Sentencia 2004-01271 de febrero 10 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Barcenas

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01271-01(17155)

Actor: Gómez Cajiao y Asociados U.A.E.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fallo

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En los términos de la apelación interpuesta por las partes, decide la Sala si se ajustan a derecho la Resolución 312-0003 del 27 de enero de 2004, proferida por la división de recaudación, mediante la que se declararon no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 302-071 del 5 de diciembre de 2003 y la Resolución 00009 del 26 de febrero de 2004, mediante la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago referido.

Para el efecto, le corresponde a la Sala resolver si se configuró la excepción prevista en el numeral 7º del artículo 831 del estatuto tributario, referida a la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió, y la prevista en el numeral 1º, sobre el pago efectivo.

De la excepción de falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. (E.T , art. 831, num. 7º)

Con relación a esta excepción, le corresponde a la Sala definir si se configura la excepción de falta de título ejecutivo cuando las obligaciones que se pretenden cobrar se derivan de las declaraciones privadas del contribuyente que presentó por medio electrónico ante las autoridades tributarias.

Para el efecto, la Sala analizará si tales declaraciones constituyen títulos ejecutivos y, si lo son, cómo debe acreditarse su existencia en el proceso, para que presten mérito ejecutivo.

Por otra parte, le corresponde a la Sala definir si se configura la excepción de incompetencia del funcionario que profirió el título ejecutivo, cuando la falta de competencia funcional se predica del funcionario que suscribió el mandamiento de pago.

De la falta de título ejecutivo:

En el recurso de apelación, la sociedad accionante insiste en que se declare la excepción de falta de título ejecutivo, porque considera que ni las declaraciones privadas que se envían a la autoridad tributaria por medio electrónico ni los estados de cuenta del contribuyente son documentos que presten mérito ejecutivo. Para la demandante, serían títulos ejecutivos, entre otros, las declaraciones privadas que presenten los contribuyentes en medio físico y, en su defecto, la certificación del administrador de impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas.

Al respecto, la Sala reitera(5) que a partir de la expedición del Decreto-Ley 2150 de 1995(6) y la habilitación de los sistemas de transmisión electrónica de datos en las entidades públicas, se implementó la utilización del “documento electrónico” para que los usuarios envíen o reciban la información requerida en sus actuaciones frente a la administración.

Se considera documento electrónico el que “está contenido en soporte diverso al papel, lo que no significa que por esa razón no sea capaz de representar una idea o pensamiento. Por ello lo han definido como cualquier representación en forma electrónica de hechos jurídicamente relevantes, susceptible de ser asimilado en forma humanamente comprensible. El documento electrónico es un método de expresión que requiere de un instrumento de creación, conservación, cancelación y transmisión; tal instrumento está constituido por un aparato electrónico. De esta forma la disciplina de dicho documento no puede prescindir del computador que lo crea, lo conserva y lo cancela, y la red de terminales de computador que permiten su transmisión(7)”.

Con el ánimo de atribuirle a los documentos electrónicos, la misma validez probatoria que a los documentos le otorga el Código de Procedimiento Civil(8) se expidió la Ley 527 de 1999(9), que definió el mensaje de datos como “Aquella información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieron ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), internet, el correo electrónico, o el telegrama, el télex o el telefax(10)”.”

Esta norma se fundamentó en el criterio de la “equivalencia funcional”, en virtud del cual, en el campo jurídico, se adoptan nuevos medios tecnológicos de creación y transmisión de la información, con sus ventajas de rapidez y economía, en la medida en que ellos cumplan las mismas funciones y permitan alcanzar los mismos objetivos que se realizan y se logran con los medios tradicionales. Frente a este criterio la Corte Constitucional manifestó:

“El proyecto de ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los "equivalentes funcionales" que se fundamenta en un análisis de los propósitos y funciones de la exigencia tradicional del documento sobre papel, para determinar cómo podrían cumplirse esos propósitos y funciones con técnicas electrónicas.

“Se adoptó el criterio flexible de "equivalente funcional", que tuviera en cuenta los requisitos de forma, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la documentación consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel.

“En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley(11)”.

Por consiguiente, la información que se transmite a través de mensajes de datos no difiere de la que puede contener un documento físico, toda vez que, al igual que este último, su contenido representa de forma inteligible y comprensible para el ser humano hechos jurídicamente relevantes.

