Sentencia 2004-01291/43637 de julio 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 76001-23-31-000-2004-01291-01 (43637)

Actor: Gustavo Navarro Ramírez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Referencia: Acción de reparación directa (D. 01/84)

Tema: Falla en el servicio

Subtema 1: Privación injusta de la libertad

Subtema 2: Delitos políticos - Subversión - Ley 600 del 2000

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá, D.C., doce de julio de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: III. Consideraciones

3.1. Presupuestos de la sentencia de mérito.

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(10).

La acción de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues de conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se encuentra acreditado que la decisión de preclusión fue proferida por la Fiscalía General de la Nación, el 19 de abril del 2004, y la demanda se presentó el 26 de abril del 2004, es decir dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

El señor Gustavo Navarro Ramírez se encuentra legitimado en la causa por activa, por ser el afectado directo de la privación de la libertad por la cual se pretende indemnización de perjuicios.

También están legitimados Marco Antonio Navarro, María Justina Ramírez de Navarro, Ramiro Navarro Ramírez, Rosa Elvira Navarro Ramírez, Luis Ángel Navarro Ramírez y Nubia Navarro Ramírez, debido a que, mediante copia auténtica de los registros civiles de nacimiento, se demostró que son los padres y hermanos del afectado con la privación de la libertad. Igualmente, de acuerdo con lo narrado durante el proceso penal, así como las declaraciones extraprocesales allegadas al expediente(11), se constató que la señora Ana Lucía Anacona Cruz es la compañera permanente del señor Gustavo Navarro Ramírez.

Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(12); y es criterio reiterado y pacífico en esta Corporación que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, se concluye que la privación de la libertad que sufrió Gustavo Navarro Ramírez ha obrado como causa de un grave dolor en sus padres, hermanos y compañera permanente, y que por tanto, se encuentran legitimados en la causa por activa.

En relación con la legitimación en la causa por pasiva, se pone de presente que en el caso de autos el hecho reputado como generador del daño por la parte actora fue la privación de la libertad a la que fue sometido Gustavo Navarro Ramírez como consecuencia de la captura que realizó el Ejército Nacional durante el allanamiento en la residencia del demandante, por lo que se concluye que Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, se encuentra legitimada en la causa por pasiva, al tratarse de la entidad que ejecutó el hecho generador del daño alegado en la demanda.

3.2. Sobre la prueba de la responsabilidad.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria, y por tanto, el estudio de los hechos probados se hará en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño y hechos relativos a la imputación.

En lo concerniente a la negativa, por parte del a quo, de valorar los documentos que componen las piezas procesales del proceso penal adelantado en contra del señor Navarro Ramírez, por haber sido allegados en copias simples, la Sala advierte que dicho proceso fue remitido en copia auténtica por la Fiscalía 155 Seccional de Dagua, Valle, tal como consta en el oficio que obra a folio 87 del cuaderno 1, por lo que no hay lugar a negar su valoración probatoria.

Al respecto, la Sala reitera que el criterio establecido por la Sala Plena de Sección Tercera frente al valor probatorio de las copias simples cuando las mismas han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido objeto de contradicción por las partes sin que las tacharan de falsas, evento en el cual dichas copias son susceptibles de valoración e idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal. Tal postura se fijó en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013(13).

La Sala también observa que la parte actora aportó un recorte de prensa. Esta Corporación unificó su criterio en el sentido de decantar que la información difundida en los medios de comunicación no da certeza sobre los hechos a que se refiere la noticia, sino de su existencia, veamos(14):

Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(15). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(16).

En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “…son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “…son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”(17).

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”.

Por lo tanto, los recortes de prensa aportados con la demanda deberán ser cotejados con las demás pruebas que obran en el proceso, para constatar su eficacia probatoria.

3.2.1. Sobre la prueba del daño.

La parte demandante alegó que el daño consistió en la restricción a la libertad padecida por el señor Gustavo Navarro Ramírez, así como la agresión física en contra de la señora Ana Lucía Anacona Cruz, por parte de los militares, y las amenazas que provocaron el desplazamiento forzado del demandante.

Para acreditar los hechos atinentes al daño se cuenta con el siguiente acervo probatorio:

• Informe de captura suscrito por la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en el que se relata que el 29 de abril del 2002, “en desarrollo de la operación Militar “Cali Libre”, [una] Tropa de las Fuerzas Especiales capturó” al señor Gustavo Navarro Ramírez, como presunto integrante del Frente 30 de las FARC(18).

• Providencia de 1º de mayo del 2002, mediante la cual la Fiscalía 71 Local de la URI de Cali ordenó la libertad del señor Gustavo Navarro Ramírez bajo las siguientes consideraciones:

Una vez estudiadas cuidadosamente las diligencias anteriores, el informe de captura del señor Gustavo Navarro Ramírez y la diligencia de ratificación y ampliación del mismo rendida por el SS. Reinaldo Páez Idarraga, se pudo concluir que la aprehensión del anotado, no reúne los requisitos de la flagrancia (…).

Lo anterior, por cuanto el mismo fue retenido al interior de una finca, y no se encontraron documentos, o elementos tales como armas o municiones de uso privativo o uniformes que nos permitan inferir que el mismo hace parte de algún grupo armado al margen de la ley, las únicas armas o arma que se encontrara es de defensa personal y como se describen los hechos, se podría verificar la simple tenencia, es por ello que no se puede legalizar de manera positiva la aprehensión del señor Gustavo Navarro Ramírez, y se dispone dejarlo en libertad de manera inmediata mediante diligencia compromisoria(19).

