimonial o las erogaciones en que incurrieron los demandantes con ocasión de los hechos, no se procede a su liquidación ni a su reconocimiento.

LUCRO CESANTE: Se encuentra acreditado que la víctima estaba a cargo de su hija menor de edad, SALOMÉ CASTAÑEDA LEAL (quien tenía tres años cuando murió su madre – nacida el 4 de febrero de 2000).

Dado que en expediente aparece declaración extraproceso ante notario séptimo de Cúcuta, del padre de la menor, el señor RAÚL CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, en el sentido que convivía en unión libre y bajo el mismo techo con la señora MÓNICA YAJAIRA LEAL MORENO(f 59), y bajo el entendido que los hijos a la edad de 25 años dejan de convivir con sus padres para formar su propio hogar, se entiende pertinente proceder a la liquidación de perjuicios por lucro cesante en relación con la hija, la menor SALOMÉ CASTAÑEDA LEAL.

Se encuentra que la víctima MÓNICA YAJAIRA LEAL MORENO era una persona activa económicamente, pues está acreditado que trabajaba en una casa de cambios en el Centro Comercial Alejandría en Cúcuta. Como no se aportó prueba del monto de su salario, se asume que devengaba un salario mínimo legal, que para el año 2003 era de $ 332.000 mensuales.

Para calcular la cuantía de los perjuicios se toma el salario mínimo vigente a la fecha que se produjo la muerte, el cual debe actualizarse a la fecha de la liquidación; si el resultado obtenido equivale a una suma inferior al mínimo vigente, se aplica éste último.

Se procede a actualizar el salario mínimo para la fecha de los hechos ($ 332.000 mensuales):

Actualización de la renta:

Ra = Ipc (f)

Ipc (i)

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica, $ 332.000
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 133.40 que es el correspondiente a diciembre de 2016, a falta del mes de febrero de 2017 (fecha de la sentencia).
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 73,80 que es el que correspondió al mes de marzo de 2003, en el que falleció la víctima.

Ra= $ 332.000 133.40= $ 600.119

73.80

Se toma como base para la liquidación el salario mínimo vigente en la fecha de esta sentencia, el cual es de $ 737.717, ya que es mayor al del 2003 actualizado con la fórmula anterior. A este valor le sumamos un 25% que es lo correspondiente a las prestaciones de ley. Obtenido tal resultado, le restamos un 25% que es lo que la víctima hubiese utilizado para sus gastos propios, y su resultante $ 691.610, que es la base de la liquidación, lo utilizamos para calcular el lucro cesante consolidado y el lucro cesante futuro, a favor de su hija SALOMÉ CASTAÑEDA LEAL.

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO:

S= Ra (1 + i)n - 1

i

Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir $ 691.610

i = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N = Número de meses transcurridos desde la muerte de la víctima (6 de marzo de 2003), hasta la fecha de esta sentencia —de octubre de 2017—, es decir, 167 meses.

S = $ 691.610 (1 + 0,004867)175 – 1 = $ 190.253.034,oo

0,004867

LUCRO CESANTE FUTURO:

S = Ra (1 + i)n – 1

i (1 + i)n

S = Suma a obtener.

R = Renta actualizada, es decir $ 691.610

i = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N = Número de meses hasta que SALOMÉ CASTAÑEDA LEAL cumpla 25 años, desde la fecha de esta sentencia, es decir, 87 meses.

S = $ 691.610 (1 + 0.004867)87 - 1 = $ 48.958.291,oo

0.004867 (1 + 0.004867)87

Sumados ambos rubros, se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro) es $ 239’211.325

En consecuencia, se procederá a condenar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL el pago de perjuicios materiales, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro), a la menor SALOMÉ CASTAÑEDA LEAL, hija de la señora MÓNICA YAJAIRA LEAL MORENO, representada por su padre, el señor RAÚL CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, la suma de doscientos treinta y nueve millones doscientos once mil trescientos veinticinco pesos moneda corriente ($ 239’211.325,oo m/cte.).

