Sentencia 2004-01381/33130 de junio 30 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-26-000-2004-01381-01(33130)A

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Acción contractual - Niega

Actor: Asociación colombiana de padres con hijos especiales (ACPHES)

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

Referencia: Acción contractual

Bogotá D.C., treinta de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

12. La Sala es competente para decidir el caso por ser un asunto contractual en el que es parte una entidad estatal de las enunciadas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, según lo dispone el artículo 75(1) del mismo estatuto y por cuanto se trata de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

12.1. Así mismo, observa la Sala que para el momento de interposición del recurso de apelación (31 de marzo de 2006), habían entrado en vigencia las disposiciones contenidas en la Ley 446 de 1998 en virtud del artículo 1º de la Ley 954 de 2005(2) motivo por el cual el presente proceso contencioso administrativo, en razón de su cuantía(3), tiene vocación de doble instancia, en donde la segunda deberá ser resuelta por esta corporación.

II. Hechos probados

13. Conforme a las pruebas válidamente aportadas y practicadas durante el proceso, se demostraron estas circunstancias relevantes para la solución del conflicto traído al conocimiento de la Sala.

14. De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal allegado al expediente (f. 1-3 c.2) la ACPHES se constituyó como entidad sin ánimo de lucro. En su acto de creación planteó como finalidad “la integración de los padres de las personas con discapacidad física, sensorial o mental y su familia”, así como “estudiar, promover y ejecutar planes y programas sociales de carácter económico, cultural, científico, recreativo, deportivo y, en general, toda actividad que implique el desarrollo de los derechos constitucionales y legales de las personas con discapacidad, especialmente en cuanto se relacione con la prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e integración familiar, educativa, laboral y comunitaria” (f. 1 – c.2).

14.1. En esa dirección, se encuentra habilitada para:

“Adelantar todas las gestiones que (…) se requieran celebrando los convenios o contratos que estime convenientes con entidades públicas o privadas para la atención integral de la familia” (…) (f. 1 anverso – c.2).

14.2. Sin embargo, en el acto de creación de la ACPHES los asociados establecieron que:

“Para todos los efectos legales a que haya lugar la asociación aclara que no es entidad vinculada al sistema nacional de bienestar familiar y que los planes y programas enunciados en sus finalidades y objetivos los desarrollará a través de los entes especializados que sean pertinentes” (Ibíd).

15. El 2 de enero de 2001, la ACPHES (contratista) y el ICBF celebraron el denominado “contrato de prestación de servicios de protección a niños, niñas y jóvenes abandonados o en peligro físico o moral con discapacidad” (f. 43-50 – c.1). De las cláusulas que integran este negocio jurídico, se destacan las siguientes:

15.1. El objeto contractual, pactado en estos términos:

“PRIMERA. Objeto del contrato—El contratista se obliga para con el instituto a prestar el servicio de atención y rehabilitación requeridos por niños, niñas y jóvenes abandonados o en peligro físico o moral, con discapacidad, remitidos por el instituto que requieran tratamiento profesional especializado por presentar discapacidad física, mental, sensorial o múltiple, severa, moderada o leve, conforme a lo establecido en el formato para la descripción del proceso de atención, (anexo 1), en aplicación del instrumento de estándares de calidad de los procesos de protección integral, los cuales hacen parte integral del presente contrato, en las instalaciones del contratista (…) teniendo en cuenta las características de estos menores. Parágrafo. El contratista prestará el servicio de atención teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los niños, niñas, o familiares, las normas vigentes para los sectores de salud y educación. En concordancia con el artículo 83 del Código del Menor, entiéndese por atención integral “El conjunto de acciones que se realizan a favor de los menores tendientes a satisfacer un adecuado ambiente educativo y la participación de la familia y la comunidad. La atención integral se brindará básicamente a través de actividades de integración escolar, formación prelaboral y laboral, acceso a servicios de salud, y demás procesos necesarios para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, con la participación de las entidades que conforman el sistema nacional de bienestar familiar. Cuando se trata de menores con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, debe garantizarse el acceso a educación especial” (f. 44 – c.1).

15.2. La cantidad de cupos contratados: 113 en modalidad internado, 35 en seminternado y 20 en externado. El ingreso y egreso de menores a las instalaciones de la contratista debía estar precedido de “una boleta de ubicación, expedida por el Defensor de Familia” o en su ausencia, del coordinador del centro zonal correspondiente, en remisión que debía ser ratificada por el defensor de familia posteriormente.

15.3. Las obligaciones a cargo del contratista, que en lo pertinente para este caso enunciamos así:

“TERCERA. Obligaciones del contratista—En desarrollo del objeto del presente contrato, el contratista se obliga a: 1) Respetar y salvaguardar los derechos fundamentales del menor, consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, y en las normas del Código del Menor; atendiendo al menor de acuerdo con los lineamientos señalados por el instituto y que el contratista acepta de manera expresa; así como también teniendo en cuenta los reglamentos e Instructivos que se expidan; así como también los servicios según la discapacidad. Igualmente, atenderá al menor conforme a los términos de su propuesta, aclaraciones y ajustes a los mismos, aceptados por el instituto, los cuales forman parte integral del presente contrato. 2) Invertir los recursos entregados por el instituto, exclusivamente en la atención de los menores objeto de este contrato y manejar estos recursos, en una cuenta independiente de los demás ingresos del contratista. Deberá presentar un informe financiero trimestral, de acuerdo con el formato financiero (anexo 3) que hace parte integral del presente contrato. 3) Aceptar la asesoría que le proporcionen a la institución, el equipo técnico interdisciplinario nacional, regional y/o zonal del instituto, para mejorar la calidad de atención y de vida de los menores que atiende el contratista, siguiendo sus recomendaciones y adoptando oportunamente los correctivos y medidas que estos le indiquen. 4) Facilitar las visitas del equipo técnico interdisciplinario nacional, regional y/o zonal, para verificar las condiciones en que se encuentran los menores, suministrándoles la información, documentación y atención solicitada, con el fin de que se puedan tomar las medidas del caso. 5) Abrir a cada menor una carpeta donde se incluya la copia de la historia socio-familiar remitida por el instituto incluyendo la fotografía del menor, registro de la valoración inicial realizada por el médico, las valoraciones periódicas mensuales o bimensuales y las actuaciones de todos los profesionales que intervengan en el plan de atención preestablecido para el caso. 6) Suministrar cualquier información que requiera el instituto para verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales, legales o laborales, tales como nómina, constancias de pago, contratos laborales, títulos profesionales, hojas de vida, aportes patronales, pago de prestaciones sociales, honorarios, etc. 7) Remitir dentro de los dos primeros días hábiles del mes, el registro de niños y niñas atendidos, el cual debe estar firmado por el representante Legal. 8) A la terminación del contrato, presentar un estado de cuenta sobre la ejecución del mismo suscrito por el contratista que cubra toda la vigencia del mismo. 9) A la terminación del contrato el contratista deberá suscribir dentro del término establecido en la cláusula décimo octava (18) del presente contrato, la respectiva acta de liquidación. 10) Mantener un aviso o valla en una parte visible que indique la pertenencia de la entidad al sistema nacional de bienestar familiar y la prestación del servicio público de bienestar familiar. 11) Informar previamente al instituto, cualquier cambio de las instalaciones donde se prestará el servicio y/o cualquier cambio de domicilio y/o teléfono. 12) Afiliar a los menores atendidos, al Régimen Subsidiado en Salud, según lo establecido en el Acuerdo 77 del Consejo Nacional de Seguridad en Salud. 13) Mantener la capacidad operativa y de disponibilidad de cupos contratados con el ICBF, objeto de este contrato. 14) el contratista no podrá suspender el servicio, ubicar a los menores bajo su cuidado en otra institución o devolverlos al instituto, sin autorización previa del defensor de familia competente, cuando el niño, la niña o el joven cumplen con las características de la población para la cual el servicio es contratado. 15) Aplicar en los dos meses siguientes a la iniciación de la ejecución del contrato, el instrumento estándares de calidad de los procesos de protección integral. 16) Presentar al defensor de familia asignado, a los 30 días siguientes al ingreso del niño, niña o joven un informe evaluativo que contemple: fortalezas personales, familiares, sociales, y los derechos que le fueron vulnerados, con el correspondiente plan de acción individual que busque la restitución y garantía permanente de los derechos fundamentales; siguiendo los lineamientos impartidos por ICBF; (…) 18) Informar previamente por escrito y con anterioridad cualquier posible cambio de las instalaciones al supervisor del contrato, quien teniendo en cuenta los estándares de calidad, dará concepto favorable para el traslado del servicio, con el fin de solicitar a la Instancia competente, la modificación al contrato. (…) 23) Dar estricto cumplimiento a los requerimientos que impartan los niveles nacional regional y zonal” (f. 45-46 – c.1).

15.4. Según el texto contractual (cláusula cuarta), el contratista contaba con facultades para ejecutar el objeto del contrato “con plena autonomía técnica y administrativa, en sus instalaciones, utilizando personal propio bajo su dirección y responsabilidad exclusivas” (f. 47 – c.1). En esa medida, el personal a cargo del contratista no tendría relación laboral o contractual con el ICBF, y los contratos celebrados por el contratista para cumplir con sus obligaciones serían de su responsabilidad. No obstante, se pactó lo siguiente:

“Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa el instituto deberá vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales e inspeccionar la debida inversión de los recursos entregados” (ibíd.).

