Sentencia 2004-01385 de marzo 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 13001233100020040138501

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Demandante: TV Cable Promisión S.A.

Demandados: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Referencia: Acto administrativo – Elementos de validez y eficacia – Pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo – Firmeza y ejecutoriedad – Diferencia entre el procedimiento de decomiso de mercancía y la declaratoria de incumplimiento de una obligación aduanera – Obligación de poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía – Carga de la prueba

Bogotá D.C., quince de marzo de dos mil dieciocho.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad TV Cable Promisión S.A., en contra de la sentencia de 14 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se declaró como no probada la excepción de cosa juzgada propuesta y se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

La sociedad TV Cable Promisión S.A., actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, tendiente a obtener las siguientes pretensiones:

“[…] Primera: Se declare la nulidad de las resoluciones 0132 de enero 28 de 2004 y 0797 de abril 30 del mismo año, expedidas por la División de Liquidación y el Administrador Especial de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena respectivamente, por cuanto se profirieron violando normas legales, situación que implica que los actos administrativos demandados sean ilegales y por tanto no tengan validez.

Segunda: Como consecuencia de las declaraciones anteriores se restablezca en su derecho a la sociedad Tv Cable Promisión S.A. con Nit. 804.010.392-1, y por lo tanto se exonere a mi representada de hacer efectiva la garantía contenida en la póliza 236539 expedida por la Compañía seguradora Liberty Seguros S.A., en reemplazo de la mercancía aprehendida con vigencia desde el 26 – XII – 2002, hasta el 26 – XII – 2003 y luego modificada para prorrogar su vigencia hasta el 28 – IV – 2004.

Tercera: Solicito se condene en costas del proceso a la Unidad Administrativa Especial U.A.E., Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Cuarta: Se ordene archivar el proceso administrativo de incumplimiento y efectividad de una garantía y el consecuente proceso de cobro fiscal adelantado por la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, contra la aseguradora y mi representada, mientras se desarrolla y finaliza este proceso […]”.

I.2. Fundamentos de hecho.

El apoderado de la parte actora señaló que mediante el BL 12502 de 19 de julio de 2002 y con manifiesto de carga 010316 de 23 de julio del mismo año, la sociedad Tv Cable S.A. introdujo equipos de codificación para señal de televisión por cable.

Señaló que en desarrollo de un trámite de inspección previa al levante, amparado con las declaraciones de importación 0708502022148-0, 0708502022144-8, 0708502022145-5, 0708502022146-2, 0708502022152-7, 0708502022156-6, 0708502022155-9 y 0708502022220-5 de 12 de septiembre de 2002, el inspector aduanero consideró que la mercancía importada estaba relacionada con aparatos usados, razón por la cual decidió aprehenderla mediante acta 091 de 3 de octubre de 2002, ello con fundamento en lo siguiente: a) la descripción de la mercancía consignada en la declaración de importación era incompleta; y b) no se aportó dentro de los cinco (5) días siguientes a la suspensión de la diligencia de inspección la licencia de importación por tratarse de aparatos usados según el artículo 128 numeral 9º del Decreto 2685 de 1999.

Manifestó que una vez abierto el expediente administrativo DM020250445 para efectos de la definición de la situación jurídica de la mercancía, y luego de proferido el requerimiento especial aduanero 0317 de 12 de diciembre de 2003, la División de Liquidación decidió archivar la investigación por improcedente, y sin devolver la mercancía tal y como lo ordena el artículo 512 del estatuto tributario. Al mismo tiempo, comentó que se remitió copia del expediente a la División de Fiscalización para lo de su competencia.

Anotó que la división de fiscalización abrió el expediente AO020350265 en contra de la actora y que en el marco de éste se expidió el requerimiento especial aduanero 0315 de 10 de julio de 2003, con fundamento en el artículo 502, numeral 1.6 ibídem, es decir, por considerar la mercancía como “no declarada” al no encontrarse amparada por la declaración de importación. Resaltó que la DIAN autorizó la constitución de una póliza en reemplazo de la aprehensión y ordenó la entrega de la mercancía.

Recordó que el 30 de septiembre de 2002, el Incomex, en atención a una solicitud presentada con anterioridad a la nacionalización, otorgó la licencia 018964 para material usado, vigente hasta el 30 de septiembre de 2003, lo cual, según la actora, constituye prueba de que tuvo la intención de soportar y obtener el levante de la mercancía con la respectiva autorización del Ministerio.

Aseveró que, a través de la Resolución 1933 del 25 de septiembre de 2003, proferida por la División de Liquidación Aduanera, se decidió decomisar la mercancía con acta 091FIS de 3 de octubre de 2002, con fundamento en los artículos 232-1 y 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999, y que contra este acto administrativo se presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto desfavorablemente, a través de la Resolución 2455 de 28 de noviembre de 2003, proferida por la división jurídica aduanera.

Precisó que mediante oficio 051 de fecha 15 de enero de 2004, la división de comercialización solicitó poner a disposición de la DIAN la mercancía objeto del decomiso administrativo, la cual, recordó, había sido retirada en su momento al haberse constituido póliza de seguros. Indicó que al mencionado oficio se dio respuesta el 30 de enero de 2004 y en el cual solicitó se precisaran las condiciones de entrega y el otorgamiento de un plazo prudencial para el mismo.

Puso de presente que la división de liquidación aduanera, mediante Resolución 132 de 28 de enero de 2004, declaró de oficio el incumplimiento de la obligación aduanera y ordenó hacer efectiva la póliza.

Finalmente, indicó que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente mediante las resoluciones 0797 de abril 30 de 2004 y 1472 de 28 de julio de la misma anualidad.

I.3. Fundamentos de derecho

El apoderado de la parte actora señaló como disposiciones violadas las siguientes:

1.3.1. “[…] Violación de los artículos 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo, por indebida aplicación y falsa motivación […]”.

