Sentencia 2004-01238/40545 de marzo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Proceso: 150012331000-2004-0123801 (40545)

Demandante: Blanca Lilia Vargas Muñoz

Demandado: Nación - Rama Judicial

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil diecisiete.

Sin que se observe nulidad de lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del 23 de junio de 2010, proferida por la Sala de Decisión 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (f. 174-210, c. ppal 2).

Síntesis 

Se demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación – Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados a la demandante, como consecuencia de la desmejora y gastos ocasionados en su bien a manos de la accionada en un proceso ejecutivo.

I. Antecedentes 

1. Demanda. 

Mediante demanda presentada el 25 de abril de 2004 (f. 47, c. 1) la señora Blanca Lilia Vargas Muñoz, por intermedio de apoderada, en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial, solicitó las siguientes pretensiones (f. 41-42, c. ppal 1):

1. Que se condene a la parte demandada al pago de treinta y seis millones de pesos moneda legal colombiana por concepto de sesenta (60) cánones de arrendamiento dejados de percibir desde el día 10 de marzo de 1997 hasta el día 10 de marzo de 2002.

2. Que se condene a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial al pago de trescientos treinta mil quinientos treinta pesos moneda legal colombiana ($330.530,oo) por concepto de deuda servicio público de energía eléctrica, con la Empresa de Energía de Boyacá S. A. ESP.

3. Que se condene a la parte demandada al pago de un millón setecientos setenta y seis mil pesos seiscientos ochenta y cuatro pesos moneda legal colombiana ($1.776.684.oo) por concepto de deuda servicio público de acueducto y alcantarillado, con la empresa Sera.q.a Tunja S.A ESP.

4. Que se condene a la parte demandada al pago de ochocientos quince mil ciento cuarenta y ocho pesos moneda legal colombiana ($815.148,oo) por concepto de deuda servicio público de aseo y recolección de basuras con el municipio de Tunja.

5. Que se condene a la parte demandada al pago de ciento treinta y tres mil quinientos pesos moneda legal colombiana ($133.500,oo) por concepto de deuda adquirida por el señor Alfonso Escandón Cortes en su calidad de auxiliar de la justicia, con la empresa Colombiana Telecomunicaciones S.A ESP.

6. Que se condene a la parte demandada al pago de trescientos cincuenta mil pesos moneda legal colombiana ($350.000) por concepto de compra línea telefónica para el inmueble ubicado en la carrera 8ª Nº 42 A – 37 de la ciudad de Tunja.

7. Que se condene a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al pago de dos millones trescientos cincuenta mil pesos moneda legal colombiana ($2.350.000,oo) por concepto de impuesto predial unificado y complementarios que se adeudan al municipio de Tunja.

8. Que se condene a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al pago de cuatro millones de pesos moneda legal colombiana ($4.000.000,oo) por concepto de cortinas, el calentador, la estufa eléctrica y los dos muebles de comedor (bifes) que el señor secuestre, Escandón Cortés retiró del interior del inmueble que se encontraba bajo su custodia.

9. Que se condene a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al pago de dos millones de pesos moneda legal colombiana ($2.000.000) por concepto de siembra y adquisición de plantas de dos jardines y jardinería interior del inmueble ubicado en la carrera 8ª Nº 42A – 37 de Tunja.

1.1. Los hechos. 

Como fundamento fáctico de la acción, adujo la actora los hechos que se resumen a continuación (f. 37-41, c. ppal 1):

1.1.1. El 23 de noviembre de 1987, la señora Blanca Lilia Vargas Muñoz adquirió mediante contrato de compraventa una casa de habitación de dos pisos ubicada en la ciudad de Tunja e identificada con la matrícula inmobiliaria 070-0009991, la cual arrendaba.

1.1.2. En mayo de 1995, la aquí demandante adquirió un préstamo con el banco Ganadero, constituyendo a favor de aquel una hipoteca abierta en cuantía indeterminada sobre el bien inmueble del cual era propietaria; sin embargo, con el tiempo incumplió el plan de pagos acordado, razón por la cual la entidad bancaria la demandó ejecutivamente con acción mixta, proceso que fue conocido por el Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Monterrey (Casanare) bajo el número 788.

1.1.3. Dentro del proceso ejecutivo se realizó el embargo y secuestro del bien inmueble, diligencia esta última que fue realizada por el Juez Segundo Civil del Circuito de Tunja a quien se comisionó para tal efecto. El juzgado, practicó la diligencia de secuestro el día 10 de marzo de 1997 y nombró como secuestre del bien al señor Alfonso Escandón Cortés, auxiliar de la justicia quien se posesionó en la misma diligencia.

1.1.4. El señor Escandón fue secuestre del bien desde el 10 de marzo de 1997 hasta el mes de marzo de 2002, tiempo en el cual no cumplió con los deberes propios del cargo, pues se dedicó a utilizar el bien para su provecho y el de su familia y se negó a rendir cuentas parciales y/o definitivas de la administración del bien embargado y secuestrado.