La Sala se abstendrá de hacer reconocimiento alguno a favor del señor RAUL CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, especialmente porque acudió al proceso en representación de los intereses de su hija SALOME CASTAÑEDA LEAL y así quedó expresado en el poder conferido y en la demanda, por lo que queda relevada de analizar el eventual perjuicio que hubiera podido sufrir. Tampoco reconocerá perjuicios materiales a favor de los padres y los hermanos, porque no hay prueba que dé cuenta de su dependencia económica.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, del catorce (14) de abril de 2011.

2. Declarar responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por la muerte de la señora MÓNICA YAJAIRA LEAL MORENO, ocurrida el 6 de marzo de 2003, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

3. CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL al pago de perjuicios morales y materiales, así:

Por concepto de PERJUICIOS MORALES:

• A la sucesión del señor LUIS EDUARDO LEAL MORENO: Cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV).

• A la señora LENI MARÍA MORENO QUINTERO: Cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV).

• Al señor FREDDY EDUARDO LEAL MORENO: Cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV).

• Al señor LUIS EDISON LEAL QUINTERO: Cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV).

• A la señora JUDITH DELPILAR LEAL MORENO: Cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV).

• A la señora ALEXANDRA LEAL MORENO: Cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV).

• A la menor de edad, SALOMÉ CASTAÑEDA LEAL, representada por su padre, el señor RAÚL CASTAÑEDA RODRÍGUEZ: Cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV).

Por concepto de PERJUICIOS MATERIALES – LUCRO CESANTE a la menor SALOMÉ CASTAÑEDA LEAL, representada por su padre, el señor RAÚL CASTAÑEDA RODRÍGUEZ, la suma de doscientos treinta y nueve millones doscientos once mil trescientos veinticinco pesos moneda corriente ($ 239’211.325,oo m/cte.).

4. Niéguense las demás súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

5. Sin condena en costas.

6. Expedir por Secretaría, copias con destino a las partes, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

7. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

8. Para el cumplimiento de ésta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo (D. 01/84).

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta—Ramiro Pazos Guerrero—Felipe Navia Arroyo, conjuez».

4 La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2004 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 51.730.000 y la mayor pretensión de la demanda con la cual se inició este proceso asciende a $ 200.838.000,oo.

5 Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero: Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración (...).

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. 

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Hernán Andrade Rincón, 13 de abril de 2016, Exp. 38646, C.P. Hernán Andrade Rincón, 25 de marzo de 2015, Exp. 31673, C.P. Enrique Gil Botero, 6 de junio de 2013, Exp. 26011, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 3 de mayo de 2013, Exp. 26763, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, 6 de diciembre de 2013, Exp. 27072, Sala Plena de la Sección Tercera, C.P. Hernán Andrade, 19 de abril de 2012, Exp. 21515.

7 Sentencia C-237 del 20 de mayo de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

8 Barranco, Mª del Carmen. El concepto de los derechos humanos, “El concepto de los derechos fundamentales, Universidad Carlos Tercero de Madrid, Madrid, pág. 14.

9 Rodríguez Palop, Mª Eugenia. Descubrir y reforzar los vínculos. La solidaridad y el juego de los espejos, Capítulo 8, pág. 159.

10 Esguerra Portocarrero, J. Asamblea Nacional Constituyente, Proyecto de artículo constitucional sobre responsabilidad del Estado. “Exposición de motivos”, pág. web.

11 Para profundizar sobre el concepto de terrorismo y su relación con el conflicto armado, véase: GARRAWAY, Charles, Armed Conflict and terrorist organizations (2013) en Counter–Terrorism Strategies in a Fragmented International Legal Order, VAN DEN HERIK, Larissa and SCHRIJVER, Nico (Eds), Cambridge University Press.

12 CONSEJO DE ESTADO Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Hernán Andrade, 19 de abril de 2012, Exp. 21515.

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”.

13 Las Cortes Generales del Reino de España expidieron la Ley 29 de 29 de septiembre de 2011, cuyo objeto es el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones, con la finalidad de reconocer y atenuar la acción terrorista, fundada en los principios de solidaridad, igualdad, dignidad. BOE 2011 (Boletín Oficial del Estado).