Manifestó que mediante los actos acusados se desconocieron los artículos 62 y 64 del C.C.A., por cuanto “[…] se exigió la entrega de una mercancía decomisada ignorando la complejidad de la operación de poner a disposición una gran cantidad de aparatos electrónicos que se identifican con números de serie […]”.

Adujo que si la orden era la de entregar tal mercancía era menester que ambas partes adelantaran todas las medidas pertinentes para saber lo que se estaba colocando a disposición, esto es, lo que en su momento se aprehendió en cantidad, identificación, estado e inventario.

Consideró que “[…] la interpretación que se hace de los artículos adolece de un formalismo y rigorismo jurídicos exagerados y excesivos porque se olvida la administración aduanera de la realidad para ejecutar a cabalidad la operación de poner a disposición la mercancía, amen que tampoco se tiene en cuenta el grave perjuicio económico que se causa al usuario aduanero al pretender entregar algo cuyo decomiso se está cuestionando en un proceso ordinario […]”.

Advirtió que solicitó a la DIAN la concesión de un término prudencial para reunir todos los decodificadores, organizar el transporte desde Bucaramanga y luego ejecutar la orden de la División de Comercialización, no obstante, comentó, que no se contestó su petición sino que se expidió la Resolución 132 de 28 de enero de 2004, a través de la cual declaró de oficio el incumplimiento de la obligación aduanera y ordenó hacer efectiva la póliza.

1.3.2. “[…] Violación del artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, reglamentario del Decreto 2685 de 1999, por falta de aplicación y falsa motivación […]”.

Señaló que el “[…] el procedimiento seguido por la DIAN de Cartagena está viciado porque no se encuentra conforme a lo establecido en el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, reglamentaria del Decreto 2685 de 1999, por cuanto el oficio 051 de 15 de enero de 2004, enviado por la División de Comercialización, fue contestado con la carta de 30 de enero y en la cual solicita fijar un plazo prudencial para reunir la mercancía y de esta manera ejecutar la orden proferida por la entidad demandada […]”.

Precisó que no se recibió respuesta de la DIAN que indicara el plazo ni las demás circunstancias necesarias dentro de las cuales procedía la restitución de la mercancía.

Concluyó que la demandada pretendía hacer efectiva una póliza de plano, sin el cumplimiento del procedimiento señalado en los incisos 1º y 2º del artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000 y que, con ello, se configuró un quebrantamiento del debido proceso que debe observarse, inclusive, en las actuaciones administrativas.

I.4. La contestación de la demanda

El apoderado judicial de la Administración Especial de Aduanas Nacionales de Cartagena contestó la demanda incoada en los siguientes términos:

Manifestó que “[…] el resumen presentado por el accionante presenta graves inconsistencias, dado que lo que pretende el abogado es llevar la discusión hacia la legalidad del decomiso lo cual no es objeto de discusión en el presente proceso […]”.

Comentó que la obligación a cargo del accionante es clara, toda vez que una vez quedó en firme el decomiso tenía la obligación de poner a disposición de la DIAN la mercancía entregada en reemplazo.

Señaló que la póliza de seguros que reposa “[…] en el informativo es clara al establecer la obligación garantizada y no la sujeta a que se demuestre la legalidad de decomiso […]”.

Advirtió que “[…] someter la viabilidad del proceso de incumplimiento a la condición de que el decomiso sea o no sea ajustado a la legalidad, es desviar al limbo las herramientas de la administración para exigir el pago de una obligación garantizada con póliza de seguros, pues dichas obligaciones están sometidas a términos de caducidad y prescripción que no dan espera […]”.

II. Fundamentos de la providencia apelada

Mediante proveído de 14 de marzo de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró como no probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada y, adicionalmente negó las pretensiones de la demanda, tal y como se observa a continuación:

II.1. Vinculación de la aseguradora Liberty Seguros S.A.

El a quo, al momento de proferir decisión de instancia, observó la posible configuración de una causal de nulidad, consistente en la falta de vinculación de la aseguradora Liberty Seguros S.A., como tercero con interés en las resultas del proceso, dada su condición de otorgante de la póliza de seguro que amparó la mercancía decomisada y la cual se hace efectiva con los actos acusados.

Al respecto, señaló que mediante auto de fecha 13 de marzo de 2009, ordenó poner en conocimiento de la causal de nulidad a la compañía de seguros antes citada, precisando además que si no la alegaba, la misma quedaría saneada y, el proceso, continuaría su curso. Adicionalmente, aseveró que la requirió para que informara si había incoado algún tipo de acción contenciosa en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional - DIAN, esto es, por los mismos hechos que se debaten en el proceso de la referencia.

Manifestó que la compañía aseguradora, de conformidad con lo ordenado dentro del proceso de la referencia, informó que no alegarían la causal de nulidad por lo que la misma resultaba improcedente, ello como quiera que estos iniciaron proceso contencioso administrativo en contra de la resoluciones que hoy se demandan, proceso que fue decidido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Frente a lo anterior, el Tribunal de instancia consideró que si bien es cierto que la compañía de seguros nunca se hizo parte del proceso, dado que no solicitó que fuese tenido en cuenta dentro del proceso debido a que ya habían incoado una acción contenciosa administrativa, también lo es que, en su entender, resultaría inocuo hacer las precisiones respecto de la vinculación de la citada aseguradora.

II.2. Excepción oficio de cosa juzgada

Con fundamento en lo anterior y ante la posible configuración del fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en cuanto a que los actos administrativos acusados y que son objeto de estudio ya habían sido demandados por la compañía de seguros Liberty Seguros S.A., comentó que el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia de fecha 10 de febrero de 2012, a través del cual se negaron las súplicas de la demanda, decisión que fue apelada ante el Consejo de Estado y la cual se encuentra pendiente de ser resuelta.

Advirtió que “[…] esa demanda fue interpuesta por la aseguradora Liberty Seguros S.A., resaltando que se trata de diferentes demandantes […]”.