15.5. Dentro de las obligaciones del ICBF se indicaron las siguientes:

“1) Pagar al contratista el valor de los cupos en la forma y términos pactados. 2). Ejercer asesoría y asistencia técnica a través del equipo técnico interdisciplinario nacional, regional o zonal de acuerdo con las necesidades que se presenten en el desarrollo del presente contrato. Igualmente realizar a través del supervisor, el seguimiento y control de la ejecución del contrato. 3) Remitir al niño, niña o joven a la institución, mediante boleta de ubicación, firmada por el defensor de familia, anexando copia de la historia socio-familiar del menor (…) 4) Asesorar, acompañar y concertar con el contratista, el diseño y puesta en marcha del plan de mejoramiento institucional (…) 5) Expedir con destino a la secretaría de salud respectiva, una certificación que identifique a los menores que estén bajo medida de protección del instituto, con el fin de que sean afiliados al Régimen Subsidiado en Salud (…)” (ibíd.).

15.6. Como valor del contrato se convino que era “hasta la suma de $ 1.048.673.219, a razón de $ 611,574 para internado, $ 444,715 para seminternado y $ 240,818 para externado, valor cupo/niño/mes.” Este último valor se definió como “la capacidad instalada y de atención integral disponible de una unidad de servicio, que cancela el ICBF por la atención de los niños, niñas y jóvenes, objeto del contrato” (ibíd.)

15.7. Se estipuló que el pago se haría por mensualidades vencidas, previa presentación de facturas que debían ir acompañadas de “una certificación sobre el número de cupos realmente utilizados, expedida por el Supervisor del contrato”.

15.8. El supervisor del contrato tenía como función, además de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales, y de efectuar el seguimiento de la ejecución del contrato, la siguiente: “(…) Para efectos del pago, expedir las certificaciones a que haya lugar conforme a lo pactado en el contrato y presentarlas en las dependencias encargadas de efectuarlo” (f. 48 – c.1).

15.9. Este contrato tuvo una vigencia inicial de 12 meses, comprendidos entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2001.

15.10. La cláusula decimoctava, referente a la liquidación, indicó que el contrato “deberá liquidarse de común acuerdo por las partes, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación unilateral, mediante la suscripción de un acta de liquidación” (f. 50 – c.1), de lo contrario, mencionó que se aplicaría el artículo 61 de la Ley 80 de 1993.

16. Las partes suscribieron adiciones “en valor y en plazo” al contrato 29/04/2001/034.

16.1. La primera tuvo lugar el 28 de diciembre de 2001, (f. 51-52 – c.1). El valor adicionado fue de “$ 207.323.586, para la atención de 113 cupos en internado (…) a un costo cupo mes de $ 611,574, para internado” (f. 51 – c.1); y la vigencia se extendió hasta el 31 de marzo de 2002.

16.2. La segunda se originó el 2 de enero de 2002 (f. 59-60 – c.2). Allí se adicionó el valor del contrato:

“(…) en la suma de sesenta millones doscientos setenta mil setecientos veinticinco mil (sic) pesos moneda corriente ($ 60.270.725.00) m/cte., de los cuales la suma de cuarenta millones novecientos sesenta y tres mil setecientos veinticinco pesos m/cte. ($49.963.725) (sic) estarán destinados para atender 35 cupos por el término de tres (3) meses contados a partir del 2 de enero de 2002 en la modalidad semiinternado (sic); y la suma de diez millones trescientos siete mil pesos m/cte. estarán destinados para la atención de 20 cupos por el término de (2) meses contados a partir del 1 de febrero de 2002” (f. 59 – c. 2).

16.2.1. La vigencia de esta adición fue “de tres (3) meses, contados a partir del 2 de enero de 2002 en la modalidad semiinternado (sic) y de dos (2) meses contados a partir del 1 de febrero de 2002 en la modalidad externado” (Ibíd.).

16.2.2. Esta adición fue aclarada por el ICBF el 11 de marzo de 2002, indicando que “el valor cupo mes de la adición para la modalidad externado (…) es de $ 257.675 y para seminternado es de $ 475.845. (f. 63 – c.2).

17. Durante todo el año 2001, y los meses de enero a marzo de 2002, el supervisor del contrato y el representante legal de la ACPHES certificaron la atención a niños, niñas y jóvenes conforme lo pactado, distinguiendo entre cupos contratados y cupos atendidos. Así mismo, se aportaron los comprobantes de pago al contratista, en el mismo lapso, por valores que fueron equivalentes a los certificados mensualmente (f. 59-89 - c.1).

18. La ACPHES se comunicó con el ICBF a través de un oficio con fecha de junio 4 de 2002, en donde remitió “la liquidación correspondiente al Contrato 29/04/2.001/034 y sus dos adiciones” (f. 23 – c.2). Esta carta adjuntó un formato de acta de liquidación del ICBF, únicamente suscrita por el representante legal de la contratista (f. 24 – c.2).

19. A través de la Resolución 1827 del 17 de octubre de 2002, el ICBF liquidó unilateralmente el “contrato de prestación de servicios 29/02/2001/034” suscrito con la ACPHES (f. 4-13 – c.2).

19.1. Parte de las motivaciones del acto administrativo se refieren al informe rendido tras una visita del equipo de apoyo del grupo financiero a la ACPHES(4), que refiere:

19.1.1. El arriendo de las sedes donde se ejecutaban las obligaciones del contrato, aunque las instalaciones figuraban como activos fijos de la institución a 31 de diciembre de 2001.

19.1.2. La compra de un equipo de audiometría y de un “video beam”, aunque “el contrato no contempla este tipo de compras” (f. 5 – c.2).

19.1.3. Las erogaciones por concepto de mantenimiento y reparaciones de una de las sedes de la institución, a pesar de que “el contrato no contempla este tipo de compras” (f. 6 – c.2).

19.1.4. Gastos en alimentación, con desfase entre lo informado y lo verificado en los soportes de $ 2’829.344.

19.1.5. Gastos en “educación, capacitación, salud, recreación, deporte, cultura y atención a la comunidad”, en donde se encontró una diferencia entre lo informado al ICBF y los soportes de $ 12’791.656.

19.1.6. “Así mismo, existe un total de valores girados a la directora señora Jenny Gómez, cuyos soportes no son consistentes”, que ascendían a $ 68’294.800.

19.1.7. En otros gastos, relacionó “tiquetes a España y gastos de viaje, según comprobantes de egreso (…)” por valor de $ 5’225.422. Sostuvo que “el contrato no contempla este tipo de gastos” (f. 7 – c.2).

19.1.8. El total de los valores no justificados por la ACPHES era, de acuerdo al informe, de $ 205’355.105.

19.2. El acto administrativo menciona que la ACPHES rindió descargos sobre los señalamientos efectuados en el informe, frente a los cuales el ICBF indicó que en lugar “de dar una suficiente ilustración y dar una explicación clara a los dineros por legalizar, se plantean situaciones diferentes, que lo que (sic) conlleva a determinar es que existe gran desorden administrativo, contable y financiero” (f. 9-10 – c.2).

19.3. La resolución señala que la contratista fue citada por el ICBF para suscribir el acta de liquidación “mediante oficios de fechas 9 y 12 de septiembre”. Sin embargo, la respuesta de la ACPHES fue que “ya había suscrito un acta, la cual no fue suscrita por la dirección regional por carecer del control financiero y legal necesarios, los cuales no eran posibles, teniendo en cuenta la revisión financiera y contable que se adelantaba a la ejecución del contrato”. Finalmente, la contratista no compareció a los llamados del ICBF.

19.4. La liquidación unilateral se efectuó de acuerdo con estos valores (f. 12 – c.2):

Valor contrato principal  $ 1.048.673.219
Valor adiciones $ 207.323.586
$ 60.270.725
  $ 267.594.311
   $ 1.316.267.350
Valor pagado según comprobante Nº 326, 1288, 1289, 1838, 2284, 3038, 3883, 4553, 5498, 6142, 6849, 7358, 310, 580 y 1272 $ 1.298.175.130 
Valor descuentos (no girado por cobertura no atendida) $ 18.092.400 
Valor reajustes y revisión de precios pactados en el contrato (Incremento 7% adición $ 14.512.651$ 14.512.651
Valor ejecutado$ 1.107.332.676  
Valor no ejecutado$ 223.447.505  
Valor descuentos $ 18.092.400 aplicados   
Valor a reintegrar $ 205.355.105 al ICBF   
Sumas iguales$ 1.330.780.181$ 1.330.780.181$ 1.330.780.181
Valor a cargo del contratista (a reintegrar al ICBF) por gastos ejecutados que no corresponden al objeto del contratos (sic), según informe de supervisión financiera (…)$ 205.355.105
Valor a favor del contratista (a pagar al contratista por el ICBF) por incremento del 7% a la adición de enero a marzo de 2.002$ 14.512.651
Saldo a cargo del contratista y por integrar al ICBF:$ 190.842.454

20. La ACPHES interpuso recurso de reposición contra el acto de liquidación unilateral,(5) decidido a través de la Resolución 2795 del 31 de diciembre de 2002 en el sentido de confirmar el acto refutado.

20.1. El contratista argumentó que el contrato celebrado entre ACHPES e ICBF era un contrato de prestación de servicios. La entidad pública contestó:

“(…) si bien es cierto, el enunciado del contrato en cuestión establece la prestación de un servicio, es necesario remitirnos para tal fin a la Ley 7ᵃ de 1.979 y su decreto reglamentario 2388 del mismo año, que el Instituto podrá celebrar contratos con personas naturales o jurídicas (…) y en virtud de lo expuesto, por tratarse de un servicio especial del servicio de bienestar familiar, se podrán celebrar contratos de aporte.

(…) Queda establecido con lo expuesto, la aplicabilidad de la especialidad de la contratación, lo que enmarca los principios de la prestación de un servicio público en la ejecución de los contratos, lo que no puede enmarcarse exclusivamente en la modalidad de prestación de servicios, profundizando en su argumentación con la existencia de los considerandos tenidos en cuenta en el encabezado del contrato mismo y en las cláusulas especiales pactadas y aceptadas por el contratista, como la de destinar el presupuesto asignado únicamente en la ejecución del objeto contractual” (f.17 – c.2).