• Certificación expedida el 28 de junio del 2002 por el personero municipal del municipio de Dagua, Valle del Cauca, en la que hace constar que el señor Gustavo Navarro Ramírez “residió en la vereda del Jordancito, jurisdicción del corregimiento de San Bernardo - Dagua, pero por la violencia que se está viviendo en la región, tuvo que abandonar la vereda, ahora está viviendo como persona desplazada en la ciudad de Cali”(20).

• Certificado de vecindad emitido por la junta de acción comunal de la vereda El Jordancito del municipio de Dagua, en el que indica que el señor Navarro Ramírez vivió allí desde el 2 de noviembre de 1998 hasta el 30 de abril del 2002(21).

• Denuncia por desplazamiento forzado presentada el 25 de julio de 2002 por el señor Gustavo Navarro Ramírez ante la Fiscalía Seccional de Cali, en contra del señor Alejandro N.N., miembro de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, con base en las amenazas que este último elevó en contra del denunciante, luego del allanamiento perpetrado en su residencia el 29 de abril del 2002(22).

• Providencia del 10 de marzo del 2003, proferida por la Fiscalía 155 de la Unidad de Fiscalía Seccional del municipio de Dagua, Valle del Cauca, en la que decidió precluir la investigación adelantada en contra del señor Gustavo Navarro Ramírez por el delito de rebelión y continuarla por el delito deporte ilegal de armas, en virtud de que durante el allanamiento se incautó una escopeta de propiedad del encartado(23).

• Providencia de 19 de abril del 2004, proferida por la Fiscalía 155 de la Unidad de Fiscalía Seccional del municipio de Dagua, Valle del Cauca, en la que decidió precluir la investigación adelantada en contra del señor Gustavo Navarro Ramírez por el delito porte ilegal de armas. En la resolución de preclusión se afirmó:

[A]l analizar las pruebas anexas a la presente investigación, lo primero que se destaca es que según el informe del Ejército realizaron un allanamiento sin ninguna autorización judicial y en su momento posiblemente el señor Gustavo Navarro Ramírez fue retenido ilegalmente sin previa orden judicial, evidentemente decomisaron un arma apta para la casa deportiva, la cual fue encontrada dentro de la habitación del señor Gustavo, pero solo se le podría endilgar la simple tenencia de arma de fuego ya que en el momento en que se realizó la requisa el presunto implicado se encontraba durmiendo y sin embargo se le está atribuyendo un porte que no existe y se lo retiene por ello sin cumplirse con lo reglado en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal que trata sobre allanamiento, procedencia y requisitos, pues ingresaron a la casa de Gustavo Navarro Ramírez sin ninguna orden de allanamiento de autoridad competente y lo retuvieron sin ninguna orden judicial ni en estado de flagrancia.

Considerando lo anterior, muy a pesar de haberse encontrado el arma, como primera medida con base en estas no era posible la retención ni la judicialización ya que se determinó como arma tipo caza deportiva, por ello, la se inició investigación; De otro lado, en nuestro sentir jurídico, la práctica de la prueba inicial es totalmente ilegal pues bien, como se ve es inocultable que dentro de esta investigación no aparece por ninguna parte de la investigación prueba alguna u ordenamiento legal de un fiscal o autoridad competente, que exprese o diga que el informe del ejército que da cuenta del allanamiento, se haya realizado mediante providencia o mandato legalmente producido por autoridad competente(24).

• Historia clínica de la señora Ana Lucía Anacona, quien acude al hospital Carlos Carmona Montoya en la ciudad de Cali, el 6 de junio del 2002, porque presentó hemorragia. La paciente fue remitida al Hospital San juan de Dios de Cali por aborto incompleto para que se le practique un legrado(25).

De acuerdo con lo anterior, la Sala constata que se encuentra acreditado el daño alegado en la demanda consistente en la privación de la libertad del señor Gustavo Navarro, desde el 29 de abril del 2002, cuando fue capturado por miembros del Ejército Nacional durante el allanamiento realizado en su residencia, hasta el 1º de mayo del mismo año, cuando la Fiscalía General de la Nación ordenó su libertad al definir la ilegalidad de su captura.

Igualmente se encuentra acreditado que el señor Gustavo Navarro Ramírez, luego de su detención, fue desplazado del municipio de Dagua donde residía, debido a la violencia que se vivía en la zona.

Por último, la Sala advierte que se encuentra acreditado que la señora Ana Lucía Anacona Cruz sufrió un aborto incompleto, el 6 de junio del 2002.

3.2.2. Sobre la imputación.

Según el artículo 90 de la Constitución, una vez verificada la antijuridicidad del daño padecido y demostrado por la actora, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado se desplaza hacia la esfera de la atribuibilidad del daño, en un proceso que nos permite dilucidar si éste puede ser imputado a la o las entidades demandadas, no sólo en el orden natural o fáctico, sino en el orden jurídico. En esa línea de acción, en el orden fáctico procede la verificar si el daño puede ser objetivamente atribuido (en el plano material) a la acción u omisión de aquellas o de alguna de ellas, al tanto que en el plano jurídico procede la constatación de la existencia de fundamentos para atribuirles la obligación del resarcimiento.