Señaló que “[…] respecto al ámbito de aplicación de la cosa juzgada, el ordenamiento jurídico en materia contencioso administrativo contempla varias posibilidades para dotar de eficacia procesal a la cosa juzgada, entre las cuales están las excepciones; la impugnación de la sentencia, cuando ello es posible; o el recurso de revisión, cuando es procedente […]”.

Precisó que de un estudio del concepto de violación alegado en esta oportunidad y plasmado en el proceso promovido por la compañía de seguros, se evidenció que en el sub lite se traen a colación “[…] nuevos cargos […]” y, por lo tanto, que “[…] no se configura la excepción de cosa juzgada […]”.

II.3. El fondo del asunto

En relación con la declaratoria de incumplimiento por no poner la mercancía a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, recordó que el estatuto aduanero distingue entre la actuación encaminada a definir la situación jurídica de una mercancía, por una parte, y la actuación que hace efectiva la póliza.

Manifestó que se trata de actuaciones administrativas que pese a que se encuentran ligadas de manera sucesiva y consecuencial, en el sentido de que la segunda no puede adelantarse, sino en la medida en que haya quedado en firme la orden de decomiso de las mercancías que ingresaron irregularmente al país, se trata de dos procedimientos administrativos distintos.

Por lo anterior, advirtió que la DIAN no está obligada a esperar los resultados del proceso adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contra los actos que ordenan el decomiso de la mercancía para así proceder a declarar el incumplimiento de las obligaciones garantizadas en la póliza de seguros.

Sostuvo que de las pruebas allegadas al proceso por la demandada y de las arrimadas con el expediente administrativo, no se pudo constatar la existencia del documento que alega la demandante, y que en principio supondría que la misma sí estuvo dispuesta a la entrega de la mercancía, no siendo omisiva.

Resaltó que requirió al centro de documentación de la DIAN para corroborar lo señalado por la parte actora y que una vez verificada la información, la entidad contestó que dentro de sus archivos no reposaba documento alguno.

En este contexto, adujo que la obligación de la parte actora era colocar la mercancía a disposición de la DIAN, evento que además se encontraba asegurado en caso de incumplimiento y, por tal motivo, se hizo efectiva la póliza.

Aseveró que “[…] la DIAN guardó cuidado en la expedición de los actos acusados, siendo incluso estos sustentados conforme la norma que los regula y finalmente se respetó con ellos el debido proceso y el derecho de los administrados de contradecir en dicha instancia los actos expedidos por la Administración […]”.

Ahora bien, frente al argumento de que la DIAN hizo efectiva la póliza de plano, sin el cumplimiento del procedimiento señalado en los incisos 1º y 2º del artículo 530 del Decreto 4042 de 2000, recordó que “[…] se tiene probado que frente a este hecho, la demandante no adelantó la entrega de la mercancía consistente en decodificadores por lo que mediante oficio 051 de fecha 15 de enero de 2004, tal y como lo pone de presente la misma demandante cuando les fue solicitado la entrega de la mercancía, es decir, ha había transcurrido un mes desde la entrega de la mercancía se encontraba en firme sin que el demandante se hubiese preocupado por la entrega […]”.

Así concluyó que “[…] el inicio del proceso en aras de hacer efectiva la entrega se realizó de forma prudencial y no de plano como lo asegura la demandante, siendo evidente el tiempo que transcurrió […]”, además puntualizó que “[…] la DIAN no recibió oficio que demuestre el cumplimiento de la obligación razón por la que tal como lo estipula el estatuto aduanero, procedió a declarar el incumplimiento y hacer efectiva la póliza, sin que para el efecto medie proceso sancionatorio, debido que la orden de entrega estaba contenida en el acta de decomiso […]”.

III. Fundamentos del recurso

El demandante oportunamente interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 14 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y al respecto manifestó que “[…] no acepta la posición del a quo, […] toda vez que acepta que la DIAN ordene la entrega pero omite las condiciones de la misma, ignorando que se trata de una operación que debe hacerse de la mano de la autoridad aduanera, porque es una mercancía que desde el momento en que se confirmó el decomiso con la resolución que resuelve el recurso de reconsideración pasó a ser propiedad de la Nación, lo cual genera responsabilidades por la custodia de los mismos […]”.

Precisó que “[…] siendo proactivo […] la entrega había podido realizarse en el domicilio del deudor por tenerse que poner a disposición en cuerpo cierto, sin embargo la DIAN Cartagena exigió la entrega en esta Ciudad sin señalar el lugar […]”.

Señaló que resulta errada la decisión recurrida “[…] al acoger el fundamento simplista y poco claro de los efectos de poner a disposición, ya que la Autoridad Aduanera se caracteriza porque sus procedimientos gozan de formalismo y ritualidad […]”.

Finalmente, aclaró que es evidente el nexo de causalidad entre el decomiso y la declaratoria de incumplimiento y que no es correcto afirmar que debido a la existencia de dos procedimientos distintos (uno para resolver la situación jurídica de la mercancía y otro para hacer efectiva la póliza) se trata de dos situaciones independientes.

IV. Consideraciones de la Sala

IV.1. Competencia

Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el inciso 1º del artículo 328 del Código General del Proceso(1), aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo(2), la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

IV.2. Los actos acusados

Los actos acusados son los siguientes:

— Resolución 132 de 28 de enero de 2004, proferida por la Jefe de la División de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la cual se dispuso lo siguiente:

“[…] Primero: Declarar el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por los afianzados o tomadores T.V. Cable Promisión S.A., con NIT 804.010.392-1 en la suma de ciento noventa y seis millones novecientos veintidós mil setecientos sesenta y dos pesos, obligación consistente en garantizar una mercancía en reemplazo de aprehensión, mediante acta 0091 FIS de octubre 3 de 2002.