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 30 de abril de 2015, Exp. 29783, M.P. Dra. Stella Conto Díaz del Castillo.

15 Corte Constitucional, T-810 de 2011.

16 Entre otros instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho a la vida, en el artículo 6 preceptúa: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente...” Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 4º y 5º sobre este mismo derecho y el de integridad personal señala: “Derecho a la vida. 1. Toda persona derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (...) “Derecho a la integridad personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral...”.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de julio de 2015, Exp. 110010315000201400105 00(PI), M.P. Alberto Yepes Barreiro: “Es decir, hasta la fecha se ha diferenciado entre la publicación en sí misma considerada y lo que en ella se divulga, para restarle valor probatorio a lo que en ella se registra sino está acompañada de otros medios probatorios.

Por tanto, el convencimiento del juez frente a la entrevista, la columna o la declaración en el medio, no depende de lo que en ellas se dice, sino de los medios de prueba idóneos para determinar si lo que en ellos se plasma es veraz.  

Razón por la que generalmente se exige el testimonio, por ejemplo, del que ofreció la declaración, entrevista, crónica, reportaje, para que ratifique lo que enunció en el medio, así como otras circunstancias para lograr o llegar a la llamada verdad procesal. 

La regla expuesta será reiterada por la Sala Plena Contenciosa en esta ocasión, pero a partir de esta decisión, aquella será complementada en estos dos eventos: i) cuando en dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, v.gr. Congresistas, Presidente de la República, ministros, alcaldes, gobernadores, etc.  

Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia y que en razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo Contencioso a partir de esta decisión.
En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro. 

En la sentencia del caso Velázquez Rodríguez vs Honduras, de 29 de julio de 1988, acogiendo lo dicho en un fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1984, señaló lo siguiente:  

“146. A un gran número de recortes de prensa aportados por la Comisión no puede dárseles el carácter de prueba documental propiamente dicha. Muchos de ellos, sin embargo, constituyen la manifestación de hechos públicos y notorios que, como tales, no requieren en sí mismos de prueba; otros tienen valor, como ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, supra 130, párrs. 62-64) en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta última; finalmente, otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de ese país”. (Negrilla fuera de texto). 

En el primer caso, es decir, frente a los hechos públicos y/o notorios, no requieren ser probados en los términos de los artículos 176 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, razón por la que el registro noticioso servirá simplemente como una constatación gráfica de lo que es conocido por la comunidad.  

La razón, el hecho notorio según la definición del profesor Hernán Fabio López Blanco, es aquel que “dadas las características que originaron su ocurrencia se supone conocido por la generalidad de los asociados, cualquiera que sea su grado de cultura y conocimientos dentro de un determinado territorio y en determinada época, pues la notoriedad puede ser mundial, continental, regional o puramente municipal y estar referida a un determinado lapso, de modo que lo en determinado proceso podría erigirse como un hecho notorio, en otro no necesariamente tiene esa connotación”. 

Y, como lo señala el mencionado autor, no requiere de prueba porque ella resultaría superflua, precisamente por el conocimiento general que se tiene de él.  

El aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le permitirá al juez contar con mayores elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho requería de prueba, pues, se repite, su apreciación o cognición por una generalidad, hace innecesaria su prueba. En el caso de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición en la sociedad, tendrán que ser desvirtuadas.  

En otros términos, estos serán valorados conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales. Por tanto, esas declaraciones o manifestaciones públicas, recogidas o registradas en diversos medios de comunicación darán fe de su contenido, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen.  

De esta manera, la Sala Plena Contenciosa adiciona y complementa la postura que, hasta la fecha de esta decisión, solo reconocía a los reportajes, entrevistas, crónicas registradas en los diferentes medio de comunicación valor probatorio si, en conjunto con otras pruebas, le permitían al funcionario judicial llegar a la convicción sobre la veracidad del hecho registrado en ellos”.  

18 Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 27.709, con ponencia del doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.