Sentencia 2004-01303 de abril 15 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 200012331000200401303 01

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Expediente: 33.123

Actor: Gustavo Lozano Vera y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa

Referencia: Apelación sentencia – Reparación directa

Bogotá, D. C., quince de abril de dos mil quince

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 27 de abril de 2006 por el Tribunal Administrativo del Cesar, comoquiera que la demanda se presentó el 16 de abril de 2004 y la pretensión mayor se estimó en una suma no inferior a dos mil millones de pesos ($ 2.000’000.000), por concepto de indemnización de lucro cesante a favor de los demandantes, monto que supera el exigido ($51’730.000) para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época(13).

2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que esta se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es, la muerte de los señores Javier Lozano Jaramillo y Fredy Lozano Jaramillo, se produjo el 17 de abril de 2002, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 16 de abril de 2004, se impone concluir que la misma se formuló oportunamente.

Así pues, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

2.2. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica de los registros civiles de defunción de los señores Javier Lozano Jaramillo y Fredy Lozano Jaramillo, los cuales indican que sus muertes se produjeron el 17 de abril de 2002, en el municipio de Becerril, Cesar; de igual forma se indicó que sus decesos se produjeron de forma violenta(14).

Mediante oficio de 17 de agosto de 2005 (fl. 82 cdno. 1), el Fiscal 26 Seccional de Agustín Codazzi remitió copia auténtica de la investigación previa adelantada en ese despacho por la muerte de los señores Javier y Fredy Lozano Jaramillo, en la cual se recaudaron, los siguientes elementos probatorios(15):

— Protocolo de necropsia practicado al cadáver del señor Fredy Lozano Jaramillo por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual concluyó que su muerte se produjo como consecuencia de varias heridas de arma de fuego. Adicionalmente se manifestó: “Atentado a bala en la residencia de Javier Lozano, Barrio 11 de abril de Becerril, en la sala de la casa y quedó herido, luego trasladado a Valledupar donde a pesar del esfuerzo médico fallece”(16).

— Acta de inspección judicial y levantamiento de cadáver realizado al cadáver del señor Javier lozano Jaramillo por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se informó que la citada persona falleció como consecuencia del impacto de dos impactos de proyectil de arma de fuego en la región frontal del cráneo(17).

— Informe sobre los hechos realizado por el Comandante de la Estación de Policía de Becerril, el 18 de abril de 2002, en el cual manifestó lo siguiente:

“Siendo aproximadamente las 19:00 horas del 17/04/02, fue asesinado el señor Javier Solano Jaramillo, de 33 años de edad, alfabeto, de profesión panadero, natural y residente de Becerril, el cual presenta dos heridas con arma de fuego a la altura de la cabeza y una en la pierna izquierda a la altura de la rodilla. En los mismos hechos resultó herido el señor Fredy Lozano Jaramillo de 35 años de edad, profesión médico, natural y residente de Becerril, quien presenta varios impactos con arma de fuego, los cuales le produjeron su muerte minutos más tarde. Hechos ocurridos en el barrio 11 de abril, carrera 8 # 15-40, cuando llegaron dos individuos portando armamento de corto alcance, una vez cometió el hecho se dieron a la huida rumbo a la sierra. Conocieron del caso SI Montero Galvis José, SI Bermúdez Jiménez José, PT Morales Martínez Edwin”(18).

— Testimonio rendido en el proceso penal por la señora Celia Luz Ortiz Rodríguez, quien preguntada sobre los hechos en los cuales perdieron la vida los señores Javier y Fredy Lozano Jaramillo manifestó:

“Eran las seis y media de la tarde, yo no vi nada porque mi esposo y el hermano Javier y Fredy Jaramillo estaban en el comedor y yo había entrado al baño, cuando escuché los disparos salí y no había nadie, ellos estaban tirados en el piso, eso fue en cuestión de segundos, yo no vi nada, la reja estaba abierta porque el médico había entrado, no puedo relatar más porque yo no vi nada, ellos llegaron a pie porque no se escuchó ruido de moto o de carro, la gente no comenta nada, nadie vio eso porque ese es un barrio apartado, la gente solamente escuchó disparos y cuando oyen los disparos la gente se escondió, cuando yo salí a pedir ayuda porque el médico se movía nadie estaba en la calle, al ratico fue que llegó un señor vecino que llegaba del trabajo y fue el que lo llevó al hospital, mi marido quedó muerto enseguida, yo escuché una cantidad de disparos más y me asusté demasiado. […]. Yo no sé nada porque ellos no estaban amenazados ni nada, ellos vivían tranquilos. Mi cuñado era médico, él trabajaba en el hospital de Becerril y mi esposo tenía una pequeña panadería. […]. La gente dice que los mataron los paracos, pero mi esposo se la pasaba todo el día en la calle vendiendo pan en una carreta pero él no tenía problema con nadie. Ellos no pertenecían a ningún grupo al margen de la ley, no eran de sindicatos ni nada. Ellos nunca fueron amenazados, no tenían enemigos ni nada(19) (se deja destacado).