20.2. El ICBF sostuvo que no existió plena autonomía del contratista, sino que esta únicamente se pactó “frente al personal a su cargo y las calidades del servicio a prestar” (f. 19 – c.2).

20.3. De acuerdo con el acto, el sistema de forma de pago “cupo/niño/mes, no resta importancia a las demás obligaciones contractuales tales como la presentación y legalización de cuentas frente a la ejecución del contrato, de donde se concluyó que existían saldos sin ejecutar en la destinación específica contratada y por ende es obligación del ICBF proceder a través del acta de liquidación, a efectuar dichos ajustes y estipular los saldos a su favor” (f. 19 – c.2).

20.4. Igualmente, sostuvo que “teniendo en cuenta la especialidad de la contratación del Instituto, se establece que el dinero aportado es recurso público, administrado por un tercero que presta el servicio público de bienestar familiar, bajo las directrices del ICBF” (Ibíd.).

20.5. Añadió que “frente a la atención de los menores se tuvo en cuenta la constatación y certificación expedida por el supervisor del contrato, sin embargo se tendría que entrar a determinar la calidad del servicio o que el presupuesto asignado no se hubiera destinado al cumplimiento del objeto contractual, invirtiéndose en asuntos que no tiene (sic) que ver con las estipulaciones suscritas. En tal caso, no se podría haber ejecutado y se constituyen en saldos por no ejecución” (f. 19-20 – c.2).

III. Problema jurídico

20. De acuerdo con lo alegado en la demanda, lo decidido en la sentencia de primera instancia y lo expuesto en la apelación, la Sala acometerá la problemática jurídica que fundamentó el cargo de falsa motivación de los actos administrativos demandados, próspero en el tribunal a quo, esto es, el atinente a la naturaleza jurídica del contrato 29/04/2001/034: ¿Se trata de un contrato de prestación de servicios (como lo predica la demandante) o de un contrato de aporte (siguiendo la óptica del ICBF)?

21. De otra parte, si el análisis efectuado en esta sentencia de segunda instancia concluye que no existió la falsa motivación —contrario a lo que estimó el a quo—, la Sala estudiará los restantes cargos formulados por la demanda (párr. 3).

IV. Análisis de la Sala

IV.I. Estudio del cargo de falsa motivación: ¿El contrato 29/04/2001/034 es de aportes o de prestación de servicios?

22. La actora sostuvo que hubo falsa motivación en los actos administrativos de liquidación unilateral porque estos aplicaron normas extrañas al contrato de prestación de servicios que, en su parecer, celebró con el ICBF. “Es falso que el contrato fue (sic) de aportes y es igualmente falso que el ICBF le aportó a ACPHES dinero para desarrollar al contrato”, puntualizó. (f. 15 – c.1).

23. Resolver la problemática sobre la naturaleza del contrato 29/04/2001/034, implica advertir, de antemano, que el nombre otorgado por las partes al negocio que estas celebran no incide en su régimen ni en sus efectos jurídicos. En efecto, que las partes hayan dado en denominar al contrato en comento como “de prestación de servicios” es indiferente para efectuar su calificación. Sobre este particular, cabe recordar que la Sala ha sostenido que:

“(…) la naturaleza del vínculo contractual o la identificación del tipo negocial celebrado no constituye una cuestión que dependa, en exclusiva y ni siquiera principalmente, de la denominación que al convenio decidan otorgar las partes, sino que dicha naturaleza o modalidad derivan, fundamentalmente, de la función económico - social que el acto jurídico esté llamado a cumplir o, en otros términos, de los elementos que permiten configurar el tipo contractual del cual se trate; de ahí que el contrato, como forma específica de negocio jurídico, se califique como la más cotidiana y usual forma de disposición de intereses en procura de una función práctica, económica o social y que en consideración a la función o funciones que les corresponda desplegar, el ordenamiento jurídico instituya categorías o tipos de contratos dentro de un esquema fáctico concreto, definitorio de su naturaleza, clase o especie, algunas de ellas reguladas expresamente por el legislador, otras por la sociedad —de suerte que surgen incluso de los usos y de las prácticas sociales— y otras por el tráfico jurídico mismo, diferenciándose así los contratos típicos y nominados de los atípicos y los innominados (…)”(6).

24. Ahora bien, la jurisprudencia se ha referido al contrato estatal de prestación de servicios, partiendo de la definición contenida en el artículo 32 – numeral 3º de la Ley 80 de 1993, vigente para el momento de celebración del contrato entre la ACPHES y el ICBF. Así se ha pronunciado la Sala:

“Sobre el particular, sea lo primero destacar que el contrato de prestación de servicios nació del contrato de arrendamiento o locatio, que tenía como modalidades de ejecución las obras (locatio operis), el transporte (locatio conductio), o los servicios personales (locatio operarum). Figura esta última que se generalizó para dar paso a la concepción actual de este negocio jurídico, al cual el Estado moderno ha recurrido, para cumplir las múltiples y crecientes funciones a su cargo y ante precisos requerimientos de conocimiento profesional, técnico, o científico o por insuficiencia del personal vinculado a su planta de personal a través de un acto condición (funcionarios) o mediante contrato de trabajo (trabajadores oficiales).

De ahí que, la necesidad de servicios para su funcionamiento o para el cumplimiento de actividades dirigidas a la sociedad, ha dado lugar a contratarlos con personas naturales o jurídicas externas, no vinculadas como servidores o funcionarios de la administración, a través de contratos de prestación de servicios. Así, la Ley 80 de 1993 en el artículo 32, numeral 3º, dispuso lo siguiente:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos ( ) solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el termino estrictamente indispensable”.

De conformidad con la anterior definición, es viable predicar las siguientes características y notas predominantes de los contratos de prestación de servicios:

a) Pueden ser celebrados por cualquier entidad estatal que tenga capacidad para contratar, según lo previsto en el artículo 2º numeral 1º de la Ley 80 de 1993.

b) Es posible su celebración con personas naturales o con personas jurídicas. Con personas naturales cuando se trate de desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad que no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Y, no obstante que la norma no lo señala, es conforme a derecho concluir que también es admisible suscribir este tipo de contratos con personas jurídicas, como así lo indica el artículo 24, numeral 1º, letra d), en el cual se señala la posibilidad de acudir a los mismos“[p]ara la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas (…)”.

c) Tienen por objeto desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad contratante, con la condición de que tales actividades o funciones no puedan cumplirse con el personal de planta por ser insuficiente o porque se requieran conocimientos especializados.

d) La relación que se genera entre entidad contratante y contratista no goza del carácter de relación laboral.

e) No pueden pactarse por término indefinido, sino por el plazo estrictamente necesario e indispensable (inciso 2º del numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993).

Precisamente, la naturaleza excepcional de este negocio jurídico de la administración y las dos últimas características anotadas previenen que no se utilice el contrato de prestación de servicios para establecer plantas paralelas con carácter permanente en las entidades públicas, en desconocimiento del régimen laboral, tal y como lo ha advertido esta corporación al recalcar que no puede suplirse la vinculación de los servidores públicos a los cuadros del servicio oficial a través de estos contratos(7).

f) En el marco de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebran las entidades públicas —incluyendo los de prestación de servicios— se rigen por las disposiciones civiles y comerciales que disciplinan el tipo negocial utilizado por la administración y las especiales previstas en dicho estatuto público contractual (artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993).

g) No son obligatorias las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, salvo en materia de prestación de servicios públicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, pero ello no obsta para que si se estima conveniente se puedan pactar”(8).

25. Como un apunte adicional, cabe señalar que la exigencia de que el contrato estatal de prestación de servicios solo pueda celebrarse cuando la entidad no posea el personal de planta o se requieran conocimientos especializados, ha sido precisada por las posteriores reformas legales al estatuto de contratación pública, particularmente las introducidas por la Ley 1150 de 2007 (artículo 2º - numeral 4º - literal h.), norma que subdividió el género “contrato de prestación de servicios” en dos especies: de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. La Sala Plena de la Sección, en sentencia de unificación, precisó las diferencias entre una y otra categoría, así:

"d) El contrato propiamente dicho de prestación de servicios profesionales

100.- En este sentido, y efectuando un análisis exclusivamente sobre los fundamentos legales expuestos, serán entonces contratos de “prestación de servicios profesionales” todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos especializados, siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico como profesionales. En suma, lo característico es el despliegue de actividades que demandan la aprehensión de competencias y habilidades propias de la formación profesional o especializada de la persona natural o jurídica, de manera que se trata de un saber intelectivo cualificado.

101. Por consiguiente, el uso de esta concreta figura contractual queda supeditado a las necesidades a satisfacer por parte de la administración pública y la sujeción al principio de planeación; lo que encuentra su manifestación práctica en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que la administración recurra a un contrato de prestación de servicios profesionales.

e) El contrato de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión

102. Por otra parte, con estos mismos fundamentos se entiende entonces por contratos de “apoyo a la gestión” todos aquellos otros contratos de “prestación de servicios” que, compartiendo la misma conceptualización anterior, esto es, el desempeño de actividades identificables e intangibles, el legislador permite que sean celebrados por las entidades estatales pero cuya ejecución no requiere, en manera alguna, de acuerdo con las necesidades de la administración (previamente definidas en los procesos de planeación de la entidad), de la presencia de personas profesionales o con conocimientos especializados, sean estas naturales o jurídicas.

103. Se trata entonces de los demás contratos de prestación de servicios, caracterizados por no ser profesionales o especializados, permitidos por el artículo 32 Nº 3º de la Ley 80 de 1993, esto es, que involucren cualesquiera otras actividades también identificables e intangibles que evidentemente sean requeridas por la entidad estatal y que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad de apoyo, acompañamiento o soporte y de carácter, entre otros, técnico, operacional, logístico, etc., según el caso, que tienda a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa(9) o funcionamiento de la correspondiente entidad, pero sin que sean necesarios o esenciales los conocimientos profesionales o especializados para su ejecución, los cuales, como se ha advertido, se reservan exclusivamente para el “contrato de prestación de servicios profesionales”, y no para estos de simple “apoyo a la gestión”.