Concretamente, el secuestre residió junto con su progenitora y otras personas en el inmueble durante los cinco años que duró la medida cautelar, tiempo en el cual no pagó ningún canon de arrendamiento, así mismo hizo uso de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y teléfono cuyas facturas no pagó, llevando a que los servicios públicos fueran suspendidos y las cuentas de cobro de los mismos debieron ser asumidas por la actora una vez el bien le fue devuelto.

1.1.5. En el caso del servicio de telefonía fija, la falta de pago conllevó a la pérdida de la línea telefónica; en el caso del servicio de acueducto, el secuestre no solo permitió que se suspendiera el servicio por falta de pago, sino que procedió a hurtar el líquido hecho que llevó a la empresa Sera. Q.A. Tunja S.A ESP a retirar el medidor, registro y tubería instalada.

1.1.6. Así mismo, el secuestre no procedió a realizar el pago del impuesto predial del inmueble y aunado a todo lo anterior, se apoderó de varios bienes muebles que se encontraban dentro de la vivienda, tales como cortinas, bifes, estufa, calentador y la casa del perro, objetos estos que nunca le fueron devueltos a su propietaria.

1.1.7. De igual forma, la conducta negligente y omisiva del secuestre conllevó a la perdida de las plantas ornamentales que se encontraban en los jardines interiores y exteriores de la casa.

1.1.8. De lo expuesto, se tiene que se le causó un daño antijurídico a la señora Blanca Lilia Vargas Muñoz, el que proviene del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

2. Posición de la demandada.(1) 

Dentro del término de fijación en lista, la Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que no le asistía responsabilidad en los hechos, por cuanto las decisiones de los jueces estuvieron ajustadas a derecho (f. 56-59, c. ppal 1).

Señaló que de conformidad con las normas civiles y, en especial el artículo 683 del C. de P. C, los secuestres tienen la obligación de tomar una póliza de cumplimiento, aspecto que ocurrió en el caso bajo estudio, de tal forma que si cometió un daño o un perjuicio, la accionante debió haber exigido el pago de la póliza.

De igual forma, de conformidad con el artículo 688 del C. de P. C., un secuestre puede ser removido de su cargo a solicitud de parte cuando no presté la caución correspondiente, o si se prueba que procedió con negligencia o abuso en el desempeño de su cargo y, en el sub lite, la actora en ningún momento durante el proceso ejecutivo realizó alguna actuación en procura de sus intereses, dejando al “garete” de un tercero su patrimonio, de tal manera que se configura el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad.

Así mismo, propuso la excepción de falta de causa para demandar, en tanto no existe un perjuicio antijurídico.

II. La sentencia impugnada 

Mediante sentencia del 23 de junio de 2010 (f. 174-210, c. ppal 2), el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 2, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

Primero: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios materiales causados a la señora Blanca Lilia Vargas Muñoz, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales a favor de Blanca Lilia Vargas Muñoz, la suma de veintiún millones quinientos noventa y nueve mil trescientos noventa y nueve pesos con ciento ochenta y cinco centavos M/CTE ($21.599.399,185) a título de daño emergente y lucro cesante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: La sentencia se cumplirá dentro de los términos previstos en los artículos 176 a 178 del C. C. A., atendiendo los términos de la Sentencia C-188 de 1999 proferida por la Corte Constitucional.

Quinto: Sin costas de instancia.

Sexto: Una vez en firme esta providencia, procédase al archivo del expediente dejando las anotaciones y constancias de rigor.

Como argumentos de su decisión, indicó que en el plenario se demostró que la casa de propiedad de la señora Blanca Lilia fue embargada y secuestrada a órdenes del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja dentro del proceso ejecutivo mixto radicado 778, quien comisionó al Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey, el que a su vez nombró de la lista de auxiliares de la justicia al señor Alfonso Escandón Cortés como secuestre del bien.

Al señor Escandón le fue fijada una caución de $400.000 que si bien efectuó, no fue suficiente para compensar los perjuicios causados a la demandante e imputables a la entidad demandada.

En efecto, para el tribunal de primera instancia, se probó que una vez el secuestre tomó posesión del bien solo hizo entrega formal del mismo a su propietaria el 9 de febrero de 2002, de tal manera que estuvo a cargo del inmueble por más de cuatro años, tiempo en el cual no rindió cuentas parciales ni definitivas, como era su deber de conformidad con el Decreto 2265 de 1969 y el C. de P. C.

Durante el tiempo en que el bien estuvo a cargo del secuestre, fueron suspendidos los servicios públicos de agua, alcantarillado y teléfono por falta de pago y, en el caso del servicio de energía eléctrica, aunque no alcanzó a ser suspendido para el mes de enero de 2001 le figuraba una deuda acumulada de $330.540.

Así mismo, aunque no se demostró que al momento del secuestro el bien estuviera arrendado, ello no significaba que debía ser abandonado, pues se trataba de un bien productivo -tal y como constó en el dictamen pericial rendido al interior del proceso ejecutivo- y por ende debía buscarse su renta, el secuestre por el contrario lo dejó a su suerte sin preocuparse por su administración.

Para el a quo, existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que se ve evidenciado no solo en la actuación del secuestre, sino también en la del juez de conocimiento del proceso ejecutivo, quien a lo largo de los cinco años en que estuvo vigente el embargo y secuestre del inmueble, no requirió al auxiliar de justicia para que rindiera cuentas, estando obligado a ello de conformidad con el artículo 42 del Decreto 2265 de 1969 y, tampoco utilizó medidas correccionales como supremo director del proceso, para evitar las irregularidades que cometió el secuestre.