Para una adecuada imputación fáctica, procede la Sala a analizar los hechos y omisiones que fueron expuestos en la demanda, desde la perspectiva que ofrecen las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso. Así, se encuentra debidamente probado, a través de prueba documental allegada al expediente, en copias auténticas no controvertidas de documentos públicos trasladados del proceso penal al que estuvo vinculado el demandante, lo siguiente:

1. El 29 de abril del 2002, la Tercera Brigada del Ejército Nacional realizó un allanamiento ilegal a la vivienda del demandante, en desarrollo de la operación “Cali Libre”. Durante el allanamiento se efectuó la captura del señor Navarro Ramírez, señalado de pertenecer al Frente 30 de las FARC.

2. El 1º de mayo del 2002, la Fiscalía 61 local de la URI de Cali ordenó la libertad del señor Gustavo Navarro Ramírez, por cuanto su detención fue ilegal, debido a que no fue ordenada por autoridad judicial, ni se halló en situación de flagrancia.

Así las cosas, la Sala encuentra debidamente acreditado que el Ejército Nacional allanó la residencia y capturó al señor Navarro Ramírez de manera ilegal. Por tanto, como dicha entidad intervino en la actuación que influyó en la causación del daño alegado en la demanda, se procederá realizar el estudio de imputación correspondiente.

3.3. Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si el daño alegado en la demanda, consistente en la privación de la libertad del señor Navarro Ramírez, así como el desplazamiento forzado que soportó, y la afectación a la salud de la señora Ana Lucía Anacona, es jurídicamente imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad en el caso.

Demostrado el daño causado a las personas que integran la parte activa en este proceso, procede la Sala a determinar si este es de carácter antijurídico y si la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional tiene el deber de resarcir los perjuicios generados.

En el sub lite, se constató que el allanamiento a la residencia del señor Navarro Ramírez, así como su captura, fueron realizados de manera ilegal por el Ejército Nacional, puesto que no contaba con orden judicial para ello.

Lo anterior quedó claro, luego de que la Fiscalía General de la Nación, en resolución de preclusión, determinara que no se presentó una situación de flagrancia que avalara la procedencia del allanamiento sin orden judicial.

La Constitución Política de Colombia reconoce la libertad como un derecho esencial de la persona y como valor fundante del Estado social de derecho, por tanto, en el artículo 28 quedó establecido que: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.

De esta forma, el constituyente implantó una reserva legal para efectuar la afectación de la libertad individual, como garantía del respeto a este derecho fundamental, así como a la dignidad humana, por parte de los funcionarios que ejercen la potestad jurisdiccional.

Al respecto, la Corte Constitucional consideró:

Esta manifestación del principio de legalidad en el campo de las limitaciones a la libertad personal debe entenderse ha explicado la Corte, necesariamente ligada al concepto de representación democrática. En efecto, por tratarse de un derecho fundamental que se basa en el respeto a la dignidad humana, es necesario dotar de plena legitimidad a esas medidas restrictivas que deben consultar el conjunto de valores y principios establecidos en la Constitución y en particular el principio de separación de las ramas del poder público(26).

Del mismo modo, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia e incorporados al orden jurídico interno por vía del bloque de constitucionalidad han establecido mandatos sobre el derecho a la libertad como los siguientes:

“ART. 7º—Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. (…)(27).

“ART. 9º—1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. (…)(28).

Así las cosas, el derecho a la libertad ha sido concebido como un principio que, al constituir un elemento básico y estructural del Estado de derecho que reconoce y protege los derechos del individuo(29), solo puede ser intervenido por la potestad legislativa(30).

No obstante lo anterior, el derecho a la libertad no es absoluto, pues el ordenamiento jurídico colombiano permite la restricción de la libertad de las personas mediante la captura o la detención preventiva, con el objeto de “asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad”(31).

Sin embargo, el legislador estableció que las medidas restrictivas de la libertad deben ser decretadas por una autoridad investida de la potestad jurisdiccional, con todas las garantías del debido proceso, con un carácter estrictamente provisional y con el cumplimiento de los requisitos que estructuran su legalidad:

Los requisitos formales, es decir, la obligación de su adopción mediante providencia interlocutoria, que deberá contener la indicación de los hechos que se investigan, la calificación jurídica y los elementos probatorios que sustentan la adopción de la medida; y los requisitos sustanciales, mediante los cuales se exige para su adopción la existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad o de dos indicios graves de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso(32).

Sobre la captura, la constitución estableció la figura de la flagrancia, para aquellos casos en los que la situación delictiva requiere de una actuación inmediata ya sea por parte de un particular o de una autoridad pública. Sobre esta figura, la Corte Constitucional definió que se trata de “una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata de las autoridades [o de los particulares], cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal a quien, en las circunstancias anotadas, no podría exigírsele que esté presente, ya que de tenerse su presencia por obligatoria el aviso que debería cursársele impediría actuar con la celeridad e inmediatez que las situaciones de flagrancia requieren, permitiendo, de ese modo, la reprochable culminación de una conducta delictiva que pudo haber sido suspendida merced a la penetración oportuna de la autoridad al lugar en donde se desarrollaba (…)”(33).

Así las cosas, la captura en flagrancia constituye una excepción a la reserva judicial para la aprehensión de una persona, siempre y cuando se cumplan los supuestos de inmediatez en relación con la comisión del delito, y el capturado sea puesto a disposición de la autoridad judicial en el menor tiempo posible.

Finalmente, la normativa penal vigente para la época de los hechos bajo estudio consagró la procedencia del allanamiento en caso de flagrancia, de la siguiente manera: “En casos de flagrancia cuando se esté cometiendo un delito en lugar no abierto al público, la policía judicial podrá ingresar sin orden escrita del funcionario judicial, con la finalidad de impedir que se siga ejecutando la conducta”(34).

