Sentencia 2004-01299/39388 de noviembre 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 7600-12-33-10-00-2004-01299-01(39388)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Pedro Enrique Sarmiento Solís y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Referencia: acción de reparación directa

Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar se niegan las pretensiones de la misma porque se configuró un eximente de responsabilidad como lo es la culpa exclusiva de la víctima. Restrictor: Aspectos procesales - Legitimación en la causa - Caducidad de la acción / Presupuestos de la responsabilidad del Estado - El derecho a la libertad individual - Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

Bogotá, D. C., veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(20), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Pedro Enrique Sarmiento Solís, en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, María Gloria Amparo López Cárdenas(21) (cónyuge), Pamela Sarmiento López(22), Paula Catalina Sarmiento López(23) y Pedro Daniel Sarmiento López(24) (hijos) quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Seccionales y los Juzgados Penales en las etapas de instrucción y juzgamiento a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(25), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(26). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(27).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(28).

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 9 de octubre de 2002 lo que en principio indica que el término de caducidad vencería el 10 de octubre de 2004.

Sin embargo, antes del vencimiento del término de caducidad, esto es, el 18 de diciembre de 2002 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se llevó a cabo el 4 de febrero de 2003 y se declaró fracasada por falta de ánimo conciliatorio de las partes, según se observa en el acta suscrita ese mismo día(29).

Así las cosas, el cómputo de la caducidad se suspendió durante 1 mes, 2 semanas y 3 días (48 días) de manera que su vencimiento se corrió hasta el 29 de noviembre de 2004 y la demanda fue presentada el 26 de abril de 2004, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(30).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(31) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(32).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(33).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(34).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(35)-(36) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(37).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P., debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(38).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa.

(…)”. (Subraya fuera del texto)

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(39).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

En el sub lite los demandantes pretenden la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios a ellos causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Pedro Enrique Sarmiento Solís, producto de la actuación de la Fiscalía General de la Nación - Dirección Regional de Fiscalías - quien el 15 de octubre de 1998 profirió resolución de apertura de instrucción y vinculación a la misma por ser presunto autor del hecho punible de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con fundamento en las fotocopias de algunos títulos valores que se encontraban a nombre del demandante y su esposa los cuales eran consignados en su cuenta bancaria de la cual éstos eran los titulares y dineros procedentes de Miguel Rodríguez Orejuela o de empresas llamadas de fachada que él manejaba.

De acuerdo con lo anterior la Sala encuentra acreditado que el señor Pedro Enrique Sarmiento Solís rindió indagatoria(40)-(41) el día 20 de octubre de 1998 ante la Dirección Regional de Fiscalías - Sección Recepción de Diligencias Secretaría Colectiva de Bogotá y en ella señaló que:

“(…) el domingo en horas de la noche en el noticiero Tele pacífico anunciaron lo de [la investigación que contra él señor Sarmiento Solís cursaban por sus presuntos vínculos con el cartel de Cali y el equipo deportivo América de Cali] y el lunes en las horas de la mañana hablé con el Dr. Beltrán, mi apoderado para ponernos de acuerdo de estar pendientes de esa noticia y de confrontar si era cierto o no, eso sucedió el lunes a las ocho y media de la mañana él supo de esta situación y Yo, no me encontraba en ese momento en mi casa y entonces me llamaron para que fuera y allí estaba El doctor Beltrán con los funcionarios del CTI (…), allí partimos al CTI nos presentamos, me hicieron lo de las huellas, me tomaron foto[s], después me bajaron al segundo piso calabozo, allí dormí, esta mañana en las horas de la mañana viajamos a las seis y media siete de la mañana, Cali - Bogotá y me trasladaron a la Fiscalía Regional de Bogotá (…).