Sobre esto último, aunque si bien existió un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en los hechos también hubo concurrencia de la parte actora, quien no debía permanecer inmóvil ante las vicisitudes que sufría su bien y por el contrario, debía haber ejercido los mecanismos para custodiar el bien de su propiedad. La concurrencia de culpas, conllevó a una disminución de la indemnización de la condena en un 30%.

En cuanto a la tasación de los perjuicios, el tribunal reconoció como lucro cesante los cánones de arrendamiento que se dejaron de percibir durante el secuestro del bien y, como daño emergente, el pago de las facturas que la accionante debió asumir y que correspondieron al tiempo en que el bien estuvo secuestrado.

En cuanto a los perjuicios por la compra de la línea telefónica, la pérdida de implementos que se encontraban en la vivienda y la adquisición de jardines ornamentales, el tribunal negó cualquier indemnización sobre los mismos al no haberse probado la existencia de los mismos.

III. Segunda instancia

1. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, el apoderado de la Nación – Rama Judicial presentó oportunamente recurso de apelación (f. 215-218, c. ppal 2) y solicitó la revocatoria de la sentencia impugnada, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, esto es: 1) El artículo 683 del Código de Procedimiento Civil indica las funciones y caución del secuestre, quien está amparado por una póliza de cumplimiento; si la actora estaba inconforme con la actuación del secuestre debió exigir el cumplimiento de la misma, 2) de conformidad con el artículo 688 del C. de P. C., el secuestre puede ser removido de oficio o a solicitud de parte cuando ha procedido con negligencia u abuso de su cargo, por lo que la actora estaba obligada actuar en procura de sus intereses y, al no hacerlo, existió un hecho de la víctima y 3) las actuaciones de la rama judicial estuvieron ajustadas a derecho.

2. Alegatos en segunda instancia.(2) 

2.1. Parte actora.

La accionante presentó dentro de la oportunidad sus alegatos de conclusión en los que solicitó se confirmara la decisión impugnada en tanto condenó a la Nación – Rama Judicial por los perjuicios causados.

En cuanto al hecho de la víctima, señaló que la jurisdicción contencioso administrativa es rogada y al no haber sido dicha excepción alegada por la accionada, no le era dable a al tribunal haberla decretado, por tanto, solicitó que la condena fuera por el 100% de los perjuicios causados.

Así mismo, señaló que el a quo cometió un error aritmético en la tasación de los perjuicios y por ende, solicitó se reliquidara la indemnización y se actualizara la condena (f. 246-252, c. ppal 2).

2.2. Agente del Ministerio Público.

Deprecó la confirmación de la sentencia de primera instancia, en tanto se demostró el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la concurrencia de culpas y los perjuicios ocasionados (f. 253-260, c. ppal 2).

IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

Comoquiera que dentro de la controversia se encuentra una entidad pública, la Nación – Rama Judicial (CCA, arts. 82 y 149), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(3), la que para el caso se restringe a aquellos puntos desfavorables al recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

De otro lado, en cuanto a la procedencia de la acción de reparación directa, observa la Sala que el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo(4), prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para establecer la responsabilidad extracontractual de la Nación-Rama Judicial, por los presuntos daños causados a la demandante como consecuencia del mal manejo de su bien mientras estuvo secuestrado.

1.2. La legitimación en la causa.

1.2.1. Demandante.

La legitimación en la causa por activa aparece demostrada en el plenario, toda vez que la accionante Blanca Lilia Vargas Muñoz acreditó ser la propietaria del bien inmueble ubicado en la ciudad de Tunja e identificado con matrícula inmobiliaria 070-000991(5), el que fue embargado y secuestrado a órdenes del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja dentro del proceso ejecutivo 778, para luego ser devuelto a su propietaria.

1.2.2 Demandada.

La Nación – Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa pasiva de la litis, al ser la entidad de quien se acude haber sido negligente en el cuidado, custodia y administración del bien de propiedad de la demandante, mientras estuvo bajo su control como consecuencia del embargo y secuestro que fue decretado por un juez de la República. La falta de diligencia en el cuidado, custodia y administración del bien se aduce, fue determinante en los gastos en los que posteriormente incurrió la actora, así como en los dineros dejados de percibir. La responsabilidad de la accionada será analizada de fondo.

1.3. La caducidad.

Como quiera que el bien de la demandante le fue restituido el día 9 de febrero de 2002, tal y como consta en oficios del 13 y 25 de febrero de dicha anualidad (fl. 134 y 137, cdno. ppal.), en principio, el término para presentar la demanda de acción de reparación directa vencía el 10 de febrero de 2004.

Sin embargo, la Sala advierte que el 27 de noviembre de 2003, la accionante a través de su apoderada presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la que fue conocida por la Procuraduría Judicial 46 ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, siendo declarado fallida la conciliación e el 26 de abril de 2004.

