Sentencia 2004-01313 de 18 de mayo de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 76-001-23-31-000-2004-01313-01 (35.489)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Elizabeth Jiménez Noreña y otros

Demandados: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Descriptor: se modifica la sentencia de primera instancia y se declara administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad demandada a título de daño especial con base en criterios de solidaridad y equidad. Restrictores: presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado - régimen constitucional y reglamentario de la Policía - rompimiento de las cargas públicas - imputación bajo los criterios del daño especial.

Bogotá D.C., dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

La Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por la parte actora, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado, 2. Régimen constitucional y reglamentario de la Policía, 3. Rompimiento de las cargas públicas - imputación del daño antijurídico bajo los criterios del daño especial.

1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(22).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas - daño especial, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(23) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

2. Régimen constitucional y reglamentario de la Policía Nacional.

De conformidad con nuestra Constitución Política, artículo 2º, se encuentran dentro de los fines esenciales del Estado asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, para lo cual se instituyeron las autoridades públicas, con el propósito fundamental de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, postulado que, en relación con la Policía Nacional fue desarrollado mediante el artículo 218 superior, al contemplarla como

“un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”

En este sentido, tenemos que el servicio de policía, es un servicio público a cargo del Estado encaminado a mantener y garantizar el orden público interno de la Nación y la convivencia pacífica, entre otros. Este servicio lo presta el Estado en forma permanente, exclusiva, obligatoria, directa, indelegable, inmediata e indeclinable, con el propósito esencial de procurar el desarrollo de la vida en comunidad, cuyo ejercicio se encuentra limitado en la observancia de la primacía de los derechos inalienables de las personas y los principios contenidos en la Constitución Política, las leyes y en la finalidad específica que su prestación persigue.

Ahora bien, específicamente, encontramos dentro de la normatividad aplicable la Resolución 9969 del 13 de noviembre de 1992, por medio de la cual el director general de la Policía Nacional aprobó el Reglamento de vigilancia urbana y rural, previendo la necesidad de actualizar y ajustar la prestación del servicio policial a los nuevos principios establecidos en la Constitución Política de 1991, con la función primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, libertades públicas y la convivencia pacífica.

Allí se denominó servicio de policía a la vigilancia permanente que el Estado presta por intermedio de la Policía Nacional, para conservar el orden público, proteger las libertades y prevenir y controlar la comisión de delitos, y se dijo que este servicio lo integran la vigilancia urbana y rural que son la base fundamental de las actividades preventivas y operativas de la Policía Nacional(24), clasificándolo según su objeto en de vigilancia y judicial(25)-(26).

En dicho reglamento, se establecieron las normas de carácter general que regulan la prestación del servicio policial, se fijaron los criterios, pautas y procedimientos para asegurar el cabal cumplimiento de la misión constitucional asignada a la Policía Nacional y se estableció una guía permanente de consulta para unificar procedimientos en la prestación del servicio de vigilancia(27), a los cuales deben ceñirse las actuaciones del personal oficial, suboficial y agentes de la institución(28), que son funcionarios profesionales, preparados y estructurados en el ejercicio de su función, quienes deben cumplir en todo momento los deberes que impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión, para lo cual, en el desempeño de sus tareas, se encuentran obligados a respetar y proteger la dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas las personas, y solo están habilitados para usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas(29), es decir dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad que la situación fáctica demande.

Ahora bien, con relación al servicio de vigilancia se estableció que la Policía, en el ejercicio de sus funciones, debe desarrollar un espíritu de observación, sagacidad e iniciativa, con el propósito de vigilar preferentemente a personas sospechosas que deambulen por su lugar de facción, concertar su atención en aquellas personas cuyas actitudes le merezcan duda en su proceder y velar por la seguridad en el sector a su cargo, especialmente en los turnos de noche(30), entre otras, y en todo caso con la obligación de intervenir, cualquiera sea la circunstancia en que se encuentre(31) y de desplegar toda su iniciativa para procurar la prevención de delitos, desordenes, o cualquier otro acto que tienda a perturbar la seguridad y el bienestar de la comunidad(32), de lo cual se resalta que el servicio de vigilancia policial es eminentemente preventivo, en el entendido que las normas y los servicios de policía se establecieron como medios para prevenir la infracción penal.