Ahora bien, los artículos 5º, 10 y 11 de la Ley 527 de 1999 establecieron que no se puede negar “efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos(12)”, razón por la cual, se deben valorar como documentos(13).

Estipuló que para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos se debe tener en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente, dijo la norma, que “habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciado y cualquier otro factor pertinente(14)

En consecuencia, los mensajes de datos deben apreciarse como documentos de contenido electrónico cuyo valor probatorio surge a partir de las reglas de la sana crítica y de los demás criterios legales de apreciación probatoria, sin perder de vista que para efectos de confiabilidad, deben tenerse en cuenta, además, tres aspectos: i) la forma como se generó; ii) la forma como se ha conservado y, iii) la forma como se identifique el iniciador(15).

Ahora bien, el artículo 828 del estatuto tributario(16) enuncia los documentos que prestan mérito ejecutivo dentro de un proceso fiscal de cobro coactivo, entre los que se encuentran las liquidaciones privadas o las correcciones a las mismas.

Así mismo, los artículos 578 y 579-2 del mismo estatuto establecen la posibilidad de que los contribuyentes o responsables puedan presentar las declaraciones tributarias mediante los formularios que la administración de impuestos establezca previamente para el efecto o, a través de medios electrónicos, previa autorización de la misma entidad(17). Al efecto dichas normas disponen:

“ART. 578.—Utilización de formularios. La declaración tributaria se presentará en los formatos que prescriba la Dirección General de Impuestos Nacionales. En circunstancias excepcionales el Director General de Impuestos Nacionales, podrá autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales”.

“ART. 579-2.—Presentación electrónica de declaraciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 579, el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución, señalará los contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Las declaraciones tributarias, presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no presentadas. En el evento de presentarse situaciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente presentar oportunamente su declaración por el sistema electrónico, no se aplicará la sanción de extemporaneidad establecida en el artículo 641 de este estatuto, siempre y cuando la declaración manual se presente a más tardar al día siguiente del vencimiento del plazo para declarar y se demuestren los hechos constitutivos de fuerza mayor.

Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá para su validez de la firma autógrafa del documento”.

El artículo 579-2 fue reglamentado por el Decreto 408 del 14 de marzo de 2001, en el que se precisaron aspectos relacionados con la presentación de las declaraciones, el procedimiento de asignación de firmas electrónicas y claves, así como los efectos jurídicos de los documentos electrónicos. En su articulado se establece que las declaraciones tributarias, así como el pago de los impuestos y retenciones en la fuente presentadas electrónicamente, debía hacerse a través del “Sistema Declaración y Pago Electrónico de la DIAN”(18), y que, para todos los efectos jurídicos, los documentos electrónicos que se presenten por este medio remplazan los documentos físicos en papel.

Conforme con las normas citadas, la Sala concluye que las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes o responsables, bien sea en medio físico a través de los formatos destinados para el caso o, a través del sistema de declaración y pago electrónico, para todos los efectos jurídicos y probatorios tienen la misma validez, como documento.

Tratándose de los formatos físicos, la prueba de su existencia no representa ningún inconveniente en la medida en que se aporta al proceso el documento material.

No ocurre lo mismo con el formato electrónico por cuanto, precisamente por su inmaterialidad, no existe la posibilidad de aportar el título original al proceso. Sin embargo, conforme se advirtió, esa circunstancia no le resta efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información que consta en el mensaje de datos.

Por consiguiente, si se quiere demostrar la inexistencia del documento electrónico como tal, quien así lo alega deberá demostrar la inexistencia del mensaje de datos o la adulteración del mismo.

En ese orden de ideas, por el hecho de que no repose en el expediente el documento electrónico, no es dable inferir que el documento no existe, pues ese hecho, se reitera, debe probarse.

Pero si se quiere demostrar que el documento electrónico no presta mérito ejecutivo, quien así lo alega deberá fundamentar porqué el documento no es claro, no es expreso, ni actualmente exigible.

Análisis del caso concreto

En el sub examine se encuentra probado que en cumplimiento de las normas que exigen a los contribuyentes presentar las declaraciones por medio electrónico, la actora presentó por esa vía las declaraciones del impuesto a la renta por el año gravable 1997 y del impuesto sobre las ventas correspondientes a los periodos bimestres 2, 3, 4 y 5 del año gravable 2003; y períodos 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10 por concepto de retención en la fuente del año gravable 2003(19).