Sobre este aspecto, es importante resaltar que mediante la Ley 640 de 2001 en materia contencioso administrativa se introdujo la conciliación extraprocesal como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que aunque no era obligatoria, pues ello se volvió un requisito de procedibilidad bajo la Ley 1285 de 2009, cuando se presentaba la solicitud de conciliación el término de caducidad se suspendía por una sola vez hasta por tres meses desde la fecha en que se hacía la solicitud de conciliación o bien hasta cuando se realizara la audiencia de conciliación, todo dependía de que evento ocurriera primero.

Concretamente, los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 disponen que:

ART. 20.—Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término.

La citación a la audiencia deberá comunicarse a las partes por el medio que el conciliador considere más expedito y eficaz, indicando sucintamente el objeto de la conciliación e incluyendo la mención a las consecuencias jurídicas de la no comparecencia (…),

ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable. (negrillas fuera de texto).

En el sub lite, la solicitud de conciliación fue presentada el 27 de noviembre de 2003 faltando dos meses y cuatro días para que acaeciera el término de caducidad.

Como quiera que ocurrió primero la suspensión de tres meses desde la fecha de la solicitud de conciliación, los términos de caducidad se reanudaron el 27 de febrero de 2004, por lo que desde dicha fecha la actora contaba con dos meses y cuatro días para presentar la demanda de reparación directa, los que vencieron el 3 de mayo de 2004(6), fecha última en la cual se podía incoar la demanda de reparación directa y, toda vez que la acción fue presentada 26 de abril de 2004 (fl. 47, cdno. ppal. 1), fuerza concluir que se presentó dentro que esta se hizo dentro del termino prescrito en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(7).

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la Nación - Rama Judicial es extracontractualmente responsable por la defectuosa administración del bien de propiedad de la demandan, o si por el contrario, no se encuentra demostrada la responsabilidad de la entidad pública demandada por existir el hecho de la víctima, como lo depreca la accionada.

3. Cuestión preliminar.

En relación con los hechos de que trata el proceso, obran en el plenario algunos documentos en copia simple, que podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en fallo de unificación de jurisprudencia(8), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

4. Los elementos de la responsabilidad extracontractual.

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(9), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial de la sociedad actora que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

4.1. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por la demandante se concretó en i) los cánones de arrendamiento que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo el bien estuvo secuestrado y de los cuales el secuestre no presentó ningún informe, ii) la pérdida de varios bienes muebles que se encontraban al momento del secuestro del inmueble y, que no le fueron retornados a su propietaria una vez el bien inmueble le fue devuelto, iii) los servicios públicos que fueron utilizados durante el tiempo que el bien fue secuestrado y, que no fueron pagados por el secuestre, debiendo la actora asumir el costo de los mismos, una vez el bien le fue retornado y iv) el no pago del impuesto predial unificado y complementarios durante el tiempo que el bien estuvo secuestrado.

Para hacer el estudio de los daños causados, de conformidad con las pruebas allegadas al plenario se tienen por demostrados los siguientes hechos:

1. La señora Blanca Lilia Vargas es propietaria de un casa de habitación ubicada en la ciudad de Tunja, la que utilizaba para arrendar (contrato de arrendamiento del 1 de julio de 1994, fl. 25-26, cdno. ppal. 1, contrato de arrendamiento del 10 de febrero de 1995 fl. 27, cdno. ppal. 1).

2. En noviembre de 1991, la aquí actora adquirió un préstamo hipotecario con el Banco del Estado a través del cual constituyó una hipoteca abierta de cuantía indeterminada sobre el bien de su propiedad (fl. de matrícula inmobiliaria mediante el cual se observa el gravamen sobre el bien fl. 5 y 7, cdno. ppal. 1).

3. La señora Blanca Lilia incumplió con el pago de la deuda adquirida, razón por la cual el bien inmueble fue embargado a órdenes del Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare) dentro del proceso ejecutivo Mixto 778 del Banco Ganadero contra la señora Blanca Lilia Vargas. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey comisionó al Juzgado Civil del Circuito de Tunja –reparto- para que procediera adelantar el embargo y secuestro del bien (despacho comisorio 3 del folio de matrícula inmobiliaria mediante el cual se observa el embargo del bien llevado a cabo mediante oficio 497 del 7 de junio de 1994 fl. 5 y 7, cdno. ppal. 1).

4. La comisión le correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, que en diligencia del 10 de marzo de 1997 procedió a practicar la diligencia del secuestro del bien, dentro del proceso ejecutivo mixto 778 seguido por el Banco Ganadero contra la señora Blanca Lilia Vargas Muñoz (fl. 30-32, cdno. ppal. 1).

En la diligencia de secuestro se nombró y posesionó como secuestre al auxiliar de la justicia Alfonso Escandón Cortes(10), a quien se le fijó como caución la suma de cuatrocientos mil pesos y, de honorarios provisionales la suma de cincuenta mil pesos, los cuales fueron pagados en dicho momento por parte del apoderado del banco.

El secuestre constituye la póliza judicial 18426-04 del 11 de marzo de 1997 por valor de $400.000 (fl. 133, cdno. ppal. 1).