104. De esta forma el concepto de “apoyo a la gestión” entraña un claro apoyo a la actividad de las entidades estatales que debe entenderse de conformidad con la sistemática expuesta a propósito del contrato de prestación de servicios y que de manera restrictiva tiene relación con la administración o el funcionamiento de la entidad estatal correspondiente, conforme a las prédicas y exigencias del artículo 32 Nº 3º de la Ley 80 de 1993”(10).

26. De otra parte, lo primero que cabe destacar sobre los contratos de aporte celebrados por el ICBF es su particular régimen jurídico, formado por un marco general de habilitación para celebrar contratos, dado por la Ley 7 de 1979 (artículo 21 - numeral 9º), por la posibilidad de auxiliar a los organismos que presten los servicios de bienestar familiar (artículo 21 - numeral 14), y una normatividad encargada de especificar sus elementos particulares: el decreto reglamentario 2388 de 1979. A continuación, se citan en lo pertinente los mencionados preceptos, vigentes para la época en la que se celebró el contrato y en toda su extensión por su importancia para la decisión que nos atañe:

Ley 7ᵃ de 1979 - Artículo 21. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá las siguientes funciones:

(…) 9. Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales para el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo.

(…)14. Crear programas de protección preventiva y especial para menores de edad, lo mismo que auxiliar técnica y económicamente a los organismos de esta naturaleza existentes en el país, cuando lo considere conveniente.

Decreto 2388 de 1979(11):

Artículo 123.—El ICBF, cuando las necesidades del servicio así lo demanden, podrá celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

Estos contratos se considerarán como administrativos y deben contener, entre otras, las cláusulas que sobre garantías, caducidad administrativa y reclamaciones diplomáticas, la ley exige para los del gobierno. La declaratoria de caducidad, llegado el caso, se hará mediante resolución motivada firmada por el director general, y de acuerdo con el procedimiento señalado en el Decreto 150 de 1976(12).

Artículo 124.—De las controversias relativas a estos contratos conoce la jurisdicción contenciosa administrativa según las reglas de competencia.

Artículo 125.—El ICBF, podrá celebrar los contratos de que trata el artículo 21, numeral 9º de la Ley 7ª de 1979 con Instituciones de Utilidad Pública o Social de reconocida solvencia moral y técnica, dando preferencia a las más antiguas y que hayan sobresalido por sus méritos y dotes administrativos.

Parágrafo.—Cuando no se pueda celebrar contratos con Instituciones sin ánimo de lucro, se suscribirán con personas naturales de reconocida solvencia moral.

Artículo 126.—En todo caso, los contratos deben ceñirse en su celebración, desarrollo, cumplimiento e interpretación, a la naturaleza y a las modalidades del servicio de bienestar familiar.

Artículo 127.—Por la naturaleza especial del servicio de bienestar familiar, el ICBF podrá celebrar contratos de aporte, entendiéndose por tal, cuando el instituto se obliga a proveer a una institución de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dineros, etc.) indispensables para la prestación total o parcial del servicio, actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución, con personal de su dependencia, pero de acuerdo con las normas y el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, su vigencia será anual, pero podrá prorrogarse de año en año.

Artículo 128.—Los contratos de aporte que el ICBF celebre para la prestación de los servicios de bienestar familiar solo están sujetos a las cláusulas obligatorias de todo contrato administrativo.

El Instituto también podrá celebrar contratos innominados y de carácter mixto”.

26.1. Como se desprende de su articulado, aunque tenga rasgos específicos delineados a través de los preceptos que lo rigen, este tipo contractual es evidentemente estatal, y en lo que no dispongan las normas anteriormente citadas, se somete a las normas generales de la contratación pública. Para la Sala, el contrato de aporte es “una clase de convención atípica encaminada a que el ICBF —en virtud de su función de propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteja al menor de edad y le garantice sus derechos— suscriba con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo”(13).

26.2. Ahondando en las características del contrato estatal de aporte, en la providencia recién citada la Sala puntualizó:

“Como se aprecia, el contrato de aporte tiene las siguientes características esenciales: i) es un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993; ii) se trata de un negocio jurídico atípico, principal y autónomo; iii) oneroso, solemne y formal al igual que todos los contratos estatales, por cuanto se requiere que medie una contraprestación a favor del contratista; constar por escrito y debe estar suscrito por las partes, en los términos consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993; iv) bilateral y sinalagmático, en la medida que se desprenden obligaciones y cargas para las dos partes del negocio, esto es, el aportante y el contratista; y vi) conmutativo, toda vez que las prestaciones contenidas en el negocio jurídico son equivalentes, puesto que el contratista asume la prestación de un servicio propio del sistema de bienestar familiar y social a cambio de una contraprestación, al margen de que el contratista pueda ser una institución sin ánimo de lucro.

En efecto, el negocio jurídico de aporte es un contrato estatal especial suscrito entre el ICBF y un contratista, en el que el primero se compromete, como su nombre lo indica, a efectuar aportes o contribuciones en dinero o especie a una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, y especialmente a instituciones de utilidad pública o de beneficencia, o de reconocida capacidad técnica o social con el fin de que atienda bajo su exclusiva responsabilidad y con su propio personal humano y técnico, un área específica del sistema de bienestar social, es decir, aquellas dirigidas a la atención a la integración y realización armónica de la familia, así como a la protección efectiva de la niñez y adolescencia”(14).

27. Al compararlo con el contrato de prestación de servicios, la sentencia citada manifestó lo siguiente:

“En ese orden de ideas, al margen de las similitudes que pudieran evidenciarse entre el contrato de aporte y el de prestación de servicios, lo cierto es que aquél reviste una serie de particularidades que no permiten asemejarlo a este último, máxime si el negocio jurídico de aportes supone la intervención de la entidad pública quien se vincula al negocio en una participación de capital o de especie que se traslada de manera definitiva o temporal a favor del contratista para que este asuma una actividad de bienestar social —integración de la familia o de la protección de la infancia— a cambio de una contraprestación.

(…) En consecuencia, el contrato de aporte en su condición de contrato atípico se caracteriza porque tiene un sujeto activo calificado y cualificado por la ley, ya que se trata de un negocio jurídico que solo puede ser suscrito por el ICBF, en el que la entidad pública entrega unos bienes (tangibles o intangibles) al contratista para que este último asuma, a cambio de una contraprestación, la ejecución de un servicio propio del sistema de bienestar social bajo su exclusiva responsabilidad y con personal técnico y especializado a su cargo.

En esa línea de pensamiento, a esa convención le resultan aplicables los principios del artículo 209 de la Constitución Política, así como los principios y reglas contenidas en la ley 80 de 1993 y normas complementarias, razón por la que en la selección del contratista juegan un papel preponderante aspectos tales como la transparencia, la selección objetiva y planeación, entre otros, máxime si como lo señala expresamente la ley, resulta prioritario que se seleccione a instituciones o personas que acrediten idoneidad en el manejo de la actividad cuya prestación pretende que el contratista asuma, debido a la relevancia de la función a ejecutar, esto es, la protección de la familia y de los niños y niñas, la primera núcleo esencial de la sociedad en los términos establecidos en el artículo 42 de la Carta Política, y los últimos eje central y primordial de la sociedad, cuyos derechos prevalecen sobre los de los demás, como se reconoció expresamente por el Constituyente en el artículo 44 ibidem.

Así las cosas, el contrato de aporte no solo difiere sustancialmente de cualquier otro negocio jurídico en su objeto, sino de igual manera en su causa, toda vez que la actividad que se asume por el contratista (objeto) es de carácter esencial y de específica relevancia para la sociedad y para el Estado —y no simplemente una función administrativa o propia de la entidad pública—, y la causa es específica consistente en la finalidad de procurar la integración de la familia y la protección de la niñez”(15).

28. Parafraseando lo sostenido por los antecedentes jurisprudenciales citados, son claramente distinguibles los contratos de aporte con los de prestación de servicios, aunque estos posean algunos elementos similares. Aunado al objeto y a la causa de todos los contratos de la administración pública, que no son otros que el cumplimiento de los fines y principios del conglomerado de entidades públicas, y la satisfacción de los intereses de la colectividad(16), es posible identificar algunas cualidades comunes a ambos tipos contractuales, por ejemplo, que no engendra relaciones jurídicas de carácter laboral(17).

29. Por lo demás, y como lo decía la Sala en el pronunciamiento anteriormente referenciado, los aspectos que distinguen un tipo contractual del otro son de muy variada índole, siendo aún más notoria la diferencia de linaje entre los dos, cuando el análisis se enfoca en las peculiaridades del contrato de aporte.

29.1. En este tipo de contratos, la finalidad es desarrollar el servicio público de bienestar familiar, que el artículo 3º del Decreto 2388 de 1979 definía como “el conjunto de actividades del Estado, encaminadas a satisfacer en forma permanente y obligatoria las necesidades de la Sociedad Colombiana relacionadas con la integración y realización armónica de la familia, la protección preventiva y especial del menor necesitado y la garantía de sus derechos”(18), concepto que se articula actualmente con los deberes contenidos en la Constitución Política de Colombia(19).

29.1.1. En consecuencia, en el contrato de aporte, la causa expuesta funge como elemento esencial del negocio jurídico en comento, en tanto “influye sobre la configuración y tipificación del negocio, decide sobre su justificación y validez, y controla la vida de sus efectos”(20); y al mismo tiempo, fundamenta que sea el ICBF, como la entidad pública encargada de la ejecución de las políticas en materia de protección a los menores de edad, la única persona jurídica de derecho público capaz de suscribir estos contratos de aporte con cualquier entidad apta para colaborar en la prestación del servicio público de bienestar familiar.

