Sentencia 2004-01351 de junio 30 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2004-01351

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 24 de mayo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico

Actor: Colegio de Nuestra Señora del Carmen Limitada

Bogotá, D.C., treinta de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Antes de abordar el tema sobre las cuestiones sustantivas que se plantean en este proceso, es preciso señalar respecto de la excepción de “Caducidad”, propuesta por el SENA en calidad de demandada y que reitera en los alegatos de conclusión en segunda instancia, vistos a folios 18 a 27, que es indudable que al a quo le asiste la razón en que no prospera dicha excepción, por cuanto la Resolución 390 de 16 de marzo de 2004, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora le fue notificada el 21 de abril de 2004, mientras que la demanda se presentó el 23 de julio de 2004, esto es, mucho antes del término previsto en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho(1).

Ahora bien, las cuestiones sustantivas objeto de controversia radican en analizar si los actos administrativos proferidos por el SENA, son violatorios de las normas constitucionales y legales citadas por la parte actora.

La Resolución 798 de 28 de noviembre de 2003 acusada, expedida por el director regional del Atlántico, en su artículo primero de la parte resolutiva, fijó “la cuota de aprendizaje a cargo de Colegio Nuestra Señora Del Carmen, NIT: 890.110.091-1 en once (11) aprendices, la cual deberá mantener contratada en la Regional Atlántico del SENA” (fl. 13 cdno. del Tribunal).

En su artículo tercero, dispuso: “Si la empresa opta por la monetización de la Cuota de Aprendizaje en los términos del artículo 34 de la Ley 789 de 2002, deberá notificar al SENA tal decisión dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. Si vencido este término el SENA no recibe comunicación alguna al respecto, se entenderá que la empresa optó por la contratación de aprendices” (igual fl.).

A su vez el director general del SENA mediante la Resolución 390 de 16 de marzo de 2004, resolvió el recurso de apelación, confirmando en su totalidad lo decidido en el anterior acto administrativo, para lo cual se basa en que el artículo 32 de la Ley 789 de 2002 define los sujetos pasivos que tienen la obligación de contratar aprendices, y afirma que dicha obligación recae sobre las empresas privadas sin importar la actividad económica que estas realicen y, si las mismas, cuentan o no con ánimo de lucro.

Además que los artículos 1º y 3º del Decreto 2585 de 12 de septiembre de 2003, mediante el cual se reglamentó el contrato de aprendizaje y se adicionó el Decreto 933 de 2003, tratan respectivamente, sobre los empleadores obligados a vincular aprendices y la fijación de las cuotas de aprendices.

La actora en su demanda aduce, en síntesis, que el Colegio Nuestra Señora de Carmen debe ser exonerado, hasta tanto el SENA “no” reglamente la contratación de aprendices con las instituciones educativas privadas, ya que su objeto es diferente a las empresas cuyas actividades son propias de la industria o el comercio, condiciones que no pueden brindar los colegios privados, hasta tanto el SENA reglamente lo ordenado en la Ley 115 de 1994. Así mismo, argumenta que se ordene al SENA limitar la contratación de aprendices a la parte administrativa, excluyéndolos del personal docente, por lo cual indica como vulnerados los artículos 29, 67 y 68 de la Constitución Política, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2150 de 1995.

En primer término, a la Sala, no le cabe la menor duda que todas las instituciones educativas privadas están obligadas a contratar la cuota mínima de aprendices o en su defecto monetizar la cuota de aprendizaje, de conformidad con los artículos 32 y 34 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con los artículos 1º y 3º del Decreto 2585 de 12 de septiembre de 2003, los cuales disponen:

“ART. 32.—Empresas obligadas a la vinculación de aprendices. Las empresas privadas, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que realicen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción, que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince (15), se encuentran obligadas a vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación académica o profesional metódica y completa en la actividad económica que desempeñan.

Las empresas industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta del orden Nacional, departamental, distrital y municipal, estarán obligadas a la vinculación de aprendices en los términos de esta ley. Las demás entidades públicas no estarán sometidas a la cuota de aprendizaje, salvo en los casos que determine el Gobierno Nacional.

El empresario obligado a cumplir con la cuota de aprendizaje podrá tener practicantes universitarios bajo la modalidad de relación de aprendizaje, en el desarrollo de actividades propias de la empresa, siempre y cuando estos no superen el 25% del total de aprendices.

PAR.—Empresas de menos de diez (10) trabajadores podrán voluntariamente tener un aprendiz de formación del SENA”.

Al tenor del artículo transcrito, es claro que las empresas privadas, que realicen cualquier tipo de actividad económica y que ocupen un número de trabajadores no inferior a 15, están obligadas a vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación académica o profesional metódica y completa en la actividad económica que desempeñan, quedando excluidas las empresas de construcción.