En el caso en concreto, la Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación, al realizar la valoración correspondiente al allanamiento y la captura realizados por el Ejército Nacional, determinó que estos fueron adelantados de forma ilegal, por cuanto no se configuró una flagrancia que fundamente la excepción judicial para la procedencia de dichas actuaciones por parte de los miembros de tal entidad.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la autoridad pública que realizó el allanamiento y la captura del señor Navarro Ramírez en su vivienda no fundó su actuación en uno de los supuestos que permite que una persona sea privada de la libertad y que un inmueble sea allanado sin orden judicial previa, se concluye que la vulneración a los derechos de actor no constituye una carga que estuviera obligado a soportar.

Lo anterior, debido a que, como se expuso, no se cumplieron los postulados normativos que el ordenamiento jurídico prevé para la procedencia de una afectación al derecho a la libertad, sin la reserva judicial que se encuentra prevista para ello.

Como se encontró probado el daño y además su antijuridicidad, la Sala procederá a analizar si este es imputable a la entidad demandada.

La privación de la libertad, así como la posibilidad de allanar una vivienda, son actuaciones que, como se expuso, están reservadas a las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales. La Ley 270 de 1996 señala las entidades que hacen parte de la Rama Judicial y las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, así como los casos en los que los particulares cumplen con dicha función(35).

El Ejército Nacional hace parte de las Fuerzas Militares que integran la Fuerza Pública Nacional y que tiene como “finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”(36).

De acuerdo con lo anterior, el Ejército Nacional como autoridad pública, al igual que los particulares, tiene la potestad de efectuar capturas solo en los casos en que se presente una situación de flagrancia, pues dentro de sus funciones constitucionales no se encuentra la de decidir sobre la privación de la libertad de una persona.

De acuerdo con los hechos demostrados en el presente caso, el Ejército Nacional no realizó el allanamiento y la captura con base en la comisión de un delito por parte del afectado, sino que, tal como lo concluyó la Fiscalía vulneró sus derechos fundamentales sin el amparo de una situación de flagrancia que permitiera aplicar una excepción.

En el proceso se demostró que el Ejército Nacional actuó en ejercicio de sus funciones públicas y prevalido de su condición de autoridad, lo que lleva a concluir que incurrió en una falla en el servicio, al incumplir su deber de protección para con los administrados y realizar un allanamiento y una captura de manera ilegal.

Los anteriores razonamientos son suficientes para considerar que el daño antijurídico sufrido por la parte actora es atribuible a la falla en el servicio cometida por la entidad demandada, por lo que es dable concluir que esta se encuentra en la obligación de resarcir los perjuicios que del daño se derivan.

Ahora bien, la parte actora relató en la demanda, que los integrantes del Ejército Nacional durante el allanamiento ilegal hostigaron a la señora Ana Lucía Anacona Cruz, quien fue golpeada “con la trompetilla de una (sic) arma corta fuertemente en el abdomen y debido a la presión se desmayó golpeándose contra el piso, situación que posteriormente le produjo una dolorosa consecuencia, pues la señora se encontraba en estado de gravidez y a raíz de ello perdió su bebé”.

Como prueba de lo anterior, obra en el expediente copia de la historia clínica de la señora Ana Lucía Anacona, correspondiente al procedimiento médico realizado el 6 de junio del 2002, luego de presentar hemorragia durante varios días encontrándose en estado de embarazo.

No obstante, no resulta posible atribuirle al Ejército Nacional la afectación de salud sufrida por la demandante, debido a que el material probatorio allegado no expone de manera detallada cuál fue la causa de la hemorragia. Por el contrario, de la declaración rendida por el médico Leonel Gulloso Pedrozo, quien laboraba en esa época en el hospital al que acudió la demandante y a quien se le exhibió la historia clínica, se desprende que las causas de la condición de salud que afectó a la señora Anacona Cruz son múltiples(37).

Así las cosas, de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario no se puede establecer que la causa del daño a la salud alegado en la demanda obedezca a una actuación de la entidad demandada por uso desproporcionado de la fuerza en contra de la demandante, por lo que no es posible imputarle dicho daño al Ejército Nacional.

Finalmente, se alegó en la demanda que con ocasión de la actuación de la entidad demandada, consistente en el señalamiento infundado del señor Gustavo Navarro como integrante de las FARC, este se vio obligado a cambiar su lugar de residencia. En la demanda se anotó:

[D]ebido al señalamiento que se hizo en contra del señor Gustavo Navarro, se vio obligado a dejar su vivienda y trabajo en la finca Villa Rosa, trasladándose con su familia a la ciudad, sin saber qué hacer pues en ese momento se sumó a la larga lista de desplazados que existe en nuestro país a raíz de la violencia (fl. 56 de la demanda).

En el presente proceso se encontró probado que el señor Gustavo Navarro tuvo que abandonar su lugar de residencia, luego del allanamiento y captura ilegal efectuados por el ejército. Así lo certificó el personero municipal. Además, la junta de acción comunal municipal indicó que el señor Navarro Ramírez vivió en el municipio de Dagua, Valle del Cauca hasta el 30 de abril del 2002, fecha que coincide con los hechos ocurridos.

La Constitución Política de Colombia garantiza la libre circulación por el territorio nacional, así como la libertad para escoger el lugar de residencia(38). El desplazamiento forzado ha sido definido por la jurisprudencia como “una situación fáctica como consecuencia de la cual se produce un desarraigo producto de la violencia generalizada”(39).