3. Rompimiento de las cargas públicas - imputación del daño antijurídico bajo los criterios del daño especial.

El daño especial es uno de los tipos de responsabilidad sin falta de la administración, en relación con el cual, ha dicho la corporación, que el Estado debe responder a pesar de la legalidad total de su actuación, de manera excepcional y por equidad, cuando su obrar lícito, en beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias de hecho en que tal actividad se desarrolla, causa en determinado administrado un daño especial, anormal, considerable y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón a la naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o la equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del Estado(33).

Este régimen de imputación, fue comprendido por primera vez en la jurisprudencia, en 1947 y sus fundamentos se hallan en los principios de igualdad, solidaridad y equidad(34), según los cuales las cargas que soportan los administrados, deben ser distribuidas en igualdad de condiciones y equitativamente, con observancia del principio de solidaridad social, tanto en su aplicación, como en la compensación o reparación de los daños que en su desarrollo se causen, pero en todo caso, sin olvidar que debe haber un prudente sacrificio de los intereses particulares en pro de los generales, lo que justifica la exigencia de unos requisitos para que surja la responsabilidad de la administración por daño especial.

A saber, para la aplicación de este régimen de imputación, debe tratarse de una actuación legítima de la administración, es decir, que el obrar de la administración debe encontrarse correcto, plenamente ajustado a los postulados normativos y reglamentarios y emplearse en oportunidad, por cuanto, en caso contrario, estará incursa en una falla en el servicio.

Así, también, es necesario que se presente una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, la cual se identifica al comparar la posición de la víctima en relación con los demás integrantes del grupo social, por cuanto, mientras la actuación de la administración se justifica en el beneficio general, su interés particular se ha visto excepcional y anormalmente afectado, de manera que el daño resulta grave y desproporcionado, en comparación con el resto de la comunidad. Por supuesto, dicho daño debe ser consecuencia directa del actuar de la administración, para que resulte fácticamente imputable a la entidad demandada.

4. Caso concreto.

En primer lugar, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico causado a Jhon Jairo Morales Osorno, consistente en la lesión de su derecho a la vida, el cual halla protección especial en el artículo 11 del ordenamiento constitucional, que reza “el derecho a la vida es inviolable”.

Ahora bien, frente a la imputación del daño antijurídico a la entidad demandada, quien ha sostenido que este no le es atribuible por encontrarse configurada la causal de exoneración hecho del tercero, la Sala entrará a analizar si revoca, modifica o confirma la sentencia objeto de apelación, según la cual la Policía debe responder por la exposición al riesgo excesivo derivado de la utilización de las armas de dotación oficial en la prestación del servicio, que por su misma función implica una actividad peligrosa.

Al respecto, la Sala encuentra demostrado que Jhon Jairo Morales Osorno sufrió herida por proyectil de arma de fuego, tal como consta en el acta de levantamiento 261 del 24 de diciembre de 2002(35) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de donde se extrae:

“El occiso fue herido en un tiroteo que se presentó en la carrera 4 con calle 1 y al parecer una bala pérdida lo había alcanzado. Según la patrulla de la Sijin, un señor informó a la sala de radio que se le habían hurtado el vehículo. Que estando en una patrulla en la salida a Alcalá, a la altura del Mesón, los sujetos que se habían hurtado dicho vehículo pasaban por allí y de inmediato les solicitaron que pararan produciéndose un enfrentamiento. Agregan que iban dos tipos en una moto y la patrulla salió a perseguirlos y se produjo un intercambio de disparos. Sin especificar el sitio. En la inspección de la escena de los hechos, ubicada en la carrera 4 entre calles 1 y 2, se observó que uno de los postes de energía, en su base tenía un golpe contundente y residuos de la parte delantera de un vehículo y un fuerte olor a gasolina, lo que indica que el occiso perdió el control y se estrelló contra dicho poste, teniendo en cuenta que en la diligencia de levantamiento del cadáver se observa herida en la región frontal izquierda y desprendimiento cervical al palparlo manualmente, al parecer el fallecimiento se debió a desnucamiento. El occiso fue trasladado al servicio de urgencias del hospital Sagrado Corazón de Jesús, pero ingresó muerto. No hay información sobre los móviles, agresores, ni circunstancias precisas de cómo ocurrieron los hechos.