A partir de las anteriores declaraciones tributarias, la administración profirió el mandamiento de pago 302-071 del 5 de diciembre del 2003, para obtener de la demandante el pago de las siguientes obligaciones:

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Nº título
(autoadhesivo)
ConceptoAñoPeríodoImpuestoSanción
145Renta199700108.034.000
9000001208279Ventas2003247’954.0000
9000001272723Ventas200339’485.0000
9000001336028Ventas2003413’791.0000
9000001397837Ventas2003527’654.0000
103801051093Retención2003226’164.0000
90000001173893Retención2003321’217.0000
90000001239610Retención2003523’200.0000
90000001272054Retención2003630’446.0000
9000001335674Retención2003818’061.0000
9000001366088Retención2003916’641.0000
9000001397650Retención20031015’014.0000
 Total $ 249’627.000 $108.034.000
Valor total:$ 357’661.000

Conforme con los hechos probados, la Sala observa que el proceso de cobro coactivo se fundamentó en las declaraciones tributarias presentadas por el demandante a través del sistema de declaración y pago electrónico de la DIAN.

Las impresiones de tales documentos electrónicos, en tanto no se pruebe lo contrario, se reputan auténticas y son prueba de la representación material de las declaraciones tributarias electrónicas transmitidas a través del sistema informático de la DIAN y, por lo tanto, son idóneas y conducentes para inferir la existencia de los títulos ejecutivos.

Si bien es cierto que para iniciar procesos de ejecución se debe contar con el original o una copia especialmente habilitada del título ejecutivo, en el caso de las liquidaciones privadas electrónicas, el título ejecutivo original está conformado por la información que reposa en la base de datos del sistema a través del cual se envió la información. En consecuencia, por el hecho de que las declaraciones estén representadas en forma de mensaje de datos, no dejan de tener efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria, conforme lo dispone el artículo 5º de la Ley 527 de 1999.

En el caso concreto, la parte actora fundamentó la inexistencia del título ejecutivo en el hecho de que en el proceso no reposaban los originales de las declaraciones electrónicas que envió a la administración tributaria. Por eso, habida cuenta de que la copia de la declaración correspondiente al impuesto sobre las ventas del 2º bimestres de 2003 no reposa en el expediente, insiste en que se declare la excepción de falta de título ejecutivo.

La Sala considera improcedente el argumento de la parte actora pues, conforme se precisó anteriormente, no es pertinente inferir la inexistencia del título ejecutivo por el hecho de que no repose el original del documento electrónico, pues, primero, es imposible allegarlo porque no es un ente material, sino intangible. Y, las copias, son pruebas documentales que permiten inferir su existencia, más no su inexistencia.

Por eso, se insiste, la demandante debió probar la inexistencia o la adulteración del mensaje de datos. Como no lo probó, no prospera el cargo de la apelación.

Ahora bien, tampoco es procedente interpretar que las declaraciones electrónicas no son títulos ejecutivos, porque, al decir de la actora, el artículo 828 del estatuto tributario, sólo contempla como tales, las declaraciones físicas. La Sala reitera que con fundamento en las normas anteriormente analizadas, las declaraciones electrónicas son el equivalente funcional de las declaraciones físicas y ambas tienen la misma validez jurídica y probatoria.

En consecuencia, tampoco prospera el cargo de apelación por ese argumento.

Incompetencia del funcionario que profirió el título ejecutivo

Con fundamento en el numeral 7º del artículo 831 del estatuto tributario, el apoderado de la sociedad demandante manifestó que se configuró la excepción, porque el mandamiento de pago 302-071 fue proferido por funcionario incompetente. Además, porque no obra en el expediente prueba del acto de delegación.

Sobre el particular la Sala precisa que la excepción alegada es improcedente, pues la falta de competencia a que alude el numeral 7º del artículo 831 del estatuto tributario se predica del título ejecutivo, más no del mandamiento de pago.

No obstante lo anterior, la Sala precisa que de conformidad con el artículo 824 del estatuto tributario, tienen competencia para exigir el cobro coactivo, el subdirector de cobranzas, los administradores de impuestos y los jefes de las dependencias de cobranzas. También son competentes para exigir el cobro coactivo de las deudas fiscales, los funcionarios de cobranzas y recaudación que tengan expresa delegación de dichas funciones.