La Ley 387 de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia de la República de Colombia”, definió la condición de desplazamiento así:

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público.

De acuerdo con el concepto de bloque de constitucionalidad, las disposiciones internaciones sobre desplazamiento forzado son aplicables al ordenamiento jurídico interno. En ellas se consagra la prohibición expresa de desplazamiento forzado, así:

“ART. 17.—Prohibición de los desplazamientos forzados

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto(40).

Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra:

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

En consonancia con lo anterior, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula:

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia (…). Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto.

De esta forma, la jurisprudencia de esta Corporación en aplicación de la normativa vigente sobre desplazamiento ha establecido que tal condición “implica que la persona (o personas) se ven obligadas forzosamente a migrar, a desarraigarse del lugar en donde tenía afincada su residencia o el lugar habitual de su actividad profesional, productiva o económica, ante las amenazas a su vida, integridad física, libertad personal, dignidad, como consecuencia del conflicto armado interno, de la violencia generalizada, de la vulneración masiva, continuada y sistemática de los Derechos Humanos, de la infracción al Derecho Internacional Humanitario, o de toda aquella circunstancia que altere, modifique o quiebre radicalmente el orden público”(41).

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia C-372 de 2009 estableció que la situación fáctica que genera el desplazamiento hace exigible la garantía de los derechos esenciales del afectado, por lo que esta debe “ser entendida y aplicada de manera amplia con arreglo al principio pro homine”. También indicó que para que se configure la situación de desplazamiento se deben tener en cuenta los siguientes elementos básicos: “(i) la coacción; (ii) la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación y (iii) la inminencia o efectiva ocurrencia de hechos que puedan propiciar desarraigo”.

En cuanto a la concepción en sentido amplio del concepto de desplazado, el Tribunal Constitucional ha precisado que las causas de la situación de desplazamiento pueden derivarse tanto de la acción directa por parte de grupos armados al margen de la ley, como también de una acción legítima o ilegítima del Estado. Al respecto, en la Sentencia T-630 del 2007 se anotó:

[S]i bien el Estado se encuentra ante el deber constitucional de perseguir y sancionar a aquellos que con ocasión del conflicto armado hayan delinquido, también lo es que esta acción legítima del Estado puede ocasionar una situación de riesgo especial o excepcional sobre aquella persona que finalmente es absuelta por la autoridad judicial competente, y por supuesto, sobre la familia del mismo. En otras palabras, el desplazamiento forzado puede perfectamente tener como causa no sólo el accionar directo e inmediato de grupos armados al margen de la ley, sino una inicial acción legítima del Estado, a la cual es sometida el ciudadano, y que finalmente cesa en cuanto a sus efectos directos sobre el derecho a la libertad del procesado pero que, a su vez, ocasionan un grado tal de estigmatización social y de amenazas de grupos armados irregulares, que el grupo familiar se ve forzado a huir en busca de seguridad (…).

A decir verdad, dadas las especiales condiciones de conflictividad que se presentan en determinadas regiones del país, el simple señalamiento por parte de las autoridades competentes como integrante de un grupo armado irregular suele elevar los niveles de riesgo del sindicado y su familia, situación que, en muchas ocasiones, ni siquiera cesa así se cuente con una decisión judicial en firme a favor del imputado. De allí que la persona y su núcleo familiar se vean obligados a abandonar sus lugares de residencia y buscar refugio en otros municipios o incluso, en caso de las grandes ciudades, en otras localidades (desplazamiento intraurbano).

De lo anterior se puede concluir que las causas del desplazamiento forzado son múltiples, diversas y concurrentes y pueden devenir de la actuación legítima o ilegítima del Estado.

Ahora bien, respecto de los derechos que resultan vulnerados cuando se concreta la situación de desplazamiento la Sentencia Constitucional T-585 de 2006 expuso que la población que se ve afectada por dicha situación adquiere una condición de vulnerabilidad, debido a que su situación “le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida”; además soporta una condición de exclusión que implica “la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen”; y, sufre una situación de marginalidad, debido a que ingresa a un “nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que, en el presente caso, si bien no se encuentran plenamente acreditadas las afirmaciones realizadas en la demanda sobre las amenazas que hubiera proferido un miembro del Ejército Nacional en contra del demandante que provocara, de manera directa su desplazamiento, está demostrado que el allanamiento y la captura ilegal de que fue sujeto el demandante, ocurrieron como consecuencia del señalamiento realizado en su contra de pertenecer al grupo insurgente FARC, hecho que resulta propicio para generar una situación de desplazamiento forzado.

Lo anterior encuentra fundamento en que el señalamiento realizado al señor Navarro Ramírez, ocurrió en un contexto de violencia que se vivía en la zona, tal como lo certificó la personería municipal, debido a que para la época estaba en desarrollo la operación militar denominada “Cali Libre”, que tenía como propósito la liberación de los 12 diputados de la asamblea del Valle del Cauca que fueron secuestrados por la guerrilla de las FARC.

Así las cosas, aunque en el presente proceso no se logró establecer que los agentes del Estado fueron quienes, de manera directa, instigaron al actor para que abandonara su lugar de residencia, la jurisprudencia de esta Corporación ha adoptado criterios de imputación que van más allá de la determinación de una falla del servicio que cause materialmente el daño antijurídico, como aquellos en los que la responsabilidad del Estado deviene de incumplimiento de su deber jurídico de protección frente a la víctima, inclusive cuando el daño es causado por terceros, en virtud de la posición de garante que asume al concretarse un daño en cabeza de los asociados(42).