29.1.2. Claramente este aspecto separa el contrato de aportes del de prestación de servicios, cuya finalidad es enteramente más amplia, en tanto se halla ligada a la generalidad (el cumplimiento adecuado de las funciones de la entidad pública), y a la satisfacción de las necesidades coyunturales de la administración. E igualmente, en el contrato de prestación de servicios puede obrar como entidad contratante cualquiera de las señaladas en el artículo 2º - numeral 1º de la Ley 80 de 1993, incluyendo —por supuesto— al ICBF.

30. El objeto de todo contrato de aporte es la provisión o entrega de bienes del ICBF a otra institución que se encarga de prestar el servicio público de bienestar familiar, a diferencia del contrato de prestación de servicios. Nótese que no se trata únicamente de la colaboración de una institución apta para atender una necesidad afín con las funciones de la entidad contratante, que es el contenido amplio del contrato de prestación de servicios(21); también es la participación de la contratante, transfiriendo sus bienes hacia la contratista que realiza la prestación indirecta del servicio.

30.1. El parámetro jurisprudencial citado anteriormente (párr. 26.1., 26.2 y 27) postula elementos del contrato de aporte como la onerosidad, la conmutatividad, y la paridad entre las obligaciones del aportante (ICBF) y la institución colaboradora, para reseñar que de este negocio jurídico debe surgir una contraprestación al contratista. Empero, este reconocido factor no ostenta un lugar predominante sobre la prestación misma del servicio de bienestar familiar, que hemos identificado como el ingrediente distintivo más importante de este tipo de contratos, y que concreta la preeminencia de los derechos de la población beneficiada por este servicio.

30.2. En efecto, la Sala entiende que en la interpretación de los contratos de aporte, debe tenerse en cuenta que la satisfacción del servicio público de bienestar familiar irradia la totalidad de las cláusulas pactadas entre las partes, de tal suerte que en la consideración del operador jurídico debe prevalecer, en caso de duda, que la consagración legal y reglamentaria de este contrato atípico posee una exclusiva razón de ser: que se brinde el servicio “público y esencial de bienestar familiar encaminado a la protección específica de la niñez colombiana y, de manera concreta, a la protección y efectividad de los derechos contenidos en el artículo 44 de la Carta Política”(22), sobre el cual el ICBF ejerce facultades de dirección, inspección, vigilancia y control.

31. Conforme a las normas y a la jurisprudencia citada, la selección de un contratista de aporte y uno de prestación de servicios se rige por los mismos principios y reglas —constitucionales y legales— de la contratación pública general, advirtiendo la autorización legal para celebrar directamente este tipo de contratos(23), y haciendo énfasis en que un contratista de aporte debe tener cualidades especiales para prestar el servicio público encomendado, es decir, debe acreditar que ostenta las condiciones de idoneidad necesarias para atender todas las necesidades de los menores y las familias objeto de protección del ICBF.

31.1. Ahora, el decreto reglamentario privilegia que el contratista sea una entidad sin ánimo de lucro (D. 2388/79, art. 125), en una manifestación propia de la actividad administrativa de fomento, a través de la cual la entidad pública (en este caso, el ICBF) estimula y promueve que este tipo de organizaciones, en consideración a la finalidad social que las orienta, ejerzan voluntariamente tareas que satisfagan necesidades públicas o de interés general, y susciten el cumplimiento indirecto de la finalidad perseguida por la administración(24). Es interesante marcar que este pensamiento no solo inspiró al creador de la norma reglamentaria, sino también al constituyente, como lo expresa el artículo 355 – inciso 2º de la Carta Política(25).

31.2. Con todo, es necesario advertir que la persona (natural o jurídica) que celebra un contrato de aporte con el ICBF, al suscribir voluntariamente el acto que lo liga con la entidad pública, y ejercer actividades propias del servicio público de bienestar familiar, se integra, por esas sencillas circunstancias, al sistema nacional de bienestar familiar, puesto que así lo dispone la definición incorporada en el artículo 4º - inciso 1º del Decreto 2388 de 1979:

“Se entiende por sistema nacional de bienestar familiar el conjunto de organismos, instituciones, agencias o entidades públicas o privadas que total o parcialmente, atienden a la prestación del servicio”.

31.3. En el mismo sentido, se aprecia que el artículo 8º del reglamento indica:

“Hacen parte también del sistema nacional de bienestar familiar las entidades públicas o privadas, de carácter nacional, distrital, departamental, comisarial, intendencial o municipal, que habitualmente realicen actividades relacionadas con la protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e integración armónica de la familia”.

31.4. Es decir que, para el caso concreto, el ingreso al sistema nacional de bienestar familiar no depende del acto de creación de la persona jurídica que presta el servicio de forma indirecta, sino de la prestación que esta realiza a partir de sus obligaciones contractuales. No se desprende de una formalidad, sino de la puesta en marcha de actividades que, bajo la dirección, vigilancia y control del ICBF, satisfagan la necesidad tantas veces mencionada de protección de la población infantil y de las familias en situación de vulnerabilidad.

32. Sumado a lo anterior, el contratista de aporte cuenta con un margen de autonomía para llevar a cabo su actividad, el cual está delimitado por las normas especiales que gobiernan este tipo contractual. De acuerdo con los artículos 126 y 127 del Decreto 2388 de 1979, la “celebración, desarrollo, cumplimiento e interpretación” están sometidos a “la naturaleza y a las modalidades del servicio de bienestar familiar”, y el contratista, si bien responde por las calidades del servicio que presta y por el personal que contrata para cumplir con sus obligaciones contractuales, opera “de acuerdo con las normas y el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

32.1. No se trata, en consecuencia, del mismo grado de autonomía que se predica de los contratos de prestación de servicios, donde existe “autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico”, es decir, “un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor”(26). En el contrato de aporte, la intervención del ICBF a través de sus facultades de formulación de políticas, coordinación, vigilancia, control y asesoría de las instituciones que forman parte del sistema de bienestar familiar(27) recorta, aunque no elimina, la autonomía del contratista de aporte, quien deberá ejecutar el objeto contractual con sujeción a las directrices que emite la entidad contratante en torno a la prestación del servicio, y someterse al control que el ICBF realiza sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, las condiciones del servicio prestado, y —señaladamente— la destinación específica de los recursos aportados, no solo porque así se lo ordenen las normas especiales, además por ser un deber legal desprendido del estatuto general de la contratación estatal (L. 80/93, art. 4, num. 4º)(28).

33. Visto lo anterior, en relación con el asunto particular, se observa que en las cláusulas del contrato estatal objeto de controversia existen coincidencias con el tipo contractual que la Sala ha expuesto bajo el nombre de “contrato de aporte”.

33.1. El objeto pactado (párr. 15.1.) conlleva la prestación del servicio de bienestar familiar (la atención y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes remitidos por el ICBF para su protección y tratamiento), conforme a los parámetros que, para el efecto, dictara la entidad contratante.

33.2. De acuerdo al texto del contrato, la dirección del ICBF en relación con el servicio de bienestar familiar incidía permanentemente en la ejecución del objeto contractual, y particularmente en la satisfacción de las prestaciones a cargo del contratista, que debía seguir los reglamentos, instrucciones, lineamientos y formatos expedidos por la contratante para prestar su servicio, así como permitir la intervención y control de la entidad para verificar el cumplimiento del contrato, y el tratamiento de los menores atendidos.

33.3. Así mismo, dentro de las obligaciones del contratista (párr. 15.3.), se pactó que debía aceptar la asesoría del equipo interdisciplinario nacional, regional y/o zonal del ICBF (numeral 3º); facilitar las visitas para verificar las condiciones de los menores atendidos (numeral 4º); colocar “un aviso o valla en una parte visible que indique la pertenencia de la entidad al sistema nacional de bienestar familiar y la prestación del servicio público de bienestar familiar” (numeral 10); “informar previamente al instituto, —sobre— cualquier cambio de las instalaciones donde se prestará el servicio y/o cualquier cambio de domicilio y/o teléfono” (numeral 11); presentar informes del avance en el tratamiento de los menores “siguiendo los lineamientos impartidos por ICBF” y dar “estricto cumplimiento a los requerimientos” de los niveles nacional y territorial del ente público (numeral 23).

33.4. Con ello, se descarta que el contratista haya contado con un grado de autonomía propio de un contrato de prestación de servicios. No puede arribarse a una conclusión distinta, cuando se pactan cláusulas y obligaciones encaminadas a una intervención permanente del ICBF en la prestación del servicio, tanto en la forma como debían atenderse a los menores, como en la asesoría que debía recibir de los grupos interdisciplinarios de la entidad estatal, e incluso a través de la obligación de informar el cambio de instalaciones o líneas telefónicas, o la instalación de una valla indicativa de pertenencia al sistema nacional de bienestar familiar. Aspectos como estos, morigeran la supuesta autonomía plena técnica y administrativa, únicamente quedando algunos aspectos librados de la inspección, vigilancia y control del ICBF, por ejemplo, la contratación con terceros o la vinculación del personal para cumplir con el objeto contractual.

34. Ahora bien, de las cláusulas referidas al régimen económico del contrato se tiene que en las obligaciones del contratista (párr. 15.3.) consta el deber de “Invertir los recursos entregados por el instituto, exclusivamente en la atención de los menores objeto de este contrato y manejar estos recursos, en una cuenta independiente de los demás ingresos del contratista” (numeral 2º). Igualmente, al referirse a la autonomía del contratista (párr. 15.4.), se señaló que el ICBF debía “inspeccionar la inversión de los recursos entregados”.