[en la misma diligencia le preguntaron] Presume usted porque motivo se encuentra presente en esta diligencia CONTESTO. Supongo, no sé con exactitud, el requerimiento pero, creo que debe ser por los cheques recibidos del América y de Miguel Rodríguez Orejuela por concepto de primas, premios o bonificaciones especiales que me ofrecía por partidos, (…) Yo era encargado elegido por el cuerpo técnico y jugadores para recibir esos premios (…) [y] repartir de acuerdo a lo dispuesto (…) aport[ó] los certificados de ingresos y retenciones en la fuente en original, para los años 89, 90, 91 y 93 y en fotocopia los del 92 y 94, (…) aport[ó] una chequera del banco de Colombia con los talonarios correspondientes a los cheques 2599411 al 40 para un total de 30 cheques (…)correspondiente a mi cuenta personal Nº 8023-023845-8 (…) en los cuales en su mayoría aparecen firmados los cheques por sus beneficiarios, jugadores de futbol y miembros del cuerpo técnico del Club América. Asimismo anexo fotocopias del cheque consignado y de los cheques entregados por el equivalente a cada uno de los jugadores por su premio correspondiente sumado éstos ($60.00.000) sesenta millones de pesos más los dos correspondientes a mi premio y una devolución que se hizo por dos millones cuatrocientos en un cheque a nombre de Miguel Rodríguez (…)”. (Subraya fuera de texto)

La diligencia continuó el 21 de octubre de 1998 escuchada por el Fiscal Regional y allí el señor Pedro Enrique Sarmiento señaló lo siguiente(42):

“(…) Quisiera dar un ejemplo (…) se me endoso un cheque que salió a nombre del Dr. JUAN JOSÉ BELLINI POR EL VALOR DE sesenta y cuatro millones quinientos ENDOSADOS POR ÉL Y CONSIGNADO A MI CUENTA el cheque es el número 2580867 del banco de Colombia de la cuenta Nº 8023017807-1 firmado por MIGUEL RODRIGUEZ y consignado en mi cuenta Nº 8023023845-8 también del Banco de Colombia, bueno de acuerdo a lo estipulado se giraron de este monto del cheque consignado el 7 de febrero de 92 la cantidad equivalente a sesenta millones cien mil pesos, en veintinueve (29) cheques para los señores jugadores del América (...) Quiero decir que algunos de los cheques fueron girados por mi esposa, toda vez que teníamos cuenta conjunta y bajo mis instrucciones y responsabilidad partiendo de la confianza que hoy me sigue teniendo respecto a la consecución de mis ingresos, (…) ella me hacía la diligencia de acuerdo a mis instrucciones en hacer los cheques con los montos determinados por el cuerpo técnico y los jugadores y lógicamente firmados por ella, como tal puedo anexar una fotocopia de los cheques girados por ella en diez (10) folios que tuvieron origen de una consignación de un cheque de CUARENTA Y CINCO MILLONES que fue girado por MIGUEL RODRIGUEZ y consignado en mi cuenta en razón también que se trataba de premios ofrecidos y pactados con el cuerpo técnico y los jugadores y como tal puedo anexar el extracto bancario(…). También entraron cheques girados a mi nombre, consignados en mi cuenta y retirados en efectivo para la misma distribución y por el mismo concepto de lo sucedido con los cheques de las cuales hago constancia de la entrega de un folio de la forma y el dinero entregado a cada uno de los jugadores en efectivo. (…) Hay algunas consignaciones en mi cuenta de cheques girados por MIGUEL RODRÍGUEZ correspondientes a mis primas laborales o contractuales y asimismo hacía con los demás jugadores y miembros del cuerpo técnico. Los sueldos si eran pagados directamente en las oficinas del club (…)”. (Subraya fuera de texto)

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación en resolución del 30 de octubre de 1998 mediante la cual resolvió(43) proferir medida de aseguramiento contra el sindicado y no conceder la libertad provisional, en el acápite de los hechos señaló que “Sarmiento Solís enterado de que se había librado orden de captura en su contra resolvió entregarse a miembros del CTI seccional Cali, el día 19 de octubre”, de lo expuesto se infiere que la fecha en que el señor Pedro Enrique Sarmiento Solís fue privado de su libertad fue el 19 de octubre de 1998.

También se encuentra probado que la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Santafé de Bogotá mediante providencia del 16 de junio de 1999 calificó(44) el mérito sumarial contra el sindicado como presunto autor del hecho punible de Enriquecimiento Ilícito de Particulares, profirió resolución de acusación y negó el beneficio de la libertad provisional, disposición que se apeló y la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá(45) el 5 de octubre de 1999 confirmó la decisión de primera instancia.