En la necropsia se encuentra cadáver de sexo masculino, con una edad clínica concordante con la edad necrodactilia en dedos de las manos, con sus prendas. Al examen externo se evidencia escoriaciones en extremidades y herida frontofacial izquierda que sugiere trauma físico al momento de los hechos. Herida en brazo izquierdo causada por proyectil de arma de fuego, sin restos macroscópicos de pólvora, lo cual indica que fue realizada a larga distancia (mayor 1.20 m), con una trayectoria de atrás hacia adelante, izquierda derecha inferior superior, que secciona vena pulmonar izquierda y aorta torácica.

Hemotórax masivo bilateral.

En conclusión, con base en la información previa disponible y según los hallazgos de la necropsia la causa de muerte se debió a herida por proyectil de arma de fuego, que lesiona grandes vasos desencadenando shock hipovolémico y la muerte.

Probable manera de muerte: se ratifica la hipótesis de autoridad, homicidio.

Expectativa de vida: por su estado de pre sanidad orgánica se establece una expectativa de vida de 33 (treinta y tres años).

(...)”.

Asimismo está probado que la muerte del señor Jhon Jairo Morales Osorno se produjo dentro del operativo policial que se llevó a cabo por miembros de la Policía Nacional el 23 de diciembre del 2002 en Cartago - Valle, con el fin de capturar al presunto delincuente que había hurtado un vehículo en dicho municipio, tal como consta en el proceso penal 3626 SG(36).

Por su parte, el 24 de diciembre de 2002 miembros del Cuerpo Técnico de Investigación adelantaron la diligencia de inspección judicial al cadáver de Jhon Jairo Morales Osorno por lo que elevaron el acta 261 en la que se señaló que la manera y causa de la muerte fue por arma de fuego(37).

Asimismo, el informe de procedimiento policial suscrito por el sargento segundo Miguel Arturo Torres Herreño el 24 de diciembre de 2002, señaló:

“(...).

Los policiales que perseguíamos al individuo llegamos a unos 40 metros del mismo ante lo cual el suscrito nuevamente le ordenó al sujeto que se detuviera lo cual no hizo, acto seguido efectué un disparo al aire buscando que este atacara (sic) la orden policial y al notar que no lo hacía volví a efectuar otro disparo al aire. El sujeto en su huida desesperada buscó la ayuda de un taxista quien no le paró, motivo el cual le efectu[ó] un disparo al motorista, ante lo cual el suscrito y el Subintendente Zambrano Carlos Ovidio, quienes fuimos los que inicialmente llegamos al lugar, procedimos a efectuar algunos disparos al individuo con el fin de lograr su rendición y posterior captura, pero este ya se encontraba abordando una motocicleta YAMAHA C-80, color negro, que se encontraba tirada sobre la vía, en la cual huyó con rumbo desconocido. Es de anotar que a raíz del disparo que el sujeto efectuó al motorista este perdió el control de su vehículo y colisionó contra un poste de energía, resultando lesionado, falleciendo posteriormente.

Informo a ese comando que la persecución se llevó a cabo inicialmente a pie, ya que al llegar a efectuar el registro del vehículo sospechoso se apagó el vehículo oficial Nissan Urvan de siglas 27-254, dejando las luces hawainas encendidas y debido a que dicho automotor presenta problemas de batería, no se pudo encender el mismo al momento de notar la presencia del sujeto sin identificar quien huyó del lugar de los hechos.

(...)” (resaltado de la Sala).

De igual forma, la diligencia de ratificación del informe policivo rendida por el subintendente Fabián Alexander Díaz Victoria, informó:

“nos dirigíamos a taponar la vía hacia Alcalá, Valle, cuando nos cruzamos con los sujetos que se habían hurtado el vehículo y otro sujeto adelante del vehículo en una motocicleta, nosotros volteamos y emprendimos la persecución de estos dos sujetos, nosotros íbamos en motocicleta y también apareció en ese momento una panel, número 254, la persecución se hizo en la carrera 6 # 1-33 barrio los Libertadores, donde el sujeto dejó abandonado el automotor Mazda 323, y huyó por un caño de aguas negras, el S.I. Ramírez y mi persona nos quedamos donde había sido abandonado el carro, y nosotros alcanzamos a escuchar disparos, luego se tuvo conocimiento que ese mismo sujeto dizque había asesinado a un taxista, y también se tuvo conocimiento que ese sujeto huyo por el caño y luego salió a la vía y había huido en una motocicleta Yamaha V-80 color negro”(38) (resaltado fuera del texto original).

