Sentencia 2004-01239 de mayo 19 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 41001-23-31-000-2004-01239-01-17252

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Alpevisión S.A.

C/Unidad Administrativa Especial - DIAN

Renta 1999

Bogotá, D.C. diecinueve de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sección

Conforme con el recurso de apelación de la parte demandada, corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN determinó oficialmente el impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de Alpevisión S.A. por el año gravable de 1999. Concretamente la Sala analizará si proceden, como deducción, los gastos pagados al exterior sin haberles efectuado retención en la fuente para el beneficiario de los mismos.

Cuestión preliminar

Previo a decidir de fondo, la Sala observa que la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez manifiesta estar impedida para conocer del proceso de la referencia, por configurarse la causal prevista en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la contestación de la demanda se fundamentó en el Concepto 28280 de 2002, que suscribió en calidad de jefe de la oficina jurídica de la DIAN y que ratificó los conceptos de la DIAN 67467 de 1998, 046363 de 1999 y 60381 de 2001, también citados.

La Sala negará el impedimento manifestado, por cuanto el hecho aducido por la honorable consejera no configura el supuesto previsto en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que es causal de recusación “Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”.

Lo primero que conviene recordar es que, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999, a la Oficina Jurídica de la DIAN le correspondía determinar el alcance general de, entre otras, las normas tributarias. Para tal efecto, el jefe de esa oficina emitía conceptos, que constituían la interpretación oficial que debían observar los funcionarios de esa entidad al resolver cada caso concreto en sede administrativa(1).

La doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, antes de ser designada como magistrada de esta corporación, se desempeñó como Jefe de la oficina jurídica de la DIAN, sin embargo, el hecho de que hubiera suscrito el mencionado concepto sobre la fuente de los ingresos que reciben las empresas extranjeras prestadoras del servicio de televisión internacional, no significa que hubiera emitido consejo o concepto fuera del proceso sobre las cuestiones en controversia ni sobre los actos demandados.

En efecto, como lo ha considerado la Sala, la interpretación que realiza en su momento la DIAN, a través de la jefe de la oficina jurídica, es abstracta y se realiza con independencia de cualquier situación concreta de algún contribuyente. Es más bien un tipo de “interpretación jurídica”(2)¸ estrictamente normativa, que se materializa en un concepto oficial en el que se determina la forma en que debe entenderse una norma tributaria. La interpretación que la administración tributaria vierte en un concepto oficial es diferente de la interpretación que hace el juez al resolver un caso concreto, pues en este evento es una interpretación específica. Luego, el concepto oficial que emita un funcionario de la Administración no genera inhabilidad para que luego, ya en calidad de juez, decida la legalidad de un acto en el que se aplicó tal concepto. “El consejo o concepto a que alude el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil hace referencia a aquella opinión que entrega el juez (por fuera del proceso) sobre un caso particular y concreto que se someta a su consideración. De modo que se excluyen aquellas opiniones generales que, como en los conceptos oficiales, se emiten para determinar el alcance de una norma tributaria”(3).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala no está configurada la causal de impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

Cuestión de fondo

Para decidir el problema jurídico planteado, la Sala destaca los siguientes hechos probados:

Que durante el año gravable de 1999 la sociedad Alpevisión S.A. hizo pagos al exterior a empresas extranjeras concedentes de licencias para exhibir en el país servicio de programación de televisión internacional, según los contratos de afiliación, la relación de pagos efectuados y las facturas de tales pagos(4).

Que el 12 de abril de 2000 la sociedad Alpevisión S.A. presentó la declaración de renta y complementarios del año gravable 1999, en la que determinó un saldo a pagar de $ 14.769.000(5).