34.1. Para la Sala, es claro que estas cláusulas previeron la entrega de recursos propios del ICBF para financiar la prestación del servicio, y dispusieron la vigilancia de la entidad pública de los dineros que fueran objeto de esta entrega. Cualidades que identifican, como lo ha señalado esta providencia, al contrato de aporte.

35. Por otra parte, el valor y precio del contrato (párr. 15.6.), la forma de pago (párr. 15.7.), y la labor del supervisor consistente en verificar la atención efectiva de los menores remitidos por el ICBF (párr. 15.7. y 15.8.) son cláusulas que no pueden interpretarse de modo aislado con el resto del contrato, puesto que el papel del juez ante el pacto celebrado por las partes es encontrar el verdadero sentido que estas buscaron al suscribir su acuerdo, y darle un sentido diferente a cada parte del negocio sin tener en cuenta las demás, derivaría en un despropósito para con el querer de los contratantes, y desquiciaría la labor judicial. Así, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que:

“(…) dentro de las reglas que se deben observar en la interpretación judicial del contrato, como negocio jurídico bilateral que es, para encontrar el verdadero sentido y alcance de la declaración de voluntad cuya preexistencia se supone allí expresada, ya que su ausencia no puede suplirla el juez, tiene dicho la doctrina que deben estudiarse todas sus estipulaciones en forma coordinada y armónica, sin interpretar sus cláusulas aisladas unas con otras como entes autónomos, pues de obrar así se corre el riesgo de asignarle un sentido que pugne con la intención de los contratantes, o a dar cabida a restricciones o ampliaciones que modifiquen los efectos propios del tipo de contrato celebrado y los fines buscados por las partes”(29).

35.1. Dentro del contexto hasta aquí expuesto, la Sala entiende que estas cláusulas expresan y desenvuelven la voluntad, patente en otros apartes, de celebrar un contrato de aporte. En efecto, la definición de “cupo/niño/mes”, utilizada por las partes para avaluar el coste del contrato, se refiere el apoyo económico brindado por el ICBF a la institución contratista, calculado en virtud de la capacidad del contratista, y de la atención efectivamente prestada a los menores. Labores que, evidentemente, desarrollan la actividad básica del ICBF: la prestación del servicio de bienestar familiar.

35.2. Igualmente, cuando las cláusulas contractuales hablan de pago, entiende la Sala que estos montos no estaban dirigidos a servir de contraprestación al contratista, e ingresar a su patrimonio, sino que era el vocablo para determinar la vía de cumplimiento de las obligaciones de entregar los aportes, a cargo del ICBF, que iban exclusivamente dirigidos a la prestación de los servicios contemplados en el contrato. No sobra advertir que, rectamente entendido, el pago es la satisfacción efectiva de lo que se debe, independientemente de la clase de obligación que se esté solventando con esa conducta. Al respecto, afirma la doctrina:

“No tiene, en el Derecho, la palabra pago la acepción en que ordinariamente se la emplea en el lenguaje corriente. En el lenguaje corriente la expresión pago se la emplea generalmente para referirse al cumplimiento de una obligación de dar; y aun restringiendo más su alcance y esta es la acepción generalmente admitida, se entiende por pago en el lenguaje vulgar, la entrega de una cantidad de dinero.

No es esta la acepción que la palabra pago tiene en el derecho; la palabra pago se refiere al cumplimiento de toda obligación. Cada vez que el deudor satisfaga al acreedor entregándole la cosa debida o absteniéndose de ejecutar el hecho prohibido, ejecuta el pago, porque en derecho el pago es el cumplimiento de toda obligación, y en derecho paga tanto el deudor que entrega la cosa que debe, como el que ejecuta el hecho debido, o el que se abstiene de ejecutar el hecho prohibido”(30).

36. En síntesis, el contrato 29/04/2001/034 es de aporte, a pesar de que las partes le hayan conferido un nombre distinto. La Sala arriba a esta conclusión, en vista de que:

36.1. El objeto contractual es la prestación del servicio de bienestar familiar.

36.2. La ejecución del contrato, en lo concerniente al modo de prestar la atención a los menores, estaba marcado por la permanente dirección, inspección, vigilancia y control por parte del ICBF, circunstancia que reducía la autonomía de la contratista.

36.3. La ACPHES, al obligarse voluntariamente a satisfacer los servicios característicos de este negocio jurídico, sí hizo parte del sistema nacional de bienestar familiar, aunque sus estatutos hayan contemplado lo contrario.

36.4. Los intercambios económicos entre las partes contemplaban un valor unitario denominado “cupo/niño/mes” que, contextualizada dentro las demás cláusulas contractuales, y conforme al material probatorio allegado por las partes, se entiende como la cantidad de dinero entregado por el ICBF con el propósito de prestar el servicio de bienestar familiar, y que fue pagado por la entidad demandada durante toda la vigencia de acuerdo a lo demostrado en el plenario (párr. 17).

37. Es importante precisar que, como lo ha sostenido esta corporación (párr. 25.2 y 26) la configuración jurídica del contrato de aporte, en tanto contrato estatal, no niega la presencia de la contraprestación al contratista como un elemento propio de este negocio jurídico. Lo que se afirma es que, en este tipo de convenciones, este elemento no prima sobre la prestación esencial de esta clase de contratos, porque su consagración jurídica especial se justifica por la salvaguarda de la población infantil y adolescente, tratada y atendida por medio de este acuerdo.

38. Así mismo, la Sala encuentra que en el caso concreto, la parte demandante no demostró que el vocablo “cupo/niño/mes” correspondiera a un método pactado entre las partes que contemplara total o parcialmente la contraprestación económica de sus servicios, cuando tenía la carga de probar este hecho para que sus pretensiones fueran exitosas. En casos donde se inobserva este deber de conducta procesal, la Sala ha desarrollado ampliamente sus repercusiones(31), así:

“51. Las consecuencias de la omisión probatoria advertida en el plenario obedecen a lo dispuesto por el artículo 177 del C. de P. Civil(32), de conformidad con el cual “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, norma que consagra, en estos términos, el principio de la carga de la prueba que le indica al juez cuál debe ser su decisión cuando en el proceso no se acreditan los hechos que constituyen la causa petendi de la demanda o de la defensa, según el caso(33). Carga de la prueba sustentada, como ha precisado la sección(34), en el principio de autoresponsabilidad(35) de las partes, que se constituye en requerimiento de conducta procesal facultativa exigible a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable(36).

52. Sobre la carga de la prueba ha señalado la doctrina:

La noción de la carga ha sido elaborada principalmente a base de su diferenciación del concepto de obligación; se ha observado acertadamente que mientras el incumplimiento de una obligación lleva consigo la aplicación de una sanción, el incumplimiento de una carga no origina nunca sanción alguna sino simplemente un perjuicio para la persona a quien la carga grava (…). Esto quiere decir que la carga es meramente la consideración del resultado perjudicial que se produce por la falta de ejercicio de un derecho subjetivo, es el mismo derecho subjetivo sub specie de dicho resultado (…). [A]sí, en la prueba interesa, más que el derecho de la parte a probar, la carga de esta prueba, es decir, las consecuencias que produce la falta de ejercicio de tal derecho”(37).

53. Además, ha manifestado la doctrina que son tres las reglas que informan la carga de la prueba, a saber:

“a) Onus probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción;

b) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa; y

c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si este no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda. (38)

54. En consideración a lo anterior, bien ha puntualizado esta sección:

Si bien el derecho procesal tiene la finalidad de ‘servir de instrumento necesario para la concreción y efectividad de las normas sustanciales’(39), la Constitución de 1991 ‘lo elevó a rango constitucional en su artículo 228, pues son las normas procesales probatorias de una especial relevancia ya que tal como se repite desde siempre y concreta el aforismo romano ‘idem est non esse aut non probari’, igual a no probar es carecer del derecho, pues de poco sirve ser titular de una determinada relación jurídica u ostentar una precisa calidad de tal orden, si en caso de que se pretenda desconocer o discutir o sea necesario evidenciarla, no estamos en capacidad de acreditar esa titularidad ante quien nos la requiere, en cuestiones públicas o privadas’(40).

Es así como una de las reglas técnicas del derecho probatorio es la de la carga de la prueba, la cual parte del supuesto de que ‘son los sujetos de derecho que intervienen en el proceso sobre los que gravita fundamentalmente el deber de procurar que las pruebas se practiquen o aporten y por eso que a su iniciativa para solicitarlas e interés para llevarlas a efecto se atiende de manera primordial. (...) El concepto de carga de la prueba es central para entender el porqué de ciertas decisiones judiciales, pues en aquellos eventos donde la ausencia de pruebas se presenta, no puede el juez abstenerse de decidir y es así como se impone un fallo en contra de quien tenía radicada la carga de la prueba’(41). Es evidente que nadie mejor que el interesado para conocer los medios de prueba que deben emplear, con el fin de demostrar los hechos en que están fundamentando sus pretensiones”(42).

39. Así las cosas, en el presente asunto no se configuró el cargo de falsa motivación de los actos administrativos endilgados sustentado en que el contrato 29/04/2001/034, celebrado entre el ICBF y la ACPHES, era de prestación de servicios y no de aporte, y por lo tanto esta censura no prospera.

IV.II. Estudio del cargo de violación de normas superiores

40. La demandante sostiene (f. 12-14 – c.1) que los actos administrativos de liquidación unilateral infringieron las normas en que debieron fundarse porque el ICBF se equivocó en la calificación del contrato y “de los dineros que entraron a las arcas de ACPHES”, acudiendo “a la metáfora y a la analogía para dictar una medida expropiatoria” de los recursos que, en su parecer, le pertenecen.

40.1. Sustenta este cargo en el artículo 127 del Decreto 2388 de 1979, que detalla el contrato de aporte; y en el artículo 40 del Decreto 1137 de 1999, el cual sujeta los contratos de aporte a lo dispuesto en el régimen de contratación administrativa(43).