Segundo: Ordenar hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 236539 de la compañía Liberty Seguros S.A. por el valor de determinado igual a la suma de ciento noventa y seis millones novecientos veintidós mil setecientos sesenta y dos pesos, a favor de la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como obligaciones a pagar las sumas liquidas en dinero, que deberán ser consigan dos en recibo oficial de pago de Tributos Aduaneros […]”.

— Resolución 797 de 30 abril de 2003, proferida por la Jefe de la División de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante la cual se decidió el recurso de reconsideración interpuesto en el sentido de confirmar la Resolución 132 antes citada y se ordenó “[…] hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales No. 236539 de la Compañía Liberty Seguros S.A. […]”.

IV.3. El caso concreto

La sociedad TV Cable Promisión S.A., actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones 0132 de 28 de enero de 2004 y 0797 de 30 de abril del mismo año, expedidas por la Jefe de la División de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por los afianzados o tomadores T.V. Cable Promisión S.A. y se ordenó hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 236539, otorgada por la compañía Liberty Seguros S.A., con fundamento en que las mismas fueron expedidas desconociendo lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo y 530 de la Resolución 4240 de 2000, reglamentario del Decreto 2685 de 1999(3).

Al contestar la demanda, el apoderado judicial de la Administración Especial de Aduanas Nacionales de Cartagena consideró que la parte actora pretende controvertir la legalidad del acto administrativo de decomiso lo cual, en su entender, no es objeto de discusión en el presente proceso.

Agregó que la obligación a cargo del accionante es clara, toda vez que una vez quedó en firme el decomiso tenía la obligación de poner a disposición de la DIAN la mercancía entregada en reemplazo, lo cual no realizó.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la sentencia de primera instancia, consideró que, en efecto, los actos acusados fueron expedidos de conformidad con el ordenamiento jurídico, por cuanto de las pruebas allegadas al plenario no se pudo constatar la existencia del documento que alega la demandante en relación con la solicitud de prórroga de la fecha de entrega de la mercancía y que, en principio, supondría que la misma sí estuvo dispuesta a la entrega de la misma.

Consideró que la obligación de la parte actora era poner la mercancía a disposición de la DIAN, evento que además se encontraba asegurado en caso de incumplimiento y que, al no haberlo realizado, hizo efectiva la póliza de seguros contratada.

El recurrente consideró que no le asiste razón al a quo en tanto que, en esencia, aceptó que la DIAN ordenó la entrega de la mercancía pero omitió las condiciones de la misma, ignorando que se trata de una operación que debe hacerse de la mano de la autoridad aduanera.

En este contexto, a la Sala le corresponde, como se precisó líneas atrás, determinar la legalidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la sociedad Tv Cable Promisión S.A. y ordenaron hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 236539, otorgada por la compañía Liberty Seguros S.A.

Previamente a lo anterior, la Sala estima necesario pronunciarse en relación la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos acusados, con ocasión de la declaratoria de nulidad de las resoluciones 1933 de septiembre 25 de 2003 y 2455 de noviembre 28 del mismo año, expedidas por la División de Liquidación y División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, a través de las cuales se decidió decomisar una mercancía con acta 091FIS de 3 de octubre de 2002, con fundamento en los artículos 232-1 y 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999.

IV.3. Pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones acusadas

La Sala recuerda que a través de las resoluciones 1933 de septiembre 25 de 2003 y 2455 de noviembre 28 del mismo año, proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Especial de Aduanas de Cartagena, se decidió decomisar la mercancía consistente en equipos de codificación para señal de televisión por cable, con fundamento en los artículos 232-1 y 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999.

Asimismo, se tiene que dicha entidad, mediante las resoluciones 0132 de 28 de enero de 2004 y 0797 de 30 de abril del mismo año, declaró el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por los afianzados o tomadores Tv Cable Promisión S.A. y ordenó hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 236539, otorgada por la compañía Liberty Seguros S.A.

Ahora bien, la Sala advierte que frente a los actos administrativos de decomiso la parte actora interpuso demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, tendiente a obtener la nulidad de los mismos, la cual fue efectivamente declarada por esta Sección mediante sentencia de fecha 15 de febrero de 2018, expediente 2004 – 00491, tal y como se observa a continuación:

“[…] en el sub lite, la Sala considera que la ausencia de la licencia de importación no conduce a que la mercancía se estime como no declarada.

En efecto, el artículo 121 del Estatuto Aduanero define el registro o licencia de importación como un documento soporte de la declaración, de forma tal que la ausencia del mismo no constituye, per se, un elemento del cual se pueda calificar a la mercancía como declarada o no, toda vez que no interfiere en la descripción o identificación del respectivo producto, tal y como se observa de la lectura de la disposición en comento:

”[…] Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la Declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Registro o licencia de importación que ampare la mercancía, cuando a ello hubiere lugar […]”.

La licencia es un requisito que debe cumplir el importador para efectos de nacionalizar la mercancía; pero, en caso tal que aquella no se hubiere obtenido con anterioridad al levante frente a una mercadería sometida a ese requisito, el interesado deberá proceder a reembarcarla hacia el exterior, en los términos del artículo 115 del Estatuto Aduanero que dispone a la letra lo siguiente:

“[…] ART. 115.—Para efectos aduaneros, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, hasta por el término de dos (2) meses, contados desde la fecha de su llegada al territorio aduanero nacional. Cuando la mercancía se haya sometido a la modalidad de tránsito, la duración de éste suspende el término aquí señalado hasta la cancelación de dicho régimen.

El término establecido en este artículo podrá ser prorrogado hasta por dos (2) meses adicionales en los casos autorizados por la autoridad aduanera y se suspenderá en los eventos señalados en el presente Decreto.

“PAR. Vencido el término previsto en este artículo sin que se hubiere obtenido el levante, o sin que se hubiere reembarcado la mercancía, operará el abandono legal. El interesado podrá rescatar la mercancía de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 231o. del presente Decreto, dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca el abandono.