Que previa la práctica de una inspección tributaria, la DIAN expidió el requerimiento especial 130632002000104 del 28 de junio de 2002, mediante el cual propuso la modificación de la declaración de renta de la sociedad Alpevisión S.A. por el año gravable 1999 en el sentido de rechazar pagos laborales por $ 13.935.194 por no haber acreditado el pago de aportes parafiscales. Advirtió que frente a la deducción por pagos efectuados al exterior por $ 1.019.462.000, quedaba pendiente la respuesta a las consultas elevadas al nivel central para dilucidar el tema, ya que sobre tales pagos la contribuyente no practicó las retenciones en la fuente por considerar que para los beneficiarios no eran renta de fuente nacional; que de no existir pronunciamientos que aclararan el asunto, la división de liquidación debía proferir ampliación al requerimiento especial para rechazar tales pagos de conformidad con los artículos 121, 123, 177 y 419 del estatuto tributario. No propuso sanción por inexactitud y planteó un saldo a pagar de $ 19.646.000(6).

Que el 16 de diciembre de 2002, previa respuesta al requerimiento especial, la DIAN, mediante la ampliación al requerimiento especial 130642002000001, planteó una nueva determinación oficial. Verificó que la actora había pagado los aportes parafiscales sobre la suma rechazada en el requerimiento especial, por lo tanto se aceptaba la deducción. Que mediante Concepto 028280 del 14 de mayo de 2002 la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN había efectuado una interpretación sobre el servicio de televisión internacional, el cual debía seguirse y que señalaba que se trataba de un servicio público prestado en el país, que su objetivo era suministrar televisión en Colombia, donde se encontraba el usuario. Que, en consecuencia, se debía desconocer la suma solicitada como deducción por gastos efectuados al exterior ($ 1.019.462.000), como se había anunciado en el requerimiento especial. Propuso una sanción por inexactitud de $ 570.899.000 y un saldo a pagar de $ 942.480.000(7).

Que el 25 de marzo de 2003, previa respuesta a la ampliación al requerimiento, la Administración de Impuestos Nacionales de Neiva practicó la liquidación oficial de revisión 130642003000057, por medio de la cual modificó la liquidación privada de Alpevisión S.A. en los aspectos planteados en la ampliación al requerimiento especial(8).

Que la liquidación de revisión fue modificada por la resolución recurso de reconsideración 130012004000015 del 26 de abril de 2004, en relación con la sanción por inexactitud, que decidió levantarla por diferencia de criterios en cuanto a los gastos en el exterior. Que, en consecuencia, determinó un saldo a pagar de $ 371.581.000(9).

Conforme con los anteriores hechos probados, procede la Sala a resolver:

Como se anunció, la Sala debe precisar si los pagos efectuados por la actora al exterior a favor de sociedades extranjeras, como contraprestación por el servicio internacional de televisión, constituyen para esos beneficiarios rentas de fuente nacional, y, en consecuencia, están sometidos a retención en la fuente a título del impuesto de renta y remesas.

Lo anterior por cuanto, según lo consideró la DIAN en los actos demandados, conforme con los artículos 121, 123, 177 y 419 del estatuto tributario, son deducibles los gastos en el exterior que tengan relación de causalidad con rentas de fuente dentro del país, siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente si lo pagado constituye para su beneficiario renta gravable en Colombia (art. 121).

En efecto, las normas mencionadas señalan:

“ART. 123.—Requisitos para su procedencia. Si el beneficiario de la renta fuere una persona natural extranjera o una sucesión de extranjeros sin residencia en el país, o una sociedad u otra entidad extranjera sin domicilio en Colombia, la cantidad pagada o abonada en cuenta sólo es deducible si se acredita la consignación del impuesto retenido en la fuente a título de los de renta y remesas, según el caso, y cumplan las regulaciones previstas en el régimen cambiario vigente en Colombia”.

“ART. 177.—Las limitaciones a costos se aplican a las deducciones. Las deducciones están sujetas a las mismas limitaciones señaladas para los costos, en los artículos 85 a 88, inclusive. Igualmente, para uno y otro caso, no serán deducibles los pagos respaldados en documentos frente a los cuales no se cumpla lo previsto en el numeral tercero del artículo 522.

Tampoco serán procedentes los costos o deducciones respecto de los cuales no se cumpla con la obligación señalada en artículo 632”(10).

ART. 419.—Para la aceptación de costos y deducciones por pagos al exterior se requiere acreditar la consignación del respectivo impuesto retenido en la fuente. Sin perjuicio de los requisitos previstos en las normas vigentes para la aceptación de gastos efectuados en el exterior que tengan relación de causalidad con rentas de fuente dentro del país, el contribuyente debe conservar el comprobante de consignación de lo retenido a título de impuesto de remesas, si lo pagado o abonado en cuenta constituye para su beneficiario ingreso gravable en Colombia y cumplir las regulaciones previstas en el régimen cambiario vigente en Colombia”(11).