40.2. Igualmente, afirma la actora que los actos demandados, al acoger las conclusiones arrojadas por el informe efectuado por la Contraloría General de la República, incurrió en la violación de normas atinentes al juicio de responsabilidad fiscal.

41. Para decidir este cargo, la Sala reitera que, de acuerdo con lo probado en el proceso, el contrato analizado es de aporte. Por ello, los recursos entregados por el ICBF estaban encaminados a satisfacer la prestación del servicio público de bienestar familiar, no a ser erogados por conceptos ajenos a este servicio, como lo mencionaron los informes que motivaron los actos demandados (párr. 19.8).

41.1. En efecto, conforme a lo acreditado en el plenario, es remarcable que en este negocio jurídico los dineros aportados por el ICBF y recibidos por el contratista no eran de su libre disposición, ni podían ser gastados en cosas distintas de las que la prestación del servicio de bienestar familiar le demandara. Ello se infiere de las obligaciones de la ACPHES a invertir los recursos exclusivamente en la atención de los menores, a impedir que estos peculios se integraran a sus demás ingresos, y a presentar informes financieros donde debía dar cuenta del empleo de las sumas aportadas (párr. 15.3).

41.2. Igualmente, no sobra advertir que, siguiendo los artículos 125 y 129 del Decreto 2388 de 1979, los contratistas de aporte son —de preferencia— instituciones sin ánimo de lucro, como la actora (párr. 14). Como ya se explicó en otro aparte de esta sentencia (párr. 31.1), que el contratista de aporte posea esta especial cualificación obedece a la función del Estado de impulsar y apoyar a las personas jurídicas que, en desarrollo de su objeto, realizan actividades benéficas para la sociedad.

41.3. El contrato de aporte carecería de todo sustento si se entendiera que los aportes del ICBF entran a formar parte de las arcas del contratista, otorgándole a estos dineros un tratamiento de provecho o de utilidad, y comprendiendo al contratista como una institución con ánimo de lucro. De este modo, se malograría la finalidad de las normas rectoras de este contrato, y se deformaría la voluntad de los asociados de no perseguir ventajas económicas a través la actividad de la persona jurídica que crean.

42. De otra parte, yerra la actora en considerar que la sola mención de un informe emitido por la Contraloría General de la República como antecedente fáctico de la decisión administrativa sea capaz de distorsionar los actos de liquidación unilateral, e invada los juicios propios de los procedimientos de responsabilidad fiscal. Es decir que la entidad contratante no realizó, a través de los actos demandados, ningún veredicto de responsabilidad fiscal, ni le impuso alguna sanción perteneciente a dicho ámbito, (i) porque carecería de competencia para ello y (ii) porque obró en uso de una facultad eminentemente contractual.

42.1. En efecto, los actos administrativos del ICBF significaron el ejercicio de la potestad —legalmente reconocida— de liquidación unilateral del contrato estatal que, en este caso, fue sustentado parcialmente en hallazgos encontrados por el órgano de control fiscal, y respecto de los cuales la contratista no ofreció una explicación convincente. Indudablemente, el contenido de las resoluciones impugnadas corresponde al que esta Corporación ha delineado de los actos de liquidación, esto es:

“(…) un corte de cuentas, para definir, en últimas, quién debe a quién y cuánto, es decir (…) establecer el estado económico final del contrato, finiquitando de esa forma la relación negocial (…)”(44).

43. Por lo anterior, el cargo de violación de normas superiores no se abre paso.

IV.III. Estudio del cargo de incompetencia temporal: Reiteración jurisprudencial sobre la competencia de la administración para liquidar unilateralmente los contratos estatales

44. Arguye la demandante que, de acuerdo con la cláusula de liquidación del contrato (párr. 15.10), y con los artículos 61 de la Ley 80 de 1993 y 136 numeral 10 del CCA, el ICBF sobrepasó el término que tenía para liquidar unilateralmente el contrato 29/04/2001/034. En este orden de ideas, asegura que al proferir la liquidación unilateral el 17 de octubre de 2002, notificada el 26 del mismo mes y año:

“(…) la directora del ICBF pretermitió todos los plazos por cuanto la fecha límite para la liquidación unilateral venció el 31 de julio de 2.002 en atención a que el contrato concluyó el 31 de marzo de 2.002 y los dos meses pactados para la liquidación de mutuo acuerdo se vencieron el 31 de mayo de 2.002” (f. 12 – c.1).

45. La redacción original de los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993(45), vigentes para la época en la que los actos administrativos fueron emitidos, disponía lo siguiente:

“Artículo 60.—De su ocurrencia y contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

Artículo 61.—De la liquidación unilateral. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”.

46. Es necesario advertir, de entrada, que el contrato analizado debía liquidarse, puesto que reunía los requisitos legales que hacían necesaria esta exigencia.

46.1. A través de la cláusula decimoctava del contrato celebrado entre el ICBF y la ACPHES (párr. 15.10.), las partes convinieron en un plazo inicial de dos (2) meses, contados a partir de la terminación del contrato, para liquidarlo de común acuerdo. En este caso, dicho término finalizó el 31 de mayo de 2002 —contados a partir del fenecimiento del plazo del contrato—, sin que se hubiere pactado la liquidación por esta vía.

46.2. De haberlo querido así, las partes también podrían haber liquidado bilateralmente el contrato dentro de los cuatro (4) meses que la norma vigente por entonces les confería para hacerlo. A pesar de que el 4 de junio de 2002 la ACPHES propuso una fórmula de liquidación (párr. 18), este término también transcurrió sin que se produjera un arreglo sobre este punto, con lo cual este periodo finalizó el 31 de julio de 2002. A partir de la extinción de este plazo, el ICBF adquirió competencia para adelantar la liquidación unilateral, de acuerdo al artículo 61 de la Ley 80 de 1993, antes citado.

46.3. La actora aduce que la entidad demandada solo contaba con dos (2) meses a partir del momento en que se finalizaron los cuatro (4) meses dispuestos por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 para liquidar unilateralmente el negocio jurídico que las ligaba.

46.4. Empero, la postura de la demandante no concuerda con los múltiples pronunciamientos jurisprudenciales que, desde hace mucho tiempo, sostienen la carencia de perentoriedad del término de liquidación unilateral entendiendo la necesidad de que los contratos estatales que así lo requieran, se finiquiten(46). En ese orden de ideas, la Sala ha señalado que el término con el que cuenta la administración para efectuar la liquidación unilateral coincide con el de los dos (2) años que se tienen para demandar por la acción de controversias contractuales, conforme al artículo 136 numeral 10 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(47).

46.5. De este modo, la Sala ha consolidado un criterio pacífico en torno al término que tienen las entidades del Estado para liquidar unilateralmente un contrato estatal, que bien puede resumirse en estas líneas:

“Ahora bien, en lo relativo a la competencia temporal de la administración para liquidar los contratos estatales, conforme a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 con la reforma introducida por la Ley 446 de 1998, se tiene que una vez vencido el plazo contractual la administración dispone de 4 meses para efectuar la liquidación bilateral, en caso de no realizarse así tiene 2 meses más para hacerlo unilateralmente y en el evento en que así no lo hubiere hecho, podrá intentarla hasta antes de que transcurra el término de 2 años más para que opere la caducidad de la acción contractual”(48).

47. Así las cosas, el término con el que contaba el ICBF para liquidar unilateralmente el contrato no era el 31 de julio de 2002, término con el que, hasta ese momento, se estaban venciendo los cuatro (4) meses señalados por la Ley 80 de 1993 para intentar la liquidación bilateral. Efectivamente, añadiendo el plazo legal del artículo 136-10 del CCA, es decir el de dos meses para realizar la liquidación unilateral, la administración podía emitir válidamente los actos administrativos que pusieran fin a la relación contractual hasta el 30 de septiembre de 2004, fecha en la que caducaba la acción de controversias contractuales.

47.1. En consecuencia, es evidente que a la ACPHES tampoco le asiste razón en este cargo, circunstancia que lo hace improcedente.

IV.IV. Estudio del cargo de violación al derecho de defensa y de audiencia formulado por la parte demandante

48. La demandante afirma que esta causal de nulidad “cumple una labor de síntesis y de resumen de las ya analizadas” (f. 15 – c.1), y en ella condensa los tres cargos arriba analizados: la violación de normas superiores, la falsa motivación, y la falta de competencia.

49. Planteado en los términos formulados por la actora, la Sala, sin mayor esfuerzo, concluye que este cargo también está llamado al fracaso, al haber encontrado que ninguno de los demás cargos tenía vocación de prosperidad.

VI. Costas

50. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 22 de marzo de 2006, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. En su lugar, DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

3. DEVUÉLVASE, en firme este proveído, el expediente al tribunal de origen.

4. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 “Artículo. 75—Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativo (…)”.

2 “Parágrafo.—Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los Juzgados Administrativos, así:
Los tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos”.

3 En la demanda se estimó la cuantía del proceso en la suma de $ 190.842.454, porque esta cifra es la reclamada por el ICBF en los actos administrativos demandados. De acuerdo con los artículos 42 de la Ley 446 de 1998 (que introdujo el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo) y 1º de la Ley 954 de 2004, aplicables a este asunto, la acción de controversias contractuales sería conocida por los tribunales administrativos en primera instancia, siempre que la cuantía del proceso sobrepasara los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de la presentación de la demanda. En este caso, para el año 2004, ese tope equivalía a $ 179’000.000, monto superado por las cuantías formuladas en este proceso.