5. En octubre de 1999, se realizó el avalúo del bien por parte de los auxiliares de la justicia Jorge Alberto Casas Ochoa y Giovanni Vega quienes dejaron constancia que aquel contaba con todos los servicios públicos, así (fl. 10-14, cdno. ppal. 1):

El inmueble a evaluar, se trata de una casa ubicada en el barrio Los Rosales de la ciudad de Tunja y demarcado con carrera 8 42ª-37 (Esquina).

Dicha casa se halla ubicada en un sector residencial, posee todos los servicios públicos, su acceso se hace por vías pavimentadas en aceptable estado de conservación.

La residencia tiene aproximadamente 20 años de haber sido construida, por lo que presenta algún grado de deterioro natural por uso o servicio, sin advertirse alguna remodelación o mejora considerable. (…).

Características del inmueble:

La vivienda consta de dos plantas, un pario de ropas y áreas verdes o antejardines.

La primera planta consta de garaje, sala, comedor, baño de servicio, cocina, cuarto de servicio con baño, tanque de almacenamiento de agua subterráneo y patio de ropas semidescubierto.

La segunda planta posee cuatro alcobas, baño general; la alcoba principal tiene baño privado. Dos de estas poseen closet, las alcobas se comunican por un pequeño hall (…).

Valor total del inmueble son sesenta millones ochocientos cuarenta mil pesos m/cte. (negrillas fuera de texto)

6. El proceso ejecutivo hipotecario mixto 778 finalizó en noviembre de 2001 y, por ende, mediante oficio 395 del 29 de noviembre de 2001 el Juzgado Promiscuo de Monterrey - Casanare - informó al Registrador de Instrumentos Públicos de la terminación del proceso y el levantamiento del embargo decretado (fl. 33, cdno. ppal. 1), lo que en efecto ocurrió tal y como consta en constancia de inscripción del 12 de febrero de 2002 (fl. 34, cdno. ppal. 1).

5. De igual forma, mediante oficio 394 del 29 de noviembre de 2001 se ordenó el levantamiento de la medida cautelar del secuestro (fl. 35, cdno. ppal. 1); sin embargo, el Juzgado Promiscuo de Monterrey al no poder contactar con el secuestre, mediante proveído del 23 de enero de 2002 comisionó al Juzgado Civil del Circuito de Tunja para que requiriera al secuestre Alfonso Escandón Cortes a efectos de que procediera con la entrega del bien (fl. 29, cdno. ppal. 1).

6. En febrero de 2002 el secuestre se notifica personalmente del requerimiento de entrega y procede a efectuar la misma el día 9 de febrero de 2002. Así mismo, en memorial del 21 de febrero de 2002 señaló que el inmueble cuando fue dejado bajo su custodia carecía de los servicios públicos y por ende, no pudo arrendarlo (Oficio del 24 de julio de 2009 fl. 132, cdno. ppal. 1 del Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Monterrey, Memorial del 13 de febrero de 2002 mediante el cual el secuestre Alfonso Escandón Cortés informó al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Monterrey – Casanare sobre la entrega del bien e indica que la señora Blanca Lilia se negó a firmar el acta de entrega fl. 134, cdno. ppal. 1, memorial del 21 de febrero de 2002 fl. 135, cdno. ppal. 1, memorial del 25 de febrero de 2002 fl. 137, cdno. ppal. 1).

7. Una vez el bien fue entregado a la actora, aquella al ver que los servicios públicos de telefonía, acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica se encontraban suspendidos, acudió a cada una de la empresas y solicitó las facturas que debía pagar, las cuales correspondieron a las siguientes:

i) Factura 21490579 del 18 de marzo de 2002 de SERA.Q.A. Tunja ESP S.A, en la cual se indicó que a dicha fecha por servicio de acueducto el bien presentaba una deuda de 62 facturas de pendientes de pago, por servicio de alcantarillado tenía cinco facturas pendientes y, por servicio de aseo 56 facturas pendientes, todas las anteriores con intereses de mora; por lo que el saldo a pagar es de $2.660.755 -$815.148 a favor del municipio cuando prestaba el servicio y $1.776.684 para la empresa de servicios públicos domiciliarios- (fl. 16, cdno. ppal. 1)

ii) Oficio del 10 de abril de 2002 (fl. 22, cdno. ppal. 1) de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, mediante la cual se informó que la línea telefónica instalada en el inmueble de propiedad de la actora en el barrio los Rosales de Tunja, fue suspendida en el mes de marzo de 1998 por falta de pago y que a dicha fecha tenía una deuda por valor de $95.480.

Junto con el anterior oficio, la actora allegó un recibo de cobro coactivo del 27 de octubre de 2003 de la empresa de Teléfono por valor de $133.500 el que fue pagado en dicha fecha (fl. 23, cdno. ppal. 1).

iii) Factura del 28 de octubre de 2003 junto con su relación detallada, de la Empresa de Energía de Boyacá S. A. por medio de la cual se expresó que para dicha fecha, el bien acumulaba una deuda de $330.540 por concepto del servicio prestado de energía, facturas correspondientes a la falta de pago desde el mes de enero de 2001 hasta octubre de 2003 (fl. 20-21, cdno. ppal. 1).

10. Ninguna de las facturas y documentos referenciados en el numeral anterior presenta soporte de pago, con excepción del cobro del servicio de telefonía, de tal forma que dan cuenta de la existencia de una deuda de servicio público.