— Providencia proferida el 12 de noviembre de 2002 por la Fiscalía 26 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar, mediante la cual se decidió “inhibirse de abrir investigación previa o formal en contra de desconocidos, por el delito de homicidio de que fueran víctimas los hermanos Fredy y Javier Lozano Jaramillo”. La anterior decisión se adoptó por considerar que el término legal de seis (6) meses había transcurrido sin que para ese momento hubieran (sic) personas identificadas o individualizadas por ese delito(20).

— Certificación original expedida por el Hospital San José del municipio de becerril, en la cual se hizo constar que el señor Fredy lozano Jaramillo se desempeñaba para el día de los hechos como médico general, labor que desarrolló entre los años 2001 y 2002 hasta el día de su fallecimiento; además se indicó que “en ningún momento manifestó o se tuvo conocimiento que era objeto de amenazas o de que su vida estaba en peligro. Por ese motivo no se tomaron ninguna clase de medidas”(21) (se ha resaltado).

— Certificación original expedida el 23 de febrero de 2005 por la personera municipal del municipio de Becerril, en la cual se manifestó lo siguiente:

“El señor Fredy Lozano Jaramillo, identificado con C.C. […], resultó herido en el barrio Once de Abril de este municipio el día 17 de abril de 2002, luego fue trasladado a la ciudad de Valledupar donde falleció, víctima de masacre indiscriminada por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno.

En ese mismo hecho falleció su hermano Javier Lozano Jaramillo, quien se identificaba con CC. […]”(22) (negrillas adicionales).

— Obran los testimonios de los señores Elvis de Jesús Cervantes Montesino, Mario Enrique Amaya Zuleta, Juan Francisco Zapata, Samuel Enrique González, Daniel Orozco Mieles y Elizabeth Aragón Charris, quienes en sus declaraciones coinciden en señalar que los señores Javier y Fredy Lozano Jaramillo gozaban de excelentes relaciones familiares, a quienes además brindaban colaboración económica; asimismo indicaron que su muerte causó un profundo dolor moral en ellos(23).

— Por último, obran recortes en copia simple del periódico Vanguardia Liberal, del 19 de abril de 2002, en donde se contiene la noticia del homicidio perpetrado al médico Fredy Lozano Jaramillo y de su hermano Javier Lozano Jaramillo el 17 de abril de ese mismo año, mientras se encontraban en su casa de habitación en el municipio de Becerril, se indicó además que se desconocían los móviles y responsables de hecho delictivo(24).

Respecto de tales recortes de periódicos cabe anotar que las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas como prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio (CPC, art. 228), por lo cual, en principio, deben ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido. En consecuencia, los ejemplares acompañados al expediente solo prueban que allí apareció una noticia, pero no la veracidad de su contenido(25).

2.3. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, en tanto la muerte de los hermanos Javier y Fredy Lozano Jaramillo(26) en hechos ocurridos el 17 de abril de 2002 en el municipio de Becerril, constituye, por sí misma, una afectación a distintos bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, establecida la existencia del daño, aborda la Sala el análisis de su imputación con el fin de determinar si en el caso concreto el mismo le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios causados a los demandantes.

En cuanto al aludido hecho dañoso, si bien la parte actora sostuvo a lo largo del trámite de la presente acción que la muerte de los señores Lozano Jaramillo le resultaba imputable a la demandada Nación —Ministerio de Defensa Nacional— a título de falla del servicio, habida cuenta que habrían omitido brindar seguridad a las mencionadas personas, dada la obligación constitucional de brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional (C.P., art. 2º), lo cierto es que para la Sala, no resulta posible imputar tales hechos al Estado, por las siguientes razones:

Del material probatorio aportado al proceso se tiene acreditado, básicamente, que el 17 de abril de 2002, a las 06:45 p.m., la casa de habitación de los hoy occisos Javier y Fredy Lozano Jaramillo, estos resultaron heridos por varios impactos de arma de fuego, propinados por personas desconocidas, los cuales les ocasionaron la muerte; asimismo, se tiene que a partir de las indagaciones preliminares que se aportaron al proceso, resulta imposible determinar los responsables de ese homicidio y, mucho menos, establecer los móviles o finalidades, circunstancia que motivo a que la Fiscalía de conocimiento archivara dicha indagación preliminar.