Transcurrido el término establecido para rescatar la mercancía, sin que se hubiere presentado la respectiva Declaración de Legalización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá disponer de la mercancía por ser ésta de propiedad de la Nación […]” (Negrillas fuera de texto).

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración deberá conceder el plazo de treinta (30) días previsto en el numeral 6º del artículo 128 ibídem, con el fin de que el administrado aporte el documento tendiente a acreditar el cumplimiento de la restricción legal o administrativa, como se evidencia a continuación:

“[…] ART. 128.—Autorización de levante. La autorización de levante procede cuando ocurra uno de los siguientes eventos: […]

6. Cuando practicada inspección aduanera física o documental, se detecten errores en la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad, tratamientos preferenciales y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, presente Declaración de Corrección en la cual subsane los errores que impiden el levante y que constan en el acta de inspección elaborada por el funcionario competente, o constituye garantía en debida forma en los términos y condiciones señalados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En estos eventos no se causa sanción alguna. El término previsto en este numeral será de treinta (30) días, siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, si la corrección implica acreditar, mediante la presentación de los documentos correspondientes, el cumplimiento de restricciones legales o administrativas […]”.

Así las cosas, en los mismos términos del precedente citado, en el sub lite el proceder de la Administración fue errado al no otorgarle al importador el término de treinta (30) días previsto en la norma aplicable al caso, sino el de cinco (5) días relativo a las situaciones en que se presentan deficiencias en la información consignada en la declaración de importación o no se allegan los documentos soportes de acuerdo con el numeral 9º ibídem; circunstancia que no obedece a la situación de hecho del asunto de la referencia.

Cabe resaltar que los treinta (30) días deben contabilizarse desde la fecha de la inspección aduanera; en ese sentido se tiene que obra en el expediente la licencia o registro de importación 018964, otorgada por el Mincomex el 30 de septiembre de 2002; por lo que es posible advertir que para la época de la inspección y decomiso no hubiere sido posible al importador allegarla, dado el limitado término concedido para el efecto.

En este contexto, si bien es cierto que la sociedad actora no aportó la licencia de importación requerida para mercancía usada consistente en decodificadores eléctricos dentro del término otorgado por la Administración, como presupuesto para el otorgamiento de levante de la misma, también lo es que para que una mercancía se estime como no declarada se requiere, esencialmente, que la misma no se encuentre descrita en la respectiva declaración de importación, situación que no se presenta en el sub lite dado que, por el contrario, la propia administración acepta su debida descripción en el auto de archivo que profirió con ocasión del requerimiento aduanero formulado inicialmente.

Por lo anterior, la Sala concluye que la Administración desconoció el trámite de ley, aunado a que la causal del numeral 1.6 del artículo 502 del Estatuto Aduanero, endilgada por la demandada, no se configuró por no tratarse de mercancía no declarada o no soportada en una declaración de importación, razón suficiente revocar la decisión de instancia y, en su lugar, disponer que se declare la nulidad de los actos administrativos acusados, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

En lo atinente al restablecimiento del derecho solicitado por el demandante, la Sala estima procedente que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN – Administración Especial de Aduanas de Cartagena cancele a favor de la sociedad actora la suma de veinte tres millones seiscientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos moneda corriente ($23.694.543), por los siguientes conceptos: (i) pago de la prima de seguros por la póliza 236539 otorgada por la sociedad Liberty Seguros S.A., contratada en reemplazo de la mercancía para que la misma fuera retirada, valores $8.468.301 y $2.874.538 (fls. 88 a 93); (II) gastos de bodegajes en zona aduanera en que se incurrió, facturas cambiarias 0018859 y 0019254, Herman Schwyn & Cia S.A.; valores: $10.204.080 y $1.892.424 (fls. 94 a 97); y (iii) apertura de cartones para clasificación de las mercancías por la aprehensión de la mercancía ordenada por la DIAN, factura de venta CAR0037566, Almacenes de Depósito Generales Almaviva S.A., $255.200 (fl. 106). En consecuencia se ordenará pagar la indexación de los anteriores valores conforme lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo […]” (Negrillas fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estima necesario poner de presente que la nulidad de las resoluciones que ordenaron el decomiso de la mercancía importada por la sociedad Tv Cable Promisión S.A. apareja el decaimiento de los actos aquí acusados y, por tanto, la pérdida de su fuerza ejecutoria por desaparecimiento de sus fundamentos de hecho y de derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo – CCA(4), que prescribe a la letra lo siguiente:

“[…] ART. 66.—Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

[…]

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho […]”.

Al respecto, debe precisarse que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria y la consecuente inejecutabilidad de los actos administrativos no es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, pues ésta está instituida para dirimir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas y las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado(5).

Concretamente, le corresponde a la juez contencioso administrativo declarar la nulidad de la resoluciones acusadas de conformidad con las causales establecidas en el ordenamiento jurídico(6), esto es, por infringir las normas en que deberían fundarse, por haber sido expedidos por funcionario incompetente, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió, esto es, por vicios en los elementos de validez de los mismos.

Lo anterior tiene fundamento en el hecho de que la institución jurídica en comento trae sus propias causales, cuales son, que el acto administrativo haya sido suspendido provisionalmente, que hayan desaparecido sus fundamentos de hecho o de derecho, que al cabo de cinco (5) años de estar en firme la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlo, que se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto o cuando pierde su vigencia.