11. El 23 de marzo de 2002, la sociedad AD-CRECO Ltda quien maneja la cartera vencida de la empresa de servicios públicos domiciliarios Sera Q.A Tunja ESP S.A. le informó a la señora Blanca Vargas el interés por hacer una condonación parcial y gastos de cobranza, por la deuda que el inmueble de su propiedad tenía a raíz del servicio de acueducto y alcantarillado prestado (fl. 15, cdno. ppal. 1) y mediante oficio del 18 de abril de 2002 le informó que el servicio de acueducto al inmueble había sido suspendido desde el 8 de abril de 1999 por incumplimiento del pago, anexando para ello una relación de los consumos realizados desde marzo de 1997 hasta la fecha en que el servicio se suspendió (fl. 17-19, cdno. ppal. 1).

De los hechos anteriormente señalados, la Sala encuentra que de los daños alegados por la actora, se encuentra demostrado el correspondiente a la existencia de la deuda por los servicios públicos de energía eléctrica, agua, acueducto y alcantarillado, aseo y recolección de basuras, y los cánones de arrendamiento dejados de percibir.

En efecto, en cuanto al daño causado por las deudas originadas luego del no pago de los servicios públicos de energía eléctrica, agua, acueducto y alcantarillado, aseo y recolección de basuras mientras el bien estuvo a cargo del secuestre, el cual fue reconocido por el a quo, la Sala advierte que se encuentra probado en el plenario la existencia del daño.

En efecto, de las facturas y documentos se tiene que durante el tiempo que el bien estuvo secuestrado se hizo consumo de servicios sin proceder al pago, llevando a varios de ellos a la suspensión, razón por la cual la accionante solicitó a las empresas de servicios públicos respectivas se le informara el estado de las deudas, emitiendo aquellas las respectivas facturas que dan cuenta de la existencia de la deuda.

Por su parte, en cuanto al servicio de telefonía, reposa en el plenario oficio del 10 de abril de 2002 en el que se indicó que por la línea telefónica se tenía una deuda de $95.480, por consumo de servicio.

Así mismo, en cuanto al reconocimiento de los cánones de arrendamiento por el usufructo del bien, la Sala encuentra que la existencia del daño se encuentra también probado en el plenario.

Ciertamente, como fue señalado en el aparte de hechos probados, el bien materia de secuestro era objeto de arrendamiento por parte de la aquí demandante y, aunque al momento de la diligencia de secuestro no estaba siendo arrendado, ello no significa que no podía ser materia de usufructo, máxime cuando aquel contaba con los servicios públicos domiciliarios, tal y como se observa del avalúo realizado al inmueble.

De igual forma, aunque la actora no demostró el pago de los recibos una vez el bien le fue entregado, de las facturas allegadas y la relación del tiempo prestado, se tiene que se generó pago por la existencia de los servicios públicos domiciliarios durante el tiempo del secuestro.

Al ser un bien del cual se obtenía un arrendamiento, del cual no se hizo entregas de la gestión, se causó un daño a la actora quien dejó de percibir el lucro cesante por la utilización del bien, por lo que se entrará a estudiar si el daño es imputable a la accionada.

4.2. La imputación.

En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en un pronunciamiento en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(11):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con los hechos demostrados en el plenario, la Sala encuentra que el daño alegado por la actora se enmarca dentro de un defectuoso funcionamiento de administración de justicia, en tanto se acusa que en el marco de un proceso ejecutivo existió una negligente administración de un bien secuestrado.

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia esta corporación en varias oportunidades ha señalado que puede provenir de los funcionarios judiciales particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia, y se produce frente a actuaciones u omisiones que debían hacerse para adelantar un proceso o ejecutar una providencia, 

El defectuoso funcionamiento debe ser anormal, partiendo de una comparación de lo que debería considerarse como un ejercicio adecuado de la función judicial. 

Así pues, tratándose de los auxiliares de la justicia, el artículo 1º, numeral 3 del Decreto 2282 de 1989, establece los deberes y funciones que aquellos tienen, disponiendo lo pertinente cuando se trate de la custodia de bienes y dineros, así:

Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes o de sus frutos, harán la consignación inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del conocimiento.

Por su parte, en cuanto a las funciones del secuestro, el artículo 383 del Código de Procedimiento Civil indica que:

El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo.

Si los bienes secuestrados son consumibles y se hallan expuestos a deteriorarse o perderse, el secuestre los enajenará en las condiciones normales del mercado, consignará el dinero en la forma establecida en el artículo 10 y rendirá al juez informe de la venta”.

Así mismo, dicha norma dispone la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia y la imposición de multas a quienes:

Exclusión de la lista. Las autoridades judiciales excluirán de las listas de auxiliares de la justicia, e impondrán multas hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales según el caso:

a) A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia;

b) A quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual hubieren prosperado objeciones por dolo, error grave o cohecho;

c) A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administración de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente;

d) A quienes no hayan cumplido a cabalidad con el encargo de curador ad lítem;

e) A las personas a quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia;

f) A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial mediante situación legal o reglamentaria;

g) A quienes hayan fallecido o se incapaciten física o mentalmente;

h) A quienes se ausenten definitivamente del respectivo territorio jurisdiccional;

i) A quienes sin causa justificada no aceptaren o no ejercieren el cargo de auxiliar o colaborador de la justicia para el que fueron designados;

j) Al auxiliar de la justicia que haya convenido honorarios con las partes o haya solicitado o recibido pago de ellas con anterioridad a la fijación judicial o por encima del valor de esta;

k) A quienes siendo servidores públicos hubieren sido destituidos por sanciones disciplinarias (…).