Ahora bien, teniendo en cuenta el título de imputación alegado en la demanda (falla del servicio), cabe destacar que en tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha considerado que son imputables al Estado cuando en la producción del hecho dañoso intervino o tuvo participación la administración pública a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado o, cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y estas no se la brindaron o, porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó actuación alguna dirigida a su protección(27).

En relación con la responsabilidad del Estado por la omisión de prestar el servicio de seguridad a las personas, los artículos 2 y 218 de la Constitución Política, en su orden, establecen que “[l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” y que a la Policía Nacional corresponde el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, deberes que luego se precisaron en la Ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional(28).

De acuerdo con las normas citadas, la razón de ser de las autoridades públicas y en particular la de la Policía, la constituye la defensa de todos los residentes en el país y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir el cumplimiento de esas funciones compromete su responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos(29).

Al respecto la Sala, de tiempo atrás, ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones(30).

No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que constituye deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(31). Aunque, se destaca que esta misma corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquellas que en relación con el caso concreto le correspondían.

Respecto de la previsibilidad de la administración pública en la producción de un hecho dañoso y la no adopción de las medidas necesarias para evitarlo, la Sala ha precisado que,

“No es el Estado un asegurador general, obligado a reparar todo daño, en toda circunstancia, pues la [A]dministración de [J]usticia, debe observar la ley sustantiva, consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los cuales se edifica y sirve de razón a la imputación del deber reparador. Así en el caso presente la relatividad del servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance”(32).

Para el caso sub examine, de conformidad con los hechos probados, se infiere que la demandada —Ministerio de Defensa Nacional—, no incurrió en falla alguna del servicio que le fuera imputable, toda vez que esa entidad demandada no se encontraba en posición de garante(33) en relación con la protección concreta y específica de los hermanos Javier y Fredy Lozano Jaramillo, toda vez que, por un lado, no tenía conocimiento alguno sobre la posible inminencia de un ataque contra sus vidas o integridad, amén de que como lo indicó tanto la esposa del señor Javier Lozano Jaramillo, como el certificado laboral del señor Fredy Lozano Jaramillo, ellos nunca habían expresado amenaza en su contra, pues no tenían problema alguno con nadie.

En ese punto se debe precisar que, si bien es cierto la personería de Becerril mediante oficio de 23 de febrero de 2005 indicó que la muerte del señor Fredy Lozano Jaramillo se produjo como consecuencia de “motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno”, lo cierto es que dicha información no tiene respaldo en algún otro medio probatorio que indicara que la aludida persona hubiera sido víctima de amenazas o que, por razón de su trabajo estuviera expuesto a alguna amenaza; por el contrario los medios probatorios a los que se ha hecho referencia indican que dichas personas no tenían amenaza alguna en su contra.

Así pues, no se acreditó que los señores Fredy y Javier Lozano Jaramillo hubieran acudido directamente a la Policía Nacional para obtener protección por algún tipo de amenazas recibidas, razón por la cual no puede inferirse que tales personas hubieren necesitado protección especial; tampoco se acreditó que los miembros de la entidad demandada hubiesen tenido algún tipo de conocimiento sobre el peligro en el que los hoy occisos se hubieren encontrado, todo lo cual permite a la Sala concluir que no se presentó omisión alguna de la demandada que le fuera imputable en el presente asunto.

Ahora bien, en cuanto a la eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, alegada por la entidad demandada a lo largo del trámite de la presente acción, conviene recordar que, al igual que acontece con las demás eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de la víctima y/o de un tercero—, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección(34) ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados—. […].

En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual ‘no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia’(35),toda vez que ‘[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación’(36), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de ‘imprevisto’ de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(37) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual ‘[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia’(38). La recién referida acepción del vocablo ‘imprevisible’ evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia”.

Por otra parte, a efectos de que operen las citadas eximentes de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de la víctima o un tercero tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de un tercero tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por el tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación del tercero(39).