Ahora bien, la Sala encuentra que una vez cerrada la instrucción penal, le correspondió por competencia conocer el sumario al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, quien mediante providencia del 26 de septiembre de 2002(46) resolvió absolver a Pedro Enrique Sarmiento Solís del delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares, bajo las siguientes consideraciones:

“(…) se encuentra acreditado que la condición de vicepresidente del club de América de Cali que tuvo el señor Miguel Ángel Rodríguez Orejuela desde el año 1983 hasta finales del año 1993, y justamente esa condición de directivo que ostentaba no le permitía al procesado Sarmiento Solís sospechar siquiera en torno el origen de los dineros que le eran entregados por concepto de premios, primas y bonificaciones para los integrantes del equipo deportivo para el cual pertenecía, pues en esas condiciones era apenas lógico presumir que provenían del ejercicio de actividades plenamente licitas relacionadas con el deporte, e incluso de cualquier otras de las se sabía perpetraba (sic), pues es conocido que para entonces aquel ciudadano, como bien lo hace ver la defensa, se había desempeñado como vicepresidente del Banco de los trabajadores y también tenía la condición de directivo de la cadena de medicamentos de Drogas la Rebaja. Por todo ello es que no se le puede reprochar al acusado por el hecho de no haber indagado acerca del origen de los dineros que el vicepresidente de la institución para la cual laboraba le entregaba por concepto de premios, toda vez no le era posible ir más allá de los que percibía, esto es, la imagen del señor Miguel Ángel Rodríguez Orejuela como reconocido empresario de la capital vallecaucana, calidad que justamente sin duda se tuvo en cuenta para que la Corporación Club Deportivo América de Cali lo recibiera como socio y luego lo nombrara su vicepresidente.

Aunado a ello, no se puede perder de vista que los dineros que le fueron entregados al señor Pedro Enrique Sarmiento Solís si bien se han considerado como premios y bonificaciones, no se pueden equiparar a un regalo sin motivo aparente alguno, todo lo contrario, le eran otorgados tanto a él como a sus demás compañeros de la institución dependiendo única y exclusivamente de los buenos resultados que obtuvieran no solamente en el rentado nacional del fútbol colombiano, sino en los torneos internacionales en los que participaba (…).

Por lo consignado en párrafos precedentes y en todo de acuerdo con los sujetos procesales, no se advierte el dolo que pudo acompañar la conducta desplegada por el señor Pedro Enrique Sarmiento Solis, pues todo apunta a señalar que desconocía que los dineros que le eran entregados por parte del vicepresidente de la institución para la cual prestaba sus servicios como asistente técnico, por concepto de premios y bonificaciones para ser repartidos entre los miembros del cuerpo técnico y el grupo de jugadores, provenían del ejercicio de actividades delictivas, concretamente de narcotráfico, como ahora se sabe a ciencia cierta.

(…)”.

Además, la citada providencia dentro de “OTRAS DETERMINACIONES” previó que “el señor Pedro Enrique Sarmiento Solís continúe disfrutando del beneficio de libertad provisional que le fuera otorgado por este despacho el pasado 21 de mayo 2001, entre tanto la determinación adoptada queda en firme tal como lo dispone el numeral 3º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal. La libertad será definitiva una vez en firme este fallo”.

Pues bien, todas estas probanzas demuestran que el señor Pedro Enrique Sarmiento Solís fue privado de su libertad en el periodo comprendido entre el 19 de octubre de 1998 hasta el 21 de mayo de 2001, es decir durante 31,06 meses, en virtud de un proceso penal que a la postre fue decidido a su favor con fundamento en que las pruebas arrimadas a la investigación no permitían establecer en grado de certeza la existencia de la conducta punible.

No obstante, previamente a imputar la privación injusta de la libertad a la entidad demandada, la Sala considera examinar si existe culpa de la víctima, tal como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, según el cual “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”, la cual se entenderá configurada cuando se presente violación por parte de la víctima de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado.

En el caso concreto la Sala encuentra que Pedro Enrique Sarmiento Solís incurrió en varias conductas que agravaron su condición ante las autoridades y entorpecieron la actuación de las mismas.

Al respecto, se observa que “el procesado recibió un sin número de títulos valores de cuentas corrientes del señor Miguel Rodríguez Orejuela, persona que efectuó actividades delictivas de narcotráfico y por lo tanto sus dineros eran productos de dichas actividades al margen de la ley” y permitió que dichos dineros fueran consignados en su cuenta corriente la cual manejaba de manera conjunta con su esposa, situación que llevó a la autoridad competente a analizar sí este era o no autor del delito de enriquecimiento de particulares.