4 Este informe no fue aportado al expediente.

5 No fue aportado al expediente.

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2010. Rad. 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 [141] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de noviembre de 1994, Exp. 7960. También la Corte Constitucional, en Sentencia C-154 de 1997, al declarar exequible el numeral 3º del inciso 2º del artículo 32, distinguió los contratos de prestación de servicios de los laborales y precisó que los primeros podía devenir en los segundos cuando se presentaran sus elementos (contrato realidad: subordinación, dependencia, etc.), cualquiera que fuera la denominación que le haya dado la entidad pública”.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. sentencia del 3 de diciembre de 2007. Rad. 11001-03-26-000-2003-00014-01(24715) y otros acumulados. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 [89] “Diferentes al desempeño de funciones públicas administrativas (véase nota de pie de página Nº 86 de esta providencia)”.

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 2 de diciembre de 2013. Rad. 11001032600020110003900 (41719). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

11 Hoy día recogidos por el Decreto 1084 de 2015 (Único del Sector de Inclusión Social y Reconciliación), en sus artículos 2.4.3.2.5. a 2.4.3.2.10.

12 Hoy en día la Ley 80 de 1993.

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010. Rad. 76001-23-25-000-1995-01884-01(16941). C.P. Enrique Gil Botero. En este aspecto, reitera lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil de la misma corporación, mediante concepto del 2 de diciembre de 1996. Rad. 907. C.P. Luis Camilo Osorio Isaza.

14 Ibíd.

15 Ibíd.

16 “5.1. El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 31 de agosto de 2011. Rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080). C.P. Ruth Stella Correa Palacio).

17 En relación con los contratos de aporte, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación se refirió a este aspecto en estos términos: “1. Los “Contratos de aportes” que celebra el ICBF con personas naturales no generan relación laboral entre ellos. Las personas naturales que desempeñan actividades de dirección u organización de los hogares infantiles, únicamente tienen relación laboral con las entidades encargadas de su administración y manejo, las cuales generalmente son organizaciones comunitarias no gubernamentales sin ánimo de lucro, o de naturaleza semejante. Además de las personas vinculadas por contrato laboral, hay otras cuya contribución del trabajo es voluntaria, en cumplimiento de las responsabilidades solidarias de protección a la niñez y por tanto no tiene carácter de trabajadores. 2. Los particulares que celebran con el ICBF “contratos de aportes” no establecen relación laboral con esta entidad, según se consignó en la primera respuesta. Sin embargo, las personas que colaboran en los hogares mediante contrato laboral, esta relación se establece con las asociaciones o entidades no gubernamentales o con los propios hogares Infantiles cuando estos estén dotados de personería jurídica; en tales casos se trata de trabajadores particulares que no tienen carácter de servidores públicos; en consecuencia, no son empleados públicos ni trabajadores oficiales. 3. Las personas vinculadas a los hogares Infantiles que tienen celebrado contrato de aporte con el ICBF no configuran relación laboral con este organismo, pero eventualmente sí con el hogar infantil correspondiente o con la organización comunitaria no gubernamental a cuyo cargo esté el hogar. 4. Los trabajadores que prestan los servicios y trabajan en favor de los hogares infantiles, no pueden presentar pliegos de peticiones al ICBF porque este no es su patrono laboral.” (Concepto del 2 de diciembre de 1996, ya citado).

18 Actualmente, el artículo 2.4.1.3. del Decreto 1084 de 2015 (Único del Sector de Inclusión Social y Reconciliación), recoge este concepto: “Se entiende como servicio público de bienestar familiar el conjunto de acciones del Estado que se desarrollan para cumplir en forma integral y permanente con el reconocimiento, la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la prevención de su amenaza o vulneración y el fortalecimiento familiar”.

19 “En relación con la protección de la infancia, la niñez y la adolescencia, la Constitución Política estableció diversos principios, derechos y garantías fundamentales que se traducen en los siguientes postulados: i) el principio de protección constitucional reforzada contenido en el inciso tercero del artículo 13 superior; ii) el principio de interés superior de los niños y niñas y de prevalencia de los derechos de estos sobre los derechos de los demás (inciso final artículo 44 C.P.) ; iii) la protección especial a los derechos a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al nombre, a la nacionalidad, a tener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y el amor, a la educación y a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su opinión (artículo 44 C.P.); iii) el deber en cabeza del Estado de protección especial contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, y iv) la titularidad de protección de los derechos de los niños y niñas del país por parte de la familia, la sociedad y el Estado.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “A”. Sentencia del 23 de junio de 2011. Rad. 41001-23-31-000-1994-07893-01(20324). C.P. Mauricio Fajardo Gómez).

20 Betancourt Rey. Miguel. “Derecho Privado. Categorías Básicas”. 1ª ed. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 1994, p. 209.

21 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de noviembre de 2006. Rad. 25000-23-26-000-2001-01008-01(30832). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 9 de mayo de 2011. Rad. 05001-23-31-000-2001-01546-02(36912). C.P. Enrique Gil Botero.

23 Decreto Ley 2150 de 1995: “Artículo 122. simplificación de los contratos para la prestación del servicio de bienestar familiar. Se podrán celebrar directamente los contratos para la prestación del servicio de bienestar familiar con entidades sin ánimo de lucro del sistema nacional de bienestar familiar”.

24 Cfr. Jordana de Pozas, Luis. “Ensayo de una teoría del fomento en el derecho administrativo”. En: Revista de Estudios Políticos Nº 48. Instituto de Estudios Políticos. 1949. Madrid, p. 41-54. Disponible en página web: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2127752.pdf Fecha de consulta: 16-may-2016.

25 “En armonía con la trascripción anterior, el ámbito propio del artículo 355, en sus dos incisos, el primero en cuanto prohíbe explícitamente las donaciones y auxilios, y el segundo, que permite la celebración de contratos para el cumplimiento de actividades de interés público, acordes con los planes de desarrollo, con personas jurídicas privadas, sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, es el de la acción benéfica del Estado, de las actividades de fomento que dentro de un Estado social de derecho corresponden como función propia, insoslayable, a la organización estatal. Se trata de apoyar la acción de organizaciones de origen privado, que en ejercicio de la autonomía de iniciativa para el desarrollo de las más variadas actividades que las personas realizan en sociedad (Constitución Política, art. 38), buscan la satisfacción de finalidades no simplemente lucrativas.” (Corte Constitucional. Sentencia C-712 del 3 de septiembre de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis).

26 Corte Constitucional. Sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.

27 Cfr. Ley 7ᵃ de 1979 - Artículo 21

28 Dice esta norma: “De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: (…) 4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan”.

29 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de marzo de 1996. Rad. 4798. M.P. Pedro Lafont Pianetta.

30 Alessandri Rodríguez. Arturo. “Derecho Civil. Teoría de las Obligaciones. Versiones taquigráficas de la cátedra del Derecho Civil”. Imprenta El Esfuerzo. Santiago de Chile. 1976, p. 330.

31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de octubre de 2012. Rad. 13001-23-31-000-1992-08522-01(21429). C.P. Danilo Rojas Betancourth.

32 [17] Norma vigente y aplicable para la fecha del sub lite, teniendo en cuenta que en materia probatoria, en los procesos contencioso administrativos, por expresa disposición del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo (también vigente para la época de este proceso), se deben aplicar, en cuanto resulten compatibles, las normas del C. de P. C., en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.

33 [18] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de marzo de 2010, exp. 15.682, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

34 [19] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de abril 16 de 2007, Rad. AP-44001-23-31-000-2005-00483-01, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

35 [20] “Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional, Bogotá, 2004, p. 242”.

36 [20] “Betancur Jaramillo, Carlos, De la Prueba Judicial, Ed. Dike, Medellín, 1982, p. 147”.

37 [21] “Guasp, Jaime; Concepto y Método de Derecho Procesal. Editorial Civitas S.A., Madrid-España, 1997, p. 38”.

38 [22] “Rocha Alvira, Antonio; De la Prueba en el Derecho, Clásicos Jurídicos Colombianos. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 1990, p. 61 y 62”.

39 [23] “López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil Pruebas, Tomo III, Dupre Editores, Bogotá D. C. 2001, p. 15”.

40 [24] “Ibídem”.

41 [25] “Op. Cit. Pág. 26”.

42 [26] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de marzo de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2003-0166-01 (AP), C.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

43 Sostiene este precepto, aún vigente: “Todos los contratos que celebre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se sujetarán a las ritualidades, requisitos, formalidades, términos y condiciones que establecen las disposiciones del régimen estatal de contratos, aplicables a los establecimientos públicos del orden nacional, de conformidad con lo señalado en el régimen de contratación administrativa”.

44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 10 de marzo de 2011. Rad. 27001-23-31-000-1995-02484-01(15935). C.P. Danilo Rojas Betancourth.

45 Es decir, sin las modificaciones y derogatorias efectuadas por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto-Ley 19 de 2012.

46 “También ha precisado la Sala que dicho término no es perentorio, vale decir, que pasados ahora 6 meses de haberse vencido el plazo del contrato sin que este se haya liquidado no se pierde competencia para hacerla. Pueden practicarla los contratantes por mutuo acuerdo o la administración unilateralmente, ya que el fin último es que el contrato se liquide y se definan las prestaciones a cargo de las partes. Debe advertirse, sin embargo, que ante la preceptiva del literal d. numeral 10 del actual artículo 136 del CCA, esa facultad subsiste solo durante los dos años siguientes al vencimiento de esa obligación, que no es otro que el término de caducidad para el ejercicio de la acción contractual. Dentro de este término, el contratista podrá pedir no solo la liquidación judicial del contrato sino que se efectúen las declaraciones o condenas que estime pertinentes (art. 87 CCA).” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de agosto de 2001. Rad. 25000-23-26-000-1996-4384-01(14384). C.P. Ricardo Hoyos Duque.

47 Indica esta norma: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. (…) 10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: (…) d) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar (…)”.

48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 16 de marzo de 2015. Rad. 52001-23-31-000-2003-00665-01(32797). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.