En el presente caso, se constató el señor Navarro Ramírez fue capturado ilegalmente, señalado de pertenecer a la guerrilla de las FARC, y que, a pesar de haber sido dejado en libertad por la Fiscalía, tuvo que abandonar su lugar de residencia, en virtud del contexto de violencia que se vivía en la zona. Así, teniendo en cuenta que el señalamiento que se le realizó al actor guarda relación directa con la situación de conflicto por la cual tuvo que desplazarse, la Sala concluye que el daño causado a la parte actora, tanto por la privación ilegal de la libertad del señor Gustavo Navarro Ramírez, como por su posterior desplazamiento, es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia denegatoria, se impone revocar el fallo de primera instancia y, en consecuencia, se procederá a liquidar la correspondiente indemnización de perjuicios.

3.5. Análisis de la Sala sobre los perjuicios.

3.5.1. Perjuicios inmateriales.

3.5.1.1. Perjuicios morales por la privación de la libertad de Gustavo Navarro Ramírez.

Las personas naturales tienen derecho a disfrutar de una vida interior o espiritual, plácida, sosegada y pacífica. Cuando esta condición se altera para dar paso al dolor, a la angustia, a la aflicción, se configura una modalidad de daño que se conoce con el apelativo de daño moral.

Este daño, como colofón de una elemental regla de experiencia, se presume en la víctima directa de la lesión en un derecho inherente a su condición humana, como lo es el derecho a la libertad física. Con apelación a la misma regla, se presume de los vínculos naturales de afecto y solidaridad que se crean entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, y hermanos. Así lo ha entendido en forma reiterada la jurisprudencia de la Sección Tercera desde el año 1992(43).

Luego, la Sala encuentra probado este daño, en cabeza del afectado directo, Gustavo Navarro Ramírez y de Marco Antonio Navarro, María Justina Ramírez de Navarro, Ramiro Navarro Ramírez, Rosa Elvira Navarro Ramírez, Luis Ángel Navarro Ramírez, Nubia Navarro Ramírez y Ana Lucía Anacona Cruz con base en las pruebas de parentesco y de convivencia que obran en el expediente y que fueron referidas con ocasión del análisis de la legitimación en la causa por activa.

En cuanto a la tasación del perjuicio, la Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso, en sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014, las reglas para determinar el monto de los perjuicios morales causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad, tasados en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVictima directa, conyugue o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

Así las cosas, en el presente caso le corresponde al señor Gustavo Navarro Ramírez y a su núcleo familiar en primer grado de consanguinidad (padres y compañera permanente), la suma equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y a sus hermanos, quienes se encuentran en el segundo nivel, les corresponde la suma equivalente a siente coma cinco (7,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lo anterior teniendo en cuenta la afectación moral producida con el daño, que se prueba con la simple acreditación del parentesco, por lo que no se exige su demostración y se presume con base en las reglas de la experiencia.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
 Gustavo Navarro Ramírez (víctima de la privación injusta)15 smlmv
Ana Lucía Anacona Cruz (compañera permanente)15 smlmv
Marco Antonio Navarro (padre)15 smlmv
María Justina Ramírez (madre)15 smlmv
Ramiro Navarro Ramírez (hermano)7,5 smlmv
Rosa Elvira Navarro Ramírez (hermana)7,5 smlmv
Luis Ángel Navarro Ramírez (hermano)7,5 smlmv
Nubia Navarro Ramírez (hermana)7,5 smlmv

3.5.1.2. Perjuicios morales por el desplazamiento forzado de Gustavo Navarro Ramírez.

Sobre la prueba del daño moral padecido por quien ha sido desplazado, la jurisprudencia de esta sección ha establecido que constituye un hecho notorio que permite inferir un sufrimiento por parte de quienes ostentan dicha condición.

[C]onstituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional(44).

Así, como quiera que en el presente caso quedó demostrada la condición de desplazamiento forzado que padeció el señor Gustavo Navarro Ramírez, la Sala reconocerá a su favor la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título de indemnización por perjuicios morales causados por el desplazamiento forzado que padeció, teniendo en cuenta el tope máximo de indemnización establecido en sentencia de unificación de 28 de agosto del 2014(45).

3.5.1.3. Perjuicios por violación de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

En la demanda se afirmó que la publicación de la captura del señor Gustavo Navarro Ramírez en los medios de comunicación afectó su imagen y buen nombre en la comunidad donde habitaba.

La Sala constata que los apartes noticiosos allegados al expediente dan cuenta de que el demandante fue señalado por los medios de comunicación como uno de los guerrilleros de las FARC capturados por el Ejército Nacional, con ocasión de la operación “Cali Libre”, que se adelantó con el fin de liberar a los 12 diputados de la asamblea departamental del Valle del Cauca secuestrados por este grupo subversivo.

Teniendo en cuenta la magnitud del señalamiento, debido al gran impacto que tuvo el mencionado secuestro a nivel nacional, aunado a que se demostró que el señor Navarro Ramírez tuvo que abandonar su lugar de residencia por razones de seguridad, la Sala encuentra demostrado que el actor sufrió perjuicios que se concretaron en la afectación a su buen nombre, a la familia y a la libre escogencia de su lugar de residencia.