En el presente caso la DIAN en la liquidación de revisión consideró que para que la deducción fuera procedente, los gastos en el exterior debían tener relación de causalidad con la renta de fuente dentro del país, lo cual era cumplido por la sociedad, pero que no cumplió con la obligación de efectuar la retención en la fuente a título de renta y de remesas, teniendo en cuenta que los ingresos para el beneficiario de los pagos eran renta de fuente nacional en virtud de lo consagrado en el artículo 24 del estatuto tributario.

Mientras que para la demandante y como lo aceptó el tribunal, la actora no estaba en la obligación de efectuar las retenciones en la fuente señaladas, por cuanto para el beneficiario de tales pagos no eran renta de fuente nacional, en virtud de que el servicio de televisión era prestado desde el exterior.

El tema que aquí se discute ya ha sido objeto de estudio por la Sala, que si bien ha correspondido a procesos de modificación de las declaraciones de retención en la fuente de operadores de televisión, el análisis que en esas oportunidades se hizo, es aplicable al presente, toda vez que la obligación de retener en la fuente al momento del giro de esos pagos o abonos en cuenta, es el requisito de procedencia de las deducciones solicitadas por la actora y que la DIAN rechazó por su incumplimiento. Además, si bien se trató de televisión satelital, se concluyó que tanto este tipo de televisión como el de televisión por cable era un servicio ejecutado desde el exterior.

En consecuencia, la Sala retomará las consideraciones sentadas en los reiterados pronunciamientos(12).

Conforme al artículo 406 del estatuto tributario deben retener a título de impuesto sobre la renta, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas sujetas a impuesto en Colombia a favor de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales y sucesiones ilíquidas de extranjeros no residentes en Colombia.

Y, a título del impuesto de remesas deben practicar la retención en la fuente quienes efectúen pagos o abonos en cuenta que impliquen situación de recursos en el exterior (E.T., art. 417); sin embargo, no habrá retención sobre los pagos o abonos en cuenta que no correspondan a rentas o ganancias ocasionales de fuente nacional (art. 418, ibíd.).

Así, las sociedades extranjeras sólo están sujetas a retención por los pagos o abonos en cuenta que constituyan ingreso de fuente nacional, como lo corrobora el artículo 12 del estatuto tributario, que prevé que las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional.

Por su parte, el artículo 24 ibídem prevé que se consideran ingresos de fuente nacional, los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio. Además, son ingresos de fuente nacional los provenientes de la enajenación de bienes materiales e inmateriales que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación. La norma cita algunos conceptos que constituyen ingresos de fuente nacional.

Según el artículo 1º de la Ley 182 de 1995 o Ley de Televisión, el servicio de televisión se define técnicamente como “un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea(13).

Conforme a la clasificación del servicio de televisión del artículo 22 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 24 de la Ley 335 de 1996, en función de su nivel de cubrimiento y según el país de origen y destino de la señal, la televisión puede ser nacional e internacional. Es nacional la que se origina y recibe dentro del territorio nacional. Y, es internacional aquélla cuyas señales de televisión se originan fuera del territorio nacional y pueden ser recibidas en Colombia o aquélla que se origina en el país y que puede recibirse en otros países.

En el caso de la televisión internacional, los operadores, contratistas y concesionarios del servicio, pueden recibir directamente y decodificar señales de televisión vía satélite, siempre que cumplan las disposiciones relacionadas con los derechos de uso y redistribución de las mismas y con las normas que expida la Comisión Nacional de Televisión sobre el recurso satelital (L. 182/95, art. 26).

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 182 de 1995, según la tecnología de transmisión, la televisión puede ser cableada y cerrada, si la señal llega al usuario a través de un medio físico de distribución; radiodifundida, si la señal de televisión llega al usuario desde la estación transmisora por medio del espectro electromagnético, propagándose sin guía artificial, como es el caso de la televisión colombiana. Y, satelital, si le llega al usuario desde un satélite de distribución directa.