Adicionalmente, giró cheques de su cuenta corriente de los dineros consignados por el señor Miguel Rodríguez Orejuela hacia otras personas, comprometiendo así su nombre y el de su señora, pues si bien el ingreso supuestamente era percibido por las actividades deportivas que éste ejercía, tales premios, bonificaciones y reconocimientos debieron ser girados directamente por el Club Deportivo al cual el pertenecía así como lo hacía con los salarios pues no entiende la Sala porque sí el nominador lo hacía con los sueldos porque no lo hacía de la misma manera con tales recompensaciones, por lo que el señor Sarmiento no debió comprometer su cuenta bancaria personal pues ésta tiene el fin de manejar los dineros propios y los negocios que giren en torno de su desarrollo diario, más no de pagar recompensas cosas que no eran de su competencia.

De igual forma, no puede perderse de vista que el actor al permitir dichas consignaciones y girar cheques de su cuenta corriente hacia otras personas demuestran una actuación negligente y gravemente descuidada de este último en permitir el uso de su cuenta corriente la cual como ya se dijo es para el manejo de los dineros propios ya que al suscribir con la entidad financiera un contrato de cuenta corriente este cumplió con la política de conocimiento del cliente por parte de la entidad bancaria que “(…) permite colaborar con las autoridades de supervisión en la prevención y control de actividades delictivas. Con todo, su ejercicio debe ser razonable y proporcionado, con el objeto de preservar los derechos fundamentales de los usuarios y/o clientes del sistema financiero y, en especial, el derecho al libre acceso a una actividad económica lícita como expresión del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica”(47).

En este punto, es pertinente precisar que con fundamento en lo expuesto la Fiscalía tenía la obligación de investigar, pues era un hecho notorio que a la cuenta del actor se depositaron unos cheques girados por Miguel Rodríguez mas no por el club deportivo al que pertenecía el actor, además, el señor Pedro Enrique Sarmiento Solís demostró ante la entidad bancaria que éste realizaba actividades licitas lo que le permitió adquirir la cuenta bancaria, la cual iba a manejar con base en el principio de buena fe, conforme al cual, las relaciones entre las entidades bancarias y los usuarios o clientes deben ajustarse a las exigencias éticas de lealtad, honestidad y colaboración recíproca, por lo cual no es absurda dicha investigación, como lo sostiene el demandante, pues de acuerdo con el artículo el artículo 2347 del Código Civil “toda persona es responsable no solo de sus propias acciones sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”.

De otro lado, es pertinente traer a colación pronunciamientos de la Subsección en casos similares el primero(48) “se tiene que contra la señora Marta Montoya Monroy se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en razón a que se le imputó el punible de enriquecimiento ilícito por haberse consignado a sus cuentas bancarias unos cheques girados por el señor Miguel Rodríguez Orejuela, a través de cuentas fachadas, y porque una cuenta a su nombre en el Hotel Intercontinental de Cali fue cancelada por una sociedad perteneciente al nombrado narcotraficante”.

En ese caso la Subsección señaló que

“De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, para la Sala se encuentra configurada la causal exonerativa de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, por las razones que pasan a exponerse a continuación.

En efecto, no cabe duda que la demandante actuó sin el cuidado debido frente al manejo de sus finanzas, que, en los términos del artículo 63 del Código Civil constituye una culpa grave, puesto que la señora Montoya debió indagar acerca de la procedencia de los dineros que le entregaba el señor Alberto Giraldo, puesto que, pese a que él era el que fungía como prestamista, no fue el girador de los cheques, los cuales, como efectivamente se comprobó, fueron girados por el señor Miguel Ángel Rodríguez Orejuela.

(…)

La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil.