También el Oficio 1122/ESCAR COMAN del 25 de diciembre de 2002, suscrito por el mayor Ricardo Rojas Baquero - comandante estación policía de Cartago, señaló que:

“Durante la revisión que se estaba efectuando al automóvil anotado, los policiales observaron una persona, sin identificar quien huía del lugar portando un arma de fuego, ante lo cual dos de los policiales anotados (sargento segundo Miguel Torres Herrreño y subintendente Zambrano Carlos Ovidio), iniciaron su persecución produciéndose un intercambio de disparos entre el sujeto y los uniformados.

El individuo sin identificar detuvo un vehículo tipo automóvil, marca Mazda 323, servicio público, afiliado a la empresa Trnas (sic) Argelia y Cairo, placa VLF-662, número de orden 108, conducido por el señor Jhon Jairo Morales Osorno, (...) a quien intimidó con arma de fuego al parecer con la finalidad de despojarlo del automotor para huir de la acción policial, a lo cual el motorista no hizo caso, motivo por el cual el individuo propin[ó] un disparo en el brazo izquierdo al anotado Morales Osorio, quien perdió el control de su automóvil y colisionó contra un poste de energía, siendo trasladado al hospital local Cartago para la atención médica, donde falleció a consecuencia del impacto de arma de fuego que recibió momentos antes.

Durante el desarrollo de los hechos antes expuestos, los policiales que efectuaban la persecución a pie, toda vez que la patrulla Nissan Urvan de siglas 27-254 y la motocicleta siglas 27-014 habían sido dejadas estacionadas en el lugar donde se recuper[ó] el automóvil Mazda de placas BGF 543, observaron que el individuo sin identificar abordaba la motocicleta inicialmente descrita en la cual huyó con rumbo desconocido, siendo imposible su localización”(39) (resaltado fuera del texto).

Por otra parte, se encuentra la declaración de Julio Cesar Bedoya Hoyos - propietario de la motocicleta en la que huy[ó] el delincuente, rendida el 13 de enero de 2003, donde se lee:

“(...) Yo tenía la moto prendida y ya me disponía a entrarla cuando venía la policía ahí dándose bala y en ese momento fue que vimos que el tipo paró el taxi en esa plomacera no s[é] qui[é]n le pegó el tiro al taxista y como no pudo montarse en el taxi empezó a dispararnos a nosotros, tal vez como vio que tenía la moto prendida, es que imagínese que en la pared hay como cuatro tiros (...)”(40).

En el mismo sentido se halla la declaración de María Alexandra Montoya Valdés, quien ante las autoridades penales, el 13 de enero de 2003 manifestó:

“(...).

Lo que comentaba la gente que había allí, taxistas y vecinos de por ahí, que nada más se había escuchado una balacera y luego el estruendo del taxi. Después como al otro día fuimos a la morgue a reclamar el cadáver, comentaron que era que unos tipos se habían robado el carro y que la policía había perseguido al tipo que se había robado el carro, que tanto la policía como el tipo iban a pie y que el tipo este le había puesto la mano a mi esposo y que él no había querido parar y que el tipo le disparó. El comentario es que había sido el ladrón el que le había disparado a mi esposo (...)”(41).

A su turno, la Fiscalía Diecisiete Seccional, en la resolución de fecha 14 de enero de 2003, indicó:

“Si bien es cierto que la persona que había hurtado el vehículo antes referido luego de ser perseguido por agentes de la Policía abandonó el automotor, también es real que este cuando huía a pie se encontraba en un sector distante del de la ocurrencia del ilícito inicialmente acaecido y en su afán de evitar la acción de la ley intentó detener al conductor del taxi, tal vez para escapar, y al no lograr su cometido al parecer disparó en contra de la humanidad de este y quien a la postre falleció”(42)-(43).