A su vez, el Acuerdo 32 de 1998 de la Comisión Nacional de Televisión, por el cual se reglamenta el servicio de televisión satelital define en su artículo 2º la televisión satelital como aquella que permite a los habitantes del territorio nacional la recepción, para uso exclusivo e individual, de señales de televisión transmitidas, emitidas, difundidas y programadas desde el extranjero, a través de segmentos especiales (satélites) de difusión directa, hasta los equipos terminales de recepción individual.

La Ley 182 de 1995 no describe los aspectos técnicos del funcionamiento de la televisión por cable y satelital; sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones en escrito dirigido al director general de la DIAN el 6 de marzo de 2003 (fl. 540, c.a. 2), explicó:

“El satélite recibe y amplifica la señal que le ha sido enviada por una estación terrena de un proveedor de contenido, que para este caso se encuentra fuera del territorio nacional; la traslada a otra frecuencia a través de un transpondedor que remite nuevamente (retransmite) la señal a la tierra en donde es recibida por multiplicidad de estaciones terrenas, que pueden estar ubicadas dentro del territorio nacional”.

En el caso de la televisión satelital, la señal es recibida directamente por el equipo receptor con el que cuenta el usuario, mientras que en la televisión por cable la señal es distribuida por el concesionario del servicio a través de su red. En ninguno de los dos casos existe modificación de la señal que envía el satélite y la misma es transmitida en tiempo real al usuario.

Los concesionarios de los servicios de televisión por cable y satelital acceden a las señales del satélite en virtud de contratos suscritos con los programadores del exterior[…]

[…]

El lugar de prestación del servicio es el domicilio del programador internacional, que es donde se origina la señal correspondiente- aquella que es enviada al satélite y bajada de ése, según se explicó”

Sobre los aspectos técnicos de la televisión por cable y satelital, en oficio de 11 de febrero de 2003 la Comisión Nacional de Televisión (fl. 549, c.a. 2), manifestó:

“[…]

Los servicios de televisión por cable y satelital, tienen elementos comunes en la medida que utilizan el sistema satelital para prestar el servicio, distribuyendo y retransmitiendo las señales de televisión internacional respectivamente”.

“El sistema satelital está compuesto por una estación terrena de enlace ascendente que transmite una señal a un satélite geoestacionario; el satélite recibe la señal, la amplifica, la traslada a una frecuencia diferente descendente por medio de un transpondedor, que retransmite la señal a la tierra; estas señales cuando cubren una gran extensión conforman la huella satelital”.

“En resumen, la conexión o acceso satelital es un camino que recorre una señal satelital que viaja desde una estación terrena (originadora y dueña de una programación), hasta un satélite geoestacionario y desde allí regresa a la tierra a muchas estaciones terrenas receptoras, como Inravisión, estaciones con sistemas TVR (p. e. estaciones receptoras de operadores de cable), sistemas DTH (Televisión al Hogar- SKY TV o Directv)”.

“Así, en la televisión por suscripción la señal es recibida desde el satélite, por un centro de contribución, y distribuida mediante una red a un usuario final; en la televisión satelital, se recepciona la señal desde el satélite hasta los equipos terminales de recepción individual de los usuarios.(…)”

“Con fundamento en lo anterior, y desde el punto de vista técnico, ambas modalidades de televisión entregan al usuario ubicado en el territorio nacional, servicios de televisión ejecutados desde el exterior, por medio de una conexión o acceso satelital.

[…]”

Cabe anotar que los conceptos del Ministerio de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Televisión, aunque no son obligatorios (CCA, art. 25) para este asunto, brindan elementos de juicio para determinar el funcionamiento técnico de la televisión por cable y satelital, lo que permite dilucidar dónde se presta este tipo de servicio de televisión.

Con base en las pruebas que están en el expediente, la sociedad, por medio de los contratos suscritos, adquiría una licencia limitada y no exclusiva para exhibir, durante la vigencia del contrato, un servicio de programación, apoyado por anunciantes, de entretenimiento general, mediante televisión por cable y/o SMATV, MATV, MDS o MMDS u otros sistemas de distribución en el territorio(14). Según los términos y condiciones, el concedente en el exterior transmitía el servicio mediante un satélite de comunicaciones adecuado y el operador adquiría y mantendría una estación receptora del satélite adecuada para recibir el servicio y lo transmitiría simultáneamente a su recepción sobre una base continua(15).