Todo lo anterior permite afirmar que, en el presente asunto, el ataque perpetrado contra los hermanos Lozano Jaramillo constituyó un evento imprevisible para la demandada, a la cual no resultaría jurídicamente admisible exigirle la específica y concreta protección o seguridad especial respecto de cada uno de los habitantes del territorio nacional.

En torno al elemento consistente en la irresistibilidad, a juicio de la Sala, también se encuentra presente en el caso objeto de estudio, habida consideración de que dicho ataque contra tales personas se produjo sin que previamente hubiere mediado noticia alguna sobre amenazas, riesgos o intimidación por parte de personas determinadas o grupos ilegales. Finalmente, se encuentra probada la exterioridad de dicha conducta delictual respecto del servicio prestado por la demandada —Ministerio de Defensa Nacional—, habida cuenta de que ese hecho ilícito fue un acto efectuado exclusivamente por un tercero.

Así las cosas, para la Sala se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación del hecho dañoso a la demandada, comoquiera que este, solo puede ser atribuido al hecho determinante y exclusivo de un tercero, lo cual impide estructurar la imputación jurídica en contra de la entidad demandada, elemento este indispensable para deducir responsabilidad extracontractual al Estado.

Todas las razones hasta ahora expuestas, servirán de apoyo para proferir la confirmación de la sentencia impugnada y, en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda.

2.4. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 27 de abril de 2006, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

2: Sin condena en costas.

3: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(13) Decreto 597 de 1988.

(14) Fl. 27 cdno. 1 y 4 cdno. 2.

(15) Las pruebas allegadas con el mencionado oficio son susceptibles de valoración, dado que fueron solicitadas de forma conjunta por las partes. Sobre el particular resulta pertinente hacer referencia a las consideraciones expuestas por esta Sala en sentencias del 18 de septiembre de 1997 (Exp. 9.666) y del 29 de enero de 2009 (Exp. 16.975):
“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente. (…)
“Debe anotarse, adicionalmente, que en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, la Sala ha considerado que dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión”.

(16) Fl. 86 cdno. 1.

(17) Fl. 98 cdno. 1.

(18) Fl. 99 cdno. 1.

(19) Fl. 103 cdno. 1.

(20) Fl. 104 cdno. 1.

(21) Fl. 49 cdno. 1.

(22) Fl. 198 cdno. 2.

(23) Fls. 67 a 82 cdno. 2.

(24) Fls. 41 a 44 cdno. 2.

(25) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 25 de enero de 2001, expediente 11.413 y del 1º de marzo del 2006, expediente 13.764, ambas con ponencia del consejero Alier E. Hernández Henríquez, entre muchas otras.

(26) Así lo certificaron los registros civiles de defunción de las víctimas (fl. 27 cdno. 1 y 4 cdno. 2).

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 28 de julio de 2011, Exp. 20.838 y la proferida el 11 de julio de 2011, Exp. 20.325, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, además la proferida el 28 de enero de 2015, Exp. 29.526.

(28) El artículo 1º de dicha ley establece: “Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

(29) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Expediente 18.106, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(30) Ver, entre otras, sentencias de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737; 15 de febrero de 1996, Exp. 9940; 19 de junio de 1997, Exp. 11.875; 30 de octubre de 1997, Exp: 10.958 y 5 de marzo de 1998, Exp. 10.303.

(31) Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737, dijo la Sala: “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que ‘nadie es obligado a lo imposible’”.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, expediente 9.940, M.P. Jesús María Carrillo.

(33) Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado: “En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa.
“[…] En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas: Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal. Las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el artículo 214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio. En suma, desde el punto de vista estrictamente constitucional, resulta claro que las Fuerzas Militares ocupan una posición de garante para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos. La existencia de esa posición de garante significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o en general por las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la forma de intervención en el delito (autoría o participación), o el grado de ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución subjetiva (dolo o imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el caso, quien omite) se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, o porque no se alcance la consumación del hecho.” Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

(34) Sentencias del 26 de marzo de 2008. Exp. 16.530. Actor: José A. Piratoba y del 9 de junio de 2010. Exp. 18.596, ambas con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez.

(35) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8.”.

(36) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581.

(37) Nota original de la sentencia citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

(38) Nota original de la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, p. 21.

(39) En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva ‘consigo la absolución completa’ cuando ‘el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima’. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, pags. 332 y 333”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo dos (02) de dos mil siete (2007); Expediente 190012331000199800031 01; Rad. 24.972. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.