Entonces, la nulidad de los actos que ordenaron el decomiso no trae como consecuencia la nulidad de los actos objeto de la presente acción (elemento de validez del acto administrativo), y el decaimiento de estos últimos no impide que haya un pronunciamiento de fondo (elementos de eficacia del acto administrativo), como lo ha reiterado esta Sección en diversos pronunciamientos, entre los cuales encontramos los siguientes:

• Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia de 16 de febrero de 2001. Rad.: Magistrada Ponente: doctora Olga Inés Navarrete Barrero:

“[…] Pero si bien es cierto, como lo ha sostenido esta Corporación, que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no puede solicitarse al juez de lo contencioso administrativo, pues no existe una acción autónoma que lo permita, no lo es menos que nada impide que con respecto a los actos administrativos respecto de los cuales se ha producido el fenómeno del DECAIMIENTO, se produzca un fallo de nulidad, pues en este evento se ataca la configuración de los elementos del acto administrativo al momento de su nacimiento, y su concordancia con el régimen jurídico que debió respetar tanto en su jerarquía normativa, como en el procedimiento para su expedición, mientras que, el fenómeno producido por la desaparición del fundamento de derecho de un acto administrativo, tiene efectos hacia el futuro sin afectar la validez del acto por todo el tiempo de su existencia jurídica.

“En efecto, en la práctica bien pudo haberse producido la expedición de actos administrativos creadores de situaciones jurídicas particulares y concretas con base en aquel del que se predica el fenómeno del DECAIMIENTO, por declaratoria de inexequibilidad de la ley o por declaratoria de nulidad de la norma sustento de derecho y, como quiera que tal fenómeno en nada afecta la validez del acto administrativo, no se afecta el principio de la presunción de legalidad del acto administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de un acto administrativo debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al momento de su expedición.

“No hay, por lo tanto, razón alguna que imposibilite proferir fallo de fondo con respecto a la legalidad de un acto respecto del cual se ha producido el fenómeno del DECAIMIENTO, entendiendo que dicho fallo abarcará el lapso durante el cual dicho acto administrativo estuvo vigente, lapso durante el cual el acto administrativo gozó de presunción de legalidad.

“Lo anterior, por cuanto para que se produzca un fallo de mérito respecto de un acto administrativo, no se requiere que el mismo se encuentre produciendo efectos, tal como se sostuvo por esta Sección en providencia de fecha junio 15 de 1992, pues sólo el fallo de nulidad, al producir efectos ex tunc, desvirtúa la presunción de legalidad que acompañó al acto administrativo mientras éste produjo sus efectos.

“La nulidad que se ha solicitado, concierne a la validez del acto administrativo y en el evento de prosperar, se remonta hasta el momento de su expedición, mientras que la causal de decaimiento que acaeció estando en trámite este proceso, atañe a circunstancias posteriores al nacimiento del acto administrativo y no atacan la validez del mismo. Pudiera decirse que cuando se produce el fenómeno del decaimiento, el acto administrativo supervive en el mundo jurídico, porque no existe fallo de nulidad que lo saque del mismo, pero ha perdido uno de sus caracteres principales, cual es el de ser ejecutorio, lo que implica que la administración no puede hacerlo cumplir […]” (Negrillas fuera de texto).

• Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia de 11 de mayo de 2006. Rad.: 2000 – 1681. Magistrada Ponente: doctora Martha Sofía Sanz Tobón

“[…] tal declaración de pérdida de fuerza ejecutoria y su consecuente inejecutabilidad no es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, pues ésta está instituida para declarar la nulidad de los actos administrativos, de conformidad con el artículo 84 del C.C.A. […]” (negrillas fuera de texto).

• Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia de 11 de mayo de 2006. Rad.: 2000 – 1659. Magistrado Ponente: doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta:

“[…] Sobre el decaimiento aducido en esta instancia, amén de resultar improcedente, por cuanto en este proceso se juzga la legalidad de los actos administrativos demandados y no su fuerza ejecutoria, y que dicha declaración no puede ser objeto de acción alguna, sino de excepción dentro del trámite de ejecución del acto, no tiene asidero por cuanto el acto administrativo anulado es distinto del que le sirve de fundamento al aquí censurado, sin que al efecto tenga incidencia el hecho de que ambos se hubieran originado en una misma importación, pues en todo caso cada uno tuvo como objeto el decomiso y la consecuente entrega de una mercancía distinta a la del otro […]” (negrillas fuera de texto).

• Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia de 27 de mayo de 2010. Rad.: 2005 – 1869. Magistrado Ponente: doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta:

“[…] Además, se tiene que el decaimiento del acto administrativo tiene efectos ex nunc y que por lo mismo no afecta la presunción de legalidad de éste, por lo cual aun después de su decaimiento es susceptible de control de legalidad por esta jurisdicción, toda vez que dicha legalidad se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición, y en el caso del decaimiento, es sabido que corresponde a situaciones o circunstancias ex post o sobrevivientes, incluso con posterioridad a la firmeza del acto administrativo. La nulidad y el decaimiento del acto administrativo son dos situaciones distintas, para las cuales la primera tiene acciones contencioso administrativas, mientras que la segunda no tiene una acción en este ámbito, sino la excepción anotada […]” (negrillas fuera de texto).

De esta manera, el decaimiento del acto de decomiso en nada vicia de nulidad los actos acusados ni afecta la competencia de la Sala para proferir la decisión que nos ocupa.

IV.4. Legalidad de las resoluciones acusadas.

De acuerdo con el escrito contentivo del recurso de alzada(7), le corresponde a la Sala analizar los argumentos expuestos por la sociedad Tv Cable Promisión S.A. respecto de la legalidad de las resoluciones 0132 de 28 de enero de 2004 y 0797 de 30 de abril del mismo año, a través de las cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Especial de Aduanas de Cartagena, declaró el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por los afianzados o tomadores Tv Cable Promisión S.A. y ordenó hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 236539, otorgada por la compañía Liberty Seguros S.A.

Sostiene el apoderado de la parte actora que la sociedad Tv Cable Promisión S.A. nunca estuvo renuente a la entrega de la mercancía decomisada y, además, que la DIAN no le precisó las condiciones de la misma, que cuando recibieron la comunicación para la disposición de los equipos de codificación para señal de televisión por cable, remitieron un oficio a fin de que se aplazara su entrega y para que se señalaran las pautas y condiciones de dicho proceso, petición que nunca fue contestada desconociendo, en consecuencia, el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico.