PAR. 2º—También serán excluidas de la lista las personas jurídicas cuyos miembros incurran en las causales previstas en los numerales b), c), d), e), i) y j) del presente artículo, así como las personas jurídicas que se liquiden”.

Por su parte, los artículos 2157, 2158 y 2181 del Código Civil, en cuanto a las atribuciones del mandato, refiere que:

ART. 2157.—Limitación del mandato. El mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen a obrar de otro modo.

ART. 2158.—Facultades del mandatario. El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones, en lo tocante a dicho giro; contratar las reparaciones de las cosas que administra, y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado.

Para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder especial.

ART. 2181.—Rendición de cuentas del mandatario. El mandatario es obligado a dar cuenta de su administración.

Las partidas importantes de su cuenta serán documentadas si el mandante no le hubiere relevado de esta obligación.

La relevación de rendir cuentas no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante. 

Al confrontar las pruebas allegadas al proceso con las normas que regulan la actividad de los secuestres, se concluye que el auxiliar de administración de justicia, designado en el proceso ejecutivo no cumplió con las funciones que le eran exigibles, por cuanto no procedió arrendar el bien inmueble y obtener así ingresos que permitieran también cubrir la obligación; además, solo rindió el informe de su gestión cuando fue requerido y se limitó a tratar de justificar su negligencia, escudándose en que no había arrendado el bien durante cinco años por falta de servicios públicos, cuando está demostrado que al momento del secuestro todos los servicios se encontraban, fueron utilizados y se suspendieron mientras el bien estaba secuestrado,

Como fue señalado por el a quo, no procedía el abandono del bien, sino que aquel debía continuar generando renta pero al ser dejado a su suerte, causó un daño antijurídico a la demandante, por lo que es procedente la confirmación del fallo de primera instancia en relación con la declaratoria de responsabilidad de la Rama Judicial, por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el que también se predica frente a las deudas originadas luego del no pago de los servicios públicos de energía eléctrica, agua, acueducto y alcantarillado, aseo y recolección de basuras mientras el bien estuvo a cargo del secuestre, el cual fue reconocido por el a quo. 

4.3. Concurrencia de culpas.

El tribunal de primera instancia señaló que si bien es cierto existía responsabilidad de la accionada, también en los hechos había responsabilidad por parte de la actora quien en ningún momento solicitó rendición de cuentas, ni propuso incidentes ante el incumplimiento de los deberes del auxiliar de la justicia, como tampoco ejerció los mecanismos para custodiar el bien de su propiedad, razón por la cual, declaró la concurrencia de culpas e indicó que la condena sería reducida en un treinta por cierto.

Frente a la concurrencia de culpas, como quiera que no fue objeto de recurso de apelación la misma y toda vez que se comparte el criterio del a quo, la Sala confirmará la decisión de primera instancia.

Sobre esto último, es de anotar que en los alegatos de conclusión de segunda instancia, la parte actora refirió que no podía decretarse la concurrencia al no haber sido una excepción propuesta por la parte demandada.

Al respecto, se observa que la accionada si alegó el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, razón por la cual debía ser estudiado y, en todo caso, la demandante no manifestó inconformidad con la sentencia dictada en primera instancia.

5. Perjuicios.

El Tribunal de primera instancia condenó por concepto de cánones de arrendamiento los 59 meses que el bien estuvo secuestrado, comprendido desde el 10 de marzo de 1997 al 9 de febrero de 2002 y tomó como base el último valor de canon pagado antes del secuestro del bien, el que actualizó.

Sobre el particular, la Sala observa que la liquidación de los cánones de arrendamiento debía haberse realizado año por año, teniendo en cuenta los incrementos que por ley pueden darse; sin embargo, realizar lo anterior, resultaría más oneroso para la parte accionada, único apelante, de tal manera que la Sala se limitará actualizar la condena dada en primera instancia así:

final
 

De la anterior suma se deduce el 30% por existir concurrencia de culpas, para un total de veintitrés millones quinientos cincuenta y un mil ciento veintiocho pesos ($23.551.128).

Por su parte, en cuanto a la deuda originada por el servicio público de telefonía, la Sala observa que si bien es cierto en oficio del 10 de abril de 2002 se indicó que por la línea telefónica se tenía una deuda de $95.480, la actora allegó un recibo de pago del 28 de octubre de 2003 por valor de $133.500.

Este último recibo hace referencia a una autorización de cobro coactivo, en el que no se especifica la razón por la que además de los $95.480 de servicio que se debían, se cobran otros valores. Concretamente, no se indica si ese valor adicional sea en razón a una deuda por prestación del servicio de telefonía cuando el bien estuvo a cargo del secuestre, razón por la cual, se modificará la decisión de primera instancia que reconoció el pago del servicio de telefonía por el valor de $133.500, condenando únicamente el valor de $95.480 actualizados a la fecha de esta providencia, así:

final 1
 

De la anterior suma se deduce el 30% por existir concurrencia de culpas, para un total de ciento diecinueve mil seiscientos seis pesos ($119.606).