Igualmente, Miguel Arturo Torres Herreño, suboficial de la Policía Nacional, e[n] su declaración del 13 de agosto de 2003 manifestó que se encontraban persiguiendo al presunto ladrón de un automotor a pie y que el mismo iba unos 20 metros por delante de ellos cuando “él le hizo señas a un taxista que parara y como el taxista no le paró él se acercó y había una moto por allí estacionada la cual estaba prendida y él procedió a emprender la huida en ella lo que no recuerdo que el disparo (sic) y el taxista no prestarle el servicio y escap[ó] en la motocicleta a lo cual reportamos las novedades de que no fue posible la captura de dicho individuo y ya momentos después llegó la patrulla y se hizo una búsqueda minuciosa de dicho individuo el cual no fue posible ubicarlos (sic), después nos devolvimos al lugar porque nos dijeron que había un taxista muerto en un vehículo por la misma cuadra y efectivamente encontramos el carro el taxista se lo habían llevado a prestarle los primeros auxilios ya que aún presentaba signos vitales es todo lo que s[é] (...)”(44).

Finalmente, el informe de balística efectuado el 10 de febrero de 2003 por el laboratorio de balística forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no indicó expresamente a quién pertenecía el arma cuyo proyectil hirió a Jhon Jairo Morales Osorno, sino que simplemente concluyó que la “posible arma que lo disparó (el proyectil con el que ultimaron a la víctima): es de los comúnmente disparados por armas de fuego de funcionamiento mecánico, tipo revólver del mismo calibre, entre las que encontramos las marcas: Smith and Wesson, Ruger, Ruby, entre otras (...)”(45).

Dados los medios probatorios que anteceden, la Sala coincide con el tribunal de primera instancia y considera que la lesión del derecho a la vida sufrido por Jhon Jairo Morales Osorno resulta imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, toda vez que este daño antijurídico tuvo origen dentro de la ejecución de un operativo policial, adelantado para recuperar un vehículo que había sido hurtado. En otras palabras, fue al interior de la persecución policial y del enfrentamiento suscitado entre el delincuente y los miembros de la fuerza pública que Jhon Jairo Morales Osorno resultó herido y posteriormente falleció.

Sin embargo, la Sala difiere de los criterios expuestos por el a quo para fundamentar la imputación, pues no se trata de calificar la guarda del orden público como una actividad peligrosa que pone en riesgo a la comunidad, sino de que el daño se originó en medio de una actividad legítima de la Policía Nacional, esto es, la defensa, el mantenimiento del orden público y la ejecución de las funciones de policía que propenden por el bienestar del conglomerado social, en cuyo ejercicio se vio sacrificado el interés jurídico de un particular que debe ser resarcido por la administración; se itera, no en razón a la peligrosidad sino a la satisfacción del interés general cuya garantía costó la muerte de Jhon Jairo Morales Osorno, produciéndose así el rompimiento de la igualdad de los administrados frente a las cargas públicas y configurando el criterio de imputación denominado daño especial.

Recordemos, entonces, que sobre el daño especial como fundamento de la imputación se dijo que se trata de un tipo de responsabilidad objetivo o sin falta de la administración donde por equidad y solidaridad el Estado debe responder a pesar de la legalidad total de su actuación, como ocurre en el caso de autos en el cual no se encuentra probada una falla en la prestación del servicio.

En síntesis, la Sala considera que el daño antijurídico tuvo lugar en el desarrollo de un operativo o actividad policial dirigido al cumplimiento de los deberes constitucionales, convencionales y legales que el ordenamiento radica en cabeza de las fuerza pública, todo ello en beneficio de la colectividad, pero bajo el sacrificio del derecho a la vida de Jhon Jairo Morales Osorno, lo que conlleva la imputación del daño antijurídico en cabeza de la entidad demandada a título de daño especial y excluye el hecho del tercero como eximente de responsabilidad, toda vez que su configuración, entre otros elementos, requiere que el daño se produzca exclusivamente por el actuar del tercero y como pudo verse, en el sub judice el daño se dio dentro de una actuación policial, esto es, con la participación de la fuerza pública que desplegó todo su actuar e, incluso, usó sus armas de dotación oficial para recuperar el automotor robado.