Para resolver y de la revisión del plenario, la Sala encuentra que la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, mediante oficio 051 de fecha 15 de enero de 2004, solicitó a la sociedad actora poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía que resultó aprehendida y posteriormente decomisada a favor de la DIAN.

Igualmente, se tiene que el anterior requerimiento nunca fue atendido por la sociedad actora, motivo por el cual se hizo efectiva la póliza de cumplimiento por el ciento por ciento (100%) del valor aduanero de la mercancía.

En efecto, de la revisión de los antecedentes administrativos no se observa actuación alguna de la cual se pueda desprender que la sociedad Tv Cable Promisión S.A. estuvo dispuesta a la entrega de los equipos de codificación y, tampoco demostró, en sede judicial, el procedimiento desplegado con esa misma finalidad.

La Sala advierte que, como bien lo puso de presente la autoridad aduanera, una vez en firme el acto jurídico de decomiso de la mercancía, la obligación de la parte afectada no era otra que la de poner la misma a disposición de la DIAN, evento que se encontraba asegurado con la póliza otorgada por la compañía Liberty Seguros S.A.

Cabe resaltar que si bien es cierto que el Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), no estableció término alguno dentro del cual el obligado aduanero debía poner a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la mercancía que fuese reemplazada por una garantía, también lo es que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento(8).

Ahora bien y en relación con la solicitud de la sociedad actora de fecha 30 de enero de 2004, esto es, para que se concediera un plazo prudencial a fin de poner a disposición de la DIAN la plurimencionada mercancía, la Sala considera que la misma, per se, no tiene la potencialidad de interrumpir la ejecución del acto de entrega y, mucho menos, de aplazar su cumplimiento.

Lo anterior tiene sentido en tanto que no debe olvidarse que la firmeza del acto administrativo de decomiso es suficiente para ordenar, de manera inmediata, la entrega de la mercancía aún en contra la voluntad de los interesados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 64 ibídem(9).

Sobre el tema, la DIAN en concepto 3 de fecha 23 de enero de 2003, señaló lo siguiente:

“[…] Problema Jurídico 1:

¿Cuál es el término para poner a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las mercancías decomisadas que hayan sido entregadas al interesado por constitución de garantía en reemplazo de aprehensión?

Tesis jurídica:

Las mercancías que hayan sido entregadas al interesado por haber constituido garantía en reemplazo de aprehensión deben ponerse a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en forma inmediata a la firmeza del acto administrativo que declare el decomiso.

Interpretación jurídica:

El artículo 233 del Decreto 2685 de 1999, regula el tema de la garantía en reemplazo de aprehensión y establece:

“La autoridad aduanera podrá autorizar la entrega de las mercancías aprehendidas, cuando no existan restricciones legales o administrativas para su importación, o cuando se acredite el cumplimiento del respectivo requisito, previo el otorgamiento de una garantía por el valor en aduana de la misma y el ciento por ciento (100%) de los tributos aduaneros a que hubiere lugar, en los términos y condiciones que para el efecto establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (...)”.

El objeto de la garantía es respaldar en debida forma la obligación de poner la mercancía a disposición de la Aduana, cuando en el proceso administrativo se determine su decomiso.

Ahora bien, la legislación aduanera no señala término alguno dentro del cual el interesado deba poner a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la mercancía que fue reemplazada por la garantía; por lo tanto en aplicación de lo dispuesto en el inciso 2º del Código Contencioso Administrativo, ante la inexistencia de norma especial que regule el tema de estudio, para resolver la inquietud planteada, resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 64 del mismo Código que señala:

“Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados […]”.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo puso de presente el a quo, no obra dentro del plenario el documento a que hace referencia la parte actora y del cual se deprendería la presunta voluntad de entrega de la mercancía, el cual, por lo demás, tampoco fue aportado junto con el escrito del recurso de apelación interpuesto.

Sobre el particular y ante el requerimiento que hiciera el tribunal de instancia, la Jefe de División de Documentación Aduanera, en escrito de fecha 8 de mayo de 2007, informó que “[…] revisado el libro radicador de correspondencia externa recibida por ventanilla no se encontró radicado a nombre de TV Cable Promisión de fecha 30 de enero de 2004; motivo por el cual no es posible certificarle copia certificada del mencionado memorial […]” (fl. 167, cdno. 1).

En este sentido, mal puede el apoderado de la parte actora señalar que envió un memorial para solicitarle la prórroga del plazo de entrega de la mercancía y la explicación del procedimiento para dichos efectos y, adicionalmente, argumentar que nunca fue atendido, esto es, cuando el mismo nunca fue radicado ante la autoridad aduanera.

Por otra parte y en cuanto al procedimiento que hizo efectiva la póliza de seguros, el artículo 530 del Decreto 4042 de 2000, reglamentario del Decreto 2685 de 1999, dispone al respecto lo siguiente:

“[…] ART. 530.—Procedimiento para hacer efectivas garantías cuyo pago no está condicionado a un procedimiento administrativo sancionatorio previo. En aquellos eventos en los que las garantías deban hacerse efectivas, sin que medie un procedimiento administrativo para la imposición de sanción por infracción aduanera o para la definición de la situación jurídica de una mercancía, o para la expedición de una liquidación oficial, la Dependencia competente deberá, dentro del mes siguiente a la fecha en que establezca el incumplimiento de la obligación garantizada, comunicar al usuario o responsable este hecho, otorgándole un término de diez (10) días para que dé respuesta al oficio o acredite el pago correspondiente o el cumplimiento de la obligación, si a ello hubiere lugar.