A su vez el artículo 34 señala:

“Monetización de la cuota de aprendizaje. Los obligados a cumplir la cuota de aprendizaje de acuerdo con los artículos anteriores podrán en su defecto cancelar al SENA una cuota mensual resultante de multiplicar el 5% del número total de trabajadores, excluyendo los trabajadores independientes o transitorios, por un salario mínimo legal vigente. En caso que la monetización sea parcial esta será proporcional al número de aprendices que dejen de hacer la práctica para cumplir la cuota mínima obligatoria”.

Esta norma, plantea la alternativa a los sujetos pasivos obligados a cumplir con la cuota de aprendizaje, de cancelar al SENA una cuota mensual, en lugar de contratar el número de aprendices asignados por la Administración.

De manera que, para la Sala, no son de recibo los argumentos del actor, en cuanto a que “No puede aplicarse como axioma, la tesis, de contratar la cuota impuesta de aprendices o pagar la monetización, por cuanto para pagar su monetización se requiere que está obligado a contratar y en el caso de las instituciones educativas estas no están obligadas a contratar hasta tanto el SENA reglamente expresamente el artículo 189 de la Ley 115 de 1994, para que los aprendices puedan desarrollar su actividad, en tiempo, modo y lugar” (fl. 129), pues la Ley 115 de 1994, es la disposición general de educación, respecto a la cual el SENA no es competente para reglamentarla y, menos aún, sirve de excusa frente al compromiso legal de cumplir con la obligación de someterse a contratar la cuota impuesta de aprendices o, en su defecto, pagar la monetización, ya que como se sostiene en la sentencia apelada no existe norma alguna que excluya al Colegio Nuestra Señora de Carmen del deber de contratar dichos aprendices, por cuanto es sujeto pasivo de tal obligación, que cuenta con 213 trabajadores (fls. 70 y 71, cdno. del Tribunal); razón por la cual le fue asignado por el Sena 11 aprendices, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 789 de 2002(2).

Tampoco es de recibo el argumento expuesto en el recurso de apelación, respecto a que no comparte “el procedimiento para fijar dicha cuota, por cuanto las disposiciones en que se fundamentan las resoluciones acusadas, son normas especialmente dirigidas al fortalecimiento de las empresas mediante la preparación de sus empleados” (fl. 128 cdno tribunal), toda vez que se reitera, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 789 de 2002, cualquier empresa diferente a la de construcción, sea esta industrial, comercial, o educativa con o sin ánimo de lucro que tenga más de 15 trabajadores se encuentra obligada a vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación académica o profesional metódica y completa en la actividad económica que desempeñan.

Además, el contenido del artículo 36 de la Ley 789 de 2002, refuerza aún más que el argumento del actor no lo exime de responsabilidad de la obligación de contratar la cuota mínima de aprendices o en su defecto monetizar la cuota de aprendizaje, ya sea total o parcial(3), tal como lo sostiene el a quo, ya que según esta norma, pueden ser objeto del contrato de aprendizaje los oficios u ocupaciones que requiriendo de capacitación, no cuenten con programas y cursos de formación impartidos por el SENA.

Así las cosas, la Sala no advierte vulneración alguna a los artículos 29, 67, 68 de la Constitución Política; 7, 8, 9, 104, 109, 110, 112, 113, 114 y 215 de la Ley 115 de 1994, y el Decreto 2150 de 1995. Por consiguiente, los actos administrativos acusados gozan de plena legalidad, puesto que fueron expedidos conforme a las normas correspondientes.

En consecuencia, es del caso confirmar la sentencia recurrida, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones antes expuestas.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala el 30 de junio de 2011».

(1) ART. 136.—Modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 44. “2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro meses (4) contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso...”.

(2) “ART. 33.—Cuotas de aprendices en las empresas. La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la empresa, en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte. Las Empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un aprendiz.

La cuota señalada por el SENA deberá notificarse previamente al representante legal de la respectiva empresa, quien contará con el término de 5 días hábiles para objetarla, en caso de no ceñirse a los requerimientos de mano de obra calificada demandados por la misma. Contra el acto administrativo que fije la cuota procederán los recursos de ley (...)”.

(3) “Listado de oficios materia del contrato de aprendizaje. Podrán ser objeto del contrato de aprendizaje en cualquiera de sus modalidades, todos los oficios u ocupaciones que requieran de capacitación académica integral y completa para su ejercicio y se encuentren reconocidos como propios de formación educativa técnica- profesional, tecnológica o profesional universitaria titulada, de conformidad con los parámetros generales establecidos por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o normas que las sustituyan, modifiquen, adicionen, reglamenten o regulen de manera específica estas materias.

El SENA publicará periódicamente el listado de oficios y especialidades por región respecto de los cuales ofrece programas de formación profesional integral, sin perjuicio de que puedan ser objeto de este contrato de aprendizaje los oficios u ocupaciones que requiriendo de capacitación de conformidad con el inciso primero de este artículo, no cuenten con programas y cursos de formación impartidos por esta institución (...)”.