De acuerdo con lo anterior, y como lo ha reconocido la DIAN, Alpevisión S.A. distribuye en el país el servicio de televisión internacional que es prestado por las entidades extranjeras desde el exterior, por lo tanto, conforme con los conceptos técnicos aludidos, se trata de un servicio de televisión internacional, que se origina en el exterior y desde allí se presta o ejecuta, luego, los ingresos que reciben las empresas extranjeras no son de fuente nacional, como igualmente se concluyó en los pronunciamientos aludidos.

Ello, porque no es un servicio prestado en Colombia, independientemente de que llegue al país, pues, lo que determina el lugar de prestación del servicio de televisión satelital o por cable es donde se origina y desde donde se ejecuta. Además, según el artículo 24 del estatuto tributario, los servicios que constituyen ingresos de fuente nacional son los prestados en el país, no desde el exterior, como sucede con la televisión internacional satelital o por cable, aunque la señal de televisión llegue finalmente a cada hogar en Colombia.

A su vez, concluir que la televisión satelital o por cable internacional se presta en Colombia porque finalmente llega al país, significa desconocer la definición de televisión satelital, dada en el Acuerdo 32 de 1998 de la Comisión Nacional de Televisión, en el sentido de que es aquella que permite a los habitantes del territorio nacional la recepción, para uso exclusivo e individual, de señales de televisión transmitidas, emitidas, difundidas y programadas desde el extranjero, a través de segmentos especiales (satélites) de difusión directa, hasta los equipos terminales de recepción individual. Lo anterior, porque llevaría a la conclusión de que la televisión satelital se presta en Colombia por el solo hecho de que aquí se reciba, sin tener en cuenta que la señal se transmite, emite, difunde y programa desde el exterior, lo cual es aplicable igualmente para el caso de la televisión por cable.

Dado que los ingresos que recibió la sociedad del exterior no provenían de la prestación del servicio de televisión en Colombia, sino de la prestación de un servicio ejecutado desde el exterior, los pagos efectuados a dicha sociedad no estaban gravados con el impuesto sobre la renta (E.T., art. 12), por lo que no debían ser objeto de retención en la fuente por ese concepto ni por remesas.

De acuerdo con lo anterior, no procedía, en consecuencia, el desconocimiento de las deducciones por gastos efectuados al exterior, toda vez que no era exigible el requisito de acreditar la consignación del impuesto retenido a título de renta y remesas, porque para la empresa extranjera beneficiara del pago, lo pagado no constituía renta gravable en Colombia, conforme con los artículos 24, 121, 123 y 419 del estatuto tributario.

La Sala confirmará la decisión del tribunal en cuanto anuló parcialmente los actos demandados, no por las razones que expuso en relación con la nulidad parcial, sino porque la actora en la respuesta a la solicitud de información 10526 del 18 de agosto de 2000, adjuntó la relación de pagos al exterior durante el año gravable de 1999 por la suma de $ 979.978.791(16), no obstante había solicitado por el mismo concepto en la declaración de renta la suma de $ 1.019.462.000. De manera que la Sala aceptará como deducción por gastos efectuados en el exterior la suma acreditada en el proceso y no la solicitada en la declaración.

La Sala aclara que la deducción por pagos laborales, si bien fue planteado en el requerimiento especial como un rechazo, en la ampliación al requerimiento fue aceptada, por lo tanto, sobre este aspecto no se expuso ningún cargo de violación.