Vencido el término anterior, si el usuario no responde el oficio, no acredita el pago o el cumplimiento de la obligación, se remitirá el expediente a la División de Liquidación para que dentro de los quince (15) días siguientes profiera la resolución que declare el incumplimiento de la obligación y, en consecuencia, ordene hacer efectiva la garantía por el monto correspondiente. Esta providencia se notificará conforme a lo previsto en el Código Contencioso Administrativo y contra ella procederán los recursos previstos en el mismo Código.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la citada resolución, el usuario, el Banco o la Compañía de Seguros deberán acreditar, con la presentación de la copia del Recibo Oficial de Pago en Bancos la cancelación del monto correspondiente. Vencido este término, sin que se hubiere producido dicho pago, se remitirá el original de la garantía y copia de la resolución con la constancia de su ejecutoria a la División de Cobranzas […]”.

La Sala recuerda que la sociedad actora argumentó que el “[…] el procedimiento seguido por la DIAN de Cartagena está viciado porque no se encuentra conforme a lo establecido en el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, reglamentaria del Decreto 2685 de 1999, por cuanto el oficio 051 de 15 de enero de 2004, enviado por la División de Comercialización, fue contestado con la carta de 30 de enero y en la cual solicita fijar un plazo prudencial para reunir la mercancía y de esta manera ejecutar la orden proferida por la entidad demandada […]”.

Al respecto, la Sala estima procedente poner de relieve que las resoluciones 1933 de septiembre 25 de 2003 y 2455 de noviembre 28 del mismo año, proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Administración Especial de Aduanas de Cartagena, a través de las cuales se decomisó la mercancía consistente en equipos de codificación para señal de televisión por cable, quedaron ejecutoriadas el 11 de diciembre de 2003, momento en el cual la sociedad actora debía poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía objeto de la actuación administrativa.

Adicionalmente, se observa que la sociedad actora no adelantó las actuaciones para la entrega de la mercancía, razón por la cual fue requerida por la autoridad aduanera mediante oficio 051 de fecha 15 de enero de 2004, esto es, al mes siguiente a la fecha en que se estableció el incumplimiento de la obligación garantizada.

Fue, en consecuencia, a través de las resoluciones 132 de 28 de enero de 2004 y 797 de 30 de abril del mismo año, que la DIAN declaró el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por los afianzados o tomadores Tv Cable Promisión S.A. y ordenó hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 236539, otorgada por la compañía Liberty Seguros S.A.

El actor alega que el requerimiento de 15 de enero de 2004 fue contestado con la carta de 30 de enero de 2004, pero como se estableció líneas atrás, tal escrito nunca fue radicado ante la DIAN y tampoco se demostró que tal gestión sí se realizó.

Por lo anterior, la Sala considera que la autoridad aduanera observó y cumplió el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico, sin que por ello se vislumbre actuación irregular o de la cual se pueda sostener que se desconocieron las garantías procesales y sustanciales de la sociedad actora para hacer valer sus derechos.

La Sala recuerda que a las partes le corresponde demostrar su dicho, esto es, “[…] probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(10).

En consecuencia, la sociedad actora tenía la obligación de poner a disposición la mercancía de manera inmediata, so pena de que la DIAN hiciera efectiva la póliza de cumplimiento por el ciento por ciento (100%) del valor aduanero de la misma.

IV.5. Conclusión

Corolario de lo expuesto, la Sala encuentra que la presunción de legalidad de los resoluciones acusadas no logró ser desvirtuada y, por tanto, se confirmará la sentencia de 14 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Sin embargo, la Sala advierte que el decaimiento de los actos que declararon el incumplimiento de la obligación aduanera y ordenaron hacer efectiva la póliza 236539, esto es, con ocasión de la declaratoria de nulidad de las resoluciones que ordenaron el decomiso de los equipos de codificación para señal de televisión por cable(11), trae como consecuencia que la Administración no pueda hacerlos exigibles, por cuanto perdieron su fuerza ejecutoria de conformidad con lo establecido en el artículo 66, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo, por el desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho, circunstancia que sólo puede ser declarada en sede administrativa por la autoridad que profirió el acto, o en virtud de la excepción consagrada en el artículo 67 ibídem(12)-(13), cuando el interesado se oponga a su ejecución(14).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFIRMAR la providencia apelada, esto es, la sentencia de 14 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Magistrados: Hernando Sánchez Sánchez—María Elizabeth García González—Oswaldo Giraldo López—Roberto Augusto Serrato Valdés.

1 “[…] ART. 328.—Competencia Del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia […]”.

2 “[…] ART. 267.En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo […]”.

3 Por el cual se modifica la Legislación Aduanera.

4 Hoy artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. CPACA. “[…] Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan vigencia […]”.

5 “[…] ART. 82.—Modificado por el artículo 12, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art. 30, Ley 446 de 1998, Modificado por el artículo 1º, Ley 1107 de 2006. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley […]”.

6 “[…] ART. 84.—Modificado por el artículo 14, Decreto Nacional 2304 de 1989 Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió […]”.

7 Como se precisó en el numeral IV.1, la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el inciso 1º del artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, se circunscribe a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

8 “[…] ART. 64.—Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento […]”.

9 “[…] La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados […]”.

10 Aplicable por remisión del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo.

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2018. Rad.: 2004 – 00491. Magistrado Ponente: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.

12 “[…] ART. 67.—Excepción de pérdida de ejecutoriedad. Cuando el interesado se oponga por escrito a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla, y resolver dentro de un término de quince (15) días. Contra lo que decida no habrá recurso alguno […]”.

13 Hoy artículo 92 de la Ley 1437 de 2011. CPACA. “[…] ART. 92.—Excepción de pérdida de ejecutoriedad. Cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla y deberá resolver dentro de un término de quince (15) días. El acto que decida la excepción no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnado por vía jurisdiccional […]”.

14 Ver entre otras las siguientes decisiones del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: Sentencia de 19 de febrero de 1998, Rad.: 4490, Magistrado Ponente: doctor Juan Alberto Polo Figueroa; Sentencia de 11 de mayo de 2006, Rad.: 2000 – 1681, Magistrada Ponente: doctora Martha Sofía Sanz Tobón.