En el caso concreto está probado que el mandamiento de pago lo profirió un funcionario delegado mediante la Resolución 157 del 30 de abril de 2003(20). En consecuencia, el citado funcionario estaba plenamente facultado para proferir el mandamiento de pago 302-071, tal y como expresamente lo manifestó en dicho mandamiento.

Por lo demás, es irrelevante que el acto administrativo conste o no en el expediente de cobro coactivo pues, como lo sostuvo el a quo, la resolución de delegación fue publicada y su contenido fue conocido por el apoderado de la sociedad demandante.

En consecuencia, tampoco prospera el cargo alegado por la demandante.

De la excepción de pago declarada en la sentencia de primera instancia (E.T., art. 831, num. 1º)

Le corresponde a la Sala definir si era procedente que el tribunal a quo declarara de oficio la excepción de pago, pues, conforme lo adujo la DIAN en la apelación y en los alegatos de conclusión, el pago constituye un hecho no discutido en vía administrativa, ni en la demanda.

Para resolver, la Sala considera pertinente precisar los hechos que se encuentran probados sobre el particular:

Pues bien, en el proceso se encuentra probado que mediante memorial del 16 de enero de 2004(21), la actora propuso excepciones contra el mandamiento de pago 302-0071 del 5 de diciembre de 2003. Concretamente, en ese escrito propuso las excepciones de “saldo a favor objeto de compensación” y falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

En la excepción denominada “saldo a favor objeto de compensación”, la actora adujo que tenía un saldo a favor originado en la declaración de renta correspondiente al año gravable de 2001, por la suma de $ 239.950.000, saldo con el cual dijo que compensaría las obligaciones objeto del mandamiento de pago numero 302-701 del 5 de diciembre de 2003.

También dijo que la solicitud había sido radicada el 16 de julio de 2002 y que la División de Recaudación de la Administración de los Grandes Contribuyentes la había rechazado mediante la Resolución 608-1917 del 26 de diciembre de 2002, resolución que fue confirmada con la Resolución 684-00056 del 18 de noviembre de 2003. Pero que, no obstante, iba a demandar esos actos administrativos.

En la Resolución 312 0003 del 27 de enero de 2004, la DIAN resolvió las excepciones y respecto de la referida al “saldo a favor solicitado en compensación” adujo que no estaba contemplada como excepción en el artículo 831 del estatuto tributario y que, además, estaba probado que la solicitud de compensación fue rechazada por la administración.

En el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 312 0003 del 27 de enero de 2004, la actora insistió en que tenía derecho al saldo a favor y a que se lo compensaran y que había demandado los actos administrativos que le negaron ese derecho.

En la Resolución 311 009 del 26 de febrero de 2004, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, la DIAN no se pronunció sobre la compensación del saldo a favor.

En la demanda, la actora tampoco hizo alusión a la compensación del saldo a favor. Sin embargo, en el memorial de alegatos de conclusión incluyó un capítulo que denominó “Extinción de las obligaciones”. En ese acápite enlistó las obligaciones que acreditaba pagadas con medidas de embargo y, además, que consideraba garantizadas con los resultados del proceso que adelantó ante la jurisdicción contra las resoluciones que le rechazaron la compensación del saldo a favor de la declaración de renta del año gravable 2002 con las obligaciones fiscales objeto de cobro. Así mismo, enlistó las obligaciones que acreditaba pagadas con el oficio GC 998-0722 del 25 de mayo de 2004, mediante el que la demandante autorizó a la DIAN que aplicara ciertos títulos de depósito judicial, resultado de ciertas medidas cautelares, por valor de $ 374.159.295.78.

Mediante auto para mejor proveer, el tribunal a quo decretó como prueba:

— que se oficiara a la DIAN para que allegara copia de la Resolución 608-1497 de 2003 y del oficio GC 998-0722 de 2004

— que se oficiara a la DIAN para que certificara si la demandante pagó la sanción por el impuesto de renta correspondiente al año 1997.

Con fundamento en el auto para mejor proveer, consta en el proceso que la división de cobranzas certificó, mediante oficio 00-31-061-161-1721, que “(…) Al revisar en el sistema de cuenta corriente al corte del 30 de agosto de 2007 y en el expediente objeto de cobro, se pudo comprobar que efectivamente la sociedad de la referencia canceló en su totalidad la sanción del impuesto de renta correspondiente al año 1.997 incluido en el mandamiento de pago 302-071 del 5 de diciembre de 2003”.