En una segunda oportunidad, se encuentra la decisión donde la señora Colombia Pérez Muñoz “se le imputó el punible de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de financiamiento por haber facilitado unos cheques de su cuenta corriente personal que posteriormente fueron girados a la empresa “E.I. CARIBE” involucrada en actividades de narcotráfico, y por figurar como arrendataria del local comercial en la ciudad de Bogotá donde funcionó la casa de cambios J&ROS de propiedad de su esposo José Ignacio Henao Vergara de cuya actividad comercial resultaron transacciones con empresas y personas involucradas con la operación de narcotráfico relacionada con “E.I. CARIBE”, en este caso la Subsección negó las pretensiones de la demanda por configurarse un eximente de responsabilidad como lo es la culpa exclusiva de la víctima, para ello argumentó lo siguiente:

“En efecto, no cabe duda que la actora actuó sin el cuidado debido frente al manejo de sus finanzas, que, en los términos del artículo 63 del Código Civil constituye una culpa grave, puesto que la señora Pérez Muñoz debió indagar acerca de la destinación de los cheques que le entregaba a su esposo el señor José Ignacio Henao Vergara, puesto que, pese a que él fungía como empresario, no fue el girador de los cheques sino ella como titular de la cuenta corriente, los cuales, como efectivamente se comprobó, fueron destinados para actividades ilícitas.

Aunado a lo anterior, la motivación de la providencia del 13 de octubre de 1999, mediante la cual se profirió la medida de aseguramiento a la actora, fue el sospechoso desprendimiento y despreocupado manejo que la señora Pérez Muñoz daba a su cuenta bancaria, ya que estaba evidenciado como prestaba su cuenta al señor Henao Vergara, para que se giraran los cheques cuestionados, sin que aparentemente advirtiera desconfianza sobre los desmedidos movimientos que éste hacía con dichos títulos valores.

La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

(…)

Es pertinente aclarar que pese a que en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la actora no actuó dolosamente, esto es desde el punto de vista penal, puesto que, en sede de la acción de responsabilidad, debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil.

Con fundamento en el precedente de la Subsección y el análisis del caso sub examine concluye la Sala, que el actor comprometió su responsabilidad cuando con su proceder gravemente culposo incumplió el deber legal de administrar con cuidado su cuenta bancaria y el manejo de la misma, pues en ésta él guardaba los ingresos con los cuales se sustentaba él y su familia; al permitir la consignación de dineros los cuales no provenían directamente del club deportivo con el cual laboraba, se encuentra que el actor actuó sin el debido cuidado frente al manejo de sus finanzas, omitió manejar sus negocios con el cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear, pues en realidad lo que el señor Sarmiento Solís hizo fue prestar la cuenta para que Miguel Rodríguez Orejuela girará dineros a otras personas lo cual excede el manejo de la cuenta corriente.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.

Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que el ente juzgador, en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque el demandante fue absuelto por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonera patrimonialmente a la entidad demandada. 

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada. 

En ese orden de ideas, no le cabe razón al demandante en su petitium demandatorio, ya que este no puede pretender sacar provecho de su propia culpa y obtener un reconocimiento económico del Estado.

Dadas las particularidades del presente caso y los elementos de prueba a los cuales se hizo alusión, está demostrado en el expediente la culpa grave y exclusiva de la víctima - Pedro Enrique Sarmiento Solís, en el acaecimiento del daño - privación injusta de la libertad, por lo que no es posible endilgarle responsabilidad al ente demandado.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar se negaran por encontrarse configurado un eximente de responsabilidad como lo es la culpa exclusiva de la víctima.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2010 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

20 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

21 No está probada la calidad de cónyuge.

22 Obra registro civil de nacimiento a folios 19 C. 1.

23 Obra registro civil de nacimiento a folios 20 C. 1.

24 Obra certificado proferido por la Notaría 12 del Círculo de Medellín (fls. 18 C. 1) y registro civil de nacimiento (fls. 21 C. 1).

25 ARTÍCULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)

26 Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

27 Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

28 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324.

29 Folios 215-219 C. 1.

30 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

31 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

32 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, Expediente 10923.

33 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente 15989.

34 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, Expediente 8666.

35 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

36 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

37 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056.

38 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp. 41.326.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.

40 Folios 25-31 C. 1.

41 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Exp. 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, Exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp. 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.

42 Folios 32-39 C. 1.

43 Folios 49-66 C. 1.

44 Folios 151-178 C. 1.

45 Folios 119-150 C. 1.

46 Folios 179-230 C. 1.

47 Corte Constitucional, Sentencia T-468 de 2003.

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.