De otro lado, frente a las deudas originadas luego del no pago de los servicios públicos de energía eléctrica, agua, acueducto y alcantarillado, aseo y recolección de basuras mientras el bien estuvo a cargo del secuestre, la Sala advierte que se condenará en abstracto, pues si bien es cierto se encuentra establecido la existencia del perjuicio, no se tiene la fecha en la cual la actora procedió al pago de la deuda.

Ciertamente, las facturas allegadas dan cuenta de la existencia de la deuda causada durante el tiempo que el bien estuvo secuestrado, sin embargo, las mismas carecen de la fecha en que fueron pagadas, razón por la cual se condenará en abstracto para que mediante incidente de liquidación, la actora acredite la fecha en que procedió al pago de las mentadas facturas de los servicios públicos de energía eléctrica, agua, acueducto y alcantarillado, aseo y recolección de basuras.

La suma reconocida en el incidente de liquidación, no debe superar la suma indexada que fue reconocida por el tribunal de primera instancia por este perjuicio, a efectos de que no sea vulnerado el principio de la no reformatio in pejus, que le asiste a la parte accionada, por ser apelante único.

6. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 23 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión 2 cuya parte resolutiva quedará así:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios materiales causados a la señora Blanca Lilia Vargas Muñoz, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales a favor de Blanca Lilia Vargas Muñoz, la suma de veintitrés millones seiscientos setenta mil setecientos treinta y cuatro pesos ($23.670.734), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Como consecuencia de la primera declaración, CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar a por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de Blanca Lilia Vargas Muñoz, la cuantía que se establezca dentro del trámite incidental que para el efecto deberá promover la parte actora dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, y de conformidad con los parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. La sentencia se cumplirá dentro de los términos previstos en los artículos 176 a 178 del CCA, atendiendo los términos de la sentencia C-188 de 1999 proferida por la Corte Constitucional.

6. Sin costas de instancia.

7. Una vez en firme esta providencia, procédase al archivo del expediente dejando las anotaciones y constancias de rigor.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos GuerreroStella Conto Díaz del CastilloDanilo Rojas Betancourth.

1 Cabe indicar que mediante escrito aparte presentado junto con la contestación de la demanda (fl. 1-2, c. llamamiento), la entidad accionada llamó en garantía a los señores Eduardo de J. Guzmán, Hernán Montaña Rodríguez y Alfonso Escandón Cortés, los dos primeros quienes fueron jueces en el proceso ejecutivo y el último de los nombrados quien fue del secuestre del bien.
El llamamiento en garantía fue aceptado (fl. 4-6, c. llamamiento) y el proceso quedó suspendido, sin embargo, como quiera que la accionada no pagó las expensas necesarias para la notificación de los llamados en garantía y la suspensión quedó más que vencida, se reanudó el proceso sin que se lograra la comparecencia de los llamados en garantía (fl. 11-13, c. llamamiento).
De igual manera, se resalta que la demanda fue inicialmente presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá que admitió la demanda, para luego, con la entrada de los jueces administrativos remitir el proceso ante los jueces de circuito de Tunja correspondiendo por reparto al juzgado sexto administrativo que tramitó el proceso hasta luego de la etapa de pruebas, para posteriormente declarar la nulidad de lo actuado por carecer de competencia al tratarse de un hecho de la administración de justicia, enviando el proceso por competencia nuevamente al tribunal que convalidó la actuación realizada por el juzgado, sin que fuera objeto de recursos por alguna de las partes procesales.

2 La demandada guardó silencio durante esta procesal.

3 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los daños causados por hechos de la administración de justicia y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

4 “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

5 Para acreditar la propiedad del inmueble, reposa en el plenario la escritura pública 5421 del 23 de noviembre de 1987 de la Notaría Dieciocho del Circulo Judicial de Bogotá, mediante la cual se indica que la señora Blanca Lilia Vargas Muñoz adquirió mediante compraventa de manos del señor Miguel Roa Castelblanco un lote de terreno junto con la casa de habitación de dos plantas que en él se construyó, ubicada en la urbanización los Rosales de la ciudad de Tunja (fl. 2-4, cdno. ppal. 1).

Así mismo, fue aportado el certificado de matrícula inmobiliaria Nº 070-000991 de la Superintendencia de Notariado y Registro, por medio de la cual se indica que la señora Blanca Lilia Vargas es propietaria de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Tunja de conformidad con la escritura pública Nº 5421 del 23 de noviembre de 1987 (fl. 5 y 7, cdno. ppal. 1).

6 Realmente los términos vencían el 1º de mayo de 2004, sin embargo, al ser un día inhábil el plazo para presentar la acción se traslada al siguiente día hábil.

7 “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

9 Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 37.

10 Quien fungía como auxiliar de la Justicia, tal y como se demuestra en oficio del 14 de julio de 2009 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja (fl. 124-127, cdno. ppal. 1).

11 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.