En razón a que la DIAN no atendió los otros requerimientos, mediante auto del 16 de noviembre de 2007 insistió en la práctica de la prueba y decretó que se oficiara a la demandante para que allegara la información que hacía falta.

Mediante memorial radicado el 19 de diciembre de 2007, la actora allegó al proceso las copias de las declaraciones electrónicas que presentó a la DIAN, la copia del oficio GC-998-0722 y le advirtió que no tenía copia de la Resolución 608-1497 mediante la cual la DIAN había rechazado la compensación. Adicionalmente, allegó copia del auto 704-016 del 30 de junio de 2004.

El oficio GC-998-722 que obra en el folio 186 del expediente es un oficio suscrito por la gerente de la empresa demandante mediante el cual solicita al administrador de grandes contribuyentes que aplique los títulos judiciales que obran dentro de cierto proceso que no identifica, por valor de $ 374.159.295.78. Y que el excedente por $ 48.675.548, se los devuelvan.

El auto 704-016 del 30 de junio de 2004, proferido por la división de cobranzas, tuvo como fin ordenar el endoso judicial de ciertos títulos de depósito judicial.

En los considerandos de ese auto se advierte que se hace referencia a la deuda fiscal de la parte actora y que según se aprecia, incluye las que son objeto del presente proceso; las medidas cautelares de embargo y de retención de sumas que la DIAN ordenó mediante la Resolución 225-0004 de 2004 para cubrir la deuda fiscal; la constitución de los títulos judiciales y el monto de los mismos; la orden de fraccionamiento de los títulos judiciales que decretó la DIAN mediante auto 705-004 del 2 de junio de 2004; la nominación y el monto de los títulos que se constituyeron a partir del fraccionamiento; la manifestación de voluntad que hizo la actora mediante oficio GC-998-0722 del 25 de mayo de 2004 para que se aplicaran esos títulos a la deuda fiscal; la caución que constituyó la parte actora para garantizar el saldo de la deuda insoluta contenida en el mandamiento de pago 302-0039 del 5 de junio de 2004; y la relación de los títulos que la demandante solicitó en devolución.

En la parte resolutiva, el auto ordena el endoso de los títulos que contienen el monto que la parte actora pidió en devolución.

Conforme con los hechos que aparecen probados en el proceso, considera la Sala que el tribunal a quo no debió decretar probada la excepción de pago, de manera oficiosa, por las siguientes razones:

Si bien la demandante alegó en vía administrativa y gubernativa que tenía un saldo a su favor y que su reconocimiento se iba a debatir ante la jurisdicción, se encuentra probado en el proceso que, a pesar de que la DIAN no hizo alusión a ese punto en la resolución que resolvió el recurso de reposición contra la resolución que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago, la actora no alegó esa circunstancia en la demanda. Por lo tanto, no era objeto de la litis.

El hecho de que la actora haya alegado la extinción de la obligación en los alegatos de conclusión en primera instancia, tampoco justifica que el a quo haya abordado ese tema y que haya decretado de oficio las pruebas para mejor proveer sobre la excepción de pago.

Además, las pruebas que, según el a quo, acreditan el pago, refieren a hechos ocurridos con posterioridad a expedición de los actos administrativos demandados(22). En ese contexto, el tribunal no tuvo en cuenta que la excepción de pago efectivo, prevista en el numeral 1º del artículo 831 del estatuto tributario se configura cuando la deuda fiscal ha sido pagada de manera previa a la expedición del mandamiento de pago.

La Sala reitera(23) que las excepciones son hechos que han ocurrido con anterioridad al mandamiento de pago y están dirigidas a desvirtuar la exigibilidad de la obligación, bien porque no existe título ejecutivo, o no está ejecutoriado, o la administración era incompetente para proferirlo, o ya se pagó o existe un acuerdo para el pago, o porque la obligación se encuentra sub judice ante la jurisdicción de lo contencioso.

Por el contrario, cuando el contribuyente paga la deuda fiscal con posterioridad al mandamiento de pago, como la demanda ante la jurisdicción de los actos que resolvieron las excepciones no impide que el proceso continúe, por lo menos hasta el remate(24), lo pertinente es que el contribuyente acredite ante la administración el pago para que ésta haga la correspondiente verificación y termine el proceso de cobro respecto de las obligaciones pagadas y, si es del caso, continúe con las insolutas(25). Pero no es pertinente que, en vía judicial, se alegue esa circunstancia, por fuera de la demanda y que, por esa misma circunstancia, se declare la nulidad de actos administrativos por hechos que no afectan su validez, sino, su ejecutoria.

