Sentencia 2004-1136 de febrero 11 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Sentencia 2004-0036 de 2010

Rad.: Expediente 520012331000200401136 02

Consejera Ponente:

Dr. María Claudia Rojas Lasso

Acción: Nulidad.

Actor: José Alberto Flórez Bolaños

Bogotá, D.C., once de febrero del dos mil diez.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Mediante el Decreto 261 del 17 de octubre del 2003, que se acusa, la alcaldesa de Túquerres adoptó la siguiente decisión:

“ART. 1º—Categorizar al municipio de Túquerres en cuarta categoría con base en las certificaciones sobre ingresos fiscales y población expedidas por la Contraloría General de la República y el DANE respectivamente, para la vigencia comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 en los términos que para el efecto establece el artículo 6º de la Ley 136 de 1994, Decreto Reglamentario 2796 de 1996 y el parágrafo 9 del artículo 2º de la Ley 617 de 2000.

“ART. 2º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su sanción y publicación”.

Las normas que la parte actora considera violadas preceptúan:

Ley 617 de 2000:

“ART. 2º—Categorización de los distritos y municipios. El artículo 6º de la Ley 136 de 1994, quedará así:

“ART. 6º—Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre destinación, así:

“(...).

“Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales.

“Tercera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

“Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.

“(...).

“Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.

“PAR. 1º—Los distritos o municipios que de acuerdo con su población deban clasificarse en una categoría, pero cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales difieran de los señalados en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a los ingresos corrientes de libre destinación anuales.

“(...).

 “PAR. 5º—Los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo distrito o municipio.

“Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el año anterior.

“(...).

“PAR. 9º—Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán de aplicación obligatoria a partir del año 2004.

“En el período comprendido entre el año 2000 y el año 2003, podrán seguirse aplicando las normas vigentes sobre categorización. En este caso, cuando un municipio deba asumir una categoría determinada, pero sus ingresos corrientes de libre destinación sean insuficientes para financiar los gastos de funcionamiento señalados para la misma, los alcaldes podrán solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la certificación de la categoría que se adecue a su capacidad financiera.

“La categoría certificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público será de obligatoria adopción.

“En estos eventos, los salarios y honorarios que se establezcan con base en la categorización deberán ajustarse para la vigencia fiscal en que regirá la nueva categoría.

“(...)”.

Decreto 3202 del 2002

“ART. 2º—Una vez expedido el acto de categorización por parte de los departamentos, distritos y municipios dentro del término a que se refiere la Ley 617 de 2000, los gobernadores y alcaldes deberán radicar en el Ministerio del Interior para su registro, dentro de los tres días siguientes a su expedición copia del acto mediante el cual se adoptó la categoría respectiva para el siguiente período fiscal.

“En todo caso, las entidades territoriales deberán radicar a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al 31 de octubre de cada año en el Ministerio del Interior, la información relativa a la categorización, so pena de quedar excluidas del registro respectivo.

“(...)”.

Se trata aquí de establecer si el municipio de Túquerres, para la vigencia fiscal del 2004, podía o no ser clasificado en la cuarta categoría, para lo cual debía cumplir con los siguientes requisitos, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 617 del 2000: tener entre 20.001 y 30.000 habitantes e ingresos corrientes anuales de libre destinación superiores a 25.000 y hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Comoquiera que el Decreto 261 es del año 2003, la Sala deberá tener en cuenta el número de habitantes y los ingresos corrientes de libre destinación para el año 2002, tal como lo dispone el inciso 2 del parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 617 del 2000.

Obra en el expediente la certificación del DANE del 3 de julio del 2003, en la que se dice que para el año 2002 el Municipio de Túquerres contó con una población total de 52.379 habitantes(1).

De igual manera, también obra en el plenario la certificación expedida por la Contraloría General de la República, en el sentido de que el recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio de Túquerres para la vigencia fiscal del 2002, ascendió a la suma de $ 2'160.052.000.002:(2)

La Sala pone de presente que si se tiene en cuenta el número de habitantes del municipio de Túquerres, este, al tenor del. artículo 2º de la Ley 617 del 2001, debía clasificarse en la segunda categoría, el cual para el efecto exige una población que oscile entre 50.001 y 100.000 habitantes, pues la población para aquél certificada fue de 52.379 habitantes.

Ahora bien, teniendo en cuenta los ingresos corrientes de libre destinación, es indudable para esta corporación que el ente territorial en cuestión no podía ser clasificado en la cuarta categoría, como equivocadamente lo hizo el acto demandado, ya que para el efecto el artículo 2º de la Ley 617 exige que los mismos se encuentren entre 25.000 y 30.000 salarios mínimos legales mensuales, que para el año 2002 correspondían, respectivamente, a $ 7'725.000.000 y $ 9'270.000.000, si se tiene en cuenta que el salario mínimo para dicha anualidad fue de $309.000, cifras ambas que están muy por encima de la certificada, esto es, $ 2'160.052.000, la cual equivale a 6.990 salarios mínimos mensuales, lo que se traduce, en últimas, que el municipio debió ser clasificado en la sexta categoría, que corresponde a aquellos cuyos ingresos corrientes de libre destinación sean inferiores a 15.000 salarios mínimos legales.

Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada, no sin antes desechar la excepción propuesta por la entidad demandada, por cuanto los argumentos en ella expuestos envuelven la defensa del acto acusado y no enervan la pretensión elevada; en este sentido adicionará el fallo recurrido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE no probada la excepción propuesta por el municipio de Túquerres.

2. CONFÍRMASE la sentencia apelada del 23 de febrero del 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que declaró la nulidad del Decreto 261 del 17 de octubre del 2003.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Folio 8 del cuaderno principal.

(2) Folio 10 del cuaderno principal.