De acuerdo con lo establecido en sentencia de unificación sobre la indemnización de los daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, estos deben ser reconocidos como una tercera categoría de carácter autónomo y ostentan las siguientes características:

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

Así mismo, se estableció que la reparación del referido daño inmaterial, por la vulneración a un bien o derecho convencional y constitucionalmente amparado, como en este caso es el buen nombre, el honor o la honra, se hará, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y 16 de la Ley 446 de 1998 y abracará los siguientes aspectos:

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 smlmv, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.

v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.

vi) Es un daño frente al cual se confirma el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que, en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado.

De conformidad con lo anterior, la Sala ordenará la adopción de medidas para la reparación integral del daño producido por la publicación en los medios de comunicación del señalamiento del señor Gustavo Navarro Ramírez como miembro del grupo insurgente FARC capturado durante el desarrollo del a operación militar denominada “Cali Libre”.

A título de restitución(46) se ordenará al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional que realice una publicación en un medio de comunicación de difusión nacional rectificando la información sobre la captura ilegal del señor Navarro Ramírez.

A título de medida de satisfacción(47), la Sala ordenará al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional divulgar este fallo en su página web.

3.5.2. Perjuicios materiales.

3.5.2.1. Lucro cesante.

En casos de privación injusta de la libertad, la jurisprudencia ha reconocido reiteradamente indemnización por lo dejado de devengar por el afectado con la medida, durante el tiempo que perdure la detención, en el entendido que esta le impide realizar alguna actividad con la que pueda obtener sustento económico.

Adicionalmente, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y de los principios de reparación integral y equidad contenidos en dicha norma(48), el criterio jurisprudencial atiende al reconocimiento de una indemnización correspondiente al valor de 35 semanas de trabajo, por el tiempo en que, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel.

En el presente caso se afirmó en la demanda que el señor Navarro Ramírez trabajaba como administrador de la finca de propiedad de su padre, el señor Marco Antonio Navarro, labor por la cual devengaba un salario mínimo. Si bien en el proceso no se encuentra debidamente probado el monto de los ingresos mensuales del demandante, la Sala aplicará la presunción que indica que una persona en edad productiva devenga, al menos, un salario mínimo mensual, y realizará la liquidación del lucro cesante con base en esta suma.

La jurisprudencia ha reconocido que, en promedio, según la información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—, una persona en edad económicamente activa suele tardar un periodo de 35 semanas (8.7 meses) en encontrar un nuevo empleo.

De esta forma, el periodo a indemnizar en el presente caso es igual a 8,76 meses, que equivalen a 0,06 meses de privación de la libertad, más 8,7 meses del tiempo en que el demandante retomaría alguna actividad laboral o productiva.

La fórmula aplicable para realizar la liquidación es:

S = Ra(1 + i)n - 1
——————
i

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es el ingreso mensual

i = Es el interés puso equivalente a: 0.004867

n = Es el periodo indemnizable en meses

Total perjuicios materiales por lucro cesante:

S = $ 737.717(1 + 0.004867)8,76 - 1 = $ 6.585.784
———————————
0.004867

En este orden de ideas, corresponde a Gustavo Navarro Ramírez, por concepto de lucro cesante, la suma de seis millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte. ($ 6.585.784).

3.6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida el 30 de noviembre del 2011, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la privación injusta de la libertad y el desplazamiento forzado que padeció el señor Gustavo Navarro Ramírez.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a favor de los demandantes las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales, por la privación de la libertad que soportó el señor Gustavo Navarro Ramírez:

NivelDemandanteIndemnización
 Gustavo Navarro Ramírez (víctima de la privación injusta)15 smlmv
Ana Lucía Anacona Cruz (compañera permanente)15 smlmv
Marco Antonio Navarro (padre)15 smlmv
María Justina Ramírez (madre)15 smlmv
Ramiro Navarro Ramírez (hermano)7,5 smlmv
Rosa Elvira Navarro Ramírez (hermana)7,5 smlmv
Luis Ángel Navarro Ramírez (hermano)7,5 smlmv
Nubia Navarro Ramírez (hermana)7,5 smlmv

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a favor del señor Gustavo Navarro Ramírez la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales causados por el desplazamiento forzado.

4. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional que, como medida de restitución, realice una publicación en un medio de comunicación de difusión nacional rectificando la información sobre la captura ilegal del señor Navarro Ramírez.

5. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional que, como medida de satisfacción, publique esta providencia en su página web.

6. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a favor del señor Gustavo Navarro Ramírez la suma de seis millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte. ($ 6.585.784), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

7. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

8. Aplicar lo establecido en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

9. En firme este fallo devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(10) La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) Declaración extraprocesal rendida por las señoras Angelina Tafur y Yira Lezama Capera ante la Notaría 18 del Circuito de Cali, el 16 de agosto del 2002 y declaración extra procesal rendida por Gustavo Navarro Ramírez y Ana Lucía Anacona Cruz ante la Notaría Tercera de Cali el 11 de julio del 2002 (…). Folios 18-19, cdno. 1.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, exp. 20750, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, rad. 25.022.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2012, rad. 2011-01378.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de junio de 1996, rad. 9255; sentencia del 15 de junio de 2000, rad. 13.338; sentencia del 10 de noviembre de 2000, rad. 18.298; sentencia del 16 de enero de 2001, rad. ACU-1753; sentencia del 25 de enero de 2001, rad. 3122 y sentencia de 6 de junio de 2002, rad. 739-01.

(16) En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre 10 de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, sostuvo la tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso sólo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2007, exp. AP-00029.