Por lo tanto, la Sala revocará la decisión del tribunal a quo en cuanto declaró la nulidad de los actos con fundamento en la excepción de pago.

Lo anterior no es óbice para que la administración analice si la deuda fiscal objeto del presente proceso fue satisfecha por la actora, pues la Sala advierte que mediante sentencia del 6 de agosto de 2009, proferida por esta sección dentro del expediente 16306(26), se resolvió el litigio referido a la compensación del saldo a favor de la declaración de renta de la contribuyente del 2001 con las obligaciones fiscales objeto del proceso de cobro coactivo que se analizó en este expediente.

En esa sentencia, la Sala falló en el sentido de confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferida el 4 de octubre de 2006, que declaró la nulidad de las resoluciones 608-1917 del 26 de diciembre de 2002 y 684-000056 del 18 de noviembre del 2003, proferidas por la DIAN, que rechazaron el saldo a favor reflejado en la declaración de renta de 2001 de la empresa demandante.

A título de restablecimiento del derecho, ordenó “(...) Compensar el saldo a favor declarado por la sociedad Gómez Cajiao y Asociados S.A., en la declaración de renta del año gravable 2001 presentada el 9 de julio de 2002, saldo por valor de $ 239.950.000. Y, En su defecto (...) y si se concluye que no existen deudas contra las cuales compensar ese saldo, se ORDENA a la entidad demandada a devolver el monto que no sea susceptible de compensación a favor de la parte actora. (...)”.

En consecuencia, y habida cuenta de que en el proceso también obran otras pruebas que dan cuenta del pago de cierta parte de la deuda y de que ciertos títulos de depósito judicial también fueron aplicados a la otra parte de la deuda del proceso de cobro coactivo objeto del presente asunto, la administración deberá verificar si la deuda se encuentra pagada, sea mediante compensación, o por cualquier otro medio, toda vez que la Sala no encontró probadas las excepciones propuestas por el demandante en la demanda, contra dicho mandamiento.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCANSE los numerales segundo, tercero cuarto y quinto de la sentencia apelada. En su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

3. RECONÓCESE personería a la abogada Sandra Patricia Moreno Serrano, como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Se deja constancia de que ésta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

 

(5) Al respecto, ver sentencia 16443 del 1° de octubre de 2009. con ponencia del doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Demandante: Distribuidora Subaru de Colombia S.A. en Liquidación.

(6) “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”

(7) GUERRERO María Fernanda. El mercado de valores desmaterializado (aspectos técnico-legales). Ponencia del XIII Congreso Latinoamericano de Derecho Bancario. Santiago de Chile, 17 al 20 de Abril de 1994, Ps. 14-15. Citado en la sentencia 16443 ibídem.

(8) “Ley 527 de 1999. Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza obligatoria y probatoria es la otorgada en las disposiciones del capítulo VIII, del título XIII, sección 3ª, libro 2º del Código de Procedimiento Civil.

“En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haberse presentado en forma original”.

(9) “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”.

(10) Artículo 2º literal A).

(11) Sentencia C-662 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz.

(12) Artículo 5 de la Ley 527 de 1999.

(13) Artículo 10 de la Ley 527 de 1999.

(14) Artículo 11 de la Ley 527 de 1999.

(15) El profesor Hernán Fabio López Blanco, hace algunas precisiones frente al aspecto probatorio de los documentos electrónicos, al efecto dijo:

“En verdad lo que podríamos denominar el original del documento corresponde a lo que se halla grabado en la memoria del computador y, en exégesis pura, sería necesario aportar al proceso el aparato, lo que a todas luces es una extravagancia sin sentido. No obstante como lo que contiene esa memoria se exterioriza bien en una pantalla, ora mediante su impresión escrita, o disquette, resulta claro que podrá tomarse nota de la existencia del documento e incorporarlo al proceso mediante el escrito resultado de la labor de impresión o, así no sea la forma más práctica, en una inspección judicial mirando el juez lo que muestra la pantalla y dejando las constancias del contenido del mismo. ”LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio, Procedimiento Civil Tomo III Pruebas, Dupre Editores, Bogotá, 2001, página 354.