Por las razones expuestas se practicará una nueva liquidación del impuesto de renta a cargo de la actora por el año gravable de 1999, la cual queda en los siguientes términos:

Concepto
Declaración privada
Resolución recurso de reconsideración
Liquidación C. de E.
Total ingresos netos
2.963.383.000
2.963.383.000
2.963.383.000
Total costos
0
0
0
Total deducciones
2.870.043.000
1.850.581.000
2.830.560.000
Renta líquida
93.340.000
1.112.802.000
132.823.000
Renta presuntiva
60.858.000
60.858.000
60.858.000
Renta líquida gravable
93.340.000
1.112.802.000
132.823.000
Impuesto sobre la renta gravable
32.669.000
389.481.000
46.488.000
Total impuesto neto de renta
32.669.000
389.481.000
46.488.000
Total retenciones año gravable 1999
1.804.000
1.804.000
1.804.000
Menos anticipo por el año gravable
38.794.000
38.794.000
38.794.000
Más anticipo por el año gravable siguiente
22.698.000
22.698.000
22.698.000
Más sanciones
0
0
0
Total saldo a pagar
14.769.000
371.581.000
28.588.000

 

Si bien el tribunal anuló parcialmente los actos demandados, la Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia con el fin de que el fallo esté congruente con lo aquí decidido y se disponga el correspondiente restablecimiento del derecho, que no fue establecido por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGASE el impedimento presentado por la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

MODIFÍCASE la sentencia apelada, la cual quedará así:

ANÚLANSE PARCIALMENTE la liquidación oficial de revisión 130642003000057 del 25 de marzo de 2003 y la Resolución 130012004000015 del 26 de abril de 2004 que modificaron la declaración de renta del año gravable 1999 presentada por la sociedad Alpevisión S.A.

A título de restablecimiento del derecho, FÍJASE como total saldo a pagar por el impuesto de renta correspondiente al año gravable de 1999 a cargo de la sociedad Alpevisión S.A. la suma de veintiocho millones quinientos ochenta y ocho mil pesos moneda legal ($ 28.588.000 M.L.), conforme con la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia.

RECONÓCESE personería a la abogada Diana Janethe Bernal Franco como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.»

(1) Según el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 (norma vigente a la fecha en que se expidió el Concepto Oficial 28280/2002) a la oficina jurídica de la DIAN le correspondía ejercer, entre otras, las siguientes funciones:

1. Determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas tributarias.

2. Actuar como autoridad doctrinaria en materia tributaria.

3. Compilar normas, doctrina y jurisprudencia de carácter tributario, en las publicaciones de la entidad.

4. Absolver consultas sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias.

Actualmente las mismas funciones las desempeña la Dirección de Gestión Jurídica, conforme con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008.

(2) En el módulo de autoformación, de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, denominado interpretación judicial, se cita al profesor Wroblewsky Jerzy para definir la interpretación jurídica como “el proceso o el resultado de determinación del sentido de las normas jurídicas o de sus elementos”.

Esa definición resulta pertinente para entender que la labor de interpretación que ejerce la DIAN (antes por medio de la oficina jurídica, hoy por medio de la Dirección de Gestión Jurídica) es estrictamente normativa, esto es, se hace sin tener en cuenta ningún hecho particular.

(3) Auto del 10 de marzo de 2011, expediente 16476, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(4) Folios 29 a 90, c. a. 2.

(5) Folio 178, c. a. 2.

(6) Folio 362, c. a. 3.

(7) Folio 474, c. a. 1.

(8) Folio 31, cdno. ppal.

(9) Folio 70, cdno. ppal.

(10) El artículo 632 dispone el deber de conservar informaciones y pruebas, para efectos del control de los impuestos, entre ellas, la prueba de la consignación de las retenciones en la fuente practicadas en la calidad de agente retenedor

(11) El impuesto complementario de remesas fue eliminado a partir del año gravable 2007 por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006.

(12) Entre otras, las sentencias del 27 de mayo de 2009 (exp. 16616) y del 20 de agosto de 2009 (exps. 16150 y 16861) C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 27 de mayo de 2009, expediente 16631, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(13) Entre otras, ver sentencias de 14 de junio y 7 de julio de 2007, expedientes 15686 y 15440, C.P. doctora María Inés Ortiz Barbosa; de 26 de septiembre de 2007, expediente 15787, C.P. doctor Juan Ángel Palacio Hincapié y de 2 de agosto de 2007, expediente 15688, C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(14) Folio 32 c. a. 2.

(15) Folio 50 c. a. 2

(16) Folio 89 c. a. 2.