Ahora bien, tampoco puede aceptarse la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad porque caeríamos en el absurdo de prohibir la prestación del servicio de transporte en horas de la noche y en la negación del servicio de seguridad para quienes ejercen una actividad laboral nocturna.

Así las cosas, la Sala confirmará la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada y los perjuicios reconocidos por el a quo, de manera que únicamente actualizará la cuantía del lucro cesante, toda vez que los perjuicios morales corresponden a los criterios fijados por la jurisprudencia de esta Sala y no son objeto del recurso de apelación(46).

5. Actualización del lucro cesante.

Se recogen las indemnizaciones a título de lucro cesante consolidado y futuro reconocidas a favor de los demandantes, y se actualizan conforme a las fórmulas establecidas por la jurisprudencia:

S2004-01313F1
 

El tribunal reconoció a las siguientes sumas:

DemandanteLucro cesante consolidado y futuroActualización
María Alejandra Montoya Valdés$50.716.877.89
S2004-01313F2
Laura Isabel Morales Montoya$8.445.010.90
S2004-01313F3
Jhon David Morales Montoya$8.445.010.90
S2004-01313F4
Alejandra Morales Jiménez$3.018.608.44
S2004-01313F5

6. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera - Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia del 30 de noviembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por los motivos expuestos en esta providencia. Y en su lugar dispone:

1. DECLÁRESE administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia del deceso del señor Jhon Jairo Morales Osorno, en hechos sucedidos el 23 de diciembre de 2002.

2. CONDÉNESE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a los demandantes por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

Nivel de cercaníaDemandanteCalidad Cuantía indemnizatoria
María Alexandra Montoya ValdésEsposa 100 smlmv
Laura Isabel Montoya MoralesHija 100 smlmv
Jhon David Morales MontoyaHijo 100 smlmv
Alejandra Morales JiménezHija100 smlmv

3. CONDÉNESE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar los demandantes, por concepto de lucro cesante, las siguientes sumas:

DemandanteValor actualizado
María Alexandra Montoya Valdés$84.548.641.37
Laura Isabel Morales Montoya$14.078.433.60
Jhon David Morales Montoya$14.078.433.60
Alejandra Morales Jiménez$5.007.930.44

4. Sin condena en costas.

5. NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda.

6. DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

22 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

23 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas). En: AFDUAM (4); 2000, p. 174.

24 Artículo 34, Resolución 9969 de 1992 - Policía Nacional.

25 Artículo 35 Ibídem.

26 Es necesario diferenciar la policía administrativa de la policía judicial; la primera está encargada fundamentalmente de reprimir los atentados contra el orden público una vez que ellos hayan ocurrido, y la segunda está encargada de colaborar con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes. La distinción entre ambas policías es importante no solo por el principio de separación entre autoridades administrativas y judiciales propiamente dichas sino porque en la práctica numerosas acciones de policía son mixtas y su calificación se fundamenta algunas veces en la finalidad de la acción más que en su contenido.

27 Artículo 1º, Ibídem.

28 Artículo 2º, Ibídem.

29 Artículo 23, Ibídem.

30 Artículo 38, Ibídem.

31 Artículo 39, Ibídem.

32 Artículo 47, Ibídem.

33 Consejo de Estado, sentencia de 27 de abril de 2006, expediente 16079.

34 Consejo de Estado, sentencia de 3 de mayo de 2007, expediente 16696.

35 Folios 185 al 186 del cuaderno 1.

36 Folio 102 del cuaderno 1.

37 Folios 156 al 157 del cuaderno 1.

38 Folio 110 del cuaderno 1.

39 Folios 111 al 114 del cuaderno 1.

40 Folios 192 al 193 del cuaderno 1.

41 Folio 196 del cuaderno 1.

42 Folio 123 del cuaderno 1.

43 Folio 102 del cuaderno 1.

44 Folio 213 del cuaderno 1.

45 Folios 202 al 203 del cuaderno 1.

46 Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por la apelante, por lo cual, en principio, los demás asuntos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2010, C.P. Hernán Andrade Rincón, Rad. 16306. Cfr. Corte Constitucional C-583/97).