(16) Artículo 828 E.T. “Prestan mérito Ejecutivo: 1) Las Liquidaciones Privadas y sus correcciones contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 2) Las Liquidaciones Oficiales ejecutoriadas. 3)Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. (...)”.

(17) En cuanto a la presentación de las declaraciones tributarias por medio electrónico, la Sección en la sentencia del 14 de julio de 2000, señaló:

“(…) el artículo 578 ibídem, prevé que las declaraciones tributarias se deben presentar en los formatos que prescriba la DIAN, esto es, en los formularios oficiales, aun cuando excepcionalmente dicho organismo puede autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales.

De la interpretación armónica de las disposiciones en mención, se desprende que sin desconocer el mandato imperativo derivado del artículo 579 del estatuto tributario, en el sentido de que la presentación de las declaraciones tributarias ( que deben ser presentadas en formularios oficiales), se debe efectuar en los lugares y plazos que señale el gobierno nacional, el mismo gobierno nacional puede autorizar la presentación de las declaraciones a través de medios electrónicos, “en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento”.

Lo anterior quiere decir que es potestativo del gobierno autorizar o no la presentación de declaraciones por medios electrónicos, lo que se corrobora no sólo con la inflexión verbal “podrá” que trae el artículo 579-2 del estatuto tributario, sino con la prevención de “dejar a salvo” la presentación “documental” de las declaraciones en los lugares y plazos señalados, que es en últimas lo que significa la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 579”, que también trae la disposición en mención.

Dicho de otra manera: el obligado a declarar debe presentar su declaración tributaria ( en los formularios oficiales, por lo general), en los lugares y plazos que para el efecto señale el gobierno nacional, pero sólo esta entidad puede autorizar que los contribuyentes presenten su declaración por medios electrónicos, ya que si el gobierno lo dispone, así puede hacerlo”.

(18) “Artículo 1º. Las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos y retenciones en la fuente administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que se presenten electrónicamente, se hará a través del sistema de declaración y pago electrónico de la DIAN, el cual cuenta con los siguientes mecanismos de seguridad: (...)”.

“Artículo 11. Para todos los efectos jurídicos, los documentos electrónicos presentados a través del sistema de declaración y pago electrónico remplazarán los documentos físicos en papel. Cuando el contribuyente requiera presentar ante terceros o cuando una autoridad competente solicite copia de la declaración, la impresión en papel que se haga de las declaraciones electrónicas tendrá valor probatorio, siempre y cuando hayan sido impresas exclusivamente con los mecanismos establecidos en el sistema declaración y pago electrónico, cuando en ellas aparezca el documento completo sin tachaduras de ninguna clase y cuando estén plenamente identificados los dígitos de con (sic) rol manual y automático asignados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

No podrá efectuarse otro tipo de impresión o manipulación del contenido de las declaraciones y recibos electrónicos y no tendrá ningún valor la impresión sin el cumplimiento de los requisitos señalados. Con el objeto de que el tercero ante quien se presenten las declaraciones en forma impresa quiera tener certeza de la validez de dicho documento, podrá solicitar la confirmación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales“.

(19) Folios 143 – 163.

(20) Folios 44 a 46.

(21) Fls. 86 a 91.

(22) Los actos administrativos demandados datan de enero y febrero de 2004. La prueba que obra en los folios 141 y 142 datan de hechos certificados en el año 2007 (certificado de la DIAN sobre el pago de la sanción del impuesto de renta correspondiente al año 1997, incluida en el mandamiento de pago 302-071 del 5 de diciembre de 2003. La prueba que obra en los folios 186 a 190 datan de hechos ocurridos en mayo y junio de 2004 (oficioGC-998-0772 del 25 de mayo de 2004, auto 704 – 016 del 30 de junio de 2004).

(23) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de abril de 2007. Expediente 15057. Demandante: Almacenadora Suramericana del Comercio LTDA Masul Ltda. C.P. doctora Ligia López Díaz.

(24) Artículo 835 del E.T. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción contencioso-administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción”.

(25) Artículo 833 del E.T. Excepciones probadas. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere delc aso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. En igual forma procederá si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones. (…)”

(26) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de agosto de 2009. Expediente 16306. Demandante Gómez Cajiao y Asociados S.A. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.