(18) Folio 25, cdno. 1. Acta de derechos del capturado, folio 43, cdno. 1.

(19) Folio 101, cdno. 1. Acta de diligencia de compromiso, folio 104, cdno. 1.

(20) Folio 33, cdno. 1.

(21) Folio 23, cdno. 1.

(22) Folios 20-22, cdno. 1.

(23) Folios 34-36, cdno. 1.

(24) Folios 76-78, cdno. 1.

(25) Folios 43-50, cdno. 1.

(26) Corte Constitucional, Sentencia C-479 del 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(27) Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978 conforme su artículo 74.2 y aprobada en Colombia en la Ley 16 de 1972.

(28) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su artículo 49 y aprobado en Colombia en la Ley 74 de 1968.

(29) Constitución Política, ART. 5º—El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

(30) Constitución Política, ART. 152.—Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; b) Administración de justicia (…).

(31) Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(32) Ibídem.

(33) Corte Constitucional, Sentencia C-239 del 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. [15] sentencias C-657 de 1996, y C-256 de 2008.

(34) Artículo 294 de la Ley 600 del 2000.

(35) Ley 270 de 1996, “ART. 12.—Del ejercicio de la función jurisdiccional por la rama judicial. La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la constitución política y en la presente ley estatutaria.
Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la constitución o la ley a otra jurisdicción.
ART. 13.—Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la constitución política:
1. El congreso de la república, con motivo de las acusaciones y faltas disciplinarias que se formulen contra el presidente de la república o quien haga sus veces; contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.
2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal; y
3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un centro de arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso”.

(36) Constitución Política de Colombia, artículos 216 y 217.

(37) Declaración rendida por el señor Leonel Gulloso Pedrozo, ante el Juzgado 14 Administrativo de Cali en la que manifestó: “Preguntado: Sírvase manifestar al despacho cuál es la fecha probable en la que ocurrió el aborto. Contesto: Se toma que ocurre simultáneamente con la sintomatología, lo que no quiere decir que no haya eventos previos que lo hayan ocasionado, entre estos eventos puede estar traumas, alteración de salud, anemia severa, problemas de azúcar, diabetes o infección” (fls. 168-169, cdno. 1).

(38) Constitución Política de Colombia, artículo 24.

(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero del 2011, exp. 31093, C.P. Jaime Orlando Santofimio.

(40) Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, ratificado por la Ley 171 de 1994.

(41) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero del 2011, exp. 31093, C.P. Jaime Orlando Santofimio.

(42) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 18436, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(43) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de julio de 1992. expediente. 6750. C.P. Daniel Suárez Hernández.

(44) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, rad. 25000232600020010021301, Actor: Jesús Emel Jaime Vacca y otros, Demandados: la Nación - Ministerio de Defensa y otros.

(45) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(46) “La primera de las formas es la restitución constituida como una manifestación ideal de reparación en la medida que busca poner a la víctima en la situación que se encontraba antes de las violaciones a sus derechos, como si no hubiesen ocurrido. Sin embargo como antes muchos de los eventos de las violaciones de derechos humanos, la posibilidad de dejar a la víctima en las condiciones que deberá haber tenido de no presentarse los hechos, resulta imposible, se aplicarán otras formas de reparación”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(47) “Una cuarta manifestación es la satisfacción, una noción difusa que abarca principalmente la reparación simbólica. Este concepto es uno de los que junto la garantía de no repetición está más desarrollado en los principios. Es así como está integrado por el reconocimiento a las víctimas, conmemoraciones y homenajes o las disculpas públicas entre otras medidas de las cuales se ocupa el principio 22. La satisfacción no debe confundirse con la indemnización por el daño moral o psicológico ni con las medidas de rehabilitación, aunque indiscutiblemente todas ellas aportan significativamente a la superación del daño.
De forma más concreta, hace referencia a un número de medidas que buscan reintegrar la dignidad de la víctima cesando la violación y reconociendo el daño infligido a esta. La amplia gama de medidas que incluye la satisfacción, puede ser resumida entre dimensiones: la obligación de modificar la legislación o las prácticas que ofendan a las víctimas y en todo caso investigar los abusos cometidos en el pasado; la ejecución de medidas que busquen el reconocimiento o aceptación de la responsabilidad; y por último, las medidas necesarias para llevar a cabo la reintegración de las víctimas en la sociedad restaurándoles su dignidad, su reputación y sus derechos”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(48) Consejo De Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, exp. 14686, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Salvamento de Voto

Me aparto de la decisión que se adoptó en la providencia del 12 de julio de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. La jurisprudencia de la Sala(1) tiene determinado que el daño antijurídico sufrido por el incumplimiento del deber de seguridad es imputable, a título de falla del servicio, en aquellos eventos en los cuales las autoridades públicas no atiende la solicitud de protección, o cuando las condiciones especiales de la víctima permitían inferir razonadamente la vulneración de sus derechos.

Como en este caso no obran pruebas de que la víctima formuló una petición de protección, ni que su desplazamiento se produjo por razones que la entidad demandada conocía, tampoco que existieron amenazas en contra del demandante, el daño no era imputable al Estado, tal como lo expresé en el numeral 1º del salvamento de voto 48.842/2016.

2. En relación con la aplicación de la “posición de garante” al derecho de daños, me remito al numeral 2º del salvamento de voto 33.494/2016.

Fecha ut supra, 

Guillermo Sánchez Luque 

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 2008, rad. 17.044.